Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01248-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01248-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01248-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01248-01 (2800-2024)
Demandante: Myriam Lizarazo Dueñas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema 1: docente alfabetizadora nacional. Subtema 2: naturaleza
de la plaza. Subtema 3: requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el
9 de febrero de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La actora solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la UGPP, entidad que
se lo negó con fundamento en que fue vinculada como docente a partir del 15 de
febrero de 1989, por lo cual no cumplía los requisitos legales. La demandante aduce
que estos actos administrativos deben ser declarados nulos, porque acreditó la
vinculación como docente nacionalizada durante 20 años. El Tribunal accedió al
reconocimiento de la pensión gracia con fundamento en que los servicios prestados
como alfabetizadora, docente temporal y en propiedad eran válidos para el
reconocimiento de la pensión gracia.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. Myriam Lizarazo Dueñas radicó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho el 27 de agosto de 20191, en contra de la UGPP,
con las siguientes pretensiones:
2. Se declare la nulidad de la Resolución RDP 013671 del 2 de mayo de 2019 que
le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, y de la Resolución RDP 016460
1 Samai, índice 2, 4ED_25000234200020190124(.zip) NroActua 2, 1.Expediente digitalizado 2019 - 01248.pdf,
página 52 del archivo digital.
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Demandante: Myriam Lizarazo Dueñas
Demandado: UGPP
del 30 de mayo de 2019 que resolvió el recurso de reposición. También pidió la nulidad
de la Resolución RDP 020124 del 8 de julio de 2019 que resolvió el recurso de
apelación.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento de la pensión
gracia liquidada con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año
anterior a la adquisición del estatus pensional. Además, pidió el reconocimiento de la
indemnización moratoria regulada en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y que la
sentencia se cumpla en los términos de los artículos 189 y 195 del CPACA2.
2.2. Hechos
4. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:
5. La señora Myriam Lizarazo Dueñas nació el 26 de julio de 1958 y prestó sus
servicios como docente para la Secretaría de Educación de Bogotá desde el 1 de julio
de 1979, completó 20 años de servicio el 14 de abril de 2009, fecha para la cual ya
había cumplido 50 años de edad el 26 de julio de 2008.
6. El 23 de enero de 2019, la actora solicitó a la UGPP el reconocimiento de la
pensión gracia, que fue negado a través de las resoluciones demandadas.
2.3. Normas violadas y concepto de violación
7. La actora citó las siguientes normas violadas: artículos 2, 13, 25, 48, 53 y 58 de
la Constitución Política; Ley 114 de 1913; Ley 116 de 1928; Ley 37 de 1933; Ley 43
de 1975; Ley 91 de 1989; Decreto 2277 de 1979; Código Civil y Código Sustantivo del
Trabajo. En el concepto de violación indicó que se vinculó al magisterio como docente
nacionalizada y prestó sus servicios durante 20 años, por tanto, tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.
2.4. Contestación de la demanda
8. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda porque la señora Myriam
Lizarazo Dueñas solo se vinculó como docente a partir del 15 de febrero de 1989, ya
que el tiempo de servicios laborado como alfabetizadora no podía tenerse en cuenta
para acceder a la pensión gracia, según el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979.
9. Adicionalmente, expresó que solo podían tenerse en cuenta los tiempos
laborados hasta el 31 de diciembre de 1989, de suerte que como la aquí demandante
no completó los 20 años de servicio requeridos para esa fecha, no podía acceder a la
pensión gracia reclamada.
10. Finalmente, consideró que en el expediente administrativo no constaban los
certificados a partir de los cuales se pudiera acreditar que la demandante gozó de una
buena conducta ni tampoco los que corroboraran el origen de los recursos con los que
se le pagó la prestación del servicio, lo cual era determinante para estudiar la pensión
2 Samai, índice 2, 4ED_25000234200020190124(.zip) NroActua 2, 1.Expediente digitalizado 2019 - 01248.pdf,
páginas 3 a 15 del archivo digital.
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gracia. Planteó las excepciones de legalidad de los actos administrativos, inexistencia
del derecho y prescripción3.
