Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01134-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01134-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01134-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01134-01 (6253-2022)
Demandante: Diana Carolina Monroy Díaz
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia porque la
demandante no demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra
la sentencia del 28 de octubre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que acogió parcialmente las
pretensiones.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el objeto de que se declare la nulidad del
oficio 268-2018-0027293 del 15 de junio de 2018 expedido por la entidad
accionada, mediante el cual se negó el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral entre el 1.° de junio de 2011 y el 31 de julio de 2017, así como el
pago de las prestaciones correspondientes, período durante el cual se
desempeñó como facturadora y auxiliar de primer contacto.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) declarar que existió una
relación de trabajo durante el tiempo mencionado; (ii) pagar a su favor las
acreencias laborales, las indemnizaciones y prestaciones sociales1 que devenga
una trabajadora de igual o mejor nivel, así como la sanción moratoria que prevé
la Ley 244 de 1995; (iii) realizar los aportes a seguridad social; (iv) devolver los
valores que le fueron descontados por concepto de retención en la fuente y los
aportes a pensión, salud y riesgos laborales que realizó como contratista; (v)
realizar los ajustes de valor a que haya lugar; (vi) dar cumplimiento al fallo dentro
del término de ley y, en caso negativo, reconocer los respectivos intereses de
mora; y (vii) condenar en costas a la parte demandada.
1
Tales como cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de navidad, prima de junio, prima
de servicio, vacaciones, aportes a salud, aportes a pensión, aportes a riesgos laborales, aportes
a caja de compensación familiar y dotación.
1
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Demandante: Diana Carolina Monroy Díaz
3. Como concepto de violación sostuvo que el acto acusado infringió normas
superiores2, pues, aunque formalmente estuvo vinculada mediante contratos de
prestación de servicios, en la práctica desarrolló labores de manera personal,
bajo continuada subordinación y a cambio de una remuneración, circunstancias
que permiten concluir que se configuró una relación de naturaleza laboral.
Contestación de la demanda
4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y sostuvo que la
demandante nunca tuvo una relación de carácter laboral, ya que fue vinculada a
través de contratos de prestación de servicios, los cuales tuvieron objetos
distintos y fueron suscritos de manera libre y voluntaria.
5. Además, adujo que la actora organizaba su horario como auxiliar de primer
contacto; y que los demás objetos contractuales implicaban la manipulación de
información financiera y archivística institucional, motivo por el cual era necesaria
la estadía de aquella en la sede de la entidad.
6. Propuso las excepciones de inexistencia del derecho y de las obligaciones
reclamadas, pago de lo no debido y la genérica.
Sentencia apelada
7. Mediante sentencia del 28 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, declaró la nulidad del acto
acusado y la existencia de una relación laboral entre la demandante y la ESE
accionada durante los períodos comprendidos entre el 1.º de junio de 2011 y el
30 de septiembre de 2016, y entre el 1.º de diciembre de 2016 y el 31 de julio de
2017.
8. A título de restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad demandada:
(i) reconocer y pagar a la actora el valor equivalente a las prestaciones sociales
y demás emolumentos legales percibidos por un facturador o «auxiliar de
contrato» (sic) de planta con funciones similares, causados durante los períodos
reconocidos, liquidados con base en los honorarios pactados en los contratos e
indexados, a título indemnizatorio; (ii) efectuar al respectivo fondo de pensiones
las cotizaciones correspondientes a la diferencia entre los aportes realizados por
la demandante como contratista y aquellos que debió asumir la entidad en calidad
de empleadora; y (iii) computar el tiempo servido para efectos pensionales.
Asimismo, decidió no imponer condena en costas, ordenó el cumplimiento de la
sentencia en los términos legales y negó las demás pretensiones.
9. Consideró acreditado que la demandante estuvo vinculada a la ESE
accionada mediante contratos de prestación de servicios entre el 1.º de junio de
2011 y el 31 de julio de 2017, período en el que desarrolló actividades como
facturadora y auxiliar de primer contacto en el área de farmacia, por las cuales
recibió una contraprestación económica.
