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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00920-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00920-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se concedieron parcialmente las pretensiones, para, en su lugar, NEGAR las pretensiones formuladas, de conformidad con los motivos señalados en la parte considerativa de este proveído. Segundo. Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante, las cuales deberán ser fijadas y liquidadas por la primera instancia, conforme lo expuesto en la parte motiva. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00920-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00920-01 (4751-2024)
Demandante: Freddy Arnulfo Masmela Masmela
Demandado: Distrito Capital – Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaría
Distrital de Salud.
Temas: Relación laboral encubierta – Apoyo a la gestión- Transporte.
REVOCA SENTENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se concedieron
parcialmente las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Freddy Arnulfo Masmela Masmela instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo,
en contra del Distrito Capital – Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaría
Distrital de Salud, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del acto administrativo 2018EE87197 del 26 de
septiembre de 2018 y, en consecuencia, que entre las partes existió un vínculo
laboral desde el 17 de marzo de 2008 hasta el 28 de febrero de 2016.

3. A título de restablecimiento de manera principal solicitó que se ordene el pago
de los salarios y prestaciones sociales a los que tenía derecho como profesional
especializado de planta de la entidad.

HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que prestó sus servicios al Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría
Distrital de Salud, ejerciendo funciones en el área de transportes y en el de medios
tecnológicos de seguridad, desde el 18 de marzo de 2008 al 29 de febrero de 2016,
mediante contratos de prestación de servicios.

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00920-01 (4751-2024)

6. Que las labores contratadas eran desarrolladas por el demandante de
manera personal y subordinada en la entidad, con las herramientas que se le
suministraban.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

7. El 15 de febrero de 2019, el Juzgado de conocimiento inadmitió la demanda
y solicitó al actor que aclarara las inconsistencias observadas frente a los actos
demandados toda vez que existía un acto anterior que no fue incluido dentro de las
pretensiones, a lo que la parte al subsanar contestó que era cierto que había
solicitado con anterioridad y que tenía un acto administrativo previo, pero que no lo
demandaba porque ya habían pasado los 4 meses para su caducidad. Que esto no
hacía que fuera un acto complejo, porque el nuevo acto se desprende de una
reclamación posterior independiente.

8. Frente a este asunto no hubo más pronunciamiento por parte de dicho
Despacho, y por el contrario lo remitió por competencia en razón a la cuantía al
Tribunal Administrativo quien admitió la demanda el 23 de julio de 2019 sin reparar
al respecto.

9. La entidad manifestó que las actividades desempeñadas eran de apoyo y no
propias de la misión de la entidad; que no existe prueba de que se le impusiera un
horario y se le controlara mediante planillas de control de ingreso y salida. Que el
carné es un instrumento con el cual cuentan todas las entidades para el ingreso de
personas por razones de seguridad al tratarse de un edificio público.

10. Que, si bien las actividades tendientes al cumplimiento de las obligaciones
contractuales eran desarrolladas dentro del horario de funcionamiento de la entidad,
dada la necesidad de coordinación y programación con otras dependencias, esto
en manera alguna implicaba que debía cumplir el mismo horario que los empleados
de planta.

11. Que los requerimientos que le hiciera en algún momento el supervisor
correspondían a la labor propia de sus obligaciones y con el único fin de asegurar
el cumplimiento del objeto contratado, pero no mostraban subordinación del
contratista.

12. Propuso como excepciones la de falta de configuración de los elementos
esenciales del contrato realidad, prescripción, inexistencia de la subordinación,
habérsele dado el trámite que no corresponde y la genérica. Las cuales fueron
resueltas el 25 de noviembre de 2021

13. Se celebró audiencia inicial el 6 de octubre de 2022, en la cual se fijó el litigio,
se surtió la etapa de conciliación, se decretaron las pruebas solicitadas y se fijó
fecha para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado a las
partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada
dentro del término oportuno por la parte demandada.

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió parcialmente las
pretensiones, bajo el argumento de que resultaba difícil entender que el actor
ejerciera sus funciones de manera autónoma, ya que liderar el área de transportes
y supervisar lo relacionado con los medios tecnológicos de seguridad, requería por
su relevancia permanecer al interior de esta; funciones que eran necesarias para el
cumplimiento de su objeto misional, como prestadora de servicios de salud.

15. Que estuvo bajo continua subordinación, por cuanto estaba a cargo de la
planeación del servicio de transporte de ambulancias, entre otras; la cual era
realmente significativa, y ameritaba que las ejecutara un empleado de planta. Que
se ha entendido por la doctrina en general que los contratos de prestación de
servicios no deben celebrarse cuando se trata de realizar labores relacionadas con
la misión de la entidad.

16. Que dichos contratos no poseen la excepcionalidad propia de estos, ya que
se extendieron en el tiempo por más de 8 años, lo que permite evidenciar que las
actividades contractuales no fueron ocasionales y, la labor que desempeñaba el
actor al interior de la entidad corresponde a asuntos fundamentales para cumplir la
misión de la misma.