2.5. Sentencia de primera instancia
11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
en la sentencia del 9 de febrero de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda y
ordenó el reconocimiento de la pensión gracia desde el 15 de abril de 2009, pero con
efectos fiscales desde el 3 de enero de 2017, en virtud de la prescripción. En efecto,
el fallo ordenó:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nos. RDP 013671 del 2
de mayo de 2019, proferida por el Subdirector de Determinación de Derechos
Pensionales de la UGPP, por la cual se negó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia a favor de la demandante; RDP 016460 del 30 de mayo de 2019,
proferida por el mismo funcionario, por la cual se resolvió el recurso de reposición
en contra de la anterior confirmando el acto recurrido; y RDP 020124 del 8 de
julio de 2019, proferida por el Director de Pensiones de la UGPP, por la cual se
resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la primera, confirmando
el acto recurrido, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP a reconocer, liquidar y pagar a Myriam Lizarazo
Dueñas, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.520.846, a partir
del 15 de abril de 2009, una pensión gracia de jubilación, liquidada con el 75%
del salario promedio devengado en el año anterior a la adquisición del estatus
pensional, esto es, entre el 16 de abril de 2008 y el 15 de abril de 2009. Dicha
suma será reajustada según lo dispone la ley. Todo ello de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de la providencia.
TERCERO: CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP a
efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que resulten a favor de la parte
demandante según el índice de precios al consumidor de conformidad con el
inciso final del artículo 187 del CPACA y atendiendo lo señalado en la parte
motiva.
CUARTO: DECLARAR probada la excepción de “prescripción” propuesta por la
entidad demandada, respecto a las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 3 de enero de 2017 (sic).
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […]
12. En el fallo se consideró que los tiempos de servicios laborados por la
demandante en calidad de docente alfabetizadora, entre el 1 de julio y el 30 de
noviembre de 1979 eran válidos para acceder a la pensión gracia, en la medida en
que de acuerdo con el Decreto 2277 de 1979, quienes ejercían como alfabetizadores
integraban la profesión docente.
3 Samai, índice 2, 4ED_25000234200020190124(.zip) NroActua 2, 1.Expediente digitalizado 2019 - 01248.pdf,
página 86 a 99 del archivo digital.
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13. Indicó que quedó demostrado que Myriam Lizarazo Dueñas trabajó en el
colegio Nicolás Copérnico (IED) como alfabetizadora al servicio del Centro Educativo
de Adultos-Secundaria, de acuerdo con: i) la Resolución 2129 de 1979 que asignó una
bonificación a los alfabetizadores nacionales en el Distrito Especial de Bogotá; y ii) el
oficio suscrito por el contratista del Grupo de Certificaciones Laborales de la Secretaría
de Educación, el cual indicó que la actora laboró en el «Colegio Nicolás Copérnico
(IED) como alfabetizadora en el Centro Educativo de Adultos».
14. Señaló que según la Resolución 2129 de 1979 en Bogotá existía un programa
de alfabetización y, por ello, la plaza de alfabetizador ocupada por la demandante era
del orden territorial. Aunque el Ministerio de Educación financió el programa con
recursos nacionales transferidos al FER, la Sección Segunda del Consejo de Estado
ha precisado que el origen de los recursos no convierte a los docentes territoriales en
nacionales, puesto que la calidad se define por la naturaleza de la plaza, que en este
caso es territorial.
15. Consideró que aunque no fue posible obtener el acto administrativo de
nombramiento como docente alfabetizadora, solicitado a la Secretaría de Educación
y al Ministerio de Educación, se tiene por demostrada la efectiva prestación del
servicio de la accionante.
16. Igualmente, quedó acreditado que la señora Myriam Lizarazo Dueñas laboró
como docente en la planta de personal de la Secretaría de Educación de Bogotá desde
el 15 de febrero de 1989 al 1 de febrero de 1993 y que frente a estos tiempos la UGPP
no desconoció su naturaleza territorial en el momento en el que expidió los actos
administrativos demandados, y al emitir la Resolución RDP 13671 del 2 de mayo de
2019 en la cual relacionó los tiempos de servicios.
17. En el mismo sentido, consideró que la vinculación que la demandante tuvo desde
el 8 de febrero de 1993 era territorial, porque así se precisó en la Resolución 202 de
1993, expedida por una autoridad territorial y en el Formato Único de Expedición de
Información Laboral. Así, estimó que debía tener en cuenta los tiempos de servicios
comprendidos desde 1979 a 1992 y a partir del 8 de febrero de 1993 para el
reconocimiento de la pensión gracia.
