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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01057-02

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01057-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del 26 de octubre de 2023, que negó las pretensiones de la demanda, presentada por Aura Stella Herrera de Sánchez contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01057-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de febrero de 2025

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01057-02 (2876-2024)
Demandante: Aura Stella Herrera de Sánchez
Demandado: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01057-02 (2876-2024)1
Demandante: Aura Stella Herrera de Sánchez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia. Subtema: docente nacional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del
26 de octubre de 2023, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La actora, quien prestó sus servicios en el programa de planteles nacionales, solicitó
la nulidad de las resoluciones que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia,
bajo el argumento que era una docente nacional. Como fundamento de la demanda,
alegó que los actos administrativos impugnados están viciados por falsa motivación,
ya que su empleador no era el Ministerio de Educación Nacional, sino la Secretaría de
Educación de Bogotá.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La señora Aura Stella Herrera de Sánchez, mediante apoderado judicial,
presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, con las
siguientes pretensiones:

1 Expediente electrónico.
2
5 de julio de 2019.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01057-02 (2876-2024)
Demandante: Aura Stella Herrera de Sánchez
Demandado: UGPP

(i) Se declare la nulidad de la Resolución 022155 del 29 de septiembre de 2001
que le negó el reconocimiento de la pensión gracia, así como de la Resolución 1536
del 13 de marzo de 2002, que la confirmó al resolver el recurso de apelación.

(ii) A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene que la UGPP le
reconozca y pague una pensión gracia, por haber adquirido el estatus pensional en el
año 1996.

(iii) Igualmente, pidió que las sumas adeudadas sean actualizadas con el índice de
precios al consumidor; que la entidad cumpla el fallo en los términos del artículo 192
del CPACA; y que se condene en costas a la parte demandada3.

2.1.2. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

3. La señora Aura Stella Herrera de Sánchez nació el 28 de enero de 1950 y prestó
sus servicios como docente desde el 1°. de marzo de 1976 hasta el 31 de diciembre
de 2013, conforme la Resolución 2287 proferida por la Secretaría de Educación del
distrito de Bogotá.

4. La UGPP, mediante los actos demandados, le negó el reconocimiento de la
pensión gracia con fundamento en que prestó sus servicios en planteles nacionales,
con nombramiento de carácter nacional, puesto que, así lo certificaron las Secretarías
de Educación de Bogotá y del departamento de Cundinamarca. Sin embargo, la
accionante pertenece a la planta de personal del distrito de Bogotá, entidad que le ha
pagado los salarios, por tanto, en su criterio, la vinculación era territorial.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. En la demanda se citaron las siguientes normas vulneradas:

De la Constitución Política, los artículos 4, 6, 13, 29, 48, 53, 58, 83, 121, 122, 123 y
230.
Las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 46 de 1973, 43 de 1975, 29 de 1989,
91 de 1989, 33 de 1985, 60 de 1993, 715 de 2001 y 100 de 1993.
Del Decreto 2277 de 1979, el artículo 6.
El acto legislativo 01 de 2005.

6. Al explicar el concepto de violación, la parte actora expuso que las resoluciones
demandadas están viciadas por falsa motivación, comoquiera que el empleador de la
docente no era el Ministerio de Educación Nacional, sino la Secretaría de Educación
de Bogotá. Adujo que, si bien las certificaciones de tiempo de servicios indican que la
demandante tenía un vínculo docente nacional, lo cierto es que la demandante figura
en la nómina de la planta de personal de la Secretaría de Educación de Bogotá. En

3 Índice 112 Samai, plataforma de los Tribunales, proceso 25000234200020190105700, expediente digital, págs. 5

a 25.
2

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Demandante: Aura Stella Herrera de Sánchez
Demandado: UGPP

este orden de ideas, dado que cumplió la edad de 50 años y 20 años de servicios en
el año 1996, tiene un derecho adquirido al reconocimiento de la pensión gracia.

