Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00670-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00670-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00670-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
23 de mayo de 2022
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00670-01 (3068-2021)
Demandante: Jorge Yesid Gamba Ruiz
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00670-01 (3068-2021)
Demandante: JORGE YESID GAMBA RUIZ
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
EJÉRCITO NACIONAL
Tema: Reliquidación asignación básica y asignación de retiro
conforme al índice de precios al consumidor.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-096-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Jorge Yesid Gamba Ruiz en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folios 1 a 3):
1. Inaplicar por excepción de inconstitucionalidad los Decretos 62 de 1999,
2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004,
a través de los cuales se fijaron los sueldos básicos para el personal de
oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública, y se dictaron otras
previsiones en materia salarial.
2. Declarar la nulidad del Oficio 20183170644851 MDN-CGFM-COEJC-
SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 del 11 de abril de 2018, expedido
por el oficial de la Sección de Nómina del Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional, por medio del cual se resolvió negativamente una solicitud de
reajuste salarial conforme al IPC mientras estuvo en actividad.
1«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», o CPACA.
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Demandante: Jorge Yesid Gamba Ruiz
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3. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada
reajustar la base de liquidación salarial o sueldo básico del libelista de los
años 1999 a 2004 de conformidad con el índice de precios al consumidor
(IPC) final emitido por el DANE para el año anterior en cada caso, y en
razón de ello, reliquidar todas las primas y prestaciones sujetas a dicha
remuneración.
4. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional al
reconocimiento y pago en forma retroactiva y reajustada de las diferencias
de los sueldos desde el año 1999 y hasta la fecha en que se efectuó su
retiro definitivo del servicio.
5. Ordenar a la parte pasiva a modificar la hoja de servicios del demandante,
en la cual se haga constar la nueva base de liquidación reajustada con el
IPC, y una vez actualizado dicho documento sea remitido a la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares con el fin de que se compute la nueva base
de liquidación en la asignación de retiro y se reliquiden las partidas
computables a partir del nuevo valor.
6. Conminar a la parte demandada a pagar de forma indexada el último
cuatrienio de todos los valores adeudados por salarios y mesadas
pensionales dejadas de pagar.
7. Dar cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos 192 y
subsiguientes del CPACA y condenar en costas y agencias en derecho a
la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.
Supuestos fácticos relevantes (Folios 3 a 8, C1)
1. El señor Jorge Yesid Gamba Ruiz laboró al servicio del Ejército Nacional
durante 20 años, 2 meses y 10 días. Fue retirado del servicio por
llamamiento a calificar servicios por medio de Resolución 5459 del 31 de
julio de 2017.
2. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) le reconoció
asignación de retiro al demandante mediante la Resolución 7345 del 14
de septiembre de 2017, efectiva a partir del 31 de octubre del mismo año
en un porcentaje del 70% de su sueldo básico en actividad.
3. La entidad demandada efectuó el pago e incremento de sus salarios
desde el año 1999 al 2004, así:
REAJUSTE AFECTACIÓN
IPC PARA EL I.P.C. DEL DIFERENCIA POR
GRADO
AÑO DANE MINISTERIO DE CON EL IPC DIFERENCIA
DEFENSA
1999 Subteniente 16.70% 14.91% 1.79% 1.79%
2000 Subteniente 9.23% 9.23% 0.00% No hay afectación
2001 Subteniente 8,75% 5.81% 2,94% 2,94%
2002 Subteniente 7,65% 4.98% 2,67% 2,67%
2003 Subteniente 6,99% 6.19% 0,80% 0,80%
2004 Teniente 6,49% 5.28% 1,21% 1,21%
IPC NO PAGADO 9.41
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4. La base de liquidación salarial para el grado que ostentaba entre los años
1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, se ha visto afectada, toda vez que el
incremento anual decretado para la Fuerza Pública por el Gobierno
Nacional ha sido inferior al IPC certificado por el DANE, y por tanto ha
causado un detrimento en los reajustes anuales de la asignación de retiro,
perjuicio que se ha mantenido en el tiempo.
SOBRE LA AUDIENCIA INICIAL
En el presente proceso no se celebró dicha diligencia, en aplicación del
artículo 13 del Decreto Legislativo 806 de 20202, ello con el fin de correr
traslado para alegar de conclusión y proferir sentencia anticipada por tratarse
de un litigio de pleno derecho sin pruebas pendientes para practicar, según
se advierte en providencia del 20 de julio de 2020 visible a folios 135 anverso
y reverso.
SENTENCIA APELADA
(Folios 142 a 150)
El a quo profirió sentencia escrita el 10 de septiembre de 2020, por medio de
la cual denegó las pretensiones del demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:
El tribunal de primera instancia inicialmente sostuvo que, tal como lo señaló
en Consejo de Estado en sentencia del 23 de febrero de 2011, debe
aplicarse en forma categórica la norma constitucional en aquellos casos en
que sea manifiesta, palmaria y flagrante la oposición entre el texto superior y
la disposición cuya inaplicación se pretende, sin que sea necesaria una
elaboración jurídica que busque demostrar que existe.
Seguidamente, analizó el marco normativo que regula el régimen
prestacional de la Fuerza Pública, con el fin de señalar que la escala gradual
porcentual creada por los respectivos decretos por el Gobierno Nacional para
los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, determinó la asignación
mensual de dicho personal, y si bien, el IPC es una variable económica que
puede ser tenida en cuenta para determinar el aumento anual de los salarios
de los servidores públicos, no es la única fórmula aplicable para ello.
A partir de los medios de prueba allegados al plenario, señaló que la
diferenciación entre el reajuste anual salarial y de asignación de retiro de la
Fuerza Pública para los años 1997 a 2004, se encontraba debidamente
soportada en el ordenamiento superior y en la ley, toda vez que, por una
parte, era potestad del Gobierno Nacional instaurar la estructura y
remuneración de los distintos empleos de la Rama Ejecutiva, como
expresamente lo señaló la Ley 4ª de 1992; y por otra, el reajuste sobre las
asignaciones de retiro entre los años 1997 a 2004 con base en el IPC tuvo
sustento en virtud de la Ley 238 de 1995, por lo que a partir de la entrada en
vigencia del Decreto 4433 de 2004, se retomó el principio de oscilación.
2 «Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la
atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica».
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Bajo tal entendido afirmó que la asignación mensual que le fue reconocida al
demandante en el lapso 1999 a 2004, a través de los Decretos anuales se
encontraba ajustada al principio de legalidad del gasto público, razón por la
cual, la remuneración que percibió fue la que presupuestalmente se
encontraba «soportada», pues de reconocerse una erogación distinta, se
vulneraría la organización y manejo presupuestal de los recursos públicos,
por lo que tampoco había lugar a ordenar la reliquidación de la asignación de
retiro que actualmente percibe el libelista.
