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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00476-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00476-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR parcialmente el numeral primero de la sentencia del 30 de noviembre del 2021, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió la señora Jainne Esmeralda Rozo Guerrero en contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de 34 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad corresponde al Código General del Proceso. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2019-00476-01 (1799-2022) Demandantes: Jainne Esmeralda Rozo Guerrero Administración Judicial. En consecuencia, CONDENAR a la parte actora a pagar a la parte demandada las costas causadas en el curso de la primera instancia. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. CUARTO. RECONOCER personería al abogado Cesar Augusto Mejía Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 80.041.811, portador de la Tarjeta Profesional nro. 159.699 del C.S de la J., como apoderado de la demandada, conforme al poder obrante en índice 33 de la plataforma SAMAI. QUINTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00476-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00476-01 (1799-2022).
Demandante: Jainne Esmeralda Rozo Guerrero.
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
Tema: Insubsistencia empleada de libre nombramiento y remoción.
Estabilidad laboral reforzada.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverán los recursos de apelación presentados por las
partes demandante y demandada contra la sentencia del 30 de noviembre del 2021,
a través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad del Acuerdo nro. 049 del
10 de septiembre de 2018, por medio del cual se declaró insubsistente el
nombramiento que la demandante ostentaba en el cargo de profesional
especializado grado 33 adscrita a la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

3. Como restablecimiento del derecho se pidió el reintegro a ese cargo y/o a otro de
superior categoría, así como el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir durante el tiempo que estuvo cesante.

4. Hechos. Se señalaron como tales los siguientes:

5. Mediante la Resolución nro. 01 del 20 de enero de 2014, la demandante fue
nombrada como profesional especializado grado 33 con funciones de jefe de la
Oficina de Divulgación y Prensa de la Presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura.

1 Ver archivo denominado «10ED_CUADERNO1_01DEMANDA», el cual puede ser descargado en la pestaña

«Visualizar expediente» de la plataforma SAMAI.

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Demandantes: Jainne Esmeralda Rozo Guerrero

6. En su trayectoria profesional registra 5 años de actividades periodísticas en el
sector privado y 25 años de labores al interior de la Rama Judicial, pues en esta
última prestó sus servicios en distintos cargos administrativos entre los años 1993
y 2018.

7. Así mismo, su formación profesional está consolidada en los títulos de tecnóloga
en periodismo, comunicación social y especialista en derechos humanos, además
de los diversos cursos, diplomados, talleres y seminarios adelantados en áreas
como: seguridad social, manejo de cámaras, producción de programas radiofónicos,
marketing gubernamental, redes sociales, entre otros.

8. A través del Acuerdo nro. PCSJA18-10908 del 16 de marzo de 2018 se
transformó la Oficina de Divulgación y Prensa del Consejo Superior de la Judicatura
en la Oficina de Comunicaciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de esa
misma corporación. Por ende, a partir de ese entonces empezó a ejercer sus
funciones en esta última dependencia.

9. Motivada por ello, el 15 de mayo siguiente le presentó al entonces presidente de
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de esa corporación —magistrado Pedro Alonso
Sanabria Buitrago— un plan de medios y comunicación para la Oficina de
Comunicaciones. Sin embargo, aseguró que ese instrumento no fue estudiado ni
aprobado y tampoco obtuvo respuesta favorable a las solicitudes de reunión
formuladas para discutir su implementación y ejecución.

10. A través del acto administrativo demandado el citado funcionario declaró
insubsistente el nombramiento que la demandante ostentaba en el cargo de
profesional especializado grado 33 y, además, designó en su reemplazo al señor
José Alfredo Lozano Rey.

11. Aunque esa decisión no requería ninguna explicación, la administración la
motivó en el mejoramiento del servicio, para lo cual concluyó que: i) necesitaba
designar a un profesional que cumpliera con el perfil profesional demandado por
ese empleo y; ii) porque evidenció que la demandante no estaba cumpliendo con la
totalidad de las funciones que le habían sido encomendadas, lo que había sido
advertido por algunos magistrados de esa Sala en las sesiones del 29 de agosto y
5 de septiembre de 2018.

12. En tal sentido alegó que la referida motivación es falsa por cuanto: i) la persona
designada en su reemplazo no tenía experiencia en el campo periodístico, sino en
las áreas comercial y mercantil y; ii) antes que recibir llamados de atención y/o
manifestaciones de inconformismo frente a sus actividades laborales, se hizo
acreedora de varias felicitaciones emitidas por distintos presidentes del Consejo
Superior de la Judicatura.

13. Añadió que tal determinación también vulneró su derecho al debido proceso,
pues nunca fue notificada de las inconformidades que algunos de los magistrados

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de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria tenían frente a su labor y, por tanto, se le
cercenó la oportunidad para ejercer su derecho de defensa y contradicción.

14. Por otro lado, adujo que esa decisión fue emitida con falta de competencia, pues
para entonces a su suscriptor se le había vencido el periodo de 8 años para el que
fue elegido, de modo que ejerció sus funciones de manera irregular.

15. Igualmente, pregonó que la administración desconoció:

i) Su calidad de madre cabeza de familia, pues tenía a su cargo la manutención de
su hijo —quien aún cursaba sus estudios universitarios— y los gastos de su hogar.

ii) Su condición de prepensionada, toda vez que estaba a pocos días de cumplir 54
años de edad y, para entonces, tenía más de 30 años de cotización al sistema.

iii) La estabilidad laboral reforzada emanada de su condición de salud, en razón a
que a raíz del accidente cerebro vascular sufrido en el año 2011 estaba sometida a
controles permanentes con las áreas de neurología y neumología, por lo que su
desvinculación la excluía de su EPS y le impedía sufragar los costos que tal
situación requería.

16. Finalmente, manifestó que la ruptura de su vínculo laboral comprometía
gravemente su estabilidad económica y la de su núcleo familiar, debido a las
obligaciones financieras adquiridas, entre ellas un crédito hipotecario para vivienda.

17. Por estas razones, consideró que el acto de insubsistencia fue arbitrario y
estaba afectado por desviación de poder y falsa motivación, además de que vulneró
sus derechos al trabajo, al mínimo vital, a la igualdad, al debido proceso y a la
permanencia en el cargo.

18. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidos los artículos 2.°, 6.°,
25 y 125 de la Constitución Política. Al desarrollar el concepto de violación expuso
que:

19. Aunque los servidores designados en un cargo de libre nombramiento y
remoción pueden ser desvinculados del servicio en ejercicio de la respectiva
facultad discrecional, esta no puede ser absoluta ni arbitraria, ni mucho menos
desconocer la estabilidad laboral que se predica de quienes están a menos de tres
años para consolidar su derecho pensional.

20. Que en la señora Rozo Guerrero se consolidó esa situación, pues a la fecha en
que fue retirada del servicio le faltaban pocos días para cumplir 54 años, además
de que para entonces ya tenía más de 30 años de cotización al sistema pensional.
Por tanto, el Acuerdo demandado vulneró su derecho al mínimo vital, igualdad,
trabajo y seguridad social que amerita la intervención del juez contencioso
administrativo.

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21. Contestación de la demanda2. Oportunamente la entidad accionada contestó
la demanda y sostuvo que:

22. Fue solo a partir del 6 de marzo de 2018, con la emisión del Acuerdo nro.
PCSJA18-10908, que la actora empezó a prestar sus servicios en la presidencia de
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pues antes
de ello ejercía sus labores en la presidencia de la extinta Sala Administrativa de esa
misma corporación. Por tanto, las felicitaciones que dijo haber recibido
corresponden a la labor ejecutada en esta última dependencia, cuyos magistrados
son distintos a los de la Sala Disciplinaria.

23. Originalmente el cargo en referencia exigía como requisitos: i) el título de
formación profesional en derecho, periodismo, comunicación social o carreras
afines y especialización; ii) experiencia profesional de 3 años obtenida con
posterioridad a la obtención del título y; iii) dos años de experiencia en cargos de
coordinación, jefatura y similares.

24. Sin embargo, con el Acuerdo arriba referenciado se variaron esos pedimentos
así: i) título de formación profesional en periodismo, comunicación social o
publicidad; ii) título de posgrado en áreas afines al título de formación profesional
universitario y; iii) 5 años de experiencia profesional.

25. Así entonces, y aunque luego de esa modificación la actora siguió ejerciendo
ese empleo —en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 4.° de ese Acuerdo—,
lo cierto es que el acto demandado se emitió por razones de mejoramiento del
servicio, dado el incumplimiento de las funciones por parte de aquella.

26. En este orden de ideas, no es cierto que la accionante contara con mejor
experiencia laboral que la persona que fue designada en su reemplazo, pues el título
de comunicadora social que la habilitó para fungir como profesional especializado
grado 33 lo obtuvo el 25 de septiembre de 2009. Por ende, todas las actividades
desarrolladas con anterioridad a esa calenda no podían ser tenidas en cuenta para
tales fines, pues la experiencia se contabiliza a partir de la obtención del respectivo
título.

27. Además, se demostró que el señor José Alfredo Lozano Rey, quien reemplazó
a la demandante en el cargo en cita, contaba con mejor experiencia laboral que
aquella y mucho más afín a las funciones que demandaba la Oficina de
Comunicaciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura.

