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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01259-01

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01259-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Rosa Cecilia Santana Rodríguez contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia. Undécimo: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa SAMAI y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01259-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

10 de noviembre de 2022

1
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01259-01 (3626-2022)
Demandante: Rosa Cecilia Santana Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01259-01 (3626-2022)
Demandante: ROSA CECILIA SANTANA RODRÍGUEZ
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO1

Tema: Régimen de pago retroactivo de cesantías para docentes
oficiales. Vinculación anterior al 1.° de enero de 1990.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-192-2022

ASUNTO

La Subsección decide el recurso de apelación formulado por la parte
demandada contra la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Rosa Cecilia Santana Rodríguez en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones3

1. Declarar la nulidad de la Resolución 7517 del 19 de octubre de 2016 por
medio de la cual la Secretaría de Educación de Bogotá en representación
del FNPSM reconoció el pago de una cesantía definitiva a favor de la
señora Rosa Cecilia Santana Rodríguez.

2. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la demandada al
reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas definitivas de la
demandante, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo devengado por
aquella durante el último año de servicio.

3. Ordenar que la liquidación de la prestación se efectúe en virtud de los
tiempos de servicios prestados al departamento de Cundinamarca y al

1
En adelante FNPSM.
2
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
3
Folios 1 a 2.

2
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01259-01 (3626-2022)
Demandante: Rosa Cecilia Santana Rodríguez

Distrito Capital, entre el 29 de marzo de 1976 y el 29 de mayo de 1994, y
entre el 27 de mayo de 1994 y el 22 de febrero de 2016, respectivamente.

4. Conminar a la autoridad demandada al pago de la suma de $154.920.584
por concepto de cesantías definitivas.

5. Ordenar que el valor de la condena sea ajustado en los términos del artículo
187 del CPACA.

6. Condenar al pago de los intereses moratorios a partir de la fecha de
ejecutoria de la sentencia y hasta el momento en que se haga efectivo el
desembolso de la prestación.

Supuestos fácticos relevantes4

1. Mediante Decreto 00846 del 29 de marzo de 1976 la Secretaría de
Educación de Cundinamarca nombró a la señora Rosa Cecilia Santana
Rodríguez en el cargo de profesora de comercio del Colegio Departamental
Santa María de Ubaté.

2. La demandante permaneció vinculada en su calidad de docente al servicio
del ente territorial desde el 29 de marzo de 1976 hasta el 24 de mayo de
1994, fecha última de retiro voluntario.

3. A través de la Resolución 515 del 29 de abril de 1994 la libelista fue
incorporada como docente del área de comercio en la Secretaría de
Educación del Distrito Capital, cuyo salario era pagado con recursos propios.

4. De manera posterior, por medio de la Resolución 0627 del 20 de enero de
2016 se desvinculó a la señora Santana Rodríguez de su cargo de docente,
por haber alcanzado la edad de retiro forzoso.

5. La libelista presentó escrito el 1.º de abril de 2016 ante el FNPSM en el que
solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.

6. Con ocasión de ello, fue expedida la Resolución 7517 del 19 de octubre de
2016 por parte de la directora de Talento Humano de la Secretaría de
Educación del Distrito Capital en representación del FNPSM, que otorgó la
prestación instada por la demandante. Para el efecto, se tuvo en cuenta el
régimen anualizado.

SOBRE LA AUDIENCIA INICIAL

En el presente proceso no se celebró dicha diligencia, debido a que, conforme
al auto del 19 de noviembre de 2020 (folios 102 a 104), el a quo prescindió de
esta en aplicación del artículo 13 del Decreto Legislativo 806 de 2020, ello con
el fin de correr traslado para alegar de conclusión y proferir sentencia
anticipada por tratarse de un litigio de pleno derecho sin pruebas pendientes
para practicar.

SENTENCIA APELADA5

4
Folio 2.
5
Folios 129 a 137.

3
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01259-01 (3626-2022)
Demandante: Rosa Cecilia Santana Rodríguez

El a quo profirió sentencia escrita el 16 de septiembre de 2021, por medio de
la cual accedió a las pretensiones de la demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:

Efectuó un recuento normativo del régimen especial docente respecto a las
disposiciones que regularon la materia de salarios y prestaciones sociales, a
fin de exponer que la Ley 91 de 1989 definió tres categorías de este personal,
en el cual los maestros nacionales y nacionalizados se verían beneficiados por
dicha prerrogativa, mientras que los del orden territorial continuarían con las
condiciones que venían gozando durante su vinculación con la entidad. En
este punto agregó que fue a partir de la Ley 60 de 1993 que surgió la orden de
incorporar a los docentes territoriales al FNPSM, casos en los que la Nación
no asumió la carga prestacional sino que la dejó en cabeza de cada entidad
departamental o municipal.

Bajo dicha intelección, efectuó un análisis del acervo probatorio para concluir
que, toda vez que la señora Rosa Cecilia Santana Rodríguez se vinculó al
servicio de la Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca
desde el 29 de marzo de 1976, resultaba necesario remitirse al artículo 19 de
la Ley 91 de 1989 en cuanto previó que a los docentes nacionalizados
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 al FNPSM, como es el caso de
la libelista, se les debía pagar un auxilio equivalente a un mes de salario por
cada año de servicio.

