RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2019-01011-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01011-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01011-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar la sentencia proferida el 15 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que accedió a las pretensiones de la demanda y en su lugar se declara la carencia actual de objeto. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Con aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. JMC

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01011-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01011-01 (7271-2023)
Demandante: Departamento de Boyacá, Fondo Pensional Territorial de
Boyacá
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

Tema: Cuota parte pensional

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 15 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió a las pretensiones de
la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. El Departamento de Boyacá, Fondo Pensional Territorial de Boyacá 1 presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad parcial de la
Resolución 000035 del 2 de febrero de 1999, por medio de la cual el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República 3 estableció la cuota parte que le
correspondía a la entidad demandante.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó i) la expedición de un nuevo acto

1 En adelante: Fondo Pensional de Boyacá.
2 En adelante CPACA.
3 En adelante: Fonprecon.

42

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01011-01 (7271-2023)
Demandante: Departamento de Boyacá, Fondo Pensional
Territorial de Boyacá

administrativo en el que se modifique el «porcentaje y valor» de la cuota parte
pensional asignada al Fondo Pensional de Boyacá, «incluyendo solo los ajustes
pensionales legales»; ii) el reintegro de las sumas equivalentes a la diferencia «las
cuotas partes pensionales que legalmente se deben y las efectivamente pagadas» desde
el 1° de octubre de 1994; iii) la indexación de las sumas adeudadas; y v) el pago de
los intereses moratorios de conformidad con el artículo 192 del CPACA.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Mediante Oficio 05276 del 11 de noviembre de 1998, Fonprecon consultó con el
Fondo Pensional de Boyacá el proyecto de acto de reconocimiento pensional de
Jorge Alberto Perico Cárdenas, el cual fue objetado al considerar que «en la
liquidación se tomaron factores salariales no contemplados en la Ley 33 de 1985 y Ley 62
de 1995».

3.2. Fonprecon «desestimó la objeción propuesta» y expidió la Resolución 000035 del
2 de febrero de 1999 con la que le fue asignada a la extinta Caja de Previsión Social
de Boyacá [hoy Fondo de Pensiones de Boyacá] una cuota parte pensional por la
suma de $808.993, «en proporción a los 1854 días» que el beneficiario laboró y cotizó
en la entidad de previsión.

3.3. Para el reconocimiento pensional, la entidad demandada tuvo en cuenta el
«reajuste de que trata el Decreto 1359/93, factores salariales como: prima de localización
y vivienda, prima de salud y prima de navidad», sobre los cuales no se efectuaron
aportes al departamento.

3.4. A través del auto 0003 del 21 de febrero de 2014, Fonprecon dio apertura al
proceso administrativo de verificación de la pensión de jubilación reconocida a Jorge
Alberto Perico Cárdenas. «A la fecha […] no tiene conocimiento de nuevos actos
administrativos en relación con la pensión […] por lo que es procedente demandar la
Resolución 000035 del 2 de febrero de 1999» que estableció la cuota parte pensional a
la entidad territorial.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como disposiciones violadas invocó los artículos 13, 29, 48 y 356 de la
Constitución Política; 29 de la Ley 6 de 1945; 2, 3 y 4 del Decreto 2921 de 1948; 72
y 75 del Decreto 1848 de 1969; y 1 y 22 de la Ley 33 de 1985.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:

5.1. El acto administrativo demandado desconoció los principios de igualdad y

4 Folios 11 a 22.

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01011-01 (7271-2023)
Demandante: Departamento de Boyacá, Fondo Pensional
Territorial de Boyacá

sostenibilidad financiera del sistema pensional, porque le impuso «cargas públicas
que no est[aba] obligado a soportar, ya que di[ferían] las condiciones de salarios y aportes,
entre los trabajadores de Fonprecon y los del departamento de Boyacá». Lo anterior, toda
vez que, mientras la entidad demandada recibió aportes «por múltiples y elevados
factores salariales», la extinta Caja de Previsión Social de Boyacá solo recibió aportes
por «pocos y bajos factores salariales» lo que conllevó a «una desigualdad en las cargas
y asignación de obligaciones desproporcionada» porque a esta última se le impuso la
obligación de financiar «en desproporción las pensiones de los funcionarios del Congreso
de la República, quienes pertenecen a un sector privilegiado salarial y socialmente».

