Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01157-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01157-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01157-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2019 01157 01 (3765-2022)
Demandante: Dilia Morales de Galvis
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la
vinculación docente. Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 14 de octubre de 2021, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Hechos y pretensiones
2. La señora Dilia Morales de Galvis, por intermedio de apoderado judicial
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones 000945 del 15 de enero de
2018, 016205 del 07 de mayo de 2018 y 016972 del 11 de mayo de 2018 por
medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la
pensión gracia, en cuantía del 75% del promedio de la totalidad de los factores
salariales devengados a partir de la adquisición del estatus jurídico, condenar a
la entidad al pago de los ajustes de ley, intereses moratorios de conformidad con
el articulo 192 del CPACA; y que se condene en costas a la UGPP.
4. Argumentó que nació el 09 de septiembre de 1952, por lo que cumplió 50
1 01DemandaPoder.pdf
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años de edad el 09 de septiembre de 2002; que estuvo vinculada
como docente en los siguientes períodos: i) desde el 03 de agosto
de 1973 hasta el 15 de octubre de 1985, mediante el Decreto 1657 del 03 de
agosto de 1973; y ii) desde el 20 de febrero de 2006 hasta por lo menos la fecha
de presentación de la demanda en el Distrito de Bogotá.
5. En consideración a que cumplió con los requisitos solicitó a la UGPP, el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, sin embargo, le fue negado el
derecho a través de los actos administrativos demandados por estimar que no
cumplió con el requisito de haber prestado el servicio docente con anterioridad al
31 de diciembre de 1980.
1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación
6. Indicó que la entidad demandada infringió los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25,
29, 53 y 58 de la Constitución Política, las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37
de 1933, 4° de 1966 y 91 de 1989. Expuso que se cumplieron todos los requisitos
exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad
demandada negó el derecho prestacional en clara omisión de la jurisprudencia
del Consejo de Estado sobre el asunto.
1.4 Contestación de la demanda2
7. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales – UGPP se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, argumentando que la demandante no reúne los requisitos exigidos
para acceder a la pensión gracia. Indicó que, según los documentos que obran
en el expediente, no existe certificación del CLEBP respecto al tiempo de servicio
correspondiente al año 2013, la cual resulta indispensable para establecer la
cuantificación de los factores salariales en relación con el periodo que la actora
alega haber laborado.
1.5 Sentencia de primera instancia3
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “D”, mediante sentencia del 14 de octubre de 2021, accedió a las
pretensiones de la demanda, y se abstuvo de condenar en costas.
9. Para el efecto, de conformidad con el material probatorio estableció el
cumplimiento de los requisitos por parte de la actora para obtener el
reconocimiento de la pensión gracia, al haber acreditado su vinculación como
docente territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, así como el
cumplimiento de los veinte (20) años de servicio en el sector territorial, y haber
alcanzado la edad mínima de cincuenta (50) años en el año 2002, sin que obrara
sanción que afectara su buena conducta.
2 Visible en el archivo 06ContestaciónPoder.pdf que reposa en el expediente digital
La demanda se presentó el 01 de agosto de 2019, y fue admitida el 28 de agosto de 2019
3 Visible en el archivo 05SentenciaFirmada.pdf que reposa en el expediente digital
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10. Precisó que la señora Dilia Morales de Galvis consolidó su
estatus pensional el 12 de junio de 2018, fecha en la que completó el tiempo de
servicio exigido, razón por la cual, aunque su solicitud administrativa fue radicada
el 28 de julio de 2017, cuando aún no se configuraba el derecho, procedía el
reconocimiento de la prestación desde la fecha de adquisición del estatus,
atendiendo los principios de imprescriptibilidad y economía procesal, con el fin de
evitar un nuevo trámite ante la administración.
11. Finalmente, el Tribunal ordenó liquidar la prestación en el 75 % del
promedio salarial del año anterior a la adquisición del estatus de pensionada (12
de junio de 2018), incluyendo todos los factores salariales.
1.6 Recurso de apelación4
12. A manera de síntesis, se tiene que la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, mediante apoderado judicial, solicita se revoque la sentencia estimando
que la actora no acreditó el cumplimiento de los requisitos para obtener la
prestación, en especial los 20 años de servicio y la vinculación con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980 con vinculación departamental, municipal o
nacionalizada.
