RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2019-00949-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00949-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00949-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 12 de mayo de 2021, que accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Tercero: Aceptar la renuncia presentada por la abogada Sandra Patricia Ramírez Álzate, identificada con cédula de ciudadanía 52.707.169 y tarjeta profesional 118.925, como apoderada del FONCEP, en los términos del memorial que obra en Samai en el índice 12. Cuarto: Reconocer personería a la abogada María Cristina Otálora Mancipe, identificada con cédula de ciudadanía 53.105.588 y tarjeta profesional 160.590, como apoderada del FONCEP, de conformidad con el poder que obra en el índice 14 de Samai. Quinto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00949-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)1
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
(FONCEP) y otra

Tema: sustitución pensional. Subtema 1: cónyuge supérstite. Subtema 2:
acreditación de cinco años de convivencia. Subtema 3: separación de hecho.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, el
12 de mayo de 2021, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La actora, en la calidad de cónyuge supérstite, solicita la nulidad del acto administrativo
dictado por el FONCEP, que le negó el reconocimiento de la sustitución pensional. En
sustento de la demanda, aduce que acreditó el requisito de convivencia con el jubilado
fallecido. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que sí
acreditó el requisito de convivencia con el causante y, por tanto, ordenó el
reconocimiento de la sustitución pensional.

II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda

1. La señora María Dalila Sáenz de Almanza, mediante apoderado judicial,
presentó demanda el 13 de junio de 2019, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, contra el Fondo de Prestaciones Económicas,

1 Expediente electrónico.

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

Cesantías y Pensiones (en adelante FONCEP), y la señora Belén Molano Rivas con
las siguientes pretensiones:

2. Declarar la nulidad de la Resolución 3083 del 8 de noviembre de 2005, dictada
por la Subdirección de Obligaciones Pensionales de la Secretaría de Hacienda de
Bogotá, que le negó la sustitución pensional a las señoras María Dalila Sáenz de
Almanza y Belén Molano Rivas.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene el reconocimiento
de la sustitución pensional a la señora María Dalila Sáenz de Almanza, en la calidad
de cónyuge supérstite del señor Gonzalo Gildardo Almanza Méndez. Además, reclamó
el pago de las mesadas causadas desde el 1° de noviembre de 20052.

2.1.1. Hechos

4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

5. Mediante la Resolución 01131 del 18 de mayo de 1994, la Caja de Previsión
Social de Santa Fe de Bogotá reconoció al señor Gonzalo Gildardo Almanza Méndez
una pensión de jubilación, que ahora está a cargo del FONCEP.

6. La señora María Dalila Sáenz de Almanza y el señor Gonzalo Gildardo Almanza
Méndez contrajeron matrimonio el 16 de enero de 1960, de cuya unión tuvieron cuatro
hijos.

7. La accionante viajó en el año 19923 a Estados Unidos «pero su relación y
vínculo matrimonial persistía».

8. El 30 de agosto de 1994, el señor Gonzalo Gildardo Almanza Méndez presentó
un documento a la Caja de Previsión Social de Bogotá para indicar que la beneficiaria
de su pensión era la señora María Dalila Sáenz de Almanza.

9. El señor Gonzalo Gildardo Almanza Méndez falleció el 13 de diciembre de 2003,
por lo tanto, la accionante solicitó la sustitución pensional ante la Subdirección de
Obligaciones Pensionales de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, petición que fue
negada a través de la Resolución 3083 del 8 de noviembre de 2005, y quedó agotada
la vía gubernativa como lo indicó la Resolución 1821 del 28 de julio de 2006.

10. El 9 de junio de 2016, la demandante solicitó nuevamente al FONCEP el
reconocimiento de la sustitución pensional, sin embargo, la entidad indicó que ya había
emitido una respuesta en la Resolución 3083 de 2005 y que se estaba a lo resuelto.

2 Samai, índice 2, expediente digital, ED_CORREORADI_004TESTIGODOCUMENTA(.pdf) NroActua 2, cuaderno

principal, doc. 01Demanda.
3 La Sala precisa que en realidad viajó en el año 1990, como se explica en los hechos probados.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

11. La demanda citó como normas vulneradas los artículos 46 y 47 de la Ley 797
de 2003.

12. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que la
celebración del matrimonio fue el 16 de enero de 1960 y que el 30 de agosto de 1994,
el señor Gonzalo Gildardo Almanza Méndez manifestó la intención de que la pensión
fuera sustituida en su cónyuge, por lo tanto, la relación y el vínculo matrimonial
persistía, aunque en el año 1992 (sic: 1990) la actora viajó a los Estados Unidos.

13. Precisó que la accionante tenía 75 años, y que lleva 14 años solicitando el
reconocimiento de la sustitución pensional y la entidad accionada ha negado de forma
injustificada el reconocimiento, pese a que ha debido considerar la convivencia de 34
años y que el vínculo matrimonial está vigente.

14. Relató que la pareja cumplió con el requisito de convivencia por un tiempo
superior a cinco años en cualquier tiempo, entre 1963 y 1972, y pese a ello, la
administración descartó las declaraciones extrajuicio. Asimismo, señaló que según la
Corte Constitucional, en la sentencia C-336 de 2014 «la separación de hecho
suspende los efectos de la convivencia y apoyo mutuo, más no los de la sociedad
patrimonial conformada entre los cónyuges». Agregó que, por su parte, la Corte
Suprema de Justicia ha considerado que el cónyuge con sociedad conyugal vigente y
separado de hecho conserva el derecho a la cuota parte de la sustitución pensional4.

2.2. Contestación de la demanda

15. La señora Belén Molano Rivas expresó que deseaba «desistir» de la solicitud
de reconocimiento pensional como compañera permanente de Gonzalo Gildardo
Almanza Méndez y que, por tanto, no contestaría la demanda5.

16. Por su parte, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
(FONCEP) se opuso a las pretensiones de la demanda al estimar que la Ley 797 de
2003, que modificó la Ley 100 de 1993, exige demostrar la convivencia por cinco años,
previos al fallecimiento del pensionado. Empero, en el presente caso, no existe certeza
sobre que la actora haya convivido en los últimos cinco años con el causante, dado
que la compañera permanente, Belén Molano Rivas, también solicitó el reconocimiento

4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 18 de septiembre de 2012, radicado 42425,

M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez.
5 Samai, índice 2, expediente digital, ED_CORREORADI_004TESTIGODOCUMENTA(.pdf) NroActua 2, cuaderno

principal, doc. 08. En auto del 23 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó el
desistimiento de la señora Belén Molano Rivas, expediente digital, págs. 125 a 133.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

de la sustitución pensional. Además, la demandante manifestó que reside en Miami,
pero que ello no interrumpió la relación y el apoyo económico.