2
Artículos 2, 4, 11, 13, 25, 29, 42, 46, 48, 53, 58 y 128 de la Constitución Política; 10 del Código
Civil; 19, 36 y concordantes del Código Sustantivo del Trabajo; la Ley 80 de 1993; y los Decretos
1042 de 1978, 1750 de 2003 y 4171 de 2014.
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10. Sostuvo que la actora ejecutó sus labores bajo continuada subordinación,
por cuanto estas correspondían al objeto misional de la entidad, tenían vocación
permanente y se desarrollaban en las instalaciones de la contratante. Añadió que
recibía instrucciones de sus superiores relacionadas con el cumplimiento de
horarios y directrices de trabajo.
11. Precisó que no se configuró la prescripción extintiva, toda vez que la
reclamación administrativa fue presentada dentro de los tres (3) años siguientes
a la terminación del vínculo contractual.
12. Indicó que las prestaciones sociales debían liquidarse con fundamento en
los honorarios pactados en los contratos, dado que la demandante no ostentó la
condición de empleada pública.
13. Finalmente, negó las pretensiones relativas a: (i) las cotizaciones al
sistema de salud, por carecer de efectos hacia el futuro; (ii) el reintegro de las
sumas aportadas por la demandante a los sistemas de pensiones, salud y riesgos
laborales, por tratarse de contribuciones obligatorias; (iii) los beneficios derivados
de la afiliación a cajas de compensación familiar, dado que la actora no ostentó
la condición de empleada pública; (iv) la dotación de vestido y calzado, por
percibir honorarios superiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes; (v) la devolución de los valores retenidos por concepto de retención en
la fuente, al no resultar procedente por razón de la ejecución contractual; y (vi) la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, al considerar que el
derecho correspondiente surge únicamente con la sentencia que declara la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios.
Recursos de apelación
14. La demandante interpuso recurso de apelación y solicitó modificar el fallo
de primera instancia, a fin de que se ordenara a la entidad accionada cumplir la
decisión en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.
15. La entidad accionada también apeló. Adujo que existió solución de
continuidad en la prestación del servicio, pues la actora desarrolló tareas distintas
como facturadora y auxiliar de primer contacto. Con fundamento en ello,
cuestionó las prestaciones sociales reconocidas y sostuvo que operó la
prescripción extintiva trienal.
16. Por otra parte, afirmó que no se probaron los elementos propios de una
relación de trabajo subordinada, en particular la prestación de un servicio
correspondiente a la planta de empleos, toda vez que la entidad no contaba con
cargos de auxiliar contable ni técnico contable entre los años 2015 y 2017, ni
tampoco en la actualidad.
17. Sostuvo que la demandante celebró los contratos de manera consciente y
actuó con autonomía durante su ejecución, al punto de que orientaba a las
personas que ingresaban al cargo de facturadora y acordaba con una compañera
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el cambio de turnos o su compensación en tiempo. Añadió que los contratos no
contenían cláusulas de subordinación ni de cumplimiento de horarios.
18. Expuso que la coordinación no puede confundirse con la subordinación,
pues aquella comprende labores de inspección, asesoría, verificación y
evaluación de la ejecución contractual.
19. Finalmente, puso de presente que durante la ejecución contractual se
realizaron varias convocatorias para proveer cargos de planta, sin que la actora
se hubiera presentado a ellas.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
20. Por auto del 12 de octubre de 2023 se admitieron los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia de primera instancia.
21. Las partes demandante y demandada no se pronunciaron sobre los
recursos de apelación.
22. El agente del Ministerio Público presentó concepto a través del cual solicitó
confirmar el fallo apelado, ya que, a su juicio, las pruebas recaudadas acreditan
la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación.
Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
incurrió en los yerros planteados por ambas partes. Para tal efecto, se analizará
(i) si se configuraron los elementos propios de una relación laboral,
particularmente la prestación personal del servicio y la continuada subordinación;
y (ii) si se debe modificar el fallo apelado a fin de incluir en la parte resolutiva la
orden tendiente a que la entidad accionada cumpla lo resuelto en el término de
ley. Asimismo, se analizará (iii) si las decisiones en torno al reconocimiento de
prestaciones sociales y a la prescripción extintiva observaron los parámetros
legales y jurisprudenciales aplicables.