13. Argumentó que, conforme a la Ley 43 de 1975, la educación primaria y
secundaria era un servicio a cargo de la Nación, por lo cual los gobernadores
actuaban como delegados del Gobierno Nacional y los nombramientos expedidos
por ellos no generaban una vinculación territorial o nacionalizada, sino nacional,
lo que excluye la posibilidad de computar dichos tiempos para esta prestación
especial. Sostuvo que la demandante no tenía una expectativa legítima del
derecho, pues su vinculación no era territorial ni nacionalizada antes de 1980.
Con apoyo en las sentencias T-832 de 2013 y S-699 de 1997, precisó que su
situación correspondía a una mera expectativa, insuficiente para consolidar el
derecho a la pensión gracia.
14. Finalmente, la entidad alegó la improcedencia de contabilizar los periodos
laborados con posterioridad a la Ley 91 de 1989, por cuanto a partir de su
expedición desapareció la brecha salarial entre docentes nacionales y
territoriales, lo que conllevó la derogatoria tácita de la pensión gracia. En
consecuencia, los tiempos laborados después de esa fecha no pueden sumarse
para efectos de su reconocimiento, dado que los docentes vinculados desde el
1.º de enero de 1990 pertenecen al orden nacional y se rigen por el régimen
pensional ordinario de los servidores públicos.
1.7 Trámite correspondiente a segunda instancia
15. Mediante auto de 14 de septiembre de 2022, se admitió el recurso de
apelación presentado por la parte demandada.
4 Visible en el archivo 25RecursoApelacionUgpp.pdf que reposa en el expediente digital
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16. En esta instancia, la entidad demandada reiteró que la
docente no acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, y
por tanto debe revocarse la sentencia.
17. Por su parte, la actora y el agente del Ministerio Público que actúa ante
esta Corporación, guardaron silencio.
18. De otro lado, el 06 de marzo de 2025, se dictó auto decretando prueba de
oficio requiriendo a las secretarías de educación del departamento de
Santander, de los municipios de Suaita (Santander), Páramo (Santander), y de
Bogotá D.C., para que allegaran los actos administrativos y de posesión,
mediante los cuales se haya designado a la actora como docente, desde el año
1973; al igual que certificados de tiempos de servicios, con indicación de la
naturaleza jurídica del vínculo, y de las plazas ocupadas por aquella, así como
se especificará de donde provenían los dineros con los que fueron pagados los
salarios y prestaciones durante la labor docente.
19. En respuesta a los requerimientos realizados, dichas dependencias
allegaron lo solicitado.
20. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
21. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.
22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia,
únicamente la parte demandada presentó recurso de alzada, el análisis se
encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Problema jurídico
23. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Dilia
Morales de Galvis, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia
por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio como
5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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docente territorial o nacionalizada; o si, por el contrario, no
acredita las exigencias para dicho reconocimiento.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1 La pensión gracia
24. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan
servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.
25. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión
gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de
edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
26. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio
de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales,
junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma
de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la
enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el
tiempo requerido para acceder a la pensión.
27. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión
gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el
tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria.
28. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió entre
los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].
29. El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento
de la pensión gracia para los docentes al establecer:
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«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad
al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
nación. […]»
30. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que
la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los
requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está
prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de
los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia S-699 del 26 de agosto de 19977 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el
31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último,
que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral
2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento
de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria
oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley. […].»
31. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20188 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de
los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso
2.º, de la Ley 24 de 1988).
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto
de 1997.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos
que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que
prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin
provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su
origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
(Resaltado del texto original)
32. Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022
del 11 de agosto de 20229 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como
regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a,
de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
33. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que
las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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34. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro
que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales,
departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista
o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con
alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando
se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980 y que cumple con los demás requisitos exigidos por la Ley
114 de 1913.
2.4 Actuación administrativa
35. La demandante, actuando por intermedio de apoderado, presentó el 28 de
julio de 2017, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, solicitud de
reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue negada mediante la
Resolución RDP 000945 del 15 de enero de 201810, por considerar que no hubo
un cotejo satisfactorio del tiempo de servicio anterior a 1980.
