Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01006-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01006-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01006-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01006-01 (4976-2023)
Demandante: Gloria Emilia Ordoñez Ibarra
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Tema: Reliquidación pensional. Régimen general. Factores percibidos
en la Rama Judicial
Decisión: Confirma la decisión que accede parcialmente a las
pretensiones. Condena en costas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en contra de la
sentencia del 22 de noviembre de 2022, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F1 accedió a las
pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2
2. La señora Gloria Emilia Ordoñez Ibarra, actuando por conducto de apoderada y
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – en adelante UGPP, con el
fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:
2.1.1. Pretensiones
• Declarar la nulidad parcial de la Resolución RDP 038995 de 12 de octubre
de 2017 por medio de la cual la UGPP le reconoció la pensión de jubilación
1 Con ponencia de la magistrada Beatriz Helena Escobar Rojas.
2 Expediente digitalizado. Sistema Samai. Primera instancia. Carpetas «CD1 Folio 13»y «CD2 Folio 89»:
Archivos «DEMANDA DRA GLORIA FINAL.docx» y «SUBSANACIÓN DEMANDA ADMINISTRATIVA RESTAB
DEL DERECHO DRA GLORIA ORDOÑEZ.docx»
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Demandante: Gloria Emilia Ordoñez Ibarra
de conformidad con el régimen de transición de la Ley 100 de1993 y los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994
• Declarar la nulidad de la Resolución RDP 044626 del 27 de noviembre de
2017, por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la
anterior decisión.
• Declarar la nulidad de la Resolución RDP 047694 del 21 de diciembre de
2017, que resolvió el recurso de apelación presentado contra la Resolución
RDP 038995 de 2017.
3. Como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó que se ordene a la UGPP reliquidarle la pensión de jubilación a partir del 12
de octubre de 2017 incluyendo todos los factores salariales devengados en el último
año de servicios. También pidió que las sumas adeudadas se paguen actualizadas
de acuerdo con el IPC, desde el 12 de octubre de 2017 hasta su pago total,
conforme a lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA, esto, con inclusión de los
intereses moratorios de acuerdo con el artículo 192 de la misma norma. Además,
solicitó que se condene en costas a la parte demandada.
2.1.2. Fundamentos fácticos
4. Como sustento de las pretensiones se enunciaron los siguientes hechos:
5. La demandante nació el 4 de noviembre de 1953 y prestó sus servicios de la
siguiente manera:
PERIODO LABORADO ENTIDAD LABORADA
Del 27 de marzo de 1978 hasta el 2 de octubre Americana de Trofeos
de 1978
Del 1 de agosto de 1978 hasta 6 de noviembre Colegio Santa Teresa
de 1978
Del 2 de marzo de 1979 hasta el 18 noviembre Colegio Santa Teresa
de 1979
Del 1 febrero de 1980 hasta el 30 de octubre de Colegio Santa Teresa
1980
Del 1 de febrero de 1981 al 30 de septiembre de Colegio Santa Teresa
1981
Del 20 de mayo de 1982 al 28 de octubre de Hogar Monteberico
1983
Del 10 de octubre de 1990 al 24 de febrero de Castillo Olarte Edward
1993
Del 2 de marzo de 1993 al 2 de septiembre de Sociedad Ibarra Muñoz Oswaldo
1994
Del 1 de septiembre de 1981 al 30 de agosto de Ingeominas
1990
Del 4 de abril de 1994 al 25 de abril de 1994 Rama Judicial
Del 2 de mayo de 1994 al 23 de mayo de 1994 Rama Judicial
Del 14 de junio de 1994 al 8 de julio de1994 Rama Judicial
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Demandante: Gloria Emilia Ordoñez Ibarra
Del 11 de julio de 1994 al 15 de julio de 1994 Rama Judicial
Del 1 de agosto de 1994 al 14 de noviembre de Rama Judicial
2017
6. Según lo explicó, se encontraba amparada por el régimen de transición de la ley
100 de 1993 dado que al 1.° de abril de 1994 contaba con más de 15 años de
servicios y más de 35 años de edad. Como funcionaria de la Rama Judicial,
desempeñó los cargos de magistrada de la Sala de Familia y juez tercera de Familia
de Bogotá con un salario promedio de $16´000.000. Adquirió el estatus de
pensionada el 4 de noviembre de 2008, pero su retiro definitivo ocurrió 12 de
octubre de 2017.
