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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00823-01

Fecha
7 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00823-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 30 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección B), que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Ana Deicy Torres Castellanos contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), conforme a la parte motiva. 2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00823-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

7 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2019-00823-01 (1770-2022)
Demandante : Ana Deicy Torres Castellanos
Demandada : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag)
Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación por aportes
conforme a la Ley 71 de 1988; maestro vinculado con
anterioridad a la Ley 812 de 2003

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante
contra la sentencia de 30 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección B), mediante la
cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 1 a 19). La señora Ana Deicy Torres Castellanos,
mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se
precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución 12280 de 7 de
diciembre de 2018, por medio de la cual la secretaría de educación de Bogotá,
en representación del Fomag, negó la pensión de jubilación por aportes a la
actora.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la parte accionada que «[…] reconozca y pague una pensión de
jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y las primas
recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionado (a), es
decir a partir del 10/12/2014, por haber completado las 1.000 semanas de
aportes y los 55 años de edad, sin exigir el retiro definitivo del cargo, para
proceder a su cancelación, en compatibilidad con el salario en la docencia

Expediente: 25000-23-42-000-2019-00823-01 (1770-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ana Deicy Torres Castellanos contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

oficial» (sic), con los correspondientes ajustes anuales; sufragar intereses
moratorios y dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos
192 y 195 del CPACA. Por último, condenarla en costas.

1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la accionante que nació el 12 de octubre
de 1959, «[…] realizó aportes al antiguo ISS, hoy liquidado, y del cual sus
semanas de cotización se encuentran en COLPENSIONES y cuyos aportes
como semanas de cotización se encuentran en 698 semanas» (sic).

Que «fue vinculada a la docencia oficial en el año 3/1/1984» (sic), activa para
la fecha de presentación de la demanda.

Dice que, «[p]or medio del acto administrativo demandado, se niega […] la
pensión de jubilación por aportes a la edad de 55 años, exigiéndole además
1.300 semanas de cotización, cuando la ley contempla que solo debía exigirse
1.000 semanas de aportes, sin exigir el retiro definitivo del cargo para gozar
de su merecida pensión de jubilación por aportes como lo determina el
contenido de la ley 71 de 1988» (sic).

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por el acto acusado las Leyes 71 de 1988 (artículo 7), 91 de
1989 (numerales 1 y 2 del artículo 15), 60 de 1993 (artículo 6), 115 de 1993
(artículo 115), 100 de 1993 (artículo 279) y 812 de 2003 (artículo 81) y el
Decreto 3752 de 2003 (artículos 1º y 2).

Arguye que «[…] es claro que si el docente se encontraba laborando […] con
anterioridad al 26 de junio del año 2003, estuviera aportando a alguna [caja]
de previsión del sector público o al ISS, es preciso indicar que debe respetársele
el régimen de transición que contiene el art. 81 de [la Ley] 812 de 2003. En
este orden de ideas, […] el reconocimiento se efectuará de conformidad con el
régimen prestacional que ha venido gozando en cada entidad territorial, de
conformidad con las normas vigentes, en este caso el respeto por los aportes
realizados al ISS, donde la permanencia en esta entidad, RESPETA EL
R[É]GIMEN DE TRANSICI[Ó]N establecido en la ley 71 de 1988» (sic).

1.2 Contestaciones de la demanda:

1.2.1 Secretaría de educación de Bogotá (ff. 99 a 109). Por intermedio de
apoderada, se opuso a las súplicas del medio de control, se pronunció en

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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00823-01 (1770-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ana Deicy Torres Castellanos contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

relación con los hechos, en el sentido de que algunos son ciertos, otros carecen
de esa naturaleza y los demás deben probarse; planteó las excepciones
denominadas falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la
obligación y legalidad de los actos acusados; y expresó que «[…] si bien
interviene en la elaboración o proyección del acto administrativo […] es el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio quien aprueba el
mismo y la Fiduprevisora como administradora de esa cuenta especial y a
quien compete el análisis sobre el pago de la liquidación de la pensi[ó]n […].
Por lo que en esta medida la entidad […] no est[á] llamada ni obligada a
responder por lo pretendido en este juicio por la parte demandante» (sic).