18. Tuvo por demostrado el requisito de 50 años de edad, cumplidos por la
demandante el 26 de julio de 2008, el desempeño con honradez, buena conducta y
consagración y los 20 años de servicio, presupuestos que le permitieron declarar la
nulidad de los actos administrativos demandados y reconocer la pensión gracia a partir
del 15 de abril de 2009, esto es, en monto igual al 75% del salario promedio percibido
entre el 15 de abril de 2008 y el 14 de abril de 2009, incluidos todos los factores
salariales.
19. El Tribunal declaró probada la excepción de prescripción de las mesadas
causadas antes del 23 de enero de 2016, teniendo en cuenta que la señora Myriam
Lizarazo Dueñas radicó solicitud administrativa el 23 de enero de 2019 y presentó
demanda el 27 de agosto de 20194.
4 Samai, índice 2, 4ED_25000234200020190124(.zip) NroActua 2, 55. Sentencia.pdf.
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2.6. Recurso de apelación
20. La UGPP solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se nieguen las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
21. La demandante no acreditó tener una vinculación anterior al 31 de diciembre
de 1980 que la hiciera beneficiaria de la pensión gracia, ya que las respuestas del
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación distrital de Bogotá
indican que no existían los actos de nombramiento y de posesión en el expediente
administrativo que demuestren la labor como alfabetizadora en el período de 1979.
22. Las certificaciones del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación
tampoco indican «el tipo de vinculación, ni la calidad de la trabajadora para dicha data,
es decir, si fue de tiempo completo, horas extras, o si era para suplir una incapacidad».
23. Por otra parte, señaló que los tiempos laborados por la docente por la
vinculación temporal desde 1989 y en propiedad a partir de 1993, corresponden a una
plaza de carácter nacional, por cuanto, fueron posteriores a la Ley 91 de 1989. En
este orden de ideas, concluyó que la actora no cumplió con el requisito de 20 años de
servicios con vinculación territorial o nacionalizada. Así pues, señaló que los docentes
vinculados desde el 1 de enero de 1990, al cumplir edad y tiempo, solo tienen derecho
a una pensión del 75% del salario promedio del último año y se rigen exclusivamente
por el régimen nacional de pensionados del sector público.
24. Del examen de la prueba decretada de oficio se concluye que el Ministerio de
Educación Nacional informó no tener en sus archivos documento alguno que acredite
la vinculación de Myriam Lizarazo Dueñas como alfabetizadora en 1978 y 1979. Así,
no existe soporte que demuestre su calidad de educadora antes del 31 de diciembre
de 1980, lo que descarta su condición de beneficiaria de la pensión gracia.
25. En la misma línea, la Secretaría de Educación de Bogotá indicó que no contaba
con información sobre ese tiempo laborado. De modo que la ausencia del acto
administrativo de nombramiento impide valorar el supuesto servicio como
alfabetizadora.
26. En consecuencia, para la UGPP la demandante no tiene derecho a que se le
reconozca la pensión gracia porque no acreditó los 20 años de servicio en una plaza
nacionalizada o territorial sino en una de naturaleza nacional, desde su vinculación en
19795.
2.7. Trámite procesal en segunda instancia
27. Mediante auto del 27 de agosto de 20246, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y dispuso que dentro del término
de 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia el expediente ingresaría para
proferir sentencia salvo que las partes solicitaran pruebas de acuerdo con el artículo
5 Samai, índice 2, 4ED_25000234200020190124(.zip) NroActua 2, 57. Recurso.pdf.
6 Samai, índice 5.
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212 del CPACA.
28. El Ministerio Público rindió concepto7 en el que solicitó confirmar la sentencia
apelada, toda vez que Myriam Lizarazo Dueñas se vinculó como docente en la
Secretaría de Educación de Bogotá antes de 1980 en una plaza nacionalizada o
territorial con una permanencia por 20 años de servicios, su pago se hizo con recursos
del Sistema General de Participaciones, completó los 50 años de edad y no tuvo
antecedentes disciplinarios que afectaran su comportamiento, por lo cual reunía los
requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión gracia.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
29. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 150 y 152 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
30. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, si:
¿La actora acreditó que el tiempo laborado como docente alfabetizadora fue en una
plaza nacionalizada y 20 años de servicios en la calidad de maestra territorial para
tener derecho al reconocimiento de la pensión gracia?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
31. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 1913 8,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñe el empleo con
honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.
