Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00958-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00958-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00958-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
3 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2019-00958-01 (2617-2021)
Demandante : Yolanda Acosta Rodríguez
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Tema : Reconocimiento de pensión gracia
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la entidad
accionada contra la sentencia de 12 de noviembre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección
segunda), mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 1 a 6 vuelto). La señora Yolanda Acosta Rodríguez,
por intermedio de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente
se precisan.
1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 8548 de 6
de marzo, RDP 14194 de 23 de abril y RDP 19333 de 29 de mayo, todas de
2018, por las que la parte accionada negó el reconocimiento de la pensión gracia
a la demandante.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada (i) conceder la aludida prestación a partir de la fecha de
adquisición del estatus pensional, debidamente indexada; (ii) pagar intereses
moratorios y (iii) dar cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 del
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00958-01 (2617-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yolanda Acosta Rodríguez contra la UGPP
CPACA. Por último, se le condene en costas.
1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la actora que nació el 14 de abril de 1959
y prestó sus servicios por más de veinte (20) años como maestra nacionalizada
en Bogotá, motivo por el cual el 7 de diciembre de 2017 pidió de la accionada
la pensión gracia, negada a través de las decisiones cuestionadas, con el
argumento de que su vinculación con la docencia fue de carácter nacional y no
laboró en este sector con antelación a 1980.
1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por los actos administrativos acusados los artículos 1°, 2°, 4°,
5°, 6°, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política; 1°, 3° y
4° de la Ley 114 de 1913; 6° de la Ley 116 de 1928, 15 de la Ley 91 de 1989,
3° del Decreto 81 de 1976 y 3° del Decreto ley 2277 de 1979.
Arguye que la demandada incurre en infracción de las normas en que debía
fundarse y falsa motivación, toda vez que dejó de advertir que en el expediente
administrativo «[…] se encuentran decretos de nombramiento y actas de
posesión que evidencian su vinculación como NACIONALIZADA, puesto que
quien realiza los nombramientos es el ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO DE
BOGOTÁ; eventos que se adecuan a los supuestos facticos previstos en el inciso
tercero del artículo 1ro de la Ley 91 de 1989, […] conforme a ello […] cumple
con los requisitos legales para obtener el reconocimiento y pago de la
prestación reclamada» (sic).
1.2 Contestación de la demanda (ff. 38 a 48). La entidad accionada, por
conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones del medio
de control y se refirió a los hechos, en el sentido de que unos son ciertos, otros
no, algunos no constituyen situaciones fácticas y los demás no le constan.
Asimismo, propuso las excepciones denominadas falta de causa e inexistencia
de la obligación, legalidad de los actos enjuiciados, cobro de lo no debido, buena
fe y prescripción.
Dice que en el sub lite «[…] no [es] posible […] verificar el tipo de vinculación
que tuvo la actora y corroborar la afirmación de que su vinculación ha sido del
orden territorial, esto por cuanto solo se puede verificar con los actos de
nombramiento y posesión […] en el cargo de docente que afirma la parte
demandante y con el certificado de información laboral expedido por el
funcionario competente» (sic), siempre que sean adosados en original.
1.3 Providencia apelada (ff. 100 a 114). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), mediante sentencia de 12
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00958-01 (2617-2021)
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Yolanda Acosta Rodríguez contra la UGPP
de noviembre de 2020, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda (sin
condena en costas), al considerar que las pruebas evidencian que la accionante,
«[…] bajo la calidad de docente NACIONALIZADA, prestó sus servicios al
Distrito Capital de Bogotá entre el 1 de febrero a 30 de abril de 1977 y entre
el 28 de septiembre de 1983 a 29 de agosto de 2017 […], para un total de 34
años, 2 meses y 2 días, acreditándose así un tiempo superior a 20 años de
servicio y una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, según lo exige
el artículo 15 de la Ley 91 de 1989» (sic).
Que dichos medios de convicción «[…] son concordantes entre sí, por lo que
analizad[o]s en conjunto resultan suficientes, para establecer la efectiva
incorporación a la docencia oficial de la demandante por los periodos
anunciados en la demanda» (sic), sin que sea dable «[…] restarles credibilidad,
sólo por el hecho de que no se aportó copia de las actas de posesión, si se tiene
en cuenta que se acompañó copia auténtica de los actos administrativos de
nombramiento, y porque fue la misma Secretaría de Educación de Bogotá D.