28. Lo anterior, dado que la experiencia aportada para tales fines estaba ligada a
visibilizar a las entidades en los distintos canales de comunicación, mejorar su
imagen publicitaria y comercial, apoyar el contenido para medios impresos,
audiovisuales y digitales, así como la recolección de información para la divulgación

2 Ver documento denominado «21ED_CUADERNO1_12CONTESTACIONDEMAND», ib.

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de contenidos internos y externos. Adicionalmente, destacó que el citado señor era
bilingüe, lo que se ajustaba más al plan de expansión internacional del Consejo
Superior de la Judicatura.

29. Resaltó que el señor Lozano Rey acreditó dos maestrías en áreas afines a su
título profesional de publicista, a diferencia de la actora, que contaba con una
especialización en derechos humanos que no guarda relación con la labor de
comunicadora social.

30. Olvidó la demandante que su empleo era de libre nombramiento y remoción,
por lo que su retiro no estaba condicionado a la existencia previa de llamados de
atención, de una sanción disciplinaria y/o a la notificación de las inconformidades
que, frente a su labor, tenían algunos magistrados de esa corporación.

31. Entonces, no es cierto que el acto cuestionado adolezca de falsa motivación,
desviación de poder o que haya desconocido el debido proceso de la accionante,
pues se demostró que fue dictado para mejorar el servicio con una persona que
superaba con creces las calidades profesionales de aquella, amén de que se
acreditó que esta no venía cumpliendo con la totalidad de sus funciones.

32. Por otro lado, argumentó que la decisión demandada si fue emitida por
funcionario competente, pues el Acto Legislativo 02 de 2015 —validado en la
sentencia C-285 de 2016—, a través del cual se introdujeron reformas sustanciales
a la Rama Judicial, determinó que los magistrados de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura continuarían en el ejercicio de
sus empleos hasta tanto se posesionaran los nuevos dignatarios de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, lo que aquí evidentemente ocurrió.

33. Finalmente, señaló que la demandante no reúne los requisitos para ser
considerada persona de especial protección constitucional, por cuanto, según lo
indicado en la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado dentro del
radicado 2018-03419:

i) Se probó que su hijo es una persona mayor de edad que no está sujeto a una
condición especial de discapacidad y/o dependencia económica absoluta de sus
padres. Además, no se logró demostrar que su padre se encuentra totalmente
ausente de su vida y/o que es irresponsable con su manutención, por lo que no
puede ser catalogada como madre cabeza de familia.

ii) Según la jurisprudencia actual, cuando a la persona solo le falta cumplir con la
edad exigida para adquirir la pensión, no se le puede atribuir la condición de
prepensionada. Por tanto, como a la demandante solo le resta completar esa
exigencia —pues ha cotizado durante más de 30 años al sistema pensional—, no
puede ser tildada como sujeto de especial protección.

iii) Para cuando se produjo el retiro del servicio, la accionante no tenía ningún tipo
de restricción médica, pues el evento nocivo ocurrió en el año 2011, lo cual está

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soportado con los exámenes y diagnósticos respectivos. En consecuencia, como en
la actualidad no se reportan controles por esa patología y no está demostrado el
padecimiento de una enfermedad que le impida valerse por sí misma, no tiene
derecho la actora a la protección que emana de las situaciones de salud.

34. Sentencia de primera instancia3. Es la dictada el 30 de noviembre de 2021,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones
de la demanda. Con tales fines, concluyó que:

35. Respecto de los cargos de falsa motivación y desviación de poder formulados
por la demandante, sustentados en el mejoramiento del servicio y en el hecho de
que la persona designada en su reemplazo no cumplía con los requisitos de
experiencia laboral ni de capacitación profesional exigidos para desempeñar el
empleo de profesional especializado grado 33, afirmó que:

35.1 Del análisis comparativo de las hojas de vida de la señora Jainne Esmeralda
Rozo Guerrero y del señor José Alfredo Lozano Rey es posible establecer que
ambos satisfacen no solo el pedimento de experiencia profesional, sino también el
relacionado con los títulos profesionales exigidos para el ejercicio de ese cargo. En
efecto, la primera acreditó ser profesional en comunicación social y el segundo
demostró ser profesional en mercadeo, publicidad y ventas.

35.2 Sin embargo, de ese cotejo se advierte que la demandante no tiene un título
de posgrado afín a su profesión de comunicadora social, pues su folio de vida
demuestra que posee una especialización en derechos humanos. Por su parte, el
señor Lozano Rey acreditó dos títulos de maestría, uno en Administración de
Negocios y otro en Dirección Comercial y Marketing que, por cierto, si guarda
afinidad con su perfil profesional de publicista.

35.3 El servicio fue evidentemente mejorado con la designación del señor José
Alfredo Lozano Rey, pues a su llegada se evidenciaron todas las irregularidades
cometidas por la señora Rozo Guerrero, además del incumplimiento recurrente de
sus funciones, lo que condujo a que la entidad nominadora perdiera confianza en
ella por:

«[…] las falencias presentadas en el desempeño de su labor, entre lo que se
resalta: i) omisión a instrucciones emitidas por la Sala Disciplinaria, como
publicaciones y divulgación para posicionamiento de la imagen de la Sala, ii)
información desactualizada de la página web y redes sociales, iii) omisión de
entrega de actas o documentos a quien llegó en su reemplazo, etc.; siendo este
un factor determinante en la vinculación y desvinculación de funcionarios de libre
nombramiento y remoción, y su pérdida constituye una razón justificada para dar
por terminada una relación laboral.»

36. Dichos hallazgos fueron corroborados con los testimonios rendidos por los
magistrados Julia Emma Garzón De Gómez, Pedro Alonso Sanabria Buitrago,
Camilo Montoya Reyes y Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal, así como en el relato

3 Ver archivo denominado «57ED_CUADERNO1_48FALLO», ejusdem.

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de la secretaría de esa Sala, doctora Yira Lucía Olarte Ávila, quienes de manera
uniforme y consistente expresaron la insatisfacción generalizada con el desempeño
profesional de la demandante, las deficiencias en la divulgación y publicidad de las
decisiones de la Sala, el incumplimiento de las instrucciones emitidas por esta, los
errores e imprecisiones en los productos de comunicación, así como la omisión de
realizar las labores necesarias para promover la buena imagen institucional, entre
otras.

37. Que el bajo desempeño laboral de la demandante fue lo que determinó su retiro
del servicio, pues evidentemente este requería ser mejorado. Además, aunque
algunos relatos dieron cuenta del buen ejercicio de las funciones por parte de la
actora mientras laboró para la extinta Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, lo cierto es que lo debatido en este asunto se relaciona con las
actividades que esta ejecutó en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de esa
corporación.

38. En este mismo contexto, los citados testigos declararon que a partir de la
llegada del señor Lozano Rey fueron evidentes los cambios en el servicio ofrecido
por la Oficina de Comunicaciones, pues a diferencia de la accionante, el nuevo
servidor atendía a todos los magistrados de la Sala, cumplía con las ordenes
individuales y colectivas que le eran impartidas, mejoró la relación con los medios
de comunicación, organizaba y asesoraba a los magistrados en las ruedas de
prensa, publicaba la información y las decisiones relevantes que concernían a la
corporación, entre otras.

39. Por tanto, el mejoramiento del servicio no solo se produjo porque el nuevo
servidor cumplió con sus obligaciones, sino porque promocionó la buena imagen de
la institución.

40. Frente a la falta de competencia alegada, precisó que, aunque el régimen de
transición para la supresión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y la puesta en
funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial fue inicialmente
regulado por el Acto Legislativo 02 de 2015, la Sentencia C-285 de 2016 y el
Acuerdo PSAA16-10548 de 2016, este último fue declarado nulo por esta
corporación mediante sentencia del 6 de febrero de 2018. Como consecuencia, se
mantuvo la competencia de los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
hasta la posesión de los integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

41. No obstante, dicha situación se mantuvo únicamente hasta el 27 de agosto de
2020, cuando la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-355 de 2020, dejó
sin efectos la decisión de esta corporación y ordenó al Consejo Superior de la
Judicatura adelantar las actuaciones necesarias para reglamentar la convocatoria
pública destinada a conformar las ternas para la elección de los magistrados de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

42. Si bien el magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago tomó posesión como
integrante de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la

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Judicatura el 9 de septiembre de 2008, su permanencia en el cargo después del
período constitucional de ocho años se encontraba amparada por el régimen de
transición derivado del Acto Legislativo 02 de 2015 y de las decisiones judiciales
que regularon la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.

43. En efecto, tras la declaratoria de nulidad por inconstitucional del Acuerdo
PSAA16-10548 de 2016 por parte de esta corporación, se mantuvo la continuidad
en el ejercicio de las funciones de los magistrados de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria hasta la posesión de los integrantes de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial. Esta situación permaneció vigente hasta el 27 de agosto de
2020, cuando la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-355 de 2020, dejó
sin efectos la referida decisión de este alto tribunal.

44. Por consiguiente, para la fecha de expedición del Acuerdo 049 de 2018, el
magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago ejercía válidamente sus funciones
como presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y se encontraba facultado
para adoptar decisiones de carácter administrativo, entre ellas la declaratoria de
insubsistencia del nombramiento de la demandante. En consecuencia, no se
configura la alegada falta de competencia y el acto conserva plena validez jurídica.