5.2. Fonprecon desconoció la prohibición contenida en el artículo 356 de la
Constitución Política, según la cual «[n]o se podrá descentralizar competencias sin la
previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas», en tanto, con el
acto demandado se impuso a la entidad territorial la obligación de contribuir con el
pago de una pensión creada por la ley para empleados del orden nacional y que se
encontraba a cargo de Fonprecon, sin trasladar previamente los recursos para su
financiamiento.

5.3. En ese orden, «resulta claro que las cuotas partes pensionales asignadas, deben
distribuirse de acuerdo con los salarios devengados por el pensionado cuando estuvo al
servicio del departamento de Boyacá, no así con el promedio de lo devengado en el último
año de servicio. Igualmente, que los recursos necesarios para el pago de las pensiones
especiales, como las reconocidas por Fonprecon, deben estar a cargo de dicha caja de
previsión (como fondo especial), encargada de pagar las pensiones especiales de los
empleados del Congreso de la República».

5.4. La entidad demandada desconoció los artículos 29 de la Ley 6 de 1945 y 1 y 22
de la Ley 33 de 1985, toda vez que, en el caso de las pensiones especiales
establecidas para Fonprecon «la norma traslada la responsabilidad del financiamiento y
pago de los excedentes por cuotas partes pensionales al tesoro nacional, habida cuenta
que, cuando las erogaciones o salarios adicionales pagadas a empleados de un alto grado
inciden en el aumento del valor de una pensión, y su diferencia debe ser sufragada por la
nación». Así las cosas, la entidad demandante solo tenía el deber de concurrir con
el pago de pensiones ordinarias no especiales.

5.5. El acto demandado fue expedido en forma irregular, puesto que «desconoció la
objeción presentada […] con fundamento en el artículo 5 del Decreto 1359/93, omite aplicar
el artículo 29 de la Ley 6 de 1945, indicativo de los criterios de distribución de cuotas partes
pensionales» con lo que «además, desconoce los principios de contradicción y derecho
de audiencia, previstos en el artículo 3 del CCA y por ende al debido proceso previsto en el
artículo 29 de la Constitución».

1.2. Contestación de la demanda

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01011-01 (7271-2023)
Demandante: Departamento de Boyacá, Fondo Pensional
Territorial de Boyacá

6. Fonprecon se opuso a las pretensiones de la demanda5, para lo cual expuso los
siguientes argumentos:

6.1. La prestación reconocida a Jorge Alberto Perico Cárdenas fue liquidada con
base en el promedio de lo devengado por un congresista durante el año 1994, «al
cual se le aplicó el 75% monto pensional, dando como valor de mesada pensional $
3.444.113,74».

6.2. En relación con la aplicación de la Ley 6 de 1945, se refirió a las modificaciones
que dicho régimen tuvo con ocasión de la expedición del Decreto 1848 de 1969,
según el cual «el monto de la pensión […] se distribuirá en proporción al tiempo servido
en cada una de aquellas entidades, establecimientos, empresas o sociedades de economía
mixta». Asimismo, de conformidad con esta última disposición, para el « reembolso
de la cantidad proporcional a prorrata del tiempo servido», la entidad administradora de
la pensión repetiría contra las entidades obligadas, para lo que debía proceder de
conformidad con el procedimiento previsto en el Decreto 2921 de 1948, según el
cual «si transcurrido el término de quince (15) días del traslado […] la entidad obligada a
la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamento legal, se
entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de
reconocimiento de la pensión».