1.2.2 La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag guardó
silencio en esta oportunidad procesal.

1.3 La providencia apelada (ff. 192 a 201). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (sección segunda, subsección B), en sentencia de 30 de
noviembre de 2021, negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al
considerar que la demandante «[…] fue vinculada al FONPREMAG con
anterioridad al 26 de junio de 2003 ([…] se estableció que la docente se vinculó
como interina a partir del 31 de mayo de 2001), en consecuencia, a la parte
demandante le es aplicable, en principio, lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de
1985 y 91 de 1989. Ahora bien, como se puede evidenciar del material
probatorio, […] se observa que la parte demandante no cumple con los
requisitos dados en este caso para acceder con las Leyes 91 de 1989 y 33 de
1985, pues no cuenta con los 20 años de servicio […]».

Que, de acuerdo con «[…] los hechos probados, se evidencia que la señora
ANA DEICY TORRES CASTELLANOS cumplió los 55 años de edad el 12 de
octubre de 2014 y al 29 de noviembre de 2019 (última fecha certificada en el
expediente), cuenta con 15 años, 9 meses y 16 días de servicio oficial docente;
ello implica que cumple con uno de los requisitos, esto es, la edad, más [sic] no
así del tiempo de servicio para el reconocimiento de la pensión en los términos
antes dados, esto es, los elementos o valores dispuestos en las Leyes 33 y 62 de
1985».

Concluye que «[…] a la parte demandante no le asiste derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en la forma pretendida, ni
tampoco ha cumplido con los requisitos totales para serle reconocida la
prestación docente, en consecuencia, […] se negarán las pretensiones de la

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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00823-01 (1770-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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demanda, máxime si se tiene en cuenta que no se evidenció que el acto
administrativo demandado vulnerara normas de rango constitucional o legal,
por lo que mantendrá su legalidad […]» (sic).

1.4 El recurso de apelación (ff. 206 a 213). La accionante, por intermedio de
apoderado, interpuso recurso de apelación, toda vez que «[…] laboró por más
de 20 años en entidades públicas y privadas, Y COMO DOCENTE DESDE
ANTES DEL 26 DE JUNIO DE 2003, es así que se fundamenta los vicios del
acto administrativo objeto de censura, pues el derecho pensional de [la]
accionante no debía examinarse conforme a las premisas del régimen de prima
media al cual direcciona la Ley 812 de 2003 […] dado que su ingreso data de
tiempo atrás, de tal suerte que, debía regirse por lo previsto en la Ley 71 de
1988, la cual consagró la pensión de jubilación por aportes, y que para cumplir
con el tiempo de servicios, posibilita computar el tiempo laborado en el sector
privado y el prestado en la docencia oficial, no siendo entonces viable examinar
la pretensión bajo la óptica de la Ley 91 de 1989, que no permite tal sumatoria»
(sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 11 de febrero de
2022 (f. 215) y admitido por esta Corporación a través de auto de 26 de julio
siguiente (f. 219 y vuelto), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA1; pero
en la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem los sujetos procesales
guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación2, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la accionante le asiste derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de
1988; o, por el contrario, carece de razón, pues le son aplicables las Leyes 91

1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
2
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00823-01 (1770-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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de 1989 y 33 de 1985, como lo concluyó el a quo.

3.3 Marco normativo y jurisprudencial. En punto a la resolución del
problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el
correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución
jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

3.3.1 Del régimen pensional docente. Lo primero que ha de anotarse es que la
Ley 100 de 1993 fue expedida con la finalidad, entre otras, de acabar la
diversidad de regímenes pensionales existentes; no obstante, con el objetivo de
evitar menoscabar derechos de personas que se encontraban próximas a ser
pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicios, se previó el régimen de
transición y se establecieron excepciones al sistema integral de seguridad social
como en su artículo 279, que establece:

Excepciones: El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente ley no se aplica a los miembros de (…). Así mismo se
exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a
cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de
bonos pensionales a favor de educadores que se retiren del servicio, de
conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida [...]
(resalta y subraya la Sala).