C., quien certificó de distintas formas, los periodos en que la demandante
laboró antes y después del 31 de diciembre de 1980, especialmente el
nombramiento interino que se dio entre el 1° de febrero a 30 de abril de 1977»
(sic).
Respecto del fenómeno jurídico-procesal de la prescripción, sostiene que «[…]
hay lugar a declarar[lo frente a] las mesadas causadas con anterioridad al 7
de noviembre de 2014, teniendo en cuenta que la reclamación fue presentada
el mismo día y mes del año 2017» (sic).
1.4 El recurso de apelación (ff. 116 a 121). Inconforme con el anterior fallo,
la demandada interpuso recurso de apelación, al estimar que no existe certeza
de que la actora «[…] hubiera estado vinculada como minino veinte años como
docente nacionalizado, por el contrario lo que se evidencia fue que laboró
mediante una vinculación del orden nacional, tal y como se señala en el
certificado de tiempo de servicio expedida por la Secretaría de educación, por
lo que, a la luz del inciso primero (1) del artículo 1 de la Ley 91 de 1989, no es
procedente el reconocimiento pensional, demandado, en atención al carácter
excepcional con que fue instituida» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante auto de 27 de abril de 2021 (ff.
123 y 124) y admitido por esta Colegiatura a través de proveído de 28 de abril
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de 2022 (f. 129), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA1; pero durante
la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem las partes y el correspondiente
agente del Ministerio Público guardaron silencio (f. 130).
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación2, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la accionante le asiste razón jurídica
para reclamar de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir
los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y
demás normas que la regulan; o, por el contrario, carece de fundamento, pues
su vinculación a la profesión docente fue de carácter nacional, como lo alega la
parte demandada.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente
correcta para el asunto sub examine.
En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a
su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad
educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras
exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:
El artículo 1º de la Ley 114 de 19133 consagró por primera vez la pensión gracia:
Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el
Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una
pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de
la presente Ley.
1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
2
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
3
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
4
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00958-01 (2617-2021)
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Yolanda Acosta Rodríguez contra la UGPP
El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional
[…]».
De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían
los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las
asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación;
tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 19034, la educación
pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto
que la secundaria lo era a cargo de la Nación.
Posteriormente, la Ley 116 de 19285 amplió el beneficio de la pensión gracia a
los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:
Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los
Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los
términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta
complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los
prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria
como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica
la inspección.
Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a
la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en
la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual6.
La Ley 37 de 19337 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel
secundario.
4
«[S]obre Instrucción Pública».
5
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
6
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación,
el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
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«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
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Yolanda Acosta Rodríguez contra la UGPP
La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 19988, con
ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4
(numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:
En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de
1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no
haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente
el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que
la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos
relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para
acceder a ella.
Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado
para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino
limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos
condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación.
En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una
justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la
doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto
constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido
en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble
asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia
establezca la ley.
A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43
de 19759, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la
Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación
primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación».
Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias
salariales entre los distintos docentes del sector oficial.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, preceptuó:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la
Nación.
8
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
9
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
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B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales
y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero
de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de
medio año equivalente a una mesada pensional.
Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada,
esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se
acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de
agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de
1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en
relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:
[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por
habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les
dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre
que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado
vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37
de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos
docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión
gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter
nacional”.
[…]
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues
su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por
su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y
secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se
hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no
existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la
establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados
(literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del
legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00958-01 (2617-2021)
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dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y
por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose
nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha
prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente
le asignó la ley10.
Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar la
interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la
mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-
01 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con
los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo
SU-14 de 202011, esa disposición «[…] «solo tiene una lectura posible, esto es,
la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales,
los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria
aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,]
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida
fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91
de 1989».
De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en criterio
de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la
pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de
diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector
educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó
el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser
acreedor de esa prestación.
10
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás
Pájaro Peñaranda.
11
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00958-01 (2617-2021)
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En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de
1999, expuso:
Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.
3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral
de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de
1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen
“un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el
tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de
diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes
nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de
la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER),
girados por concepto del situado Fiscal.
Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su
artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían
vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y
por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para
entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”,
continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con
el lleno de los requisitos legales correspondientes.
[…]
Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de
la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975
para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de
diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber:
los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio
de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los
departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que
existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata
la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las
leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación
de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o
reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31
de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o
departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto
y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos
asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente
acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada
(artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de
la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual
prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.