Asimismo, planteó que en gracia de discusión si el demandante se encuentra
inconforme con el contenido de los decretos gubernamentales que previeron
los sueldos en actividad para los miembros de la Fuerza Pública en actividad
para los años 1997 a 2004, y considera que vulneran la Constitución Política,
puede ejercer el medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del
CPACA.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte activa de la
presente litis.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 155 a 162)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada para en su lugar
acceder a las pretensiones de la demanda. Para ello, manifestó que se
vulneraron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 2.°, 4.°, 13,
25, 29, 48, 53, 58, 90, 150, 334, 366 y 373 superiores. Sobre el punto,
manifestó que la Corte Constitucional ha sostenido en reiterada
jurisprudencia el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, con
fundamento en el inciso 1.° del artículo 53 de la Constitución Política que
prevé el beneficio a una remuneración mínima, vital y móvil.
De igual forma, indicó que los porcentajes mediante los cuales se incrementó
el salario del libelista fueron inferiores al IPC certificado por el DANE en los
años 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, por tanto, en virtud de los principios de
oscilación y favorabilidad, tiene derecho a que se efectúe el reajuste de los
salarios devengados entre el 1.° de enero de 1999 y el 31 de julio de 2017, y
con base en dicho incremento se realice el envío de la hoja de servicios
modificada a la respectiva Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL),
para que mediante un trámite administrativo interno le reajuste la asignación
de retiro.
En este sentido, solicitó se dé aplicación a la sentencia del 15 de noviembre
de 2012, por medio de la cual el Consejo de Estado examinó el reajuste de
las pensiones y asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública
conforme al Índice de Precios al Consumidor, pues a pesar de que dicha
decisión se analizó para los miembros retirados de las Fuerza Pública, debe
ser atendida en el presente asunto a la luz del principio de analogía, en
consideración al derecho a la igualdad.
Por último, esgrimió que no es procedente la condena en costas en caso de
que la sentencia recurrida sea confirmada, tesis pacífica que ha sido
sostenida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, máxime que dicha
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postura atiende los principios de buena fe y lealtad procesal, esenciales en el
ejercicio de los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y debido proceso.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante (índice 14 SAMAI): reprodujo los argumentos
esgrimidos en el recurso de alzada y señaló que en el sub lite se ha
presentado un error por vía directa en la modalidad de falta de aplicación de
la norma adecuada; porque se debieron incrementar las asignaciones
básicas del señor Jorge Yesid Gamba Ruiz teniendo en cuenta los
porcentajes del IPC ordenados anualmente por el DANE, y no los reajustes
decretados anualmente por el Gobierno Nacional en los años 1999, 2001,
2002, 2003 y 2004; circunstancia que vulnera el principio de favorabilidad.
La entidad demandada (índice 15): sostuvo que el demandante no ha
padecido desequilibrio económico alguno, por cuanto su salario básico
mensual fue incrementado con fundamento en los Decretos expedidos por el
Gobierno Nacional, los cuales gozan de presunción de legalidad, toda vez
que no ha sido desvirtuada ante los jueces competentes.
De igual forma, puntualizó que el ajuste con base en el IPC ha sido
reconocido por la jurisprudencia para el personal retirado de la Fuerza
Pública, que ostentaba asignación de retiro entre los años 1997 y 2004, pero
no procedente para el personal que se encuentre en servicio activo durante
ese mismo lapso, por lo cual peticionó confirmar la sentencia de primera
instancia, en la medida en que la reliquidación deprecada es improcedente,
máxime cuando los incrementos salariales se efectuaron con base en el
principio de oscilación, aplicable a los miembros de la Fuerzas Militares y de
Policía.
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal según
constancia secretarial visible a folio 173 del plenario.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en la respectiva alzada, la cual en el presente caso únicamente
fue formulado por la parte demandante.
Problema jurídico
Con fundamento en los anteriores argumentos, el problema jurídico que se
debe resolver en esta instancia, se resume en la siguiente pregunta:
¿El señor Jorge Yesid Gamba Ruiz tiene derecho a la aplicación del Índice
de Precios al Consumidor (IPC) como mecanismo de reajuste de los salarios
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que percibió en los años 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, al igual que de la
asignación de retiro que actualmente devenga?
Al respecto la Subsección sostendrá como tesis que: no es procedente el
reajuste de los salarios que devengaba el demandante en servicio activo con
fundamento en el IPC, toda vez que los incrementos efectuados a su
asignación básica en las anualidades referidas fueron realizados conforme a
los lineamientos contenidos en los decretos que para el efecto expidió el
Gobierno Nacional, lo cual torna también inviable acceder a la reliquidación
de su asignación de retiro incorporando dichos porcentajes, conforme pasa a
explicarse.
Del régimen salarial del personal de la Fuerza Pública
A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la fijación del régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos, incluidos entre ellos los
integrantes de la Fuerza Pública, no es un asunto privativo de la órbita de
competencia del Congreso de la República, sino que esa atribución es
concurrente entre el Legislador (a través de Leyes Marco) y el Ejecutivo,
conforme lo prevé el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución
Política.
En efecto, la mencionada normativa preceptuó:
«ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas
ejerce las siguientes funciones:
...
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
...
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.».
En virtud de la normativa constitucional y teniendo en cuenta que el derecho
se constituye gradualmente, al legislador le corresponde determinar normas
generales y señalar objetivos y criterios en las materias a que se refiere el
numeral 19 del artículo 150 de la Carta, es decir, en ejercicio de su
competencia precisa el marco dentro del cual deberá actuar el Gobierno
Nacional para los efectos señalados entre los que se encuentra «la fijación del
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos», como ya se anotó.
De esta forma, dado que la Constitución no es un agregado sucesivo de
normas, sino que es un todo armónico que ha de interpretarse conforme a su
unidad ontológica y jurídica, se impone como criterio hermenéutico la
armonización de las distintas disposiciones que la integran. Por ello, lo
preceptuado en el artículo 217 inciso 3.° Superior en cuanto dispone que la
ley determinará entre otros asuntos propios de las Fuerzas Militares lo
atinente a su régimen prestacional, debe armonizarse con lo previsto por el
artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución.
Es decir, corresponde al Congreso de la República determinar los principios
generales objetivos y criterios para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los integrantes de la Fuerza Pública y es competencia del
Presidente de la República con acatamiento a la ley marco que se expida por
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el Legislador, precisar luego el desarrollo de esta en cuanto hace relación al
régimen salarial y prestacional de aquellos servidores públicos.
Siendo ello así, el artículo 217 de la Constitución guarda armonía con lo
codificado por el artículo 150 numeral 19 literal e), en cuanto al régimen
salarial y prestacional de las Fuerzas Militares como integrantes de la Fuerza
Pública. Por tanto, el Gobierno debe sujetarse a la ley marco que se expida
para el efecto.
Bajo dicho entendido, el legislador en ejercicio de su competencia precisa las
normas generales, objetivos y criterios dentro de los cuales deberá actuar el
Gobierno Nacional para los efectos señalados, entre los que se encuentra la
fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, a través
de mentadas leyes marco.