45. En relación con la alegada protección laboral reforzada en su condición de
madre cabeza de familia, por cuanto tiene a su cargo a su hijo Manuel Alejandro
Quintero Rozo, quien cursa estudios universitarios, y que los gastos de su
sostenimiento y los de su hogar eran sufragados con su salario expresó que:

46. Para acreditar dicha condición no basta demostrar la existencia de una
dependencia económica, sino que es necesario acreditar, entre otros aspectos, que
se tiene a cargo la responsabilidad permanente de los hijos menores de edad o de
personas incapacitadas para trabajar, así como la ausencia o insuficiencia de apoyo
por parte de los otros miembros del núcleo familiar.

47. En el presente caso, no se encuentra acreditado el primero de estos requisitos,
toda vez que el hijo de la demandante es una persona mayor de edad, circunstancia
que se infiere de su condición de estudiante universitario.

48. Por otra parte, respecto de la alegada protección derivada de su condición de
prepensionada, la Sala concluyó que esta no resultaba aplicable. Explicó que, para
la fecha de expedición del acto acusado, la demandante tenía 53 años y aún le
faltaba más de tres años para cumplir el requisito de edad exigido para acceder a la
pensión. Adicionalmente, recordó la jurisprudencia constitucional según la cual,
cuando el único requisito pendiente para pensionarse es la edad, la desvinculación
laboral no impide ni frustra el acceso futuro al derecho pensional.

49. Con fundamento en las anteriores consideraciones, concluyó que el acto
administrativo acusado fue expedido en ejercicio legítimo de la facultad discrecional
de la administración, con el propósito de mejorar el servicio y sin que se hubiera

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demostrado la existencia de falsa motivación, desviación de poder y/o vulneración
de derechos de estabilidad reforzada.

50. Recurso de apelación. Inconformes con la anterior decisión, los apoderados
de ambas partes interpusieron recurso de apelación en los siguientes términos:

51. La entidad demandada4 apeló únicamente la decisión de no condenar en
costas a la parte actora. Sostuvo que al haberse negado las pretensiones de la
demanda correspondía imponer esa pena, pues así lo establecen los artículos 188
del CPACA y 365 del CGP.

52. Argumentó que la entidad desplegó una actividad procesal efectiva para ejercer
su defensa, por lo que procedía el reconocimiento de las agencias en derecho.
Asimismo, señaló que la accionante no contaba con amparo de pobreza y que el
proceso no versaba sobre un asunto de interés público, razones por las cuales no
se configuraba ninguna excepción a la condena de marras.

53. La parte demandante5. Sostuvo que el acto de insubsistencia es nulo porque
quien lo expidió reconoció, al rendir interrogatorio dentro del proceso, que la
decisión obedeció a «motivos personales», circunstancia que, a su juicio, desvirtúa
que la medida hubiera estado orientada al mejoramiento del servicio y evidencia la
existencia de móviles ajenos al interés público.

54. Afirmó que el magistrado que suscribió el acto administrativo carecía de
facultades para hacerlo, toda vez que su período constitucional había expirado para
cuando lo emitió. Además, reprochó que la decisión fuera adoptada por quien
ejercía la presidencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura, pese a que, según su interpretación de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, la competencia para adoptar dicha determinación
correspondía a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria como órgano colegiado y no a su
presidente de manera individual.

55. Refirió que el tribunal valoró incorrectamente las pruebas obrantes en el
expediente, pues estas demostrarían que el acto de insubsistencia estuvo motivado
por razones personales y no por necesidades del servicio. En particular, reiteró que
el funcionario que expidió el acto demandado aceptó en su interrogatorio que la
decisión obedeció a consideraciones personales derivadas de su percepción sobre
el desempeño de la demandante.

56. Alegó que la administración no valoró adecuadamente el trabajo desarrollado
por la demandante y que la designación de quien posteriormente ocupó el cargo no
obedeció a un proceso objetivo de comparación de perfiles profesionales, por lo que
la decisión no estuvo orientada al mejoramiento del servicio.

4
Índice 68 de la plataforma SAMAI de primera instancia.
5
Índices 70 y 71, ib.

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57. Asimismo, aseguró que no se valoró adecuadamente la prueba relativa al plan
de medios que esta presentó ni las circunstancias que rodearon el nombramiento
de quien la reemplazó, el cual, a su juicio, respondió a una decisión previamente
definida y no a criterios objetivos de selección o mejoramiento del servicio.

58. Reiteró que la facultad de nombrar y remover a los empleados correspondía a
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria como órgano colegiado y no a su presidente. Por
ello, considera que la delegación de dicha función carecía de sustento legal y que
el acto fue expedido por una autoridad incompetente. Insistió en que el magistrado
Pedro Alonso Sanabria Buitrago había culminado su período constitucional el 9 de
septiembre de 2016 y, en consecuencia, no podía expedir el Acuerdo 049 del 10 de
septiembre de 2018.

59. Igualmente, cuestionó la conclusión del tribunal según la cual la demandante no
reunía las condiciones para el cargo, afirmando que sí cumplía los requisitos
académicos y de experiencia exigidos para el empleo de profesional especializado
grado 33, en atención a su formación profesional y especialización en Derechos
Humanos, así como a la experiencia adquirida en el ejercicio de sus funciones.

60. Afirma que el a quo desconoció la jurisprudencia relativa a la protección de las
madres cabeza de familia, pues, a su juicio, dicha condición no desaparece por el
hecho de que los hijos hayan alcanzado la mayoría de edad si continúan
dependiendo económicamente de la madre por encontrarse cursando estudios
universitarios.

61. Finalmente, expresó que la sentencia omitió valorar adecuadamente la situación
de prepensionada, toda vez que para la fecha en que fue declarado insubsistente
su nombramiento —10 de septiembre de 2018— tenía casi treinta años de
cotizaciones al sistema pensional y le faltaban únicamente tres años y dieciocho
días para cumplir la edad requerida para acceder a la pensión de vejez, por lo que
se encontraba próxima a consolidar ese derecho.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

62. La admisión de los recursos. Mediante auto de 9 de diciembre de 20226 se
admitieron los recursos de apelación. Dentro de la oportunidad legal solo intervino
la entidad accionada, quien reiteró los argumentos expuestos en la contestación de
la demanda.

63. Control de legalidad7. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

6 Actuación visible en el índice 18 de la plataforma SAMAI.
7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».

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II. CONSIDERACIONES

64. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,8 esta sala de
subsección es competente para resolver los recursos de apelación de la referencia.

65. Problemas jurídicos. Le corresponde a la Sala establecer sí:

66. ¿Se debe anular el Acuerdo nro. 049 del 10 de septiembre de 2018, a través
del cual se declaró insubsistente el nombramiento que la actora ostentaba en el
empleo de profesional especializado grado 33 de la Oficina de Comunicaciones de
la Presidencia de la otrora Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura por adolecer de desviación de poder, ser emitido por funcionario
incompetente y por una errónea valoración de los requisitos exigidos para el cargo?

67. ¿La accionante ostentaba la condición de madre cabeza de familia,
prepensionada y/o persona con afectaciones en su estado de salud y, por tanto,
tenía una estabilidad laboral reforzada que limitaba el ejercicio de la facultad
discrecional de su nominador?

68. ¿Debió condenarse en costas a la parte demandante por haber resultado
vencida en el proceso, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del
CPACA y 365 del Código General del Proceso?

Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

69. El ejercicio de la facultad discrecional frente a los empleados de libre
nombramiento y remoción.

70. El artículo 125 de la Constitución Política estableció, como regla general, que
los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera administrativa.
Para ello dispuso que el ingreso y ascenso a tales cargos se hiciera previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones fijadas por la ley para determinar los
méritos y calidades de los aspirantes.

71. Como excepción a ese encontramos los cargos de libre nombramiento y
remoción, cuya definición, a la luz de los parámetros previstos en el numeral 2.° del
artículo 5 de la Ley 909 de 2004 podría concebirse en los siguientes términos: «son
aquellos empleos que estando ubicados en las esferas de dirección y conducción
institucionales o que, sin estarlo, le son encomendadas labores de asesoría,
asistencia, apoyo y/o administración de dineros y bienes públicos y, por tanto,
requieren de una marcada facultad discrecional del nominador, pues el grado de
confianza frente a él es el mérito principal que determina su provisión y/o retiro»9.

8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 2 de octubre de 2024, expediente nro.

25000-23-42-000-2016-05316-01 (3732-2021).

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72. Así entonces, y a diferencia de lo que sucede con los cargos pertenecientes al
sistema de carrera administrativa «cuya provisión definitiva amerita la superación
de todas las etapas del respectivo proceso de selección», en los empleos de libre
nombramiento y remoción el factor «confianza» es el que motiva el ingreso y/o la
posterior desvinculación del servicio.

73. A esos parámetros no fue ajeno el régimen laboral de la Rama Judicial, pues en
el artículo 130 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—
se establecieron los empleos de libre nombramiento y remoción, dentro de los
cuales se destacan, entre otros, los adscritos a las presidencias y vicepresidencias
del Consejo Superior de la Judicatura.