Añadió que no era de recibo el argumento esgrimido por la autoridad
demandada tendiente a demostrar que la demandante se vinculó al servicio
de la docencia en el año 1994. Por consiguiente, arguyó que se accedería a
las pretensiones de la demanda y se ordenaría reliquidar las cesantías
definitivas de la parte activa con ocasión del tiempo laborado desde el 29 de
marzo de 1976; advirtió que debían ser descontadas las sumas que hayan sido
abonadas al finalizar cada vigencia, las cuales se entenderán como retiros
parciales.

Con base en los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia
profirió sentencia que se resume así: i) declaró la nulidad parcial de la
Resolución 7517 del 19 de octubre de 2016; ii) ordenó a la Nación, FNPSM,
que reliquide y pague a favor de la demandante las cesantías definitivas bajo
el régimen de retroactividad, a partir del 29 de marzo de 1976 y con los
descuentos a que haya lugar por este mismo concepto que ya se hubiere
abonado; y, iii) se abstuvo de condenar en costas procesales.

RECURSO DE APELACIÓN6

La parte demandada formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada, al argumentar que
la Ley 91 de 1989 además de crear el FNPSM, estableció el régimen de
prestaciones para los docentes, y en tal sentido en su artículo 15 reguló lo
relacionado con pensiones, cesantías y vacaciones. Al respecto, el numeral
3.º del precitado artículo señaló dos regímenes de cesantías condicionado a
la fecha de vinculación del docente.

Indicó que el artículo 6.º de la Ley 60 de 1993 consagró que el régimen
prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados que se
6
Folios 141 a 142.

4
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Demandante: Rosa Cecilia Santana Rodríguez

incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de
continuidad, y los de las nuevas vinculaciones, será el reconocido por la Ley
91 de 1989.

De otro lado, precisó que el FNPSM de una cuenta especial de la Nación sin
personería jurídica, cuyos recursos están destinados a atender las
prestaciones que los entes territoriales reconozcan a su planta de docentes.
En estos términos, resaltó que la solicitud de reconocimiento de prestaciones
económicas debe presentarse ante la última entidad territorial que haya
ejercido como autoridad nominadora del afiliado.

SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA
INSTANCIA

Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandada, al estar
dentro del término procesal correspondiente, el Despacho ponente mediante
auto del 2 de agosto de 2022, admitió el recurso de alzada y, en concordancia
con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA, dispuso que por
Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de mencionada
providencia, pasara el expediente al Despacho para dictar sentencia, salvo
que las partes presenten solicitud probatoria.

En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 16 de
septiembre de 2022, proferida por la Secretaría, visible a índice 8 del registro
de SAMAI, en la cual se indicó que no hubo solicitud de pruebas, se procede
a decidir de fondo el asunto.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada, el cual en el presente caso solo fue interpuesta por la parte
demandada.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se
resume en las siguientes preguntas:

1. ¿La demandante en su calidad de docente oficial tiene derecho a la
reliquidación del auxilio de cesantía definitiva conforme al régimen
retroactivo, toda vez que su vinculación oficial al magisterio fue anterior a
la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989?

En caso de respuesta afirmativa al anterior cuestionamiento,

2. ¿Es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la entidad
que debe responder materialmente por la condena de reliquidación y pago

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01259-01 (3626-2022)
Demandante: Rosa Cecilia Santana Rodríguez

del auxilio de cesantías parciales que se ordenó en la sentencia de primera
instancia?

Primer problema jurídico

¿La demandante en su calidad de docente oficial tiene derecho a la
reliquidación del auxilio de cesantía definitiva conforme al régimen retroactivo,
toda vez que su vinculación oficial al magisterio fue anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: a la demandante le asiste el
derecho a la reliquidación de sus cesantías parciales con base en el régimen
retroactivo, en consideración con los argumentos que a continuación se
esbozan.

Régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos

La Ley 6.ª de 1945 en el artículo 17, señaló que los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente, gozarían, entre otras prestaciones, de un
auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de
servicio, para lo cual solamente se tendría en cuenta el tiempo de servicio
prestado con posterioridad al 1.º de enero de 19427.

A su turno, mediante el artículo 1.° del Decreto 2767 de 1945 se extendieron
la totalidad de las prestaciones sociales consagradas en el artículo 17 de la
Ley 6.ª de 1945 a los empleados de los departamentos, intendencias,
comisarías y municipios, que incluyó el auxilio de cesantía8.

Posteriormente, la Ley 65 del 20 de diciembre de 1946 modificó las
disposiciones sobre cesantías, beneficios que también fueron extendidos a los
trabajadores de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios. A
su turno el Decreto 2567 de 31 de agosto de 1946 definió los parámetros para
su liquidación9, y el Decreto 1160 de 28 de marzo de 1947 previó que tendría
derecho a dicho auxilio, el empleado inscrito o no en carrera administrativa,
sea cual fuere la causa de su retiro, con la aclaración de que el monto de la
prestación era equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente al tiempo laborado, si era inferior a ese lapso.

