Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00847-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00847-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00847-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
24 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00847-01 (4503-2022)
Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otro
Tema: Reajuste de la asignación básica. Aplicación de la sentencia C-
931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional.
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 13 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, Diego Felipe Hernández Cerón solicitó la anulación
de los siguientes actos administrativos:
1.1. Oficio S-2018-068299/ANOPA-GRULI-1.10 del 21 de diciembre de 2018,
por medio de la cual se negó el reajuste de la asignación mensual y
prestaciones sociales «en los meses de enero a diciembre del año 2004,
1
En adelante CPACA.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-00847-01 (4503-2022)
Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
establecidos según el Decreto 4158 de 2004; igualmente [...] el reajuste a la
asignación mensual (Salario) pagada por la entidad a partir del mes de enero del
año 2005 y hasta la fecha de su retiro de la Institución; no teniendo en cuenta en
dicha actuación, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los servidores
públicos, por lo anterior, tomando como ingreso base de liquidación en la escala
gradual porcentual, la Asignación Básica (Sueldo Básico) del Grado de General de
la República Ajustada con el IPC dejado de percibir en el periodo comprendido
entre los años 1992 a 2004» [sic].
1.2. Oficio E-00001-201903925-CASUR Id 403508 del 25 de febrero de 2019,
por medio del cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional negó
la reliquidación de la asignación de retiro.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condenara a la entidad
demandada a:
2.1. Reconocer el incremento «resultado de la diferencia» entre la asignación
mensual pagada por la entidad en 2004, de conformidad con el Decreto 4158 de
2004 y la que correspondía por «ajustes de actualización conforme a la inflación
causada del año 2003 y que afectaron el valor de la asignación básica [...] de un oficial en
el grado de General o Almirante, el cual sirve de referente para establecer de conformidad
con la Escala Gradual Porcentual, el sueldo básico [...]»; igualmente, el reajuste de los
subsidios, primas, compensaciones y prestaciones que son computables como
base de liquidación en la asignación mensual.
2.2. Pagar la diferencia entre el salario pagado por la entidad a partir de enero
de 2005 hasta la fecha de retiro, «conforme a los decretos de salarios expedidos por el
Gobierno Nacional y la que realmente corresponde por ajustes de actualización plena
conforme a la inflación acumulada y causada entre los años 1992 a 2004 y que afectaron
el valor de la asignación básica (sueldo básico) de un oficial en el grado de General o
Almirante [...]», así como de las primas, compensaciones y demás prestaciones que
son factores computables como base de liquidación en la asignación mensual.
2.3. Liquidar el reajuste de salarios y prestaciones sociales desde el año 2004
con los nuevos valores, «además, de los ajustes posteriores a partir del año 2005
teniendo en cuenta, el ajuste que resulte más favorable [...] entre la inflación causada
sobre la asignación básica [...] de un oficial en el grado de General o Almirante del año
inmediatamente anterior y/o decretado por el Gobierno Nacional».
2.4. Corregir, adicionar o modificar la hoja de servicios, en el sentido de
evidenciar el incremento por ajuste de la asignación básica.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00847-01 (4503-2022)
Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
3. Igualmente, el pago (i) del equivalente a 100 SMLMV2 por la «aflicción, frustración
y congoja del perjuicio que ha sufrido, al evidenciar como meras ilusiones o promesas
incumplidas la política económica y social que tenía como finalidad solucionar la
problemática salarial, prestacional y de asignaciones de retiro o pensiones que vienen
afrontando los miembros de la Fuerza Pública»; (ii) de la sanción moratoria prevista en
las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 [artículo 5]; (iii) del equivalente al 25%
sobre el valor total de la sentencia, a título de daño emergente.
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. En la demanda se narraron los siguientes hechos:
4.1. Ingresó a la Policía Nacional y ascendió como oficial en el grado de
subteniente el 1 de noviembre de 1989.
4.2. El 2 de agosto de 2013 fue retirado del servicio en el grado de coronel de la
Policía Nacional.
4.3. En la hoja de servicios 79239730 del 15 de mayo de 2013 se reconocieron los
emolumentos salariales que había reconocido la Policía Nacional. De conformidad
con esta, le fue reconocida la asignación de retiro que está a cargo de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
4.4. El 6 de diciembre de 2018 solicitó a la Policía Nacional y a la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional que se le pagara la diferencia entre la asignación
reconocida desde el 1 de enero de 2004 y las que correspondían por ajustes de
actualización conforme con la inflación causada y acumulada desde 1992 a 2004;
asimismo, el reajuste de la asignación de retiro. No obstante, las peticiones fueron
negadas a través de los actos administrativos acusados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Como normas violadas se citaron los artículos 4, 48, 53, 218, 220, 230 y 373 de
la Constitución Política; 2 y 13 de la Ley 4 de 1992; y 271 de la Ley 1450 de 2011.
