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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01236-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01236-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 25 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar, SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la señora María Magdalena Rodríguez de Bernal contra la UGPP. TERCERO. CONDENAR EN COSTAS a la parte demandante en ambas instancias. Las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01236-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2019 01236 01 (3071-2021)
Demandante: María Magdalena Rodríguez de Bernal
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia. Incumplimiento de carga probatoria para la
demostración de la naturaleza del vínculo docente. Condena
en costas en ambas instancias.

Decisión: Revoca la sentencia apelada y niega las pretensiones de la
demanda al no acreditarse de manera inequívoca un mínimo
de 20 años de servicios docentes de carácter territorial o
nacionalizado

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia de primera instancia del 25 de marzo de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. La parte actora, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declarara la nulidad de las Resoluciones RDP 032148 del 1 de agosto de
2018, RDP 035551 del 30 de agosto de 2018 y RDP 040817 del 10 de octubre
de 2018, a través de las cuales la entidad demandada le negó el reconocimiento
y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se le concediera la
prestación reclamada en cuantía equivalente al 75% del salario, con la totalidad
de los factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior al
cumplimiento del estatus pensional, junto con el pago de las mesadas adicionales
debidamente ajustadas y actualizadas. Asimismo, requirió que se le concedan
los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y que
se condene en costas a la entidad.

3. Como sustento de sus pretensiones, indicó que cumplió 50 años el 17 de
abril de 2005 y que prestó sus servicios para el magisterio en el Distrito de Bogotá

1 Folios 1 al 7.

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Radicación: 25000 23 42 000 2019 01236 01 (3071-2021)
Demandante: María Magdalena Rodríguez de Bernal

en los siguientes períodos: i) del 14 de abril de 1975 al 8 de junio de 1975, como
docente interina; ii) del 22 de marzo de 1982 al 15 de noviembre de 1994, como
docente interina; iii) del 14 de febrero de 1995 al 9 de abril de 2000, como docente
interina; y iv) del 10 de mayo de 2000 en adelante, como docente en propiedad.

4. Aunado a ello, expuso que sus servicios los ha prestado con honradez,
idoneidad y buena conducta.

5. Por lo anterior, el 1 de junio de 2018 elevó petición escrita ante la entidad
demandada con el fin de que se le reconociera la pensión gracia, pero esta se le
negó a través de los actos administrativos acusados.

Contestación de la demanda2

6. La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones bajo el
argumento de que no se pueden tener en cuenta los períodos laborados para la
Secretaría de Educación de Bogotá puesto que sus emolumentos y prestaciones
sociales se sufragaron con fondos del Situado Fiscal, esto es, con recursos de la
Nación.

7. Propuso las excepciones de mérito que denominó «inexistencia del
derecho reclamado», «prescripción», «buena fe» y la genérica.

Sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D profirió sentencia de primera instancia el 25 de marzo de 2021, a través de la
cual accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la
nulidad de los actos administrativos acusados y ordenar el reconocimiento y pago
de la pensión gracia a partir del 1 de junio de 2017, en cuantía del 75% de todo
lo devengado en el año anterior a la consolidación del derecho.

9. El tribunal descartó el argumento de la demandada según el cual la actora
era docente nacional porque una certificación del 9 de julio de 2018 indicaba «tipo
de vinculación: nacional» y porque algunos pagos provenían del Situado Fiscal.
En su lugar, acogió la tesis jurisprudencial según la cual lo decisivo para
reconocer la pensión gracia es la naturaleza de la plaza ocupada —territorial o
nacionalizada— y no el origen nacional de los recursos ni la intervención del
Fondo Educativo Regional (FER).

10. En este sentido, estimó que la demandante cumplió todos y cada uno de
los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia, en especial haber
laborado como docente territorial para el Distrito Capital de Bogotá antes del 31
de diciembre de 1980 y haber completado 20 años de servicios como docente
territorial o nacionalizado.

2 Folios 84 al 89.

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Radicación: 25000 23 42 000 2019 01236 01 (3071-2021)
Demandante: María Magdalena Rodríguez de Bernal

11. El a quo señaló que no se configuró la prescripción trienal porque desde
la fecha en que se hizo exigible el derecho hasta la petición de reconocimiento
pensional y de la presentación de la demanda no transcurrieron más de tres años.