Análisis del problema jurídico
25. La Sala considera que la actora no acreditó la continuada subordinación
durante los períodos en que se desempeñó como facturadora en la farmacia de
la entidad accionada en el marco de los contratos suscritos con esta última, de
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acuerdo con los argumentos que más adelante se desarrollan. Por consiguiente,
se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se negarán las pretensiones.
La desnaturalización de los contratos de prestación de servicios
26. De acuerdo con la prueba documental recaudada, la demandante se
desempeñó como facturadora y auxiliar de primer contacto en la entidad
accionada, vinculada a través de los siguientes contratos de prestación de
servicios3:
Contrato u orden de prestación Honorarios
Duración Objeto
de servicios mensuales
899 del 31 de mayo de 2011 1/6/2011 al 30/6/2011 $ 1.040.000 Facturadora
1/7/2011 al
1406 del 29 de junio de 2011 $ 1.100.000 Facturadora
31/12/2011
2/1/2012 al
071 del 2 de enero de 2012 $ 1.100.000 Facturadora
31/12/2012
2/1/2013 al Auxiliar de primer
111 del 2 de enero de 2013 $ 1.100.000
31/12/2013 contacto
2/1/2014 al Auxiliar de primer
116 del 2 de enero de 2014 $ 1.100.000
31/12/2014 contacto
2/1/2015 al Auxiliar de primer
162 del 2 de enero de 2015 $ 1.240.000
31/12/2015 contacto
1/1/2016 al Auxiliar de primer
702 del 1.° de enero de 2016 $ 1.240.000
30/11/2016 contacto
2-3579 del 30 de noviembre de 1/12/2016 al Auxiliar de primer
$ 1.240.000
2016 10/1/2017 contacto
11/1/2017 al Auxiliar de primer
2-3134 del 11 de enero de 2017 $ 1.240.000
31/7/2017 contacto
27. En primera instancia se recibió la declaración de la demandante y los
testimonios de las señoras Sandra Disney Lugo Díaz y Milena Urquijo Millán, de
los cuales se destaca lo siguiente:
i) La demandante manifestó que ella fue contratada por la entidad accionada
para facturar medicamentos en la farmacia, aunque muy ocasionalmente
realizaba tareas de digitadora —registrar medicamentos en el sistema—
en las noches, cuando el personal que normalmente se encargaba de ello
renunciaba o no podía ejercer la función; que cuando tenía alguna cita
médica cambiaba el turno con la facturadora que cumplía el turno de la
mañana, y si necesitaba todo el día le pedía a esta última que la cubriera
y luego le compensaba con tiempo; y que tuvo varios jefes inmediatos, a
quienes les identificaba de esa manera porque eran quienes les firmaban
las órdenes de pago mensuales.
ii) La señora Sandra Disney Lugo Díaz relató que fue contratista de la ESE
accionada entre 2013 y 2017, tiempo durante el cual se desempeñó como
auxiliar de farmacia de consulta externa, mientras que la actora fue
facturadora en esa misma dependencia; que la actividad principal de la
demandante consistía en recibir las fórmulas de los medicamentos de los
usuarios y facturarlos en el programa de la ESE, y también manejaba la
caja menor, pues había medicamentos que generaban copagos; que la
accionante cumplía turnos de 6 horas, bien fuera de 7:00 a. m., a 1:00 p.
m., o de 1:00 p. m., a 7:00 p. m., de domingo a domingo; que los horarios
3
Contratos, adiciones y prórrogas, actas de liquidación y certificaciones expedidas por la entidad
accionada. Anexos de la demanda y su contestación. Índice 2 de SAMAI.
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que observaba la actora eran establecidos por la persona encargada de la
farmacia; que no había personal de planta desarrollando las mismas
actividades que la demandante; y que el jefe inmediato de esta última era
el jefe de facturación.