En el concepto de violación se argumentó:
6. Mediante la sentencia C-931 de 2004, la Corte Constitucional ordenó al
gobierno nacional y al Congreso de la República realizar el pago de los reajustes
salariales de todos los servidores públicos antes de que expirara la vigencia fiscal
2004 y que, para la vigencia 2005 debía haberse reconocido la actualización plena
del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario. Las entidades
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Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
desconocieron que el artículo 271 de la Ley 1450 de 2011 ordenó establecer una
estrategia para «resolver la litigiosidad en torno a los asuntos relativos a las
asignaciones salariales, a las asignaciones de retiro, al ajuste del IPC y a otras
reclamaciones de personal activo y la reserva de las fuerzas militares y la policía».
7. El mantenimiento del poder adquisitivo de las asignaciones de retiro ha estado
ligado al incremento de las asignaciones en actividad para cada grado, lo cual
operó a partir del 31 de diciembre de 2004 y ha desconocido lo indicado en la
sentencia de constitucionalidad antes referida. Además, el porcentaje de los
sueldos básicos se ha mantenido incólume, «lo cual signific[ó] que no [pudiera]
producirse ningún ajuste que tuviese como finalidad un aumento de dichas
remuneraciones o aun el solo mantenimiento del poder adquisitivo».
8. La asignación básica de un oficial en el grado de general fue el parámetro con
el que se establecieron los sueldos básicos para el personal de oficiales,
suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la fuerza pública; sin
embargo, el gobierno nacional «no fijó la valoración de la asignación básica del oficial
en el grado de General, solo continuó dando aplicación al sueldo básico de dicho grado es
decir al de General o Almirante, de acuerdo con la fórmula que venía aplicando desde el
año 1992, según el artículo 14 del Decreto 921 de ese año», con lo cual se dejó de
establecer el porcentaje indicado para cada grado.
9. Con el Decreto 921 de 1992 se modificó el porcentaje señalado en el Decreto
335 de 1992 y se determinó uno menor, es decir, se disminuyó del 40% al 31%;
entonces, con independencia del porcentaje que se asignaba, debía atenderse
que el sueldo básico de un oficial en el grado de general o almirante correspondía
a la remuneración mensual de los ministros de despacho, por concepto de
asignación básica y gastos de representación.
10. El ajuste del salario no correspondía propiamente a su incremento, en razón a
que, para que exista el segundo, se requería que se revisara y modificara,
«aumentándolo», luego del ajuste por inflación, conforme con los factores reales de
carácter socioeconómico que incidieran en su determinación y, especialmente, en
la necesidad de asegurar el mínimo vital del trabajador.
11. De conformidad con la sentencia antes referida, se debía reconocer la
actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de
todos los servidores públicos, incluidos los integrantes de la Fuerza Pública, lo
cual no podía realizarse si no se actualizaban la asignación básica y los gastos de
representación fijados a los ministros de despacho, de conformidad con el índice
acumulado de inflación.
12. Para el año 2004 se debían «ajustar los valores establecidos por el Gobierno
Nacional en el año 2003 con la correspondiente inflación causada en dicho año (2003); y
[...] a partir del año 2005 se deb[ía] establecer la actualización plena de la asignación
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00847-01 (4503-2022)
Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
básica y los gastos de representación fijados a los Ministros del Despacho de conformidad
con el índice acumulado de inflación causada en los años 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, adicionándole a ello, a partir del año 1997 la
bonificación de compensación aplicándole a partir del año 1998 la respectiva actualización
indicada».
1.2. Contestación de la demanda
13. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en lo siguiente:
13.1. Se realizaron los ajustes salariales de acuerdo con lo decretado anualmente
por el gobierno nacional, el cual era competente para determinar los salarios,
aumentos, asignaciones y asignaciones de retiro de los miembros activos y
retirados de la Fuerza Pública.
13.2. El reajuste de acuerdo con el IPC se estableció por la ley y la jurisprudencia
a favor de los pensionados que hubieran adquirido el derecho antes o durante los
años 1997 a 2004, pero no se puede aplicar la misma regla para los miembros
activos de las instituciones. En consecuencia, como el actor para esas
anualidades estaba en servicio activo, las pretensiones «no pueden prosperar». Es
así porque el reajuste de los sueldos lo fija el gobierno nacional anualmente, con
las facultades otorgadas en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992.
1.3. La sentencia apelada
14. Mediante sentencia proferida el 13 de mayo de 2022, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la parte demandante.
15. Para tal efecto, se detuvo en el marco normativo y jurisprudencial de los
siguientes temas: (i) reajuste de la asignación básica de los miembros de las
fuerzas militares y Policía Nacional; (ii) limitaciones al derecho del reajuste salarial
de los empleados públicos; y (iii) reajuste de la asignación de retiro conforme con
el IPC. A continuación, resolvió el caso concreto con fundamento en lo siguiente:
16. Si bien existe la obligación de reajustar anualmente los salarios a fin de
conservar su poder adquisitivo, ningún precepto dispuso que la actualización
debiera ser realizada conforme con el IPC; además, para tal efecto, debían
tenerse en cuenta, entre otras circunstancias, la situación financiera del país, las
políticas macroeconómicas y la racionalidad del gasto público.