2.2. Contestación de la demanda

7. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
al indicar que la docente no cumple con los requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913,
porque los tiempos laborados en la Secretaría de Educación de Bogotá, desde el 1°.
de marzo de 1976 hasta el 19 de febrero de 2000, fueron nacionales y no pueden ser
computados para acceder al derecho pensional4.

8. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 26 de octubre de 2023, negó las pretensiones de la demanda
y no condenó en costas. Como fundamento de la decisión consideró que la pensión
gracia no puede ser reconocida a un docente nacional, en tanto, se quiere que el
maestro no reciba retribución alguna de la nación.

10. El fallador explicó que la Secretaría de Educación de Bogotá certificó que la
demandante estuvo vinculada desde el 1° de marzo de 1976 hasta el 30 de diciembre
de 2013 como maestra nacional, nombrada a través de la Resolución 2424 del 4 de
mayo de 1976 del Ministerio de Educación Nacional, por consiguiente, la demandante
no acreditó haber prestado 20 años de servicios en la docente en el orden
departamental, municipal o distrital.

11. Al proceso se allegó la copia de la Resolución 2424 del 4 de mayo de 1976 en la
que el Ministerio de Educación nombró a la actora en el empleo de profesora de
enseñanza media, para el programa de jornadas adicionales de colegios privados en
el distrito especial de Bogotá, posesionada ante el citado Ministerio.

12. Por consiguiente, el tiempo laborado por la demandante desde el 1° de marzo de
1976 hasta el 30 de diciembre de 2013 no cumple con los requisitos exigidos por la
Ley 114 de 1913 para el reconocimiento pensional, toda vez que el tipo de vinculación
nacional impide que pueda computarse para conceder el derecho.

13. No condenó en costas a la parte actora, en atención a que no se evidenció que
su actuación procesal se realizara con manifiesta carencia de fundamento legal5.

2.4. Recurso de apelación

2.4.1. Parte demandante

14. La señora Aura Stella Herrera de Sánchez, mediante apoderado, interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, al afirmar que viola el
4 Índice 12 Samai, plataforma del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso 2500023420002019105700,

contestación de la demanda.
5 Índice 2 Samai, ED_05001233300020200320(.zip) NroActua 2, 14SentenciaPrimeraInstancia.

3

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Demandante: Aura Stella Herrera de Sánchez
Demandado: UGPP

principio de legalidad, y la Constitución Política que, en el artículo 53, regula el principio
de primacía de la realidad sobre las formalidades. Estimó que se desconoció que la
demandante cumplió con los elementos de la relación laboral con el distrito de Bogotá,
es decir, la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración.

15. En este orden de ideas, pese a que la docente fue nombrada, mediante la
Resolución 2424 del 4 de mayo de 1976 del Ministerio de Educación, no se puede
pasar por alto, que se configuró la figura del contrato realidad con la entidad territorial,
en tanto, la relación con el distrito fue subordinada, la maestra cumplió horario laboral,
y el distrito le pagó los salarios6.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

16. Mediante auto del 12 de agosto de 20247, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y al no existir solicitud
de pruebas se prescindió del periodo para correr traslado a las partes.

17. En cuanto al orden de decisión, se resalta que, de conformidad con el artículo 74J
de la Ley 2430 de 2024, que modifica la Ley 270 de 1996, «las altas cortes, los
tribunales y los jueces podrán agrupar temáticamente los procesos para fallo, aunque
los expedientes no se encuentren acumulados de acuerdo con las normas procesales.
Las consideraciones del primer fallo podrán ser reiteradas en los demás, los cuales
podrán ser expedidos de manera simultánea, sin sujeción al orden cronológico de
turnos».

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

18. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.

3.2. Problema jurídico

19. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que negó al
reconocimiento de la pensión gracia, si:

20. ¿La demandante, quien fue docente nombrada por el Ministerio de Educación
Nacional para el programa de jornadas adicionales en colegios privados de Bogotá,
tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, porque tuvo una relación laboral
subordinada con el distrito de Bogotá, de modo que, en virtud del principio de
supremacía de la realidad sobre las formalidades, la vinculación fue territorial?