17. Propuso las excepciones de falta de integración del litisconsorcio necesario,
toda vez que en la pensión reconocida al causante está financiada con cuotas partes
a cargo de diferentes entidades. También invocó las excepciones de inexistencia de la
obligación, cobro de lo no debido y prescripción6.

2.3. Sentencia de primera instancia

18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 12 de mayo
de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en
costas. Declaró la nulidad de la Resolución 3083 del 8 de noviembre de 2005 y a título
de restablecimiento del derecho ordenó:

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho, se condena al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
FONCEP, a reconocer y pagar a favor de la señora María Dalila Sáenz de Almanza,
identificada con la cédula de ciudadanía […], la sustitución de la pensión que en vida
disfrutó el causante, señor Gonzalo Gildardo Almanza Méndez, en calidad de cónyuge
supérstite, a partir del 14 de diciembre 2003, pero con efectos fiscales únicamente a
partir 13 de junio de 2016, por prescripción trienal, con los reajustes de ley.

TERCERO: Se ordena al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
FONCEP, efectuar el pago de las mesadas pensionales dejadas de pagar, en los
términos del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo […].

19. Como fundamento de la decisión, expuso que la Corte Constitucional en la
sentencia C-336 de 2014 consideró que para el caso de la sustitución pensional, la
protección de la familia «no se agota con la separación de hecho entre los cónyuges,
dado que se reconoce incluso la existencia de la realidad social en la que se
encuentran aquellas personas que pese a no estar haciendo vida marital (convivencia),
mantienen vigente la sociedad conyugal y el vínculo del matrimonio que dio origen a
la familia».

20. Así pues, en criterio del Tribunal, la Ley 797 de 2003 no exige entre la cónyuge
supérstite y el causante, el requisito de convivencia de cinco años con anterioridad al
fallecimiento, de modo que «la interpretación armónica de los literales a. y b. del
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, indica que sí se debe exigir al cónyuge el requisito
de la convivencia con el causante no menor a 5 años, pero en cualquier tiempo».

21. Agregó que para el Consejo de Estado es procedente proteger los derechos de
los cónyuges que pese a estar separados, continuaron con el vínculo de solidaridad,

6 Idem, carpeta contestación, doc. 01Contestación.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

apoyo y ayuda económica hasta el momento del fallecimiento7. Igualmente, anotó que
es posible que los esposos estén separados por una justa causa que interrumpió la
vida marital y cohabitación8.

22. Por consiguiente, el Tribunal determinó que entre el señor Gonzalo Gildardo
Almanza Méndez y la señora María Dalila Sáenz de Almanza existió una convivencia
efectiva al menos desde el 16 de enero de 1960, fecha del matrimonio católico, hasta
el 6 de octubre de 1990, cuando la actora viajó a Estados Unidos, esto es, por más de
30 años. Durante ese tiempo conformaron una familia real, con vínculos legales y de
hecho, sustentada en afecto, apoyo económico recíproco entre los cónyuges y el
respaldo del causante hacia su esposa y sus cuatro hijos.

23. En este sentido, anotó que no obra en el expediente prueba alguna que
demuestre la interrupción de la convivencia de los cónyuges entre 1960 y 1990. Por el
contrario, las declaraciones extrajuicio, la declaración de parte y los testimonios
coinciden de manera unánime en que la pareja convivió en Calarcá y Bogotá desde el
matrimonio y hasta el viaje de la señora María Dalila a los Estados Unidos.

24. El Tribunal precisó que contra la Resolución 3083 del 8 de noviembre de 2005,
que negó la pensión de sobrevivientes, procedían los recursos de reposición y
apelación. Relató que la apoderada interpuso oportunamente el recurso de apelación,
pero sin presentación personal, razón por la cual la entidad lo rechazó y, pese al
recurso de queja, el FONCEP se negó a tramitarlo.

25. Sin embargo, la demandante reiteró la solicitud de reconocimiento y el FONCEP
respondió remitiéndose al mismo acto, por considerar el asunto ya resuelto y sin
nuevos argumentos. Por ello, el a quo resaltó que la jurisprudencia del Consejo de
Estado9 ha indicado que, en materia de seguridad social de personas de la tercera
edad y por la protección de la dignidad, integridad y mínimo vital, es posible inaplicar
la exigencia de agotamiento de la vía gubernativa.

26. En lo que corresponde a la prescripción, sostuvo que como la interesada
interpuso la demanda el 13 de junio de 2019, operó la prescripción para las mesadas
causadas antes del 13 de junio de 201610.

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-25-000-2012-00859-02,

M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-108 de 2020.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 25000-23-25-000-2005-04715-01

(2599-07º), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
10 Samai, índice 2, expediente digital, ED_CORREORADI_004TESTIGODOCUMENTA(.pdf) NroActua 2, cuaderno

principal, doc. 32.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

2.4. Recurso de apelación de la parte demandada

27. El FONCEP, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, para que se revoque y, en su lugar, se nieguen las
pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

28. La accionante no cumple los requisitos para ser beneficiaria de la sustitución
pensional, puesto que debía acreditar la convivencia ininterrumpida durante los cinco
años anteriores al fallecimiento del pensionado. En ese sentido, el Tribunal erró al
considerar que dicho requisito podía satisfacerse con cinco años de convivencia en
cualquier época desde el matrimonio.

29. Por consiguiente, para la entidad recurrente la actora no convivió los últimos cinco
años con el causante, porque ella desde el 22 de octubre de 1990 salió del país y no
ha regresado. Por su parte, el jubilado solo viajó a Miami en el mes de octubre de 1993,
y tuvo otra salida del país e ingreso por Caracas el 9 de julio de 1998.

30. Adicionalmente, la entidad al analizar el interrogatorio de parte de la accionante
infirió que «no vivió físicamente con su cónyuge durante 13 años, y por supuesto no
sabía con exactitud dónde y con quién vivió su esposo desde el momento mismo en
que partió a los Estados Unidos». Adicionó que no existe prueba sobre que el
pensionado le enviara dinero a la actora cuando estaba fuera del país ni que se
comunicara con ella, y tampoco sobre las razones de salud, por las cuales se vio
obligada a viajar.

31. Censuró que la demandante no hizo un relato cronológico de la convivencia que
tuvo con su esposo en Colombia, por ello, no se pudo establecer el modo y el tiempo
dentro del cual tuvo lugar la convivencia que afirma haber tenido con el pensionado.

32. En lo que concierne al testimonio de la señora María Eloisa Serna de Ovalle,
expresó que solo veía una vez al año al causante, cuando él viajaba a Calarcá para
visitar a la nieta y que desconocía de primera mano las circunstancias en las cuales
vivió y murió el señor Almanza Méndez.