Por otro lado, a pesar de lo preceptuado por el Estatuto Docente (Decreto ley
2277 de 1979), en el sentido de que los educadores oficiales tienen el carácter
de empleados oficiales de régimen especial, esto únicamente es aplicable en lo
relacionado con las materias que regula el mencionado Estatuto, es decir, que
en lo que remite a la pensión ordinaria de jubilación no ostentan ningún
tratamiento especial, pues aunque son servidores públicos con régimen especial,
en lo atañedero a pensiones no gozan de dicha particularidad.

Por su parte, la Ley 91 de 1989, «Por la cual se crea el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio», distinguió entre el personal docente
nacional, nacionalizado y territorial en los siguientes términos:

Artículo 1º. Para los efectos de la presente ley, los siguientes
términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de
ellos:

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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00823-01 (1770-2022)
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Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento
del Gobierno Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y
los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 43 de 1975.

3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976,
sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la
ley 43 de 1975.

Parágrafo. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se
han cumplido los requisitos para su exigibilidad.
[…]

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con
posterioridad al 1° de enero de 1990, será regido por las siguientes
disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31
de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y
sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido
gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas
vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero
de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales, se
regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos
del orden nacional, decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de
1978 o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas
en esta ley.

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00823-01 (1770-2022)
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total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1. de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir
del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del
salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán
del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional
y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una
mesada pensional.

[…]

De la norma trascrita se infiere que a los docentes vinculados a partir de 1º. de
enero de 1990, nacionales y nacionalizados, se les reconocerá solamente una
pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de pensiones del
sector público nacional; reconocimiento pensional que estuvo regulado por los
artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985; y para aquellos que estuvieron
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 prevé que se mantendrá el régimen
prestacional del que gozan en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes, es decir, que el reconocimiento de la pensión de jubilación
ordinaria a favor de los docentes se rige por la Ley 33 de 1985, norma legal
vigente hasta antes de la expedición de la Ley 91 de 1989.

Luego, la Ley 60 de 1993 dispuso que el régimen prestacional aplicable a los
docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales y las nuevas vinculaciones será el reconocido por
la misma Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ella fijadas serán compatibles
con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones, asimismo, en cuanto a
los docentes territoriales previó su incorporación al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio respetándoles el régimen prestacional
vigente de la respectiva entidad territorial.

Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de
los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen
exceptuados por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de
los docentes nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se consagra un
régimen legal especial; por ende, es del caso dar aplicación a lo establecido por
la citada Ley 33 al encontrarse regulados en forma expresa los docentes
nacionales y nacionalizados.
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00823-01 (1770-2022)
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En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o
discontinuos y lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con
el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio.

Por otro lado, se tiene que el Acto legislativo 1 de 2005, en lo referente al
régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, prescribió que «El régimen
pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados
al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que
se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán
los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo
transitorio 1º).

El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 20033, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen
prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es
el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de
pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá
a la suma de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma distribución que

3
«Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el artículo 8º
de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que le sean contrarias».
Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00823-01 (1770-2022)
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exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de
estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las
cuentas de salud y pensiones.
[…]

Respecto de las anteriores normas, la sección segunda, en sentencia de
unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 2019, expediente 68001-23-33-
000-2015-00569-01 (0935-2017), consejero ponente César Palomino Cortés,
precisó:

37. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01
de 2005, son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a
la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio
educativo oficial de cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de
1985 para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales
vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que
se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional
de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la
edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003, en la mencionada providencia se dijo:

62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando
los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica,
acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se
deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en
el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los
factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público
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oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de
jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo
1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo.

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que
sostenía la Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto
de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de
jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicios.