Visto lo anterior, este régimen de cesantías era de carácter retroactivo, por
cuanto para su liquidación se tenía en cuenta todo el tiempo de servicio y el
último salario devengado.

7
«ARTICULO 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las
siguientes prestaciones:
a).Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación
de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1o.
de enero de 1942. […]».
8
«Artículo 1.º Con las solas excepciones previstas en el presente decreto, los empleados y obreros al
servicio de un Departamento, Intendencia, Comisaría o Municipio tiene derecho a la totalidad de las
prestaciones señaladas en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, y el artículo 11 del Decreto 1600 del
mismo año para los empleados y obreros de la Nación. A la entidad que alegue estar comprendida en
uno de los casos de excepción, de corresponderá probarlo.»
9
El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al servicio de la Nación, los
Departamentos y los Municipios, se liquidará de conformidad con el último sueldo o jornal devengado, a
menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la
liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de
servicio, si éste fuero menor de doce meses.

6
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01259-01 (3626-2022)
Demandante: Rosa Cecilia Santana Rodríguez

Luego, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional del Ahorro (FNA),
como un establecimiento público vinculado al otrora Ministerio de Desarrollo
Económico, que dentro de sus objetivos, en el artículo 2.º señaló:

« […]

a. Pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales;

b. Proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria, mediante el
reconocimiento de intereses sobre las sumas acumuladas a favor del empleado
o trabajador;

c. Contribuir a la solución del problema de vivienda de los servidores del
Estado;

d. Contribuir a la mejor organización y funcionamiento de los sistemas de
seguridad social y a la futura unificación de sus servicios;

e. Saldar el déficit actual por concepto de cesantías del sector público y
establecer sistemas adecuados y reservas suficientes para atender
oportunamente el pasivo a cargo del Estado por tal concepto, y

f. Promover el ahorro nacional y encauzarlo hacia la financiación no
inflacionaria de proyectos de especial importancia para el desarrollo económico
y social. […]»

Dicha disposición (Decreto 3118 de 1968) también ordenó que se debían
liquidar y entregar al Fondo Nacional del Ahorro las cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales de los ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y empresas
industriales y comerciales del estado del orden nacional, con excepción de las
de los miembros de las cámaras legislativas y de sus empleados, los miembros
de las Fuerzas Militares, la Policía y el personal civil del ramo de la defensa
nacional.

En relación con la liquidación de las cesantías, el artículo 27 del citado Decreto
3118 de 1968, determinó:

«[…] Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de enero
de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado
liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o
empleados.

La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador. […]».

Por lo tanto, con la expedición del referido Decreto 3118 de 1968, empezó en
el sector público el desmonte de la retroactividad de la prestación referida, para
dar paso al sistema de liquidación anualizado, que en principio no era aplicable
a los servidores públicos del orden territorial, quienes se encontraban sujetos
al régimen de cesantías dispuesto en las Leyes 6.ª de 1945 y 65 de 1946, esto
es, al retroactivo, no obstante, con las disposiciones que modificaron su
naturaleza y cobertura, permitieron la afiliación a este de los empleados de las

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Demandante: Rosa Cecilia Santana Rodríguez

entidades territoriales y sus entes descentralizados (Ley 432 de 1998 y
Decreto 1453 de 1998).

Por otra parte, la Ley 50 de 1990 cambió el régimen de cesantías en el sector
privado al anualizado, cuyas características fueron explicadas en su artículo
99 de la siguiente manera:

«[…] El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía,
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en
la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo
de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado
deberá pagar un día de salario por cada retardo. […]».

Por otro lado, el artículo 13 de la Ley 344 de 27 de diciembre de 199610,
extendió el régimen de cesantías fijado en la Ley 50 de 1990 a los servidores
públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia (31 de
diciembre de 1996), en virtud del cual, la liquidación definitiva debía realizarse
el 31 de diciembre de cada año.

Posteriormente, se expidió el Decreto 1582 del 5 de agosto de 199811 que
amplió el régimen de cesantías de que trata la Ley 50 de 1990 (anualizado) a
los servidores públicos del orden territorial, así:

«[…] El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos
del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien
a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104
y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores
públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el
establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
[…]».

En el caso de aquellos que se hubieran vinculado con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad y que decidieran
acogerse al previsto en la precitada Ley 344 de 1996, el artículo 3 del Decreto
1582 de 1998 previó el siguiente procedimiento:

«[…]

a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha
de la solicitud de traslado;

b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la seleccionada por el
trabajador;

10
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
11
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de
1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta
materia».

8
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01259-01 (3626-2022)
Demandante: Rosa Cecilia Santana Rodríguez

c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán
emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este
régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías,
con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de
los trámites legales necesarios para su expedición. […]».

Lo anterior, fue acogido por el Consejo de Estado, que en sentencia de
unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 201612, en la cual se señaló:

«[…] En ese orden, se puede decir que los empleados que ingresaron a la
administración pública con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344
de 1996, están cobijados por el régimen anualizado de liquidación de cesantías,
al igual que los vinculados con anterioridad pero que se hubieran acogido al
régimen anualizado, y para efecto de la liquidación y pago de esa prestación se
rigen por lo que en esa materia consagra la Ley 50 de 1990 y normas
concordantes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1582 de
1998. […]».