Frente a la pregunta acerca de si observó que alguien le impartiera
órdenes a la actora, respondió que esta tenía que hacer cierre de caja con
la persona que designaban del área de facturación. También señaló que
la demandante utilizaba un computador para realizar sus tareas, el cual
era de propiedad de la entidad contratante; que la actora no podía designar
reemplazos, pero sí podía cambiar el turno con la otra facturadora, aunque
las citas médicas tenía que atenderlas por fuera del horario laboral; que la
demandante asistía a reuniones de la farmacia —para tratar problemas y
compartir sugerencias— y otras con la jefe de facturación —pero no sabe
el objeto de estas, pues nunca estuvo presente—; que no le consta si la
accionante recibió llamados de atención; y que la actora tenía que cumplir
lineamientos, tales como usar el programa en el cual facturaba.
iii) La señora Sandra Milena Urquijo Millán indicó que laboró como
facturadora en la farmacia de la ESE accionada entre 2013 y 2014,
actividad que también desarrollaba la demandante: la primera cumplía el
turno de la mañana y la segunda tenía el turno de la tarde; que trabajaban
los fines de semana y los días festivos; que la actora cumplía horarios de
1:00 p. m., a 7:00 p. m., durante la semana, y se alternaban los turnos de
los fines de semana, los cuales eran de 7:00 a. m., a 7:00 p. m. —un fin
de semana una y un fin de semana la otra—; que la accionante pudo haber
tenido permisos por temas de salud, pero generalmente se cambiaban los
turnos para no afectar el servicio; que la actora tenía jefes inmediatos,
quienes le daban órdenes como tener presente el horario y no descuidar
el trabajo; y que la demandante no podía realizar sus tareas desde su casa
u otro lugar diferente a las instalaciones de la ESE.
Expuso que cuando hacían manejo de inventario trabajaban hasta la
madrugada, pero esto no era todos los días; que manejaban un aplicativo
en el cual registraban todos los medicamentos al momento de entregarlos;
que el protocolo que seguían era brindar una buena atención a los
usuarios y hacer buen uso de la información —que lo facturado coincidiera
con lo registrado en el sistema—; que no sabe si a la accionante le hicieron
llamados de atención; y que los usuarios tenían que pasar primero por
facturación para que luego la auxiliar de farmacia les entregara los
medicamentos.
28. La prueba documental —contratos, adiciones, prórrogas, actas de
liquidación y certificaciones expedidas por la entidad accionada—, valorada en
conjunto con los testimonios practicados, acredita que la demandante desarrolló
labores de facturación en la entidad accionada durante los siguientes períodos:
del 1.º al 30 de junio de 2011; del 1.º de julio al 31 de diciembre de 2011; del 2
de enero al 31 de diciembre de 2012; del 2 de enero al 31 de diciembre de 2013;
del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014; y del 2 de enero de 2015 al 31 de julio
de 2017.
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29. Asimismo, se encuentra demostrado que las tareas de la actora consistían
en facturar las órdenes de medicamentos en el sistema dispuesto por la ESE y
recibir los copagos que se generaran, para que luego la auxiliar de farmacia
entregara los medicamentos a los usuarios. Esas actividades se cumplían, por
regla general, en turnos de 1:00 p. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes, y en
jornadas alternadas de fin de semana, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., de modo que
una facturadora atendía un fin de semana y la otra el siguiente.
30. Aunque los objetos contractuales tuvieron denominaciones diferentes, los
testimonios y las obligaciones específicas permiten entender que las actividades
desarrolladas por la demandante siempre comprendieron servicios de
facturación, como se explicó previamente. Para mejor ilustración, se ponen de
presente las obligaciones señaladas en algunos de los contratos ya relacionados:
Contrato Actividades u obligaciones específicas
«Específicas. Realizar facturación de servicios prestados a los
usuarios y hacer el recaudo de copagos o cuotas de recuperación, así
como la recolección de soportes administrativos con las facturas a fin
de brindar apoyo logístico con calidad y oportunidad. Generales. 1.