17. La Policía Nacional no tenía la competencia para fijar el reajuste de los
salarios y, de cualquier modo, esa prerrogativa no era absoluta, de conformidad
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00847-01 (4503-2022)
Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
con lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias C-1064 de 2001 y C-
1017 de 2003, de las cuales podía extraer que el incremento no debía ser tasado y
aplicado por igual a todos los servidores públicos o con fundamento en el mismo
parámetro [el IPC].
18. Si bien por orden judicial se ha ordenado el incremento de las asignaciones de
retiro con fundamento en el IPC para los años 1997 a 2004, ello tuvo fundamento
en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, de manera que era improcedente el
reajuste de las asignaciones básicas con sustento en la misma norma.
19. Asimismo, de acuerdo con la subregla jurisprudencial fijada en la sentencia C-
1433 de 2000, «las únicas asignaciones que no [podían] ser incrementadas en un
porcentaje inferior al IPC, [eran] aquellas equivalentes a dos (2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes».
20. El demandante ocupó varios cargos como oficial desde el 1 de noviembre de
1989 hasta el 2 de agosto de 2013 [subteniente y coronel] y en los años 1996 a
2004 devengó una asignación básica que superaba los 2 smlmv; en consecuencia,
esta podía ser actualizada en proporción inferior a la inflación del año
inmediatamente anterior.
1.4. El recurso de apelación
21. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación y lo sustentó en los siguientes términos:
22. El a quo se apartó de precedentes jurisprudenciales y negó «sistemáticamente»
un derecho previsto en la Constitución Política y que ha sido reconocido a través
de «un fallo judicial con carácter de mandato inoponible a todas las autoridades incluso la
misma judicial», esto es la sentencia C-931 de 2004 proferida por la Corte
Constitucional.
23. Se desconoció que lo pretendido consistió en la aplicación del régimen salarial
en los términos de los artículos 217 y 218 de la Constitución Política, la Ley 4 de
1992 y los decretos reglamentarios, esto es el especial previsto para los
integrantes de la Fuerza Pública como un todo «y es la aplicación de la Ley 4 de
1992, de conformidad a la competencia compartida, con la que el Legislativo de manera
categórica le indicó al Gobierno Nacional cuales objetivos y criterios debía tener en cuenta
para fijar el régimen salarial y prestacional, entre los que se destaca, que en ningún caso
se podían desmejorar sus salarios y prestaciones sociales».
24. De conformidad con lo ordenado en la sentencia C-931 de 2004, a quienes se
les limitó el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, se les debía
reconocer la actualización plena del derecho; en ese sentido, no se podía analizar
el periodo posterior al de la limitación [1992 a 2004].
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00847-01 (4503-2022)
Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
25. El a quo atendió «erradamente» las sentencias C-1433 de 2000 y C-1064 de
2001, en razón a que lo pretendido no se contrajo a la aplicación del régimen de
favorabilidad, del ajuste de la asignación del derecho ni de las pensiones en virtud
del artículo 14 de la Ley 100 de 1993. «No es explicable la argumentación del trato
discriminatorio que se aduce en el AQUO, pues lo solicitado obedec[ío] al trámite que ha
de hacerse ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional “CASUR”, del
reconocimiento con todas las implicaciones que, en materia de seguridad social conlleva a
partir del año 2005 de la actualización plena de los salarios en actividad de acuerdo a la
inflación causada y acumulada entre los años 1992 a 2004 y que ha de ser reconocida y
liquidada en la correspondiente Asignación de Retiro» [sic].
1.5. Trámite de la segunda instancia
26. En auto del 19 de septiembre de 2022 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 13 de mayo de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los términos de la
Ley 2080 de 2021.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
27. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as
salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Cuestión previa
28. En el escrito presentado el 24 de octubre de 2012, la parte demandante solicitó
que se profiriera sentencia de unificación porque era necesario «sentar una posición
unificada en el derecho a mantener el poder adquisitivo de los salarios de los integrantes de
la Fuerza Pública, conforme al Régimen Especial que le es propio; y teniendo en cuenta el
alcance jurisprudencial y el mandato constitucional contenido en la sentencia C-931 de 2004
[...]».
29. En otros procesos adelantados en esta Sección, el mismo profesional del
derecho que funge como apoderado en esta litis, presentó múltiples solicitudes en
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00847-01 (4503-2022)
Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
similares términos. Una de ellas fue resuelta en el auto proferido el 8 de noviembre
de 20233, en el cual se sostuvo lo que sigue:
«Considera la Sala que esta razón no puede ser objeto de análisis dentro del
presente proceso, pues la solicitud de unificación no es el mecanismo idóneo
para solicitar el cumplimiento de una sentencia.
Por otro lado, como segunda razón para unificar es que se deben actualizar
tanto las asignaciones de retiro que superen los 2 SMLMV como las que no;
pues en su caso, se supera este monto y según el actor, cuando esto sucede,
el Consejo de Estado decide congelar la misma.
