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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00638-02

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00638-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), proferida por la Sección Segunda – Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual, se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en este proveído, los cuales quedarán así: SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de las sumas causadas antes del diecisiete (17) de julio de dos mil quince (2015), salvo los aportes a pensión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos contenidos en el Oficio SG No. 006182 del diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018) y la Resolución No. 903 del veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), por las razones expuestas. CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación – Procuraduría General de la Nación a efectuar el pago de los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, por la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió devengar la demandante por concepto de bonificación por compensación, únicamente durante el tiempo de vinculación de la actora como Procurador(a) Judicial II en el que no recibió el emolumento en cita, sin aplicar el fenómeno de la prescripción. Lo anterior, siempre y cuando las sumas a reconocer, que fueron reconocidas, no se hayan pagado por la entidad previamente, para lo cual se tendrá en cuenta la entrada en vigor el Decreto 1102 de 2012. La entidad demandada, al momento de dar cumplimiento a la sentencia, verificará que no se hayan efectuado reconocimientos por los mismos conceptos ordenados en esta decisión. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, teniendo en cuenta las razones contempladas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Sin condena en costas en ambas instancias. CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas 30 Número Interno: 2617-2023 Demandante: Samira de la Natividad Roa Sarmiento Demandada: Procuraduría General de la Nación las anotaciones y constancias de rigor. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00638-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., tres (03) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00638-02 (2617-2023)1
Demandante: Samira de la Natividad Roa Sarmiento
Demandada: Procuraduría General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Bonificación por compensación (Decreto 610 de 1998)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, y la
apelación adhesiva formulada por la parte actora, contra la sentencia del treinta (30)
de septiembre de dos mil veintidós (2022), proferida por la Sección Segunda – Sala
Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual, se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones2.

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo
sucesivo), con el fin de obtener la nulidad del Oficio SG Nº. 006182 del diez (10) de
agosto de dos mil dieciocho (2018), por medio del cual, la Procuraduría General de
la Nación negó el reconocimiento y pago completo de la remuneración (sic)
reclamada, y de la Resolución Nº. 903 del veintidós (22) de noviembre de la referida
anualidad, a través del cual se confirmó el acto administrativo primigenio.

1
Expediente híbrido.
2
Folios 1-11 del expediente físico.

2

Número Interno: 2617-2023
Demandante: Samira de la Natividad Roa Sarmiento
Demandada: Procuraduría General de la Nación

2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se ordene a la entidad demandada: (i) el reconocimiento y
pago completo de la remuneración legal correspondiente al cargo de Procurador(a)
Judicial II, equivalente al 80% de lo que por todo concepto devengan los
magistrados de altas cortes, durante el período comprendido entre el diez (10) de
noviembre de dos mil catorce y el veintiocho (28) de octubre de dos mil dieciséis
(2016), (ii) la liquidación de la prima especial de servicios “con base en los ingresos
laborales totales anuales de carácter permanente que devengan los congresistas, esto es,
incluyendo sueldo básico, gastos de representación, prima de servicios, prima de localización y
vivienda, prima de salud, estas dos sustituidas por la prima especial de servicios, prima de navidad
y auxilio de cesantías”; (iii) la reliquidación de las prestaciones sociales causadas

durante la relación laboral; (iii) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de
que trata la Ley 244 de 1995 y la Ley 50 de 1990, por el no pago oportuno de los
salarios y cesantías; (iv) la indexación de las sumas adeudadas por los conceptos
reclamados; (v) que se ordene tener en cuenta lo reconocido para efectos
pensionales; (vi) que se dé cumplimiento a la sentencia dentro del término legal; y
(vii) que se condene en costas y agencias en derecho a la demandada.

1.2. Los hechos3.

3. Narró que, mediante el Decreto Nº. 3685 del veinticinco (25) de agosto de dos mil
catorce (2014), el Procurador General de la Nación nombró en provisionalidad a la
señora Samia de la Natividad Roa Sarmiento en el cargo de Procuradora 12 Judicial
II para asuntos civiles de Bogotá D.C., Código 3PJ, Grado EC, cargo que, según
indicó, ostentó desde el diez (10) de noviembre de dos mil catorce hasta el
veintiocho (28) de octubre de dos mil dieciséis (2016), fecha en la que se recibieron
sus bienes y documentos a cargo, “siendo esta el día real de su retiro”.

4. Resaltó que, durante la vigencia de la relación laboral, la entidad no le pagó los
salarios de forma completa, remuneración que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 280 de la Carta Política, debía ser “la misma de los magistrados y jueces de
mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo”, por lo que su remuneración debía ser igual

al 80% de lo que por todo concepto percibieron los magistrados de altas cortes, con
sujeción a los preceptuado por el Decreto 610 de 1998.

3
Folios 1-11 del expediente físico.

3

Número Interno: 2617-2023
Demandante: Samira de la Natividad Roa Sarmiento
Demandada: Procuraduría General de la Nación

5. Insistió en que, teniendo la obligación de hacerlo, la Procuraduría General de la
Nación no pagó en debida forma la remuneración correspondiente al cargo, con lo
cual desconoció los postulados del Decreto 610 de 1998 y mandatos superiores,
entre ellos, el artículo 53 Constitucional, que prohíbe el menoscabo de los derechos
de los trabajadores. En esa línea, sostuvo que: “así, por ejemplo, según lo certificó la misma
entidad, en el mes de noviembre de 2014, no le reconoció la bonificación por compensación, la que
sí le pagó en diciembre de 2014; tampoco se la reconoció en los meses de enero y febrero de 2015,
la que sí pagó en los restantes de ese año, pagos que de haber sido efectuados como era el deber
legal, habrían incidido en la liquidación de las prestaciones sociales de la demandante ”.

6. Manifestó que la actora elevó una petición el diecisiete (17) de julio de dos mil
dieciocho (2018) ante la entidad, en virtud de la cual solicitó el pago completo de la
remuneración. No obstante, fue negada a través del Oficio SG Nº. 006182 del diez
(10) de agosto de dos mil dieciocho (2018). Contra el acto anterior, interpuso recurso
de reposición que fue resuelto por medio de la Resolución Nº. 903 del veintidós (22)
de noviembre del año en cita, en el sentido de confirmar la negativa inicial.

1.3. Concepto de la violación4.

7. La parte demandante alegó que los actos enjuiciados vulneran el preámbulo y los
artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 12, 13, 25, 48, 53, 58, 209 y 280 de la Constitución Política;
el artículo 152, numeral 7º, de la Ley 270 de 1996; los artículos 2º y 14 de la Ley 4ª
de 1992; el Decreto 610 de 1998 y el Decreto 797 de 1949.

8. Aseveró que la demandada, al proferir la decisión objeto de censura, estaba en
la obligación de respetar el ordenamiento constitucional y legal y, al no hacerlo,
desconoció los derechos adquiridos por la demandante como servidora de la
Procuraduría General de la Nación, habida cuenta que no se le retribuyó su labor
en la forma en que dispone la norma aplicable, sino en cuantía inferior. Agregó que
se violó el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992, al haberse desmejorado los salarios y
prestaciones, en contravía del principio de progresividad y no regresividad.

9. Sostuvo que, en virtud del Decreto 610 de 1998, el Gobierno Nacional creó una
bonificación por compensación, con carácter permanente, a partir del primero de

4
Folios 1-11 del expediente físico.

4

Número Interno: 2617-2023
Demandante: Samira de la Natividad Roa Sarmiento
Demandada: Procuraduría General de la Nación

enero de mil novecientos noventa y nueve (1999), entre otros, para los cargos de
magistrados de tribunal y los procuradores que ejercieran sus funciones ante tales
corporaciones, quienes tendrían derecho a devengar, desde el primero (1º) de enero
de dos mil uno (2001), el 80% de lo que por todo concepto devengaran los
magistrados de las altas cortes. A su turno, explicó que el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992 concibió la prima especial de servicios, extensible a los procuradores, que
no podía ser inferior al 30%, ni superior al 60%, de la remuneración básica.