Realizar adecuadamente y de acuerdo con los lineamientos y (sic)
legales, la verificación de derechos, haciendo generación de voucher
como constancia de ello. 2. Facturar adecuadamente la totalidad de los
servicios prestados, adjuntando los soportes necesarios por
administradora y convenio, haciendo el recaudo de cuotas de
recuperación en caso de ser necesario. 3. Hacer diariamente el cierre
de caja, siguiendo el procedimiento establecido diariamente al final de
cada turno. 4. Garantizar custodia y seguridad del dinero en efectivo
que maneja en cajillas y cajas fuerte[s], de acuerdo con el
procedimiento establecido. 5. Hacer manejo adecuado de las cajas
fuertes de seguridad, manejando confidencialmente las claves,
cumpliendo con el procedimiento establecido en la Institución. 6.
Diligenciar el formato establecido de entrega de dinero a la empresa de
seguridad, en las fechas previamente señaladas; cumpliendo con el
protocolo de seguridad de entregar el dinero solamente a las personas
avaladas por la empresa de seguridad. 7. Llevar a cabo las estrategias
de acceso, demanda inducida y atención al usuario definidas por el
Hospital. 8. Dar información clara, veraz y oportuna a los usuarios,
garantizando un direccionamiento preciso, claro y adecuado a las
071 del 2 de enero
diferentes áreas de la organización u otras entidades de acuerdo con
de 2012
la necesidad del usuario. 9. Hacer uso del software correspondiente,
para hacer el registro y actualización de la información del usuario,
citas, facturación, y paquetización que aplique para cada usuario,
cumpliendo con las características de calidad de los datos, según la
normatividad vigente y el modelo de atención institucional. 10.
Solucionar oportunamente los archivos de inconsistencias de datos,
registros, verificación, que les sean enviados desde el área de
facturación o sistemas, dentro de los tiempos establecidos. 11. Hacer
entrega oportuna de la totalidad de facturas y soportes tanto
administrativos como asistenciales, que sean aplicables según la
administradora y el convenio de cada usuario, que sean necesarios
para la radicación adecuada de las facturas a las Entidades
Responsables de Planes de beneficios y aseguradoras. 12. Hacer uso
en su vestuario con los colores institucionales así como la corbata o
pañoleta, de acuerdo con lineamiento de la entidad. 13. Hacer correcta
verificación de derechos, consultando las bases de datos internas y
externas, que faciliten la toma de decisiones para dar acceso al usuario
o su adecuado direccionamiento. 14. Conocer y manejar el portafolio
de servicios del Hospital, las estrategias para acceder a los servicios,
el modelo de atención, las herramientas de atención, escucha y
participación de los ciudadanos. 15. Participar en los espacios
institucionales convocados con el fin de capacitarse, actualizarse e
informarse en cuanto a las directrices institucionales, legales o
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contractuales. 16. Promover el cuidado y custodia del patrimonio
institucional y responder por la pérdida de recursos físicos, electrónicos
y en efectivo que administre en cumplimiento del objeto contratado. 17.
Desarrollar y mantener acciones de autocontrol y mejoramiento sobre
las actividades asignadas, que garanticen la operación eficiente del
área, garantizando el cumplimiento de la misión de la entidad. 18
Coadyuvar al cumplimiento del Plan de Gestión Institucional […]».