7. Durante su último año de trabajo en la Rama Judicial percibió sueldo básico,
prima especial de servicios, bonificación por compensación, bonificación judicial,
prima de vacaciones, vacaciones, bonificación por servicios prestados, prima de
servicios, bonificación por actividad judicial y prima de navidad.
8. La UGPP profirió la Resolución RDP 038995 del 12 de octubre de 2017 por la
cual le reconoció la pensión de vejez atendiendo al 75% del salario promedio de los
últimos 10 años de servicio, entre el 1.º de abril de 2007 y el 30 de marzo de 2017,
de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin incluir otros factores
salariales.
9. Contra la anterior decisión interpuso los recursos de reposición y apelación a
efectos de que la prestación se reliquidara incluyendo la totalidad de factores
salariales devengados en el año de adquisición del estatus, por ser beneficiaria del
régimen de transición, además, para que se pagaran las sumas adeudas
actualizadas con base en el IPC. Subsidiariamente solicitó la liquidación pensional
aplicando la Ley 33 de 1985, con base en el último año de servicios y todos los
factores salariales.
10. Mediante las Resoluciones RDP 044626 del 27 de noviembre de 2017 y RDP
047694 del 21 de diciembre de 2017 se resolvieron los recursos interpuestos
confirmando la decisión inicial de la entidad.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
11. En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas los artículos 1.°,
2.°, 4.°, 6.°, 13, 25, 29, 48, 53, y 58 de la Constitución Política; 10 del Código Civil,
5.° de la Ley 57 de 1887, 27 del Código Sustantivo del Trabajo, el Decreto Ley
1045 de 1978, las Leyes 33 y 62 de 1985,100 de 1993, 1437 de 2011 y el Decreto
2143 de 1995.
12. Al desarrollar el concepto de la violación, indicó que, la entidad, al expedir
los actos demandados incurrió en desconocimiento de las normas en que debería
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fundarse porque era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
por lo cual tiene derecho a que su pensión sea liquidada aplicando en su integridad
la Ley 33 de 1985 y el Decreto Ley 1045 de 1978, incluyendo todos los factores
salariales devengados durante su último año de servicios.
13. Sostuvo que debe tenerse en cuenta la sentencia proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010 dictada dentro del proceso
radicado 2500023250002006750901 (0112-2009), donde se indicó que deben
incluirse en la liquidación pensional todos los factores que el trabajador percibe de
manera habitual, por constituir salario, dado que no son taxativos los señalados en
la Ley 33 de 1985 y el Decreto Ley 1045 de 1978.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP3, a través de
apoderada se opuso a las pretensiones de la demanda indicando que, los actos
administrativos cuestionados fueron proferidos acorde con el ordenamiento jurídico,
porque se atendió al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
14. Para el reconocimiento pensional la entidad verificó que si bien la demandante
se encuentra amparada por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, no
obstante debe darse aplicación a las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015,
SU-427 de 2016, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional, así
como la sentencia del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018 en cuanto a que
el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solamente comprende
la edad, el tiempo de servicio y la tasa de reemplazo del régimen anterior, pero el
IBL se regula por la referida Ley 100 y los factores salariales aplicables son los
relacionados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales se hayan realizado
cotizaciones. Añadió que el IBL no fue un aspecto sometido a transición.
15. Propuso las excepciones de «inexistencia del derecho reclamado»,
«prescripción», «buena fe», «genérica» e «ineptitud sustantiva de la demanda»4.
2.3. Sentencia de primera instancia5
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante sentencia proferida el 22 de noviembre de 2022 accedió parcialmente a
3 Expediente digitalizado aplicativo SAMAI. Segunda instancia. Índice 4. Archivo «ED_C01_01 OTROS-
CUADERNO 01 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 4», folios 191 y s.s. del archivo PDF.
4 Esta excepción fue resuelta en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de
providencia de 15 de diciembre de 2021, en la que fue denegada.
5 Segunda instancia. Opción visualizar expediente, Archivo «18_SENTENCIA.pdf».
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las pretensiones de la demanda formulada por la señora Ordoñez Ibarra.