33. En síntesis, en criterio de la entidad, pese a la existencia del matrimonio, la
accionante no probó el tiempo de convivencia, ni los lazos de ayuda y socorro mutuo,
«pues desde que la demandante se fue a Miami - Estados Unidos, de acuerdo con las
pruebas documentales existentes, emitidas por el DAS, el pensionado solamente viajó
una sola vez a la ciudad de Miami el 09 de octubre de 1993 inmigrando el 30 de octubre
de 1993».

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

34. Mediante auto del 23 de junio de 202211, se admitió el recurso de apelación
conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y prescindió del término de traslado a
las partes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

35. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.

3.2. Problema jurídico

36. Teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso, corresponde a la Sala definir si:

37. ¿La cónyuge supérstite del causante tiene derecho al reconocimiento de la
sustitución pensional al haber acreditado el requisito de convivencia, pese a
encontrarse fuera de Colombia desde el año 1990?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

38. De conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por
los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes y la sustitución los miembros del grupo familiar del beneficiario de la
prestación que fallezca, en el siguiente orden:

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y
haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad
a su muerte.

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará

11 Samai, índice 4.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso,
el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a
dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido».

39. Esta corporación ha resaltado que la finalidad de la sustitución pensional «es la
protección de la familia, entendida como el conjunto de personas allegadas al
trabajador que dependían económicamente de él y que quedan desamparadas a
causa de su fallecimiento»12. En consonancia, la Corte Constitucional ha precisado
que la finalidad de la sustitución pensional es salvaguardar o mantener el nivel de vida
que tenía el beneficiario antes del deceso del pensionado13.

40. Ahora bien, en cuanto a la norma que rige el derecho pensional, la Sección
Segunda, en sentencia del 25 de abril de 201314, precisó que «el derecho a la pensión
de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado». Por tanto,
la Sección estableció que «rectifica la posición adoptada en sentencias de abril 29 de
201015 y noviembre 1º de 201216, en las que, en materia de sustitución pensional se
aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio
de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación de tal
figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de
beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una
posterior».

41.Por otra parte, la jurisprudencia también ha abordado el requisito de convivencia
en el contexto de la sustitución pensional. Así se ha determinado que debe ser
examinada y determinada según las particularidades relevantes de cada caso en
concreto. Por ello, aun en los eventos en que los cónyuges o compañeros no residen

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2018. Radicado 08001-

23-31-000-2010-00983-01(3178-15).
13 Sentencia T-085 de 2021.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-

000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
15 Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la que

se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975, a pesar
de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.
16 Radicación No. 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, en que se

reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a pesar de
que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo Arenas
Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el complejo
problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la Ley 100 de
1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones, y éstas no
tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su momento
aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir, susceptibles de
discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa legislación anterior, y así
se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio constitucional de la sostenibilidad
financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005 queda en entredicho, con una extensión
tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general”.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

en el mismo techo, por motivos de salud, trabajo o fuerza mayor, ello no conduce
obligatoriamente a establecer que desaparece la comunidad de vida, siempre y cuando
continúen los lazos afectivos de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y
ayuda mutua17.

42. Asimismo, esta corporación ha explicado que incluso la cónyuge separada de
hecho con sociedad conyugal vigente tiene derecho a la sustitución pensional, en
atención a que el legislador ponderó los criterios de sociedad patrimonial existente y
convivencia efectiva, siempre y cuando haya existido convivencia por 5 años, así18:

El artículo 4719 de la Ley 100 de 1993 en el inciso 3 del literal b) reguló, en la segunda
parte, quién es el beneficiario de la pensión de sobrevivientes cuando en los últimos
cinco años, antes del fallecimiento del causante en los siguientes términos: “no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una
separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una
cuota parte de lo correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo
convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge
con la cual existe la sociedad conyugal vigente”.

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de esta norma en la sentencia C-336
de 201420, en donde se determinó que el precepto en comento no viola el derecho a la
igualdad de la compañera permanente que debe compartir la pensión de sobrevivientes
con la cónyuge separada de hecho, pues no se está frente a idénticos supuestos
fácticos, pues la cónyuge con sociedad conyugal vigente y que no convivía al momento
de la muerte con el causante, y la última compañera permanente, pertenecen a grupos
diferentes. A este respecto se retomó la jurisprudencia constitucional que indica la
diferenciación existente entre el matrimonio y la unión marital de hecho.

Se explicó que la separación de hecho, aunque suspenda la convivencia y el apoyo
mutuo, no limita los efectos de la sociedad patrimonial conformada en razón del
matrimonio, de ahí que no nazca a la vida jurídica la sociedad patrimonial de hecho
entre compañeros permanentes. Así, se expone en la providencia que el legislador en
la norma demandada “ponderó los criterios de la sociedad patrimonial existente entre
los consortes y la convivencia efectiva consolida (sic) con antelación al inicio de la unión
marital de hecho, mediante la asignación de una cuota parte de la pensión”21.

Resaltó la Corte que es constitucionalmente justificada la medida adoptada “en tanto
que ambos beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de
hecho- cumplen con el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos
patrimoniales de cada institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo
efectos jurídicos ya que la separación de hecho no resta efectos a la sociedad
patrimonial existente entre el causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que pese
a que el de cujus conviviera por el término mínimo de cinco años con un compañero
permanente, la sociedad de hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la
del matrimonio”.

17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL-65192017 (57055), del 10 de mayo de 2017,

M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, proceso con radicado

19001-23-33-000-2013-00214-01 (1392-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
19
Modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
20 M.P. Mauricio González Cuervo.
21 Ídem.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

43. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de abril de
201822, consideró que «en tratándose de la relación del afiliado o pensionado con su
cónyuge, esta Corporación ha defendido el criterio según el cual la convivencia por un
lapso no inferior a 5 años puede ocurrir en cualquier tiempo, siempre que el vínculo
matrimonial se mantenga intacto», así:

Entonces la convivencia de 5 años con el cónyuge con lazo matrimonial vigente, puede
darse en cualquier tiempo, así no se verifique una comunidad de vida al momento de
la muerte del (la) afiliado (a) o pensionado (a), dado que: (i) el legislador de 2003 tuvo
en mente la situación de un grupo social, integrado a más de las veces por mujeres
cuyos trabajos históricamente han sido relegados al cuidado del hogar y que, por
consiguiente, podían quedar en estado de vulnerabilidad o inminente miseria ante el
abandono de su consorte y su posterior deceso; (ii) esta dimensión sociológica debe
servir de parámetro interpretativo, a modo de un reconocimiento que la seguridad social
hace a la pareja que durante largo periodo contribuyó a la consolidación de la pensión,
mediante un trabajo que hasta hace poco no gozaba de valor económico o relevancia
social; y (iii) es lógico pensar que si con arreglo al último inciso del literal b) del artículo
13 de la Ley 797 de 2003, en los eventos de convivencia no simultánea, el cónyuge
separado de hecho tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en forma compartida,
también debe tener derecho a esa prestación ante la inexistencia de compañero (a)
permanente.