74. A su turno, mientras el artículo 131 ejusdem prevé que como autoridades
nominadoras de esos cargos fungirá la respectiva «Corporación o Sala», el artículo
149 ib. consagra como causal de retiro del servicio la «declaración de
insubsistencia»10.

75. En este contexto, y en atención a que en el régimen especial de la Rama Judicial
no se señalan los parámetros que debe atender el acto administrativo que declara
la aludida insubsistencia, se debe acudir a la disposición normativa que, sobre el
particular, se encuentra consignada en el inciso segundo del parágrafo 2.° del
artículo 41 de la Ley 909 de 2004 —estatuto general de la carrera administrativa11—
que a la letra dice «[…] [l]a competencia para efectuar la remoción en empleos de
libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no
motivado.»

76. Lo anterior significa que el nominador, ente caso la respectiva corporación o
sala puede disponer libremente de este tipo de servidores sin dar cuenta de los
motivos que lo llevan adoptar la respectiva decisión.

77. En otras palabras, así como el acto administrativo a través del cual se vincula a
un funcionario de libre nombramiento y remoción no requiere ningún razonamiento
distinto al que proviene de la confianza que el nominador tiene sobre él, de la misma
manera la decisión de retiro tampoco exige esas explicaciones.

78. No obstante, aunque el nominador no tenga el deber de motivar la decisión
administrativa a que se viene haciendo alusión, tal libertad tiene «como es natural»
un claro límite marcado por la razonabilidad, la cual demanda resoluciones justas y
ponderadas guiadas por la satisfacción del interés general12.

79. En armonía con el anterior planteamiento, la Corte Constitucional13 ha
pregonado que la discrecionalidad debe ser ejercida dentro de parámetros de

10 Ver numeral 8.°.
11 Aplicable al sistema especial de esta institución en virtud de la regla depositada en el numeral 2.° del artículo

3.° ejusdem.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 18 de febrero de 2021, expediente nro.

68001-23-33-000-2017-00193-01 (0417-19).
13 Sentencia T-372 de 2012.

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racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad. En tal sentido, señaló como límites
para el ejercicio de dicha atribución, los siguientes:

i) Debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la
potestad discrecional.

ii) Su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la ley que la autoriza y;

iii) La decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

80. Lo dicho supone una relación de dependencia entre los supuestos fácticos y
jurídicos que mueven a la administración a tomar la decisión y la norma que autoriza
su emisión, vínculo que, como viene dicho, es inseparable de la racionalidad,
proporcionalidad y razonabilidad arriba señaladas.

81. En conclusión, la facultad discrecional autoriza al nominador para vincular y/o
retirar del servicio a los funcionarios de libre nombramiento y remoción, sin
necesidad de revelar los motivos para ello, teniendo como único límite los citados
principios de justicia y ponderación.

82. Requisitos jurisprudenciales para la configuración de la calidad de
prepensionado.

83. La Corte Constitucional ha distinguido la figura del «retén social» creada con la
Ley 790 de 2002 de la condición de «prepensionado» de origen jurisprudencial, para
concluir, en una primera etapa, que esta última cualidad beneficia a «[…] aquellos
servidores que cumplan con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o
de vejez dentro de los tres años siguientes o, en otras palabras, aquellos a los que
les falte tres años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a
la pensión de jubilación o vejez […]»14.

84. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha pregonado que este instituto
«[…] protege la expectativa del trabajador de obtener su pensión de vejez, ante su
posible frustración como consecuencia de una pérdida intempestiva del empleo. Por
tanto, ampara la estabilidad en el cargo y la continuidad en la cotización efectiva al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, para consolidar los requisitos
que le faltaren para acceder a su pensión de vejez […]»15. (El énfasis es de la Sala).

85. No obstante, a través de la sentencia SU-003 de 2018, la Corte unificó su
jurisprudencia en torno a esta figura y concluyó que cuando el único requisito
faltante para acceder al derecho prestacional es la edad, no puede pregonarse la
calidad de prepensionado y, en ese orden, activar el fuero de estabilidad laboral
reforzada que de él dimana, en razón a que tal exigencia —la edad— se cumple
con el simple decurso del tiempo, sin necesidad de que exista un vínculo laboral.

14 Sentencia SU-897 de 2012.
15 Sentencia SU-003 de 2018.

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86. Por su importancia, se transcriben in extenso las consideraciones plasmadas
en dicha providencia sobre la aludida figura:

«[…] 5. Análisis del segundo problema jurídico sustancial, relativo al alcance
de la figura de “prepensionable”

58. La resolución del segundo problema jurídico sustancial, a que se hizo referencia
en el numeral 2 supra, supone, como seguidamente se precisa, unificar la
jurisprudencia constitucional en cuanto alcance del fuero de estabilidad laboral
reforzada de prepensionable. Para tales efectos, debe la Sala Plena determinar si
cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es el de edad,
dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de cotización,
puede considerarse que la persona en esta situación es beneficiaria de dicha
garantía de estabilidad laboral reforzada.

59. Para la Sala Plena, con fines de unificación jurisprudencial, cuando el único
requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es el de edad, dado que se
acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de cotización, no hay lugar
a considerar que la persona es beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada
de prepensionable, dado que el requisito faltante de edad puede ser cumplido de
manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente. En estos casos, no se frustra
el acceso a la pensión de vejez. Para fundamentar esta segunda regla de
unificación jurisprudencial se hace referencia a la jurisprudencia constitucional
que ha desarrollado la figura y a su finalidad específica, en aras de determinar por
qué, en el supuesto de unificación, no se frustra el acceso a la pensión de vejez.

60. Conforme a los pronunciamientos de las distintas Salas de Revisión de esta
Corte16, la figura de la “prepensión” es diferente a la del denominado “retén social”,
figura de origen legal, que opera en el contexto de la renovación, reestructuración o
liquidación de entidades públicas17. La “prepensión”, según la jurisprudencia de
unificación de esta Corte, se ha entendido en los siguientes términos:

“[…] en la jurisprudencia constitucional se ha entendido que las personas
beneficiarias de la protección especial, es decir los prepensionados, serán
aquellos servidores que cumplan con los requisitos para acceder a la
pensión de jubilación o de vejez dentro de los tres años siguientes o, en
otras palabras, aquellos a los que les falte tres años o menos para cumplir
los requisitos que les permitirían acceder a la pensión de jubilación o
vejez”18.

61. Así las cosas, en principio, acreditan la condición de “prepensionables” las
personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas
(dentro de los 3 años siguientes) a acreditar los dos requisitos necesarios para
obtener la pensión de vejez (la edad y el número de semanas -o tiempo de servicio-
requerido en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o el capital
necesario en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) y consolidar así su
derecho a la pensión.

62. La “prepensión” protege la expectativa del trabajador de obtener su pensión de
vejez, ante su posible frustración como consecuencia de una pérdida intempestiva
del empleo. Por tanto, ampara la estabilidad en el cargo y la continuidad en la
cotización efectiva al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, para
consolidar los requisitos que le faltaren para acceder a su pensión de vejez.

16 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia SU-897 de 2012.
17 Esta figura, a nivel legal, se consagró en la Ley 790 de 2002, “Por la cual se expiden disposiciones para

adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias
al Presidente de la República”.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-897 de 2012.

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63. Igualmente, tal como lo ha considerado esta Corte, en especial en relación con
los cargos de libre nombramiento y remoción, en aquellos supuestos en los que solo
resta el requisito de edad (dado que se acredita el número de semanas de
cotización o el tiempo de servicio, en el caso del Régimen de Prima Media con
Prestación Definida), no se ha considerado que la persona sea titular de la garantía
de “prepensión”, en la medida en que la consolidación del derecho pensional no
está sujeta a la realización de cotizaciones adicionales al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones19.

64. En consecuencia, cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión
de vejez es el de la edad, dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo
de semanas de cotización, en caso de desvinculación, no se frustra el acceso a la
pensión de vejez, de allí que no haya lugar a considerar que la persona sea
beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que
el requisito faltante, relativo a la edad, puede ser cumplido de manera posterior, con
o sin vinculación laboral vigente.

5.1 Aplicación de la segunda regla de unificación jurisprudencial al caso en
concreto

65. El accionante ha cotizado más de 1300 semanas; por tanto, acredita el mínimo
que se requiere para acceder a la pensión de vejez. En consecuencia, no se
encuentra en riesgo la consolidación de su expectativa pensional. Esta no podría
frustrarse en la medida en que la única exigencia restante es el cumplimiento de la
edad, condición que puede acreditar con o sin vinculación laboral vigente20. En
efecto, tal como tuvo oportunidad de plantearse en el numeral anterior, no existe un
riesgo cierto, actual e inminente que impida la consolidación del derecho pensional,
pues esta no se encuentra sujeta a la realización de cotizaciones adicionales al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones21.