17. Para tal efecto consideró que no era posible ordenar la reliquidación de la
pensión con el promedio de todo lo devengado en el último año de servicios,
aplicando en su integridad la Ley 33 de 1985, ya que según los criterios
establecidos en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, entre otras,
proferidas por la Corte Constitucional, y lo resuelto en la sentencia de unificación
de jurisprudencia del 28 de agosto de 2018 por el Consejo de Estado, el régimen
de transición establecido en la Ley 100 de 1993, del cual es beneficiaria la
demandante, solo comprende los conceptos de edad, monto y semanas de
cotización y excluye el ingreso base de liquidación.
18. Estableció que, pese a que la demandante laboró tiempos privados y públicos,
estos últimos fueron por 32 años, 3 meses y 12 días y su último cargo fue el de juez
tercera de familia del Distrito Judicial de Bogotá. Precisó que la accionante, entre
septiembre de 2007 y enero de 2014, y desde enero de 2016 hasta octubre de
2017, devengó los siguientes emolumentos: sueldo básico, bonificación judicial,
prima especial de servicios, prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones,
vacaciones, bonificación actividad judicial, bonificación por servicios prestados,
bono extraordinario, servicios autorizados por ley, prima de servicios y bonificación
por compensación.
19. Estableció que al comparar los aportes certificados en el reporte de semanas
cotizadas aportado por la accionante, con los valores consignados en las
certificaciones de factores salariales allegados al plenario, encontró que fueron
incluidos todos los emolumentos que constituyen factores salariales para pensión,
esto es, tanto los contemplados en el Decreto 1158 de 1994 (asignación básica y
bonificación por servicios prestados) como los regulados por normas especiales
(bonificación judicial, bonificación actividad judicial, prima especial de servicios y
bonificación por compensación).
20. Empero, al comparar los valores consignados en la Resolución RDP 038995
del 12 de octubre de 2017 con los certificados por la entidad empleadora (Rama
Judicial) solamente fueron tenidos en cuenta en la liquidación pensional la
asignación básica y la bonificación por servicios prestados, omitiendo los demás
factores salariales sobre los que se realizaron aportes y/o que también debían
conformar el IBL, esto es, bonificación judicial, prima especial de servicios,
bonificación por actividad judicial, y bonificación por compensación (2008-2016,
salvo 2014-2015).
21. Frente al periodo de liquidación aplicado en la Resolución RDP 038995 del 12
de octubre de 2017 explicó que fue el comprendido entre el 1.º de abril de 2007 y
el 30 de marzo de 2017, no obstante, el realmente aplicable debió ser hasta el 11
de octubre de 2017, fecha de retiro del servicio. Igualmente estableció que no se
adjuntaron los certificados de los años 2014-2015.
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22. No obstante, luego de analizar el acervo probatorio estableció que pese a que
laboró el periodo de liquidación aplicado no comprendió la totalidad de semanas
cotizadas por la demandante hasta su retiro, y la liquidación pensional no incluyó
todos los factores salariales a que tiene derecho. Los factores salariales que se
deben tener en cuenta son los enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y demás
normas que lo modifiquen o adicionen, para el caso de empleados de la Rama
Judicial, los contenidos en los Decretos 610 de 1998, 4040 de 2004, 2460 de 2006,
3900 de 2008, 0383 de 2013, y la Ley 332 de 1996, aclarada por el artículo 1º. de
la Ley 476 de 1998.
23. Igualmente, respecto de la bonificación por servicios prestados se incluyeron
valores inferiores a los certificados por el empleador, pues no se tuvieron en cuenta
los reajustes efectuados a dicho factor en los años 2008, 2009 y 2016, sin embargo,
como la accionante no solicitó el reajuste de los montos de dicho factor, no podían
ser objeto de análisis, en atención al principio de congruencia de la sentencia.
24. Por lo anterior, declaró la nulidad solicitada frente a los actos administrativos
demandados y ordenó a título de restablecimiento del derecho a cargo de la UGPP
reliquidar la pensión de vejez de la demandante, aplicando el régimen de la Ley 33
de 1985, con los factores salariales devengados durante sus últimos 10 años de
servicio, entre el 12 de octubre de 2007 y el 11 de octubre de 2017, «con efectividad
desde el 12 de octubre de 2012» y que se encuentren establecidos en el Decreto
1158 de 1994 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.