12. Finalmente, no hubo condena en costas ni agencias en derecho a la parte
vencida.

Recurso de apelación

13. La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que solicitó
revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, absolver a esa entidad
del reconocimiento de la pensión gracia a favor de la demandante y de las demás
condenas impuestas en su contra.

14. Sostuvo que la actora no tiene derecho a esta dádiva porque obran
certificaciones de tiempo de servicio expedidas por la Secretaría de Educación
de Bogotá del 9 de julio de 2018 en las que se indica expresamente que prestó
sus servicios con un tipo de vinculación «NACIONAL».

15. Adujo, además, que en el proceso quedó evidenciado que la naturaleza
de los salarios, o al menos de una parte de ellos, provenía de recursos
nacionales, por lo que no se satisfacía el requisito previsto en el numeral 3 del
artículo 4 de la Ley 114 de 1913, relativo a no haber recibido ni recibir
recompensa de carácter nacional.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

16. Mediante auto de 21 de octubre de 20213, se admitió el recurso de
apelación. En esa providencia se indicó a la parte demandante que podía
pronunciarse sobre el recurso hasta la ejecutoria del auto y que el Ministerio
Público podía rendir concepto antes de que el proceso ingresara al despacho
para sentencia.

17. Sin embargo, la parte demandante y el Ministerio Público guardaron
silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

18. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3 Folio 94.

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Radicación: 25000 23 42 000 2019 01236 01 (3071-2021)
Demandante: María Magdalena Rodríguez de Bernal

Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala determinar si la demandante acreditó los requisitos
para el reconocimiento de la pensión gracia, en particular, el de haber prestado
sus servicios como docente territorial o nacionalizado, pese a que los tiempos
certificados por la Secretaría de Educación de Bogotá fueron calificados como de
vinculación nacional.

Análisis del problema jurídico

20. La Sala anticipa su decisión de revocar la sentencia de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, con base en los
argumentos que se exponen a continuación.

21. Para beneficiarse de la pensión gracia, la interesada debe cumplir de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un período no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber
cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.

22. En el presente caso no está en discusión que la demandante satisface
el requisito de la edad en la medida en que cumplió 50 años el 17 de abril de
20054. Ahora bien, la Subsección procederá a pronunciarse las demás exigencias
legales a la luz de las pruebas obrantes en el proceso.

Requisito de vinculación como docente territorial o nacionalizado antes del
31 de diciembre de 1980

23. Al expediente se allegó oportunamente copia del Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido el 13 de diciembre de 20165
por la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., en el que se indica que la parte
actora prestó sus servicios como docente de primaria, con tipo de vinculación
nacional, desde el 14 de abril hasta el 8 de junio de 1975.

24. Con la demanda también se aportó copia de la Resolución 298 del 18 de
septiembre de 19766, a través de la cual el alcalde mayor del Distrito Especial de
Bogotá, en uso de sus atribuciones legales, le reconoció a la demandante la suma
de $ 7.759,54, por los servicios que prestó como docente interina para ese ente
territorial entre el 14 de abril y el 8 de junio de 1975.

4 Cfr. Cédula de ciudadanía obrante en el folio 10.
5 Folios 34 al 36.
6 Folios 12 al 16.

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Radicación: 25000 23 42 000 2019 01236 01 (3071-2021)
Demandante: María Magdalena Rodríguez de Bernal

25. Al revisar dicho acto, se evidencia que fue suscrito por el alcalde de Bogotá
y los secretarios de Educación y Hacienda del Distrito y se consignó
expresamente que el gasto ocasionado con su expedición «se hará con cargo a
Saldos en poder la Tesorería del Fondo Educativo Regional (FER) ante la
Secretaría de Educación. Acuerdo del FER No. 05 del 19 PROGRAMA 07».