17. Que existía la obligación de crear en la planta el personal requerido para la
realización de estas funciones. Por lo que, quedó probada la existencia de una
relación laboral entre las partes por el periodo comprendido entre el 18 de marzo de
2008 al 29 de febrero de 2016.

RECURSO DE APELACIÓN

18. La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que propuso la
excepción de inepta demanda pues el demandante pretende la nulidad del acto
administrativo contenido en el Oficio 2018EE87197 de fecha 26 de septiembre de
2018, que, a criterio de la parte actora, le negó el reconocimiento de la existencia
de una relación laboral entre las partes y el consecuente pago de una serie de
emolumentos salariales y prestacionales a su favor, sin embargo una vez se analiza
el contenido del mismo se observa que el 20 de febrero de 2018 fue radicada una
misma petición y fue resuelta mediante oficio 2018ER133305 del 2 de marzo de
2018 en los mismos términos.

19. Que en caso de que el despacho considere acceder a las pretensiones de la
parte demandante, deberá declarar la prescripción de las acreencias laborales,
respecto de los CPS celebrados con anterioridad al contrato 1149 de 2013 inclusive,
pues en el periodo existente entre los contratos 1149 de 2013 y 0964 de 2014,
transcurrió un mes y 23 días de diferencia entre la terminación del primer contrato y
la iniciación del segundo.

20. Frente a la subordinación, indicó que el Tribunal no realizó un análisis
detallado de lo manifestado por cada uno de los testigos, por ejemplo, que el señor

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John William Morera Sánchez, es consciente que, la permanencia del demandante
en las instalaciones de la entidad dependía de las obligaciones que tuviese este
para cada día en concreto, por lo que, dependiendo de las actividades a desarrollar,
el actor podría ausentarse antes o después.

21. Que la declaración de este testigo está parcializada por la relación de amistad
con el actor (al punto de llegarle a servir como testigo dentro de la presente
demanda) y porque sus respuestas resultaron convenientes y favorables a los
intereses del demandante.

22. Que el testigo Carlos Fernando Meza, pudo aclarar al despacho las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, bajo las cuales se desarrollaron los
contratos de prestación de servicios celebrados por el demandante, como el hecho
de que el carné que se le suministró, le permitía realizar el ingreso a las
instalaciones de la entidad, como mecanismo preventivo de seguridad y no como
medio de control de la hora de ingreso y salida.

23. Que durante el tiempo que estuvo celebrando contratos de prestación de
servicios, desarrolló varios objetos contractuales. Esto es, del 18 de marzo de 2008
al 17 de enero de 2011, programaba y controlaba el personal administrativo y de
conductores del parque automotor de la entidad, esto es, aquellos vehículos con los
que cuenta esta para el transporte y movilización de funcionarios y colaboradores
de esta, pero, no se trata de ambulancias como erróneamente afirma el Tribunal.

24. Que del 29 de marzo de 2011 al 13 de julio de 2012, el proyecto 633 obedeció
al plan de gobierno de Bogotá Positiva, y consistió en la adquisición y mejoramiento
de la infraestructura hospitalaria del distrito capital, para este caso, atendiendo a la
supervisión constante a cargo de la entidad, el demandante debía prestar
colaboración al personal para el seguimiento y control de las actividades del
proyecto en mención.

25. Que, del 21 de agosto de 2012 al 29 de febrero de 2016, se trató nuevamente
de un objeto totalmente distinto a los demás, esta vez, relacionado con el sistema
de seguridad de la entidad, con actividades de control y mantenimiento, totalmente
desligado del parque automotor de los vehículos.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

26. El 25 de septiembre de 2024 fue admitido el recurso de apelación, y se
dispuso que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho
para dictar sentencia y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto
hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

27. Encuentra la Sala que lo primero que se deberá hacer es verificar si se
demandó el acto administrativo a través del cual la entidad resolvió de fondo la
situación jurídica que motivó el proceso, como argumento principal del recurso de
apelación.

28. En caso de una respuesta afirmativa, se analizará si entre las partes existió
un vínculo laboral derivado de la prestación de servicios y, si como consecuencia
de ello, el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
dejadas de percibir con ocasión a esa relación.

29. Se estudiará también, lo relativo a la prescripción de los derechos reclamados
y, finalmente, lo correspondiente a la condena en costas en segunda instancia.

Individualización de los actos administrativos demandados

30. Para determinar si se cumple el presupuesto de demanda en forma, el juez
administrativo debe verificar que se satisfagan las exigencias del CPACA que
prevén sobre el contenido de la demanda, la individualización de las pretensiones y
los anexos que deben allegarse al líbelo.