Con respecto a este punto, se tiene que no guarda relación y a su vez no se
contradice con la posición pacífica que ha tenido el Consejo de Estado, ya que
este se ha pronunciado en múltiples oportunidades en torno a los criterios que
se deben observar a la hora de ordenar la reliquidación de la asignación de
retiro con base al IPC en actividad, y dentro de estos criterios no se encuentra
el monto de la asignación de retiro; pues se ha sostenido que
independientemente de si se tiene una asignación baja o alta, se tendrá
derecho a la actualización; ya que, lo que se verifica en esta jurisdicción es el
momento a partir del cual es causado el derecho pensional.
Adicional a esto, no se encuentran contradicciones entre las dos posiciones
adoptadas, ya que ambas Cortes manifiestan de forma clara que el derecho al
poder adquisitivo no puede ser reconocido como un derecho absoluto como
bien ha sido enmarcado en las consideraciones de la providencia de referencia
(C 931 de 2004), sino más bien tiene que ser entendido como un derecho que
admite modificaciones o limitantes partiendo de los contextos en los que se
aplique.
En consecuencia, podemos determinar que no se cumplen los supuestos para
que el Consejo de Estado avoque conocimiento del asunto y emita una
sentencia de unificación. Ello por cuanto la solicitud no está fundada en
razones de necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o resolver
divergencias en su interpretación, y porque el Consejo de Estado ya definió de
manera pacífica en su jurisprudencia los criterios sobre la procedencia de la
reliquidación de la asignación de retiro con el IPC en actividad».
30. En ese orden, como la solicitud de unificación por el mismo tema aquí expuesto
ya fue resuelta por la Sección Segunda, no se le dará trámite y se estará a lo
resuelto en el auto citado.
2.3. Problema jurídico
31. Se circunscribe a resolver los siguientes interrogantes:
31.1. ¿Diego Felipe Hernández Cerón tiene derecho a que la asignación
3
Radicación 25000-23-42-000-2019-00848-01 (4267-2022).
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00847-01 (4503-2022)
Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
básica que percibió en los años 1992 a 2004 se reajuste, de
conformidad con la inflación acumulada y, de acuerdo con la sentencia
C-931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional?
31.2. En caso afirmativo, ¿tiene derecho a que se reajuste la asignación de
retiro que le fue reconocida?
32. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la
siguiente estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y
jurisprudencial; y segundo, se resolverá el caso concreto.
2.4. Marco normativo y jurisprudencial sobre el régimen salarial de la Fuerza
Pública
33. El artículo 150 de la Constitución Política previó que el Congreso de la
República tiene, entre otras, la función de dictar las normas generales y señalar en
ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno nacional para
«[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y la Fuerza Pública».
34. Con fundamento en la anterior disposición, se expidió la Ley 4 de 19924 que
tuvo por objeto fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza
Pública, de los empleados de la Rama Ejecutiva, del Congreso, la Rama Judicial,
el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y
la Contraloría General de la República. Igualmente, en el artículo 2, dispuso que,
para dicha fijación, el gobierno nacional debía tener en cuenta, entre otras cosas,
la sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal y la
racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es las
limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad. Con base en lo
anterior, dispuso que el gobierno nacional modificaría el régimen salarial
correspondiente a los empleados «aumentando sus remuneraciones».
35. Adicionalmente, en el artículo 13, ordenó que el gobierno nacional
establecería una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del
personal activo y retirado de la Fuerza Pública, la cual debía producirse en las
vigencias fiscales de 1993 a 1996.
36. Como se observa, las asignaciones básicas están sujetas a los decretos que
4
«[M]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública para la fijación de las prestaciones
sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00847-01 (4503-2022)
Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
expide anualmente el gobierno nacional5, los cuales constituyen única fuente para
realizar el incremento salarial, pues el artículo 10 ibidem, dispuso expresamente
que «[t]odo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos».
37. Ahora bien, el artículo 14 de la Ley 100 de 19936 ordenó que las pensiones
«se reajustarán anualmente de oficio, el 1 de enero de cada año, según la variación
porcentual del Indice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior». El objetivo principal de esta norma se contrajo a que
dichas prestaciones mantuvieran su poder adquisitivo.
38. Asimismo, el artículo 279 ibidem previó que lo dispuesto en la ley no se
aplicaría a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, pero
mediante la Ley 238 de 19957 se adicionó en el sentido de que dichas
excepciones no implicaban «la negación de los beneficios y derechos determinados en
los artículos 14 y 142 [...] para los pensionados de los sectores aquí contemplados».
39. A partir de lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación8 ha señalado
pacíficamente que el reajuste de las asignaciones de retiro conforme con el IPC
procedía únicamente cuando se trataba de asignaciones de retiro, siempre y
cuando resultara más favorable y hasta antes de que fuera expedida la Ley 923 de
20049, reglamentada por el Decreto 4433 de 200410, pues a partir de este
momento que estableció que las asignaciones de retiro y pensiones, se
incrementarían «en el mismo porcentaje en que se aument[aran] las asignaciones en
actividad para cada grado» [artículo 42].