26. Así, aunque no obra copia del acto administrativo de nombramiento, para
la Sala está demostrado con la Resolución 298 del 18 de septiembre de 1976 —
a través de la cual se le reconoció el pago por su labor como docente— permite
establecer, de manera inequívoca, que el vínculo docente analizado fue de
carácter nacionalizado por cuanto esta fue suscrita por el alcalde mayor de
Bogotá, en uso de sus atribuciones legales y contó con la aprobación
presupuestal del FER.

27. Sobre este punto, conviene precisar que si bien las labores docentes se
llevaron a cabo con anterioridad a la expedición de Ley 43 de 1975, esto es, antes
del proceso de nacionalización iniciado con dicha normativa, lo cual demuestra
que la plaza docente para esa época era del orden territorial (distrital), lo cierto
es que esta se nacionalizó a partir del 1 de enero de 1976 por cuanto, como
quedó visto, los pagos de dicha labor docente fueron asumidos por el FER en
virtud de lo establecido por el artículo 3 de la citada Ley 43 de 1975.

28. A su vez, hay que tener en cuenta que el hecho de que los emolumentos
fueran sufragados con recursos del Situado Fiscal administrados por el FER no
modificaban la naturaleza del vínculo docente a nacional, tal como se estableció
en la sentencia de unificación jurisprudencial de 21 de junio de 20187, en la que
esta Sección fijó las siguientes reglas jurisprudenciales8:

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de
1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una
vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva
a los entes territoriales; (ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es
otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de
vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado
la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo […] (Se
resalta)

29. Además, esta Sala ha consolidado el criterio de que los períodos
laborados en interinidad para las entidades territoriales también deben tenerse
en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, siempre y
cuando estos hayan sido territoriales y/o nacionalizados.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de

unificación del 21 de junio de 2018, proferida dentro del expediente 25000-23-42-000-2013-
04683-01(3805-14), con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.
8 Reiterado en las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección

A: i) del 23 de marzo de 2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6
de julio de 2023, radicado 54001 23 33 000 2017 00661 01 (0605– 2019).

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Radicación: 25000 23 42 000 2019 01236 01 (3071-2021)
Demandante: María Magdalena Rodríguez de Bernal

30. Lo anterior, toda vez que, si bien el ordenamiento jurídico no contiene una
definición expresa la figura de la interinidad, debe entenderse como el
mecanismo a través del cual la Administración, ante la imposibilidad de contar
con docentes de carrera ante vacantes, designa transitoriamente a personas
capacitadas para ejercer la docencia, con el fin de garantizar la prestación
efectiva de los servicios educativos. De ahí que el servicio prestado bajo esa
modalidad constituye una forma de ingreso legítima a la administración pública.

31. En ese orden, es viable colegir que, ante la ausencia temporal del titular
de un empleo docente por cualquiera de las situaciones administrativas previstas
en la ley, entre ellas, la licencia, la Administración está facultada para proveer
dicho empleo en forma transitoria por medio de un nombramiento interino con el
fin de prestar el servicio educativo oficial de forma habitual.

32. De acuerdo con lo expuesto, en el presente caso se encuentra demostrado
que la demandante acreditó el cumplimiento del requisito de haber laborado
como docente nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, concretamente
entre el 14 de abril y el 8 de junio de 1975, esto es, durante 1 mes y 25 días.

Requisito de haber laborado como docente territorial o nacionalizada
durante un mínimo de 20 años

33. Para probar esta exigencia, en el expediente obra copia del ya referido
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido el 13
de diciembre de 20169 por la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., en el que
se menciona que la parte actora prestó sus servicios como docente de primaria,
con tipo de vinculación nacional, en los siguientes interregnos:

