RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2019-01348-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01348-02

Fecha
13 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01348-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar fallida la apelación propuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y, por lo tanto, mantener incólume la sentencia de primera instancia del 28 de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 15

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01348-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

13 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01348-02 (7895-2023)
Demandante: Jorge Luis Lubo Sprockel
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1

Tema: Prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 28 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Jorge Luis Lubo Sprockel presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones 1433 del 3 de marzo de 2017, mediante
la cual se le negó el reconocimiento de la prima especial de servicios del 30%, y
3847 del 26 de abril de 2017, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición

1 En adelante DEAJ.
2 Con fecha de radicación en el acta individual de reparto del 16 de septiembre de 2019.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01348-02 (7895-2023)
Demandante: Jorge Luis Lubo Sprockel

y se concedió el de apelación, ambas emitidas por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca4; así como del acto ficto o
presunto originado por la omisión de la decisión frente al recurso de apelación
interpuesto contra la primera resolución.

2. Asimismo, solicitó la inaplicación por «inconstitucionalidad e ilegalidad» de los
artículos 8 de los Decretos 1024 de 2013, 874 de 2012, 1039 de 2011, 1388 de 2010
y 723 de 2009, 6 de los Decretos 658 de 2008 y 618 de 2007, y los que a futuro
expida el gobierno nacional en torno a la prima especial de servicio de que trata el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento y pago de «la prima especial de servicios de acuerdo a lo
establecido en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, es decir una vez conocido el 100% del
salario básico, desde el 21 de febrero de 2014 hasta la fecha y que se continúe con su
reconocimiento y pago hacia futuro en los términos reclamados»; ii) la reliquidación y el
pago de «los factor[res] salariales y las prestaciones sociales sobre el 100% del salario
devengado desde el 21 de febrero de 2014 hasta la fecha y hacia el futuro, como son el
sueldo básico, la prima especial de los servicios, las primas de servicios, de navidad,
vacaciones, bonificación por servicios prestados y las cesantías pasadas y futuras, que se
generen con su respectivo reajuste y los intereses a Cesantías»; iii) la indexación de las
sumas reclamadas de acuerdo con el artículo 187 del CPACA, así como el
reconocimiento de intereses corrientes y/o moratorios según el caso, en aplicación
de los artículos 192 y 193 del CPACA, «sin aplicación de prescripción alguna»; y iv) la
condena en costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes señaló los siguientes:

4.1. Jorge Luis Lubo Sprockel presta sus servicios a la Rama Judicial desde el 21 de
febrero de 2014 «y a la fecha continúa como juez 49 Administrativo del circuito judicial de
Bogotá».

4.2. El 20 de febrero de 2017 solicitó a la DESAJ de Bogotá el reconocimiento de los
efectos salariales y prestacionales sociales, teniendo en cuenta el 100% de la
asignación básica mensual, esto es, sin excluir de esa base de liquidación el 30%
al que se le había denominado prima especial de servicios sin carácter salarial, el
pago de la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992 y la diferencia
adeudada por esta durante todo el periodo laborado como juez 26 administrativo de
Bogotá.

4 En adelante DESAJ de Bogotá.

2

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01348-02 (7895-2023)
Demandante: Jorge Luis Lubo Sprockel

4.3. Mediante la Resolución 1433 del 3 de marzo de 2017, la DESAJ de Bogotá negó
la petición anterior.

4.4. El18 de abril de 2017, presentó recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación. A través de la Resolución 3847 del 26 de abril de ese año se repuso
parcialmente la decisión recurrida respecto de la asignación del cargo y la cédula
del peticionario y se concedió el de apelación.

4.5. «A la fecha de la realización de la audiencia extrajudicial de conciliación ante la
Procuraduría General de la Nación y a la fecha de la presentación de esta demanda, la
demandada no ha resuelto el recurso de apelación, configurándose en consecuencia el
silencio administrativo negativo desde el 12 de julio de 2017, conforme a lo normado en el
artículo 86 del CP.A.C.A.» (sic).

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como tales, señaló los artículos 2, 4, 6, 13, 53, 93, 189, numerales 10 y 11, y 335,
parágrafo, de la Constitución Política; 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992; 3, 10, 108 y 269
del CPACA.