64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la
liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores
sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”.
Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce
de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base
de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los
factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y
nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990,
de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:

ü Edad: 55 años

ü Tiempo de servicios: 20 años

ü Tasa de remplazo: 75%

ü Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el
período del último año de servicio docente y ii) los factores que
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hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la
Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y
de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

En lo atañedero al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el
mismo fallo se sostuvo:

68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del
régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en
la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con
la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se
unificó para hombres y mujeres en 57 años4. Esto quiere decir, que
para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158
de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del
sistema de pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de
1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

Así las cosas, se concluye que, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del
Acto legislativo 1 de 2005, respecto del régimen pensional de los docentes al
servicio educativo oficial procede distinguir entre la aplicación de dos sistemas
normativos, según las fechas de vinculación del maestro y la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003 (27 de junio), esto es, los conformados por (i) las Leyes
91 de 1989 (letra B del numeral 2 del artículo 15) y 33 de 1985 y (ii) las Leyes
812 de 2003 (artículo 81) y 100 de 1993, las primeras concernientes al régimen
de pensión ordinaria de jubilación de los servidores estatales y las segundas
atinentes al de prima media con prestación definida del sistema integral de
seguridad social.

Por consiguiente, quienes con anterioridad al 27 de junio de 2003 estuviesen

4
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó
el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
11

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vinculados como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán
derecho a adquirir la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al
cumplir 55 años de edad5 y 20 de servicios, en cuantía del 75% de lo cotizado
durante el último año de servicios, con inclusión de los factores previstos en el
artículo 1º. de la Ley 62 del mismo año. Por su parte, los educadores que
ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder a la pensión de vejez
contemplada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el 9 de la
Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización establecido en
esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar el género,
pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y mujeres),
por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores (artículo
21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto 1158 de
19946.

3.3.2 De la pensión de jubilación prevista en la Ley 71 de 1988. En principio,
la aludida Ley 100 de 1993 dispuso que las personas que al momento de entrar
en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994) contaran
con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o
más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios
cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el
régimen anterior al cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de
jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el
régimen anterior.

Sin embargo, el Acto legislativo 1 de 20057, «Por el cual se adiciona el artículo
48 de la Constitución Política», en su artículo 1º (parágrafo transitorio 4º), fijó
un límite temporal al referido sistema, en el sentido de que «[e]l régimen de
transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen
dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto
para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas
al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en

5
A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de 1985, pues en
tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años, para los educadores
territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres y 55 si son hombres, para los
del orden nacional).
6
Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica mensual, b)
gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de antigüedad, ascensional y
de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo dominical o festivo; f) remuneración
por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y g) bonificación por servicios
prestados.
7
El cual entró en vigor el 25 de julio de 2005.
12

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vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho
régimen hasta el año 2014».

En lo que atañe al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de tales personas,
el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa que los
beneficiarios del régimen de transición «[…] que les faltare menos de diez (10)
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE» (se subraya).
Respecto de esta norma, la Corte Constitucional8 precisó:

[…] En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del
Legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 19939, tal
como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes
legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a
quienes tenían una expectativa legítima de pensionarse conforme a
las reglas especiales que serían derogadas. Para estas personas, el
beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una
autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes a
los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de
edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. El
Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a transición,
como se aprecia claramente en el texto del artículo 36… […]

Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de
Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto,
el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para
quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para
pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el
derecho a la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo
el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en
8
Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013.
9
El artículo 36 indica: “ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de
vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año
2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para
los hombres. || La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema
tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres,
o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se
regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. || El ingreso base para liquidar la pensión de vejez
de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho,
será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el
tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE” (negrilla fuera del texto).
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la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la
hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban
más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión,
a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el
inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de
las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de
cotización o servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe
aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley 100, el cual indica:

“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se
entiende por ingreso base para liquidar las pensiones
previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo
el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones
de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por
inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida
laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el
inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema,
siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como
mínimo.”