10. Puntualizó que el artículo 280 Constitucional prevé que, “los agentes del Ministerio
Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los
magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo ”. Advirtió que dicha

norma, en conjunto con las disposiciones relacionadas, regulan la remuneración de
los Procuradores Judiciales II y que, en el caso de autos, la entidad no las observó,
pues, le pagó a la accionante una suma inferior a la que legalmente correspondía.

1.4. La contestación de la demanda5.

11. Mediante contestación del veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022),
la entidad demandada se opuso a la integridad de las pretensiones de la demanda.
Para el efecto, sostuvo que la Procuraduría General de la Nación, en calidad de
nominadora, no tiene la facultad constitucional ni legal para fijar el régimen salarial
y prestacional de los servidores públicos, pues, dicha competencia recae en el
Gobierno Nacional, en los términos de la Ley 4ª de 1992 y la Constitución Política.

12. Adujo que los actos acusados se expidieron en cumplimiento de las normas
constitucionales y legales. Así, resaltó que, durante la vinculación de la actora a la
entidad, se le pagaron todos los emolumentos y prestaciones correspondientes.
Reprochó que, al momento de efectuar la liquidación, la señora Roa Sarmiento no
se opuso a ella, “lo cual permite concluir sin hesitación alguna que hubo de su parte aceptación
de las mismas, teniendo entonces aquellos actos administrativos presunción de legalidad y validez ”.

13. Por último, propuso como excepciones: (i) inexistencia del derecho pretendido,
al no advertir irregularidad alguna; y (ii) la innominada o genérica.

1.5. La sentencia de primera instancia6.

5
Folios 77-82 del expediente físico.
6
Folios 94-102 del expediente físico.

5

Número Interno: 2617-2023
Demandante: Samira de la Natividad Roa Sarmiento
Demandada: Procuraduría General de la Nación

14. Mediante sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022),
la Sección Segunda – Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró la nulidad de los actos demandados y, como consecuencia de lo anterior,
condenó a la “Nación – Rama Judicial” (sic) al pago de las diferencias derivadas de su
calidad de beneficiaria de la bonificación por compensación, por lo que dispuso:

“PRIMERO: Estarse a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de unificación jurisprudencial del 2 de septiembre de
2019, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de las sumas causadas
antes del 15 de julio de 2015, conforme con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos: Oficio SG No. 006182
del 10 de octubre de 2018 y la Resolución No. 903 del 22 de noviembre de 2018, en cuanto
negaron a la señora SAMIRA DE LA NATIVIDAD ROA SARMIENTO el reconocimiento,
liquidación y pago de las diferencias salariales derivadas de su calidad de beneficiaria de la
bonificación por compensación y no incluir la incidencia de la prima especial consagrada en
el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 correctamente liquidada, conforme con lo expuesto en la
parte motiva.

CUARTO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial a RECONOCER y PAGAR a favor de
la señora SAMIRA DE LA NATIVIDAD ROA SARMIENTO retroactivamente: las diferencias
entre lo recibido y lo dejado de percibir, por no haber incluido en la bonificación por
compensación el cómputo de la incidencia de la prima especial de servicios que reciben los
magistrados de altas cortes, desde el 17 de julio de 2015 hasta el 6 de octubre de 2016.

Siempre que en las respectivas anualidades los ingresos del demandante no hayan
alcanzado el tope del 80% de lo devengado por un magistrado de alta corte, conforme con
lo expuesto den la parte motiva.

QUINTO: La Nación- Procuraduría General de la Nación dará cumplimiento al presente fallo
en el término estipulado en los artículos 187, 102 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEXTO. Negar las demás pretensiones de esta demanda.

SÉPTIMO. En firme la presente decisión, procédase por Secretaría a la devolución a la parte
demandante de los remanentes de los gastos ordinarios del proceso a que hubiere lugar, y
al archivo del expediente”.

15. Como sustento de la decisión, el Tribunal encontró acreditado que la señora
Roa Sarmiento fungió como Procuradora Judicial II, desde el diez (10) de noviembre
de dos mil catorce (2014), hasta el seis (6) de octubre de dos mil dieciséis (2016).
Por ende, de conformidad con el artículo 280 de la Carta Política, es beneficiaria de
la bonificación por compensación equivalente al 80% de lo devengado por los
magistrados de altas cortes, “incluida la correspondiente incidencia que sobre dicho monto
representa la prima especial consagrada en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 ”.

16. Advirtió que la prestación reclamada no fue “correctamente liquidada en el ingreso
mensual”, por lo que debía reconocerse, reliquidarse y pagarse la bonificación por

6

Número Interno: 2617-2023
Demandante: Samira de la Natividad Roa Sarmiento
Demandada: Procuraduría General de la Nación

compensación, con arreglo a lo establecido en el Decreto 610 de 1998, teniendo en
cuenta la incidencia de la prima contemplada en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992,
“comoquiera que el cómputo del 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes incluye
las cesantías que dichos funcionarios reciben, lo cual se erige en la prima especial de servicios ”.

17. El A-quo precisó que la bonificación por compensación y la prima especial de
servicios no constituyen factor salarial, de ahí que la entidad demandada solo
tendría en cuenta la diferencia en el ingreso mensual en el valor que corresponda
“por la inclusión de la prima especial de servicios que deben percibir los magistrados de las altas
cortes”. En lo que toca a la pretensión de pago de la sanción moratoria, refirió que

no se cumplieron los presupuestos para su reconocimiento.

18. Con respecto a la excepción de prescripción, concluyó que, de acuerdo con las
reglas adoptadas por el Consejo de Estado, sólo puede hablarse de exigibilidad de
la bonificación deprecada a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la
nulidad del Decreto 4040, es decir, el veintinueve (29) de enero de dos mil doce
(2012), y, teniendo en cuenta que la actora elevó la reclamación el diecisiete (17)
de julio de dos mil dieciocho (2018), operó el fenómeno trienal de prescripción frente
a las sumas causadas antes del diecisiete (17) de julio de dos mil quince (2015).

19. Finalmente, explicó que el reconocimiento de las sumas ordenadas procede
siempre que, en las respectivas anualidades, no se supere el tope remuneratorio,
es decir, el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes.

1.6. El recurso de apelación7.

20. Por medio del memorial del veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós
(2022), la entidad solicitó revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, negar
las súplicas de la demanda. Para sustentarlo, arguyó, en primer lugar, que, a pesar
de la autonomía administrativa, financiera y presupuestal de la Procuraduría
General de la Nación, no le fueron atribuidas competencias para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los servidores de la entidad, facultades que
ostenta el Gobierno Nacional, al amparo del artículo 150 superior y la Ley 4ª.

21. Mencionó que no es dable atribuirle efectos salariales a la prima especial de

7
Folios 104-108 del expediente físico.

7

Número Interno: 2617-2023
Demandante: Samira de la Natividad Roa Sarmiento
Demandada: Procuraduría General de la Nación

servicios, toda vez que, según lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia
C-681 de 2003, dicho emolumento constituye factor de salario únicamente para
efectos pensionales. En esa línea, aseveró que la bonificación por compensación
del Decreto 610 de 1998 sólo puede computarse para aportes a pensión, quedando
proscrita su inclusión para la reliquidación de prestaciones sociales, consideración
que afincó en el concepto del Departamento Administrativo de Función Pública del
veinte (20) de febrero de dos mil dieciocho (2018)8, y en la sentencia del dieciocho
(18) de julio de ese mismo año, proferida por el Consejo de Estado9.

22. Reiteró que a la señora Roa Sarmiento, quien desempeñó el cargo de
Procurador(a) Judicial II, se le pagó la prima especial y demás acreencias que,
sumadas, igualaron el 80% de los ingresos percibidos por los magistrados de altas
cortes, “es decir, durante el tiempo que laboraron como procuradores judiciales II, recibieron (sic)
ingresos ajustados al porcentaje allí establecido, sin que exista posibilidad jurídica de devengar un
monto en porcentaje superior”. Con ello, sostuvo que, si en gracia de discusión se llegare

a realizar la reliquidación de la bonificación por compensación en los términos
pretendidos, “se encontraría ante un quebrantamiento de las disposiciones que rigen la materia,
ya que los ingresos percibidos en cada año laborado por un procurador judicial II, no pueden superar
el porcentaje de ley, es decir, el 80% de la totalidad de los ingresos del alto magistrado (sic)”.

