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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01437-01

Fecha
10 de julio de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01437-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el ordinal quinto de la sentencia apelada que condenó en costas de primera instancia a la parte demandada. Segundo. Confirmar la sentencia proferida el once (11) de marzo de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso promovido por el señor Jorge Alberto Lagos León, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Sin condena en costas de segunda instancia. Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01437-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

10 de julio de 2024

1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01437-01 (2651-2022)
Demandante: Jorge Alberto Lagos León
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP

Tema: Indemnización sustitutiva.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia proferida el once (11) de marzo de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Jorge Alberto Lagos León instauró demanda contra la UGPP, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP025944 del 29 de agosto de 2019,
RDP018021 del 13 de junio y RDP021674 del 23 de julio del mismo año. A título de
restablecimiento del derecho se ordene a la UGPP reconocer la indemnización
sustitutiva a la que tiene derecho. Pagar los intereses moratorios correspondientes, la
indemnización por los perjuicios morales y materiales causados, el daño a la vida en
relación y la alteración a las condiciones de existencia. Cancelar de forma indexada
tales sumas. Condenar a la entidad en costas procesales y dar cumplimiento al fallo en
los términos del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601-350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01437-01 (2651-2022)

Que laboró para la Fiscalía General de la Nación y el extinto Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS. Que efectuó las cotizaciones tanto en la UGPP
como en Colpensiones, y que la última entidad le reconoció el pago de la indemnización
sustitutiva correspondiente.

Que goza de una pensión de invalidez reconocida por el Ministerio de Defensa
Nacional.

Que la UGPP, negó la indemnización sustitutiva reclamada, bajo el argumento de que
recibe doble asignación del tesoro público.

Que la prestación otorgada se encuentra excluida de la prohibición constitucional de
percibir más de una asignación, de acuerdo con la Ley 4.ª de 1992.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como violados los artículos 1.°, 2.°, 13, 25, 31, 42, 46, 48, 53, 90 y 209
constitucionales; 19 de la Ley 4.ª de 1992; y 1.° y 3.° de la Ley 100 de 1993.

Como fundamento expresó que la pensión percibida está regulada en la Ley 4.ª de 1992
y se encuentra excluida de las prohibiciones de doble asignación del tesoro, razón por
la que no existe fundamento para que la entidad insista en negar el reconocimiento de
la indemnización sustitutiva pretendida.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 11 de marzo de 2020 y notificada a la UGPP, quien se
opuso a las pretensiones argumentando que no hay lugar a lo reclamado, en tanto que
la indemnización sustitutiva que solicita el demandante ya fue reconocida por
Colpensiones. Adicionalmente, señaló que el señor Jorge Lagos recibe dos
asignaciones que provienen del tesoro público, pues este goza de una pensión de
invalidez, por lo que una tercera concesión de esta naturaleza contraviene el principio
de sostenibilidad financiera del sistema de la seguridad social.

Propuso las excepciones de falta de integración del litisconsorcio necesario en pasiva
de Colpensiones, inexistencia de la obligación, pago, improcedencia de la reparación
del daño con el pago de la indemnización por perjuicios morales y materiales; los
intereses de mora; reajustes; indexación y costas procesales, incompatibilidad
pensional, prescripción, buena fe y la genérica o innominada.

Mediante auto del 4 de octubre de 2021, se impartió el trámite de sentencia anticipada.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01437-01 (2651-2022)

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 11 de marzo de
2022, accedió parcialmente a las pretensiones. Declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados, ordenó a la administración cancelar la indemnización
sustitutiva pretendida debidamente indexada, y condenó en costas de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA.

Como sustento, señaló que la pensión de invalidez de origen militar que devenga el
actor es compatible con la indemnización sustitutiva que solicita, y que la UGPP omitió
realizar un análisis de las excepciones previstas en el artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992,
literal b). concerniente a aquellas prestaciones de naturaleza militar que perciben los
exfuncionarios de la Fuerza Pública.