40. Ciertamente, desde el año 200711, esta Corporación sostuvo lo que a
continuación se transcribe:
5
Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de
1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923
de 2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011,
842 de 2012 y 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018,
1002 de 2019, 318 de 2020, 976 de 2021, 466 de 2022, 910 de 2023.
6
«Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
7
«Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993».
8
Ver, por ejemplo, las sentencias proferidas el 17 de mayo de 2007 (8464-2005), 15 de noviembre
de 2012 (25000-23-25-000-2010-00511-01).
9
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la
Constitución Política».
10
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública».
11
Sentencia proferida el 17 de mayo de 2017, número interno 8464-2005.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00847-01 (4503-2022)
Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
«[...] no existe la menor duda en el sentido que bajo los mandatos del
artículo original 279 de la ley 100 de 1993 los pensionados de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional no eran acreedores del reajuste de sus
pensiones como lo dispone el artículo 14 de aquella, vale decir, teniendo en
cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor
certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, sino como lo
disponía el decreto 1212 de 1990, o sea mediante la oscilación de las
asignaciones de los miembros de la Policía Nacional en actividad.
[...] a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, el grupo de pensionados
de los sectores excluidos de la aplicación de la ley 100 de 1993, sí tienen
derecho a que se les reajuste sus pensiones teniendo en cuenta la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE
como lo dispuso el artículo 14 de la última y a la mesada 14 en los términos
del artículo 142 ibidem».
41. Más recientemente, en la sentencia proferida el 14 de julio de 202212, se
puntualizó lo siguiente:
«1.- Con la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 (26 de diciembre de
1995 fecha de su publicación), las excepciones consagradas en el artículo
279 de la Ley 100 de 1993 presentaron una modificación consistente en que
a los pensionados de los sectores allí contemplados entre ellos los de las
Fuerzas Militares y Policía Nacional, en virtud del principio de favorabilidad y
conforme a los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993 se les podía
reajustar la asignación de retiro conforme al índice de precios al consumidor
del año inmediatamente anterior certificado por el DANE y la mesada 14,
respectivamente, siempre que el incremento realizado por el Gobierno
Nacional en los decretos anuales de las asignaciones en actividad de los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional sea inferior.
2.- En vigencia de la Ley 238 de 1995 el reajuste por favorabilidad de las
asignaciones de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional conforme al índice de precios al consumidor señalado en el artículo
14 de la ley 100 de 1993, en cada caso concreto, aplica desde el año 1993
hasta 2004, toda vez que a partir del 1.° de enero de 2005 se implementó
nuevamente el principio de oscilación a través de la expedición del Decreto
4433 de 2004.
3.- El reajuste conforme al IPC incide directamente en la base de la
respectiva prestación pensional y debe servir para la liquidación de los
incrementos que a partir del año 2005 se efectuaran sobre dicha
prestación».
42. En suma, el reajuste conforme con el IPC procede únicamente respecto de las
asignaciones de retiro y pensiones, pero no de las asignaciones básicas, en razón
a que las leyes y decretos reglamentarios no especificaron modificación alguna o
disposición diferente a que el gobierno nacional, a través de decretos, es el que
establece el incremento de las asignaciones básicas de los miembros de la Fuerza
12
Número interno 25000-23-42-000-2019-00883-01 (0501-2022).
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00847-01 (4503-2022)
Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
Pública.
2.5. De lo probado
43. En el expediente se encuentran los siguientes hechos probados:
43.1. Diego Felipe Hernández Cerón se desempeñó como oficial desde el 24 de
octubre de 1989 hasta el 2 de mayo de 2013 en la Policía Nacional.
43.2. Mediante la Resolución 5459 del 4 de julio de 2013, la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional le reconoció la asignación mensual de retiro en
cuantía equivalente al 89% del sueldo básico de actividad para el grado, a
partir del 2 de agosto de 2013.
43.3. El 6 de diciembre de 2018, solicitó a la Policía Nacional y a la Caja de
Sueldos de Retiro el reajuste salarial y de la asignación de retiro,
respectivamente. Sin embargo, las peticiones fueron negadas a través de
los actos administrativos acusados.
2.6. Caso concreto
44. La parte demandante manifestó en el recurso de apelación que la asignación
básica debía ser reajustada porque la sentencia C-931 de 2004 proferida por la
Constitución Política estableció que se debía reconocer la actualización plena del
derecho.
45. La sentencia que sirvió de sustento a la apelación, esto es la C-931 de 2004,
declaró la exequibilidad del artículo 2 de la Ley 848 de 2003 «[p]or la cual se decreta
el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004» con las siguientes
condiciones:
«Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, en
cuanto prevé un reajuste salarial en el mismo índice de la inflación
registrada para el año 2003, a favor de aquellos servidores públicos que
devengan hasta dos salarios legales mínimos mensuales.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003
condicionado a que el Gobierno y el Congreso, al momento definir
concretamente cuál será la limitación del derecho a mantener el poder
adquisitivo real de los salarios de los servidores públicos que devengan más
de dos salarios legales mínimos mensuales, aplicable en la vigencia
presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales
recogidos en la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la presente
Sentencia. Es decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede tenerse
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00847-01 (4503-2022)
Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas necesarias para
mantener, en los términos de esta providencia, actualizados los salarios de
los servidores públicos de ingresos medio o altos.