31. Concretamente, el artículo 138 del CPACA, al regular sobre el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, dispone: «Toda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto,
y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La
nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del
artículo anterior […]»

32. Concordante con lo anterior, el artículo 163 ibidem, sobre la individualización
de las pretensiones prevé: «Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo
este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante
la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron. Cuando
se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de
un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda».

33. Así pues, el ejercicio del medio de control requiere el análisis por parte del
juez de si el acto acusado se instituye en la declaración de voluntad de la
administración que crea, modifica o extingue la situación subjetiva de la cual se
pretende el correspondiente restablecimiento en sede judicial.

Resolución del caso concreto

34. Consideró la demandada que se configuró la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda, puesto que, con anterioridad a la expedición del acto
demandado, había reclamado los mismos derechos prestacionales que generó otro
acto administrativo previo que no fue demandado.

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35. En ese sentido, como se definió en el acápite anterior, en cada caso se debe
analizar si el acto definitivo particular que se demanda es una declaración de
voluntad de la administración dirigida a producir efectos jurídicos, si crea, modifica
o extingue la situación jurídica personal y, derivado de esto, procede el
correspondiente restablecimiento en sede judicial.

36. La Sala evidencia que, la demandada a través del oficio n.° 2018ER133305
del 2 de marzo de 2018, negó la petición presentada por el demandante, la cual
estuvo encaminada a que se reconociera la existencia de la relación laboral entre
las partes y, como consecuencia de ello, el pago de los salarios y prestaciones
sociales.

37. Igualmente, está probado que el 14 de septiembre de 2018 el demandante
elevó otra reclamación ante la misma entidad, con el mismo propósito. Mediante el
oficio n.º 2018EE87197 del 26 de septiembre de 2018 advirtió esta situación y
ordenó adjuntarle la respuesta dada en el acto expedido con anterioridad.

38. En razón de esta última negativa, el demandante, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó la nulidad del oficio
2018EE87197 del 26 de septiembre de 2018, y, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó el pago de los salarios y las prestaciones sociales, en virtud de la
relación laboral que considera encubierta con la entidad.

39. Del anterior recuento, la Sala advierte que la entidad demandada a través del
oficio n.° 2018ER133305 del 2 de marzo de 2018 fue que definió la situación jurídica
que origina el presente debate, esto es, el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral encubierta entre el demandante y el distrito y el consecuente pago
de las prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social derivado de ese
reconocimiento.

40. Sin embargo, el actor no dirigió su demanda en contra de este acto
administrativo, sino que solicitó la nulidad del oficio posterior, el cual simplemente
informó la respuesta dada con anterioridad. De esta manera, la segunda decisión
de la administración se limitó a reiterar las razones o fundamentos de la negativa de
la reclamación y no constituye un pronunciamiento de fondo y definitivo de la
administración respecto a la discusión planteada por la demandante.

41. Frente a la necesidad de demandar el acto administrativo definitivo, esta
Subsección recientemente se pronunció1, en el siguiente sentido:

«59. Así las cosas, realizadas las comparativas de ambos actos administrativos,
estima la Sala que, en línea con lo argumentado por la ANLA en recurso de
alzada, el acto administrativo demandado (Oficio 2019018831-2-000 del 18 de
febrero de 2019) no constituye un pronunciamiento de fondo y definitivo de la
administración respecto a la petición planteada por la demandante.
[…]
61. En consecuencia, la señora Narda Garzón no dirigió su demanda contra el
acto que había resuelto su situación jurídica contenido en el Oficio 2018129490-

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 18 de septiembre de 2025, expediente

n.º 25000-23-42-000-2019-00825-01 (2265-2024).

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2-000 de 18 de septiembre de 2018. Razón por la cual, se revocará la sentencia
apelada, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda».

42. En consecuencia, el demandante no dirigió su demanda en contra del acto
que resolvió su situación jurídica, esto es, el oficio n.º 2018ER133305 del 2 de
marzo de 2018. Esta es la razón que impide pronunciarse sobre el fondo del asunto
y, que, conlleva a negar las pretensiones.

43. Ahora, no se configura la excepción de ineptitud de la demanda como lo
solicita el recurrente, porque esta se presenta es cuando aquella carece de los
requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones, conforme lo
consagra el artículo 100 del Código General del Proceso.

44. Así las cosas, se revocará la sentencia proferida el 13 de junio de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para, en su lugar, negar las
pretensiones formuladas.

De la condena en costas

45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

46. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

47. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

48. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias a la parte
demandante, por cuanto se accedió a las peticiones del recurso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00920-01 (4751-2024)

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del trece (13) de junio de dos mil veinticuatro
(2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se
concedieron parcialmente las pretensiones, para, en su lugar, NEGAR las
pretensiones formuladas, de conformidad con los motivos señalados en la parte
considerativa de este proveído.

Segundo. Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante, las
cuales deberán ser fijadas y liquidadas por la primera instancia, conforme lo
expuesto en la parte motiva.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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