La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo
13 de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no
existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo
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150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las
leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la
Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del
Magisterio, como efectivamente lo ha hecho.
La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional
haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de
1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros
docentes, sólo se conserve como derecho para quienes estaban
vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda
a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica
desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta
situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a
disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán
posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa”
la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el
legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya
de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las
situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y
quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es
claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y que,
las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que se
tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad
cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto
por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la
acusación12 [se subraya y destaca].
De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o
municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de
edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.
3.5 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
12
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues,
como acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre
de 1980” que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los
vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho
“sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca).
La parte en negrillas de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
10
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00958-01 (2617-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yolanda Acosta Rodríguez contra la UGPP
a) Cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento de la actora, que dan
cuenta de que nació el 14 de abril de 195913.
b) Decreto 235 de 16 de febrero de 1977, por el que el señor alcalde de Bogotá
nombra a la accionante como profesora interina a partir del 4 de los mismos mes
y año, «Por el tiempo que Maria Flautero permanezca en Incapacidad Médica»
(sic; ff. 10 y 11).
c) Decreto 411 de 14 de marzo de 1983, por medio del cual la aludida autoridad
designa a la demandante como maestra en el ente territorial que regenta14.
d) Resoluciones RDP 8548 de 6 de marzo, RDP 14194 de 23 de abril y RDP
19333 de 29 de mayo, todas de 201815, mediante las cuales la demandada niega
la pensión gracia reclamada por la actora el 7 de noviembre de 2017, por cuanto
ella «[…] debe probar el tipo de vinculación como docente, y solamente se
prueba cuando se aporte en original y/o copia autentica del acta de
nombramiento y posesión del cargo designado como docente junto con el
certificado de información laboral expedido por el funcionario competente»
(sic; ff. 15 a 26 vuelto).
e) Constancias de 20 de octubre de 1978, 19 de mayo de 2009 y 29 de abril, 17
de junio y 12 de diciembre de 2011, por cuyo conducto la directora de la Escuela
Perpetuo Socorro y la secretaría de educación de Bogotá informan que la
accionante laboró como pedagoga en aquel centro educativo entre el 1° de
febrero y el 30 de abril de 1.97716.
f) «FORMATOS» únicos para la expedición de certificado de historia laboral y
de salarios de la secretaría de educación de Bogotá (ff. 12 a 14), en los que
figura que la demandante trabajó del 1º de febrero al 30 de abril de 1977 y desde
el 28 de septiembre de 1983 hasta el 29 de agosto de 201717 como profesora con
vinculación nacionalizada, así:
Tipo de
Acto nombramiento o posesión Desde Hasta
Vinculación
Decreto 235 de 16 de febrero de
Docente interino 01/02/1977 30/04/1977
1977
13
Folio 9 y página 5 del expediente administrativo contenido en disco compacto obrante en el folio 72.
14
Página 24 ibidem.
15
Las dos (2) últimas expedidas al desatar los recursos de reposición y en subsidio de apelación interpuestos
contra la primera.
16
Páginas 22, 43, 45, 54 y 66 del expediente administrativo contenido en CD obrante en el folio 72.
17
Fecha de elaboración del certificado.
11
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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yolanda Acosta Rodríguez contra la UGPP
Decreto 411 de 14 de marzo de Nombramiento en
28/09/1983 29/08/201718
1983 propiedad
g) Declaración rendida por la actora el 3 de julio de 2009, en la que expresa bajo
la gravedad del juramento que se ha «[…] desempeñado como docente con
honradez consagración e idoneidad y buena conducta[,] care[ce] de los medios
de subsistencia en armonía con [su] posición social y costumbres» (sic), y «[…]
no h[a] sido sancionado(a) disciplinariamente»19.
h) El 1º de julio de 200920 y el 19 de octubre de 202221 se consultó certificado
de antecedentes en la página electrónica de la Procuraduría General de la
Nación, en el que aparece que la accionante no presenta antecedentes
disciplinarios22.