1.6.1. Apelación adhesiva de la parte demandante10.

23. Con el memorial del cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023), la apoderada
de la demandante promovió apelación adhesiva “en lo que (le) resultó desfavorable”.
Consideró errada la conclusión del A-quo, según la cual las prestaciones sociales
“deben ser reliquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin sumar o restar el 30% equivalente
a la prima especial, toda vez que se insiste en que dicha prestación no tiene carácter salarial ”.

Reprochó la negativa frente a la pretensión “1.3.5”, pues, a su juicio, es claro que las
condenas laborales deben tener efectos pensionales por corresponder a una parte
del salario que no fue sufragado por la entidad empleadora. En adición, reafirmó
que la prestación pretendida goza de carácter salarial, por tratarse de una
remuneración permanente que recibe el trabajador.

24. Censuró, además, la negativa a reconocer los intereses moratorios y a que se

8
Concepto No. 20186000056351.
9
Dentro del Exp. 2107-2015.
10
Índice 00004 del Samai.

8

Número Interno: 2617-2023
Demandante: Samira de la Natividad Roa Sarmiento
Demandada: Procuraduría General de la Nación

condenara en costas a la entidad demandada, por haber sido la parte vencida.
Aunado a ello, manifestó la inconformidad con respecto a la prescripción declarada
frente a las sumas causadas antes del quince (15) de julio de dos mil quince (2015),
para lo cual explicó que “la misma parte demandada renunció a ella expresamente”, cuando
reconoció -en su criterio- que los pagos reclamados estaban supeditados a la
asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda.

1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.

25. Mediante el auto del veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023), se
concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación11. Una vez remitido al
Consejo de Estado, y resueltos los impedimentos manifestados, el despacho
sustanciador, a través del auto del siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026) 12,
avocó conocimiento del asunto, en atención al artículo 116 del CPACA.

26. Más adelante, mediante el auto del treinta y uno (31) de julio del corriente año13,
el despacho ponente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243.3 y 247
del CPACA, modificados en lo pertinente por la Ley 2080 de 2021, admitió los
recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y, al no
haber pruebas por practicar, el proceso ingresó al despacho para fallo, sin concepto
del Ministerio Público, ni pronunciamiento alguno de las partes.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

27. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 14 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse

11
Folio 113 del expediente físico.
12
Índice 00036 del Samai.
13
Índice 00042 del Samai.
14
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”

9

Número Interno: 2617-2023
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Demandada: Procuraduría General de la Nación

solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

28. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:

(i) ¿La señora Samira de la Natividad Roa Sarmiento tiene derecho al
reconocimiento y pago de las sumas reclamadas por concepto de la
bonificación por compensación, prevista en el Decreto 610 de 1998, en
los términos ordenados por el A-quo?
(ii) ¿El juez de primera instancia incurrió en un error al no atribuirle carácter
salarial a la bonificación por compensación, y que el referido emolumento
solo puede computarse para efectos pensionales?
(iii) De acuerdo con los reparos esgrimidos por la entidad demandada,
¿resultaba procedente la orden emanada del Tribunal, teniendo en cuenta
que a la demandante -según se sostuvo- se la pagaron las acreencias
reclamadas que, sumadas, igualaron el 80% de los ingresos percibidos
por los magistrados de las altas cortes?
(iv) En los términos de la apelación adhesiva, ¿el Tribunal se equivocó al no
ordenar la reliquidación de las prestaciones en debida forma, al no
pronunciarse sobre los efectos pensionales de la prestación reclamada, y
al omitir el reconocimiento del interés moratorio y la condena en costas?
(v) ¿Las sumas pretendidas por la parte actora se encuentran afectadas por
el fenómeno prescriptivo?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Alcance de la competencia del Gobierno Nacional para regular el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

29. El artículo 150 de la Constitución Política de Colombia señala que, le
corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas,
ejercer distintas funciones, entre las que se destaca la relacionada en el numeral
19, literal e), ibidem, del siguiente tenor: “dictar las normas generales, y señalar en ellas los
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos (…) e) fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y la Fuerza Pública.” Este esquema se materializa a través de las denominadas leyes

marco, en virtud de las cuales se le reserva al Congreso de la República la

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Demandada: Procuraduría General de la Nación

determinación de la política general, y al Ejecutivo, por su parte, la regulación
particular de la materia, así como su aplicación concreta -vía decreto-15.

30. Al respecto, se ha dicho que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades
derivadas del artículo 150.19 Constitucional (distintas a la prerrogativa prevista en
el artículo 189.11 superior), y con observancia de los criterios definidos por el
legislador en la ley marco, asume una potestad reglamentaria especial 16 , con
arreglo a la cual regula una materia, al amparo de un amplio margen de decisión,
restringido por los principios, parámetros y directrices generales que impone el
legislador17. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que, entre la
potestad reglamentaria del ejecutivo, y la extensión de la ley habilitante, existe una
relación inversamente proporcional, puesto que “ante menos cantidad de materia regulada
en la ley, existe un mayor campo de acción para el ejercicio de la potestad reglamentaria” 18.

31. Este tránsito hacia un modelo de competencia compartida condujo al fenómeno
jurídico de la “deslegalización”. Bajo la vigencia de la reforma constitucional de 1968,
materias como las escalas de remuneración eran de reserva legal estricta. Sin
embargo, con la Carta de 1991, estos asuntos pasaron a la órbita administrativa
regulada por el ejecutivo19. Como se explica en la sentencia C-402 de 2013, esta
potestad regulatoria habilita al Gobierno Nacional para subrogar o sustituir
legislación anterior con fuerza de ley, incluso la expedida con anterioridad a 1991,
siempre que se someta a los criterios definidos en la ley marco correspondiente.
Así, los decretos expedidos por el Gobierno en desarrollo de una ley marco, no se
entienden como los decretos reglamentarios ordinarios del artículo 189, numeral 11,
sino actos administrativos de carácter general que cumplen un mandato
constitucional directo de completar la ordenación de la materia20.

32. En concordancia con lo expuesto, la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-027-CE-S2-2022 del doce
(12) de mayo de dos mil veintidós (2022), señaló que, la razón de asimilar esta

15
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-465 de 1992.
16
En este sentido se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 17 de septiembre de 2009,
radicación: 2003-0025, reiterada en la sentencia del 8 de junio de 2016, radicación 11001-03-24 000-2009-00241-00, actor:
Luis Fernando Jaramillo Duque.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación: 11001-03- 25-000 2012-00582 00
(2171-2012) acumulado 11001-03-25-000-2015-00544 00 (1501-2015), demandantes: Anderson Velásquez Santos, Sandra
Mercedes Vargas Florián y Álvaro Rueda Celis.
18
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-432 de 2004.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2011-00167-00 (0580-11) del 19 de febrero de 2018; C.P. César Palomino Cortés.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 25000-23-42-
000-2015-06489-01(0340-20) del 09 de septiembre de 2021; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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dinámica normativa (es decir, la potestad reglamentaria que subyace a la ley) está
radicada en la necesidad de regular ciertas materias, dentro de ellas, el tema
prestacional y salarial de los servidores públicos, de una manera flexible que permita
responder eficiente y rápidamente a situaciones cambiantes, que se podrían ver
amenazadas por la falta de dinamismo que supone el trámite legislativo21.

33. Con el propósito de materializar el mandato contenido en el artículo 150,
numeral 19, literal e), de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley Marco
4ª de 199222, en virtud de la cual, se señalaron los objetivos y criterios que debe
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de
los sujetos contemplados en el artículo 1º ejusdem, a saber, los empleados públicos
de la Rama Ejecutiva del orden nacional, sin distingo del sector, régimen o
denominación; los empleados del Congreso, la Rama Judicial, el Ministerio Público,
la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General
de la República; los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.

34. Conviene precisar que, de acuerdo con los aportes recogidos en la sentencia C-
244 de 2013, la expresión “régimen salarial”, a la que se alude, corresponde al género
que comprende todos los derechos laborales, mientras que el “ salario” es sólo una
especie dentro de aquél. Ello faculta al Gobierno para establecer beneficios o primas
que, aunque incrementen el ingreso disponible del trabajador, no tengan
necesariamente incidencia en la liquidación de todas las prestaciones sociales.