6 Índice 2 Samai, ED_05001233300020200320(.zip) NroActua 2, 17RecursoApelacion.
7 Índice 5 Samai.

4

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Demandado: UGPP

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La pensión gracia

21. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114 de
19138, para beneficiar a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran
servido en el magisterio por al menos 20 años, siempre que cumplieran los siguientes
requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y consagración; y (ii) no recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional.

22. La Ley 116 de 19289 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores
de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción Pública. Según el
artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en
diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para
completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección
de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

23. Posteriormente, la Ley 37 de 193310 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

24. Por su parte, la Ley 91 de 198911, en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

25. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a partir de esa fecha

8 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
9 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
10 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
11 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

5

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Demandante: Aura Stella Herrera de Sánchez
Demandado: UGPP

a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de nacionalización de la educación que
se adelantó por disposición de la Ley 43 de 1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo
1012 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a ocupar haya sido creada
exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su propio presupuesto.

26. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199713, en los
siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en
el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.

27. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201814, señaló
que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para
no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,
entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años
y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.

28. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los recursos

12 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con

cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, M.P.

Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
6

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que la nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales, cuando
ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes territoriales,
de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del Ministerio
de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o nacionalizado que
es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes
reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados15, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
[…].

29. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos

15 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.

3.4. Hechos probados

30. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

• Edad

31. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años de edad. En el caso concreto, la señora Aura Stella Herrera de Sánchez nació el
28 de enero de 1950, como consta en la cédula de ciudadanía16, en consecuencia,
acreditó la edad de 50 años el 28 de enero de 2000.

• Vinculación docente

32. Obra en el proceso el acta del 26 de mayo de 1976, en la cual la señora Aura Stella
Herrera de Sánchez se posesionó ante el Ministerio de Educación, en el empleo de
profesora de enseñanza media, jornada adicional, en el Colegio Parroquial San Gabriel
Arcángel de Bogotá, para el que había sido nombrada mediante la Resolución 2424
del 4 de mayo de 197617.

33. Conforme el Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral,
expedido por la Secretaría de Educación de Bogotá, del 20 de marzo de 2014, la
accionante fue docente nacional designada por el Ministerio de Educación en la
Resolución 2424 del 4 de mayo de 1976, se retiró del servicio por renuncia el 31 de
diciembre de 2013 y el último establecimiento educativo fue el IED Toberín18.

34.Según la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL) del Ministerio de
Hacienda, del 25 de julio de 2022, la docente Aura Stella Herrera de Sánchez fue
docente del nivel nacional en la Institución Educativa Distrital Toberín, nombrada en la
Resolución 2424 del 4 de mayo de 1976 y ejerció hasta el 30 de diciembre de 201319.

• Actos demandados

35. Mediante la Resolución 022155 del 29 de septiembre de 2001, la Caja Nacional
de Previsión Social le negó el reconocimiento de una pensión gracia a la accionante,
con fundamento en que no es admisible computar tiempos de servicios, cuyo
nombramiento provenga del Ministerio de Educación Nacional, y que, según los

16 Índice 112 Samai, plataforma de los Tribunales, proceso 25000234200020190105700, expediente digital, pág.

65.
17 Índice 112 Samai, plataforma de los Tribunales, proceso 25000234200020190105700, expediente digital, pág.

87.
18 Índice 112 Samai, plataforma de los Tribunales, proceso 25000234200020190105700, expediente digital, pág.

42.
19 Índice 112 Samai, plataforma de los Tribunales, proceso 25000234200020190105700, expediente digital, pág.

217.
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Demandante: Aura Stella Herrera de Sánchez
Demandado: UGPP

documentos aportados, la peticionaria laboraba en planteles nacionales20. Esta
decisión fue confirmada en la Resolución 1536 del 13 de marzo de 2002, por la cual
se resolvió un recurso de apelación.