6.3. Frente a la pretensión de devolución de dineros, señaló que « si existieran valores
cancelados, los mismos corresponden al pago de una obligación actualmente exigible de
acuerdo con la Resolución que reconoció el derecho a la pensión […] la cual a la fecha
goza de legalidad y firmeza».

6.4. Finalmente, propuso las excepciones de caducidad y « falta de causa para pedir».

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A en
sentencia proferida el 15 de junio de 2023 accedió a las pretensiones de la
demanda, en ese sentido declaró la nulidad parcial del artículo segundo de la
Resolución 000035 del 2 de febrero de 1999, en lo relacionado con la cuota parte
asignada a la Caja Nacional de Previsión de Boyacá y, como consecuencia, ordenó
el reajuste del «emolumento a prorrata del total del tiempo de aportación y la remuneración
devengada por el pensionado». Para tal efecto señaló lo siguiente6:

7.1. La cuota parte pensional es « la suma con la que una entidad contribuye al pago de
una pensión a cargo de una caja o entidad pagadora de la misma, a prorrata del tiempo del
servicio y del salario percibido por el servicio en cada una de las entidades en que laboró».

7.2. Después de hacer un recuento normativo concluyó que, de conformidad con los

5 Folios 153 a 157.
6 Folios 182 a 188.

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01011-01 (7271-2023)
Demandante: Departamento de Boyacá, Fondo Pensional
Territorial de Boyacá

artículos 29 de la Ley 6 de 1945, 2 de la Ley 33 de 1985 y 23 del Decreto 2837 de
1986, «vigentes para la época en que se expidió el acto acusado, el monto de la pensión
vitalicia de vejez debía ser distribuido en proporción al tiempo servido y al salario o la
remuneración devengados en cada una de las entidades públicas concurrentes». Lo que
se encuentra en línea con el principio de solidaridad que rige el sistema general de
pensiones, el cual «se concreta en que las cuotas partes asignadas a cada obligado sean
justas y equitativas, acorde con los salarios devengados y el tiempo de servicios en cada
entidad o fondo de previsión responsables de su financiamiento».

7.3. En consonancia, Fonprecon «erró en el cálculo de la cuota parte pensional asignada
a la extinta Caja de Previsión Social del Departamento de Boyacá», puesto que la fijó sin
considerar la situación del empleado con la entidad, esto es, sin distinguir los valores
de los factores que sirvieron de base al ingreso de cotización, con lo que desconoció
«los principios de equidad y solidaridad […] por cuanto el aspecto aparece definido en el
artículo 29 de la Ley 6 de 1945, modificado por el 1 de la Ley 24 de 1947».

1.4. El recurso de apelación

8. Fonprecon solicitó que se revocara la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se declarara probada la excepción
de «falta de justa causa para pedir», con sustento en lo siguiente7:

8.1. De acuerdo con la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado, «a partir de la
Ley 72 de 1947, y posteriormente conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 y con la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la legislación se refirió a que las cuotas partes
se distribuirían a prorrata del tiempo que el pensionado haya servido o aportade ello, y no
en cuanto a los salarios percibidos por el pensionado» [sic]. Interpretación que ha sido
adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en diferentes
pronunciamientos.

8.2. Asimismo, con la decisión adoptada por el a quo, se desconoció lo dispuesto en
el artículo 16 del Decreto 816 de 2022, según el cual, las cuotas partes pensionales
se liquidarán con base en la pensión que se reconozca y «se distribuirán entre las
entidades contribuyentes a prorrata del tiempo que el pensionado haya servido o aportado
a cada una de ellas».

1.5. Trámite de segunda instancia

9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar8.

1.6. Concepto del Ministerio Público

7 Folios 205 a 208.
8 Así se indicó en el auto del 16 de febrero de 2024, visible en Samai, índice 5

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01011-01 (7271-2023)
Demandante: Departamento de Boyacá, Fondo Pensional
Territorial de Boyacá

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto9.

2. Consideraciones

2.1. Problemas jurídicos

11. Se circunscriben a establecer:

11.1. ¿Si
la Sala tiene competencia para adelantar control de legalidad de la
Resolución 000035 del 2 de febrero de 1999?