Por su parte, le corresponde al Ejecutivo desarrollar lo regulado por dicha
legislación mediante la expedición de Decretos que por mandato
constitucional deben reglamentar el contenido normativo en materia
prestacional y salarial.
Con fundamento en la facultad antes mencionada, el legislador expidió la Ley
4.ª de 1992, que en su artículo 1.° indicó que el Gobierno Nacional con
sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta, fijará el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama
Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su denominación, régimen jurídico o
sector, de los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el
Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral
y la Contraloría General de la República, de los miembros del Congreso
Nacional, y de la Fuerza Pública.
Por su parte, el artículo 4.° ibidem, consagra que «Con base en los criterios y
objetivos contenidos en el artículo 2º el Gobierno Nacional, dentro de los primeros
diez días del mes de enero de cada año, modificará el sistema salarial
correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1º literal a), b) y d),
aumentando sus remuneraciones. Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar
el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de los mismos
empleados». (La parte resaltada fue declarada inexequible a través de la
sentencia C- 710 de 1999, proferido por la Corte Constitucional).
Conforme a lo anterior, la fijación de las asignaciones básicas, primas,
cesantías, entre otras, se constituye como parte de las atribuciones del
Gobierno Nacional, de manera que es el Ejecutivo quien determina la escala
gradual porcentual, a través de los decretos que cada año fijan los
incrementos de los sueldos básicos del personal en actividad.
De lo planteado se advierte que, las asignaciones básicas del personal de la
Fuerza Pública están sujetas a los decretos que anualmente expide el
Gobierno Nacional, en los que se fijan las pautas para determinar el monto
que devengarán sus miembros anualmente, impidiendo recurrir a una fuente
distinta para realizar el correspondiente incremento salarial, en la medida en
que existe prohibición expresa consagrada en el artículo 10 de la citada Ley
4ª de 1992 e implicaría la modificación de la escala gradual porcentual, con
base en la cual el Gobierno Nacional fija anualmente los sueldos básicos del
personal de las Fuerzas Militares en actividad.
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Con fundamento en lo anterior y conforme lo ha sostenido de manera
pacífica esta jurisdicción3, el reajuste con fundamento en el IPC solamente
procede de las asignaciones de retiro de acuerdo con las Leyes 100 de 1993
y 238 de 1995, no para el sueldo en actividad para el período comprendido
entre 1997 a 2004, pues ello se predica solo para quienes ya contaban
efectivamente con asignación de retiro en ese lapso.
Además, se entiende que el reajuste reconocido conforme al IPC se liquida
hasta la vigencia del Decreto 4433 de 2004, toda vez que tal norma retoma el
principio de oscilación como método de reajuste, esto es, conforme a la
oscilación de las asignaciones del personal en actividad, pues si bien por
mandato supralegal debe garantizarse el mantenimiento del poder adquisitivo
de las pensiones, aquel debe armonizarse con la configuración política que le
asiste al órgano legislativo, en cuanto es a este último a quien le corresponde
evaluar cual método o sistema resulta adecuado para superar las variaciones
y fluctuaciones propias de la economía, conforme los lineamientos
constitucionales, como en su momento ocurrió con la expedición de la Ley
238 de 1995.
Ahora bien, se observa que lo reiterado por el demandante es obtener el
reajuste de su asignación básica y de retiro que le fueron reconocidas por
parte de la entidad demandada a través de los decretos que fijaron los
respectivos aumentos anuales según la escala gradual porcentual, pero
sumándole la variación porcentual que arrojó el índice de precios al
consumidor para los años 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, toda vez que
alega que para tales anualidades su ingreso perdió poder adquisitivo al haber
sido incrementado su salario por debajo del IPC.
Al respecto, se tiene que uno de los propósitos del legislador al expedir la
Ley 4ª de 1992 y ordenar el establecimiento de una escala gradual
porcentual, era el de nivelar la remuneración de los miembros activos y
retirados de la Fuerza Pública, razón por la cual, se creó de manera temporal
la prima de actualización, la que subsistiría mientras se cumpliera tal objetivo
Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 19954.
Nótese que el artículo 15 del Decreto 335 de 19925, expedido por el
Presidente de la República en ejercicio de las facultades del artículo 215 de
la Constitución Política y en Desarrollo del Decreto 333 de 1992 que declaró
el estado de emergencia social, creó con base en el plan quinquenal para las
Fuerzas Militares y de Policía 1992 –1996, aprobado por el Consejo Nacional
de Política Económica y Social, CONPES, para los oficiales y suboficiales
3 Ver entre otras la sentencia Consejo de Estado, Sección Segunda de 19 de abril de 2018,
Radicación número: 25000-23-42-000-2013-01491-01(2388-14) y del 27 de septiembre de
2018. Radicación número: 25000-23-42-000-2012-00845-01(0772-15).
4
«Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares, Oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional y empleados
públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen
bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, y se dictan
otras disposiciones en materia salarial».
5 «Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares, Oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional y empleados
públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen
bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, y se dictan
otras disposiciones en materia salarial».
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pertenecientes a dichas instituciones y que se encontraran en servicios
activo, una prima de actualización, en los porcentajes que allí se indican para
cada grado, liquidada sobre la asignación básica.
Dicha prima, según el parágrafo del mismo artículo, estaría vigente hasta
cuando se previera una escala salarial porcentual única para la Fuerza
Pública, lo que significa que se trató de una prima temporal tendiente a
nivelar la remuneración de estos servidores en forma gradual hasta llegar a
una escala salarial única.
En este orden de ideas, la prima de actualización introdujo una modificación
gradual a las asignaciones de actividad que es computable para el
reconocimiento de la asignación de retiro y pensión, no solo para quienes la
devenguen en servicio activo como lo estipula expresamente el parágrafo del
artículo 15 ya citado, sino también para el personal retirado, ya que por el
sistema de oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones consagrado
en el artículo 1696 del Decreto 1211 de 1990, las variaciones que en todo
tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad se deben reflejar en
las asignaciones y pensiones ya reconocidas.
Visto lo anterior, la Sala precisa que para regular los salarios del personal en
actividad de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional aplica la escala gradual,
razón por la cual, ésta no puede ser modificada por decisión judicial, mientras
que, para calcular las asignaciones de retiro, se basa en el principio de
oscilación, con el fin de mantener el equilibrio entre los incrementos
efectuados al personal activo y los realizados al personal en retiro que
disfruta de una pensión o asignación de retiro.
En efecto, tal y como se expuso en el anterior acápite, el Gobierno Nacional,
con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en la Ley 4ª de
1992, es quien fija el régimen salarial y prestacional de los miembros de la
Fuerza Pública, acatando lo previsto en el artículo 150 de la Constitución
Política.
En este sentido, como lo pretendido por el demandante es que se le reajuste
su asignación básica conforme a la variación porcentual arrojada por el
índice de precios al consumidor para las anualidades mencionadas así como
su asignación de retiro, por considerar que este fue mayor al efectuado
conforme los decretos proferidos por el Gobierno Nacional, resulta
improcedente acceder a ello, toda vez que, al personal en actividad se le
efectúa el reajuste de su salario de conformidad con la escala gradual
porcentual, a la cual se hizo alusión en líneas precedentes.