36. Inconforme con dicha respuesta interpuso recurso de reposición y en
subsidio el de apelación, los cuales fueron desatados a través de las
Resoluciones 016205 de 07 de mayo de 2018 y 016972 de 11 de mayo de
2018 confirmando la negativa.
2.5 Caso concreto
37. Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en
orden a determinar si la demandante cumple con las exigencias contenidas en la
Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo
de Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
• Edad
38. Se encuentra acreditado que la señora Dilia Morales de Galvis nació el 09
de septiembre de 1952, razón por la que, el 09 de septiembre 2002, cumplió 50
años; requisito este frente al cual no existe discusión.
•Buena conducta
39. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches
que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo
que también se entiende cumplido dicho requisito.
• Vinculación de la demandante y tiempo de servicios
40. Previo a la verificación de este requisito, y en vista de las inconformidades
planteadas con el recurso de apelación y las razones en que se sustentó el acto
10 Pg 2 a la 4 del archivo 02Anexos.pdf que reposa en el expediente digital
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acusado que negó la prestación, resulta necesario indicar que,
teniendo en cuenta lo señalado en sentencia de unificación
SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022 proferida por esta Sección del
Consejo de Estado, la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2.º,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, es que los docentes pueden acceder a la misma antes y después del 29
de diciembre de 1989, en la medida que cumplan con el requisito de demostrar
una vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, y
claro está, acrediten los demás requisitos de ley, esto último, incluso con
posterioridad a dicha data.
41. En ese orden, no tiene vocación de prosperidad el argumento de la parte
recurrente, relacionado con que debía la docente acreditar la totalidad de los
requisitos para la pensión gracia, antes de la vigencia de la Ley 91 de 1989.
42. Ahora bien, se observan las siguientes novedades laborales de la actora
como docente oficial:
• Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 13 de agosto de
1973 hasta el 15 de octubre de 1985 (12 años, 2 meses y 2 días)
43. Se observa que a través del Decreto 1657 de 03 de agosto de 1973, el
gobernador del departamento de Santander en uso de sus facultades legales
nombró a la señora Dilia Morales de Galvis como maestra primaria de un grupo
urbano del corregimiento de San José de Suaita del municipio de Suaita, en
reemplazo de Luz Yolanda Oróstegui; tomando posesión del cargo el 13 de
agosto de 1973. Dicho acto que fue suscrito por dicha autoridad y el secretario
de educación.
44. Además, figura en el plenario certificado de historia laboral de fecha 05 de
diciembre de 2017, expedido por la Secretaría de Educación del departamento
de Santander, que da cuenta que la señora Morales de Galvis ocupó un cargo
docente en propiedad, en el periodo comprendido desde el 13 de agosto de
1973 hasta el 15 de octubre de 1985.
45. De manera que, analizado en conjunto el material probatorio antes
referenciado, estima la Sala que, contrario a lo expuesto por la entidad
demandada, existe certeza sobre la labor docente desempeñada por la
demandante con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, designación que
además tuvo una naturaleza territorial, pues, el nombramiento lo efectuó una
autoridad de dicho orden, en uso de sus atribuciones legales, sin que se advierta
la intervención del Ministerio de Educación, como tampoco de algún delegado de
este.
46. Cabe mencionar que, aunque el certificado de tiempos de servicio indica
que durante este lapso el régimen de pensiones -lo cual no determina el tipo de
vinculación- fue del orden nacionalizado, ello no resulta acertado dado que, para
el momento en que inició la prestación del servicio en el año 1973, aun no se
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había expedido la ley que dispuso la nacionalización de la
educación, lo cual se concretó con la Ley 43 de 1975. Y si bien
es cierto que la actora continuó prestando servicios con posterioridad a la
expedición de esta última disposición, no existe prueba en el plenario que permita
establecer que la plaza ocupada fue objeto del proceso de nacionalización.
47. Así entonces, tal como lo señalado la Corte Constitucional, en sentencia
C – 084 de 1999, al analizar la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal
b), de la Ley 91 de 1989, antes de la nacionalización de la educación, los
docentes se dividían sólo en dos categorías, así: (i) nacionales; y (ii) territoriales.