En consecuencia, ORDENA al Gobierno Nacional y al Congreso de la
República que con carácter urgente, si aun no lo ha hecho, dentro del
ámbito de sus competencias, tomen las medidas necesarias para realizar el
pago de los reajustes salariales de todos los servidores públicos cobijados
por la ley de presupuesto general de la Nación, antes de que expire la
vigencia fiscal del año 2004. Para esos propósitos, deberán efectuarse las
adiciones o traslados presupuestales necesarios, antes de que expire dicha
vigencia fiscal.»
46. En la parte considerativa de la decisión, la Corte Constitucional se detuvo en
los siguientes temas:
46.1. La jurisprudencia precedente en materia de reajuste de los salarios de los
servidores públicos cobijados por la ley anual de presupuesto, concretada en las
sentencias C-815 de 1999, C-1017 de 2003, C-1433 de 2000, C-1064 de 2001, en
las cuales se indicó que la Constitución Política protegió el derecho constitucional
a mantener el poder adquisitivo del salario y que ello comprende que cada año
fuera reajustado para los servidores cobijados por la ley anual de presupuesto. Al
respecto, sostuvo lo siguiente:
«En otras palabras, en la Sentencia C-1064 de 2001 la Corte mantuvo la
ratio decidendi de la C-1433 de 2000, es decir, la consideración según la
cual la Constitución protege el derecho constitucional a mantener el poder
adquisitivo del salario y que ello comprende que cada año éste sea
reajustado para todos los servidores cobijados por la ley anual de
presupuesto. Pero se apartó de las consecuencias deducidas de esta
premisa en la Sentencia anterior. En consecuencia, en 2001 no impartió una
orden específica contentiva de una fórmula única para aumentar los salarios
de todos los servidores públicos, sino que, tomando como pauta artículo 187
de la Constitución Política, que señala el criterio para determinar el aumento
salarial de los congresistas acudiendo al promedio ponderado de los salarios
de los servidores de la administración central, diferenció el conjunto de
servidores públicos que por su nivel de salario merecían una protección
reforzada, de aquellos que devengan más y no la requerían. Aquellos cuyo
salario fuera menor a dicho promedio ponderado tenían un derecho “de
carácter intangible” a mantener el poder adquisitivo real, en virtud de la
protección constitucional reforzada que la Constitución dispone a su favor
(C.P Art. 334.), de la obligación del Estado de velar la igualdad sea real y
efectiva (C.P Art. 13) y asegurar a todas las personas condiciones e vida
digna. (C.P Art.1). Este primer grupo de trabajadores, dijo la Sentencia C-
1064 de 2001, tenía derecho a que se les aumentara su salario, no sólo
nominalmente sino de forma tal que se mantuviera el poder adquisitivo real
del mismo. Para tal efecto debía tenerse como criterio preponderante la
inflación. En el caso de los servidores públicos que devengaran salarios más
altos a este tope, la situación era diferente, pues no se trataba de sujetos
que merecieran una protección reforzada. Por lo tanto su derecho a
mantener el poder adquisitivo real del salario podía ser limitado, siempre y
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00847-01 (4503-2022)
Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
cuando la limitación fuera razonable. Sobre la razonabilidad de la limitación
estimó que el juicio del juez constitucional debía ser estricto, por cuanto la
limitación podía llegar a afectar derechos constitucionales como el salario
móvil, el mínimo vital o la dignidad.»
46.2. Los criterios generales que han fundamentado el conjunto de decisiones en
lo relativo al derecho constitucional de los servidores públicos a mantener el poder
adquisitivo real del salario, que son, entre otros: (i) el principio recogido en el
artículo 53 de la CP debe ser interpretado como un derecho constitucional de los
trabajadores a mantener el poder adquisitivo; (ii) este no es un derecho absoluto,
como no lo es ninguno en el Estado de Derecho, «por lo cual puede ser limitado más
no desmejorado, desconocido o vulnerado»; (iii) «no resultan igualmente afectados por el
fenómeno inflacionario todos los servidores públicos, por lo cual los límites impuestos al
derecho al mantener la capacidad adquisitiva del salario pueden ser diferentes, según se
trate de servidores que devengan salarios bajos, medios, o altos»; y (iv) a los servidores
públicos a quienes se les limite el derecho, «el Estado les debe garantizar que, dentro
de la vigencia del plan de desarrollo de cada cuatrienio, progresivamente se avance en
los incrementos salariales que les corresponden, en forma tal que se les permita a estos
servidores alcanzar la actualización plena de su salario, de conformidad con las
variaciones en el I.P.C.».