11.2. Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa ¿si el acto demandado es
contrario al ordenamiento jurídico porque le asignó al Fondo Pensional de Boyacá
una cuota parte pensional superior al monto que legalmente le correspondía?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Financiación pensional, a través del sistema de cuota parte

12. La financiación de las prestaciones que tienen por objeto proteger a los
trabajadores de las contingencias generadas por la vejez y la pérdida de capacidad
laboral por enfermedad, entre otras, tiene como fuente principal los aportes al
sistema efectuados en proporción por los empleadores y trabajadores, los cuales se
encontraban a cargo del primero. Con ocasión de este deber y de la posibilidad de
que durante su vida laboral un empleado prestara sus servicios en diferentes
entidades, surgió el sistema de cuotas partes pensionales con el objetivo de
establecer el mecanismo que permitiera que en el pago de la prestación
concurrieran todos los obligados [empleadores o entidades de previsión].

13. Este sistema fue regulado inicialmente por la Ley 6 de 194510, a través de la cual
se creó, entre otras las siguientes prestaciones: i) la «pensión vitalicia de jubilación»11
a favor del «empleado u obrero» que contara con 50 años de edad y acreditara 20
años de servicio continuo o discontinuo y ii) la pensión de invalidez12 al «empleado
u obrero» que hubiese «perdido su capacidad de trabajo para toda ocupación u oficio».
Con este propósito, se dispuso la creación de la Caja de Previsión Social de los
Empleados y Obreros Nacionales la cual tendría a cargo el reconocimiento y pago
de las referidas prerrogativas.

14. En la mencionada norma, el legislador precisó que para efectos del
reconocimiento pensional se debían acumular los tiempos de servicio «prestados

9 Así se extrae del informe secretarial del 28 de noviembre de 2024. Índice 8 del aplicativo Samai.
10 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo.»
11 Artículo 17.b de la Ley 6 de 1945.
12 Artículo 17.c de la Ley 6 de 1945.

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01011-01 (7271-2023)
Demandante: Departamento de Boyacá, Fondo Pensional
Territorial de Boyacá

sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho público», por lo que, para
su financiación el monto de esta se debía distribuir «en proporción al tiempo servido y
al salario o remuneración devengados en cada una de aquellas». En ese sentido en el
artículo 29 dispuso:

«ARTÍCULO 29.- [Modificado por la ley 24 de 1947, art. 1] Los servicios prestados
sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho público, se acumularán
para el cómputo del tiempo en relación con la jubilación, y el monto de la pensión
correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido y al salario o
remuneración devengados en cada una de aquellas. Los trabajadores cuyos salarios
o remuneraciones se paguen con cargo a fondos especiales que se formen con aporte
de varias entidades de derecho público, gozarán de las prestaciones más favorables que
éstas reconozcan a sus propios trabajadores, con cargo al mismo fondo especial.

Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones se liquidarán de acuerdo
con el promedio de los sueldos devengados durante todo el tiempo de servicio.» [Se
resalta]

15. Con posterioridad, a través de la Ley 72 de 1947, se estableció que la caja de
previsión responsable del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación sería
aquella a la que el servidor público se encontrara afiliado en el momento en que
adquiriera el estatus pensional, así:

«ARTICULO 21 Los empleados nacionales, departamentales o municipales que al
tiempo de cumplir su servicio estén afiliados a una Caja de Previsión Social tendrán
derecho a exigirle el pago de la totalidad de la pensión de jubilación. La Caja pagadora
repetirá de las entidades obligadas el reembolso de la cantidad proporcional que les
corresponda, habida consideración del tiempo de servicio del empleado en cada
una de las entidades oficiales.