35. Dicha providencia precisó que, el concepto de salario, no implica el
reconocimiento automático que todo pago deba ser considerado base para el
cálculo de prestaciones sociales. Por el contrario, el ordenamiento jurídico permite
la creación de bonos, primas o beneficios que aumenten el ingreso disponible del
trabajador, pero a los cuales se les niegue impacto sobre la carga prestacional23.

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 12 de mayo
de 2022, Rad. No. 05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018).
22
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y
para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2014-00103-00(0209-14) del 30 de septiembre de 2021; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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36. Como se anticipó, el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 definió los objetivos y
criterios que el Gobierno debe tener en cuenta para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los servidores antes mencionados, los cuales corresponden a:

“ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes
objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte
del Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones
predominantes en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las
calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional,
asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la
Organización Electoral (…).”

37. A su turno, el artículo 3º de la Ley Marco de la referencia señaló los elementos
estructurales del sistema salarial de los servidores públicos, esto es, los pilares que
lo integran, al indicar que, “(…) el sistema salarial de los servidores públicos estará integrado
por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se
deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos”.

38. Por otra parte, vale la pena destacar que, en el artículo 10º ibidem, la Ley 4ª de
1992 dispuso que, todo régimen salarial o prestacional que se establezca
contraviniendo las disposiciones contenidas en la misma, o en los decretos que dicte
el Gobierno, “carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos ”. Este precepto
reafirma la competencia concurrente entre el legislador y el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, en el
entendido que, mientras el Congreso de la República define los objetivos y criterios
generales, el Gobierno regula los aspectos específicos, sin que, a través de dicha
facultad reglamentaria especial, le esté permitido desconocer derechos adquiridos,
desmejorar los salarios y prestaciones sociales, soslayar la carrera administrativa,
o inobservar la política macroeconómica y fiscal del país.

2.3.2. De la bonificación por compensación.

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39. El 26 de marzo de 1998, en uso de la facultad otorgada por la Ley 4ª de 1992,
el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 199824, a través del cual creó la
bonificación por compensación a favor de los magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior
Militar; a los magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados auxiliares del
Consejo de Estado; a los fiscales y jefes de unidad ante Tribunal Nacional; a los
fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante el Tribunal del Distrito Judicial,
y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal del respectivo Distrito25.

40. La norma estableció que la citada bonificación se debía pagar de forma
permanente y mensualmente a partir del 1º de enero de 1999, la cual tendría
carácter salarial solo para efectos pensionales, en los mismos términos de la prima
especial de servicios de los magistrados de las altas cortes. Adicionalmente, se
estableció que aquélla, sumada a la prima especial de servicios y a los demás
ingresos laborales actuales, debía corresponder, para el año 1999, al sesenta por
ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte
Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; sin embargo, se precisó que,
el citado porcentaje tendría un incremento gradual, por lo que, para el año 2000,
correspondería al setenta por ciento (70%) y, para el año 2001 y sucesivos, sería
del ochenta por ciento (80%).

41. El Decreto 610 de 1998 en cita fue derogado por medio del Decreto 2668 de
1998, situación que derivó en que, anualmente, se dictaran una serie de decretos
que regularon la bonificación por compensación de los magistrados de tribunales y
otros funcionarios, entre ellos, los Decretos 664 del 13 de abril de 1999, derogado
por el Decreto 2738 del 27 de diciembre de 2000, a su vez derogado por el Decreto
1476 del 19 de julio de 2001, luego derogado por el Decreto 2726 del 17 de
diciembre de 2001, el cual fue derogado por el Decreto 663 del 10 de abril de 2002,
y éste ,a su turno, derogado por el Decreto 3570 del 11 de diciembre de 2003, que
finalmente fue derogado por el Decreto 4040 de 2004.

24
Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual empezó a regir.
25
Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada bonificación los secretarios
Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario Judicial de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

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42. El Decreto 2668 de 1998 fue demandado en ejercicio de la acción de nulidad
ante el Consejo de Estado y declarado nulo mediante la sentencia proferida por la
Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el veinticinco
(25) de septiembre de 2001, dentro del Expediente Nº 395-99, con efectos ex tunc.
Ante ello, el Decreto 610 de 1998 recobró su vigencia y debe entenderse que las
normas posteriores al acto anulado perdieron su fuerza ejecutoria y son inaplicables,
entre ellas, el Decreto 664 de 1999, y los que se expidieron con posterioridad, los
cuales regularon la bonificación por compensación de los magistrados de tribunales,
asumiendo que el Decreto 610 de 1998 había desaparecido del orden jurídico.

43. Luego, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4040 de 2004 que creó la
bonificación de gestión judicial a favor de los mismos funcionarios que eran
beneficiarios de la bonificación por compensación. En el referido Decreto se indicó
que la bonificación creada, sumada a la asignación básica y demás ingresos
laborales, no podía superar el setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto
devenguen los magistrados de las altas cortes. En adición, se precisó que, aquella
sería incompatible con la bonificación por compensación. Asimismo, se señaló que
los mencionados funcionarios podían cobijarse por la bonificación de gestión
judicial, siempre y cuando cumplieran con alguna de las siguientes situaciones:

«a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por
Compensación y desistan de sus pretensiones, renunciando expresamente a la posibilidad
de iniciar nuevamente acciones, en los términos del artículo 342 del Código de
Procedimiento Civil;

b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para
precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».

44. Para acogerse a dicho régimen, los funcionarios interesados debían manifestar
por escrito su intención ante la entidad empleadora, antes del treinta y uno (31) de
diciembre de 2004. El Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, mediante la sentencia proferida por la Sala de Conjueces
el catorce (14) de diciembre de 2011, dentro del Expediente No. 11001-03-25-000-
2005-00244-01, ejecutoriada el veintisiete (27) de enero de 2012. En dicha
providencia, la Sala de Conjueces precisó que, para una misma categoría de
servidores judiciales con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y
requisitos, coexistían dos regímenes vigentes: el Decreto 610 de 1998 que fijaba la
asignación mensual en el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes

15

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y el Decreto 4040 de 2004 que la establecía en el 70%, con lo cual se materializó
un trato diferenciado injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.

45. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles. Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004 y
durante el tiempo en que aquel estuvo vigente, para esos funcionarios hubo una
duplicidad de normas, las cuales otorgaban el derecho al pago de una bonificación.
Esta situación generó diversas acciones judiciales por parte de los beneficiarios de
la prestación, así como dificultades a la hora de determinar la prescripción de los
derechos que, en virtud del Decreto 610 de 1998, surgían para sus beneficiarios.

46. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
sentencia del dieciocho (18) de mayo de 201626 concluyó que, ante la coexistencia
de dos regímenes salariales diferentes, no era posible dar plena aplicación a las
disposiciones del Decreto 3135 de 1968 en materia de prescripción. Aunado a ello,
precisó que la exigibilidad del derecho otorgado por el Decreto 610 de 1998, surgió
a partir de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir,
a partir del 28 de enero de 2012 -día siguiente a la ejecutoria del referido fallo-.

47. Luego, la misma Corporación, también a través de la decisión proferida por la
Sala de Conjueces, esta vez de fecha dos (2) de septiembre de 201927, precisó otra
regla de prescripción, consistente en que, para los casos de las reclamaciones de
la bonificación por compensación, pero causadas entre el 5 de octubre de 2001 y el
2 de diciembre de 2004, no existió dualidad de normas, motivo por el cual durante
el período en mención sí operó el fenómeno prescriptivo, conforme las disposiciones
de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, salvo que la persona lograra
demostrar con pruebas documentales que antes del 3 de diciembre de 2004 se
había interrumpido la prescripción.

26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente
250002325000201000246-02, C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-23-33-
000-2016-00041-02 (2204-2018), C.P. Carmen Anava De Castellanos.

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48. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el
Gobierno expidió el Decreto 1102 de 201228, con el cual retomó el derrotero de la
bonificación por compensación en los términos señalados en su artículo 1º29.