32. La Ley 116 de 19289 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores
de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción Pública. Según
el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en
diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para
completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección
de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
33. Posteriormente, la Ley 37 de 193310 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
7 Samai, índice 9.
8
Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
9 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
10 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
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34. Por su parte, la Ley 91 de 198911 en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
35. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a partir de esa
fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de nacionalización de la educación
que se adelantó por disposición de la Ley 43 de 1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo
1012 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a ocupar haya sido creada
exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su propio presupuesto.
36. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo
del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199713, en los
siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se
les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los
requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […]
También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […]
11 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
12 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,
M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
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siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la
ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su
artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal
pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria
oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.
37. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201814, señaló
que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para
no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de
veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber
cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez,
consagración y buena conducta.
38. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales
no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales
por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos
fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley
24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados15,
resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21
de junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
15 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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Demandante: Myriam Lizarazo Dueñas
Demandado: UGPP
las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último,
certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar […].
39. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.4. Hechos probados
40. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
• Edad
41. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años de edad. En el caso concreto, la señora Myriam Lizarazo Dueñas nació el 26 de
julio de 195816, en consecuencia, acreditó la edad de 50 años, el 26 de julio de 2008.
• Vinculación docente
42.Obra en el proceso la copia de la Resolución 02129 del 27 de diciembre de 1979
«por la cual se asigna una bonificación a alfabetizadores nacionales, en el distrito
especial de Bogotá» a la docente Myriam Lizarazo Dueñas, entre otros17.
43. Según el Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral del 25
de septiembre de 2018, expedido por la Secretaría de Educación de Bogotá, la señora
16 Samai, índice 2, 4ED_25000234200020190124(.zip) NroActua 2, 1.Expediente digitalizado 2019 - 01248.pdf,
páginas 51 a 52.
17 Idem, págs. 48 a 50.
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Myriam Lizarazo Dueñas fue docente con vinculación territorial (activa para la fecha
del certificado), con la siguiente información:
Novedad Desde Hasta
Vinculación temporal tiempo 15/02/1989 03/12/1989
completo
Vinculación temporal tiempo 22/01/1990 02/12/1990
completo
Vinculación temporal tiempo 21/01/1991 02/12/1991
completo
Vinculación temporal tiempo 20/01/1992 30/11/1992
completo
Nombramiento en propiedad. Res. 08/02/1993 A la fecha
202 del 1 de febrero de 1993
44. El «contratista del grupo de certificaciones laborales» el 11 de marzo de 2021, de
la Secretaría de Educación de Bogotá indicó: «certificamos los 20 años de servicio de
la docente» Myriam Lizarazo Dueñas, en el Colegio Nicolás Copérnico (IED), entre los
años 1978 y 1979 como alfabetizadora en el Centro Educativo de Adultos - Secundaria
y en el Colegio Rufino José Cuervo (IED) desde el 15 de febrero de 1989, hasta la
fecha18.
45. La Secretaría de Educación de Bogotá en el Formato Único para Expedición de
Certificado de Historia Laboral del 6 de abril de 2021, certificó el tiempo laborado como
«profesor alfabetizador» mediante Resolución 02129 del 27 de diciembre de 1979,
con un tiempo de servicio del 1 de julio de 1979 al 30 de noviembre del mismo año,
con vinculación territorial, así19:
N° Tipo de Novedad Tipo de No de Fecha Desde Hasta
A.A. A.A. A.A. (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
1 Designa como Profesor Res. 02129 27/12/79 01/07/79 30/11/79
Alfabetizador
2 Vinculación Temporal Tiempo 15/02/89 03/12/89
Completo
3 Vinculación Temporal Tiempo 22/01/90 02/12/90
Completo
4 Vinculación Temporal Tiempo 21/01/91 02/12/91
Completo
5 Vinculación Temporal Tiempo 20/01/92 30/11/92
Completo
6 Nombramiento en Propiedad Res. 202 01/02/93 08/02/93
46. También consta en el expediente la Resolución 202 del 1 de febrero de 1993,
dictada por el alcalde mayor de Santa Fe de Bogotá, que nombró en el empleo de
docente de tiempo completo a la señora Myriam Lizarazo Dueñas20, así como el acta
de posesión21.