25. Precisó que «[l]os factores a incluir son además de los ya reconocidos
(asignación básica, bonificación por servicios prestados), pero teniendo en cuenta
el período señalado en el presente numeral (causados , entre el 12 de octubre de
2007 y el 11 de octubre de 2017), más los causados en ese mismo interregno y
consagrados como factor de cotización en pensiones por las normas especiales, a
saber: bonificación judicial, bonificación actividad judicial (a partir del año 2009),
prima especial de servicios, y la bonificación por compensación, en las
proporciones que legalmente corresponda, en aplicación del artículo 150 de la Ley
100 de 1993, teniendo en cuenta la totalidad de tiempos de servicios cotizados
hasta el retiro del servicio (1.661 semanas).».
26. Ordenó el reajuste de las mesadas anualmente dando aplicación al artículo 14
de la Ley 100 de 1993, y que las diferencias resultantes sean actualizadas, esto,
sin que el cumplimiento de la decisión pueda dar lugar a la disminución de la
pensión que venía devengando la demandante.
27. Finalmente se abstuvo de imponer condena en costas a cargo de la accionada.
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2.5. El recurso de apelación
28. La apoderada de la UGPP6 presentó recurso de apelación, donde solicitó
revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar negar las pretensiones de
la demanda.
28. Al efecto, explicó que, en sentencia de unificación proferida por la Sala Plena
del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018 se fijaron las siguientes reglas y
subreglas para la liquidación de las pensiones de los beneficiarios del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por tanto, no compartía la decisión
adoptada en la sentencia dado que la entidad le aplicó tales parámetros a través
de la Resolución «938995 del 12 de octubre de 2017», en la que reconoció la
pensión de jubilación a la señora Gloria Emilia Ordoñez Ibarra, con el 75 % del
salario promedio de los últimos 10 años de servicio, entre el 1.° de abril de 2007 y
el 30 de marzo de 2017, de acuerdo con el artículo citado ut supra.
30. Por ello, dado que el régimen de transición solamente respeta la edad, el tiempo
de servicio y la tasa de reemplazo de la regulación anterior, pero el ingreso base
de liquidación es el del nuevo régimen y los factores salariales aplicables son los
enlistados en el Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales se hayan realizado aportes,
no compartía la decisión del a quo dado que «los actos que reconocieron y
liquidaron la pensión», tuvieron en cuenta los emolumentos efectivamente
certificados por el empleador y que se encuentran taxativamente señalados en el
decreto citado, de tal suerte que no hay lugar a reconocer factores diferentes, si se
tiene en cuenta que aquellos no fueron certificados por el nominador y
adicionalmente no se encuentran taxativamente en la norma.
31. A renglón seguido señaló que «[…] la interpretación efectuada por el máximo
tribunal de lo contencioso administrativo, y seguido por algunos de sus inferiores
jerárquicos, vulnera los principios de sostenibilidad fiscal y financiera puesto que, a
través de una interpretación normativa errada, están ocasionando una mayor
erogación de pagos del Estado en favor de terceros, a través de reliquidaciones
judiciales».
2.6. Alegatos de conclusión
2.6.1. La entidad demandada7 presentó alegatos de conclusión en los que
básicamente reiteró los argumentos del recurso de apelación.
2.6.2. En esta oportunidad tanto la demandante como el agente del Ministerio
6 Expediente digitalizado aplicativo SAMAI. Segunda instancia. Índice 4. Archivo «ED_C01_01 OTROS-
CUADERNO 01 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 4», folios 357 y s.s. del archivo PDF.
.
7 Índice 12.
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Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
32. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.
33. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 3289 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes
hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
34. En el presente caso, la demandada es apelante única, razón por la cual la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo
del recurso, cuyo marco está definido en el escrito de apelación.
3.2. Problema jurídico
35. Corresponde a la Sala de Subsección determinar ¿si la señora Gloria Emilia
Ordoñez Ibarra tiene derecho a la reliquidación pensional con base en el régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 y la aplicación de la Ley 33 de 1985 en los
términos ordenados por el Tribunal, con los factores salariales devengados durante
sus últimos 10 años de servicio comprendidos entre el 12 de octubre de 2007 y el
11 de octubre de 2017, establecidos en el Decreto 1158 de 1994 y además, la
bonificación judicial, la bonificación actividad judicial, la prima especial de servicios
y la bonificación por compensación?