NOVEDADES A.A DESDE HASTA
DD/MM/AA DD/MM/AA
Vinculación docente interino Res. 0743 del 3 de septiembre de 1983 22-3-82 9-6-82
Vinculación docente interino Res. 0743 del 3 de septiembre de 15-7-82 15-9-82
1983.
Vinculación docente interino Res. 734 del 3 de septiembre de 1983 20-9-82 30-11-82
Vinculación docente interino Res. 1405 del 1 de junio de 1993 2-2-93 12-2-93
Vinculación docente interino Res. 1405 del 1 de junio de 1993 24-2-93 18-3-93
Vinculación docente interino Res. 1674 del 2 de julio de 1993 31-3-93 2-4-93
Vinculación docente interino Res. 2674 del 10 de julio de 1993 12-4-93 16-4-93
Vinculación docente interino Res. 2674 del 10 de julio de 1993 19-4-93 23-4-93
Vinculación docente interino Res. 1989 del 5 de agosto de 1993 4-5-93 19-5-93
Vinculación docente interino Res. 2455 del 15 de septiembre de 2-6-93 11-6-93
1993
Vinculación docente interino Res. 3749 del 29 de diciembre de 1993 2-6-93 11-6-93
Vinculación docente interino Res. 3340 del 18 de noviembre de 16-6-93 18-6-93
1993
Tiempo laborado como interino Res. 3749 del 29 de diciembre de 1993 2-8-93 30-9-93
por honorarios
Vinculación docente interino Res. 1633 del 29 de abril de 1994 1-10-93 29-10-93
Vinculación docente interino Res. 4558 del 26 de octubre de 1994 3-11-93 30-11-93
Vinculación docente interino Res. 3685 del 16 de agosto de 1994 8-2-94 25-3-94
Vinculación docente interino Res. 4896 del 3 de noviembre de 1994 4-4-94 13-4-94

9 Folios 34 al 36.

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Radicación: 25000 23 42 000 2019 01236 01 (3071-2021)
Demandante: María Magdalena Rodríguez de Bernal

Vinculación docente interino Res. 5061 del 18 de noviembre de 20-4-94 13-5-94
1994
Vinculación docente interino Res. 4894 de 3 de noviembre de 1994 17-5-94 14-6-94
Vinculación docente interino N/A 18-7-94 16-8-94
Vinculación docente interino Res. 60613 del 30 de diciembre de 17-8-94 15-9-94
1994
Vinculación docente interino Oficio del 19 de septiembre de 1994 19-9-94 14-10-94
Vinculación docente interino Oficio del 20 de octubre de 1994 20-10-94 15-11-94
Tiempo laborado como interino Oficio del 14 de febrero de 1995 14-2-95 7-4-95
por honorarios
Tiempo laborado como interino Oficio del 17 de abril de 1995 17-4-95 28-4-95
por honorarios
Tiempo laborado como interino Oficio del 4 de mayo de 1995 4-5-95 12-5-95
por honorarios
Tiempo laborado como interino Oficio del 31 de mayo de 1995 31-5-95 23-6-95
por honorarios
Tiempo laborado como interino Res. 3926 del 14 de noviembre de 17-7-95 18-8-95
por honorarios 1995
Tiempo laborado como interino Oficio del 10 de octubre de 1995 22-8-95 8-9-95
por honorarios
Tiempo laborado como interino Oficio del 15 de septiembre de 1995 15-9-95 29-11-95
por honorarios
Tiempo laborado como interino Oficio del 11 de marzo de 1996 11-3-96 7-6-96
por honorarios
Tiempo laborado como interino Oficio del 21 de octubre de 96 21-10-96 1-11-96
por honorarios
Tiempo laborado como interino Res. 2576 del 21 de marzo de 1997 17-2-97 7-3-97
por honorarios
Tiempo laborado como interino Res. 1121 del 11 de marzo de 1998 23-2-97 5-5-97
por honorarios
Tiempo laborado como interino Res. 4177 del 30 de mayo de 1997 7-4-97 29-4-97
por honorarios
Tiempo laborado como interino Res. 4602 del 17 de junio de 1997 5-5-97 4-6-97
por honorarios
Tiempo laborado como interino Res. 5061 del 9 de julio de 1997 6-6-97 13-6-97
por honorarios
Tiempo laborado como interino Res. 5061 del 11 de agosto de 1997 14-7-97 12-8-97
por honorarios
Tiempo laborado como interino Oficio del 14 de octubre de 1997 14-10-97 9-12-97
por honorarios
Tiempo laborado como interino Res. 728 del 7 de febrero de 1998 28-1-98 16-2-98
por honorarios
Tiempo laborado como interino Oficio del 23 de febrero de 1998 23-2-98 5-5-98
por honorarios
Tiempo laborado como interino Res. 6059 del 24 de agosto de 1998 17-7-98 12-8-98
por honorarios
Tiempo laborado como interino Res. 6705/98 13-8-98 11-9-98
por honorarios
Tiempo laborado como interino Res. 6788/98 14-9-98 9-10-98
por honorarios
Vinculación docente interino Res. 7729/98 10-11-98 26-11-98
Tiempo laborado como interino Res. 1956 del 23 de junio de 1999 20-5-99 25-6-99
por honorarios
Tiempo laborado como interino Res. 1956 del 23 de junio de 1999 12-7-99 30-7-99
por honorarios
Tiempo laborado como interino Res. 1956 del 23 de junio de 1999 1-8-99 2-8-99
por honorarios
Tiempo laborado como interino Res. 2803 del 7 de septiembre de 1999 11-8-99 19-8-99
por honorarios
Tiempo laborado como interino Res. 3163 del 11 de octubre de 1999 30-9-99 30-10-99
por honorarios