47. Con fundamento en lo anterior, la Corte sostuvo que, ante la imposibilidad de
aplicar el parámetro de congelación total de los salarios de los trabajadores de
ingresos medios y altos, se debía tener en cuenta para esa vigencia fiscal [2004],
«a fin de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario», los
siguientes criterios:
«[...]
a. Existe un derecho constitucional, en cabeza de todos los servidores
públicos, a mantener el poder adquisitivo de sus salarios (artículo 53 y
concordantes, CP) y, por ende, a que se realicen ajustes anuales en
proporción igual o superior a la inflación causada en el año inmediatamente
anterior, sin que éste sea el único parámetro que pueda ser tenido en
cuenta. En consecuencia, no puede haber una política permanente del
Estado que permita la disminución del poder adquisitivo del salario.
b. El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario no es
un derecho absoluto. No obstante, no cualquier interés estatal justifica su
limitación. Sólo puede ser limitado para promover el fin constitucionalmente
imperioso de preservar la estabilidad macroeconómica reduciendo el gasto
en circunstancias de déficit fiscal y elevado endeudamiento para no afectar
el gasto público social (artículo 350, CP), asegurando así la efectividad de la
solidaridad como principio fundamental del Estado Social de Derecho
(artículo 1, CP), dentro de un contexto económico que justifique la necesidad
de la limitación (artículo 2, CP).
c. El derecho de los servidores públicos que perciban salarios iguales o
inferiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales a mantener el poder
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00847-01 (4503-2022)
Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
adquisitivo de su salario no podrá ser objeto de limitaciones dado que tales
servidores se encuentran en las escalas salariales bajas definidas por el
Congreso de la República a iniciativa del Gobierno. Por lo tanto, éstos
servidores deberán recibir el pleno reajuste de sus salarios de conformidad
con el nivel de inflación registrada en el año 2003.
d. Las limitaciones que se impongan al derecho constitucional de los
servidores públicos a mantener el poder adquisitivo del salario sólo puede
afectar a aquellos que tengan un salario superior a los dos (2) salarios
mínimos legales mensuales. El derecho de tales servidores públicos puede
ser objeto de limitaciones, es decir, su salario podrá ser objeto de ajustes en
una proporción menor a la de la inflación causada en año 2003, siempre y
cuando se dé cumplimiento a los siguientes parámetros normativos: [...]».
48. Como se observa, en la sentencia que sirvió de sustento a la apelación, la
Corte Constitucional acudió a las sentencias C-1433 de 2000, C-1064 de 2001 y
se detuvo en la imposibilidad de congelar los salarios de los servidores públicos y
limitar el derecho a mantener el poder adquisitivo de su salario, pero como este no
era absoluto, determinó que aquellos que lo percibieran en cuantía superior a 2
smlmv13 podían ser objeto de limitación, en razón a que no eran sujetos de
especial protección del Estado.
49. Sobre dichas sentencias, esta sección se ha pronunciado en los siguientes
términos:
«En esa medida, el alto tribunal constitucional, tomó distancia respecto de
los precedentes invocados en los que señaló un aumento salarial a partir de
una fórmula única y específica, v.gr. la indexación con base en la inflación
del año anterior como criterio mínimo al estimar que la orden de aplicar una
fórmula única y específica de indexación salarial para cualquier nivel salarial
no es compatible con la ratio decidendi de las sentencias que constituyen
precedente inmediato y directo del fallo C-1433 de 2000.
Lo anterior deja ver que, si bien el IPC es una variable económica que
puede ser tenida en cuenta para determinar el aumento anual de los salarios
de los servidores públicos, también lo es que, no constituye la única fórmula
aplicable para ello, pues, también lo son el peso de la situación real del país,
las finalidades de la política macroeconómica, la ponderación racional del
gasto público entre otras.»
50. Así las cosas, considera la Sala que, ciertamente, la Constitución Política y la
ley prevén el deber de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo del
salario, pero no únicamente conforme con la variación porcentual del IPC o
inflación, pues el gobierno nacional, a través de los decretos que expide
anualmente, puede acudir a otros parámetros.
51. En el acto administrativo acusado, esto es el Oficio S-2018-068299/ANOPA-
13
Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00847-01 (4503-2022)
Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
GRULI-1.10 del 21 de diciembre de 2018, la entidad demandada sostuvo que
«[l]os sueldos básicos para el personal uniformado y no uniformado de la Policía Nacional,
los fija anualmente el Gobierno Nacional, [...] siendo importante resaltar que la Policía
Nacional a través del Área de Nómina de Personal Activo, únicamente es competente
para liquidar los haberes del personal el servicio activo, contemplados en los decretos
anuales de sueldo, por consiguiente no está facultada para realizar reconocimiento de
salarios y/o prestaciones que no estén establecidos en las disposiciones legales que rigen
la materia», consideración que se acompasa con lo previsto en la Ley 4 de 1992 y
las facultades del gobierno nacional antes expuestas.