44. En sentencia del 16 de octubre de 201923, la Corte Suprema de Justicia señaló
que el propósito del legislador en la regulación de la pensión de sobrevivientes es la
perdurabilidad que se evidencia en la comunidad de vida, la ayuda mutua, el apoyo
económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual. Dicha prestación
también tiene como finalidad proteger «al cónyuge supérstite que entregó parte de su
existencia a la conformación de un común proyecto de vida, que inclusive coadyuvó
con su compañía y su fortaleza a que el trabajador construyera la pensión, ello
precisamente, en virtud del principio de solidaridad del que es partícipe el derecho a la
seguridad social». Indicó la Corte que «tal postura toma más fuerza si con
posterioridad a la separación o a la liquidación de la sociedad conyugal, además de
persistir esa comunidad de vida, no existió una convivencia simultánea con otro
compañero permanente».

45. Además, la Corte Constitucional, en el fallo C-515 de 2019, resaltó que el cónyuge
separado de hecho con sociedad conyugal vigente preserva todos los efectos
patrimoniales del matrimonio. Para la Corte «si bien existe una ruptura de la
cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber existido por lo menos 5
años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por terminada su sociedad
conyugal, al punto que preservan el vínculo económico y los derechos que de este se
derivan»24. En ese sentido, «el requisito de la vigencia de la sociedad conyugal tiene

22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL1399-2018, radicación 45779, M.P. Clara Cecilia
Dueñas Quevedo.
23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL5141-2019, radicación 68121, M.P. Rigoberto Echeverri

Bueno.
24 Corte Constitucional, sentencia C-515 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

la finalidad de concretar el objeto de la pensión de sobrevivientes, esto es, proteger el
núcleo familiar del causante que resulta afectado por su deceso»25.

46. La sentencia C-515 de 2019 también precisó que según el legislador la vigencia
de la sociedad conyugal con el cónyuge separado de hecho y que no convivió con el
causante en los 5 años anteriores al fallecimiento, es condición necesaria para
reconocer este derecho pensional al cónyuge supérstite, dado que «mantuvo el vínculo
patrimonial con el causante, guiada por los principios que definen la pensión de
sobrevivientes26»27.

47. A su turno, la Sección Segunda, Subsección A28, del Consejo de Estado determinó
que en los eventos de inexistencia de la convivencia simultánea y cuando está vigente
la sociedad conyugal, el cónyuge supérstite tiene derecho a la sustitución pensional,
acorde con el inciso 3, literal b, del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, «siempre que acredite la vida en común con el
consorte durante al menos 5 años en cualquier momento»29.

48. En otras palabras, a modo de síntesis es dable afirmar que el requisito de
convivencia para que el cónyuge sea beneficiario de la sustitución pensional o de la
pensión de sobrevivientes, obliga a un análisis de las particularidades de cada caso, y
que incluso para la cónyuge separada de hecho la convivencia puede ser de 5 años
en cualquier tiempo.

3.4. Hechos probados relevantes

49. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

50. La accionante nació el 28 de octubre de 1942 30. El 16 de enero de 1960, se casó
a través de un matrimonio católico con el señor Gonzalo Gildardo Almanza31. En el
25 Idem.
26
En la sentencia C-1035 de 2008, la Corte explicó que los principios que definen la pensión de sobrevivientes y
sustitución pensional, según corresponda, son: “(i) Principio de estabilidad económica y social para los allegados
del causante, cuyo objeto es que a través de la sustitución pensional se mantengan, al menos en el mismo grado
de seguridad social y económica, a los beneficiarios afectados con la muerte del pensionado, que de no ser así
conduciría a una desprotección y a una posible miseria, de allí la necesidad de establecer los grados de prelación
para efectos de determinar las personas más cercanas al causante y que más dependían del mismo. (ii) Principio
de reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus allegados, el cual busca impedir que con ocasión de la muerte
de uno de los miembros de la pareja, el otro se vea en la obligación de soportar las cargas materiales y espirituales
que conlleva el deceso. (iii) Principio material para la definición del beneficiario, que consiste en determinar, bajo el
criterio material acogido por el legislador, quien es el beneficiario de la sustitución pensional, el cual se obtiene de
verificar quien tuvo mayor convivencia efectiva al momento de la muerte del pensionado”.
27 Corte Constitucional, sentencia C-515 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2024, proceso con

radicado 54001-23-33-000-2019-00096-01 (2191-2024), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
29 Frente a la postura de la Corporación sobre la vigencia de la sociedad patrimonial para efectos de hacerse

beneficiario del derecho. Ver: sentencia del 23 de septiembre de 2015. Expediente: 25000-23-25-000-2008-00580-
01(3789-13); del 24 de agosto de 2016. Expediente: 11001-03-15-000-2016-01576-00 (AC); del 25 de abril de 2024.
Expediente: 25000 23 42 000 2017 04554 01 (1853-2021).
30 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc.03 anexos, pág. 45.
31 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc.03 anexos, pág. 43.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

proceso se acreditó que la pareja tuvo tres hijos, a saber, Ana Patricia, Gonzalo y
Sandra Liliana Almanza Sáenz32.

51. Mediante la Resolución 01131 del 18 de mayo de 1994, la Caja de Previsión Social
de Santa Fe de Bogotá, ordenó el reconocimiento de una pensión de jubilación a favor
de Gonzalo Gildardo Almanza Méndez, por cumplir 50 años de edad y 7.537 días de
servicio, por un valor de $575.601, efectiva a partir del 1°. de enero de 199433.

52. El señor Gonzalo Gildardo Almanza Méndez, en escrito del 30 de agosto de 1994,
dirigido a la Caja de Previsión Social de Bogotá, manifestó que designaba a su
cónyuge, la señora María Dalila Sáenz de Almanza, para que en caso de fallecimiento
«se le traspase» la pensión de jubilación34.

53. Obra en el proceso, la copia de un carné de la Caja de Previsión Social Distrital,
en el cual consta que el afiliado es el señor Gonzalo Almanza Méndez y la beneficiaria
María Dalila Sáenz de Almanza35.

54.El 13 de diciembre de 2003, falleció el señor Gonzalo Gildardo Almanza Méndez,
según consta en el registro civil de defunción con serial 516495636.