Ahora, si bien por decisión judicial se ha ordenado el incremento de algunas
asignaciones de retiro con fundamento en el IPC, dicho sustento jurídico no
puede utilizarse para modificar la escala gradual porcentual, en la medida
que los debates son disimiles, puesto que, el reajuste de las asignaciones de
6 «ARTICULO 169. Oscilación de asignación de retiro y pensión. Las asignaciones de retiro y
las pensiones de que trata el presente Decreto se liquidarán tomando en cuenta las
variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada
grado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de este Decreto. En ningún caso
aquellas serán inferiores al salario mínimo legal. Los Oficiales y Suboficiales o sus
beneficiarios, no podrán acogerse a normas que regulen ajustes prestacionales en otros
sectores de la administración pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley».
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Demandante: Jorge Yesid Gamba Ruiz
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retiro en lo que refiere concretamente a los incrementos realizados a los años
1997, 1999, 2001 a 2004 deviene por fuerza de las previsiones del artículo
14 de la Ley 100 de 19937, aplicable a los miembros de la Fuerza Pública, en
virtud de la Ley 238 de 1995, tema que ha sido objeto de numerosos
pronunciamientos de ésta Corporación y que no guarda relación con lo aquí
pretendido por el libelista, que se enmarca al salario devengado en actividad
y su incidencia en la liquidación de su asignación de retiro.
Por lo tanto, frente a lo reclamado por el demandante, es claro que los
reajustes anuales para los miembros activos de la Fuerza Pública recaen en
el Gobierno Nacional quien profiere los decretos correspondientes con
sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en la Ley 4ª de 1992 y
para quien, el IPC no constituye el único indicador o variable económica que
puede ser aplicado para el reajuste de los salarios de los servidores públicos.
En esa medida, la Sala encuentra que inicialmente la Corte Constitucional en
pronunciamiento recogido en la Sentencia C-1433 de 20008, basándose
especialmente en lo atinente al carácter móvil del salario por el artículo 53
Superior y además, en lo regulado por el artículo 4.° de la Ley 4ª de 19929,
afirmó que la equivalencia entre el trabajo y el salario exigía mantener
actualizado el valor de este último, ajustándolo periódicamente en
consonancia con el comportamiento de la inflación, con el fin de contrarrestar
la pérdida de su poder adquisitivo y asegurar que en términos reales
conservara su valor. En este sentido se lee lo siguiente en dicho
pronunciamiento:
«[…] La persona natural que pone a disposición de un empleador su fuerza
laboral, al paso que cumple con una función social, persigue como interés
particular una retribución económica por la prestación del servicio, que no
solamente debe representar el equivalente al valor del trabajo, sino que debe
ser proporcional a la necesidad de asegurar su existencia material y la de su
familia, en condiciones dignas y justas, que serán las que le permitan subsistir
adecuada y decorosamente. Por esta razón, la remuneración debe asegurar un
mínimo vital, como lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corte10 y, además,
ser móvil, de modo que siempre guarde equivalencia con el precio del trabajo.
Esta equivalencia debe ser real y permanente, y conseguirla supone
necesariamente mantener actualizado el valor del salario, ajustándolo
periódicamente en consonancia con el comportamiento de la inflación, con el fin
de contrarrestar la pérdida de su poder adquisitivo, y asegurar que aquél en
términos reales conserve su valor. […]».
7 Así se colige por la comparación entre el incremento porcentual efectuado por el Gobierno
Nacional y la variación del IPC (hecho notario) certificado por el DANE durante los años
1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004.
8 Sentencia que examinó la constitucionalidad de la Ley 547 del 23 de diciembre de 1999,
«por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del 2000», en cuanto
sus disposiciones no contemplaron las apropiaciones para cubrir, durante la vigencia fiscal
de 2000, el aumento que compensara la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de
todos los servidores públicos.
9 Conforme a esta disposición, después de lo decidido mediante la sentencia C-710 de 1999,
el Gobierno Nacional cada año debe modificar el sistema salarial correspondiente a los
servidores públicos nacionales, «aumentando sus remuneraciones».
10 Sentencia SU-995 de 1999.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00670-01 (3068-2021)
Demandante: Jorge Yesid Gamba Ruiz
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Agregó el fallo referido que en la medida que la situación de todos los
trabajadores estaba igualmente afectada por las circunstancias
macroeconómicas, en especial por el fenómeno inflacionario, el reajuste
periódico debía cobijar a todos los servidores públicos y no solamente a un
grupo o grupos dentro de ellos. Y que, en tal virtud, los aumentos salariales
anuales debían corresponder, por lo menos, al monto de la inflación del año
anterior, porque solo de esta manera se cumplía a cabalidad con los
mandatos constitucionales que exigían conservar el poder real de los salarios
de los trabajadores, por cuanto:
«[…] 2.9. Conviene recabar que el proyecto de ley de presupuesto para la
vigencia de 2000 se concibió ajustado a una serie de criterios
macroeconómicos, dentro de los cuales tuvo un peso determinante la necesidad
de restringir los aumentos salariales. Es así como la ley acusada, reconoce dos
franjas de servidores públicos en relación con el incremento, o mejor, con el
ajuste del salario: quienes devengaban hasta dos salarios mínimos mensuales,
que lo recibieron, y los demás que fueron excluidos del beneficio de tal derecho.
Lo anterior implica, sin duda, un tratamiento discriminatorio en perjuicio de un
vasto sector de servidores públicos, bajo el criterio de que la mayoría de los
trabajadores deben hacer un sacrificio como contribución al saneamiento de las
finanzas públicas.
“Dicho tratamiento rompe el principio de igualdad en la medida en que la
situación de todos los trabajadores está igualmente afectada por la situación
económica y, en especial, por el fenómeno inflacionario. Y si el Estado debe
preservar el valor real del salario, como se ha visto, no existe fundamento
razonable para que solamente en relación con determinados servidores se logre
este propósito y en cambio se desatienda con respecto a otros.
“Si, como lo ha expresado la Corte, no es admisible que se congelen los
salarios dejando de hacerse incrementos periódicos que permitan asumir el
deterioro de los ingresos, menos resulta aceptable que se niegue a un gran
sector de trabajadores del Estado el "ajuste" de sus asignaciones para que al
menos conserven su valor real.
[…]
No es argumento suficiente para desconocer el ajuste del salario a los
servidores públicos la situación fiscal del país, pues ésta requiere de un manejo
ajustado a los ordenamientos constitucionales y de éstos surge, con claridad
meridiana, el deber constitucional para el Gobierno de conservar el valor real
del salario, haciendo como lo determine la ley, los ajustes periódicos por
inflación, así como los incrementos adicionales que se justifiquen, atendiendo
los diferentes factores de orden político, social y económico.