6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente5:

6.1. Hubo un trato desigual e injustificado entre servidores públicos sometidos a igual
régimen legal, porque al expedir anualmente los decretos salariales, el gobierno
nacional desconoció lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 pues
mientras para los beneficiarios de la prima prevista en el artículo 15 ejusdem esta
constituyó un ingreso adicional que se suma a la remuneración, para los jueces a
los que está dirigida la prevista en el artículo 14 se ha aplicado como una
disminución del salario y de las prestaciones sociales.

6.2. Los decretos salariales que regularon la prima especial de servicios contrariaron
los principios y derechos constitucionales a obtener una remuneración proporcional
a la cantidad y calidad de trabajo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, el respeto a los derechos adquiridos, la situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho, la primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, la progresividad en materia
salarial y prestacional.

6.3. Fue inconstitucional e ilegal que, al sueldo básico, que anualmente establece el
gobierno nacional en los decretos salariales, se le reste el 30% para pagarse una
prima que no tiene carácter salarial y, por consiguiente, se excluya ese porcentaje

5 Folios 1 a 16.

3

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01348-02 (7895-2023)
Demandante: Jorge Luis Lubo Sprockel

para efectos de liquidar y pagar otros factores salariales y prestacionales. Con ello,
no solo resultó innocua la finalidad de nivelar salarialmente a sus destinatarios y
garantizar un ingreso adicional al salario devengado, sino que, además, la medida
tuvo un impacto negativo en el ingreso mensual y en las prestaciones sociales,
razón por la cual tales decretos eran inaplicables.

6.4. A pesar de la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, en la que se ha
reconocido el derecho que tienen los beneficiarios de la aludida prima a que sus
prestaciones sociales sean liquidadas sobre el 100% del salario, la DEAJ ha
desconocido ese criterio.

6.5. Por disposición constitucional, las autoridades administrativas no pueden invocar
motivos de disponibilidad presupuestal para menoscabar derechos ni restringir su
efectividad. Asimismo, mediante la reclamación administrativa no se solicitó otorgar
carácter salarial a la prima, atribución que, en efecto, corresponde al gobierno
nacional y no a la DEAJ, sino la correcta aplicación del artículo 14 de la Ley 4ª de
1992. Lo anterior, por cuanto, además de que se le negó el derecho a la prima allí
prevista, se redujo el salario y las prestaciones sociales a que tenía derecho.

1.2. Contestación de la demanda

7. La DEAJ se pronunció en los siguientes términos6:

7.1. A través de la sentencia del 2 de septiembre de 20197, el Consejo de Estado fijó
las reglas jurisprudenciales en torno a la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, al considerar que, en aplicación de los decretos
anuales de salario, la administración equivocadamente tuvo el 30% del salario como
la prima especial sin carácter salarial y, por lo tanto, liquidó las prestaciones sociales
y emolumentos laborales sobre el 70% de la remuneración. En todo caso, quedó
claro que el aludido reconocimiento no tiene carácter salarial.

7.2. De conformidad con el Decreto 272 de 2021«con efectos fiscales a partir del 1° de
enero de 2021, es preciso anotar, que a partir del mes de abril de 2021 se procederá el
pago por nómina mensual de la prima especial del 30%, como valor adicional a la
asignación básica»; sin embargo, resulta inviable presupuestalmente presentar
fórmula conciliatoria para las obligaciones anteriores al 1° de enero de 2021, toda
vez que «a la fecha no cuenta con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público» para cubrir el reconocimiento de tales acreencias
laborales.

6 Folios 74 a 79.
7 Radicado: 2016-00041-02, SUJ-016-CE-S2-2019

4

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01348-02 (7895-2023)
Demandante: Jorge Luis Lubo Sprockel

7.3. Operó el fenómeno de la prescripción de los derechos anteriores al 21 de febrero
de 2014, toda vez que la reclamación administrativa se radicó el 21 de febrero de
2017.

7.4. Con fundamento en lo anterior, propuso las siguientes excepciones de fondo i)
«imposibilidad presupuestal de reconocer los derechos reclamados por el actor»; ii)
prescripción; e iii) innominada.