55. La subdirectora de Obligaciones Pensionales de la Secretaría de Hacienda de
Bogotá, mediante la Resolución 3083 del 8 de noviembre de 2005, negó «la pensión
de sobrevivientes» a las señoras María Dalila Sáenz de Almanza y Belén Molano
Rivas, al considerar que37:

«legal y jurisprudencialmente se ha privilegiado el derecho del cónyuge supérstite o
compañera permanente en el evento en que se pruebe de manera fehaciente la
convivencia con el de cujus y una vida de socorro y apoyo mutuo de carácter exclusivo
con esa persona, circunstancia que si bien (sic) en este proceso no se probaron, por lo
que no está demostrada convivencia estable y definitiva hasta el día del fallecimiento del
señor Gonzalo Gildardo Almanza Méndez ( q.e.p.d), por parte de las señoras María Dalila
Sáenz de Almanza y Belén Molano Rivas».

56. A través de la Resolución 1821 del 28 de julio de 2006, la Secretaría de Hacienda
de Bogotá, al decidir el recurso de queja contra el auto 0012 del 31 de enero de 2006,
decidió confirmarlo. Este auto había rechazado el recurso de apelación interpuesto
frente a la Resolución 3083 de 2005, dado que no fue «presentado personalmente»38.

57.El 1°. de octubre de 2014, la señora María Dalila Sáenz de Almanza, en la calidad
de cónyuge supérstite, solicitó al FONCEP nuevamente el reconocimiento de la

32 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc.03 anexos, págs. 46 a 48.
33 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc. 02 anexos, págs. 15 a 18.
34 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc.03 anexos, pág. 26.

35 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc.03 anexos, pág. 28.
36 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc.03 anexos, pág. 42.
37 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc.03 anexos, págs. 1 a 7.
38 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc. 03 anexos, págs. 14 a 17.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

«pensión de sobrevivientes»39.

58. La señora María Dalila Sáenz de Almanza se presentó ante el Consulado de
Miami, el 10 de mayo de 2016, para efectuar una declaración dirigida al FONCEP,
así40:
Declaro lo siguiente: tengo 74 años de edad, me identifico como atrás quedó escrito,
de estado civil viuda, estudié el bachillerato completo, de profesión ama de casa; me
casé con Gonzalo Gildardo Almanza Méndez q.e.d.p., el 16 de enero de 1960, en la
Parroquia San José de Calarcá, Quindío, y desde esa fecha hasta aproximadamente
en el mes de junio de 1992, que me trasladé a vivir a los Estados Unidos de
Norteamérica, convivimos compartiendo techo, lecho y mesa; de dicho matrimonio
nacieron cuatro (4) hijos, que corresponden a los nombres de Carlos Alberto, Ana
Patricia, Gonzalo y Sandra Liliana Almanza Sáenz. Durante los 32 años que
compartimos estuvimos viviendo inicialmente, recién casados en la ciudad de Calarcá,
Quindío, y luego nos trasladamos a vivir a la ciudad de Bogotá D.C., por cuestiones de
trabajo de mi esposo; durante todo ese tiempo de convivencia, dependía
económicamente de los ingresos de mi esposo, pues nunca trabajé y era él quien suplía
todas las necesidades de la familia, es decir, alimentación, vestido, servicios, todo lo
relacionado con el estudio de los hijos, paseos, esparcimiento. Durante los 32 años que
convivimos, jamás hubo interrupción en la relación, ni tampoco conocí de la existencia
de alguna otra persona (mujer) que tuviera relaciones maritales con mi esposo.

59.Igualmente, obran las declaraciones extrajuicio de los señores María Eloisa Serna
de Ovalle41, Octavio Cortés Villada y Rosa Amelia Calderón Cortés42.

60. En la audiencia de pruebas del 9 de febrero de 2021, el Tribunal recibió la
declaración de parte de la señora María Dalila Sáenz de Almanza, y practicó los
testimonios de Belén Molano Rivas y María Eloisa Serna de Ovalle43.

3.5. Caso concreto

61. En el asunto bajo análisis, la accionante en la calidad de cónyuge supérstite
solicita la nulidad del acto administrativo expedido por el FONCEP que le negó el
reconocimiento de la sustitución pensional. Como fundamento de la demanda indicó
que el vínculo matrimonial estaba vigente para la fecha de fallecimiento del causante
y que convivió durante 34 años con él; de modo que cumplió con el requisito de cinco
años de convivencia en cualquier tiempo, aunque estuviera separada de hecho.

62. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la
demanda. Así, ordenó el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de la
señora María Dalila Sáenz de Almanza al considerar que acreditó la calidad de
cónyuge supérstite. Resaltó que la sociedad conyugal estuvo vigente hasta el
fallecimiento del pensionado, con la calidad de cónyuge separada de hecho, puesto

39 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc. 03 anexos, págs. 18 a 25.
40 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc. 03 anexos, pág. 36.
41
Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc. 03 anexos, págs. 38 y 39.
42 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc. 03 anexos, pág. 40.
43 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc. 28. Audiencia de pruebas.

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

que la actora viajó a Estados Unidos en el año 1990, además sostuvieron lazos de
solidaridad y apoyo mutuo.

63. Inconforme con esta decisión, el FONCEP interpuso recurso de apelación, para
insistir en que la accionante no acreditó los cinco años de convivencia inmediatamente
anteriores a la muerte del jubilado, ni en cualquier tiempo. Así pues, resaltó que el
contenido de la declaración de parte y de los testimonios no tiene el mérito suficiente
para demostrar la convivencia e hizo énfasis en que la actora viajó a Estados Unidos
en el año 1990.

64. Con el objeto de resolver el recurso de apelación, se destaca que en el proceso
la parte actora probó que estuvo casada con el señor Gonzalo Gildardo Almanza, el
16 de enero de 196044, de esa unión que tuvieron tres hijos45, según se acreditó en el
proceso; el citado señor Gonzalo Gildardo Almanza era beneficiario de una pensión de
jubilación reconocida a través de la Resolución 01131 del 18 de mayo de 1994; el
jubilado falleció el 13 de diciembre de 200346; y el FONCEP le negó el reconocimiento
de la sustitución pensional a la señora María Dalila Sáenz de Almanza47.

• Norma aplicable para el reconocimiento de la sustitución pensional

65. Ahora bien, se debe precisar que en atención a la fecha de fallecimiento del
señor Gonzalo Gildardo Almanza, el 13 de diciembre de 2003, la norma que gobierna
el derecho a la sustitución pensional es la vigente para la fecha de la contingencia, es
decir, la data de la muerte del pensionado. Para el caso bajo estudio entonces impera
remitirse a la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de
1993, la cual entró en vigencia el 29 de enero de 2003.