[…]
Con arreglo a la jurisprudencia contenida en la sentencia C-815/99, los
aumentos salariales deben corresponder, por lo menos al monto de la inflación
del año anterior, porque sólo de esta manera se cumple a cabalidad con los
mandatos constitucionales que exigen conservar el poder real de los salarios de
los trabajadores. […]».
Sin embargo, tal postura fue ligeramente modificada, habida cuenta de que
en la sentencia C-1064 de 200111 la Corte reiteró que el principio recogido en
el inciso 1.° del artículo 53 Superior, relativo al derecho del trabajador a
11MM.PP Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño. Salvamento de voto de
Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil y Clara Inés Vargas
Hernández. Aclaración de voto de Álvaro Tafur Galvis.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00670-01 (3068-2021)
Demandante: Jorge Yesid Gamba Ruiz
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recibir una «remuneración mínima vital y móvil», debía ser interpretado como un
derecho constitucional de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo
real del salario, conclusión a la que se llegó a partir de una interpretación
sistemática de la Carta y también de los tratados y convenios internaciones
de protección al salario, y en ese punto precisó que el derecho constitucional
a mantener el poder adquisitivo real del salario no es un derecho absoluto,
como no lo es ninguno en el Estado de Derecho, por lo cual puede ser
limitado más no desconocido:
«[…] 4.2.2.2. El derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario no es
absoluto. El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo real del
salario no es un derecho absoluto, como no lo es ningún derecho en un Estado
Social y Democrático12. La conceptualización del derecho a mantener el poder
adquisitivo real del salario como derecho limitable es un desarrollo específico de
la doctrina según la cual los derechos, incluso los fundamentales, no son
absolutos, de lo que se deriva la posibilidad de armonizarlos para asegurar en
la práctica su ejercicio efectivo. […]».
Por esa razón, la referida Corporación si bien confirmó las principales
premisas consignadas en la sentencia C-1433 de 2000 sobre el derecho a
mantener el poder adquisitivo del salario, se apartó de las conclusiones a que
había llegado en aquel pronunciamiento, específicamente, en lo relativo a
que las autoridades competentes para fijar los salarios no podían ser
restringirlos mediante reglas inflexibles, como era, contemplar una fórmula
única para la fijación del aumento salarial.
En esa medida, el alto tribunal constitucional, tomó distancia respecto de los
precedentes invocados en los que señaló un aumento salarial a partir de una
fórmula única y específica, v.gr. la indexación con base en la inflación del año
12
Corte Constitucional, Sentencia C-475 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: “Si el
sistema constitucional estuviese compuesto por derechos ilimitados sería necesario admitir
(1) que se trata de derechos que no se oponen entre sí, pues de otra manera sería
imposible predicar que todos ellos gozan de jerarquía superior o de supremacía en relación
con los otros; (2) que todos los poderes del Estado, deben garantizar el alcance pleno de
cada uno de los derechos, en cuyo caso, lo único que podría hacer el poder legislativo, sería
reproducir en una norma legal la disposición constitucional que consagra el derecho
fundamental, para insertarlo de manera explícita en el sistema de derecho legislado. En
efecto, de ser los derechos “absolutos”, el legislador no estaría autorizado para restringirlos
o regularlos en nombre de otros bienes, derechos o intereses constitucionalmente
protegidos. Para que esta última consecuencia pueda cumplirse se requeriría,
necesariamente, que las disposiciones normativas que consagran los “derechos absolutos”
tuviesen un alcance y significado claro y unívoco, de manera tal que constituyeran la
premisa mayor del silogismo lógico deductivo que habría de formular el operador del
derecho.
Sin embargo, el sistema constitucional se compone de una serie de derechos fundamentales
que se confrontan entre sí. Ello, no sólo porque se trata de derechos que han surgido
históricamente como consecuencia de la aparición de valores contrarios, sino porque,
incluso, los que responden a sistemas axiológicos “uniformes” pueden verse enfrentados o
resultar opuestos a objetivos colectivos de la mayor importancia constitucional. Así, para sólo
mencionar algunos ejemplos, el derecho a la libertad de expresión (C.P. art. 20) se
encuentra limitado por el derecho a la honra (C.P. art. 21), al buen nombre y a la intimidad
(C.P. art. 15) y viceversa; el derecho de asociación sindical no se extiende a los miembros
de la fuerza pública (C.P. art. 39); el derecho de huelga se restringe en nombre de los
derechos de los usuarios de los servicios públicos esenciales (C.P. art. 56); el derecho de
petición esta limitado por la reserva de ciertos documentos para proteger intereses
constitucionalmente valiosos (C.P. art. 23 y 74); el derecho al libre desarrollo de la
personalidad se encuentra limitado por “los derechos de los demás y el orden jurídico” (C.P.
art. 16), etc.”
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00670-01 (3068-2021)
Demandante: Jorge Yesid Gamba Ruiz
13
anterior como criterio mínimo al estimar que la orden de aplicar una fórmula
única y específica de indexación salarial para cualquier nivel salarial no es
compatible con la ratio decidendi de las sentencias que constituyen
precedente inmediato y directo del fallo C-1433 de 2000.
Lo anterior deja ver que, si bien el IPC es una variable económica que puede
ser tenida en cuenta para determinar el aumento anual de los salarios de los
servidores públicos, también lo es que, no constituye la única fórmula
aplicable para ello, pues, también lo son el peso de la situación real del país,
las finalidades de la política macroeconómica, la ponderación racional del
gasto público entre otras13.
Se colige entonces en primer orden por parte de esta Sala a partir de lo
analizado que, para las anualidades en que reclama el demandante el ajuste
reconocimiento, reliquidación de su sueldo y prestaciones sociales
incorporando los porcentajes del IPC dejados de incluir, ello per se no
desconoce el ordenamiento constitucional y legal, toda vez que, la Carta
Superior protege el derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo
del salario y que ello conlleva a que cada año éste sea reajustado para todos
los servidores cobijados por la ley anual de presupuesto, pero no
necesariamente, que dicho incremento deba hacerse con aplicación
únicamente de la variación porcentual del IPC del año inmediatamente
anterior.
Aunado a lo anterior, conforme la regla jurisprudencial fijada por la Corte
Constitucional en sentencia C-1433 de 2000, se tiene que no puede el
13 En ese sentido se puede ver la sentencia C-931 de 2004, en la que la Corte Constitucional
estudió una demanda de constitucionalidad contra un apartado que ordenaba congelar los
salarios de los servidores públicos, contenido en la Ley 848 de 2003 que fijaba el
presupuesto de rentas, los recursos de capital y las apropiaciones para la vigencia 2004;
providencia en la que se señaló, que para la determinación de los reajustes anuales de los
salarios de los servidores públicos, se deben tener en cuenta los siguientes criterios: «a.