48. De manera que, en vista que no existen elementos que permita suponer
una designación nacional, puede concluirse que la señora Morales de Galvis se
desempeñó como docente territorial, lo cual encuentra respaldo también en lo
dispuesto en la citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 2018, en la que se distinguieron las categorías docentes, así:
«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo
territorial antes del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso de
nacionalización iniciado con la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a
partir de esa fecha se hayan vinculado a una plaza de aquellas que fueron
nacionalizadas en virtud, también, del aludido proceso adelantado por la norma
en cuestión (Ley 43 de 1975).
Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades
de ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar
haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta
genere se cubran con cargo a su propio presupuesto.»
49. Por lo anterior, se encuentra acreditada la exigencia de vinculación
docente territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, siendo
computable un total de 12 años, 2 meses y 2 días de servicio docente prestado
desde el 13 de agosto de 1973 hasta el 15 de octubre de 198511, para efectos
de obtener la pensión gracia.
• Desde 27 de enero de 2006 hasta el 28 de julio de 2017- fecha de
reclamación administrativa (9 años, 5 meses y 20 días)
50. Con relación a este periodo de servicios, se observa que en atención al
decreto de pruebas de oficio en esta instancia, la secretaria de educación del
Distrito de Bogotá, remitió los actos de nombramientos en provisionalidad
correspondientes a la señora Dilia Morales de Galvis y certificado de historial
laboral de fecha 04 de junio de 2025, en el cual se precisó que aquella tuvo
distintos vínculos como docente de naturaleza distrital, desde el 27 de enero de
2006 hasta el 26 de agosto de 2023 de forma discontinua, y que los
nombramientos fueron de manera provisional, con cargo al Sistema General de
Participaciones.
11 Teniendo como límite temporal el señalado en el formato único para la expedición de historia
laboral de 05 de diciembre de 2017
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51. Por otro lado, la Sala advierte que de la revisión del material
probatorio que reposa en el plenario, no le asiste razón al Tribunal cuando afirma
que la vinculación correspondiente al año 2013 tenía carácter nacional, pues del
acto administrativo que obra en el expediente —Resolución No. 004368 del 13
de junio de 2013, expedida por la Secretaría de Educación de Cundinamarca—
se evidencia que el nombramiento provisional de la señora Dilia Morales de
Galvis se efectuó para prestar sus servicios como docente del área de Ciencias
Sociales en la Institución Educativa Departamental San Pedro, sede principal del
municipio de Caparrapí (Cundinamarca), en reemplazo de un docente con
licencia por enfermedad profesional. El propio acto indica que la provisión de la
vacante se financió con recursos del Fondo Departamental de Educación –
Sistema General de Participaciones, lo que ratifica que se trató de un vínculo de
carácter departamental y no nacional.
52. Así las cosas, esta Subsección considera procedente computar el periodo
comprendido entre el 14 de junio y el 07 de diciembre de 2013, toda vez que
corresponde a una vinculación territorial, de aquellas que el ordenamiento jurídico
reconoce para acceder a la prestación en comento, esto en tanto los distintos
actos administrativos dan cuenta que la actora fue designada de manera temporal
para proveer vacantes por situaciones administrativas de los titulares;
designaciones en las que no intervino el Ministerio de Educación ni delegado de
esta cartera .Y si bien en el certificado de historia laboral de fecha 28 de marzo
de 2017, aportado al proceso se consigna que el régimen de pensiones aplicable
es el nacional, dicha anotación no determina la naturaleza del vínculo, pues esta
se establece a partir del acto de nombramiento y de la entidad territorial que
efectuó la vinculación.