2.4. Hechos probados.

49. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dossier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:

a) Mediante la petición del diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018)30,
tramitada con el Rad. Nº. E-2018-332182, la señora Roa Sarmiento le solicitó a la
Procuraduría General de la Nación “el reconocimiento y pago completo de la remuneración
legalmente asignada al cargo que desempeñe en la PGN y durante todo el lapso que ejercí tales
funciones, esto es, del 10-11-2014 al 28-10-2016, remuneración que de conformidad con lo ya dicho
debe ser igual al 80% de los ingresos laborales que por todo concepto percibieron durante ese tiempo
los magistrados titulares de las altas cortes, efectuando la liquidación de la prima especial de
servicios que estos devengan con base en los ingresos totales anuales de carácter permanente que
devengan los congresistas”. Como consecuencia de lo anterior, solicitó además la

reliquidación de las prestaciones sociales, el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria y la actualización o ajuste en valor de las sumas reclamadas.

b) En virtud de la certificación Nº. 0426 expedida el dos (2) de agosto de dos mil
dieciocho (2018), la división de gestión humana de la Procuraduría General de la
Nación hizo constar que la señora Samira de la Natividad Roa Sarmiento estuvo
vinculada a la entidad, en calidad de procuradora judicial II, entre el diez (10) de
noviembre de dos mil catorce (2014) y el seis (6) de octubre de dos mil dieciséis
(2016), tiempo durante el cual devengó los siguientes conceptos:

28
«Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios»
29
ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que vienen percibiendo con carácter
permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior
Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos
Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte
Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios vinculados a la Procuraduría
General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los
Magistrados del Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos
laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por
Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema
General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.
30
Folios 14-18 del expediente físico.

17

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c) La división de gestión humana de la Procuraduría General de la Nación expidió
copia de la liquidación de cesantías para los años 2014, 2015 y 2016, junto con la
respectiva certificación de pagos31. En la certificación del veintiséis (26) de julio d
de dos mil dieciocho (2018), se relacionaron los valores por concepto de cesantías:

d) Mediante el Oficio SG Nº. 006182 del diez (10) de agosto de dos mil dieciocho
(2018)32, la secretaría general de la Procuraduría General de la Nación negó lo
solicitado por la señora Roa Sarmiento, en los términos que se pasan a consignar:

“En este punto se considera pertinente aclarar la confusión generada en la reclamación, al
referirse indistintamente a la prima especial establecida en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992
y a la bonificación por compensación determinada en el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012,
por lo que debe indicarse que la bonificación por compensación equivale al valor que

31
Folios 20 y siguientes del expediente físico.
32
Folios 27-29 del expediente físico.

18

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"sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento
(80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la
Judicatura..." (Negrillas fuera de texto), motivo por el cual para realizar la liquidación de la
bonificación por compensación, se toman todos los ingresos anuales tanto del Alto
Magistrado como del Procurador Judicial II, incluyendo la prestaciones sociales, de modo
que en este caso el porcentaje citado corresponde al monto máximo justificado en la ley para
el nivel de ingresos de los Procuradores Judiciales Il, que es precisamente el que la Entidad
le ha venido pagando a su mandante en debida forma.

En cuanto a la Bonificación por Compensación, es preciso indicar que desde el 27 de enero
de 2012, esta prestación se viene reconociendo y pagando a los funcionarios de la
Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente
como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados de los tribunales señalados en la
misma norma, conforme lo establece el Decreto 1102 de 2012. Así las cosas, no es correcto
señalar la aplicabilidad de esta remuneración tomando como sustento el Decreto 610 de
1998. De otra parte, es pertinente aclarar que los fundamentos jurídicos en los cuales basa
su reclamación, específicamente el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, hace referencia a la
Prima Especial de Servicio, prestación que no tiene como destinatarios a los Procuradores
Judiciales l y Il o a los agentes del Ministerio Público delegados ante los tribunales superiores,
razón por la cual de lo expuesto anteriormente, se debe concluir que se incurre en
imprecisiones jurídicas y analíticas al pretender que se le aplique el mencionado artículo 15
de la Ley 4 de 1992.

Dicho lo anterior y previa consulta realizada en el Sistema Integrado Administrativo y
Financiero -SIAF- de la Procuraduría General de la Nación, se evidenció que a la doctora
SAMIRA DE LA NATIVIDAD ROA SARMIENTO, identificada con cédula de ciudadanía No.
51.685.188, le ha sido reconocida, liquidada y pagada esta remuneración de conformidad
con la Ley 332 de 1996 que confirió a la Prima Especial el carácter de prestación salarial,
solo para efectos de la liquidación de pensión de jubilación, cuando indicó en el artículo
primero, que: "(...) La prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4
de 1992, para los funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de
la Nación, con la excepción alli consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo
reconocida la pensión de jubilación aún se encuentren vinculados al servicio harán parte del
ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, para lo
cual se harán las cotizaciones de pensiones establecida por la Ley..

En concordancia con lo expuesto, debe indicarse que desde el 14 de noviembre de 2014 la
Procuraduría General de la Nación ha venido liquidando, reconociendo y pagando la
Asignación Básica, los Gastos de Representación, la Prima Especial (Artículo 14 de la Ley
4 de 1992), así como la Bonificación por Compensación, con fundamento en el Decreto 1102
de 2012 y las certificaciones expedidas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
mediante las cuales se ha informado año a año la relación de ingresos de los Magistrados
de las Altas Cortes, razón por la cual no hay lugar a reconocimiento alguno por conceptos,
diferentes de los ya cancelados a su favor (sic)”.

e) A través del memorial de fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil dieciocho
(2018)33, tramitado con el Rad. Nº. E-2018-395245, la peticionaria interpuso recurso
de reposición contra el Oficio SG Nº. 006182 del diez (10) de agosto de la citada
anualidad, medio de impugnación en el cual aclaró su solicitud, así: “(…) debo
manifestar, respetuosamente y bajo el abrigo de la tolerancia argumentativa propia de la lides del
Derecho, que revisando mi derecho de petición no encuentro de dónde se predica que ella es
confusa, pues (i) una cosa es la prima especial de servicios de los artículos 14 y 15 de la ley 4ª de
1992 y (ii) otra muy distinta los derechos laborales que en mi favor surgen del Decreto 610 de 1998,
que estableció que mi remuneración como Procuradora Judicial II sería igual al 80% de todo lo que
percibieran los Magistrados de Altas Cortes, conceptos a los cuales tengo legal y constitucional

33
Folios 30-32 del expediente físico.

19

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derecho, que la entidad no me reconoció injusta e ilegalmente ”.

f) Mediante la Resolución Nº. 903 del veintidós (22) de noviembre de dos mil
dieciocho (2018)34, la entidad confirmó en todas sus partes el acto primigenio.

2.5. Análisis del caso concreto.

50. En el asunto sub examine, la parte demandante pretende la nulidad del Oficio
SG Nº. 006182 del diez (10) de agosto de dos mil dieciocho (2018), y de la
Resolución Nº. 903 del veintidós (22) de noviembre de la referida anualidad,
mediante los cuales, la Procuraduría General de la Nación negó el reconocimiento
y pago de la remuneración legal correspondiente al cargo de Procurador(a) Judicial
II, equivalente al 80% de lo que por todo concepto devengan los magistrados de
altas cortes, durante el período comprendido entre el diez (10) de noviembre de dos
mil catorce y el veintiocho (28) de octubre de dos mil dieciséis (2016)35.

51. Con base en las pruebas que fueron recaudadas, el Tribunal declaró la nulidad
de los actos enjuiciados y, como consecuencia de lo anterior, ordenó a la Nación –
Rama Judicial (sic) a reconocer y pagar, a favor de la señora Roa Sarmiento, las
diferencias entre lo recibido y lo dejado de percibir, derivadas de la bonificación por
compensación, de conformidad con el Decreto 610 de 1998, incluyendo para su
cómputo la prima de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, sin
que, en ningún caso, la remuneración mensual superara el 80% de lo que por todo
concepto devengan los magistrados de altas cortes. A su turno, declaró la excepción
de prescripción extintiva frente a las sumas causadas con anterioridad al quince (15)
de julio (sic) de dos mil quince (2015). Valga anticipar que, en la parte resolutiva del
fallo apelado, el A-quo nada dispuso sobre la condena en costas.