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
9 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
8
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3.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.
3.3.1. Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 - IBL de las pensiones
de jubilación reconocidas en virtud del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.
36. Inicialmente, es oportuno recordar que con anterioridad, esta Sección en
sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 venía sosteniendo que no era
taxativo el listado de factores salariales sobre los cuales se calcula el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985 modificada
por la Ley 62 del mismo año, porque además, se debían tener en cuenta aquellos
factores que constituían salario, independientemente de la denominación que
recibieran, es decir, todos los que se cancelaran de manera habitual como
retribución directa del servicio y no solamente los descritos en dicha normativa.
37. Luego, la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de
2015, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018, entre otras, destacó la relación de
correspondencia que existe entre los aportes que hace el empleado a lo largo de
su vida laboral ante el sistema general de seguridad social y los principios de
solidaridad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional.
38. Como consecuencia de los pronunciamientos indicados, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación de 28 de agosto de
201810, que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución
de casos fáctica y jurídicamente iguales11, fijó una regla general y dos subreglas
en relación con la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y
precisó que éstas se aplicarían con efectos retrospectivos «[…] a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables»12.
10 Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
11 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del artículo 102
de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado, precisó: «[…]
sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto órganos de cierre de las jurisdicciones
• constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza
vinculante; y en virtud de ella, las autoridades judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la
solución de casos fáctica y jurídicamente iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces
y magistrados no conduce a la negación completa del margen de autonomía e independencia que la
Constitución les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de determinadas
condiciones […]».
12 La anterior decisión judicial cuenta con salvamento parcial de voto, con ponencia de quien se ocupa de esta
providencia, donde se analizaron temas tales como las competencias constitucionales de las Cortes de cierre;
los efectos de las sentencias que profiere la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad
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39. La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue la siguiente:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
40. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es la
siguiente:
«85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen
de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es
el previsto en el inciso 3 de dicha norma.
86. […] el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes
pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando
efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes para
aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos y que estaban próximas
a adquirir el derecho pensional. Tales elementos son la edad, el tiempo de servicios
y el monto de la pensión.
87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100
de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que
cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos
que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de
solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad
futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo
de transición abarcaría varias décadas.
[…]
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan
adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de
cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el
mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla
establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
en abstracto y en revisión de las sentencias de tutela; la fuerza vinculante de la interpretación de la Constitución
por vía de autoridad y como doctrina constitucional integradora; la doctrina constitucional como criterio auxiliar
de la interpretación de la ley; el caso de las sentencias de unificación jurisprudencial; la línea jurisprudencial de
la Corte Constitucional en sede de revisión de tutelas, así como las sentencias SU-230 de 2015, C-258 de
2013, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018. Igualmente se analizaron los alcances y efectos
de la sentencia C-258 de 2013 y los efectos de la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010 por
la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la inescindibilidad del
régimen de transición pensional y los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional.
A partir de allí se concluyó que en ese caso « […] el "régimen de transición" previsto en la Ley 100 de 1993
protegía la expectativa legítima de la demandante de pensionarse con sujeción al régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985, esto es, una pensión de jubilación liquidada conforme lo dispuso el
artículo 10 de esa ley, esto es, ni más ni menos, el "equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio".»
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excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el
régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión
en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los
mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables».
41. En cuanto a las subreglas se tiene:
42. La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores
públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985
(edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE».
43. La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:
«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual, en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad,
el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones».
44. De acuerdo con lo anterior, la Sala Plena unificó su criterio sobre el IBL de las
pensiones reconocidas bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
específicamente, fijó dos subreglas referentes (i) al período que se debe tener en
cuenta para liquidar el IBL de las mismas y (ii) los factores salariales que se deben
observar para esos efectos.
45. Así, dispuso que tratándose de personas que al momento de entrar en vigencia
la Ley 100 de 1993 les faltare más de 10 años para adquirir el derecho prestacional,
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el IBL será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiere cotizado
el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, de lo
contrario, esto es, si faltare menos de 10 años, el IBL será (i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo
el tiempo, el que fuere superior.