• Actos demandados
47. La UGPP mediante la Resolución RDP 013671 del 2 de mayo de 2019 le negó a la
18 Samai, índice 2, expediente digital, 4ED_25000234200020190124(.zip) NroActua 2, doc. 13.
19 Idem. doc. 16.
20 Idem, págs. 42 a 46.
21 Idem, pág. 47.
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actora el reconocimiento de la pensión gracia con fundamento en que no acreditó una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 198022.
48. En la Resolución RDP 016460 del 30 de mayo de 2019, la UGPP resolvió el recurso
de reposición y confirmó el acto recurrido al considerar que los documentos allegados
en copia simple carecen de valor probatorio, al referirse a la copia de la Resolución
02129 del 27 de diciembre de 1979. Por ende, estimó que no existía certeza sobre el
tipo de vinculación de la maestra23.
49. La Resolución RDP 020124 del 8 de julio de 2019, resolvió el recurso de apelación
contra la Resolución RDP 013671 del 2 de mayo de 2019 y señaló que la interesada
fue vinculada como docente desde el 15 de febrero de 1989 y que los tiempos
laborados como alfabetizadora no podían ser tenidos en cuenta para el
reconocimiento de la pensión gracia24.
3.5. Caso concreto
50. En el caso bajo estudio, la accionante solicita la nulidad de los actos
administrativos que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia. Como
fundamento de la demanda alega que acreditó 20 años de servicios como docente
nacionalizada.
51. El Tribunal ordenó el reconocimiento pensional considerar que los tiempos
laborados como docente alfabetizadora entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 1979
podían computarse para acceder a la pensión gracia. Así entonces, estimó que fue
maestra territorial durante 20 años desde 1979, y en virtud de los nombramientos de
los años de 1989 y 1993.
52. Inconforme con esta decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación para que
se revoque la sentencia y se nieguen las pretensiones de la demanda, en tanto, la
actora no demostró una vinculación docente anterior al 31 de diciembre de 1980,
requisito para ser beneficiaria de la pensión gracia. Con base en las respuestas del
Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de Educación de Bogotá, no obran
actos de nombramiento ni de posesión que acrediten labores como alfabetizadora en
1978 y 1979; además, las certificaciones no precisan el tipo de vinculación ni la
dedicación, por lo que no es posible tener por probado ese servicio previo. Asimismo,
la UGPP sostuvo que los tiempos laborados desde 1989 (vinculación temporal) y desde
1993 (en propiedad) corresponden a una plaza de naturaleza nacional, pues son
posteriores a la Ley 91 de 1989.
53. Para comenzar se abordará la vinculación docente territorial antes del 31 de
diciembre de 1980, requisito indispensable para tener derecho al reconocimiento de la
pensión gracia. Al respecto, la Sala destaca que en el proceso se encuentra probado
que:
22 Idem, págs. 23 a 24.
23 Idem, págs. 29 a 31.
24 Idem, págs. 33 a 36.
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i) La docente nació el 26 de julio de 195825 y cumplió 50 años el 26 de julio de
2008;
ii) a través de la Resolución 02129 del 27 de diciembre de 1979 «por la cual se
asigna una bonificación a alfabetizadores nacionales, en el distrito especial de
Bogotá» se dispuso para la actora el pago de $1.500 correspondiente a julio al
30 de noviembre de 197926;
iii) la Secretaría de Educación de Bogotá certificó a través del Formato Único
para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 25 de septiembre de
2018, que la vinculación fue territorial desde el 15 de febrero de 1989;
iv) la misma Secretaría el 6 de abril de 2021 certificó el tiempo laborado como
docente alfabetizadora, mediante la Resolución 02129 (sic) del 27 de diciembre
de 1979, del 1 de julio de 1979 al 30 de noviembre del mismo año, con
vinculación territorial27; y
v) sin embargo, la directora de Servicios Administrativos de la Secretaría de
Educación de Bogotá indicó que no reposan documentos que den cuenta sobre
la prestación de servicios en el Colegio Nicolás Copérnico (IED), en 197928.