66. Esto acorde con la sentencia de la Sección Segunda del 25 de abril de 201348,
criterio que fue reiterado en el fallo del 11 de agosto de 202249 al indicar que «se
aplican las normas del Sistema General de Pensiones sobre convivencia en materia
de pensión de sobrevivientes, si son los preceptos vigentes para la fecha del
fallecimiento, sin perjuicio de los derechos adquiridos bajo normas anteriores».

67. Aunado a lo anterior, el Acto Legislativo 01 de 2005 indica que «los requisitos y
beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán
los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones».

44 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc.03 anexos, pág. 43.
45 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc.03 anexos, págs. 46 a 48.
46 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc. 02 anexos, págs. 15 a 18.
47 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc.03 anexos, págs. 1 a 7.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-

000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, proceso con radicado 23001-23-33-

000-2014-00444-01 (1655-2017).
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

68. En este orden de ideas, la norma aplicable para definir el derecho a la
sustitución pensional de la señora María Dalila Sáenz de Almanza son los artículos 12
y 13 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de
1993, en el sentido que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes «los
miembros del grupo familiar del pensionado por vejez […] que fallezca», y en el caso
del cónyuge supérstite debe acreditar que haya convivido 5 años con el causante.

• Requisito de convivencia de 5 años

69. Ahora bien, tal como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial la
cónyuge separada de hecho con sociedad conyugal vigente puede demostrar el
requisito de cinco años de convivencia en cualquier tiempo, dado que:

i) La separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial existente
entre el causante y su cónyuge sobreviviente;
ii) la Ley 797 de 2003 buscó proteger al grupo social integrado principalmente
por mujeres con trabajos relegados al cuidado del hogar y que estaban
sumidas en una situación de vulnerabilidad;
iii) «esta dimensión sociológica debe servir de parámetro interpretativo, a modo
de un reconocimiento que la seguridad social hace a la pareja que durante
largo periodo contribuyó a la consolidación de la pensión, mediante un
trabajo que hasta hace poco no gozaba de valor económico o relevancia
social»50;
iv) acorde con una interpretación lógica es dable «pensar que si con arreglo al
último inciso del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en los
eventos de convivencia no simultánea, el cónyuge separado de hecho tiene
derecho a la pensión de sobrevivientes en forma compartida, también debe
tener derecho a esa prestación ante la inexistencia de compañero (a)
permanente»51.

70. Por consiguiente, la cónyuge supérstite en el evento en que estuvo separada
de hecho puede acreditar el requisito de convivencia de cinco años en cualquier
tiempo. Ahora bien, en el presente caso se precisa que no existe otra persona
interesada en el reconocimiento de la sustitución pensional, toda vez que la señora
Belén Molano Rivas manifestó ante el Tribunal que «desistía de las pretensiones», y
el fallador de primera instancia aceptó lo pedido52. Por lo tanto, no hay lugar a estudiar
la legalidad del acto administrativo demandado en cuanto le negó la sustitución
pensional a la citada señora Belén Molano de Rivas.

71. Precisado lo anterior, frente a la convivencia la Sala precisa que la señora María

50 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL1399-2018, radicación 45779, M.P. Clara Cecilia
Dueñas Quevedo.
51
Idem.
52 En auto del 23 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó el desistimiento de la

señora Belén Molano Rivas, expediente digital, págs. 125 a 133.
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

Dalila Sáenz de Almanza tiene la calidad de cónyuge supérstite, cuya sociedad
conyugal estaba vigente para el momento del deceso del señor Gonzalo Gildardo
Almanza Méndez. Además, afirma que procrearon cuatro hijos, de los cuales en el
proceso constan los registros civiles de tres de ellos nacidos en los años 1963, 1965 y
197253. Igualmente, obra el carné de la Caja de Previsión Social Distrital, donde indica
que el afiliado era el causante y la beneficiaria María Dalila Sáenz de Almanza54.
También, consta en el proceso el escrito del 30 de agosto de 1994 del señor Gonzalo
Gildardo Almanza Méndez, dirigido a la Caja de Previsión Social de Bogotá, en el cual
manifestó que designaba a su cónyuge, la señora María Dalila Sáenz de Almanza,
para que en caso de fallecimiento «se le traspase», la pensión de jubilación55.

72. Al trámite se aportó la declaración extrajuicio de la señora María Eloisa Serna de
Ovalle donde expuso que le constaba que la actora se había casado en el año 1960
con Gonzalo Gildardo Almanza Méndez, que compartieron techo, lecho y mesa desde
el matrimonio hasta el año 1992 (sic: 1990), «fecha en la cual doña María Dalila viajó
a residir en Estados Unidos, de este matrimonio procrearon 4 hijos de nombres Sandra
Liliana, Ana Patricia, Gonzalo y Carlos Alberto Almanza Sáenz», relató que María
Dalila siempre dependió económicamente de su esposo56.

73. En igual sentido, el señor Octavio Cortés Villada y la señora Rosa Amelia Calderón,
en una declaración extrajuicio, expresaron que la actora se casó con el causante en el
año 1960, y luego del matrimonio se fueron a vivir a Bogotá, que convivieron hasta el
año 1992, «y no sabemos qué pudo haber sucedido después, porque en ese año, o
sea en 1992, María Dalila se fue para los Estados Unidos y antes de su viaje nos
consta y sabemos que ella dependía económicamente de su esposo»57.

74. En la audiencia de pruebas, se practicó el interrogatorio de parte de la señora
María Dalila Sáenz de Almanza, la cual manifestó que tenía 77 años de edad, era ama
de casa y residía para ese momento en Miami (Estados Unidos).

75. Al ser interrogada sobre su vínculo con el señor Gonzalo Gildardo Almanza, afirmó
que fue su esposa. Indicó que se conocieron cuando ambos se encontraban
estudiando y que, posteriormente, contrajeron matrimonio. Señaló que la relación se
prolongó aproximadamente por 43 años, «hasta que murió», y sostuvo que «siempre
estuvimos juntos, vivimos todo el tiempo, 43 años».

76. En cuanto a los lugares de residencia y convivencia, refirió que vivieron en muchas
partes, en Calarcá (Quindío) y en Bogotá, precisó que en Bogotá residieron en el barrio
San Antonio. Explicó que se trasladaban por motivos laborales, pero que, en los
últimos años, su vivienda principal estuvo en Bogotá.

53 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc.03 anexos, págs. 46 a 48.
54 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc.03 anexos, pág. 28.
55
Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc.03 anexos, pág. 26.
56 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc. 03 anexos, págs. 38 y 39.
57 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc. 03 anexos, pág. 40.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

77. Relató que se trasladó a los Estados Unidos en 1992 y que, desde entonces, su
esposo viajó a ese país en dos ocasiones, pues no le agradaba permanecer allí y,
además, tenía problemas cardíacos que dificultaban los desplazamientos. Señaló que,
«nos estábamos comunicando (…) nos escribíamos, nos llamábamos siempre».
Relató que él continuó brindándole sostenimiento económico desde los Estados
Unidos.