53. En consecuencia, se tiene que en el periodo objeto de estudio la
demandante prestó el servicio docente en provisionalidad de la siguiente manera:
Desde - Hasta Duración Total
27/01/2006 – 31/12/2008 2 años, 11 meses, 4 días
01/01/2009 – 30/03/2009 2 meses, 29 días
01/04/2009 – 12/07/2010 1 año, 3 meses, 11 días
13/05/2011 – 31/05/2011 18 días
01/06/2011 – 30/07/2011 1 mes, 29 días
01/08/2011 – 16/08/2011 15 días
09/09/2011 – 23/09/2011 14 días
20/10/2011 – 17/11/2011 28 días
18/11/2011 – 10/12/2011 22 días
25/01/2012 – 22/05/2012 3 meses, 27 días
25/05/2012 – 21/07/2012 1 meses, 26 días
23/07/2012 – 20/11/2012 3 meses, 28 días
14/06/2013 - 07/12/2013 5 meses, 23 días
27/01/2014 – 11/03/2014 1 meses, 12 días
25/03/2014 – 31/08/2015 1 años, 5 meses, 6 días
11/11/2015 – 12/01/2016 2 meses, 1 días
15/02/2016 – 05/12/2016 9 meses, 20 días
23/01/2017 – 28/07/2017 10 meses, 8 días
Total, de tiempo de 9 años, 6 meses y 1 día
servicios
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54. Teniendo en cuenta el material probatorio referenciado, estima la Sala que
existe certeza respecto al tiempo de servicio prestado por la señora Dilia Morales
de Galvis, por un total de 9 años, 6 meses y 1 día -contabilizados hasta la
fecha de reclamación administrativa-, el cual resulta computable a fin de
obtener la pensión gracia, pues se trató de un vínculo como docente territorial;
ello en tanto, la designación se realizó por parte de la autoridad territorial sin
intervención de la Nación - Ministerio de Educación; siendo plenamente válido
aun cuando se tratara de una docente en interinidad, pues, se rememora que
esta Subsección ha considerado que las disposiciones que rigen la pensión
gracia exigen un vínculo como educador territorial o nacionalizado, sin que resulte
relevante si la designación se hizo en propiedad, provisionalidad, interinidad o
incluso mediante contratos de prestación de servicios.
55. Ahora, aun cuando los actos se profirieron con posterioridad a la
expedición de la Ley 43 de 1975, que dispuso la nacionalización de la educación,
lo cierto es que en los mismos no se invoca dicha normativa, y tampoco se precisa
que las plazas ocupadas por la actora fueran de aquéllas objeto de la
nacionalización, y menos aún se advierte que los recursos fueron administrados
por el FER. En todo caso, es menester indicar que, aun si se tratará de una
docente nacionalizada como se certificó, dicho vinculo también resulta valido
para computar el periodo para pensión gracia.
56. Así entonces, se itera que la naturaleza de la designación en este caso,
es del orden territorial, lo cual encuentra respaldo en el artículo 1° de la Ley 91
de 1989, así como en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 2018, en la que se concluyó:
“Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por
entidades de ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento
del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que
la plaza a ocupar haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los
gastos que esta genere se cubran con cargo a su propio presupuesto.»
57. En ese orden de ideas, contrario a lo expuesto por la entidad recurrente,
para la Sala, la señora Dilia Morales de Galvis, acredita los requisitos para
obtener la prestación en comento, entre estos, el de 20 años de servicios como
docente territorial, con una vinculación de dicha naturaleza antes del 31 de
diciembre de 1980. Por ende, cumple con los presupuestos previstos por las
Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 para ser acreedora del beneficio pensional
pretendido.
58. De este modo, se tiene que la actora adquirió el estatus pensional el 17 de
diciembre 2015, distinto a como lo determinó el tribunal -12 de junio de 2018-. No
obstante, si bien habría lugar a modificar esto último, lo cierto es que tal aspecto
no fue objeto de apelación, y siendo la entidad demandada apelante único, una
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modificación en este último sentido lesionaría sus intereses,
quebrantando el principio de la no reformatio in pejus.
59. En punto a la excepción de prescripción, se advierte que como lo sostuvo
el tribunal de instancia, dicho fenómeno no operó, en tanto, siendo exigible el
derecho a partir del 17 de diciembre de 2015, la reclamación administrativa se
presentó el 28 de julio de 2017 y la demanda se radicó el 01 de agosto de 2019.
60. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia objeto de
apelación.
2.6 Conclusión
61. La señora Dilia Morales de Galvis cumplió con el requisito mínimo de haber
servido en el magisterio por un término no menor de 20 años, con una vinculación
como docente del orden territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
así como los demás requisitos para ser acreedora de la pensión gracia, por tanto,
esta Sala confirmará en ese sentido la decisión dictada en primera instancia por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con las razones
expuestas en esta providencia.
2.7 Condena en costas
62. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
63. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
64. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
65. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad -parte vencida-, por
cuanto el recurso de apelación no tiene prosperidad. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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66. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 14 de octubre de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, por medio de la cual se accedió a
las pretensiones, de conformidad con las razones expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad
demandada. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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