«Generales. Desarrollar actividades administrativas de Primer
Contacto con calidad y oportunidad con enfoque al usuario dando
cumplimiento a los objetivos y misión institucional. Específicas. […] EN
EL CASO QUE (sic) REALICE ACTIVIDADES COMO FACTURADOR:
1. Realizar adecuadamente y de acuerdo con los lineamientos y la
normatividad legal vigente, la verificación de derechos, consultando las
bases de datos internas y externas, que faciliten la toma de decisiones
para dar acceso al usuario o su adecuado direccionamiento. 2. Facturar
adecuadamente la totalidad de los servicios prestados, adjuntando los
soportes necesarios por administradora y convenio, haciendo el
recaudo de cuotas de recuperación en caso de ser necesario. 3. Hacer
diariamente el cierre de caja, siguiendo el procedimiento establecido,
diariamente al final de cada turno. 4. Garantizar custodia y seguridad
del dinero en efectivo que maneja en cajillas y cajas fuerte[s]
manejando confidencialmente las claves. 5. Diligenciar el formato
establecido de entrega de dinero a la empresa de seguridad, en las
fechas previamente señaladas; cumpliendo con el protocolo de
seguridad de entregar el dinero solamente a las personas avaladas por
la empresa de seguridad. 6. Llevar a cabo las estrategias de acceso,
demanda inducida y atención al usuario definidas por el Hospital. 7. Dar
información clara, veraz y oportuna a los usuarios, garantizando un
162 del 2 de enero
direccionamiento preciso, claro y adecuado a las diferentes áreas de la
de 2015
organización u otras entidades de acuerdo con la necesidad del
usuario. 8. Garantizar la actualización de la información del usuario
datos en especial de dirección, teléfono, barrio y Aseguradora, citas,
facturación, y paquetización que aplique para cada usuario, cumpliendo
con las características de calidad de los datos, según la normatividad
vigente y el modelo de atención institucional, utilizando la herramienta
informática creada para tal fin uso (sic). 9. Solucionar oportunamente
los archivos de inconsistencias de datos, registros, verificación, que le
sean enviados desde el área de facturación o sistemas, dentro de los
tiempos establecidos. 10. Hacer entrega oportuna de la totalidad de
facturas y soportes tanto administrativos como asistenciales, como se
tiene establecido en el procedimiento. 11. Hacer uso en su vestuario
(pantalón negó y/o azul oscuro y camisa blanca) así como el uso de la
corbata o pañoleta con los colores institucionales, de acuerdo con
lineamiento de la entidad. 13. Conocer y manejar el portafolio de
servicios del Hospital, las estrategias para acceder a los servicios, el
modelo de atención, las herramientas de atención, escucha y
participación de los ciudadanos. 14. El contratista autoriza con la firma
del presente contrato el descuento de los valores que se generen por
glosa definitiva no subsanables aplicadas en contra de la ESE y con
ocasión del desarrollo de su actividad […].
31. La prueba documental también demuestra que la entidad accionada pagó
a la demandante los honorarios pactados en los contratos de prestación de
servicios. Por tanto, los elementos de prestación personal del servicio y
remuneración se encuentran suficientemente acreditados.
32. Aunque la entidad accionada sostuvo que el primero de esos elementos
no estaba probado, la Sala precisa que la prestación personal no exige demostrar
que las tareas correspondían a un empleo de planta, sino que el contratista
ejecutó la actividad de manera directa4 y por sí mismo. En este caso, los
4
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, expediente 05001-
23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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testimonios permiten establecer que la actora cumplió personalmente las labores
de facturación convenidas en los contratos.
33. Respecto de la continuada subordinación, la Sala recuerda que de la
interpretación armónica de los artículos 3, 4 —numerales 1 y 4—, 5 —numeral
2— y 14 de la Ley 80 de 1993 se desprende que entre los contratistas y las
entidades públicas debe existir una relación de coordinación orientada a la
ejecución idónea y oportuna del objeto contractual5. Esa coordinación supone,
para el contratista, el deber de atender las directrices necesarias para el
cumplimiento de lo pactado; y, para la entidad contratante, la facultad de ejercer
la dirección general, el control y la vigilancia de la ejecución contractual, exigir la
correcta prestación del servicio y adelantar revisiones periódicas para verificar su
calidad.
34. A su vez, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 imponen a las
entidades contratantes el deber de vigilar permanentemente la correcta ejecución
del objeto convenido a través de supervisores o interventores, quienes están
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo contractual. Por ello, la sola existencia de supervisión, verificación o
requerimientos asociados al cumplimiento del objeto pactado no equivale, sin
más, a subordinación.
35. Desde esa perspectiva, quien pretenda la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios, con fundamento en el principio de primacía
de la realidad sobre las formalidades, debe demostrar que la ejecución de las
tareas se desarrolló bajo continuada subordinación. En el presente asunto, sin
embargo, el análisis integral del material probatorio no permite tener por
acreditado ese elemento.
36. La continuada subordinación denota el «poder jurídico permanente de que
es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de
la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo
relativo a la manera como este debe realizar las funciones y cumplir con las
obligaciones que le son propias […] se destaca dentro del elemento de
subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona la actividad
laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre
este […]»6.