De conformidad con los términos señalados, coexisten dos regímenes de
cesantías, las retroactivas que son viables para quienes se vincularon a la
administración pública hasta el 30 de diciembre de 1996 y las anualizadas
creadas por la Ley 50 de 1990, inicialmente para el sector privado y que la Ley
344 de 1996 extendió a los servidores públicos vinculados con posterioridad a
su entrada en vigencia (31 de diciembre de 1996), incluidos los del nivel
territorial.

Sin embargo, para aquellos servidores con vinculación anterior a la Ley 344
de 1996 y beneficiarios del régimen retroactivo, el Decreto 1582 de 1998 les
concedió la posibilidad de acogerse u optar por el régimen anualizado de
cesantías, previa solicitud, liquidación total de la prestación y entrega del
emolumento al fondo de su elección, tal como lo previó en su artículo 3.°, como
procedimiento necesario para el precitado cambio.

Por otra parte, el Decreto 1252 del 30 de junio de 2000, en el artículo 2.°,
conservó el régimen de cesantías retroactivas para los servidores públicos que
a 25 de mayo de 2000 lo disfrutaban, hasta la terminación de la relación
laboral.

Y en el mismo sentido, el Decreto 1919 del 27 de agosto de 2002, que extendió
el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos de la rama
ejecutiva del poder público del orden nacional a los servidores del orden
territorial, en el artículo 3.° previó que: «[…] Los empleados públicos a quienes se
les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando
del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000
[…]».

Régimen de cesantías de los docentes

Conforme a lo señalado por esta Subsección13, el artículo 1.º de la Ley 91 del
29 de diciembre de 1989, «por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 25 de
agosto de 2016. Radicación 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16.
13
Sentencias de la Sección Segunda, Subsección A: (i) del 19 de octubre de 2017 (número interno 5010-
2015), del 27 de noviembre de 2017 (número interno 0472-2016), del 19 de enero de 2015 (número
interno 4400-2013) y del 25 de marzo de 2010 (número interno 0620-2009).

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01259-01 (3626-2022)
Demandante: Rosa Cecilia Santana Rodríguez

Sociales del Magisterio» distinguió entre docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, de la siguiente forma:

«[…] Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1.° de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]»

Asimismo, en el parágrafo del artículo 2.° ibidem estipuló cómo se
reconocerían y pagarían las prestaciones sociales causadas hasta la fecha de
promulgación de la mencionada Ley 91 de 1989, así:

«[…] Artículo 2. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y
las entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones
prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera:

Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con
las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha
de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de
conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento
de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975. […]».

Ahora bien, pese a que allí no se indicó el régimen de cesantías aplicable a
los docentes que la misma norma calificó como territoriales, lo cierto es que el
legislador creó el Fondo Nacional del Prestaciones Sociales del Magisterio
para atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y
nacionalizados vinculados a la fecha de promulgación de esta ley (91 de 1989),
con observancia del régimen ya señalado y de los que se vinculen con
posterioridad a ella, tal como lo previó el artículo 4.° ejusdem.

En similar sentido, esto es, el régimen prestacional de los docentes
nacionalizados, nacionales y aquellos que se vinculen a partir del 1.º de enero
de 1990, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, señaló:

«[…] Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas

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vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley. […]».

De manera particular, en lo que atañe a las cesantías, el numeral 3.° de este
mismo artículo señaló:

«[…] A.- Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un
auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año.

B.- Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional-.[…]».

Visto lo anterior, se concluye:

(i) que los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de
la entidad territorial, es decir, el sistema de retroactividad y;

(ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1.º de enero de
1990 (lo que según la definición contenida en los artículos 1.º y 2.º,
corresponde a los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen
a vincular en tal calidad, sin hacer distinción entre nacionales y territoriales),
se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional, esto es, un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad
y sujeto al reconocimiento de intereses.

De conformidad con dicha intelección, para los docentes nacionalizados
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el FNPSM pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente
por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no se ha
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario, sobre el salario
promedio del último mes.

Sobre el punto es válido resaltar que la aludida falta de distinción efectuada
por el Legislador en cuanto a la calidad de los docentes nombrados y
posesionados a partir del 1.° de enero de 1990, es el criterio fundamental para
verificar en sede administrativa y judicial cada caso presentado por los
docentes oficiales que solicitan la aplicación de uno u otro régimen de
liquidación de cesantías, por cuanto la finalidad de la norma para el sector
educativo era precisamente unificar la situación jurídica prestacional de sus

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01259-01 (3626-2022)
Demandante: Rosa Cecilia Santana Rodríguez

empleados, y de manera especial dicho auxilio en razón de la creación de un
solo fondo de cubrimiento nacional para responder por estas contingencias.

Al respecto se observa que el artículo 6.° de la Ley 60 de 1993, señaló que el
régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados que
se incorporen a las plantas departamentales o distritales, sin solución de
continuidad, y los de las nuevas vinculaciones, será el reconocido por la Ley
91 de 1989.

En este sentido, el personal docente que continuaba con vinculación
departamental, distrital y municipal14 sería incorporado al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio y se les respetaría el régimen prestacional vigente
de la respectiva entidad territorial.