PARAGRAFO. La Caja que reciba la solicitud la pondrá en conocimiento de las
entidades interesadas, las cuales podrán objetarla con fundamento legal.» [Se resalta]

16. Así las cosas, en las disposiciones en cita se estableció la obligación de las
entidades empleadoras de concurrir en la financiación de la pensión de jubilación y
el derecho de la caja de previsión pagadora de repetir contra las primeras el
reembolso de la cantidad proporcional que les correspondiera. Esto fue reiterado
por el legislador extraordinario en el artículo 28 del Decreto 3135 de 1968, en los
siguientes términos:

«ARTÍCULO 28. La entidad de previsión obligada al pago de la pensión de jubilación
tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ella, a prorrata del tiempo
que el pensionado hubiere servido en ellos. El proyecto de liquidación será notificado
a los organismos deudores, los que dispondrán del término de quince días para
objetarlo.» [Se resalta]

17. El mencionado Decreto 3135 fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que
en el artículo 72 reiteró la obligación de los empleadores de concurrir al
financiamiento de la prestación, así:

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01011-01 (7271-2023)
Demandante: Departamento de Boyacá, Fondo Pensional
Territorial de Boyacá

«ARTÍCULO 72.- Acumulación del tiempo de servicios. Los servicios prestados sucesiva
o alternativamente a distintas entidades de derecho público, establecimientos públicos,
empresas oficiales y sociedades de economía mixta, se acumularán para el cómputo del
tiempo requerido para la pensión de jubilación, En este caso, el monto de la pensión
correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido en cada una de
aquellas entidades, establecimientos, empresas o sociedades de economía mixta.» [Se
resalta]

18. Ahora bien, la Ley 33 de 1985 en su artículo 25 derogó de manera expresa el
artículo 28 del Decreto 3135 de 1968; sin embargo, en el artículo 2 reiteró el derecho
de la caja de previsión pagadora de la pensión de jubilación del servidor público, de
repetir contra los organismos empleadores o las cajas de previsión respectivas para
el financiamiento de la prestación, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 2º. La Caja de Previsión obligada al pago de pensión de jubilación, tendrá
derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las respectivas
Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o
aportado a ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos deudores,
los que dispondrán del término de quince (15) días para objetarlo, vencido el cual se
entenderá aceptado por ellos.

Para los efectos previstos en este artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
efectuará anualmente las compensaciones a que haya lugar, con cargo a los giros que
les correspondan a los organismos o Cajas, por concepto de aportes del Presupuesto
Nacional; cuando se trate de entidades del orden departamental, intendencial,
comisarial, municipal o del Distrito Especial de Bogotá, la compensación anual se
efectuará con cargo a las correspondientes transferencias de impuestos nacionales.»
[Se resalta]

19. De otra parte, el artículo 7 la Ley 71 de 1988 creó la denominada pensión por
aportes que regulaba la prestación de jubilación de quienes hubiesen prestado sus
servicios en entidades públicas y privadas. En esta disposición estableció que el
gobierno nacional reglamentaría «los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades
involucradas».

20. En cumplimiento del mencionado mandato, el presidente de la República expidió
el Decreto 1160 de 1989 con el que estableció la forma en la que las entidades de
previsión o empleadoras debían aportar a la financiación de la pensión de jubilación,
así:

«Artículo 28°.- Cuotas partes. [Derogado por el art. 12, Decreto Nacional 2709 de
1994]. Todas las entidades de previsión a las que un trabajador efectuó aportes que
fueron utilizados para la liquidación de su pensión de jubilación por aportes, tienen la
obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con la
cuota parte correspondiente.

Para el efecto de las cuotas partes a cargo de las demás entidades de previsión, la
entidad pagadora notificará el proyecto de liquidación para reconocimiento de la pensión
a los organismos deudores quienes dispondrán del término de 15 días hábiles para
objetarlo, vencido el cual, se entenderá aceptado por ellos y se procederá a expedir la

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01011-01 (7271-2023)
Demandante: Departamento de Boyacá, Fondo Pensional
Territorial de Boyacá

resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.

El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad
correspondiente reciba el proyecto de reconocimiento de la pensión.