46. De igual forma, precisó que los factores salariales a considerar son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema
de Pensiones y que se encuentren consagrados expresamente en la Ley.
3.5. Caso concreto.
47. En este caso se tiene que la señora Gloria Ordoñez Ibarra nació el 4 de
noviembre de 195313 y acreditó que laboró en las siguientes instituciones y
periodos:
• Como lo señala el reporte de semanas cotizadas de COLPENSIONES visible a
folio 7714 se tiene que la demandante cotizó en pensiones por cuenta de los
siguientes empleadores:
-Como lo señala el certificado de información laboral de 3 de diciembre de 2013, se
tiene que laboró en el Servicio Geológico Colombiano15 como secretaría ejecutiva
desde el 1.° de septiembre de 1981 hasta el 31 de agosto de 1990. Esto con 15
días de interrupciones en total.
• De acuerdo con el certificado de 9 de octubre de 2018 expedido por la
coordinadora de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Bogotá16 la señora Gloria Emilia Ordoñez Ibarra laboró en
la Rama Judicial a partir del 4 de abril de 1994 en los siguientes periodos:
13 De conformidad con copia de la cédula de ciudadanía visible en el archivo « 0000F6DC.PDF».
14Expediente digitalizado aplicativo SAMAI. Segunda instancia. Índice 4. Archivo «ED_C01_01 OTROS-
CUADERNO 01 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 4».
15 Ibidem, folios 50 y s.s. del archivo PDF.
16
Ibidem, folios 49 y s.s. del archivo PDF.
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«[…]
CARGO DESPACHO FECHA INI FECHA FIN
JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL SAN VICENTE DEL
JUEZ MUNICIPAL CAGUAN 04/04/1994 25/04/1994
JUEZ MUNICIPAL JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL MONTAÑITA 02/05/1994 23/05/1994
JUEZ MUNICIPAL JUZGADO 001 PROMISCUO DEL CIRCUITO BELEN ANDAQUIES 14/06/1994 08/07/1994
JUEZ MUNICIPAL JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL FLORENCIA 11/07/1994 15/07/1994
JUEZ MUNICIPAL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL MILAN 01/08/1994 07/11/1994
JUEZ MUNICIPAL JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE DEL 08/11/1994 01/07/1996
FRAGUA
JUEZ CIRCUITO JUZGADO 002 PROMISCUO DE FLIA DEL CIRCUITO FLORENCIA 02/07/1996 26/07/1996
SECRETARIO TRIBUNAL O
CONSEJO SECCIONAL DESPACHO 1 SALA CIVIL-FLIA-LAB. TRIB. SUPERIOR 02/09/1996 12/06/2000
FLORENCIA
SECRETARIO TRIBUNAL O
CONSEJO SECCIONAL DESPACHO 2 SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA 13/06/2000 12/08/2001
JUEZ CIRCUITO JUZGADO 001 PROMISCUO FLIA DEL CIRCUITO PUERTO RICO 13/08/2001 18/12/2001
JUEZ CIRCUITO JUZGADO 003 FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 19/12/2001 11/10/2017
MAGISTRADO TRIBUNAL O
CONSEJO SECCIONAL TRIBUNAL SUPERIOR SALA 005 FAMILIA DE BOGOTÁ D.C. 12/10/2016 31/03/2017
[…]».
• A la demandante le fue aceptada la renuncia a través de la Resolución 453
de 2 de octubre de 201717 a su cargo como juez tercera de familia del Distrito
Judicial de Bogotá, con efectos fiscales a partir el 12 de octubre de 2017.
48. De acuerdo con los certificados de comprobantes de nómina visibles a folios
92 y s.s.18 y la certificación expedida por la coordinadora del Área de Talento
Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ( ff. 60 y s.s.
ibidem) la demandante devengó en el periodo comprendido entre enero de 2007
y octubre de 2017: Sueldo básico, prima de servicios, bonificación judicial,
bonificación por compensación, prima de navidad, «prima especial de servicios
vacaciones», prima de vacaciones, vacaciones, bonificación por servicios
prestados, bonificación por actividad judicial, diferencias de sueldo, prima
especial de servicios.