37. Si bien esta corporación ha considerado que ciertas actividades de gestión
administrativa podrían desarrollarse en escenarios de escasa autonomía, tal
presunción solo puede aplicarse si al proceso se allegan las pruebas que
permitan comprender, siquiera de manera sumaria, que durante la prestación del
servicio la parte contratante ejerció una subordinación continuada sobre el
5
Numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993: «2. Colaborarán con las entidades contratantes
en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor
calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de
manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse».
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
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contratista7. Lo anterior explica por qué la solución de este tipo de controversias
no siempre es igual, aunque las tareas cumplidas sean parecidas, toda vez que
las decisiones están orientadas por las particularidades de cada caso y del grado
de cumplimiento de la carga probatoria que prevé el artículo 167 del Código
General del Proceso.
38. En el presente asunto, aunque las señoras Sandra Disney Lugo Díaz y
Sandra Milena Urquijo Millán compartieron con la demandante en el área de
farmacia mientras esta desarrollaba tareas de facturación, ninguna dio cuenta de
órdenes concretas, permanentes y vinculantes que determinaran el modo, el
tiempo, el lugar o la cantidad de trabajo. La señora Lugo Díaz se limitó a
mencionar que la actora hacía cierres de caja con la persona designada por el
área de facturación; por su parte, la señora Urquijo Millán señaló que aquella
recibía instrucciones consistentes en tener presente el horario y no descuidar el
trabajo. Tales afirmaciones, por su generalidad, no permiten inferir que la entidad
determinara materialmente la forma en que la contratista debía cumplir sus
obligaciones.
39. Además, la declaración de la señora Urquijo Millán no permite establecer
el contexto en el que se habrían impartido dichas instrucciones, su frecuencia,
sus destinatarios específicos ni los medios a través de los cuales se
comunicaban. Esa falta de precisión impide otorgarles el alcance de órdenes
permanentes propias de una relación de trabajo dependiente.
40. A ello se suma que la propia demandante explicó que identificaba como
jefes a quienes firmaban sus cuentas de cobro mensuales, labor que
ordinariamente corresponde a los supervisores contractuales. Esa afirmación
permite concluir que la actora no describió una jefatura fundada en la sujeción
permanente a órdenes o reglamentos, sino una relación de coordinación y
verificación asociada al trámite de pago de los honorarios.
41. Tampoco puede pasarse por alto que la demandante manifestó que,
cuando debía atender citas médicas o requería ausentarse, acordaba
directamente con la otra facturadora el intercambio o cobertura de turnos y
después compensaba el tiempo correspondiente. Las testigos Sandra Disney
Lugo Díaz y Sandra Milena Urquijo Millán corroboraron esa dinámica. Tal
circunstancia evidencia un margen de flexibilidad en la organización material del
servicio y constituye un indicio contrario a la existencia de un poder permanente
de dirección por parte de la entidad, pues no se acreditó que esos ajustes
dependieran de órdenes continuas impartidas por la ESE ni del ejercicio de
potestades disciplinarias sobre la contratista.
42. De acuerdo con los contratos, los testimonios y la declaración de parte, la
demandante prestaba sus servicios en la farmacia ubicada en las instalaciones
de la ESE. Esa circunstancia se explica por la naturaleza de la actividad
contratada, pues la facturación de medicamentos debía realizarse en el aplicativo
institucional, desde los computadores dispuestos por la entidad, y exigía la
recepción de órdenes médicas y la articulación con el área encargada de entregar
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 24 de julio de 2025, expediente 47001-23-33-000-2022-00250-01 (0929-2024).
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los medicamentos a los usuarios. Tales condiciones muestran una coordinación
espacial y operativa necesaria para la adecuada prestación del servicio, pero no
demuestran, por sí mismas, subordinación.
43. La misma conclusión se impone respecto del uso del aplicativo
institucional de facturación y de los lineamientos necesarios para su manejo.
Tales exigencias derivaban de la necesidad de garantizar la correcta prestación
del servicio farmacéutico y la adecuada administración de la información de los
usuarios, sin que por ello pueda afirmarse que la entidad determinara
permanentemente la forma en que la contratista debía desarrollar sus
actividades.