Por tanto, la obligación de incorporar a los docentes departamentales,
distritales y municipales financiados con recursos propios de las entidades
territoriales al FNPSM, surgió con el Decreto 196 de 1995, que en el artículo
5.° previó que se debía respetar el régimen prestacional que tuvieran los
docentes al momento de su vinculación, y conforme a lo dispuesto en el
artículo 7.° ibidem el reconocimiento de las cesantías y los intereses sobre las
mismas, quedaba a cargo de la entidad territorial, cuando no se realizara dicho
traslado.

En suma, en materia prestacional los docentes cuentan con régimen especial,
gestionado por el FNPSM, creado como un patrimonio autónomo que,
mediante la celebración de un contrato de fiducia pública, atiende las
prestaciones sociales de los docentes en lo relacionado con salud, pensiones
y cesantías, para lo cual efectúa el pago de las prestaciones económicas y
garantiza la prestación de los servicios médico-asistenciales, con el objeto de
recaudar los recursos destinados a dicha finalidad.

De acuerdo con las consideraciones planteadas en el asunto sub examine, se
observa lo siguiente:

1. A través del Decreto 00846 del 29 de marzo de 1976 fue nombrada la
señora Rosa Cecilia Santana Rodríguez al servicio de la Secretaría de
Educación del departamento de Cundinamarca, sin categoría, en
secundaria comercio (folios 11 a 24). Tomó posesión de dicho empleo a
través del acta núm. 0456 del 22 de abril de la citada anualidad.

2. Certificación expedida por el asesor de la División de Desarrollo de
Personal Docente de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, en la
cual informó que la demandante prestó sus servicios en calidad de docente
departamental nacionalizado, desde el 29 de marzo de 1976 y hasta el 24
de mayo de 1994 cuando le fue aceptada la renuncia (folio 26).

3. Por medio de la Resolución 7517 del 19 de octubre de 2016, la Secretaría
de Educación de Bogotá en representación del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, reconoció a favor de la libelista un
monto de $25.247.672 por concepto de liquidación definitiva de sus
cesantías (folios 28 a 30).

14 Docentes designados por los entes territoriales sin el cumplimiento de las previsiones del artículo 10

de la Ley 43 de 1975, esto es, en plazas nuevas que no contaran con el aval de la Nación, los que
conservaban el régimen prestacional de cada entidad territorial.

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Para tal efecto, la entidad tuvo en cuenta como fecha de vinculación al
servicio docente, el 27 de mayo de 1994 y hasta el 22 de febrero de 2016,
sin interrupciones hasta la fecha de expedición del acto. Y sus cesantías
fueron liquidadas conforme al régimen anualizado, y con el descuento de
las cesantías parciales previamente abonadas a su favor el 24 de diciembre
de 2008 por un valor de $16.600.000, ello mediante Resolución 7696 de la
aludida calenda.

Al respecto, se evidencia:

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Demandante: Rosa Cecilia Santana Rodríguez

En virtud de los supuestos fácticos del presente caso, se colige que la señora
Rosa Cecilia Santana Rodríguez fue vinculada al servicio de la Secretaría de
Educación del departamento de Cundinamarca a partir del 22 de abril de 1976,
cuando aquella tomó posesión del cargo de docente en secundaria comercio
del mentado ente territorial, tal como se desprende de la respectiva acta núm.
0456 y del Decreto 00846 del 29 de marzo de 1976 que efectuó su
nombramiento.

Asimismo, se encuentra probado que la libelista presentó renuncia voluntaria
a dicha plaza, la cual fue aceptada por parte de la Secretaría de Educación a
través del Decreto 047 de 1994, con fecha de efectividad a partir del 24 de
mayo de la misma anualidad.

De igual manera, se evidenció de los fundamentos fácticos de la demanda y
de la parte motiva de la Resolución 7517 del 19 de octubre de 2016 que la
libelista fue nombrada al servicio de la Secretaría de Educación del Distrito de
Bogotá, desde el 27 de mayo de 1994, entidad donde laboró hasta el 22 de
febrero de 2016 por haber cumplido con la edad de retiro forzoso.

Lo anterior permite inferir que no se presentó solución de continuidad de la
relación laboral cuando a la señora Santana Rodríguez le fue aceptada su
renuncia por parte de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, esto es,
el 24 de mayo de 1994 y fue nombrada de manera posterior a través de la
Resolución 0515 del 29 de abril de 1994, con efectos desde el 27 de mayo de
1994 en la planta de docentes de la Secretaría de Educación de Bogotá, pues
tan solo transcurrieron 3 días entre cada uno de los mentados eventos.