Que la pensión de invalidez percibida por el demandante fue otorgada por el Ministerio
de Defensa Nacional con fundamento en el Decreto 1211 de 1990, normatividad
especial y exceptuada del régimen general que establece expresamente en su artículo
175 que las prestaciones militares entre sí son incompatibles, al igual que la pensión
de invalidez y el retiro por vejez, pero resultan ser totalmente compatibles con cualquier
otro sueldo derivado del desempeño de empleos públicos o con las pensiones de
jubilación e invalidez provenientes de entidades de derecho público.

Que es procedente la indemnización sustitutiva reclamada, dado que esta corresponde
a las cotizaciones que el señor Jorge Lagos realizó a Cajanal en los períodos en los
que laboró para la Fiscalía General de la Nación y el DAS, a fin de cubrir las
contingencias de vejez o invalidez del régimen general, y ante el incumplimiento de las
condiciones para el derecho, la entidad debe proceder a su reconocimiento.

De las pruebas remitidas indicó que los períodos solicitados por el demandante son
diferentes a los que reconoció Colpensiones, y en ese orden, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 3.° del Decreto 1730 de 2001, la UGPP debe asumir el pago de las
cotizaciones efectuadas en los siguientes períodos: del 12 de enero de 1993 al 4 de
octubre de 1994; y desde el 6 de octubre de 1994 hasta el 22 de enero de 2003, en
total 10 años y 10 días, equivalentes a 516 semanas.

RECURSO DE APELACIÓN

La UGPP expresó que el tribunal no tuvo en cuenta que las cotizaciones por los tiempos
laborados en el Departamento Administrativo de Seguridad, reclamadas fueron
reconocidos por Colpensiones a través de la Resolución DPE 7637 del 9 de agosto de
2019, circunstancia que impide acceder a las pretensiones.

Adicionalmente, advirtió que la pensión de invalidez otorgada al demandante por el
Ministerio de Defensa Nacional, es incompatible con la indemnización sustitutiva en
cuestión, puesto que ya recibe dos asignaciones que provienen del tesoro público.
Como sustento, citó el artículo 6.° del Decreto 1730 de 2001.

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01437-01 (2651-2022)

Que el juez desconoció el artículo 366 del CGP, dado que no existe fundamento alguno
que justifique la condena en costas, pues no se probó que la entidad actuara de mala
fe o de forma temeraria.

Solicitó que, en caso de confirmar la sentencia, se disponga sobre los respectivos
descuentos por concepto de salud, los cuales son de carácter obligatorio.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 29 de junio de 2022 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el señor agente
del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico.

La Sala debe determinar si es ajustada a derecho la decisión de primera instancia al
considerar que el señor Jorge Alberto Lagos León tiene derecho a la indemnización
sustitutiva contemplada en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 o si contrario a ello,
debe revocarse la sentencia por resultar dicho reconocimiento incompatible con la
pensión de invalidez otorgada por el Ministerio de Defensa.

Marco normativo y jurisprudencial

Indemnización sustitutiva

La Ley 100 de 1993 en su artículo 37 contempló la indemnización sustitutiva como una
prestación de la cual son beneficiarios las personas afiliadas al Régimen de Prima
Media con Prestación Definida, en caso de incumplimiento de los requisitos para
acceder al reconocimiento de la pensión de vejez.

«Artículo 37.- Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión
de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad
de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización
equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el
número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio de los
porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.».