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Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01236 01 (3071-2021)
Demandante: María Magdalena Rodríguez de Bernal

Tiempo laborado como interino Res. 3163 del 11 de octubre de 1999 1-11-99 26-11-99
por honorarios
Tiempo laborado como interino Res. 903 del 23 de marzo de 2000 2-3-00 9-4-00
por honorarios
Nombramiento en propiedad Res. 12 de abril de 2000 10-5-00 13-12-16

34. De acuerdo con la información relacionada anteriormente y de
conformidad con las reglas jurisprudenciales fijadas por esta Corporación en la
sentencia de unificación del 21 de junio de 201810, para esta Sala es necesario
verificar aquellos períodos respecto de los cuales obran en el expediente pruebas
documentales en relación con la calificación de vinculación nacional consignada
en la certificación laboral.

35. Pues bien, con la demanda se aportaron las copias de las Resoluciones
0734 del 9 de marzo de 198311, 0743 del 9 de marzo de 198312, 1405 del 1 de
junio de 199313, 1674 de 2 de julio de 199314, 1989 del 5 de agosto de 199315,
1633 del 28 de abril de 199416, 1813 del 25 de junio de 199617, todas proferidas
por el alcalde mayor de Bogotá, a través de las cuales se le reconoció a la
demandante unos pagos por los servicios prestados como docente interina del
distrito, durante los siguientes interregnos, respectivamente:

Orden de pago ACTO DE NOMBRAMIENTO PERÍODO LABORADO INSTITUCIÓN
Res. 0734 del 9 de Orden de Trabajo 1013 del 20 Del 20/09/1982 al División de Educación
marzo de 1983 de septiembre de 1982 30/11/1982 Básica Primaria
Res. 0743 del 9 de Orden de Trabajo 0198 del 22 Del 22/03/1982 al División de Educación
marzo de 1983 de marzo de 1982 09/06/1982 Básica Primaria
Res. 0743 del 9 de Orden de Trabajo 0605 del 15 Del 15/07/1982 al División de Educación
marzo de 1983 de julio de 1982 15/09/1982 Básica Primaria
Res. 01405 del 1 de Orden de Trabajo 007 del 1 de Del 02/02/1993 al Colegio Estrella II
junio de 1993 febrero de 1993 12/02/1993
Res. 01405 del 1 de Orden de Trabajo 098 del 24 de Del 24/02/1993 al Colegio Floridablanca
junio de 1993 febrero de 1993 08/03/1993
Res. 1674 del 2 de julio Orden de Trabajo 182 del 31 de Del 31/03/1993 al Colegio La Española
de 1993 marzo de 1993 02/04/1993
Res. 1989 del 5 de Orden de Trabajo 031 del 5 de Del 05/05/1993 al Concentración Distrital
agosto de 1993 mayo de 1993 11/06/1993 Nazareth
Res. 1633 del 28 de Orden de Trabajo 195 del 1 de Del 01/10/1993 al Colegio Brasilia
abril de 1994 octubre de 1993 20/10/1993
Res. 1813 del 25 de Orden de Trabajo 079 del 11 de Del 11/03/1996 al Colegio La Aguadita
junio de 1996 marzo de 1996 07/06/1996
SUBTOTAL: 1 AÑO y 22 DÍAS