54. En cuanto a la prueba del tiempo de servicio y la vinculación para tener derecho
al reconocimiento de la pensión gracia, el fallo de unificación del 21 de junio de 201829
determinó que la calidad de docente oficial se prueba con la copia de los actos de
nombramiento, o en su defecto, con la certificación de la autoridad nominadora que
informe de manera inequívoca sobre el tipo de vinculación.
55. La jurisprudencia de la Sección también ha indicado que se deben analizar los
tiempos de servicios, el cargo desempeñado, la dedicación, clase de plantel y si la
vinculación fue nacionalizada, departamental, distrital y municipal, destacando que
«los certificados que se expidan para acreditar estos requisitos deben ser precisos en
los datos fundamentales que exigen las leyes especiales que regulan esta clase de
pensión»30.
56. Sin embargo, cabe anotar que en el proceso no obra el acto administrativo de
nombramiento ni el acta de posesión por los servicios laborados antes del 31 de
diciembre de 1980, en la calidad de docente alfabetizadora. Dichos documentos
fueron solicitados por el Tribunal en auto del 8 de julio de 2021, pero no fueron
aportados.
25 Samai, índice 2, 4ED_25000234200020190124(.zip) NroActua 2, 1.Expediente digitalizado 2019 - 01248.pdf,
páginas 51 a 52.
26 Idem, págs. 48 a 50.
27 Samai, índice 2, 4ED_25000234200020190124(.zip) NroActua 2, doc. 16.
28 Samai, índice 2, expediente digital, 4ED_25000234200020190124(.zip) NroActua 2, doc. 43.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de abril de 2017, proceso con radicado
52001 23 31 000 2014 00270 01 (0585-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, que cita la sentencia del 19 de
enero de 2006, expediente 6024-05, M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
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57. Ahora bien, en el expediente obra la copia de la Resolución 02129 del 27 de
diciembre de 1979 (con sello de la Secretaría de Educación de Bogotá del 6 de
septiembre de 2018), «por la cual se asigna una bonificación a alfabetizadores
nacionales, en el distrito especial de Bogotá». En la parte considerativa, indica que
«existe el programa de alfabetización en el Distrito Especial de Bogotá» y que «el
Ministerio de Educación Nacional ha financiado tal programa a través del presupuesto
nacional para pagos por transferencia al Fondo Educativo Regional del Distrito
Especial». Por tanto, resuelve asignar una bonificación de $1.500 mensuales durante
5 meses de julio hasta el 30 de noviembre de 1979, a la docente Myriam Lizarazo
Dueñas, entre otros31.
58. Este acto administrativo indica expresamente que asigna una bonificación a
alfabetizadores nacionales e incluye a la señora Myriam Lizarazo Dueñas y que el
programa es financiado por el Ministerio de Educación. Cabe anotar que la Secretaría
de Educación de Bogotá, en el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral del 6 de abril de 202132 certificó todo el tiempo de servicio e incluyó
como territorial el laborado del 1 de julio de 1979 al 30 de noviembre del mismo año.
59. Sin embargo, el Tribunal en el auto del 21 de septiembre de 2021 señaló que
según «la Directora de Servicios Administrativos de la Secretaría de Educación de
Bogotá D.C. […] en la hoja de vida no reposan documentos que den cuenta sobre la
prestación de servicios en el Colegio Nicolás Copérnico (IED), entre 1978 y 1979, como
alfabetizadora en el Centro Educativo de Adultos – Secundaria ni actos administrativos
de nombramiento para esos años»33.
60. En todo caso, a partir de la valoración probatoria de la Resolución 02129 de 1979
se concluye que acredita el pago de la bonificación y que los beneficiarios eran
alfabetizadores nacionales. Nótese que no establece que la plaza fuera territorial, ni
los extremos temporales de la vinculación o la identificación del acto de nombramiento.
En similar sentido la Subsección A de la Sección Segunda consideró:
Así pues, a través de la Resolución mencionada el Distrito Especial de Bogotá, mediante
su secretario de educación, dispuso «asignar una bonificación de ochocientos sesenta y
cuatro pesos ($864,00) mensuales, durante 5 meses a partir del 1978» a los
alfabetizadores nacionales en el distrito de Bogotá, según se extrae en el epígrafe de la
disposición normativa.