Disposición que fue reglamentada por Decreto 1730 de 2001,1 que en el artículo 1.°
previó la procedencia de la indemnización como: sustitutiva de la pensión de vejez,
invalidez o sobrevivientes, situaciones que deben ocurrir «con posterioridad a la vigencia

1 Modificado por el artículo 1.° del Decreto 4640 de 2005.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01437-01 (2651-2022)

del sistema general de pensiones», expresión que fue declarada nula por esta Corporación
en sentencia del 14 de abril de 2005,2 por las siguientes razones:

«[…] En efecto, el hecho de que haya limitado la norma reglamentaria la indemnización
sustitutiva de la pensión por vejez sólo al hecho de que con posterioridad a la vigencia
de la Ley 100 de 1993 se cumplan la totalidad de los requisitos enlistados en el precitado
literal (edad, retiro del servicio y manifestación de la imposibilidad de seguir cotizando al
sistema) no permitiría que tal prestación se reconozca a los afiliados al sistema de prima
media con prestación definida afiliados a una administradora de este régimen, que
habiendo cumplido la edad bajo el régimen anterior se retiren del servicio bajo su vigencia,
sin el número de semanas exigidas para tener derecho a la prestación y declaren su
imposibilidad de seguir cotizando al sistema.

[…]

Es un principio de derecho incuestionable que las leyes rigen hacia el futuro, por lo que
una lectura ligera y desprevenida de la frase acusada de la norma reglamentaria daría
como resultado una conformidad con las previsiones de la ley reglamentada, sin embargo,
haciendo un estudio a fondo de la especificidad de categorías de afiliados y su derecho a
escoger la norma más favorable, lleva a la Sala a ser cuidadosa en su examen, por lo que
la limitación en cuanto al cumplimiento de la edad que trae la norma acusada, dejaría por
fuera a algunos afiliados que no obstante pertenecer al sistema, pues a la entrada de la
vigencia de la ley ingresaron a éste como afiliados forzosos, es decir cotizaron a dicho
régimen bajo las previsiones de la ley y se dieron los supuestos que ellas contemplan,
retiro del servicio e imposibilidad de seguir cotizando, quedarían privados de ese
beneficio, cuando ello no fue el querer del legislador. […]»

Sobre este punto, la Corte Constitucional ha señalado que:

«[…] es inválida cualquier interpretación restrictiva en la cual se establezca como
requisito adicional para acceder a la indemnización sustitutiva que el afiliado haya
cotizado al sistema a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 o que al momento de
la desvinculación del trabajador éste haya cumplido con la edad exigida para acceder
a la pensión de vejez, pues ello (i) contradice de manera directa los artículos 48, 49 y
366 de la Constitución Política, (ii) propicia un enriquecimiento sin causa de la entidad
a la cual se efectuaron los aportes y (iii) vulnera el principio constitucional de
favorabilidad en materia laboral, expresamente previsto en el artículo 53 superior. […]»

Se tiene que cualquier persona puede acceder a la indemnización sustitutiva prevista
en la Ley 100 de 1993, y que las exigencias o requisitos para ello pueden ocurrir antes
o después de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones.

El Decreto 1730 de 2002 en su artículo 2.° indicó que cada administradora de pensiones
en la que el trabajador haya realizado los aportes, deberá reconocer la referida
prerrogativa en atención al tiempo cotizado.

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de abril de 2005. Expediente: 11001-03-25-000-2003-

00112-01(0477-03).

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01437-01 (2651-2022)

«ARTICULO 2º- Reconocimiento de la indemnización sustitutiva. Cada
administradora del régimen de prima media con prestación definida a la que haya
cotizado el trabajador, deberá efectuar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva,
respecto al tiempo cotizado.

En caso de que la administradora a la que se hubieren efectuado las cotizaciones haya
sido liquidada, la obligación de reconocer la indemnización sustitutiva corresponde a la
entidad que la sustituya en el cumplimiento de la obligación de reconocer las
obligaciones pensionales.

En el caso de que las entidades que hayan sido sustituidas en la función de pagar las
pensiones por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, Fopep, será ésta la
entidad encargada del pago, mientras que su reconocimiento continuará a cargo de la
caja o fondo que reconozca las pensiones.

Para determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta la
totalidad de semanas cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 de 1993. […]».