66. En conclusión, de conformidad con el razonamiento expuesto en el numeral 4.1
supra y la fundamentación del f.j. anterior, en el presente caso ni el accionante
gozaba de estabilidad laboral reforzada, como tampoco acreditaba la condición de
prepensionable. Por una parte, el cargo que desempeñaba era uno de libre
nombramiento y remoción, que correspondía a aquellos de “dirección, conducción
y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o
directrices”. Por otra parte, no se acreditó el riesgo de frustración de su derecho
pensional al comprobarse que había cotizado el mínimo de semanas necesarias

19 Con relación a esta problemática, en la Sentencia T-972 de 2014 le correspondió a la Sala Quinta de Revisión

de la Corte Constitucional decidir acerca de la solicitud de reintegro de una exservidora pública, de libre
nombramiento y remoción, que ejercía un cargo directivo en la Fiscalía General de la Nación, al considerar que
se había desconocido la figura de “prepensión” como consecuencia de su declaratoria de insubsistencia. El
problema jurídico a resolver por la Corte fue el siguiente: “¿Es procedente la acción de tutela para ordenar el
reintegro de una empleada pública, nombrada en un cargo de libre nombramiento y remoción, cuando el
nominador de la entidad pública a la cual se encontraba vinculada, la declara insubsistente argumentando
razones de confianza?”. Para su resolución, la Corte consideró, al analizar si la desvinculación del cargo le
ocasionaba un perjuicio irremediable, lo siguiente: “De igual manera, no está protegida por la legislación que
regula el retén social de los prepensionados ya que el retiro del servicio no obedeció a la liquidación o
reestructuración de la entidad para la cual laboraba, sino que el mismo ocurrió por razones de confianza; y con
la declaratoria de insubsistencia no se le ha impedido cumplir a cabalidad con los requisitos necesarios para
acceder a la pensión, ya que para la fecha del retiro la accionante tenía laborados y cotizados más de 26 años,
quedándole pendiente solo el cumplimiento de la edad requerida para alcanzar el estatus de pensionada. Con
ello desaparece la urgencia de la protección de los derechos invocados por vía de tutela”. Finalmente, en un
apartado que constituye obiter dictum de la decisión, se señala: “Si en gracia de discusión la acción fuera viable,
debe la Sala hacer la precisión de que la declaratoria de insubsistencia del cargo de un servidor público que se
encontraba vinculada como una empleada de libre nombramiento y remoción, no ocasiona por sí mismo un
perjuicio al cual pueda darse el alcance de hecho injustificado. Aceptar lo contrario llevaría a una situación que
convertiría en inamovibles los cargos de libre nombramiento y remoción; por tanto, a través de este mecanismo
preferente y sumario no se puede ordenar el reintegro solicitado”.
20 A excepción, claro está, de la frustración de la posible mera expectativa de incremento de la futura mesada

pensional, como consecuencia de la cotización de un mayor número de semanas.
21 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-972 de 2014.

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para acceder a su pensión de vejez, y únicamente le restaba el requisito de edad.
[…]»

87. A partir de allí, en sentencias de tutela posteriores se ha ratificado esa posición.
Entre ellas encontramos la providencia T-253 de 2023, en la que la Corte expresó:

«…5.2.2 La estabilidad laboral reforzada de los prepensionados

86. De acuerdo con la sentencia SU-003 de 2018, son prepensionados las personas
vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas (dentro de
los siguientes tres años) a cumplir el número de semanas -o tiempo de servicio-
requeridos en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o el capital
necesario en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En esa decisión, la
Corte unificó su jurisprudencia para determinar que los funcionarios de libre
nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada, y que no
tiene la calidad de prepensionado el funcionario al que solamente le falta
cumplir el requisito de la edad para obtener la pensión. (El énfásis es de la
Subsección)

87. La calidad de prepensionado protege la expectativa de obtener la pensión de
vejez ante la pérdida intempestiva de su empleo. Por lo anterior, la estabilidad
laboral reforzada a favor del prepensionado ampara la estabilidad en el cargo y la
continuidad en la cotización efectiva al sistema general de seguridad social en
pensiones para consolidar así los requisitos que le faltan para obtener la pensión de
vejez, que deben corresponder a la cotización equivalente a tres años o menos (es
decir a 154,44 semanas de cotización o menos, para el Régimen de Primera Media
con Prestación Definida)».

88. Alcances de la estabilidad laboral reforzada frente a las personas en
condiciones de debilidad manifiesta por padecimientos en su salud.

89. La estabilidad laboral reforzada es una garantía de rango constitucional
orientada a proteger el derecho al trabajo de aquellas personas que, debido a una
situación de vulnerabilidad derivada de su estado de salud, requieren una protección
especial frente a decisiones de desvinculación laboral. Su finalidad es asegurar la
permanencia en el empleo mientras subsistan las circunstancias que generan la
debilidad manifiesta y siempre que no exista una causa objetiva que justifique la
terminación del vínculo.

90. Sobre esta figura, esta Sección ha precisado que constituye una protección
constitucional reforzada que limita la facultad del empleador para modificar las
condiciones laborales o desvincular a trabajadores que se encuentran en situación
de vulnerabilidad, con el propósito de garantizar la igualdad material y la continuidad
de la relación laboral:

«[…] La figura de la estabilidad laboral reforzada consiste en una protección
constitucional del derecho fundamental al trabajo que implica restricciones
superiores para variar las condiciones laborales o desvincular a las personas que
por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta, requieren un tratamiento
a través de acciones afirmativas concretadas en prohibiciones para el empleador,
ello tendiente a garantizar la igualdad material de un sujeto vulnerable en términos

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de permanencia del vínculo contractual de trabajo o de la relación legal y
reglamentaria según sea el caso […]».22

91. Aunque en la citada sentencia SU-003 de 2018 la Corte proclamó que por regla
general los servidores de libre nombramiento y remoción no gozan del beneficio de
la estabilidad laboral reforzada, la misma jurisprudencia ha reconocido que esta
regla admite excepciones cuando el trabajador acredita una condición de salud que
lo ubica en una situación de debilidad manifiesta.

92. En tales eventos, la protección constitucional opera con independencia de la
naturaleza del vínculo laboral, pues encuentra fundamento en los artículos 13, 25,
47 y 53 de la Constitución Política. Así lo reiteró la Corte en la sentencia SU-049 de
201723, al sostener que el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada no se limita
a quienes poseen una calificación formal de pérdida de capacidad laboral, sino que
se extiende a toda persona cuya condición de salud le impida o dificulte
sustancialmente el desempeño normal de sus funciones.

93. Posteriormente, mediante la sentencia SU-087 de 2022, la Corte Constitucional
unificó la jurisprudencia sobre la materia y precisó que la protección derivada de la
estabilidad laboral reforzada no exige la existencia de una calificación de pérdida de
capacidad laboral. Para su reconocimiento deben acreditarse tres presupuestos
concurrentes:

i) Que el trabajador presente una condición de salud que le impida o dificulte
significativamente el normal desempeño de sus funciones.

ii) Que dicha situación sea conocida por el empleador antes de la desvinculación.

iii) Que no exista una justificación objetiva y suficiente para la terminación del vínculo
laboral.

94. Respecto del primer requisito, la Corte indicó que la afectación a la salud puede
acreditarse mediante incapacidades médicas, diagnósticos clínicos, tratamientos
médicos, recomendaciones laborales o cualquier otro elemento que evidencie una
limitación relevante para el desempeño de las funciones asignadas. Asimismo,
precisó que la garantía no se restringe a personas con discapacidad calificada, sino
también a quienes presentan afectaciones físicas o psicológicas que comprometen
de manera significativa su capacidad laboral.

95. En cuanto al segundo presupuesto, la Corte explicó que el conocimiento del
empleador puede demostrarse, entre otros eventos, cuando la entidad ha tramitado
incapacidades médicas, autorizado permisos para asistir a controles o tratamientos,
recibido recomendaciones de medicina laboral o cuando la condición de salud es
notoria y fácilmente perceptible. Por el contrario, la protección no opera cuando el

22 Subsección A, sentencia 18 de noviembre de 2021, expediente N° 47001-23-33-000-2016-00019- 01(0850-

17).
23 M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.

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diagnóstico es posterior al retiro o cuando no existe evidencia de que el empleador
conociera la situación médica del trabajador.

96. Finalmente, respecto del tercer requisito, la Corte señaló que la estabilidad
laboral reforzada busca evitar actos discriminatorios fundados en el estado de salud
del trabajador. Por ello, una vez acreditada la situación de debilidad manifiesta,
corresponde al empleador demostrar que la desvinculación obedeció a una causa
objetiva y razonable ajena a cualquier propósito discriminatorio.

97. En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la estabilidad
laboral reforzada por razones de salud protege a quienes, aun sin contar con una
calificación de pérdida de capacidad laboral, presentan afectaciones médicas que
limitan significativamente el desempeño de sus funciones. En estos eventos, la
desvinculación solo resulta válida cuando la entidad demuestra una causa objetiva
que la justifique y descarta cualquier motivación discriminatoria asociada al estado
de salud del trabajador.

98. Requisitos que permiten adquirir la condición de «madre cabeza de
familia».

99. El artículo 43 de la Constitución Política dispone:

«La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá
ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del
parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este
subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia».