De las pruebas antes enunciadas se desprende que la demandante nació el 14 de
abril de 1959 y prestó sus servicios para la educación oficial, así:
Tiempo
Nominador Acto de nombramiento Desde Hasta laborado
a m d
Decreto 235 de 16 de
Secretaría de 01/02/1977 30/04/1977 -- 3 --
febrero de 1977
educación de
Decreto 411 de 14 de
Bogotá, D. C. 28/09/1983 29/08/2017 33 11 2
marzo de 1983
Total tiempo de servicio 34 2 2
En tal virtud, el 7 de noviembre de 2017 la actora pidió de la demandada el
reconocimiento de la pensión gracia, negado con Resoluciones RDP 8548 de 6
de marzo, RDP 14194 de 23 de abril y RDP 19333 de 29 de mayo, todas de
2018 (enjuiciadas), puesto que su vinculación con la docencia es de carácter
nacional y posterior al 31 de diciembre de 1980.
En el asunto sub judice, la accionada cuestiona la decisión del a quo, porque, a
su juicio, aunque la demandante «[…] demostró haber tenido vinculación antes
del 31 de diciembre de 1980, no logró acreditar el cumplimiento de 20 años de
tiempos de servicio en la docencia departamental, distrital, municipal y/o
18
Fecha de expedición del «FORMATO» único de historia laboral proveniente de la secretaría de educación de
Bogotá, en el que consta que la actora seguía «ACTIVA» en la actividad docente.
19
Página 9 del expediente administrativo contenido en disco compacto obrante en el folio 72.
20
Página 8 ibidem.
21
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/verpdf.aspx: «[…] una vez consultado el Sistema de Información
de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) YOLANDA ACOSTA RODRIGUEZ
identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 51560225: NO REGISTRA SANCIONES NI
INHABILIDADES VIGENTES» (sic).
22
Corte Constitucional, sentencia C-371 del 14 de mayo de 2002: «[…] la buena conducta que resulta exigible
de los servidores públicos […] se precisa a partir del respectivo régimen disciplinario».
12
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00958-01 (2617-2021)
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nacionalizada, así como que dicha vinculación fuera del orden TERRITORIAL
y/o NACIONALIZADO» (sic; f. 120 vuelto).
Previo a dilucidar la problemática planteada, cabe anotar, en primer lugar, que
si bien la secretaría de educación de Bogotá, en certificación de 17 de junio de
201123, indicó que, «[…] SEGÚN RESOLUCION No. 3222 AÑO 1983[, la
accionante] LABORO POR EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE
MARZO […] HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1983» (sic), no obra medio
de convicción adicional que corrobore esa información, amén de que, en todo
caso, no hace parte de los lapsos que se reclaman en las presentes diligencias
(tampoco fue materia de discusión en sede administrativa), motivo por el cual
la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre el particular.
Entonces, con el propósito de analizar el reproche de la entidad demandada, se
deberán abordar las distinciones previstas por el legislador entre profesores
nacionales, nacionalizados y territoriales.
Sobre este aspecto, resulta oportuno aclarar que, en virtud de la Ley 43 de 1975,
se nacionalizó la educación primaria y secundaria, para lo cual se concedió un
término de 5 años (artículo 324), esto es, hasta el 31 de diciembre de 1980, de
lo que se colige que con antelación a dicho trámite únicamente existían dos (2)
categorías de maestros oficiales, a saber: nacionales y territoriales. Y, posterior
a la referida nacionalización de la educación, se clasificaron en nacionales,
nacionalizados y territoriales, cuya diferenciación quedó establecida en el
artículo 1º de la Ley 91 de 1989, así:
i) Personal nacional. Son los vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional.
ii) Personal nacionalizado. Los designados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
iii) Personal territorial. Son los vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito del
artículo 1025 de la Ley 43 de 1975.
23
Página 54 del expediente administrativo contenido en CD obrante en el folio 72.
24
«A partir del 1o. de enero y hasta el 31 de diciembre de 1976, la Nación pagará el veinte por ciento (20%)
de los gastos de funcionamiento (personal) de la educación a que se refiere el artículo primero, conforme a los
presupuestos respectivos del año de 1975; y así sucesivamente en cada vigencia subsiguiente, aumentará en
un veinte por ciento (20%) su aporte a dichos gastos, hasta llegar a absorber el ciento por ciento (100%) de
los mismos en 1980 (de 1976 a 1980)».
25
«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán
con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni
13
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La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en dos
grandes grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional
(personal nacional) y (ii) los nombrados por entidades territoriales (personal
nacionalizado y territorial).
La importancia de tal clasificación radica en que se constituye en el punto de
partida de la Administración y los jueces de esta jurisdicción para evaluar si el
interesado tiene derecho o no al reconocimiento de la pensión gracia.