Existe un derecho constitucional, en cabeza de todos los servidores públicos, a mantener el
poder adquisitivo de sus salarios (artículo 53 y concordantes, CP) y, por ende, a que se
realicen ajustes anuales en proporción igual o superior a la inflación causada en el año
inmediatamente anterior, sin que éste sea el único parámetro que pueda ser tenido en
cuenta. En consecuencia, no puede haber una política permanente del Estado que permita la
disminución del poder adquisitivo del salario.
b. El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario no es un derecho
absoluto. No obstante, no cualquier interés estatal justifica su limitación. Sólo puede ser
limitado para promover el fin constitucionalmente imperioso de preservar la estabilidad
macroeconómica reduciendo el gasto en circunstancias de déficit fiscal y elevado
endeudamiento para no afectar el gasto público social (artículo 350, CP), asegurando así la
efectividad de la solidaridad como principio fundamental del Estado Social de Derecho
(artículo 1, CP), dentro de un contexto económico que justifique la necesidad de la limitación
(artículo 2, CP).
c. El derecho de los servidores públicos que perciban salarios iguales o inferiores a dos (2)
salarios mínimos legales mensuales a mantener el poder adquisitivo de su salario no podrá
ser objeto de limitaciones dado que tales servidores se encuentran en las escalas salariales
bajas definidas por el Congreso de la República a iniciativa del Gobierno. Por lo tanto, estos
servidores deberán recibir el pleno reajuste de sus salarios de conformidad con el nivel de
inflación registrada en el año 2003.
d. Las limitaciones que se impongan al derecho constitucional de los servidores públicos a
mantener el poder adquisitivo del salario sólo puede afectar a aquellos que tengan un salario
superior a los dos (2) salarios mínimos legales mensuales. El derecho de tales servidores
públicos puede ser objeto de limitaciones, es decir, su salario podrá ser objeto de ajustes en
una proporción menor a la de la inflación causada en año 2003, siempre y cuando se dé
cumplimiento a los siguientes parámetros normativos: […].».
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00670-01 (3068-2021)
Demandante: Jorge Yesid Gamba Ruiz
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Gobierno Nacional hacer incrementos inferiores al IPC a quien devengue
hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, condición que no
cumple el libelista en la medida que su salario para las anualidades 1999 a
2004, siempre estuvo por encima dicha cuantía, tal como se obtiene de la
certificación de haberes percibidos por aquel acorde con el Oficio
20183170644851 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10
del 11 de abril de 2018 (folios 36 a 37), de la siguiente manera:
Año SMLMV Equivalente a 2 Salario recibido Encuadra o no
SMLMV por el en la regla
demandante jurisprudencial
1999 $236.460 $472.920 $650.266 No
2000 $260.100 $520.200 $710.286 No
2001 $286.000 $572.000 $751.552 No
2002 $309.000 $618.000 $788.981 No
2003 $332.000 $664.000 $837.818 No
2004 $358.000 $716.000 $998.324 No
El cuadro anterior permite determinar que el demandante durante las
anualidades que refiere en la demanda, esto es, entre 1999, 2001, 2002,
2003 y 2004 devengó salarios por encima o superiores del equivalente a dos
(2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por consiguiente, no lo
cobija la limitación que se impone al derecho constitucional de los servidores
públicos a mantener el poder adquisitivo del salario, habida cuenta de que la
misma tiene como destinatarios aquellos que tengan un salario no superior a
los dos (2) salarios mínimos legales mensuales, de tal manera que, para su
caso al percibir salarios superiores a dicho monto podía ser objeto de
limitación, es decir, su salario podía ser reajustado en una proporción menor
a la de la inflación causada en año inmediatamente anterior. La mencionada
prueba evidencia igualmente que le fueron aplicados los decretos y
porcentajes expedidos anualmente por el Gobierno Nacional.
Es decir, que no hubo una sola de las anualidades reclamadas por el señor
Jorge Yesid Gamba Ruiz en las que el Gobierno Nacional no generara un
incremento al salario percibido en comparación con la del año
inmediatamente anterior, de tal suerte que, al no poseer la condición de
sujeto que mereciera una protección reforzada, su derecho a mantener el
poder adquisitivo real del salario podía ser limitado, siempre y cuando la
limitación fuera razonable, máxime, cuando no se encuentra demostrado que
tales aumentos hubieran vulnerado el principio de progresividad por escalas
salariales, dado que quienes perciben salarios más altos están sujetos a las
mayores limitaciones14.
En ese orden de ideas, para la Sala resulta improcedente acceder a la
pretensión tendiente a la inclusión del IPC de los salarios percibidos por el
demandante en las anualidades 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, toda vez
que los incrementos efectuados a la asignación básica del aquel en los años
referidos fueron realizados conforme a los lineamientos contenidos en los
14Tal como lo sostuvo la Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 25 de noviembre
de 2021, radicado: 18001-23-40-000-2018-00085-01(1090-21).
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00670-01 (3068-2021)
Demandante: Jorge Yesid Gamba Ruiz
15
decretos que para el efecto expidió el Gobierno Nacional y por tanto, los
aumentos deprecados tampoco pueden ser incluidos en la asignación de
retiro que devenga el libelista, como pasa a explicarse.
Reajuste de la asignación de retiro con base en el índice de
precios al consumidor «IPC»
Por otro lado, en cuanto a las asignaciones de retiro se recuerda que, el
método de reajuste tradicionalmente utilizado para liquidar estas
prestaciones de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, lo constituye el principio de oscilación15, según el cual, aquellas
tendrán en cuenta la totalidad de las variaciones que en todo tiempo se
introduzcan a las asignaciones que se devengan en actividad, «con base en
la escala gradual porcentual» decretada por el Gobierno Nacional», esto con
el fin de garantizar la igualdad de remuneración a quienes han cesado en la
prestación de sus servicios.
Sin embargo, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 con la adición de la Ley
238 de 1995 señala como excepciones al sistema integral de seguridad
social las siguientes:
«[…] ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El sistema integral de seguridad social
contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas
militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214
de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la
presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas.
[…]
PARAGRAFO. 4º- Adicionado por el art. 1, Ley 238 de 1995. Las
excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los
beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para
los pensionados de los sectores aquí contemplados […]». (Negrillas del texto
original).
A su vez, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 indica:
«[…] ARTICULO. 14.- Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las
pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente,
en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones,
mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio,
el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de
precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente
anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario
mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el
mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno. […]».
Esta Sección a través de sentencia del 17 de mayo del 2007 16 afirmó sobre
el tema lo siguiente:
«[…] Por consiguiente, no existe la menor duda en el sentido de que bajo los
15 Para el nivel ejecutivo de la Policía Nacional consagrado en el artículo 56 del Decreto
1091 de 1995
16Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia 17
de mayo de 2007, número interno: 8464-2005.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00670-01 (3068-2021)
Demandante: Jorge Yesid Gamba Ruiz
16
mandatos del artículo original 279 de la ley 100 de 1993 los pensionados de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional no eran acreedores del reajuste de
sus pensiones como lo dispone el artículo 14 de aquella, vale decir, teniendo en
cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado
por el DANE para el año inmediatamente anterior, sino como lo disponía el
decreto 1212 de 1990, o sea mediante la oscilación de las asignaciones de los
miembros de la Policía Nacional en actividad.