52. Inconformes con la decisión de primera instancia, tanto la entidad demandada,
como la demandante, apelaron la decisión de primera instancia. Los reparos de la
entidad se circunscribieron a: la ausencia de facultades de la Procuraduría General
de la Nación para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos;
el carácter salarial del que carece la bonificación por compensación, salvo para
efectos pensionales; y la improcedencia de la condena emanada del Tribunal,
teniendo en cuenta que, en criterio de la accionada, a la demandante se le pagaron

34
Folios 30-32 del expediente físico.
35
En criterio de la demandante, este extremo temporal final corresponde a la fecha de retiro efectivo.

20

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los conceptos que, sumados, igualaron el 80% de los ingresos percibidos por los
magistrados de altas cortes. A su turno, en la apelación adhesiva, la demandante
esgrimió los siguientes reparos: el error en el que -en su sentir- incurrió el Tribunal
al ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales, sin sumar ni restar el 30%
correspondiente a la prima especial (sic); el alegado desconocimiento del A-quo
sobre el carácter salarial de la bonificación por compensación respecto de los
aportes pensionales; la omisión del fallador de instancia en declarar el
reconocimiento de los intereses moratorios y condenar en costas a la parte vencida;
y la alegada renuncia a la prescripción, por lo que no operó dicho fenómeno.

53. Vistas así las cosas, la Sala procederá a resolver los motivos de inconformidad
expuestos en la alzada, en el preciso orden que se pasa a proponer:

2.5.1. Sobre el derecho a la bonificación por compensación.

54. Atendiendo a las pruebas incorporadas al plenario, la Sala encuentra acreditado
que la señora Roa Sarmiento estuvo vinculada a la Procuraduría General de la
Nación, en calidad de Procuradora 12 Judicial II para Asuntos Civiles en Bogotá
D.C., grado 3PJ-EC, entre el diez (10) de noviembre de dos mil catorce (2014) y el
seis (6) de octubre de dos mil dieciséis (2016). Durante el periodo de vinculación, a
la demandante le fueron reconocidos los siguientes conceptos, de acuerdo con la
certificación Nº. 0426 expedida el dos (2) de agosto de dos mil dieciocho (2018):

Concepto/Año 2014 2014 2015 2015 2016

Proc. Judicial Proc. Judicial Proc. Judicial
Proc. Judicial II Proc. Judicial II
II II II

01 ene – 28 01 mar – 31
Periodo 10 nov – 30 nov 01 dic – 31 dic 01 ene – 06 oct
feb dic

Sueldo 3.383.514 3.383.514 3.541.186 3.541.183 3.816.336

Gastos Representación 3.383.511 3.383.514 3.541.183 3.541.183 3.816.336

Prima Esp. Servicio 1.856.439 1.856.439 1.942.949 1.942.949 2.093.916

Bonificación por
• 12.212.566 - 12.781.671 13.774.807
Compensación

Total mensual 8.623.464 20.836.030 9.025.318 21.806.989 23.501.392

Concepto 2014 2015 2016

Prima de navidad 536.919 7.461.079 6.607.853

Prima de servicios - 2.065.691 3.919.619

Prima de vacaciones - - -

Bonificación de servicios - 2.478.829 2.426.553

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Indem. Prima vacaciones - - 7.787.447

55. La Sala precisa que, tal y como lo sostuvo la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda de esta Corporación, en la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), la bonificación por compensación para magistrados y cargos
equivalentes no puede superar, en ningún caso, el 80% de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de alta corte, que es igual a lo que por todo
concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías, razón por la cual,
el porcentaje de la referencia se erige como un piso y un techo. Fuerza insistir en
que la reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto a los
magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la respectiva
anualidad, sus ingresos anuales efectivamente percibidos no hayan alcanzado el
tope del 80% de lo devengado por un magistrado de alta corte, incluido en ello las
cesantías de los congresistas. En este caso, debe tenerse en cuenta que, la
reliquidación debe efectuarse únicamente hasta que se alcance el tope del 80%.

56. En este estadio, ha de recordarse que el Decreto 610 de 1998 previó que esta
bonificación, sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales, debía igualar inicialmente al 60% de los ingresos laborales que
por todo concepto percibían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura,
y que incrementó posteriormente al 70% (para el 2000) y al 80% (a partir de 2001).
Por lo anterior, se concluye que la bonificación por compensación comporta la
vigencia misma de los límites legales establecidos por el Gobierno Nacional, por
cuanto debe liquidarse en cuantía exacta del 80% de lo que por todo concepto
percibe un magistrado de alta corte, configurando una garantía de remuneración
porcentual y el techo de la asignación prevista para todos aquellos que la devengan.

57. Ahora bien, debe señalarse que, al amparo del artículo 280 Superior, “los agentes
del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y
prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo ”. La

Corte Constitucional, en las sentencias C-101 de 2013 y C-214 de 2024, puso de
presente que el artículo en cita constituye un verdadero mandato de equiparación
con una estructura de regla que, sin embargo, no debe aplicarse mecánicamente o
de forma aislada. Además, reiteró que los procuradores judiciales grado II son
sujetos a equiparar con los funcionarios judiciales ante los cuales intervienen, a

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saber, los magistrados de tribunal, por lo que emerge con claridad meridiana que,
al igual que tales funcionarios, los procuradores en comento son beneficiarios de la
bonificación por compensación, conclusión que se predica de la ahora demandante.

58. En ese sentido, a la demandante le asiste el derecho al pago de la bonificación
por compensación preceptuada por el Decreto 610 de 1998, motivo por el cual,
prima facie, el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
resulta conforme a derecho, en lo que toca a la existencia misma del derecho.

59. Conviene indicar que, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
610 de 1998, la bonificación por compensación sólo constituye factor salarial para
efectos pensionales, en los mismos términos de la prima especial de servicios de
los magistrados de las altas cortes. Este carácter fue reiterado en el Decreto 1102
de 2012, en cuyo artículo 1º dispuso que: “la bonificación por compensación, pagadera
mensualmente, sólo constituye factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema
General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos
de la Ley 797 de 2003”. Contrario a lo sostenido por la parte actora, el carácter que le

ha otorgado el Gobierno Nacional no desconoce los límites de la Ley 4ª de 1992.

60. Teniendo en cuenta que, por expresa disposición del constituyente primario -y
derivado-, le corresponde al Gobierno fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, con estricta observancia de los objetivos y criterios definidos
por el legislador, se ha entendido que, de dicha competencia, se desprende la
facultad de definir qué emolumentos constituyen factor salarial. En ese sentido se
pronunció la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia del diez (10)
de octubre de dos mil veinticuatro (2024)36, al sostener que, como la competencia
para fijar los regímenes de orden salarial y prestacional, de conformidad con los
artículos 150.19 de la Constitución, y 1º y 12 de la Ley Marco 4ª de 1992, radica en
el Gobierno Nacional, sólo el ejecutivo puede establecer los emolumentos que son
factores salariales. Asimismo, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta
Colegiatura, en la sentencia de unificación del doce (12) de mayo de dos mil
veintidós (2022)37, en punto a la facultad en comento, aseveró:

“De esta manera, comoquiera que el ejecutivo es la autoridad que debe fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos dentro del límite de la ley marco,

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 10 de octubre
de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2017-00873-01 (3802-2022).
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 12 de mayo
de 2022, Rad. No. 05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018).

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está investido de la potestad de configuración para señalar en detalle todos los
elementos propios del régimen, esto es, el conjunto de normas que regulan esta temática
específica, dentro de los cuales habrá algunos de contenido material o sustancial, relativos
a las prestaciones como tal y otros de carácter adjetivo, necesarios para el cumplimiento de
los anteriores, los que la jurisprudencia ha denominado accidentales, dados por elementos
tales como condiciones, términos y modos.

(…) En línea con lo anterior, es forzoso concluir que, si el ejecutivo ha recibido la potestad
de regular las materias de que trata el artículo 150, numeral 19, literal e), con ello debe
entenderse que se involucra esa facultad de definir que ciertos emolumentos no sean
tenidos como factor salarial, para la liquidación de prestaciones sociales, de manera
análoga a como ocurría cuando estaba en cabeza del Legislador y de manera extraordinaria
en el ejecutivo” (Destacado fuera del texto original).