1.3. La sentencia apelada

8. Mediante sentencia del 28 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:

PRIMERO. - Estese a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril del año 2014 proferida
por el Consejo de Estado dentro del expediente Nº 2007-0087-00. CP. Dra. MARIA
CAROLINA RODRÍGUEZ RUÍZ, en cuanto declaró la nulidad por inconstitucionalidad de
algunos artículos de los decretos reglamentarios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 e
inaplicar por inconstitucional todos los decretos que dieron un entendimiento diferente
en el sentido de disminuir el derecho a la prima, en cuanto no se considere un aumento
sino una disminución y a la sentencia de Unificación –SUJ-016-CE-S2-2019, proferida
por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – Sección Segunda
– Sala Plena de Conjueces – el dos (2) de septiembre de 2019. Conjuez ponente:
Carmen Anaya de Castellanos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

SEGUNDO.- Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No.
1433 del 3 de marzo de 201[7] y del acto ficto presunto negativo que resolvió el recurso
de apelación, expedidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por medio
de los cuales se negó a la demandante los derechos laborales reclamados, en razón a
que tiene derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales,
liquidados sobre la base del salario básico más el 30% de éste, que corresponde a la
prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en el
entendido de que dichos salarios fueron liquidados sobre el 70% de su salario básico,
para lo cual el 30% de la prima especial de servicios se debe sumar al salario y en cuanto
a las prestaciones sociales, deben ser liquidadas sobre la base de todo salario básico,
“sin lugar a detraer de la misma el 30% de la prima especial, por lo cual si ello ocurrió
así, se debe proceder a su reajuste”, durante el periodo supra relacionado.

TERCERO. - Condénase a la Nación – Rama Judicial a pagarle a la demandante Jorge
Luis Lubo Sprockel, el derecho que tiene a la reliquidación y pago de sus ingresos
mensuales, liquidados a partir del 21 de febrero de 2014 y hasta la fecha en que funja
o fungió en el cargo de Juez de la República sobre la base del salario básico más el
30% de éste, que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 y el derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus
prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo salario básico, “sin lugar a
detraer de la misma el 30% de la prima especial, por lo cual, si ello ocurrió así, se debe
proceder a su reajuste”, durante el periodo supra relacionado. Siguiéndose para su
liquidación y pago los parámetros fijados en esta sentencia, sin que en ningún caso se
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo que

5

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01348-02 (7895-2023)
Demandante: Jorge Luis Lubo Sprockel

ocupó la demandante en el periodo supra relacionado. Precisándose, además, que
aquellos funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios de que trata el
artículo 14 de la ley 4ª de 1992, sometidos al régimen del Decreto 610 de 1998, no podrá
superar en ningún caso el límite del 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Con la precisión de que la prima
especial de servicios de que trata la citada normatividad solo tiene carácter salarial para
la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para
aportes a seguridad social en salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.

CUARTO. - Desestímense las demás excepciones planteadas por la entidad
demandada.

QUINTO. - Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad con el
artículo 187 del CPACA, tomando como base la variación porcentual de los índices de
precios al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.

SEXTO. –Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios si se
dan los supuestos de hecho y de derecho.

SÉPTIMO. -Ordenar a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del
término previsto en los artículos 192 y 195 ibidem, acatando la Sentencia C - 188 de
1999.

OCTAVO. -Expídase por secretaría y entréguese al demandante, copia de esta
sentencia con la constancia de su notificación y ejecutoria. (Art. 114 núm. 2 CGP).

NOVENO. - Devuélvase a la parte actora el remanente que hubiese a su favor por
concepto del depósito de despensas para atender los gastos ordinarios del proceso.
DÉCIMO - Negar las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO PRIMERO. - Sin condena en costas en esta instancia.» (sic).

9. Para tal efecto, expuso lo siguiente8:

9.1. A través de las sentencias del 2 de septiembre de 2019 9, la Sección Segunda
del Consejo de Estado fijó pautas en relación con la prima especial de servicios, a
partir de las cuales se estableció que el referido emolumento constituye un valor
adicional al salario básico mensual y que es factor salarial para efectos pensionales.