78. Afirmó que no tuvo conocimiento de que el señor Almanza hubiera convivido con
otra persona después de su viaje a los Estados Unidos. Indicó que, luego del año 1992,
su esposo permaneció inicialmente solo en la casa y, con posterioridad, convivió con
Orfilia, hija que él había tenido antes del matrimonio; también señaló que en algún
momento vivió con un hijo llamado Gonzalo.

79. Respecto de las razones por las cuales no viajaba a Colombia, manifestó que «yo
en Colombia vivía muy nerviosa. Porque en esa época, no sé si se acuerda usted o
no, había mucha guerrilla […] Todo eso me hizo también venir por un tratamiento, para
hacerme un tratamiento aquí para los nervios, para todo eso, tranquilizarme».

80. Finalmente, expresó que el pensionado sufría del corazón y la presión, y que no
asistió a las exequias de su esposo porque no podía salir del país mientras adelantaba
trámites para la obtención de los documentos migratorios; no obstante, aseguró que
conoció oportunamente la noticia de su fallecimiento.

81. La señora Belén Molano Rivas manifestó tener 74 años y dedicarse a las
labores del hogar. Indicó que conoció al señor Gildardo Gonzalo Almanza Méndez por
intermedio de un amigo que los presentó y que, desde aproximadamente 1997,
entablaron una relación de amistad que posteriormente derivó en convivencia. Señaló
que convivió con el causante desde el 13 de diciembre de 1998 hasta su fallecimiento,
ocurrido en 2003, y que durante ese periodo vivieron solos, en un inmueble ubicado
en el sector Luna Park, cerca del Restrepo, en la ciudad de Bogotá. Agregó que,
durante la enfermedad del señor Almanza, lo acompañó y estuvo pendiente de su
atención, incluso cuando fue internado en el Hospital Santa Clara, y afirmó que
permaneció con él hasta el día de su muerte.

82. Sostuvo que la relación fue reservada y que el causante manifestó que era
casado pero separado, y que habría estado en Miami en 1995, luego de lo cual decidió
irse a vivir con ella. Respecto de la señora María Dalila Sáenz de Almanza, indicó que
no la conocía y que solo tuvo noticia de ella recientemente, con ocasión de este trámite.
Asimismo, manifestó que el señor Almanza no mantenía comunicación con la
mencionada señora, sino con sus hijos. Precisó que no conoció personalmente a los
hijos del causante y que solo los vio por fotografías.

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

83. En cuanto a la atención del causante durante su enfermedad, refirió que ella lo
cuidó «en parte» y que, además, contaba con apoyo de una persona que le colaboraba
en la oficina. Mencionó igualmente a una hija llamada Orfilia, quien, según dijo, solo
apareció «al último momento» en el Hospital.

84. Por último, sostuvo que el señor Almanza tenía una póliza exequial, la cual le
fue entregada para cubrir los gastos funerarios, y afirmó que ninguno de sus hijos ni
su esposa acudió al momento del fallecimiento ni a las exequias. Indicó que, durante
la relación, el causante se desempeñaba como abogado litigante, mientras ella se
dedicaba a las labores del hogar.

85. La señora María Eloisa Serna de Ovalle manifestó tener 74 años de edad.
Indicó que conoció al señor Gonzalo Gildardo Almanza por cuanto era vecino de su
familia y se encontraba casado con la señora María Dalila Sáenz de Almanza. Señaló
que el causante había residido en Calarcá (Quindío), en la calle 41 con carrera 17,
esquina, y que allí convivía con su esposa y sus hijos.

86. A la testigo le fue puesto de presente que la señora María Dalila residía en los
Estados Unidos. Entonces, al responder explicó que, según su conocimiento, el señor
Almanza viajaba con frecuencia a ese país para visitarla, y que, cuando se encontraba
en Colombia, ella lo veía sin compañía sentimental distinta.

87. Respecto de los últimos años del señor Almanza, afirmó que lo veía cuando
este se desplazaba a Calarcá a visitar a su nieta Lina María, de quien indicó también
ser abuela, razón por la cual el causante acudía a su casa.

88. En relación con su vida en Bogotá, señaló que tenía conocimiento de que el
señor Almanza vivía allí con una hija, aunque precisó que no conocía de primera mano
mayores detalles. Sobre la frecuencia de los desplazamientos del causante a Calarcá,
manifestó que este viajaba cada año o dos años, principalmente para visitar a su nieta.
Indicó que tuvo noticia del fallecimiento del señor Almanza aproximadamente ocho
días después, por cuanto para ese momento no se encontraban en la ciudad.

89. Expresó que, desde su conocimiento, la señora María Dalila y el señor Gonzalo
Almanza se mantuvieron como pareja mientras convivieron en Colombia y, cuando ella
se trasladó a los Estados Unidos, él continuó visitándola.

90. Frente a esta declaración, la entidad apelante manifestó que la testigo solo veía
una vez al año al causante y que no tenía conocimiento directo sobre las condiciones
en las cuales falleció el señor Almanza Méndez. Para la Subsección ello solamente
evidenció que el causante viajó esporádicamente en los últimos años de vida a
Calarcá, lo cual, en todo caso no contradice la convivencia durante el tiempo en que
la accionante y su esposo vivieron juntos, antes de que viajara a Estados Unidos.

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

Tampoco pierde credibilidad lo señalado por la testigo, aunque no tuviera conocimiento
directo de las circunstancias en que murió el señor Almanza Méndez.

91. Como se muestra en este contexto, la Subsección concluye que la señora María
Dalila Sáenz de Almanza viajó a Estados Unidos en el año 1990, no en 1992, tal como
lo certificó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)58, al informar que viajó
el 6 de octubre de 1990 con destino a Miami. Nótese que para la fecha de deceso del
jubilado continuaba en ese país, según lo indicó en el interrogatorio de parte; sin
embargo, lo cierto es que los cónyuges no disolvieron el vínculo matrimonial. Por
consiguiente, la Sala resalta que, en el caso de la accionante, en la calidad de cónyuge
supérstite separada de hecho tiene derecho a la sustitución pensional si demuestra
cinco años de convivencia en cualquier tiempo.