100. La norma en cita concibió la figura de «mujer cabeza de familia, extendida
también a los padres» como sujeto de especial apoyo y protección estatal. Por esa
razón, el Congreso de la República expidió la Ley 82 de 199324, disposición a través
de la cual no solo precisó el concepto en referencia, sino que además estableció las
condiciones para su protección. En lo que aquí interesa, el artículo 2° consagró:

«Artículo 2. Para los efectos de la presente ley, la Jefatura Femenina de Hogar, es
una categoría social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos,
económicos, culturales y de las relaciones de género que se han producido en la
estructura familiar, en las subjetividades, representaciones e identidades de las
mujeres que redefinen su posición y condición en los procesos de reproducción y
producción social, que es objeto de políticas públicas en las que participan
instituciones estatales, privadas y sectores de la sociedad civil.

En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera
o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva,
económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras
personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente
o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero
permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo
familiar.

24 Modificada por la Ley 1232 de 2008.

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PARÁGRAFO. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma,
desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante
notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo
caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo».

101. Posteriormente, con la Ley 790 de 2002 se les reconoció una especial
protección a las «madres cabeza de familia», al prever:

«ARTÍCULO 12. PROTECCIÓN ESPECIAL. De conformidad con la reglamentación
que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el
desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres
cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física,
mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los
requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de
vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la
presente ley».

102. La norma en referencia tiene aplicación frente a las instituciones
pertenecientes a la rama ejecutiva del poder público que lleven a cabo programas
de renovación y, por tanto, en el curso de esos procesos les está prohibido retirar
del servicio a las personas que acrediten las condiciones legales y jurisprudenciales
para ser catalogadas como «madres cabeza de familia». El dispositivo transcrito fue
reglamentado por el Decreto 190 de 2003, por el cual se definió la expresión «madre
cabeza de familia sin alternativa económica», en los siguientes términos:

«Artículo 1°. Definiciones. Para los efectos de la Ley 790 de 2002 y del presente
decreto, se entiende por:

[…]

Madre cabeza de familia sin alternativa económica: Mujer con hijos menores de 18
años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan
económicamente y de manera exclusiva de ellas, y cuyo ingreso familiar
corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a
la cual se encuentra vinculada. […]».

103. La expresión «las madres» fue declarada exequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-044 de 2004, de manera condicionada «[...] en
el entendido de que la protección debe extenderse a los padres que se encuentren
en la misma situación, en aras de proteger la prevalencia de los derechos de los
niños y el grupo familiar al que pertenecen». A nivel jurisprudencial, resultan de
suma importancia los aportes efectuados por la Corte Constitucional en la sentencia
SU 388 de 2005.

104. En ella se establecieron los presupuestos jurisprudenciales para que una
mujer y/o un hombre sea considerado cabeza de familia, así:

«[…] La Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada como madre
cabeza de familia por el sólo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar.
En efecto, para tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga
a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para
trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la

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ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla
se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la
pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo
verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o,
como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de
ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad
solitaria de la madre para sostener el hogar […]».

105. Bajo el anterior contexto normativo y jurisprudencial, la Sala resolverá los
reparos expuestos en el recurso de apelación.

106. Caso concreto. La resolución de los interrogantes planteados.

107. Primer interrogante: ¿se debe anular el Acuerdo nro. 049 del 10 de
septiembre de 2018, a través del cual se declaró insubsistente el nombramiento que
la actora ostentaba en el empleo de profesional especializado grado 33 de la Oficina
de Comunicaciones de la Presidencia de la otrora Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura por adolecer de desviación de poder, ser
emitido por funcionario incompetente y por una errónea valoración de los requisitos
exigidos para el cargo?

108. Está probado en el expediente que la señora Jainne Esmeralda Rozo
Guerrero se desempeñaba como profesional especializado grado 33, con funciones
de jefe de la Oficina de Divulgación y Prensa adscrita a la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura25.

109. Mediante Acuerdo nro. 049 del 10 de septiembre de 201826, el presidente de
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura declaró
insubsistente su nombramiento. La decisión se fundamentó en el ejercicio de la
facultad discrecional conferida al nominador, la necesidad de mejorar el servicio de
la Oficina de Comunicaciones y las manifestaciones de inconformidad expresadas
por varios magistrados respecto del desempeño de la demandante. En el mismo
acto se designó en su reemplazo al señor José Alfredo Lozano Rey, por considerar
que reunía mejores condiciones académicas y profesionales para el ejercicio del
cargo.

110. Por su parte, la actora sostuvo que cumplía plenamente los requisitos
exigidos para el empleo, contaba con amplia experiencia laboral y había recibido
reconocimientos por su gestión.

111. Pues bien, la Sala no advierte irregularidad alguna en el acto demandado,
pues en él se señalaron como razones que determinaban el retiro del servicio las
siguientes:

i) Que el cargo ejercido por ella era de libre nombramiento y remoción y sobre él se
podía ejercer la potestad discrecional para efectos de su retiro.

25 Folio 32 del archivo «12ED_CUADERNO1_03ANEXOSDEMANDA.pdf».
26 Folios 47-53, ejusdem.

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ii) Que la accionante no venía cumpliendo cabalmente todas sus funciones, pues
«[…] solamente se tiene conocimiento de las comunicaciones que envía a través de
la página web a todos los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. […]»

iii) Que varios magistrados de esa corporación expresaron reparos frente al servicio
prestado por la demandante en las sesiones de Sala nro. 077 del 20 de agosto y
079 del 5 de septiembre de 2018 y;

iv) Que se requiere mejorar ese servicio con un profesional que tenga mejores
condiciones académicas, por lo que se eligió al señor José Alfredo Lozano Rey,
quien es:

«[…] Profesional en Mercadeo y Publicidad, Corporación Universitaria del Huila,
Neiva-Colombia 2008; Magister en Administración de Negocios, Universidad Sergio
Arboleda-Bogotá, Colombia, 2015; Magister en Direccio´n Comercial y Marketing,
Escuela Europea de Dirección de Empresas EUDE – Madrid España, 2016. Con una
experiencia profesional de aproximadamente ocho (08) años, en los cargos que a
continuación se enuncian: Coordinador Comercial del Fondo Nacional del Ahorro
Neiva (Huila), 2008-2010; Profesional Comercial Fondo Nacional del Ahorro Bogotá,
Colombia 2010-2013; Asesor Presidencia – Educación – Comercial 5; Fondo
Nacional del Ahorro 2013-2015; Asesor Vicepresidencia Comercial Financiera de
Desarrollo Territorial FINDETER, Profesional II-28, Bogotá-Colombia 2015-2016;
Asesor Vicepresidencia Técnica, Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER,
Profesional II-28, Bogotá-Colombia 2016-2017, además de ser bilingüe (manejo del
inglés), razones para decidir la presente situación administrativa y declarar
insubsistente el nombramiento de la señora JAINNE ESMERALDA ROZO
GUERRERO […]».

112. Sobre el particular, advierte la Sala que la parte actora nunca cuestionó que
su cargo fuera de libre nombramiento y remoción, como tampoco desestimó los
reparos formulados por algunos magistrados de la otrora Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura frente al servicio prestado por
ella, contenidos en las Actas nro. 077 de 29 de agosto27 y 079 del 5 de septiembre
de 201828.

113. Es más, una revisión integral de los capítulos contentivos de los hechos y del
concepto de violación vertidos en la demanda permite concluir que la parte actora
nunca discutió las afirmaciones realizadas en el acto demandado, según las cuales
ella no cumplió con la totalidad de las funciones que su empleo le demandaba. En
efecto, en tales apartados resaltó: i) su condición de prepensionada; ii) su calidad
de madre cabeza de hogar; iii) su situación de salud; iv) la falta de competencia del
nominador para retirarla del servicio, fundada en la terminación de su periodo como
magistrado y; v) el incumplimiento, por parte de la persona que fue designada en su
reemplazo, de los requisitos que el empleo en cita reclamaba.

114. Ahora bien, del análisis integral del acervo probatorio no se desprende que
la insubsistencia hubiera obedecido a motivos de índole personal ni a una finalidad

27 Folios 423-429 del cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.
28 Folios 430-433 ib.

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distinta del ejercicio legítimo de la facultad discrecional atribuida al presidente de la
Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura.

115. Aunque en la apelación se sostuvo que el señor Pedro Alfonso Sanabria
Buitrago invocó razones personales para declarar la insubsistencia de la actora, lo
cierto es que en la audiencia de pruebas celebrada el 19 de noviembre de 2020
manifestó lo siguiente:

«[…] Preguntado: usted o la sala disciplinaria tuvo alguna motivación de carácter
personal para haber declarado insubsistente a la demandante. Respondió: SI lo que
establecen las leyes, mejoramiento del servicio y nombrar una persona que sea leal a
la institución porque es un cargo de confianza es un cargo de libre nombramiento y
remoción y estos cargos por su lógica y naturaleza jurídica tienen que ser
desempeñados por personas de confianza y que sean leales a la institución, cuando
una persona no es leal a la institución y se pierde la confianza y su trabajo es nulo
obviamente que el mejoramiento del servicio, la confianza y la lealtad son parámetros
que brindan en los nombramientos de libre nombramiento y remoción, personal si,
inconforme con su trabajo y con su lealtad con la institución, como presidente llevo la
vocería de la institución y la persona que trabaja con la institución debe ser leal y esa
motivación de deslealtad y de su trabajo nulo en lo personal se tuvo en cuenta en mi
decisión y en la decisión de los otros magistrados que me acompañaron […]».