El precitado derrotero fue acogido por la sala de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado, al estudiar un caso en el que se reclamaba el reajuste de
la pensión de jubilación en virtud de la Ley 33 de 1985, mediante sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-
01 (4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés, en la que se fijaron
las siguientes reglas de interpretación en torno al tema, así:

[…] Sentar como jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el
régimen de transición pensional, lo siguiente:

1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para
aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

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2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión
es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la
pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será
el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice
de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado
los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

Lo anterior, al considerar:

A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe
tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en
el inciso 3 de dicha norma.

86. Como se dijo en párrafos anteriores el régimen de transición
prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos
ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes
para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos y
que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la
pensión.

87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso
de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración,
fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de
unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios
de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para
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garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones;
máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría
varias décadas10.

88. Como toda reforma pensional implica un cambio de las
condiciones para acceder a la pensión, es importante que ese cambio
no resulte traumático o desafortunado para aquellas personas que, si
bien no alcanzaron a consolidar su derecho pensional bajo el régimen
anterior, sí estaban próximos a adquirir tal derecho y venían
cotizando con la confianza legítima que se pensionarían en las
condiciones que los cobijaban.

89. Entonces la razonabilidad de ese cambio legislativo está en poder
conciliar la finalidad que motiva la reforma pensional con la
confianza y la expectativa de los ciudadanos que están próximos a
pensionarse, es decir, garantizar el interés general sin sacrificar del
todo el interés particular. Es importante precisar que un cambio en el
sistema de pensiones necesariamente implica el establecimiento de
requisitos y condiciones, en principio, menos favorables, para
adquirir la pensión, por eso se requiere un periodo de transición que
permita implementar de manera ponderada y equilibrada el nuevo
régimen, concretamente, para aquellas personas que, bajo las
condiciones legales anteriores, podrían adquirir su pensión en un
corto periodo de tiempo.

De acuerdo con la anterior normativa y la jurisprudencia citada, nótese que en
criterio de la Corte Constitucional y la sala de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el
legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas
beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación
que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en
vigor aquella; por ende, en virtud del principio de favorabilidad, la
correspondiente entidad de previsión social, al momento de la liquidación
pensional deberá determinar el ingreso base de liquidación que le fuera más
benéfico al pensionado, en la medida en que la Ley 100 de 1993 permite optar
por (i) el promedio de lo cotizado durante el tiempo que le hiciere falta entre la
entrada en vigor de la Ley 100 (1° de abril de 1994) y la adquisición del estatus
pensional, si fuere inferior a 10 años; (ii) el promedio de lo aportado durante
todo el tiempo, si el monto es superior, actualizado anualmente con el índice de

10
En virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2005, la aplicabilidad del régimen de transición corrió hasta el 31 de
julio de 2010, o, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2014, en el caso que los beneficiarios contaran
con 750 semanas de cotización o su equivalente en tiempo de servicios al momento de la entrada en vigencia
de dicho Acto Legislativo.
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precios al consumidor (IPC); o (iii) el promedio de lo cotizado durante los
últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibidem.

Ahora bien, para efectos de determinar los factores sobre los cuales se debieron
efectuar cotizaciones, cabe anotar que con el Decreto 691 de 1994,
reglamentario de la Ley 100 de 1993, se incorporaron el sistema general de
pensiones a los servidores públicos (i) de la rama ejecutiva del orden nacional,
departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas;
y (ii) del Congreso de la República, de la rama judicial, el Ministerio Público,
la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría
General de la República; en cuyo artículo 6° se estableció el salario mensual
base para calcular las cotizaciones al sistema de tales servidores, modificado
por el Decreto 1158 de 1994, que previó los siguientes factores sobre los que se
debe efectuar aportes: a) asignación básica mensual, b) gastos de
representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e)
remuneración por trabajo dominical o festivo; f) remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y g)
bonificación por servicios prestados.

Por otro lado, en lo pertinente a la normativa que rige los requisitos y tasa de la
pensión de jubilación por aportes a la que alude la presente demanda, la Sala se
remite a lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, que dispuso:

Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados
oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes
sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las
entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden
nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o
distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a
una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de
edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es
mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para
el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas
partes que correspondan a las entidades involucradas.