61. Valga anotar que, en la ya citada sentencia del diez (10) de octubre de dos mil
veinticuatro (2024), esta Sala de Subsección precisó que: (i) todas las sumas que
se devengan como contraprestación del servicio son salario, tal y como lo han
definido los convenios de la OIT ratificados por Colombia; (ii) el salario puede estar
integrado por diferentes emolumentos (v.gr. asignación básica, primas de
productividad, bonificaciones, entre otros); (iii) algunos emolumentos tienen el
carácter de factor salarial, esto es, que tienen el efecto de incidir en la liquidación
de prestaciones sociales, por disposición expresa del Gobierno Nacional; y (iv) en
esa línea, se tiene que, aunque todos los factores salariales son emolumentos, no
todos los emolumentos tienen el carácter de factor salarial, en razón a que, al
amparo de la misma competencia del ejecutivo, pueden resultar excluidos.

62. Esta postura fue recientemente reiterada en la sentencia del trece (13) de agosto
de dos mil veintiséis (2026) 38, en la que la Sala de Subsección reafirmó que la
bonificación por compensación no ostenta factor salarial, salvo para efectos
pensionales, y que el hecho de recibirse habitual y periódicamente como
contraprestación del servicio, no conduce a su inclusión automática como factor
para la liquidación de todas las prestaciones sociales, habida cuenta que, “el Gobierno
contaba con la potestad reglamentaria para la determinación de los pagos que sí constituyen factor
salarial para la liquidación de prestaciones sociales y los que no ”. Con base en lo expuesto, no

es de recibo el reparo de la parte actora en la apelación adhesiva, encaminado a
que se declare que la bonificación por compensación goza de carácter salarial.

62.1. Tampoco lo es la censura sobre la prima especial de servicios (prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992) y la reliquidación prestacional con la inclusión de
dicho emolumento como una adición al salario, comoquiera que, en estricto sentido,

38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 13 de agosto
de 2026, Rad. No. 25000-23-42-000-2014-02373-02 (6710-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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la discusión sobre esa prima -como sobresueldo- no fue parte del objeto litigioso, ni
se inscribió en el ámbito decisional del Tribunal, instancia que, en su análisis, hizo
referencia a la prima del artículo 15 de la ley marco en comento.

63. Para la Sala, la inconformidad de la entidad apelante, según la cual, carece de
competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos
y, de suyo, para reconocer cuantías distintas a las determinadas por el Gobierno
Nacional, tampoco está llamada a prosperar. Al respecto, esta Sala39 ha reiterado
que, “la competencia otorgada al Gobierno para la fijación del régimen salarial y prestacional,
alegada por la Procuraduría General de la Nación, no elimina el deber de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa de verificar que dichos actos se ajusten a la Constitución y a la ley; como tampoco la
facultad de inaplicar o anular aquellos que resulten contrarios al ordenamiento Superior, tal como lo
dispone el artículo 4 de la Carta, y lo ha reiterado el Consejo de Estado”.

64. En consecuencia, el reconocimiento de la bonificación por compensación se
circunscribe al marco definido por la jurisprudencia y no constituye una
extralimitación de competencias, ni la creación de un régimen salarial y prestacional
distinto, sino el restablecimiento del derecho frente a la negativa de la entidad de
reconocer y pagar, de forma completa, las diferencias a que tenga derecho la actora.

65. Definida la existencia del derecho, la Sala observa que, mientras la entidad
alega que ha “cancelado” en debida forma las acreencias laborales de la actora, esta
última, por el contrario, reprocha que no se le pagó de manera completa la
remuneración que le correspondía durante el tiempo de vinculación en que ejerció
como procuradora judicial II, sobre la base del 80% de lo que por todo concepto
devengan los magistrados de altas cortes, que es igual a lo que reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Llama la atención que, en el libelo
inicial, la misma demandante reconoció que, en algunos períodos, se le pagó la
bonificación por compensación, mientras que en otros no, así: “ según lo certificó la
misma entidad, en el mes de noviembre de 2014, no le reconoció la bonificación por compensación,
la que sí le pagó en diciembre de 2014; tampoco se la reconoció en los meses de enero y febrero de
2015, la que sí pagó en los restantes (sic) de ese año, pagos que de haber sido efectuados como
era el deber legal, habrían incidido en la liquidación de las prestaciones sociales de mi mandante ”.

66. A partir de las pruebas documentales allegadas, se evidencia que, durante todo
el periodo de vinculación, la entidad demandada pagó el concepto de bonificación

39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 29 de enero
de 2026, radicado25000234200020130094902 (0360-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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por compensación, salvo para el comprendido entre el diez (10) y el treinta (30) de
noviembre de dos mil catorce (2014), y entre el primero (1º) de enero y el veintiocho
(28) de febrero de dos mil quince (2015). Así lo aseveró la demandante y, de igual
manera, así aparece acreditado en el plenario, en donde además se logra
corroborar que, en los periodos de pago, las sumas reconocidas no fueron inferiores
al 80% de lo que por todo concepto devengan los magistrados de altas cortes.

100% (salario Pago mensual a favor de Periodo de pago
Año 80%
congresistas) la demandante

2014 $24.761.544 $19.809.235 $20.836.030 01/12/2014 - 31/12/2014

2015 $25.915.435 $20.732.348 $21.806.989 01/03/2015 – 31/12/2015

2016 $27.929.064 $22.343.251 $23.501.392 01/01/2016 – 06/10/2016

Nota aclaratoria: para la elaboración de la tabla anterior, se consideraron los incrementos frente a la asignación de los
miembros del Congreso de la República, contemplados en los Decretos 620 de 2014 (2,94%), 1739 de 2015 (4,66%) y 1056
de 2016 (7,77%), de acuerdo con lo certificado por la Contraloría General de la República, en desarrollo del artículo 187 de
la Constitución Política y 1º de la Ley 644 de 2001. Para corroborar las cifras, se tomó un salario base (con todos los
conceptos), entre otros, de la exposición de motivos del Proyecto de Acto Legislativo No. 05 de 2021 – Senado (Gaceta del
Congreso 1119 del 30 de agosto de 2021), por el cual se propuso el tope para el salario de los congresistas.

66.1. Huelga decir que, aunque el juez de primer grado ordenó la reliquidación y
pago de la bonificación por compensación, con arreglo a lo establecido en el Decreto
610 de 1998, teniendo en cuenta la incidencia de la prima contemplada en el artículo
15 de la Ley 4ª de 1992, “comoquiera que el cómputo del 80% de lo devengado por los
magistrados de altas cortes incluye las cesantías que dichos funcionarios reciben, lo cual se erige
en la prima especial de servicios”, lo cierto es que, para soportar dicha conclusión no

valoró la certificación de devengados aportada al plenario, ni contrastó tales
conceptos con lo percibido por los magistrados de altas cortes, siendo este un
parámetro de equiparación de obligatoria observancia. Aunado a ello, en el escrito
de demanda, y la apelación adhesiva, la actora no justificó las razones por las
cuales, a su juicio -y de acuerdo con los medios de convicción allegados-, en los
periodos en los que se pagó la bonificación por compensación, no se satisfizo el
mandato de equiparación del 80% antes referido.

67. Aunque está probado que existen periodos en los cuales la entidad demandada
no asumió el pago de la bonificación por compensación, habrá de determinarse si
aquellos no están afectados por el fenómeno jurídico de la prescripción. Sin perjuicio
de lo anterior, la Sala hace hincapié, previo al análisis del fenómeno prescriptivo, en
que, para los periodos en que no se sufragó la bonificación por compensación (del
10/11/2014 al 30/11/2014, y del 01/01/2015 al 28/02/2015) a favor de la actora, a
efectos de alcanzar el 80% de lo que por todo concepto devengan los magistrados

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de altas cortes, se causó el derecho al reconocimiento y pago de las diferencias
derivadas de dicho emolumento. Fuerza iterar que la existencia del derecho no
impide el análisis del término prescriptivo, sino que se erige como un presupuesto
de aquel.