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Demandante: Rosa Cecilia Santana Rodríguez

Ahora, esta Subsección15 ha indicado que la interrupción del tiempo de servicio
es óbice para la inclusión de dichos periodos en la liquidación del auxilio de
cesantías, pues si bien el legislador ha sido diáfano en prever que el trabajador
tiene derecho al pago de este beneficio por el tiempo laborado de manera
continua o discontinua, mal se haría al extender esta posibilidad cuando la
relación legal y reglamentaria se ha disuelto por la ausencia de los elementos
materiales y formales que configuran el vínculo laboral. Esta postura se ha
desarrollado en los siguientes términos:

«[…] El mentado derecho no es dable deprecarse cuando ocurran situaciones de
rompimiento del vínculo laboral por retiro del servicio y reingreso al mismo.
Precisamente, el artículo 5° del decreto 1160 de 1947 define como “servicio
discontinuo” para los efectos del auxilio de cesantía a que se refieren los artículos
1º y 2º de la ley 65 de 1946, aquel que realiza el empleado oficial dentro de una
misma relación jurídica de trabajo aunque haya suspensiones o interrupciones en
la labor autorizada por la ley, como licencias, incapacidades, servicio militar,
enfermedad, accidente de trabajo y demás situaciones laborales que no impliquen
terminación del vínculo laboral, de modo que opera la presunción legal de que no
ha existido solución de continuidad. […]».

Lo cual verificado en el caso bajo estudio no se demostró, pues contrario a lo
expuesto en la precitada providencia respecto a la improcedencia de deprecar
el reconocimiento del derecho prestacional cuando hubiere existido
terminación del vínculo laboral entre el interesado y la entidad a la cual se
efectúa la reclamación, la aquí demandante en ningún momento fue retirada
de su labor como profesional de la educación del orden público.

Según la relación probatoria que antecede, se observa que la Secretaría de
Educación de Bogotá mediante Resolución 7517 del 19 de octubre de 2016
reconoció y ordenó el pago de un auxilio de cesantías definitivas a favor de la
señora Santana Rodríguez por un valor de $25.247.672. Dicha situación le
permite a esta Subsección concluir que a la parte activa le había sido liquidado
con anterioridad el referido rubro correspondiente a su cesantía parcial, y en
ese orden, no se evidencia elemento probatorio alguno que demuestre alguna
objeción o devolución de dineros frente a dicha consignación por el concepto
prestacional aludido.

Por tanto, dado los limitados medios de convicción obrantes en el plenario
respecto a la forma de calcular las cesantías que le fueron abonadas el 24 de
diciembre de 2007 a la parte activa, así como los interregnos que se tuvieron
en cuenta para la liquidación de las mismas, mal se haría al asumir como cierta
la interpretación de la demandante tendiente a demostrar la procedencia del
recálculo de su beneficio prestacional en aplicación del régimen retroactivo, al
menos frente al período que no ha sido posible verificar en esta oportunidad.
Lo anterior en punto a que para la Sala no es evidente el hecho de si en la
Resolución 7696 de la aludida fecha se aplicó el régimen retroactivo o
anualizado frente a la prestación reconocida.

Como colofón de lo anterior, la Subsección considera que la parte activa, en
su calidad de docente oficial, sí tenía derecho a beneficiarse del régimen
retroactivo de desde el 22 de abril de 1976, en cuanto la liquidación anual
únicamente cobija a los docentes designados después de la vigencia de la Ley
91 de 1989. Aunado el hecho que no se advirtió que en algún momento hubiere
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 19 de agosto de 2010. Número interno: 1004-2007.

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Demandante: Rosa Cecilia Santana Rodríguez

existido solución de continuidad de la relación laboral de la docente con las
secretarías de educación.

Se agrega en este punto que la autoridad demandada no demostró a lo largo
del proceso que en todo caso hubiere podido haber existido una interrupción
en la labor de la demandante que implique no tener en cuenta dicha data como
la inicial de la prestación de sus servicios.

En línea con lo expuesto, esta Subsección16 ha sido enfática en señalar con
anterioridad que a efectos de determinar el sistema de liquidación del auxilio
de cesantías de los docentes, bien sean nacionales, nacionalizados o
territoriales, para ello resulta indispensable verificar la fecha de vinculación de
estos al Magisterio, pues aquellos maestros que ingresaron con anterioridad
al 1.° de enero de 1990, mantendrían el régimen prestacional previsto en la
normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el sistema de retroactividad.

Igualmente, en sentencia del 18 de enero de 201817, esta Subsección accedió
a las pretensiones del entonces demandante encaminadas al reconocimiento
de las cesantías parciales con efectos retroactivos, al considerar en aquella
oportunidad que no existió solución de continuidad en la relación laboral desde
sus vinculaciones temporales como docente y hasta la fecha de entrada en
vigor de la Ley 91 de 1989, pues se indicó que:

«[…] Sumado a lo anterior, subraya esta Sala de Subsección que la renuncia del
señor CHILITO CHILITO el 10 de julio de 1990 obedeció al traslado efectuado
a otra institución educativa, dado que conforme al acervo probatorio que reposa
en el expediente, se evidencia que a través del Decreto 656 de 10 de julio de 1990
se aceptó la renuncia del docente a su cargo, sin embargo a través de Decreto 657
de 10 de julio del mismo año fue nombrado en propiedad para desempeñar el cargo
de docente de tiempo completo de la Seccional de la Escuela Rural Mixta
Chalguayaco, tomando posesión del cargo el mismo día, es decir el 10 de julio de
1990.

A lo anterior cabe agregar que no hubo solución de continuidad y la entidad
apelante no demostró que se haya producido tal situación; tampoco reposa en
el expediente prueba alguna de que el régimen de cesantías del actor haya sido
modificado, pues no existe ninguna constancia de liquidación anualizada de
cesantías, ni tampoco alguna solicitud de retiro de cesantías parciales (anterior a
aquella con ocasión de la cual fueron expedidos los actos administrativos objeto
de controversia). […]». (Resaltado de la Subsección).