116. En el anterior relato se advierte que, aunque el declarante utilizó la expresión
“en lo personal”, las razones que expuso para justificar esa decisión se relacionaron
con la pérdida de confianza, la falta de lealtad institucional y las deficiencias que, a
su juicio, presentaba el desempeño laboral de la demandante. Tales
consideraciones no constituyen motivos personales en sentido estricto, sino criterios
vinculados al ejercicio de la facultad discrecional propia de los cargos de libre
nombramiento y remoción, los cuales guardan relación con la confianza y la
conveniencia del servicio.

117. Frente al cargo de falta de competencia, la Sala, al igual que el tribunal de
primer grado, considera que el vencimiento del periodo constitucional para el que
fue elegido el magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago no torna nulo el acto
administrativo demandado, por cuanto:

118. El Acto Legislativo 02 de 2015 «[p]or medio del cual se adopta una reforma
de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones»,
estableció en el parágrafo transitorio 1.° de su artículo 19 que:

«PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. Los Magistrados de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del
presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales Magistrados de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán
sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial. Las Salas Disciplinarias de los Consejos
Seccionales de la Judicatura serán transformadas en Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial. Se garantizarán los derechos de carrera de los Magistrados y
empleados de las salas disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura
quienes continuarán conociendo de los procesos a su cargo, sin solución de

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continuidad.» (El énfasis es nuestro)

119. En consecuencia, con fundamento en ese Acto Legislativo, era claro que
quienes para entonces fungían como magistrados de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura continuarían en tales empleos
hasta tanto se posesionaran los integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial. Empero, esa interinidad, que originalmente estaba destinada a finalizar en
el año 2016, se extendió hasta el año 2020, cuando en sentencia SU-355 la Corte
ordenó a las autoridades señaladas en el artículo 257A remitir las ternas respectivas
al Congreso de la República, para que dicho órgano eligiera a los 7 dignatarios que
integrarían la aludida comisión.

120. Por ende, para cuando fue emitido el acto administrativo demandado, era
claro que la situación de interinidad encontraba respaldo en el acto legislativo de la
referencia, razón suficiente para confirmar que no operó el vicio de falta de
competencia alegado en la demanda y en la alzada.

121. Por otra parte, en relación con el argumento planteado en el recurso de
apelación, según el cual la facultad para nombrar y remover empleados
correspondía exclusivamente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en su condición
de órgano colegiado, y no a su presidente, por lo que la delegación de dicha
competencia habría sido ilegal, se observa que este constituye un cargo nuevo que
no fue propuesto en la demanda.

122. En consecuencia, dado que el recurso de apelación no es la oportunidad
procesal para introducir argumentos o censuras que no fueron planteados
oportunamente en la instancia correspondiente, la Sala se abstendrá de emitir un
pronunciamiento de fondo sobre este aspecto.

123. Finalmente, la demandante sostuvo que se configuró la causal de desviación
de poder, al considerar que su declaratoria de insubsistencia no obedeció al
mejoramiento del servicio sino a motivos personales del nominador.

124. Al respecto, la Sala advierte, en primer lugar, que la jurisprudencia de esta
corporación29 ha señalado que la desviación de poder debe acreditarse a partir de
circunstancias previas o concomitantes a la expedición del acto administrativo, pues
mediante esta causal se busca demostrar que la autoridad persiguió una finalidad
distinta de aquella prevista por el ordenamiento jurídico al ejercer la competencia
atribuida.

125. Del análisis del expediente se observa que los requisitos, perfil y funciones
del cargo de profesional especializado grado 33, con funciones de jefe de
Divulgación y Prensa adscrito a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
fueron definidos inicialmente en el Acuerdo PSAA12-9790 del 26 de diciembre de

29 Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 23 de febrero de 2011, expediente nro. 17001-23-31-000-

2003-01412-02 (0734-2010). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Sección Segunda, Subsección “A”,
sentencia del 2 de julio de 2020, expediente nro. 20001-23-39-000-2016-00154-01 (2896-17). C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.

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201230, mediante el cual se fortaleció la planta de personal de la Corporación y se
creó dicho empleo.

126. En ese acto se estableció como requisitos mínimos acreditar título profesional
en Derecho, Periodismo, Comunicación Social o áreas afines, título de
especialización, experiencia profesional no inferior a tres años posteriores a la
obtención del título profesional y experiencia específica mínima de dos años en
cargos de coordinación, dirección, jefatura o similares.

127. El mismo Acuerdo asignó al cargo funciones relacionadas con el diseño,
coordinación y ejecución de las estrategias de comunicación institucional del
Consejo Superior de la Judicatura, incluyendo la divulgación de la gestión
institucional, la relación con los medios de comunicación, la organización de
campañas informativas, la elaboración de publicaciones y boletines, el
fortalecimiento de la imagen institucional y la coordinación de actividades de prensa.
Tales funciones evidencian que se trata de un empleo de confianza, estrechamente
vinculado con la dirección y manejo de las comunicaciones institucionales de la
Corporación.

128. Posteriormente, mediante el Acuerdo PCSJA18-10908 del 16 de marzo de
2018, se modificó la estructura de la dependencia encargada de las
comunicaciones, transformándose la Oficina de Divulgación y Prensa en la Oficina
de Comunicaciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. No obstante, se mantuvo
el cargo de profesional especializado grado 33 adscrito a la presidencia,
conservando las funciones de dirección, coordinación y ejecución de las actividades
de comunicación institucional.

129. En tal dispositivo se modificaron los requisitos de acceso al cargo así: i) título
de formación profesional en periodismo, comunicación social o publicidad; ii) título
de posgrado en áreas afines al título de formación profesional universitario y; iii) 5
años de experiencia profesional.

130. Asimismo, obra en el expediente el Acta No. 085 del 26 de septiembre de
201831, en la que se dejó constancia del análisis de las hojas de vida realizado para
proveer el cargo. En dicha acta, el presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
expuso las razones por las cuales consideró que José Alfredo Lozano Rey reunía
las condiciones académicas y de experiencia necesarias para desempeñar el
empleo. Se destacó que era profesional en Mercadeo y Publicidad, contaba con
estudios de maestría en Administración de Negocios y en Dirección Comercial y
Marketing, acreditaba cerca de ocho años de experiencia profesional en áreas
relacionadas con mercadeo, publicidad y dirección comercial, y poseía formación
complementaria en idioma inglés32. Con fundamento en tales antecedentes, se
concluyó que su perfil era idóneo para ejercer las funciones propias de la Jefatura

30 Folios 125-135 Archivo 76 del expediente digital denominado «76ED_CUADERNO3_01ANEXOS-
PRUEBASYANEXOS.pdf», el cual puede ser descargado en la pestaña «Visualizar expediente» de la
plataforma SAMAI.
31 Folios 169-172 ejusdem.
32 Folios 2-29 ejusdem. Hoja de vida, acredita formación académica, experiencia laboral y perfil profesional.

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de Divulgación y Prensa u Oficina de Comunicaciones de la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura.

131. En ese contexto, las pruebas obrantes en el expediente evidencian que la
decisión de declarar insubsistente el nombramiento de la demandante estuvo
precedida de una valoración de las necesidades del servicio y de las condiciones
de la persona designada para ocupar el cargo, quien acreditó el cumplimiento de
los requisitos exigidos para su desempeño.

132. De igual manera, los testimonios rendidos por los magistrados y demás
funcionarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria dan cuenta de inconformidades
relacionadas con la gestión de la demandante al frente de la Oficina de
Comunicaciones, referidas, entre otros aspectos, a deficiencias en la divulgación de
las decisiones institucionales, el incumplimiento de las directrices impartidas por la
Sala, imprecisiones en los comunicados de prensa, falta de actualización de
contenidos institucionales, insuficiente apoyo en actividades de comunicación y
pérdida de confianza por parte de algunos magistrados. Según los declarantes,
estas circunstancias fueron objeto de discusión en sesiones de Sala e incidieron en
la decisión de prescindir de sus servicios.

133. En consecuencia, no se encuentra acreditado que el acto acusado hubiera
sido expedido con una finalidad distinta al mejoramiento del servicio o motivado por
razones personales del nominador. Por el contrario, el material probatorio permite
concluir que la decisión obedeció al ejercicio legítimo de la facultad discrecional de
libre nombramiento y remoción, orientada a garantizar una gestión eficiente de las
comunicaciones institucionales. En consecuencia, el cargo de desviación de poder
no está llamado a prosperar.

134. Segundo interrogante: ¿la accionante ostentaba la condición de madre
cabeza de familia, prepensionada y/o persona con afectaciones en su estado de
salud y, por tanto, tenía una estabilidad laboral reforzada que limitaba el ejercicio de
la facultad discrecional de su nominador?

135. La demandante sostuvo que su desvinculación desconoció su condición de
prepensionada, por cuanto contaba con más de treinta años de cotización y estaba
próxima a cumplir la edad para acceder a la pensión; de madre cabeza de familia,
al constituir el único sustento económico de su hijo universitario; y de persona con
afectaciones en su estado de salud, dado que requería seguimiento médico
permanente por las secuelas derivadas de un accidente cerebrovascular. A su juicio,
tales circunstancias la hacían acreedora de una especial protección constitucional.