Dicho pago según el artículo segundo se haría por intermedio de la Tesorería del Fondo
Educativo Regional de Bogotá y tendría efectos fiscales durante el año lectivo de 1978,
de acuerdo con las constancias de prestación de servicios expedidas por la Secretaría de
Educación de Bogotá.
[…]
De tal manera, en el caso presente, y del análisis probatorio, se desglosa que el anterior
documento allegado al plenario carece de mérito suficiente que permita establecer con
certeza los extremos temporales de la relación laboral, anteriores a la fecha exigida en la
normatividad relativa a la pensión gracia pues, este simplemente acredita el pago de una
prestación y no logra, como lo haría por ejemplo, la constancia de la nómina los pagos de
31 Idem, págs. 48 a 50.
32 Samai, índice 2, expediente digital, 4ED_25000234200020190124(.zip) NroActua 2, doc. 16.
33 Samai, índice 2, expediente digital, 4ED_25000234200020190124(.zip) NroActua 2, doc. 43.
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salarios, determinar el tiempo de servicio dado que el ordenador del gasto debe autorizar
el egreso de los días laborados y de ley34.
61. A lo anterior debe agregarse que en la sentencia del 29 de agosto de 2016, esta
corporación ya se había pronunciado sobre el derecho a la pensión gracia de una
docente a quien se le pagó la bonificación en la misma Resolución 2129 de 1979, y
concluyó que «la financiación del Programa de Alfabetización en el Distrito Especial
de Bogotá se encontraba a cargo del Ministerio de Educación Nacional […] de lo
anterior se infiere que los nombramientos de la demandante se efectuaron con cargo
al Tesoro Nacional y por tanto, esos tiempos, no pueden ser tenidos en cuenta para
efectos de cumplir con el requisito de los 20 años de servicios exigidos para el
reconocimiento de la pensión gracia»35.
62. Entonces, la Resolución 2129 de 1979 no acredita que la accionante haya
prestado sus servicios como docente territorial o nacionalizada, comoquiera que este
acto administrativo ordenó el pago de una bonificación a alfabetizadores nacionales.
Tampoco se tiene por acreditada la vinculación con el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral del 6 de abril de 2021, dado que este
precisa que el nombramiento como profesora alfabetizadora fue ordenado por la
Resolución 2129 de 1979. No obstante, este acto administrativo no ordenó la
designación, lo que impide tener por cierto lo certificado en este aspecto por el citado
formato. Aunado a que la directora de Servicios Administrativos de la Secretaría de
Educación de Bogotá D.C. señaló ante el Tribunal que allí no constaban documentos
sobre la prestación de servicios en el Colegio Nicolás Copérnico (IED), entre 1978 y
1979.
63.Así las cosas, la Sala debe decir que incluso si se tiene demostrada la vinculación
acorde con la Resolución 2129 de 1979, en todo caso, la vinculación en una plaza
nacional no se puede sumar para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
dado que esta excluye de sus beneficiarios a los maestros nacionales.
64. Así se pronunció la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, al considerar que «dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados». Igualmente, el fallo de
unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, determinó que para el reconocimiento
de la pensión gracia se requiere haber prestado los servicios por 20 años en planteles
departamentales, distritales o municipales.
65. Por lo tanto, la Subsección concluye que la accionante no probó la vinculación
como docente territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, y por
consiguiente, se debe revocar el fallo de primera instancia, para negar las
pretensiones de la demanda.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 76001-23-33-000-2014-01064-01
(4286-2015), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-00385-
01(2563-14), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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3.6. Costas
66. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 36 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Revocar la sentencia proferida por Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A del 9 de febrero de 2023, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:
Segundo: Negar las pretensiones de la demanda.
Tercero: Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto: Reconocer como apoderado de la UGPP a Jhonier Alejandro Trejos Valencia
identificado con cédula de ciudadanía número 1.088.261.587 y portador de la tarjeta
profesional número 268.679 del Consejo Superior de la Judicatura en su condición de
representante legal de Asproint Asesores S.A.S; y, como abogada sustituta a Laura
Lucía Amaya Guerra identificada con cédula de ciudadanía número 1.088.032.552 y
portadora de la tarjeta profesional número 381.522 del Consejo Superior de la
Judicatura, en los términos del memorial que obra a índice 16 de Samai.
Quinto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
36 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Demandado: UGPP
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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