3.5. Caso concreto

36. En el asunto bajo análisis, la actora solicitó la nulidad de las resoluciones que
le negaron el reconocimiento de la pensión gracia por tratarse de una docente
nacional. Como fundamento de la demanda alegó que los actos demandados están
viciados por falsa motivación, dado que el empleador de la docente no era el Ministerio
de Educación Nacional, sino la Secretaría de Educación de Bogotá.

37. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar que la señora Aura
Stella Herrera de Sánchez fue docente nacional del 1° de marzo de 1976 hasta el 30
de diciembre de 2013, nombrada a través de la Resolución 2424 del 4 de mayo de
1976 del Ministerio de Educación Nacional.

38. Inconforme con esta decisión, la parte actora apela insistiendo en que tiene
derecho al reconocimiento de la pensión gracia, pues, a pesar de que la docente fue
nombrada a través de la Resolución 2424 del 4 de mayo de 1976 del Ministerio de
Educación, no se puede ignorar que se configuró un «contrato realidad» con la entidad
territorial, dado que la relación con el distrito fue de carácter subordinado, la maestra
cumplía un horario laboral y recibía el salario por parte del distrito.

39. Visto lo anterior, en el proceso se demostró que la señora Aura Stella Herrera de
Sánchez nació el 28 de enero de 195021 y cumplió 50 años el 28 de enero de 2000;
laboró como docente nombrada por el Ministerio de Educación Nacional, desde el 26
de mayo de 1976 hasta el 30 de diciembre de 2013; la vinculación nacional se acredita
con el acta de posesión22, así como el Formato Único para Expedición de Certificado
de Historia Laboral, del 20 de marzo de 201423 y la Certificación Electrónica de
Tiempos Laborados (CETIL) del Ministerio de Hacienda, del 25 de julio de 202224.

40. No obstante, la parte actora alega que, aunque el nombramiento fue ordenado por
el Ministerio de Educación Nacional, lo cierto es que existió una relación laboral
encubierta con el distrito de Bogotá, porque se configuran los elementos de
subordinación, prestación personal del servicio y salario. Sobre el particular, en primer
lugar, se debe precisar que la maestra fue vinculada desde el año 1976, es decir, en
vigencia de la Ley 43 de 1975, por la cual se estableció que la educación primaria y
secundaria eran un servicio público a cargo de la nación (art. 1).

20
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29 a 34.
21 Índice 112 Samai, plataforma de los Tribunales, proceso 25000234200020190105700, expediente digital, pág.

65.
22 Índice 112 Samai, plataforma de los Tribunales, proceso 25000234200020190105700, expediente digital, pág.

87.
23 Índice 112 Samai, plataforma de los Tribunales, proceso 25000234200020190105700, expediente digital, pág.

42.
24 Índice 112 Samai, plataforma de los Tribunales, proceso 25000234200020190105700, expediente digital, pág.

217.
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Demandante: Aura Stella Herrera de Sánchez
Demandado: UGPP

41. En segundo lugar, en lo que concierne a este reproche, la Subsección insiste que
la Secretaría de Educación de Bogotá certificó que la vinculación de la docente fue
nacional. A lo que debe agregarse que el acto administrativo de nombramiento,
contenido en la Resolución 2424 del 4 de mayo de 1976, fue dictado por el Ministerio
de Educación Nacional, y la certificación CETIL del Ministerio de Haciendo también
informa que era docente del nivel nacional en la Institución Educativa Distrital Toberín.
Ahora bien, la vinculación en el orden nacional no cambia por el hecho de la
descentralización del servicio educativo en cabeza de las entidades territoriales.

42. Debe observarse que la dependencia del cargo docente a la Secretaría de
Educación tiene su razón de ser en la descentralización de la educación ordenada por
la Ley 60 de 199325. En efecto, los artículos 2° y 3° de la Ley 60 de 1993 indican que
corresponde a los municipios y departamentos administrar los recursos cedidos por la
nación y planificar las competencias para el sector educación.