En esta última providencia se concluyó que había lugar a la aplicación del
régimen retroactivo de cesantías, por cuanto se probó que la vinculación
anterior a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 correspondió a la
continuidad que se mantiene en el vínculo laboral de la relación legal y
reglamentaria entre el empleado público y la institución educativa.

Como en efecto ocurrió en el sub iudice, pues el acervo probatorio que
constituye el dossier demuestra que la vinculación de la señora Rosa Cecilia
Santana Rodríguez transcurrió desde el 22 de abril de 1976 hasta el 22 de

16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 28 de marzo de 2019, radicación:
54001233300020160040401 (4015-2017), demandante: Jorge Enrique Acevedo Pérez; 4 de abril de
2019, radicación: 54001233300020160038501 (4023-2017), demandante: Ruth Socorro Albarracín de
Machuca.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de enero de 2018, radicación:
19001333100020110030501 (1733-2016), demandante: Juvencio Chilito Chilito.

16
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01259-01 (3626-2022)
Demandante: Rosa Cecilia Santana Rodríguez

febrero de 2016, y su labor fue prestada de forma continua e ininterrumpida
sin presentarse ruptura de la relación legal y reglamentaria con el
departamento de Cundinamarca y el Distrito Capital de Bogotá durante un
término superior a 40 años.

Pues al margen de que la demandante hubiere sido nombrada incorporada a
la planta de personal de la Secretaría de Educación de Bogotá, luego de haber
prestado sus servicios como docente en la Secretaría de Educación de
Cundinamarca, tal contexto no debe menguar o desmejorar sus derechos
adquiridos, pues tal como se expuso en líneas atrás, no se demostró que haya
existido una interrupción en el ejercicio de la labor.

En atención a lo desarrollado, es dable concluir que el a quo no incurrió en
ningún desacierto interpretativo al ordenar la nueva liquidación del auxilio de
cesantías parciales que fue reconocido a favor de la libelista mediante
Resolución 7517 del 19 de octubre de 2016, así como el descuento de los
montos que hubieren sido abonados por concepto de la misma prestación;
aspecto último que no fue objeto de controversia en sede de apelación.

En conclusión: el material probatorio y las consideraciones anteriores son
suficientes para demostrar que la vinculación laboral continua y de la cual se
derivan las cesantías objeto de la liquidación en litigio de la señora Rosa
Cecilia Santana Rodríguez como docente oficial ocurrió el 22 de abril de 1976,
es decir, con anterioridad al 1.° de enero de 1990, fecha prevista en el artículo
15 de la Ley 91 de 1989 para que entrara en vigor el sistema anualizado de
liquidación de cesantías allí contemplado.

Por lo que la demandante ostenta el derecho de que sus cesantías definitivas
objeto de la litis, le sean reliquidadas bajo el régimen retroactivo de que trata
Ley 6.ª de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y los Decretos
2567 de 1946 y 1160 de 1947.

Segundo problema jurídico

¿Es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la entidad que
debe responder materialmente por la condena de reliquidación y pago del
auxilio de cesantías parciales que se ordenó en la sentencia de primera
instancia?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: la Nación, Ministerio de Educación,
FNPSM es la autoridad que ostenta la competencia para reliquidar y pagar la
prestación objeto de debate, tal como se expone a continuación.

La entidad encargada del reconocimiento de las pensiones y
prestaciones de los docentes afiliados al FNPSM

Al respecto, es pertinente indicar que el Consejo de Estado18 ha señalado que
la entidad encargada del reconocimiento y pago de las prestaciones de los
docentes es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En
efecto, el artículo 5.º de la Ley 91 de 29 de diciembre de 1989 indica:

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 14 de febrero de 2013, número interno 1048 de 2012.

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«[…] El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los
siguientes objetivos:

1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado […]»

La citada norma señaló que quedarían automáticamente afiliados al fondo los
docentes nacionales o nacionalizados vinculados a la fecha de promulgación
de la citada ley, esto es, el 29 de diciembre de 1989 y, así mismo, el personal
vinculado con posterioridad, siempre que cumplieran los requisitos de afiliación
de naturaleza formal o normativa y económica. Esto debido al proceso de
nacionalización de la educación oficial llevado a cabo mediante la Ley 43 de
1975.

Por su parte, respecto al manejo de los recursos que integran el FOMAG, el
artículo 3.º de la Ley 91 de 1989, reguló que para tal efecto el Gobierno
Nacional suscribiría un contrato de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria
de naturaleza estatal o de economía mixta la cual se encargaría de ello.
Textualmente, señaló:

«[…] El Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia
mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido
cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo,
deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable
determinada con los costos administrativos que se generen. La celebración del
contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional […]».

Con posterioridad, por Decreto 1775 de 3 de agosto de 1990, artículos 5.º a
8.º, se reglamentó el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio de la siguiente manera:

«Artículo 5º Recepción de solicitudes. Las solicitudes relacionadas con el
reconocimiento y pago de prestaciones económicas del Magisterio, serán
radicadas en la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo
Regional.
La documentación sólo será radicada si llena los requisitos establecidos en las
normas reglamentarias.