52. Como en el sub examine no se ha debatido que en las anualidades solicitadas
se disminuyó el salario, sino que debía ser reajustado en los términos de la
sentencia antes mencionada, debe comprenderse que no se vulneró ese derecho
y, como se desempeñó como oficial de la Policía Nacional, al tenor de la misma
sentencia, ese derecho se podía limitar. Ahora, el hecho de que esos ajustes se
hubieran dispuesto en proporción inferior a la inflación causada en el año
inmediatamente anterior no conlleva por sí mismo la vulneración de los derechos
del actor, en razón a que, en la sentencia mencionada, la Corte Constitucional
consideró que este no es «el único parámetro que pueda ser tenido en cuenta» para
esos efectos.
53. Agrégase a lo anterior que, tal como lo sostuvo la entidad demandada, el
único competente para fijar el aumento de los salarios es el gobierno nacional, de
manera que no son las entidades vinculadas a esta litis las que están llamadas a
reconocer un valor mayor al dispuesto por aquel, en virtud del artículo 10 de la Ley
4 de 1992. Al respecto, en la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021, esta
Subsección sostuvo lo siguiente:
«La asignación básica del personal de la Fuerza Pública está sujeta a los
decretos que anualmente expide el Gobierno Nacional, en los que se fijan
las pautas para determinar el monto que devengarán sus miembros
anualmente, impidiendo recurrir a una fuente distinta para realizar el
correspondiente incremento salarial, puesto que, a partir del Decreto 107 de
1996, quedaron debidamente nivelados los salarios del personal castrense.
Para la Sala resulta improcedente acceder a las pretensiones de la
demanda, toda vez que los incrementos efectuados a la asignación básica
del actor en las anualidades referidas fueron realizados conforme a los
lineamientos contenidos en los decretos que para el efecto expidió el
Gobierno Nacional, lo cual torna también inviable acceder a la reliquidación
de su asignación de retiro incorporando los porcentajes del IPC dejados de
incluir en su asignación básica desde 1997 hasta la fecha de su pago
efectivo.
Lo anterior por cuanto el reajuste previsto en la Ley 238 de 1995 se refiere a
las asignaciones de retiro del personal que prestó sus servicios a las fuerzas
militares y no a los sueldos devengados por dichos servidores en actividad;
por lo cual, la Sala arriba a la conclusión de que no se encuentra
desvirtuada la presunción de legalidad de los actos administrativos
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00847-01 (4503-2022)
Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
acusados, porque el demandante carece del derecho a la reliquidación de
las asignaciones básicas que devengó como miembro activo del Ejército
Nacional con aplicación del IPC para los años de 1997 a 2003, toda vez que
los incrementos determinados por el Gobierno nacional tienen pleno
sustento constitucional y legal, y no están llamados a ser sustituidos en
virtud de la expedición de la Ley 238 de 1995 y, por ende, tampoco es viable
ordenar el reajuste de su asignación de retiro».
54. Y es que la sentencia examinó la constitucionalidad de la Ley 848 de 2003 que
decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital para el año 2004, de
manera que no podría aplicarse a las vigencias anteriores como lo pretendió la
parte actora, máxime si el gobierno nacional incrementó los salarios.
55. Para ahondar en razones, debe precisarse que el Decreto 107 de 199614 fijó la
escala gradual porcentual y, de conformidad con el artículo 1, los sueldos básicos
corresponderían «al porcentaje que se indic[ó] para cada grado, con respecto a la
asignación básica del grado de General».
56. Finalmente, ha de señalarse que, como la pretensión dirigida al reajuste de la
asignación de retiro depende de la prosperidad del incremento del salario, no hay
lugar a conceder dicha petición, en razón a que el régimen de la Fuerza Pública
ordena la aplicación del principio de oscilación.
2.7. Costas
57. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil, hoy Código General del Proceso.
58. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201615, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:
«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la
sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per
se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean
14
«[P]or el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, Personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas,
Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en
materia salarial».
15
Subsección B, expediente 1908-2014.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00847-01 (4503-2022)
Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su
liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se
entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»
59. No evidencia la Sala que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal,
razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas por esta instancia y se
revocará el ordinal segundo de la sentencia apelada que las impuso por la primera
instancia.
2.8. Conclusión
60. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia que
negó las pretensiones de la demanda, en razón a que el demandante no tenía
derecho a que se reajustara la asignación básica devengada en los años 1992 a
2004 porque el incremento de la asignación básica mensual del personal activo de
las Fuerzas Militares y de Policía recae únicamente en el gobierno nacional, de
conformidad con la Ley 4 de 1992 y, aunque no se haya dado en los precisos
términos de la inflación, no puede considerarse que ello vulnere sus derechos
laborales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 13 de mayo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00847-01 (4503-2022)
Demandante: Diego Felipe Hernández Cerón
presentada por Diego Felipe Hernández Cerón, salvo el ordinal segundo que se
revoca. En su lugar, se dispone: no condenar en costas por la primera instancia.
Segundo. Sin condena en costas por esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
PTH
Sigue leyendo
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