Conforme a la anterior norma, tendrán derecho a una pensión mensual vitalicia
de jubilación, los empleados oficiales y trabajadores al haber acumulado veinte
(20) años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de
17

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previsión de cualquier orden y en el ISS, cuando cumplan la edad de cincuenta
y cinco (55) años, si es mujer, y sesenta (60), si es hombre.

Cabe anotar que el precitado artículo 7° de la Ley 71 de 1988 fue reglamentado
por el Decreto 2709 de 13 de diciembre de 1994, que preceptúa:

Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se
refiere el artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de
jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al
cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es
mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones
o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales
y en una o varias de las entidades de previsión social del sector
público.

Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por
aportes. La pensión de jubilación por aportes, para los servidores
públicos se hará efectiva una vez se retiren del servicio. Para los
demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de
invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad
profesional, salvo las excepciones previstas en la ley.

Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes.
La pensión de jubilación por aportes es incompatible con las
pensiones de jubilación, invalidez, vejez y retiro por vejez. El
empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya
concurrencia entre ellas.

Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de
jubilación por aportes, se tendrá como entidad de previsión social a
cualquiera de las cajas de previsión social, fondos de previsión, o las
que hagan sus veces del orden nacional, departamental, intendencial,
comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.
[…]

Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto
de la pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del
salario base de liquidación. El valor de la pensión de jubilación por
aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente
ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la
ley.

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En lo que se refiere al monto de la denominada pensión de jubilación por
aportes, el precitado artículo 8° del Decreto 2709 de 1994 lo establece en un
75% del salario base de liquidación, al paso que prevé expresamente que solo
podrá ser devengada por los servidores públicos al acreditar el retiro definitivo
del servicio.

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) De acuerdo con cédula de ciudadanía, la accionante nació el 12 de octubre de
1959 (f. 25).

b) «CERTIFICADO DE INFORMACI[Ó]N LABORAL» emitido por la Policía
Nacional el 11 de julio de 2013, según el cual la demandante prestó sus servicios,
en calidad de agente, entre el 1º de marzo de 1984 y el 23 de septiembre de 1988
(f. 28).

c) «FORMATO [Ú]NICO PARA LA EXPEDICI[Ó]N DE CERTIFICADO DE
HISTORIA LABORAL» de noviembre de 2019, emanado de la secretaría de
educación de Bogotá, que informa que la actora se vinculó, en condición de
docente interina, del 31 de mayo de 2001 al 12 de diciembre de 2003 (con algunos
períodos de interrupción) y fue nombrada en provisionalidad, en tal calidad, desde
el 26 de enero de 2004, activa para el 29 de noviembre de 201911 (ff. 62 a 65).

d) «FORMATO [Ú]NICO PARA LA EXPEDICI[Ó]N DE CERTIFICADO DE
SALARIOS», elaborado el 1º de agosto de 2018 por el precitado ente territorial,
en el que se evidencia que la docente desde el 21 de agosto de 2012 hasta el 17 de
septiembre de 2015 devengó asignación básica, primas de alimentación,
vacaciones, navidad y servicios y «BONIFICACI[Ó]N DECRETO» (sic) [ff. 34 y
35].

e) Reporte de semanas cotizadas de Colpensiones (antes Instituto de Seguros
Sociales) de 19 de enero de 2017, que da cuenta de que la actora acreditó 698,71
semanas cotizadas por ella, como independiente y en diferentes empresas del
sector privado, comprendidas entre el 27 de noviembre de 1975 y el 31 de enero
de 201612 (f. 29).

11
Con tiempos discontinuos.
12
Con algunos períodos de interrupción.
19

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f) Resolución 12280 de 7 de diciembre de 2018, por medio de la cual la
secretaría de educación de Bogotá, en representación del Fomag, negó el
reconocimiento de pensión de jubilación por aportes a la demandante, porque
«[…] se vinculó con la Secretaría de Educación, entrando en vigencia la [Ley
812 de 2003], por lo cual […] se acoge a los derechos pensionales del régimen
de prima media establecido en la ley 100 de 1993 […]. Razón por la cual la
docente no le es aplicable la ley 71 de 1988 […]» (sic) [ff. 36 y 37].