136. No obstante, la Sala considera que ninguna de las situaciones alegadas tiene
la entidad suficiente para restringir el ejercicio de la facultad discrecional de retiro
propia de los cargos de libre nombramiento y remoción.

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137. En primer lugar, debe recordarse que la demandante se encontraba
vinculada a un empleo de libre nombramiento y remoción, circunstancia que resulta
determinante para analizar el alcance de las garantías invocadas.

138. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, esta clase de
empleos se caracteriza por involucrar funciones directivas, de conducción,
orientación institucional o especial confianza, razón por la que su permanencia
depende, en gran medida, de la confianza del nominador. Por ello, quienes los
ocupan no gozan, por regla general, de estabilidad laboral reforzada ni de las
garantías propias de los empleos de carrera administrativa.

139. Ahora bien, la Ley 790 de 2002, expedida en el marco del programa de
renovación de la administración pública, estableció una medida excepcional de
protección conocida como “retén social”, destinada a amparar a determinados
grupos en condición de vulnerabilidad frente a la supresión de empleos, entre ellos
las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con
limitaciones y los servidores próximos a pensionarse.

140. Dicha protección fue concebida para un contexto específico de
reestructuración administrativa y supresión de cargos, con el propósito de mitigar
los efectos de tales decisiones sobre sujetos de especial protección constitucional.
Por consiguiente, no constituye una garantía general aplicable a toda forma de
desvinculación laboral.

141. Bajo ese entendido, la demandante no puede invocar la protección derivada
del denominado retén social, toda vez que su desvinculación no obedeció a la
supresión del empleo ni se produjo dentro de un proceso de reestructuración
administrativa, sino al ejercicio de la facultad discrecional inherente a un cargo de
libre nombramiento y remoción.

142. De igual manera, al margen de sí la actora tenía o no la calidad de madre
cabeza de familia, la Sala destaca que esa figura no genera por sí misma una
estabilidad laboral absoluta ni impide el ejercicio de las facultades legales de la
administración. La jurisprudencia ha reconocido medidas especiales de protección
para este grupo poblacional en determinados escenarios, pero ello no supone la
inamovilidad en cargos cuya permanencia depende de la confianza del nominador.

143. En consecuencia, no existe disposición normativa que consagre un fuero de
estabilidad reforzada para las madres cabeza de familia vinculadas en empleos de
libre nombramiento y remoción, ni resulta procedente equiparar dicha situación a la
protección excepcional prevista en la Ley 790 de 2002, por tratarse de supuestos
jurídicos claramente diferenciados.

144. Tampoco la alegada condición de prepensionada resulta suficiente para
limitar la facultad discrecional de retiro. Además de que dicha protección se
encuentra estrechamente vinculada a los eventos previstos en el retén social, la
demandante ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción, categoría

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respecto de la cual no opera una garantía de permanencia derivada exclusivamente
de la proximidad al reconocimiento pensional.

145. En todo caso, la jurisprudencia constitucional ha señalado que las medidas
de especial protección exigen la acreditación efectiva de una situación de
vulnerabilidad o debilidad manifiesta, de modo que no basta la simple afirmación de
una condición particular para restringir el ejercicio de competencias legalmente
atribuidas a la administración.

146. Por ello, la manifestación de ser madre cabeza de familia, prepensionada o
persona con quebrantos de salud no imponía a la administración el deber de
abstenerse de ejercer su facultad discrecional de retiro, especialmente cuando tales
circunstancias no fueron demostradas de manera suficiente ni evidencian, por sí
mismas, una situación de vulnerabilidad que hiciera procedente una protección
reforzada.

147. Corresponde entonces determinar si las pruebas allegadas al proceso
permiten concluir que, para la fecha de la desvinculación, la demandante se
encontraba amparada por la estabilidad laboral reforzada derivada de una
afectación significativa de su estado de salud.

a. La demandante no acreditó una condición de salud que le impidiera o
dificultara sustancialmente el normal desempeño de sus funciones
laborales.

148. Del análisis del material probatorio aportado al expediente33, la Sala concluye
que la demandante no acreditó una condición de salud que limitara de manera
relevante el ejercicio de sus actividades laborales para la fecha de su retiro.

149. En efecto, aunque se encuentra demostrado que en enero de 2011 sufrió una
hemorragia subaracnoidea espontánea, los estudios diagnósticos posteriores,
incluido el examen tomográfico practicado el 12 de septiembre de 2011, reportaron
vasos cervicales e intracraneanos sin alteraciones, ausencia de aneurismas o
estenosis y únicamente una variante anatómica denominada arco bovino.
Asimismo, la valoración médica concluyó que el evento hemorrágico no estaba
asociado a una lesión vascular estructural identificable.

150. La documentación clínica da cuenta de que la paciente recibió el tratamiento
correspondiente, consistente en hospitalización, monitoreo clínico, control
sintomático, manejo farmacológico y seguimiento mediante imágenes diagnósticas.
Igualmente se registró una evolución satisfactoria con mejoría progresiva de la
sintomatología y sin evidencia de déficit neurológico persistente.

151. Mucho menos reposan en el expediente elementos de convicción que
permitan inferir la existencia de secuelas funcionales relevantes, deterioro

33 Folios 54-109 del archivo «12ED_CUADERNO1_03ANEXOSDEMANDA.pdf» el cual puede ser descargado

en la pestaña «Visualizar expediente» de la plataforma SAMAI.

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neurológico progresivo, restricciones ocupacionales, incapacidades prolongadas o
limitaciones que afectaran de manera significativa su capacidad para desempeñar
las funciones propias del cargo al momento de su desvinculación.

152. En estas condiciones, la Sala concluye que no se encuentra acreditado el
primero de los presupuestos exigidos por la jurisprudencia para la procedencia de
la estabilidad laboral reforzada por razones de salud, esto es, la existencia de una
condición médica que impida o dificulte sustancialmente el normal desempeño de
las funciones laborales. Por tal razón, resulta innecesario examinar los demás
requisitos desarrollados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-087 de
2022.

153. En consecuencia, la demandante no demostró la existencia de circunstancias
que le otorgaran una protección constitucional reforzada capaz de limitar la facultad
discrecional de retiro ejercida por la administración. Por el contrario, las pruebas
permiten concluir que su desvinculación se produjo dentro del marco jurídico
aplicable a los cargos de libre nombramiento y remoción, sin que se acreditara la
existencia de un fuero o estabilidad laboral reforzada que restringiera dicha
potestad.

154. Así las cosas, como los argumentos expuestos en el recurso de apelación no
desvirtúan la legalidad de la decisión adoptada por el a quo, se confirmará la
sentencia de primera instancia.

155. Tercer interrogante: ¿debió condenarse en costas a la parte demandante
por haber resultado vencida en el proceso, de conformidad con lo previsto en los
artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso?

156. A pesar de que negó las súplicas de la demanda, el tribunal no condenó en
costas a la demandante, pues consideró que no se reunían los presupuestos
exigidos para ello en los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del
Proceso.

157. Por su parte, la entidad demandada, al apelar la sentencia, no cuestionó la
decisión de fondo que negó las pretensiones, sino exclusivamente la ausencia de
condena en costas. Sostuvo que, conforme a los artículos 188 del CPACA y 365 del
CGP, la parte vencida en el proceso debe asumir las costas procesales y las
agencias en derecho, salvo que se trate de asuntos de interés público o que exista
amparo de pobreza, situaciones que, a su juicio, no se configuraban en el caso.

158. Para la Sala, le asiste razón a la apelante, toda vez que la parte demandante
resultó vencida dentro del proceso judicial. En esa medida, antes de proceder con
la aplicación del numeral 5. ° del artículo 365 del CGP, lo correspondiente era optar
por la utilización del numeral 1. °

159. A ello se le suma que, para esta Subsección las modificaciones introducidas
por la Ley 2080 de 2021 no desplazaron el criterio objetivo-valorativo sobre el tema

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-00476-01 (1799-2022)
Demandantes: Jainne Esmeralda Rozo Guerrero

de las costas, tal como se desarrolla en acápite de esta penalidad en segunda
instancia.

160. Por lo antes expuesto, se revocará parcialmente el numeral primero de la
sentencia apelada y en su lugar, se impondrán condena en costas en primera
instancia a la parte demandante.

161. Condena en costas en segunda instancia. La modificación del artículo 188
del CPACA., efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

162. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la
demanda carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA., se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del CGP.34

163. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP. teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

164. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR parcialmente el numeral primero de la sentencia del 30 de
noviembre del 2021, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, promovió la señora Jainne Esmeralda Rozo
Guerrero en contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de

34 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad

corresponde al Código General del Proceso.

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Administración Judicial. En consecuencia, CONDENAR a la parte actora a pagar a
la parte demandada las costas causadas en el curso de la primera instancia.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

CUARTO. RECONOCER personería al abogado Cesar Augusto Mejía Ramírez,
identificado con la cédula de ciudadanía nro. 80.041.811, portador de la Tarjeta
Profesional nro. 159.699 del C.S de la J., como apoderado de la demandada,
conforme al poder obrante en índice 33 de la plataforma SAMAI.

QUINTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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