44. En esas condiciones, la naturaleza misma de las labores contratadas
exigía que la demandante acudiera a la farmacia y utilizara los equipos y sistemas
de la entidad. No obstante, los documentos, testimonios y la declaración de parte
no permiten concluir que la ESE hubiera desdibujado la autonomía contractual
mediante órdenes dirigidas a definir el modo técnico de facturar, la cantidad de
servicios que debía atender o la forma específica de ejecutar las tareas
convenidas.
45. En el expediente tampoco obran memorandos, llamados de atención,
sanciones, investigaciones disciplinarias ni actos correctivos dirigidos contra la
demandante. La ausencia de esos elementos impide concluir que la entidad
hubiera ejercido sobre ella un poder disciplinario o correctivo distinto de las
facultades de supervisión, coordinación y seguimiento propias de la contratación
estatal.
45. De igual manera, durante la mayor parte de la semana la accionante cumplía
turnos de seis (6) horas en la jornada de la tarde. Si bien esta circunstancia no
excluye por sí misma la posibilidad de una relación de trabajo subordinada,
tampoco permite inferir una disponibilidad permanente frente a la entidad. En
efecto, las pruebas recaudadas no muestran que la actora estuviera sometida a
controles continuos fuera de ese horario, ni que la ESE ejerciera sobre ella
facultades de dirección que trascendieran el marco de coordinación propio de la
ejecución contractual.
46. Por ello, el Tribunal incurrió en una inferencia incompleta al concluir que la
subordinación se encontraba demostrada por la existencia de horarios, ejecución
de actividades en las instalaciones de la entidad y supuestas órdenes de
superiores. Tales indicios pueden sugerir organización del servicio, pero
valorados en conjunto con la naturaleza de las tareas de facturación, la
flexibilidad para intercambiar turnos, el uso necesario del aplicativo institucional
y la falta de prueba sobre instrucciones permanentes, sanciones o control
disciplinario, no permiten tener por acreditada la continuada subordinación.
47. Tampoco resulta suficiente el argumento relativo al carácter misional o
permanente de las actividades. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993
autoriza la celebración de contratos de prestación de servicios para desarrollar
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad,
cuando estas no puedan realizarse con personal de planta o requieran
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conocimientos especializados. Por ello, la relación de las tareas con la actividad
institucional puede explicar la necesidad del servicio, pero no sustituye la prueba
del poder permanente de dirección. Afirmar lo contrario implicaría convertir toda
actividad útil, necesaria o vinculada al funcionamiento de la administración en
prueba automática de subordinación, conclusión incompatible con el régimen
legal de la contratación estatal.
48. En todo caso, esta corporación ha explicado que la ejecución de actividades
dentro de las instalaciones de la entidad contratante y en horarios acordados
entre las partes no permite afirmar, por sí sola, la existencia de continuada
subordinación, pues la naturaleza de determinadas labores puede exigir un grado
de coordinación espacial y temporal lógico y razonable para asegurar el
cumplimiento de las tareas.
49. Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda, dado que la parte actora
no cumplió la carga de demostrar la continuada subordinación ni, por
consiguiente, la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios.
50. Por último, resulta innecesario ocuparse de los demás aspectos planteados
por la entidad demandada en su recurso de apelación, pues estos pendían de la
declaratoria de desnaturalización de los contratos de prestación de servicios,
decisión que será revocada.
51. De igual manera, no es necesario pronunciarse sobre los argumentos
planteados por la actora en su recurso de apelación, ya que estos se relacionan
con el cumplimiento de la condena impartida a su favor en primera instancia, la
cual será revocada por las razones expuestas.
La condena en costas de ambas instancias
46. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
47. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.
48. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
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49. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se revocará el fallo apelado,
se impondrán costas a la parte demandante en ambas instancias, por cuanto se
revoca la sentencia de primera instancia. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho
sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 28 de octubre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. En
su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia a la señora
Diana Carolina Monroy Díaz, a favor de la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur Occidente ESE. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas
por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Ausente con permiso
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JMMC
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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