Prohibición constitucional de percibir doble asignación del tesoro público

El artículo 128 de la Constitución Política de 1991 prevé:

«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público
ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el
de las descentralizadas.».

En desarrollo de este postulado constitucional, la Ley 4.ª de 1992, en su artículo 19,
dispuso:

«ARTÍCULO 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público,
ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.

Exceptuánse las siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón
de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. (Resalta la Sala).

PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más
de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.».

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01437-01 (2651-2022)

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo transcrito, mediante la
Sentencia C-133 del 1.° de abril de 1993, en la que precisó:

«[…] Si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo
es menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración de
los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más
cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que
provenga del erario público. El término "asignación" comprende toda clase de
remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada
pensional, etc. Siendo así, bien podía el legislador ordinario establecer dicha
incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de 1992, sin contrariar mandato constitucional
alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiere concluido que el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades para los funcionarios públicos debía ser regulado por
medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería inconstitucional,
por cuanto el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo. […]».

En este contexto, la prohibición constitucional de recibir más de un pago proveni ente
de recursos públicos incluye toda asignación que se constituya de aportes derivados
de sendas vinculaciones con el Estado.

Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado 3 sostuvo que el postulado
constitucional en comento hace referencia a «la imposibilidad de (I) desempeñar más
de un empleo público y (II) percibir más de una asignación que provenga del tesoro
público o (b) de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado».

En relación con la excepción prevista en el literal b). del artículo 128 constitucional, esta
Corporación, en sentencia4 del 8 de octubre de 2020, precisó que:

«[…] La interpretación que se ha hecho de la norma citada, que coincide con el artículo
144 del Decreto 1213 de 1990, indica que la excepción a la prohibición contenida en el
artículo 128 Constitucional y 19 de la Ley 4 de 1992 para los miembros de las fuerzas
militares y de policía solo opera cuando se devenguen salarios en otros empleos públicos
después del retiro, las asignaciones que tengan origen en la actividad militar o policial por
movilización o llamamiento colectivo y, cuando la pensión de jubilación e invalidez
provengan de entidades públicas distintas a las castrenses. […]». (Subraya la Sala).

En ese orden, y para lo que interesa al caso bajo estudio, se concluye que el grupo
conformado por los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional puede
percibir asignación adicional financiada con fondos del erario, siempre que provenga
de cargos públicos desempeñados con posterioridad al retiro del servicio.

Ahora, dicha norma debe estudiarse a la luz de lo dispuesto en el Decreto 1211 de
19905 que en su artículo 175 dispone:

«[…] Las asignaciones de retiro y las pensiones militares son incompatibles entre sí y
no son reajustables por servicios prestados a entidades de derecho público; igualmente
son incompatibles con las pensiones de invalidez o de retiro por vejez, pero el interesado
puede optar por la más favorable.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de

octubre de 2009. Radicado: 05001233100020010042301 (0262-2008).
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. sentencia del 8 de

octubre de 2020. Expediente: 20001-23-39-000-2016-00172-01(0909-18).
5 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares.».

7

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01437-01 (2651-2022)

Las asignaciones de retiro y las pensiones militares son compatibles con las pensiones
de jubilación e invalidez provenientes de entidades del derecho público. […]».

De igual manera, el Decreto 4433 de 2004 señala:

«Artículo 36. Compatibilidad de la asignación de retiro y pensiones. Las
asignaciones de retiro y pensiones previstas en el presente decreto, son
compatibles con los sueldos provenientes del desempeño de empleos públicos,
incluidos los correspondientes a la actividad militar o policial, por movilización o
llamamiento colectivo al servicio y con las pensiones de jubilación e invalidez
provenientes de entidades de derecho público.

Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente decreto,
son incompatibles entre sí y no son reajustables por servicios prestados a
entidades de derecho público, pero el interesado puede optar por la más favorable.
(Resalta la Sala).