9.2. El demandante se encuentra vinculado a la Rama Judicial y se ha desempeñado
como «Juez 26 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá desde el 21 de febrero de
2014 hasta el 30 de mayo de 2016; Juez 26 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
desde el 08 de septiembre de 2016 hasta la fecha» (sic), por lo que tiene derecho al
pago de la prima, la cual solo constituye factor salarial para efectos pensionales, y

8 Folios 94 a 103. Samai de Tribunales y Juzgados, índice 26.
9 sentencia SUJ-016-CE-52-2019

6

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01348-02 (7895-2023)
Demandante: Jorge Luis Lubo Sprockel

a la reliquidación y pago de las prestaciones sociales sobre la base del 100%, es
decir, «sin lugar a detraer de[l] mism[o] el 30% de la prima especial» (sic).

9.3. Jorge Luis Lubo Sprockel presentó la reclamación administrativa el 20 de febrero
de 2017, por lo que «se hallaría mérito para declarar probada parcialmente la excepción
de prescripción trienal respecto a las sumas causadas antes del 20 de febrero de 2014; no
obstante es claro que el demandante se vinculó como Juez desde el 21 de febrero de 2014,
y será a partir de esta fecha y hasta el día en que funja o fungió en el referido cargo, que
se le reconocerá el pago por concepto de prima especial de servicios a que tiene derecho,
como un emolumento adicional que asciende al 30% del 100% del salario básico y/o
asignación básica, aquellas causadas a partir del 21 de febrero y hasta la fecha en que
funja o fungió en el cargo de Juez u otro equivalente» (sic).

1.4. El recurso de apelación

10. La demandada presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia en los siguientes términos10:

10.1. De conformidad con la sentencia del 2 de septiembre de 201911, para el
reconocimiento de la reliquidación de prestaciones y la prima especial adicional del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se debe aplicar la prescripción trienal, teniendo
como fecha de exigibilidad del derecho la de la vinculación al cargo de juez,
prescripción que se interrumpe con la solicitud presentada ante la administración y
hay lugar a reconocer los 3 últimos años anteriores a la petición. Comoquiera que
el demandante radicó la petición el 21 de febrero de 2017 ante la Seccional de
Bogotá, las sumas reclamadas con anterioridad al 21 de febrero de 2014
prescribieron.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar12.

1.6. El Ministerio Público

12. El procurador delegado no emitió concepto en esta oportunidad13.

2. Consideraciones

10Folios 110 a 115. Samai Tribunales y Juzgados, índice 29.
11 Radicación 2016-00041-02.
12 Al respecto, ver auto del 30 de abril de 2025, visible a índice 18 de Samai.
13 De acuerdo con la constancia secretarial del 27 de junio de 2025, visible a índice 23 de Samai.

7

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01348-02 (7895-2023)
Demandante: Jorge Luis Lubo Sprockel

2.1. El problema jurídico

13. De acuerdo con el argumento expuesto en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia14, se circunscribe a establecer
¿si el recurso de apelación interpuesto cumplió con las cargas procesales exigidas
para su adecuada sustentación, o si, por el contrario, se configuró la apelación
fallida?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Principio de la doble instancia y el marco del recurso de apelación.
Apelación fallida

14. El principio de la doble instancia, elevado a canon constitucional en el artículo 31
de la Carta Política15, prevé que toda sentencia judicial podrá ser apelada, salvo las
excepciones que estipula la ley; esta garantía del derecho de impugnación, como
posibilidad de controvertir una decisión judicial, exige la presencia de un superior
funcional, quien participa como autoridad independiente, imparcial y de distinta
categoría en la revisión de una actuación previa. En suma, el principio de la doble
instancia encierra una de las más altas garantías establecidas en la Carta Superior,
por ello, es deber del juez, salvo las excepciones expresamente consignadas por el
legislador, procurar su realización y plena efectividad como garantía de los derechos
de impugnación y de contradicción que de ella subyacen.

15. No obstante, el acceso a dicho derecho no opera de manera deliberada; por ello,
el legislador ha establecido algunos requisitos de oportunidad y procedencia para
su efectividad que deben ser satisfechos a cabalidad, so pena de que el recurso de
apelación fracase, requisitos que dentro del procedimiento contencioso

14 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
15 ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que

consagre la ley.