Cada cuota parte se calculará así:

a). Si todos los aportes utilizados corresponden a períodos anteriores al 19 de diciembre
de 1988, la cuota parte a cargo de cada entidad de previsión será la proporción del
valor de la pensión, igual al tiempo aportado a esta entidad dividido por el tiempo
total de aportación.

b). En caso de existir tiempos de aportación posteriores al 19 de diciembre de 1988,
cada entidad de previsión tendrá a su cargo una cuota parte por entidad empleadora de
la cual haya recibido aportes y por cada tiempo de aportación continuo de la misma. El
valor expresado en salarios mínimos, se calculará con un favor que se aplica al valor de
la pensión y que es igual al producto del tiempo de aportación continuo por el salario
asegurado dividido por la suma de los productos de cada uno de los tiempos de
aportación por el salario asegurado respectivo por cada entidad empleadora, de acuerdo
con la siguiente fórmula:

Factor de cuota parte por la entidad empleadora 1 y por el tiempo de aportación continuo
1=
ti Si
___________________
t1 S1 + t2 S2 + .. + tn Sn

Donde:
n = Número de entidades empleadoras donde trabajó tiempo continuo.
S1 = Salario asegurado por entidad empleadora 1
S2 = Salario asegurado por entidad empleadora 2
Sn = Salario asegurado por entidad empleadora n
t1 = Tiempo trabajado en la entidad empleadora 1
t2 = Tiempo trabajado en entidad empleadora 2
tn = Tiempo trabajado en la entidad empleadora n»

21. Finalmente, el Decreto 2709 de 1994 derogó la anterior norma transcrita y en su
lugar dispuso:

«Artículo 11. Cuotas partes. Todas las entidades de previsión social a las que un
empleado haya efectuado aportes para obtener esta pensión, tienen la obligación de
contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con la cuota parte
correspondiente.

Para el efecto de las cuotas partes a cargo de las demás entidades de previsión, la
entidad pagadora notificará el proyecto de liquidación de la pensión a los organismos
concurrentes en el pago de la pensión, quienes dispondrán del término de quince (15)
días hábiles para aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no se ha recibido respuesta,
se entenderá aceptada y se procederá a expedir la resolución definitiva de
reconocimiento de la pensión.

La cuota parte a cargo de cada entidad de previsión será el valor de la pensión por
el tiempo aportado a esta entidad, dividido por el tiempo total de aportación.» [Se
resalta]

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01011-01 (7271-2023)
Demandante: Departamento de Boyacá, Fondo Pensional
Territorial de Boyacá

22. El anterior recuento normativo permite concluir que, si bien el legislador de 1945
estableció que para efectos de determinar la cuota parte con la que debían concurrir
las entidades responsables se debía tener en cuenta el valor de la pensión de la
cual era acreedor el beneficiario, el tiempo servido o aportado a la respectiva entidad
y el valor del salario devengado o tenido en cuenta para establecer el aporte; lo
cierto es que a partir del año 1947 estos parámetros se limitaron solo a dos, estos
son, el valor de la prestación y el tiempo servido o aportado en cada entidad
responsable.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

23. En el expediente se encuentra demostrado que:

23.1. Mediante Resolución 000035 del 2 de febrero de 1999, Fonprecon reconoció a
Jorge Alberto Perico Cáceres pensión de jubilación de conformidad con el régimen
especial establecido en la Ley 4 de 1992 y los decretos 1359 de 1993 y 1293 de
1994. Así las cosas, para la prestación se liquidó teniendo en cuenta el «ingreso
mensual promedio del último año que por todo concepto devenguen los congresistas en
ejercicio, a la fecha en que se decrete la prestación, dentro del cual serán especialmente
incluidos el sueldo básico, los gastos de representación, la prima de localización y vivienda,
prima de navidad y toda otra asignación de la que gozaren».

23.2. A través con oficio del 11 de noviembre de 1998, Fonprecon consultó a la Caja
de Previsión Social de Boyacá el proyecto de resolución de la cuota parte pensional,
con el fin de que manifestara dentro del término legal su aceptación u objeción a la
cuota parte correspondiente.