Artículo 6º Estudio de solicitudes. Una vez radicada la solicitud, la oficina de
prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional, procederá a realizar el
estudio de la documentación.

Artículo 7º Liquidación. Realizado el estudio de la documentación, se procederá a
efectuar la liquidación respectiva con el visto bueno de la entidad fiduciaria.

Artículo 8º Reconocimiento. Efectuada la liquidación, el delegado permanente del
Ministerio ante el Fondo Educativo Regional, expedirá la resolución de
reconocimiento […]»

Finalmente el Decreto 2831 de 2005 en cuanto al trámite para el
reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del FNPSM prescribió:

«Artículo 2°. Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de
prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la
dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial
certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o
causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la

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sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo,
implementará un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de
reconocimiento de prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en forma simultánea en la respectiva entidad
territorial certificada y en la sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes
conocer electrónicamente el estado de su trámite.

Artículo 3°. Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de
2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que
pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada
a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas,
o la dependencia que haga sus veces.
Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:

1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con
el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte
la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.

2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los
recursos del Fondo y conforme a los formatos únicos por esta adoptados,
certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente
peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normatividad vigente.

3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la
sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto
con la certificación descrita en el numeral anterior del presente artículo.

4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y
administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones
económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962
de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites
administrativos a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos
previstos en la ley.

5. Remitir, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos
administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de este, junto
con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los
tres días siguientes a que estos se encuentren en firme.

Parágrafo 1°. Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean
interpuestos contra las decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento
aquí establecido y aquellas que modifiquen decisiones que con anterioridad se
hayan adoptado respecto del reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal
y penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la
autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01259-01 (3626-2022)
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de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos
de tal Fondo, carecerán de efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo.

Artículo 4°. Trámite de solicitudes. El proyecto de acto administrativo de
reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la
entidad que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta
docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad
fiduciaria que se encargue del manejo de los recursos del Fondo para su
aprobación.

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de
resolución, la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de
manera precisa las razones de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la
respectiva secretaría de educación.

Artículo 5°. Reconocimiento. Aprobado el proyecto de resolución por la sociedad
fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, deberá ser suscrito por
el secretario de educación del ente territorial certificado y notificado en los términos
y con las formalidades y efectos previstos en la ley. […]».

En suma, es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a
través de la fiduciaria que administra sus recursos, quien debe cancelar las
sumas y emolumentos que se reconozcan a los docentes afiliados al Fondo y
no a las entidades territoriales certificadas a las cuales pertenece dicho
personal.

Para el presente caso y en atención a los argumentos expuestos, es diáfano
que la obligación de la reliquidación y pago del auxilio de cesantías de la
demandante, le corresponde exclusivamente al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio y no a la Secretaría de Educación del Distrito de
Bogotá.

En efecto, las secretarías de educación de las autoridades como la del
departamento de Cundinamarca o del distrito de Bogotá, únicamente tienen a
su cargo elaborar el proyecto de resolución de reconocimiento de las cesantías
definitivas en este caso, en virtud de los artículos 2.° a 4.° del Decreto 2831 de
2005, para que sea aprobado o improbado por la entidad fiduciaria, por lo que
es el FNPSM el obligado a efectuar o materializar el pago que de la suscripción
del acto emane.

Lo mismo ocurre específicamente en este caso en el que se demanda un acto
administrativo que, pese a haber sido proferido por parte de la Secretaría de
Educación del distrito de Bogotá, dicha decisión se profiere en el marco de sus
funciones como representante del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio para esa circunscripción y no como autoridad obligada a
materializar la situación jurídica planteada, pues se reitera que la única entidad
normativamente responsable para asumir las cargas prestacionales
deprecadas es el Ministerio de Educación Nacional a través del mentado fondo
y no el ente territorial que actúa como intermediario entre el empleado docente
y la Nación nominadora.

En conclusión: sí le asiste la obligación a la Nación, Ministerio de Educación,
FNPSM frente al cumplimiento de la orden a título de restablecimiento del
derecho que se impuso en la sentencia del 16 de septiembre de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01259-01 (3626-2022)
Demandante: Rosa Cecilia Santana Rodríguez

Subsección A, pues quedó demostrado que esta recae inexorablemente sobre
la competencia del ente nacional y no en cabeza del ente territorial.

Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden, la Subsección confirmará la sentencia
impugnada en cuanto accedió a las pretensiones de la demanda, habida
cuenta de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada.

De la condena en costas

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201619, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP20, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que,
tratándose de costas en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público21.

19 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
20
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
21
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

21
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01259-01 (3626-2022)
Demandante: Rosa Cecilia Santana Rodríguez

Bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará en costas
a la parte demandada pese a haber resultado vencida en esta instancia, en
atención a que no se observa su causación, de conformidad con el numeral
8.º del artículo 365 del CGP, por no haberse surtido la etapa de alegatos de
conclusión en sede de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la
señora Rosa Cecilia Santana Rodríguez contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.

Undécimo: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa SAMAI
y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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