8

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01348-02 (7895-2023)
Demandante: Jorge Luis Lubo Sprockel

administrativo quedaron preceptuados en los artículos 24316 y 24717 de la Ley 1437
de 2011. El primero, prevé que serán apelables las sentencias de primera instancia
dictadas por los jueces y tribunales administrativos; el segundo establece, el trámite
bajo el cual ha de surtirse la apelación señalando el término para la sustentación.

16. Porsu parte, la Ley 1564 de 2012 aplicable al procedimiento contencioso
administrativo por remisión del artículo 306 del CPACA, señala los fines y el alcance
de la apelación, como también el interés para interponerla, al precisar lo que a
continuación se transcribe:

«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia.
(…)

Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo
con las siguientes reglas:

(…)

Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la
audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su
finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia,
deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre
los cuales versará la sustentación que hará ante el superior».

17. Una lectura sistemática de las anteriores normas lleva a concluir que, al sustentar
la apelación, el recurrente debe señalar al ad quem las inconformidades frente a la

16 «ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El

nuevo texto es el siguiente: Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos
proferidos en la misma instancia».
17 «ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo

modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de
apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro
de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias
dictadas en audiencia.

[…]
3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá
mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el expediente por el
superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos.
4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en
segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de
apelación formulado por los demás intervinientes.
[…]
7. La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. En ella se ordenará devolver el
expediente al juez de primera instancia para su obedecimiento y cumplimiento».

9

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01348-02 (7895-2023)
Demandante: Jorge Luis Lubo Sprockel

decisión del a quo para que el superior revise los posibles errores en que se haya
podido incurrir en la primera instancia. La jurisprudencia, en relación con la carga
procesal de indicar los motivos de inconformidad frente a la decisión de primera
instancia, ha precisado18:

«Esta Corporación ha sostenido que la competencia funcional del juez de segunda
instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en
el recurso de apelación. Lo anterior significa que las competencias funcionales del juez
de la apelación, cuando el apelante es único, no son irrestrictas, pues están limitadas,
en primer lugar, por el principio de la non reformatio in pejus (art. 31 de la Constitución
Política y 328 del C.G.P), y en segundo, por el objeto mismo del recurso, cuyo marco
está definido, a su vez, por los juicios de reproche esbozados por el apelante, en relación
con la situación creada por el fallo de primera instancia.

Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por el
legislador, revisar temas del fallo de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación, como quiera que los mismos quedan excluidos del siguiente debate y, por
lo tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por completo la
controversia» (sic).

18. Entonces, cuando los argumentos expuestos en el recurso de apelación no se
dirigen contra el fondo de la decisión recurrida, al no existir correspondencia lógica
ni jurídica con los presupuestos del asunto que se resuelve, se presenta la apelación
fallida, lo que trae como consecuencia que permanezca incólume lo resuelto en
primera instancia. Ello materializa el debido proceso, teniendo en cuenta que la
decisión que debe adoptar el ad quem necesariamente debe guardar congruencia
con lo resuelto por el juez de primera instancia, razón por la cual, los argumentos
que se presenten en el recurso de apelación son los que eventualmente darán lugar
a que la providencia sea confirmada, revocada o modificada, según el caso.

19. También resulta importante hacer referencia al artículo 328 del CGP el cual
establece la competencia del superior en los siguientes términos:

«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio
de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en
razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados
con ella.

18 Expediente N° 08001-23-31-000-2006-00420-01(1832-15); C.P William Hernández Gómez.

10

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01348-02 (7895-2023)
Demandante: Jorge Luis Lubo Sprockel

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación.
Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

20. Visto lo anterior, debe concluirse que la competencia del superior se supedita o
limita al estudio de aquellos argumentos que fueron expuestos por el apelante, de
ahí que, si esos planteamientos no hacen referencia al tema de fondo que decidió
el a quo, no puede en segunda instancia efectuarse pronunciamiento alguno, lo que
trae como consecuencia que la apelación sea fallida. Frente al punto, esta sección
ha explicado lo siguiente:

«[…] Se debe precisar, a la altura de lo enunciado, que al no respetar el principio de
congruencia el recurso de apelación presentado por el apoderado del Ministerio de
Educación frente a la sentencia de primera instancia, la apelación es fallida y por
consiguiente se tiene por no presentado.