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que la demandante (i)
nació el 12 de octubre de 1959; (ii) prestó sus servicios en condición de agente
de la Policía Nacional desde el 1º de marzo de 1984 hasta el 23 de septiembre de
1988 (4 años, 6 meses y 22 días); y en la secretaría de educación de Bogotá, en
calidad de docente interina del 31 de mayo de 2001 al 12 de diciembre de 200313
(1 año, 10 meses y 5 días) y en provisionalidad, desde el 26 de enero de 2004,
activa para el 29 de noviembre de 201914 (13 años, 3 meses y 24 días); (iii) realizó
aportes pensionales como independiente y en diferentes empresas del sector
privado, entre el 27 de noviembre de 1975 y el 31 de enero de 201615 (698,71
semanas); y (iv) por medio de Resolución 12280 de 7 de diciembre de 2018, el
precitado ente territorial, en representación del Fomag, negó el reconocimiento
de pensión de jubilación por aportes a la demandante, porque «[…] se vinculó
con la Secretaría de Educación, entrando en vigencia la [Ley 812 de 2003], por
lo cual […] se acoge a los derechos pensionales del régimen de prima media
establecido en la ley 100 de 1993 […]. Razón por la cual la docente no le es
aplicable la ley 71 de 1988 […]» (sic).

Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es
que esta Sala es del criterio que, en el caso de los educadores, solo es dable
aplicar la Ley 71 de 1988 (pensión de jubilación por aportes) siempre que el
interesado satisfaga los requisitos preceptuados en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 para ser beneficiario del régimen de transición y haber prestado sus
servicios para la docencia oficial no menos de veinte (20) años16.
13
Con algunos períodos de interrupción.
14
Con tiempos intermitentes.
15
Con algunos lapsos discontinuos.
16
Sentencia de 1° de septiembre de 2022, expediente 25000-23-42-000-2018-00702-01 (3134-2020), de la que
se apartó el suscrito ponente, por cuanto:
«Acerca de este tema, me permito recordar, en primer lugar, que de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º.
del Acto legislativo 1 de 2005, respecto del régimen pensional de los maestros públicos, procede distinguir
entre la aplicación de dos sistemas normativos, según las fechas de vinculación de ellos y la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003 (27 de junio), esto es, los conformados por (i) las Leyes 91 de 1985 (letra B del numeral
2 del artículo 15) y 33 de 1985 o 71 de 1988 (en caso de acumulación de tiempos públicos y privados) y (ii) las
Leyes 812 de 2003 (artículo 81) y 100 de 1993, las primeras concernientes al régimen de pensión ordinaria de
jubilación de los servidores estatales y las segundas atañederas al de prima media con prestación definida del
sistema general de seguridad social.
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00823-01 (1770-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ana Deicy Torres Castellanos contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

De igual modo, cabe aclarar que el estudio de aplicabilidad del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, con posterioridad al 31 de julio de 2010, debe
incorporar no solo la satisfacción de los parámetros allí establecidos, sino
también que el eventual beneficiario tenga derecho a la extensión de tal
prerrogativa en el tiempo, para lo cual comporta requisito sine qua non que
acredite las 750 semanas de cotización o servicio, exigidas en el Acto legislativo
1 de 2005, caso en el que esa prebenda excepcional se mantendrá máximo hasta
el año 2014.

En ese sentido, resulta evidente que, a pesar de que la accionante tenía 35 años
de edad al 30 de junio de 199517, de lo cual inicialmente se puede deducir que
estaba amparada por el régimen de transición contenido en el citado artículo 36
de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que no conserva ese beneficio, habida cuenta
de que para la entrada en vigor del Acto legislativo 1 de 2005 (25 de julio de
esa anualidad) contaba con 684,815 semanas (13 años, 3 meses y 25 días)18.