92. Así pues, se debe destacar en cuanto a la convivencia entre la actora y el
causante que se casaron el 16 de enero de 1960 y en el proceso se demostró que
tuvieron tres hijos entre los años 1963 a 1972, es decir, en un periodo de 9 años; lo
que evidencia la consolidación de un núcleo familiar. Por otra parte, el señor Gonzalo
Gildardo Almanza el 30 de agosto de 1994 (pasados 34 años de su matrimonio y luego
de 4 años de la separación de hecho), le manifestó de forma expresa a la Caja de
Previsión Social de Bogotá que si fallecía la beneficiaria de su pensión debía ser la
cónyuge María Dalila Sáenz de Almanza. Este documento proveniente del pensionado
es relevante, en tanto, acredita los lazos de solidaridad y apoyo mutuo, aunque la
esposa desde el año 1990 residía en el exterior.

93. En lo que respecta a las declaraciones de la demandante, no se pasa por alto,
que en aquella rendida ante el Consulado de Miami expresó que convivieron durante
32 años, y luego en la audiencia de pruebas expresó que la convivencia había sido por
43 años. En todo caso, esta contradicción en el tiempo de convivencia no conlleva a
que se descarte todo el tiempo vivido con el señor Gonzalo Gildardo Almanza, puesto
que la Subsección no puede desconocer la manifestación del pensionado que realizó
el 30 de agosto de 1994, ni que él sí viajó a Miami (Estados Unidos) el 13 de enero de
1993 y el 9 de octubre de ese mismo año59, luego de que su cónyuge partió a dicho
país ni el contenido de las pruebas testimoniales sobre la convivencia entre la pareja
desde 1960 hasta 1990.

94. En todo caso, en la valoración del contenido de la declaración se debe tener en
cuenta el paso del tiempo y la afectación de la memoria de las personas de la tercera
edad, lo cual justifica con mayor razón que el estudio de las pruebas sea en conjunto
y no de forma aislada.

58 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, carpeta Samai, doc. anexo, págs. 472 a 475.Oficio
640079-11 del 22 de septiembre de 2005, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
59
Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, carpeta Samai, doc. anexo págs. 472 a 474. Oficio
640079-11 del 22 de septiembre de 2005 del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), dirigido a la
subdirectora de obligaciones pensionales.
19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

95. Así pues, frente a la valoración de las pruebas testimoniales, esta corporación
ha considerado que lo procedente es analizar los testimonios en conjunto, según las
reglas de la sana crítica, la cual «está edificada con los criterios de la lógica, el uso de
la ciencia y de la técnica, y las reglas de la experiencia. Respecto de la lógica, podemos
destacar el principio de no contradicción y el de razón suficiente. En cuanto a la ciencia
y la técnica, ello está asociado con las opiniones, estudios y dictámenes de los
expertos en determinadas materias. A su vez, las reglas de la experiencia pueden ser
individuales y colectivas, como también pueden ser construidas por conocimientos
públicos y privados.60 Una regla de la experiencia plena es la que tiene en cuenta tanto
lo colectivo como lo público.61 Estas pueden acreditarse por cualquier fuente de
conocimiento, sin que sea necesario una prueba o cierta formalidad. 62»63.

96. Asimismo, en la valoración de la prueba testimonial es importante tener en
cuenta que el relato puede verse afectado por imprecisiones o las pérdidas de
memoria, sin embargo, dichas contradicciones no deben ser esenciales64.

97. Ahora bien, las declaraciones extrajuicio de María Eloisa Serna de Ovalle,
Octavio Cortés Villada, Rosa Amelia Calderón Cortés, el interrogatorio de parte y el
testimonio practicado en la audiencia de pruebas de María Eloisa Serna de Ovalle son
coincidentes en afirmar que María Dalila Sáenz de Almanza y Gonzalo Gildardo
Almanza se casaron en 1960, que tuvieron cuatro hijos y que vivieron en Calarcá
(Quindío) y Bogotá (barrio San Antonio), hasta el viaje a Miami. Por consiguiente, estas
pruebas son indicativas sobre que la pareja convivió desde el matrimonio en el año
1960 por lo menos hasta 1990, cuando la actora viajó a Estados Unidos. Cabe destacar
que este hecho no fue negado por la señora Belén Molano Rivas, quien afirmó que
presuntamente convivió con el causante desde el 13 de diciembre de 1998.

98. En este orden de ideas y visto que las pruebas que acreditan la convivencia se
deben valorar dependiendo de las especificidades de cada proceso, no se desconoce
que los declarantes en el proceso eran todos personas mayores de 70 años. Sin
embargo, la labor del juez consiste en valorar en conjunto las pruebas (art. 176 Código
General del Proceso), acorde con las reglas de la experiencia y la sana crítica, para
proteger los derechos de la accionante como persona de la tercera edad, puesto que
en la actualidad cuenta con 83 años, para observar en cada caso en particular el
contexto social e histórico en el que se dio la convivencia, así como las barreras
sociales y culturales a las que se han visto sometidas las mujeres.

60 Coloma Correa, Rodrigo; y Agüero San Juan, Claudio. Lógica, Ciencia y Experiencia en la Valoración de la

Prueba. Revista Chilena de Derecho, vol. 41, n.º 2, pp. 673 – 703. 2014.
61 Ibidem.
62 Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Librería ediciones del Profesional LTDA. Décima sexta

edición. Bogotá. 2008. Pp. 96 y 97.
63
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 15001-23-33-000-2015-00746-01
(1081-2017), M.P. William Hernández Gómez.
64 Idem.

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

99. Por consiguiente, en respuesta al problema jurídico, la Subsección concluye que
la señora María Dalila Sáenz de Almanza sí convivió durante más de cinco años con
el señor Gonzalo Gildardo Almanza, aunque no fueron inmediatamente antes del
fallecimiento, por tanto, se confirmará el fallo de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda.

4. Costas

100. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 65 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte haya
incurrido en las anteriores conductas.

5. Conclusión

101. La señora María Dalila Sáenz de Almanza tiene derecho a la sustitución
pensional, en la calidad de cónyuge supérstite del señor Gonzalo Gildardo Almanza,
toda vez que tenían la sociedad conyugal vigente y convivieron durante 5 años, en
cualquier tiempo, razón por la cual se confirma la decisión de acceder a las
pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

65 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a

un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00949-01 (1043-2022)
Demandante: María Dalila Sáenz de Almanza
Demandado: FONCEP

FALLA:

Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 12 de mayo de 2021, que accedió a las pretensiones de la demanda,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Aceptar la renuncia presentada por la abogada Sandra Patricia Ramírez
Álzate, identificada con cédula de ciudadanía 52.707.169 y tarjeta profesional 118.925,
como apoderada del FONCEP, en los términos del memorial que obra en Samai en el
índice 12.

Cuarto: Reconocer personería a la abogada María Cristina Otálora Mancipe,
identificada con cédula de ciudadanía 53.105.588 y tarjeta profesional 160.590, como
apoderada del FONCEP, de conformidad con el poder que obra en el índice 14 de
Samai.

Quinto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.