Ahora bien, en este caso se debe dar aplicación al principio de la primacía del
derecho sustancial sobre el formal, puesto que no se ajusta a los parámetros de
una correcta administración de justicia negar una prerrogativa, máxime de
carácter pensional, con fundamento en interpretaciones erradas de ciertos
elementos de prueba, cuando a través de otros se demuestran los hechos
debatidos, los cuales soportan las pretensiones de la demanda.
En el sub lite, reposan en el expediente constancias de tiempo de servicios y
«formato» único para la expedición de certificado de historia laboral de 29 de
agosto de 201726, en los que se consigna que entre el 1º de febrero y el 30 de
abril de 1977 y desde el 28 de septiembre de 1983 hasta el 29 de agosto de 2017,
la demandante se desempeñó en calidad de maestra interina y en propiedad, en
su orden, y su «TIPO DE VINCULACIÓN» fue nacionalizada.
No obstante, del contenido de los Decretos 235 de 16 de febrero de 1977 y 411
de 14 de marzo de 1983, la Sala advierte que las designaciones de la actora en
la docencia pública son de carácter territorial, si se tiene en cuenta que el alcalde
de Bogotá la nombró para ocupar plazas creadas y sufragadas por ese ente
territorial27.
Por tanto, esta subsección concluye que de los citados Decretos resulta evidente
que la accionante ocupó cargos de profesora territorial28, por lo cual los períodos
laborados en esa condición (primero en interinidad, luego en propiedad) son
susceptibles de ser contabilizados para efectos de completar veinte (20) años,
tiempo exigido para acceder a la pensión gracia.
tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización,
en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».
26
Folios 12 y 13 y páginas 22, 43, 45, 54 y 66 del expediente administrativo contenido en disco compacto
obrante en el folio 72.
27
Artículo 1º del Decreto 235 de 1977: «Nombrase Interinamente a las siguientes personas, Maestros
Dependientes de la Dirección Operativa – División de Enseñanza Primaria […]» (sic) de la planta de personal
de la secretaría de educación del entonces Distrito Especial de Bogotá.
Artículo 1º del Decreto 411 de 1983, «Por el cual se hacen unos nombramientos de personal docente en la
Secretaría de Educación Distrital» (sic).
28
Situación que, valga decir, no desvirtúa o modifica la decisión favorable al extremo accionante adoptada por
el Tribunal de primera instancia.
14
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00958-01 (2617-2021)
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Yolanda Acosta Rodríguez contra la UGPP
Sin perjuicio de lo anterior, resulta importante aclarar que la interinidad es una
modalidad de vinculación que no es ajena a quienes se incorporen a la planta
docente de las entidades territoriales en propiedad, toda vez que las funciones
que cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo educativo y, en
consecuencia, [el vinculado en interinidad] está obligado a acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley
y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus
propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el
derecho de los docentes ocasionales […], a percibir las prestaciones sociales
reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o
privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado»29.
Además, la interinidad «[…] constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto
es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
carácter autónomo […]»30.
Así las cosas, la Sala concluye que la demandante satisfizo la condición de
haberse vinculado a la docencia oficial antes del 31 de diciembre de 1980, dado
que prestó sus servicios para la secretaría de educación de Bogotá como
educadora territorial del 1º de febrero al 30 de abril de 1977.
En este orden de ideas, se tiene que la actora laboró como pedagoga oficial, así:
Tiempo
Entidad territorial Vinculación Lapso certificado
a m d
01/02/1977 a 30/04/1977 -- 3 --
Distrito Capital Territorial
28/09/1983 a 29/08/201731 33 11 2
Total 34 2 2
A manera de corolario, se acreditaron por parte de la accionante los requisitos
necesarios para obtener la pensión gracia, como son el haber prestado los
servicios como profesora territorial por más de dos (2) décadas, vinculada antes
del 31 de diciembre de 1980 (1º de febrero de 1977), contar con 50 años de edad
(los cumplió el 14 de abril de 2009) y observar una buena conducta en su
29
Sentencia C-517 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
30
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 14 de noviembre de 2015, expediente: 52001-23-33-000-2013-00058-
01 (2636-14).
31
Fecha de elaboración del último de los certificados de tiempos de servicio.
15
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00958-01 (2617-2021)
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Yolanda Acosta Rodríguez contra la UGPP
desempeño como maestra, razón por la que resulta dable acceder a las
pretensiones del medio de control.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 12 de noviembre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección
segunda), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada
por la señora Yolanda Acosta Rodríguez contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva
2º. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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