➢ Actuación administrativa:
• Resolución RDP 038995 de 12 octubre de 201719. A través de este acto
administrativo la UGPP le reconoció la pensión de jubilación a la
17Expediente digitalizado aplicativo SAMAI. Segunda instancia. Índice 4. Archivo «ED_C01_01 OTROS-
CUADERNO 01 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 4», folio 46 del archivo PDF.
18
También visibles en los archivos «0000F6C9.PDF», «0000F6CB.PDF»y «0000F6CC.PDF»
19 Ibidem. Folio 28 y s.s.
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demandante, para lo cual se advirtió que se encontraba amparada por el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, con lo que le aplicó el tiempo
de servicio, edad y monto contemplado en la Ley 33 de 1985, esto es, 20
años de servicio al Estado, 55 años de edad para hombres y mujeres, con
un monto del 75% del ingreso base de liquidación conformado por el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado o aportado el
interesado entre 1.° de abril de 2007 y el 30 de marzo de 2017, conforme el
inciso 3.° o 6.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Esto es con el cómputo
de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, para una
suma de $4´195.547. Lo anterior con efectos fiscales a partir del retiro del
servicio.
• Contra esta decisión la demandante interpuso recursos de reposición y
apelación (ff. 35 y s.s. idem) con miras a que se le aplicaran al caso las
previsiones del Decreto 546 de 1971 y se liquidara la pensión con el salario
más alto del último año de servicios o que subsidiariamente se le aplicaran
las previsiones de la Ley 33 de 1985 y con ello, lo devengado en el último
año de servicios y todos los factores salariales percibidos.
• Resolución RDP 044626 de 27 de noviembre de 201720, a través de la
cual se resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión inicial con
base en que, a la demandante le era aplicable el régimen de transición de la
ley 100 de1 993 y las pautas de las Ley 33 de 1985, junto con los factores
del Decreto 1158 de 1994.
• Resolución RDP 047694 de 21 de diciembre de 201721. Mediante este acto
la entidad resolvió el recurso de apelación en el que se encontraba cobijada
por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y por ello su liquidación
pensional debía realizarse con los factores salariales que se deben tener en
cuenta son los indicados en esa norma y su Decreto Reglamentario 1158 de
1994.
Análisis de la Sala.
49. Como ya se vio en la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca estableció que, si bien a la demandante no le asistió razón en
cuanto a que se le reliquidara su pensión de jubilación con inclusión de todos los
factores devengados en el último año de prestación de servicios, no obstante, debía
liquidarse la prestación en atención a lo señalado por el Consejo de Estado en
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, esto es, con base en el régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 y la aplicación de la Ley 33 de 1985 en los
20
Ibidem. Archivo «CC-416245521511905544251.PDF».
21 Folios 37 y s.s. ibidem.
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términos ordenados por el Tribunal, con los factores salariales devengados durante
sus últimos 10 años de servicio comprendidos entre el 12 de octubre de 2007 y el
11 de octubre de 2017, establecidos en el Decreto 1158 de 1994 y además, la
bonificación judicial, la bonificación actividad judicial, la prima especial de servicios
y la bonificación por compensación.
50. Ahora, si bien en el recurso de apelación interpuesto, la UGPP incurre en
algunas contradicciones e imprecisiones, es evidente que difiere de la decisión del
Tribunal pues en su sentir sólo se le deben incluir los factores salariales
establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
51. La norma en mención enlista: la asignación básica mensual, los gastos de
representación, la prima técnica, cuando sea factor de salario; las primas de
antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; la
remuneración por trabajo dominical o festivo; la remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y la bonificación
por servicios prestados.
52. Como ya se vio, la señora Gloria Emilia Ordoñez Ibarra se encuentra amparada
por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 dado que nació el 4 de
noviembre de 1953 y además, pese a que efectuó aportes en pensiones por cuenta
de empleadores del sector privado durante los años 1978 a 1994, posteriormente
completó más de 30 años de servicios en el sector público, de los cuales se
desempeñó específicamente en la Rama Judicial desde el 4 de abril de 1994 hasta
el 12 de octubre de 2017.
53. En ese escenario es evidente que la situación pensional de la demandante no
se rige por las previsiones del Decreto 546 de 1978 dado que su ingreso a la Rama
Judicial ocurrió después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Empero,
sí se rige por el régimen de transición de la citada norma, por lo que, para reconocer
su pensión de jubilación los aspectos de edad, tiempo de servicios y tasa de
reemplazo son aquellos establecidos en las Leyes 33 y 62 de 1985 y en cuanto al
IBL y los factores salariales a incluir en su pensión son aquellos enlistados en el
Decreto 1158 de 1994.