23.3. Con Oficio S.P.E. 0178 del 24 de noviembre de 1998, la Caja de Previsión
Social del departamento de Boyacá objetó la cuota pensional, «por cuanto en la
liquidación se toman factores salariales no contemplados en la Ley 33 de 1985 y Ley 62 de
1985».

2.3.2. Análisis sustancial

2.3.2.1. En relación con el control de legalidad del acto demandado,
adelantado previamente por la jurisdicción

24. Antes de estudiar los argumentos expuestos por la entidad apelante, la Sala
encuentra que el acto demandado en el sub judice fue objeto de estudio en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-
2015-02313-01 (1037-2019), en el marco del cual esta Subsección profirió
sentencia el 21 de mayo de 2020, con la que confirmó la de primera instancia que
declaró la nulidad de la Resolución 000035 del 2 de febrero de 1999.

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01011-01 (7271-2023)
Demandante: Departamento de Boyacá, Fondo Pensional
Territorial de Boyacá

25. Asimismo, en la sentencia del 15 de junio de 2023, objeto de apelación, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dispuso:

«PRIMERO. DECLARAR la nulidad parcial del ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución
000035 de 02 de febrero de 1999, dictada por el FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, en lo que respecta a la cuota parte asignada a la
Caja de Previsión Social de Boyacá, hoy DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – FONDO
PENSIONAL TERRITORIAL DE BOYACÁ, en virtud del reconocimiento pensional
hecho al señor JORGE ALBERTO PERICO CÁRDENAS.

SEGUNDO. CONDENAR, a título de restablecimiento del derecho, al FONDO DE
PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA -FONPRECON, a proferir
un nuevo acto administrativo que determine la cuota parte que le corresponde a la Caja
de Previsión Social de Boyacá hoy, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – FONDO
PENSIONAL TERRITORIAL DE BOYACÁ en la mesada pensional de JORGE
ALBERTO PERICO CÁRDENAS, con base en los factores salariales que le
correspondan legalmente.

TERCERO. ORDENAR el pago al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – FONDO
PENSIONAL TERRITORIAL DE BOYACÁ, de las diferencias que resulten entre el
mayor valor asumido por esa entidad y la nueva distribución. Las diferencias que resulten
se indexarán en los términos del artículo 187 del C.P.A.C.A.»

26. Previo a abordar los argumentos planteados por la entidad apelante, se
procederá a verificar si esta Sala tiene competencia para emitir pronunciamiento de
fondo, en consideración a que existe una sentencia ejecutoriada en la que se
declaró la nulidad de la Resolución 000035 del 2 de febrero de 1999.

27. Al respecto, de conformidad con el artículo 189 del CPACA, la «sentencia que
declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada
erga omnes». De acuerdo con el alcance de esta disposición, en aquellos casos en
los que, a través de una sentencia se declare la nulidad de un acto administrativo
los efectos de la decisión son oponibles de manera general, por lo que no resulta
posible adelantar un nuevo proceso en el que se solicite su nulidad.

28. La anterior conclusión cobra especial relevancia, en tanto, el objeto del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho es verificar la validez del acto
administrativo, esto es, el sometimiento de este al ordenamiento jurídico y el
cumplimiento de las formalidades sustanciales que se exigen para su expedición13.
En otras palabras, a través de este control el juez adelanta un análisis de legalidad
«con el fin de examinar si en su expedición fueron cumplidos los requisitos y elementos
esenciales y así establecer si nació o no a la vida jurídica en condiciones de validez, de tal
suerte que si se llegare demostrar la existencia de vicios en su expedición ello conllevaría
a declarar su nulidad con efectos invalidantes desde el mismo momento del nacimiento del

13 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Procedimientos Administrativos y Tecnología. Universidad

Externado de Colombia. Bogotá DC. 2011.