Lo anterior por cuanto el recurso de apelación demarca la competencia del juez de
segunda instancia y, por lo mismo, cuando los fundamentos de la apelación son extraños
al debate del sub judice por no corresponder a los mismos hechos analizados por el a
quo, se entiende como una apelación fallida, según lo ha sostenido el Consejo de Estado,
así: (…) En conclusión, se observa que los argumentos esgrimidos por el recurrente
como sustentación del recurso, en verdad, no están dirigidos contra el fondo de la
sentencia apelada, por no corresponder al caso que se juzga, lo cual impide en el fondo
desatar la apelación, es decir, ésta resulta fallida porque es imposible confrontar la
sentencia con una apelación de la misma que no lo es.

Así, realmente no existe apelación de la sentencia. Y esta situación impide conocer de
fondo el caso por la vía de la apelación (…)».

2.3. Caso en concreto

2.3.1. Hechos probados

21. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

21.1. Jorge Luis Lubo Sprockel se vinculó a la Rama Judicial desde el 21 de febrero
de 2014 y ha desempeñado los siguientes cargos19:

Cargo Despacho Fecha inicio Fecha fin
Juez del Juzgado 26 Administrativo del Circuito de 21/02/2014 31/10/2015
circuito Bogotá - Cundinamarca
Juez del Juzgado 26 Administrativo del Circuito de 01/11/2015 30/11/2015
circuito Bogotá - Cundinamarca
Juez del Juzgado 26 Administrativo del Circuito de 01/12/2015 30/05/2016
circuito Bogotá - Cundinamarca
Juez del Juzgado 26 Administrativo del Circuito de 08/09/2016 A la fecha
circuito Bogotá - Cundinamarca

19
Según consta en la Resolución 3847 del 26 de abril de 2017.

11

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01348-02 (7895-2023)
Demandante: Jorge Luis Lubo Sprockel

21.2. El 20 de febrero de 2017 solicitó a la DESAJ de Bogotá el reconocimiento de
los efectos salariales y prestacionales, teniendo en cuenta el 100% de la asignación
básica mensual, esto es, sin excluir de esa base de liquidación el 30% al que se le
había denominado prima especial de servicios sin carácter salarial, el pago de la
prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992 y la diferencia adeudada
por esta durante todo el periodo laborado como juez 26 administrativo de Bogotá20.

21.3. Mediante la Resolución 1433 del 3 de marzo de 2017, la DESAJ de Bogotá
negó la petición anterior, con fundamento en que: i) la prima especial de servicios
no tiene carácter salarial ni prestacional; ii) los decretos salariales que en la
actualidad rigen los salarios de los funcionarios de la Rama Judicial se encuentran
vigentes y, por lo tanto, se presumen legales, y la entidad, como autoridad técnica
y administrativa, está sometida al imperio de la ley y no le es posible inaplicarlos; y
ii) «el fallo proferido por el Consejo de Estado el 29 de abril de 2014 y demás»
relacionados, resolvieron «situaciones particulares, por lo que estas sentencias
surten efectos únicamente entre las partes que intervinieron en el proceso, es decir,
su aplicación es inter partes y no erga omnes» (sic); iii) los valores de los salarios
determinados para los cargos de la Rama Judicial no pueden ser modificados por
una autoridad administrativa; iv) la DEAJ como órgano técnico y administrativo en
su función de pagadora está sujeta a los lineamientos normativos que se encuentren
vigentes y, en esa medida, cumplió con su obligación. Razones por las que no podía
acceder a la nivelación salarial solicitada21.

21.4. El 18 de abril de 2017, presentó recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación22. A través de la Resolución 3847 del 26 de abril de ese año se repuso
parcialmente la decisión recurrida respecto de la asignación del cargo y la cédula
del peticionario y se concedió el de apelación23. Sin embargo, no obra prueba de
que la entidad se haya pronunciado al respecto.