36. Al revisar los anteriores actos administrativos, se observa que todos fueron
suscritos por el secretario de Educación de Bogotá y el delegado regional del
Ministerio de Educación Nacional y se indicó que los gastos que se ocasionaran
con su expedición estarían a cargo de la Tesorería del Fondo Educativo Regional
(FER) ante el Distrito, lo cual permite concluir del mismo modo que el interregno

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de

unificación del 21 de junio de 2018, proferida dentro del expediente 25000-23-42-000-2013-
04683-01(3805-14), con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.
11 Folio 17.
12 Folios 18 y 19.
13 Folios 20 y 21.
14 Folios 22 y 23.
15 Folios 24 y 25
16 Folios 26 y 27.
17 Folio 28.

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Demandante: María Magdalena Rodríguez de Bernal

anterior que se trató de vinculaciones de carácter nacionalizado por contar con
la aprobación consagrada en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

37. Además, no podrían considerarse como vínculos de naturaleza nacional
como lo señaló la Secretaría de Educación de Bogotá en la certificación de
historial laboral aportada como prueba (ver párrafo 34) ya que no se evidencia
que los nombramientos hubieran provenido del Gobierno Nacional, en
concordancia con la definición contenida en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989.

38. En tales condiciones, queda demostrado que los tiempos de servicios
relacionados en la tabla relacionada en el párrafo 36 son computables para
efectos de la pensión gracia al considerarse de tipo nacionalizado, los cuales
suman un total de 1 año y 22 días18.

39. Por otro lado, se aportaron las copias de las Resoluciones 728 del 17 de
febrero de 199819, 1121 del 11 de marzo de 199820, 1956 del 23 de junio de 199921
y 903 del 23 de marzo de 200022, a través de las cuales la Secretaría de
Educación de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, en uso de sus atribuciones
legales, nombró a la demandante para cubrir unas licencias durante los
siguientes períodos:

ACTO DE NOMBRAMIENTO PERÍODO LABORADO INSTITUCIÓN RECURSOS

Resolución 728 del 17 de febrero Del 28/01/1998 al 16/02/1998 I.E. Fiscalía Baja – SED, Bogotá
de 199823 Localidad 19
Resolución 1121 del 11 de marzo Del 23/02/1998 al 05/05/1998 I.E. Gran Yomasa Situado Fiscal
de 199824
Resolución 1956 del 23 de junio Del 20/05/1999 al 25/06/1999 I.E. Humberto Valencia SED, Bogotá
de 199925
Resolución 1956 del 23 de junio Del 12/07/1999 al 02/08/1999 I.E. Humberto Valencia SED, Bogotá
de 199926
Resolución 903 del 23 de marzo Del 02/03/2000 al 09/04/2000 I.E. Andrés Rosillo Situado Fiscal
de 2000
SUBTOTAL: 6 MESES Y 7 DÍAS

40. En este orden, las resoluciones enunciadas en la precitada tabla también
permiten concluir que los periodos allí relacionados son compatibles con la
pensión gracia puesto que los actos de nombramiento fueron proferidos por la
entidad territorial para cubrir de manera interina algunas licencias, sumado a que
algunos de los emolumentos ocasionados se sufragaron con recursos del Situado
Fiscal y otros con recursos propios de la entidad.

18 Para efectos de la contabilización del tiempo de servicios, la Sala emplea el método usual de

cómputo laboral de meses de treinta (30) días, razón por la cual los períodos válidamente
acreditados equivalen, en total, a 1 año, 8 meses y 24 días.
19 Folio 29.
20 Folio 30.
21 Folios 31 y 32.
22 Folio 33.
23 Folio 29.
24 Folio 30.
25 Folios 31 y 32.
26 Folios 31 y 32.

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Demandante: María Magdalena Rodríguez de Bernal

41. Al respecto, conviene reiterar que los interregnos cuya financiación se dio
mediante recursos del Situado Fiscal, administrados por el FER, deben
entenderse como de naturaleza nacionalizada, y los que se financiaron a través
de recursos propios, como de naturaleza territorial, en virtud de las definiciones
de que trata el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989.