43.Ciertamente esta corporación ha considerado en los eventos de incorporación de los
docentes nacionales a plantas territoriales, que dicho hecho no varió la vinculación
nacional del maestro, dado que: (i) el nombramiento dictado por el Ministerio de
Educación Nacional, o el efectuado en una plaza no cambia durante la relación laboral,
aunque haya traslados, puesto que la vinculación es una sola; y (ii) el proceso de
descentralización de la educación oficial, ordenado por la Ley 60 de 1993, no mutó la
naturaleza de los nombramientos nacionales que se efectuados con anterioridad a la Ley
60 de 1993.

44. Sobre este último particular, esta Subsección de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia de 6 de marzo de 2024, dentro del proceso identificado con el
radicado 15001-23-33-000-2018-00698-01 (1133-2021), precisó que:

Ahora bien, el recurrente alegó que con la descentralización de la educación dejó de
ser un maestro nacional y con ello pasó a conformar parte de la planta de personal del
departamento de Boyacá y el municipio de Duitama; al respecto, debe decirse que la
descentralización de la educación no conllevó a que las distintas clases de
maestros hubiesen desaparecido y que, en consecuencia, todos hayan adquirido
el carácter de territoriales.

En ese sentido, esta Subsección ha reiterado en sendas oportunidades que los
docentes con nombramiento nacional que hayan sido incorporados a las plantas
territoriales en virtud del proceso de descentralización de la educación continúan
con el carácter de nacionales, en la medida en que el artículo 1º de la Ley 91 de 1989
estableció que los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional son
personal nacional. Además, la nominación es una sola y es diferente a la
incorporación26. (Destacado fuera del texto)

25 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.
26 Sobre este mismo particular, pueden verse también las Sentencias del 25 de agosto de 2022 en el expediente

76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018); y del 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-

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Demandante: Aura Stella Herrera de Sánchez
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45. Entonces, está decantado por la corporación que el proceso de descentralización de
la educación oficial no trajo consigo la desaparición de las distintas categorías de
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, y mucho menos que los
nombramientos efectuados por el Gobierno nacional se vieran afectados por tal proceso,
dado que el acto de nominación es uno solo y no varía en razón de las particularidades
de un proceso que tuvo por finalidad reorganizar la administración del servicio de
educación oficial.

46. En tercer lugar, se advierte que el marco del litigio no está relacionado con el
reconocimiento de una relación laboral encubierta, que deba ser estudiado a la luz del
principio de supremacía de la realidad sobre las formalidades que establecen las partes
(art. 53 de la Constitución Política), sino que la docente fue vinculada mediante una
actuación reglada de la administración con el carácter de nacional, y en dicha calidad no
tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia. Aunado a que la exclusión de los
docentes nacionales como beneficiarios de la pensión gracia no vulnera su derecho a la
igualdad27.

47.Como corolario de lo expuesto, en el presente caso, la señora Aura Stella Herrera de
Sánchez no desvirtuó el contenido de las pruebas recaudadas en el proceso que
acreditaron la vinculación como docente nacional desde el 26 de mayo de 1976 hasta el
30 de diciembre de 2013.

48. En consecuencia, se confirmará el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

3.6. Conclusión

49. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y acorde con la valoración en
conjunto de los hechos probados en el proceso, según los principios de la sana crítica,
se concluye que la señora Aura Stella Herrera de Sánchez no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, dado que su vinculación con la docencia oficial
fue nacional a partir del año 1976.

4. Costas

50. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario28 de la

00272-01 (2401-2022), citadas en la sentencia del 23 de febrero de 2023 con radicado 41001-23-33-000-2019-
00236-01 (1249-2022).
27 Sobre el particular consultar las sentencias C- 084 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, y C-489 de 2000. M.P.

Carlos Gaviria Díaz, de la Corte Constitucional.
28 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un

criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual

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Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del 26 de octubre de 2023, que negó
las pretensiones de la demanda, presentada por Aura Stella Herrera de Sánchez
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Demandante: Aura Stella Herrera de Sánchez
Demandado: UGPP

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

NJCC/HGM

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