[…] a partir de la vigencia de la ley 238 de 1995, el grupo de pensionados
de los sectores excluidos de la aplicación de la ley 100 de 1993, sí tienen
derecho a que se les reajuste sus pensiones teniendo en cuenta la
variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el
DANE como lo dispuso el artículo 14 de la última, y a la mesada 14 en los
términos del artículo 142 ibídem. […]» (Negrita fuera del texto original)
El Consejo de Estado ha reiterado la anterior tesis jurisprudencial17 en la cual
se determina que:
1.- Con la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 (26 de diciembre de
1995 fecha de su publicación), las excepciones consagradas en el artículo
279 de la Ley 100 de 1993 presentaron una modificación consistente en que
a los pensionados de los sectores allí contemplados, entre ellos los de las
Fuerzas Militares y Policía Nacional18, en virtud del principio de
favorabilidad19 y conforme a los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993 se
les podía reajustar la asignación de retiro conforme al índice de precios al
consumidor del año inmediatamente anterior certificado por el DANE y la
mesada 14, respectivamente, siempre que el incremento realizado por el
Gobierno Nacional en los decretos anuales de las asignaciones en actividad
de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional sea inferior.
2.- En vigencia de la Ley 238 de 1995 el reajuste por favorabilidad de las
asignaciones de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional conforme al índice de precios al consumidor señalado en el artículo
14 de la Ley 100 de 1993, en cada caso concreto, aplica desde el año de
1996 hasta el 2004, toda vez que a partir del 1.º de enero de 2005 se
implementó nuevamente el principio de oscilación a través de la expedición del
Decreto 4433 de 2004.
3.- El reajuste conforme al IPC incide directamente en la base de la respectiva
prestación pensional y debe servir para la liquidación de los incrementos que
a partir del año 2005 se efectuaran sobre dicha prestación.
Por tanto, en aplicación del anterior marco normativo y jurisprudencial, a la
luz de la presente litis en el expediente se tiene probado lo siguiente:
17 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A sentencia 5 de mayo de 2016, número interno: 1640-2012; ii)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A
sentencia 27 de enero de 2011, número interno: 1479-2009; iii) Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A sentencia 4 de marzo de
2010, número interno: 0479-2009.
18 La Corte Constitucional en la sentencia C-432 de 2004 afirmó que la asignación de retiro
se asimilaba a las pensiones de vejez o de jubilación.
19 Frente a la aplicación del Decreto 1211 de 1990.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00670-01 (3068-2021)
Demandante: Jorge Yesid Gamba Ruiz
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Conforme a la hoja de servicios 3-79895431 del 3 de agosto de 2017
expedida por la Dirección de Personal del Ejército Nacional, se observa
que el señor Jorge Yesid Gamba Ruiz prestó sus servicios por un total de
20 años, 2 meses y 10 días, esto es, entre el 19 de noviembre de 1996 y
el 31 de julio de 2017 (folio 39 anverso y reverso).
En efecto por medio de Resolución 5459 del 31 de julio de 2017, el
Ministerio de Defensa Nacional retiró del servicio activo al demandante
por la causal de llamamiento a calificar servicios (folios 27 a 28).
Posteriormente, a través de Resolución 7345 del 14 de septiembre de
2017, al señor Gamba Ruiz le fue reconocida asignación de retiro efectiva
a partir del 31 de octubre de la mencionada anualidad, ello en cuantía
equivalente al 70% del sueldo de actividad correspondiente a su grado,
con las partidas legalmente computables (folios 29 a 30).
El libelista elevó petición el 21 de marzo de 2018 ante el director de
personal de la entidad demandada, tendiente a la reliquidación y reajuste
de la asignación básica mensual en aplicación del incremento del IPC, a
partir del 1.° de enero de 1999 y hasta el 31 de diciembre de 2004, así
como la modificación y remisión de la hoja de servicios ante Cremil con el
fin de que se prevea el nuevo monto de la primera mesada de la
asignación de retiro (folios 31 a 35).
La anterior solicitud fue resuelta de forma negativa a través del Oficio
20183170644851 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-
1.10 del 11 de abril de 2018, signado por el oficial de Sección de Nómina
del Ejército Nacional (folios 36 a 37), en virtud de los siguientes
argumentos:
«[…] me permito comunicar que no es posible atender de forma favorable su
solicitud por conducto de apoderado de esta dependencia, debido a que la
Sección de Nómina del Ejército presupuesta las partidas incluidas en el
Sistema de Informática del Ministerio de Defensa Nacional, las cuales de
acuerdo al Decreto Anual de Sueldos expedido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública, no contempla el reconocimiento de dicho
incremento bajo los parámetros solicitados en su petición. [...]».
Con base en la referida relación probatoria que antecede, se realizan las
siguientes precisiones para el caso sub examine:
• El reconocimiento de la asignación de retiro del demandante se efectuó
conforme a los artículos 13 del Decreto 4433 de 2004, esto es, con la
asignación básica de un mayor en servicio activo para el año 2017, por lo
que claramente no se habían efectuado incrementos anteriores durante el
período comprendido entre 1999 y 2004, habida cuenta de que aún no se
había consolidado el derecho al pago de esta prestación, es decir, no es
viable predicar el desconocimiento de liquidaciones pensionales con base
en el IPC, toda vez que éstas tampoco se habían causado al momento
del reconocimiento de la respectiva prerrogativa.
• En esa medida, el reajuste de la asignación de retiro de acuerdo con los
artículos 14 y 279 de la Ley 100 de 1993, es decir, con base en el IPC de
los años 1999 a 2004 «en los años en que el incremento sea menor», se
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00670-01 (3068-2021)
Demandante: Jorge Yesid Gamba Ruiz
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aplicó para los pensionados o retirados de las Fuerzas Militares y de
Policía Nacional y no para el personal activo, en la medida que, como se
indicó, a partir del 1.º de enero de 2005 se implementó nuevamente el
principio de oscilación a través de la expedición del Decreto 4433 de 2004.
• Bajo ese entendido, al demandante no le asiste derecho a la reliquidación
de la asignación de retiro conforme al IPC, pues como se analizó en
precedencia, para los años 1999 hasta 2004, el señor Gamba Ruiz se
encontraba en servicio activo en el Ejército Nacional, por lo que no
percibía aún la asignación de retiro, en tanto esta solo fue reconocida a
partir del 31 de octubre de 2017, lo cual implica que los incrementos en
dicha prestación solo podrían verificarse desde el año 2018 cuando
resulta aplicable el Decreto 4433 de 2004 y no la normativa deprecada
por la parte activa.