54. Ahora bien, como en este caso el estatus pensional se adquirió el 4 de
noviembre de 2008 cuando la demandante cumplió los 55 años, la pensión debía
liquidarse atendiendo al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó
el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
55. En cuanto a los factores la sentencia de unificación del Consejo de Estado de
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28 de agosto de 2021 dictada en el proceso 52001-23-33-000-2012-00143-01
señaló que se incluirán solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones y que se encuentren consagrados
expresamente en la Ley.
56. Empero como se vio la demandante se desempeñó durante sus últimos 10 años
de servicios como servidora de la Rama Judicial, periodo que debe tomarse para
determinar el ingreso base de liquidación, donde además de la asignación básica y
la bonificación por servicios prestados, devengó bonificación judicial, bonificación
por compensación, bonificación por actividad judicial y prima especial de servicios,
que fueron creados expresamente por el legislador como factor salarial para todos
los efectos legales.
57. En efecto el análisis sobre las razones que llevaron a ordenar la inclusión de
estos factores para los servidores de la Rama Judicial se encuentra incluido en la
sentencia de unificación de 11 de junio de 2020 realizado en el proceso radicado
15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017) donde se previó que en cumplimiento
a lo establecido por el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política,
se profirió la Ley 4ª. de 1992, norma a partir de la cual se crearon:
• Prima especial, establecida en la Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4ª. de
1992, para los magistrados y agentes delegados ante la Rama Judicial.
-La bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998 para los
magistrados y por el Decreto 1102 de 2012 para los magistrados y agentes del
Ministerio Público ante magistrados de tribunales.
-La bonificación por actividad judicial establecida por el Decreto 3900 de 2008
para los jueces y procuradores judiciales 1.
• La bonificación judicial instituida por el Decreto 383 de 2013 para los servidores
de la Rama Judicial.
58. En ese contexto, y de conformidad con la jurisprudencia reiterada del Consejo
de Estado, la naturaleza de las funciones desempeñadas por la accionante durante
sus últimos diez (10) años de servicio en la Rama Judicial permite concluir que tiene
derecho a que su pensión de jubilación sea liquidada con inclusión de los factores
salariales expresamente previstos por el legislador para este tipo de empleos.
59. En efecto, aun cuando no resulte aplicable el régimen especial consagrado en
el Decreto 546 de 1971, ello no desvirtúa que la accionante ejerció un cargo cuya
estructura remuneratoria fue definida por el legislador mediante la creación de
factores salariales específicos, que deben integrar la base de liquidación pensional.
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60. Es de señalar que esta Subsección ha adoptado decisiones similares en el caso
de los docentes22 en donde se ha ordenado el reconocimiento de la pensión en los
términos de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 dictada dentro del
proceso radicado interno 0935-17, empero se ha ordenado la inclusión de factores
adicionales que fueron creados por el legislador como son, la bonificación mensual,
creada por el Decreto 1566 de 2014, y la bonificación pedagógica creada por el
Decreto 2354 de 2018.
61. De acuerdo con lo anterior, le asiste a la demandante el derecho a la
reliquidación pensional en los términos ordenados por el Tribunal, por lo que no
goza de prosperidad el argumento de apelación promovido por la entidad
demandada.
62. En esa medida, como los demás aspectos de la decisión no fueron objeto de
apelación se confirmará la sentencia dictada el 22 de noviembre de 2022, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda por las
razones expuestas en esta providencia.
3.5. Condena en costas.
63. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
64. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
65. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
22
Sentencia de 7 de abril de 2025, dictada en el proceso 73001-23-33-000-2021-00505-01 (3663-2024), con
ponencia de quien se ocupa de esta providencia.
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66. En consecuencia, se impondrán costas de esta instancia a la entidad apelante
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F.
67. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2022, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
instaurada por la señora Gloria Emilia Ordoñez Ibarra en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, por las razones expresadas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO.- CONDENAR en costas de segunda instancia a la UGPP. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F.
TERCERO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo
de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el
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del Código General del Proceso.
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