42. No obstante, el tiempo laborado antes del 31 de diciembre de 1980 y los
analizados en las tablas que preceden no son suficientes para demostrar el
cumplimiento del requisito de haber laborado como docente territorial o
nacionalizada durante 20 años, ya que estos tan solo suman 1 año, 8 meses y
24 días.

43. Lo anterior, comoquiera que si bien es cierto en el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historial Laboral del 13 de diciembre de 2016 se
relacionaron más periodos en los que la demandante laboró como docente
interina, así como un nombramiento en propiedad a partir del 10 de mayo del
2000, lo cierto es que estos fueron catalogados como de naturaleza nacional por
la entidad nominadora y en el expediente no obran pruebas adicionales (v.gr.,
actos administrativos de nombramiento) que desvirtúen dicha calificación.

44. Sobre este aspecto, vale recordar que esta Sección, mediante la sentencia
de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201827, fijó la siguiente regla
jurisprudencial en cuanto a la manera de probar la naturaleza de la vinculación
docente, a saber:

iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.

45. Es decir, la calidad de docente puede acreditarse inicialmente mediante
actos administrativos de nombramiento o, en su defecto, a través de
certificaciones expedidas por el nominador, en las cuales se indique de manera
inequívoca el tipo de vinculación.

46. Pese a ello, en el caso concreto, la certificación aportada al proceso indicó
que las vinculaciones de la demandante con el Distrito Capital de Bogotá eran
del orden nacional. En esa medida, correspondía a la parte actora desvirtuar
dicha información mediante prueba idónea, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual incumbe a las
partes demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que persiguen.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de

unificación del 21 de junio de 2018, proferida dentro del expediente 25000-23-42-000-2013-
04683-01(3805-14), con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.

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47. En el asunto sub examine, esa carga solo se cumplió respecto de los
períodos analizados en precedencia como nacionalizados, para los cuales se
valoraron por esta Sala los actos de reconocimiento de pago y demás
documentos aptos para acreditar tiempos susceptibles de cómputo.

48. Por consiguiente, la certificación de historia laboral no permite, por sí sola,
tener por acreditados como computables los demás períodos allí relacionados,
pues la propia autoridad nominadora los calificó como de carácter nacional,
sumado a que se verificó ruptura en las vinculaciones al tratarse de
nombramientos en interinidad o temporalidad.

49. De modo que, al no haberse allegado para esos interregnos los actos de
nombramiento ni certificaciones que desvirtuaran de manera inequívoca esa
calificación, la Sala carece medios probatorios suficientes que permitan acumular
esos tiempos como válidos para acceder a la pensión gracia.

50. Por tal razón, contrario a lo resuelto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el presente asunto no se acreditó de manera fehaciente que
la demandante hubiera completado 20 años de servicios docentes territoriales o
nacionalizados por lo cual no es posible tener por satisfecho ese requisito.

51. Finalmente, como no se demostró el cumplimiento de esa exigencia, la
Sala se releva de estudiar las demás condiciones para acceder a la pensión
gracia habida cuenta de que todas deben satisfacerse de manera concurrente.

52. En conclusión, aunque la demandante acreditó algunos tiempos de
servicio docente oficial susceptibles de cómputo para pensión gracia, el acervo
probatorio no demuestra de manera inequívoca un mínimo de 20 años de
servicios docentes de carácter territorial o nacionalizado. Por ello, se impone
revocar la sentencia apelada y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la
demanda.

Condena en costas

53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

54. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del

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derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas de la parte
vencida en el proceso.

55. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP de conformidad
con la remisión prevista en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

56. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante en ambas
instancias, por cuanto se revoca totalmente la sentencia apelada y se accede a
las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho
sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 25 de marzo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda. En su lugar,

SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la señora
María Magdalena Rodríguez de Bernal contra la UGPP.

TERCERO. CONDENAR EN COSTAS a la parte demandante en ambas
instancias. Las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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Demandante: María Magdalena Rodríguez de Bernal

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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