Por otro lado, se advierte que en el recurso de alzada la parte activa alude
que se vulneró el derecho a la igualdad, en su calidad a miembro de la
Fuerza Pública que se encontraba activo frente a los retirados y a quienes se
les reconoció asignación de retiro para los años 1997 a 2004, lo cual, se
analizará de la siguiente manera:
Derecho a la igualdad
El artículo 13 de la Constitución Política regula dos dimensiones del derecho
a la igualdad: (i) la formal o ante la ley, que se fundamenta en que todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, y por ende deben recibir la
misma protección y trato de las autoridades, y gozar de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna clase de discriminación; y
(ii) la material o de trato, según la cual el Estado debe adoptar medidas
positivas para superar las desigualdades de grupos que históricamente han
sido discriminados, y de aquellas personas que se encuentran en una
situación de debilidad manifiesta20.
Con el objetivo de determinar cuándo existe una vulneración del derecho a la
igualdad, bien sea en su modalidad formal o material, es necesario precisar
si ante situaciones iguales se otorga un trato diferente, sin justificación
alguna, o por el contrario, si a personas o circunstancias distintas se les
brinda un trato igual.
Para el efecto, la jurisprudencia constitucional21 ha diseñado el test integrado
de igualdad, compuesto por tres etapas de análisis a saber: (i) determinación
de los criterios de comparación, esto es, si se trata de sujetos de la misma
naturaleza, (ii) definir si existe un trato desigual entre iguales o igual entre
desiguales y, (iii) concluir si la diferencia de trato está justificada
constitucionalmente.
Igualmente, la Corte Constitucional ha precisado que el derecho a la igualdad
es un mandato complejo, bajo los siguientes términos:
20 Corte Constitucional. Sentencia T-629 del 13 de agosto de 2010. Referencia: expediente
T-2384611.
21 ibidem.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00670-01 (3068-2021)
Demandante: Jorge Yesid Gamba Ruiz
19
«[…] De acuerdo con el artículo 13 Superior, comporta un conjunto de
mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i)
la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y
abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la
República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de
discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no
solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como
prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional de los derechos
humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de
igualdad material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para
asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas
desiguales. [...]»22
De conformidad con lo anterior, para determinar si el presente asunto
constituye un caso de vulneración del derecho a la igualdad, lo primero que
se debe estudiar es si el demandante se encuentra en una situación igual a
la de los pensionados ya descritos; escenario que no se presenta en el sub
examine, por lo siguiente:
Las decisiones judiciales respecto de los oficiales retirados antes del año
2004, en las cuales se reajustaron las asignaciones de retiro con base en
el IPC correspondiente a los años 1997 a 2004, se fundamentaron en que
la entidad pagadora en algunos de esos años incrementó la mesada
pensional en un porcentaje inferior al IPC, es decir, no hace alusión al
personal activo de la institución.
El demandante detenta una situación fáctica diferente a los demás
retirados que refiere, pues ellos obtuvieron el reconocimiento de su
asignación de retiro antes del año 2004, y el libelista en el año 2017.
La base de liquidación es una sola y su cálculo se realiza al instante en
que se reconoce la prestación según el salario que percibía al momento
del retiro. Una vez reconocida la asignación de retiro, esta es
incrementada cada año en un porcentaje igual a la del personal en
actividad para cada grado.
En efecto, el monto de la asignación de retiro del señor Jorge Yesid
Gamba Ruiz fue determinado por los valores percibidos al momento de la
culminación de su relación laboral, es decir, lo percibido cuando se
encontraba en el servicio activo y que fue certificado por el Ejército
Nacional. Por lo tanto, la Caja de Retiro de dicha institución castrense, en
el reconocimiento de dicha prestación solo determina el porcentaje y las
partidas computables, sobre las cuales se liquida la misma.
No está acreditado que a otra persona en la misma situación a la que se
encuentra el demandante se le hubiese brindado un trato diferente. Lo
cual supone, a su vez, la imposibilidad de determinar el tertium
comparationis23 que menciona la Corte Constitucional, como una de las
etapas para definir la vulneración alegada.
22 Sentencia C-178 del 6 de marzo de 2014. Referencia: expediente D-9874.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-862 del 3 de septiembre de 2008. Magistrado Ponente:
Marco Gerardo Monroy Cabra. Referencia: expediente D-7166.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00670-01 (3068-2021)
Demandante: Jorge Yesid Gamba Ruiz
20
Por último, no es de recibo para esta Sala la solicitud de la parte demandante
en el sentido de que se declare la excepción de inconstitucionalidad respecto
de los Decretos 62 de 1999, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y
4158 de 2004, toda vez que como se analizó en precedencia, no se observa
una flagrante contradicción entre las mentadas disposiciones y el
ordenamiento Superior.
En conclusión: el señor Gamba Ruiz no tiene derecho al reajuste de los
salarios que devengó entre los años 1999, 2001, 2002 2003 y 2004, con
fundamento en el IPC, toda vez que los incrementos efectuados en su
asignación básica en las anualidades referidas fueron realizados conforme a
los lineamientos contenidos en los decretos que para el efecto expidió el
Gobierno Nacional, lo cual torna también inviable acceder a la reliquidación
de su asignación de retiro incorporando los porcentajes deprecados.
Aunado a lo anterior, la reliquidación de la asignación de retiro con
fundamento en el IPC solamente era válida respecto de las asignaciones de
retiro causadas hasta el año 2004, ello en la medida en que durante dicho
lapso el demandante se encontraba en servicio activo en el Ejército Nacional,
por lo que no percibía aún la mentada prestación, en tanto aquella solo fue
otorgada a partir del 31 de octubre de 2017, lo cual implica que los
incrementos en dicha prestación solo podrían verificarse desde esa
anualidad cuando resulta aplicable el Decreto 4433 de 2004 y no la
normativa deprecada por la parte activa.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone confirmar por las razones expuestas, la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, el 10 de septiembre de 2020 que denegó las
pretensiones de la demanda, toda vez que no prosperan los argumentos del
recurso de apelación formulado por el libelista.
De la condena en costas
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201624, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado
24 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante:
María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero
Bardi.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00670-01 (3068-2021)
Demandante: Jorge Yesid Gamba Ruiz
21
efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa
valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos
últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como
la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm.
1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP25,
previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario
judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda
instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes, contrario a lo solicitado por el libelista en su recurso.
En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que tratándose de costas en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia el juez tiene la
obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los
asuntos en los que se ventile un interés público26.
Por tanto, bajo este hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en
costas al demandante y a favor de la entidad demandada, en la medida que
conforme el numeral 3.º del artículo 365 del CGP, el primero resultó vencido
en segunda instancia y la parte pasiva intervino en el trámite de la apelación
surtido ante esta Corporación conforme la constancia secretarial visible a
folio 173 del plenario en concordancia con el índice 15 de la plataforma
SAMAI. Las costas serán liquidadas por el a quo acorde con lo regulado en el
artículo 366 ibidem.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 10 de septiembre de 2020 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en
25 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de
manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única
instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas: […]».
26 Regula la norma lo siguiente: «[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […]».
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00670-01 (3068-2021)
Demandante: Jorge Yesid Gamba Ruiz
22
ejercicio del medio de control y restablecimiento del derecho promovió el
señor Jorge Yesid Gamba Ruiz contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional.
Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante
y a favor de la entidad demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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