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01011-01 (7271-2023)
Demandante: Departamento de Boyacá, Fondo Pensional
Territorial de Boyacá

acto14».

29. En consonancia, la sentencia proferida por esta Corporación el 21 de mayo de
2020, dentro del expediente con radicado 25000-23-42-000-2015-02313-01 (1037-
2019), con la que quedó en firme la de primera instancia que declaró la nulidad de
la Resolución 000035 del 2 de febrero de 1999, de conformidad con el artículo 189
del CPACA, tiene efectos erga omnes, esto es, como se explicó antes, tiene efectos
frente a todas las personas, en tanto se desvirtuó la legalidad del acto demandado
y lo dejó por fuera del ordenamiento jurídico con efectos ex tunc, puesto que la
nulidad tuvo lugar con ocasión de vicios en su conformación.

30. En ese sentido esta Corporación se pronunció al señalar que «[e]n primer lugar no
hay que olvidar que la declaratoria de nulidad del acto administrativo afecta su validez y,
por lo mismo, sus efectos se proyectan hacia el pasado. Así pues, la doctrina ha señalado
de manera unánime, como lo establece Sayagués Laso que “Al dictarse sentencia
anulatoria, el acto se extingue de pleno derecho en virtud de pronunciamiento jurisdiccional.
Además como la extinción se funda en la invalidez del acto, considerase que ésta no ha
tenido existencia válida y por tanto los efectos de la extinción se proyectan hacia el pasado
(Giorgi) SAYAGUES LASO, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Clásicos
Jurídicos Uruguayos, Ed. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2005, No. 1068,
p. 548 y 54915».

31. Lo expuesto, permite concluir que en la fecha en la que se expidió la sentencia
que es objeto de apelación en el sub judice [15 de junio de 2023], la Resolución
000035 [acto demandado] había desaparecido del ordenamiento, porque la
autoridad judicial competente había declarado su invalidez «desde su nacimiento [esto
es] [e]l acto anulado se considera entonces como si no se hubiera producido nunca16». Así
las cosas, el control de legalidad pretendido por el Fondo Pensional de Boyacá en
el presente medio de control carecía de objeto, porque su pretensión era la nulidad
de una decisión de la administración que no existía como consecuencia de una
decisión de la jurisdicción que por mandato legal tenía efectos erga omnes.

32. Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, se revocará la sentencia de
primera instancia porque el acto administrativo del cual se pretendía la nulidad no
existía en el ordenamiento jurídico y, en su lugar, se declarará la carencia actual de
objeto.

2.4. Costas

14 Consejo de Estado, Sección Tercera; consejera ponente: Myriam Guerrero de Escobar.
Expediente con radicado: 11001-03-26-000-2000-0010-01 (18556).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; consejero ponente: Luis Rafael Vergara

Quintero. Providencia del 10 de diciembre de 2015; expediente con radicado: 13001-23-31-000-
2001-00817-01(1723-11).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; consejero ponente: Luis Rafael Vergara

Quintero. Providencia del 10 de diciembre de 2015; expediente con radicado: 13001-23-31-000-
2001-00817-01(1723-11).

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01011-01 (7271-2023)
Demandante: Departamento de Boyacá, Fondo Pensional
Territorial de Boyacá

33. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

34. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

35. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma21.

36. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

37. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.

3. Conclusión

38. Por las razones anotadas en precedencia, se revocará la sentencia de primera
instancia, al encontrar que en el sub judice existe carencia actual de objeto como
consecuencia de la declaratoria de nulidad de la Resolución 000035 del 2 de febrero
de 1999, adoptada dentro de la sentencia proferida el 21 de mayo de 2020 dentro
del expediente con radicado 25000-23-42-000-2015-02313-01 (1037-2019).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01011-01 (7271-2023)
Demandante: Departamento de Boyacá, Fondo Pensional
Territorial de Boyacá

FALLA

Primero. Revocar la sentencia proferida el 15 de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que accedió a
las pretensiones de la demanda y en su lugar se declara la carencia actual de objeto.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JMC

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.