2.5.2. De la prescripción.

68. Para abordar el asunto, debe decirse que, conforme a lo previsto en la sentencia
proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, de fecha dieciocho (18)
de mayo de dos mil dieciséis (2016), la exigibilidad de la bonificación por
compensación surgió a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia que declaró
la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, el veintiocho (28) de enero de dos mil
doce (2012). De allí que el término prescriptivo opere atendiendo a lo previsto en
los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1818 de 1969, con
observancia de la fecha de ejecutoria de la sentencia referida.

69. Posteriormente, la Sala de Conjueces de esta Corporación, en providencia del
dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) 40 , precisó otra regla de
prescripción, esta vez, para las reclamaciones de la bonificación por compensación
causadas entre el cinco (5) de septiembre de dos mil uno (2001) y el dos (2) de
diciembre de dos mil cuatro (2004), indicando que durante este tiempo no hubo
dualidad de normas. Siguiendo ese hilo argumental, sostuvo que, durante este
lapso, sí operó el fenómeno de la prescripción, con sujeción a las disposiciones de
los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, salvo que la persona lograre demostrar
con pruebas documentales que, antes del tres (3) de diciembre de dos mil cuatro
(2004), había interrumpido la prescripción conforme a la ley.

70. En el sub-lite, se itera que la demandante estuvo vinculada a la entidad entre el
diez (10) de noviembre de dos mil catorce (2014) y el seis (6) de octubre de dos mil
dieciséis (2016) y que, con posterioridad, el diecisiete (17) de julio de dos mil
dieciocho (2018)41 promovió la respectiva reclamación ante la entidad. En tal virtud,
en el caso de autos se configuró la prescripción trienal de las sumas reclamadas,
causadas con anterioridad al diecisiete (17) de julio de dos mil quince (2015), salvo
los aportes a pensión, los cuales son irrenunciables e imprescriptibles.

40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-23-33-
000-2016-00041-02 (2204-2018), C.P. Carmen Anava De Castellanos.
41
Folios 14-18 del expediente físico.

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71. Con fundamento en lo expuesto, la Sala modificará el ordinal segundo de la
sentencia apelada, a efectos de precisar que la prescripción cobija las sumas
causadas con anterioridad al diecisiete (17) de julio de dos mil quince (2015), y no
antes del quince (15) de julio del año en cita, como equivocadamente se declaró,
salvo los aportes pensionales, sobre los que se dispondrá lo pertinente en el ordinal
cuarto de la parte resolutiva del fallo impugnado.

72. Por último, la Sala advierte que no prospera el reparo de la parte actora, con
arreglo al cual la entidad renunció a la prescripción por el hecho de haber sostenido
que el pago de los derechos salariales está supeditado a la asignación presupuestal.
Dicha aseveración no enerva el fenómeno prescriptivo, ni releva a la parte actora
de reclamar, dentro del término, los salarios y prestaciones deprecadas.

72.1. Siguiendo esa línea, y en lo que toca a la censura dirigida a que no se
reconocieron los intereses moratorios, lo cierto es que, en criterio de esta Sala,
tampoco prospera dicha solicitud, comoquiera que: (i) no están amparados en una
norma o acto administrativo que reconocieran el derecho pretendido; (ii) si la
obligación principal está afectada por el fenómeno de la prescripción, tampoco
existe base económica exigible respecto de la cual pueda predicarse la mora; y (iii)
con miras a determinar su procedencia, debe existir una obligación cierta y exigible
cuyo cumplimiento se haya retardado, aspecto que en el caso de autos no está
acreditado.

2.5.3. De las decisiones adicionales a adoptar.

73. La Sala modificará el ordinal tercero de la providencia recurrida, con miras a
precisar la declaratoria de nulidad de los actos acusados y, a su turno, modificará el
ordinal cuarto, por las razones a exponer: (i) en primer término, el Tribunal condenó,
a título de restablecimiento del derecho, a la Nación – Rama Judicial, pasando por
alto que dicha entidad no fue demandada -ni vinculada- al proceso, de manera que
se puntualizará que las órdenes a impartir se dirigen, exclusivamente, contra la
Procuraduría General de la Nación; (ii) en segundo lugar, el A-quo ordenó el pago
de las diferencias por concepto de bonificación por compensación, omitiendo que,
para el periodo no afectado por la prescripción, la entidad pagó las sumas
reclamadas, como se acreditó con los elementos de juicio valorados.

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74. Sin perjuicio de lo anterior, al ser el derecho a la seguridad social irrenunciable
e imprescriptible, se modificará el ordinal cuarto en cita, para disponer que la entidad
demandada debe efectuar el pago de los aportes al sistema general de seguridad
social en pensiones, por la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió
devengar la señora Roa Sarmiento por concepto de bonificación por compensación,
durante el tiempo de vinculación de la actora como procurador(a) judicial II en el que
no recibió el emolumento en cita, sin aplicar el fenómeno de la prescripción. Lo
anterior, siempre y cuando las sumas a reconocer no se hayan pagado previamente,
para lo cual se tendrá en cuenta la entrada en vigor el Decreto 1102 de 2012.

75. Finalmente, la parte actora sostuvo: “en cuanto a la no condena en costas a la demanda
(sic), solicito igualmente sea revocada, pues no resulta igualitario que cuando las pretensiones de
los ciudadanos no resultan acogidas sí se les condene en costas a favor de la Nación y, en cambio,
cuando son las excepciones de la Nación las que no prosperan, no se haga lo propio a favor de los
actores”. Revisada la decisión de instancia, encuentra la Sala que, a pesar de haber

señalado en la parte motiva que se negaría la condena en costas “al no advertirse
ninguna conducta reprochable”, el Tribunal no dispuso nada sobre el particular en la parte

resolutiva. No obstante lo anterior, la Sala se abstendrá de condenar en costas en
ambas instancias, al no acreditarse una conducta temeraria o de mala fe de la parte
vencida. Al respecto, la Sala resalta que, al acudir a un juicio de ponderación
subjetiva, respecto de la conducta procesal asumida por las partes y, en especial,
de la entidad, se evidencia que no existieron actuaciones irregulares o dilatorias
que, premeditadamente, buscaran entorpecer u obstaculizar el curso normal de las
distintas etapas del proceso, por lo que no se advierten causadas.

2.6. Conclusiones.

76. De acuerdo con el fundamento expuesto, y de conformidad con las pruebas que
reposan en el plenario, la Sala modificará los ordinales segundo, tercero y cuarto de
la sentencia de primera instancia, en orden a: (i) precisar el periodo cobijado por el
fenómeno prescriptivo, que no opera frente a los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones, dada su naturaleza irrenunciable e imprescriptible; y (ii) aclarar
la entidad destinataria de la orden, así como el alcance del restablecimiento del
derecho, teniendo en cuenta los periodos en los que la demandante percibió la
bonificación por compensación. Asimismo, se abstendrá de condenar en costas en
ambas instancias. En lo demás, se confirmará el fallo apelado por las partes.

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2.7. Condena en costas.

77. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia del
treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), proferida por la Sección
Segunda – Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
la cual, se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad
con las razones expuestas en este proveído, los cuales quedarán así:

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de las sumas causadas
antes del diecisiete (17) de julio de dos mil quince (2015), salvo los aportes a pensión, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos contenidos en el Oficio
SG No. 006182 del diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018) y la Resolución No. 903
del veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), por las razones expuestas.

CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación –
Procuraduría General de la Nación a efectuar el pago de los aportes al sistema general de
seguridad social en pensiones, por la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió
devengar la demandante por concepto de bonificación por compensación, únicamente
durante el tiempo de vinculación de la actora como Procurador(a) Judicial II en el que no
recibió el emolumento en cita, sin aplicar el fenómeno de la prescripción. Lo anterior, siempre
y cuando las sumas a reconocer, que fueron reconocidas, no se hayan pagado por la entidad
previamente, para lo cual se tendrá en cuenta la entrada en vigor el Decreto 1102 de 2012.

La entidad demandada, al momento de dar cumplimiento a la sentencia, verificará que no se
hayan efectuado reconocimientos por los mismos conceptos ordenados en esta decisión.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, teniendo en cuenta
las razones contempladas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Sin condena en costas en ambas instancias.

CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas

30

Número Interno: 2617-2023
Demandante: Samira de la Natividad Roa Sarmiento
Demandada: Procuraduría General de la Nación

las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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