2.3.2. Análisis sustancial del caso concreto

22. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, declaró la
nulidad de «la Resolución No. 1433 del 3 de marzo de 2014 y del acto ficto presunto
negativo que resolvió el recurso de apelación» y, a título de restablecimiento del
derecho, condenó a la DEAJ a reconocer y pagar al demandante i) «la reliquidación
y pago de sus ingresos mensuales, liquidados a partir del 21 de febrero de 2014 y
hasta la fecha en que funja o fungió en el cargo de Juez de la República sobre

20
Folios 30 a 37.
21 Folios 38 a 40.
22
Folios 42 a 49.
23
Folios 50 a 52.

12

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01348-02 (7895-2023)
Demandante: Jorge Luis Lubo Sprockel

la base del salario básico más el 30% de éste, que corresponde a la prima especial
de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992» y ii) la reliquidación
de las prestaciones sociales «sobre la base de todo salario básico, “sin lugar a detraer
de la misma el 30% de la prima especial, por lo cual, si ello ocurrió así, se debe proceder a
su reajuste”, durante el periodo supra relacionado». «Con la precisión de que la prima
especial de servicios de que trata la citada normatividad solo tiene carácter salarial para la
reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para aportes a
seguridad social en salud» (sic).

23. La DEAJ cuestionó la anterior decisión, en el entendido de que, comoquiera que
el demandante radicó la reclamación administrativa el 21 de febrero de 2017, las
sumas causadas con anterioridad al 21 de febrero de 2014 habían prescrito.

24. En ese orden de ideas, la Sala observa que el debate propuesto giró en torno al
reconocimiento de la prima especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 como una adición al salario básico, con la claridad de que sólo constituía factor
salarial para efectos de pensión de jubilación. Además, de que, como consecuencia
de la errónea interpretación de la mencionada disposición, el gobierno nacional al
fijar el régimen salarial de los empleados de la Rama Judicial había denominado
como prima especial lo que en realidad correspondía al 30 % del salario de los
servidores que tenían derecho a ella.

25. En consecuencia, que ese porcentaje, que hacía parte de la asignación básica,
había sido excluido de la base para la liquidación de las prestaciones sociales, lo
cual desconocía el derecho a que estas se liquidaran sobre el 100 % del salario
básico, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima
especial.

26. En esa línea, el fallo de primera instancia adoptó las órdenes antes transcritas.
Asimismo, aplicó los parámetros fijados en la sentencia de unificación del 2 de
septiembre de 2019 y, tuvo en cuenta lo dispuesto en los artículos 41 del Decreto
3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969. En ese contexto, precisó que el
demandante había presentado la reclamación administrativa el 20 de febrero de
2017, por lo que, en principio, las sumas causadas antes del 20 de febrero de 2014
estaban prescriptas. No obstante, al constatar que el demandante había ingresado
a la Rama Judicial el 21 de febrero de 2014, efectuó el reconocimiento a partir de
esa fecha.

27. Sin embargo, en el recurso la DEAJ solicita que se declare la prescripción de las
sumas reclamadas con anterioridad al 21 de febrero de 2014. Con ello, resulta
evidente que su inconformidad se sustenta en igual criterio al que ya fue aplicado
por el tribunal, pues pretende que la prescripción se declare a partir de la misma
fecha que fue tenida en cuenta en la sentencia recurrida. Por consiguiente, al no

13

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01348-02 (7895-2023)
Demandante: Jorge Luis Lubo Sprockel

existir un argumento de inconformidad frente a la decisión adoptada por el a quo, la
Sala declarará la apelación fallida.

2.4. Costas

28. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

29. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

30. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma24.

31. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

32. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.

3. Conclusión

33. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que se configuró una
apelación fallida, pues el argumento expuesto en el recurso se sustenta en igual
criterio al que ya había sido aplicado por el tribunal, pues pretende que la

24En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

14

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01348-02 (7895-2023)
Demandante: Jorge Luis Lubo Sprockel

prescripción se declare a partir de la misma fecha que fue tenida en cuenta en la
sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar fallida la apelación propuesta por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y, por lo tanto, mantener incólume la sentencia de primera
instancia del 28 de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

MAG

15

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.