Así las cosas, se concluye que la actora no es acreedora del beneficio del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, tampoco le
asiste derecho a la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de
1988, como lo pretende.

Ahora bien, de acuerdo con lo anotado en el acápite precedente, aquellos
docentes cuya vinculación sea anterior al 27 de junio de 2003 tendrán derecho
a adquirir la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985. Por su parte,
los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez contemplada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
(modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003).

Por tanto, dado que la actora se vinculó como docente con anterioridad a la Ley
812 de 2003 (31 de mayo de 2001), resultan aplicables a su situación pensional
las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, como lo concluyó el a quo.

Por consiguiente, quienes con anterioridad al 27 de junio de 2003 estuviesen vinculados como profesores
nacionales, nacionalizados y territoriales, tendrán derecho a adquirir la pensión de jubilación de que trata la
Ley 33 de 1985 al cumplir 55 años de edad16 y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988
que la otorga con 60 años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20 o más de cotizaciones continuas
o discontinuas en el ISS (hoy Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de
previsión social del sector público; en ambos casos, con una tasa de reemplazo del 75% y sobre lo aportado
durante la anualidad previa a la desvinculación».
17
Según el artículo 151 (parágrafo) de la Ley 100 de 1993, «El Sistema General de Pensiones para los
servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio
de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental».
18
6 años, 10 meses y 28 días (sector privado); 4 años, 6 meses y 22 días (Policía Nacional) y 1 año, 10 meses
y 5 días (docente).
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00823-01 (1770-2022)
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Ana Deicy Torres Castellanos contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

En atención a lo explicado, procede la Sala a verificar si la accionante satisface
las condiciones preceptuadas en el régimen ordinario de la Ley 33 de 1985, para
tener derecho a la pensión de jubilación en ella contemplada, pues, además de
que es la norma que rige su situación, al hallarse involucradas garantías de linaje
constitucional fundamental (verbi gratia, a la seguridad social), ha de
privilegiarse el principio de iura novit curia19, en virtud del cual al juez le
incumbe aplicar el derecho, pese a que este sea diferente al invocado por las
partes, habida cuenta de que es su deber estudiar el asunto de conformidad con
los hechos y la normativa vigente, por lo que el fallador ha de pronunciarse del
asunto pensional con la normativa que realmente resulta aplicable al caso
concreto.

Al respecto, la Ley 33 de 1985, en cuanto a los requisitos para obtener la pensión
de jubilación, prevé:

Artículo 1º. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20)
años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco
años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se
le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicio.
[…].

Corolario de lo anterior, se observa que la demandante cumplió 55 años el 12
de octubre de 2014, no obstante, para el 29 de noviembre de 2019, última fecha
de la que se tiene conocimiento que se encontraba activa en el servicio, no
colmaba el requisito de los 20 años de labores, exigido en la aludida norma para
obtener la pensión de jubilación, pues acreditó un total de 19 años, 8 meses y
21 días; por consiguiente, a pesar de satisfacer la edad, no alcanzó el tiempo
trabajado al sector oficial, razón por la que en el caso sub judice no es dable
conceder derecho pensional alguno, sin perjuicio de que en la actualidad lo
tenga consolidado, evento en el cual deberá deprecarlo en sede administrativa.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se

19
«Los jueces dan el derecho. Para algunos autores surgió en forma de advertencia, casi diríamos de exabrupto
que un juez, fatigado por la exposición jurídica de un abogado, le dirigiría: Venite ad factum. Iura novit curia;
o lo que es lo mismo: ‘Abogado: pasad a los hechos; la corte conoce el derecho’…». CISNEROS FARÍAS,
Germán. Diccionario de frases y aforismos latinos: Una compilación sencilla de términos jurídicos. México,
primera edición, número 51, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie: estudios jurídicos, Universidad
Nacional Autónoma de México, 2003, p. 55.
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00823-01 (1770-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ana Deicy Torres Castellanos contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 30 de noviembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección B),
que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Ana
Deicy Torres Castellanos contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), conforme
a la parte motiva.

2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Ausente con permiso Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

23

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