Sobre lo preceptuado en el artículo 36 del Decreto 4433 de 2004 esta Sección 6 precisó
lo siguiente:

«[…] De lo anterior, es plausible concluir que pese a que las asignaciones de retiro están
investidas de la excepción legal de incompatibilidad, aquella no resulta absoluta, pues los
emolumentos a cargo del Tesoro que puede ser devengados de manera
concomitante, también están regulados y señalados taxativamente, a saber:

• Salarios por el desempeño de otros empleos públicos posteriores al retiro
• Asignaciones provenientes de actividad militar o policial por movilización o
llamamiento colectivo al servicio
• Pensión de jubilación e invalidez, provenientes de otras entidades de derecho
público.

Ahora, tal compatibilidad fue analizada por la Corte Constitucional en la sentencia C-432
de 2004. En aquella oportunidad la Corte sostuvo que tal compatibilidad entre pensiones
de jubilación o invalidez de entidades de derecho público, implica que estas se causen
con tiempos diferentes de servicio, pues «no es posible con un mismo tiempo obtener dos
prestaciones que tienen idéntica causa y objeto».

Así las cosas, las situaciones en las cuales se presente la concurrencia de la
asignación de retiro con cualquier otro emolumento proveniente del erario diferente
a las anteriores, se encontrará dentro de la prohibición general y resultará
incompatible. De manera inversa, la asignación que devengan los miembros activos de
la Fuerza Pública no ha sido incluida dentro de las excepciones legales que admiten su
compatibilidad con algún otro pago proveniente del erario. […]». (Negrilla fuera del texto
original).

Resolución del caso concreto

Los puntos objeto de controversia son: i). la improcedencia de la indemnización
sustitutiva en consideración a que ya fue reconocida por Colpensiones; ii).
incompatibilidad del beneficio pretendido con la pensión de invalidez concedida por el
Ministerio de Defensa Nacional; iii). la imposición de costas procesales.

6
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 68001 -
23-31-000-2011-00325-01(1638-15).

8

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01437-01 (2651-2022)

Para definir el objeto de la controversia, la Subsección analizará el material probatorio
remitido, el cual da cuenta de lo siguiente:

• Mediante Resolución 7686 del 1.° de noviembre de 1990, 7 el Ministerio de
Defensa Nacional reconoció una pensión de invalidez equivalente al 100%, en
favor del señor Jorge Alberto Lagos León de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1211 de 1990.

• Según certificado de información laboral 8 el señor Alberto Lagos laboró como
servidor público en la Fiscalía General de la Nación entre el 12 de enero de 1993
y 4 de octubre de 1994, 9 del 6 de octubre de 1994 al 22 de enero de 2003; y en
el DAS desde el 9 de noviembre de 2005 hasta el 28 de febrero de 2009, 10
períodos en los que cotizó en CAJANAL y en el ISS, respectivamente.

• Por Resolución DPE7637 del 9 de agosto de 2019 11 la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones ordenó el pago de la indemnización
sustitutiva, teniendo en cuenta que el interesado acreditó un total de 1.409 días
laborados, correspondientes a 201 semanas, en el lapso transcurrido entre el 1.°
de mayo de 2005 hasta el 25 de junio de 2009.

Como primer argumento de apelación, la UGPP señaló que en virtud de lo dispuesto
en el artículo 6.° de la Ley 1730 de 2001, no es procedente la indemnización sustitutiva
reclamada en tanto que Colpensiones reconoció el beneficio teniendo en cuenta los
tiempos de servicios que pretende en este asunto.

Advierte la Sala que la administradora Colombiana de Pensiones canceló la referida
prestación con base en las cotizaciones efectuadas en dicha entidad, en el lapso del
1.° de mayo de 2005 y el 25 de junio de 2009. En el precitado acto administrativo se
discriminó así:
ENTIDAD LABORÓ DESDE HASTA NOVEDAD DIAS
JORGE ALBERTO LAGOS LEON 20050501 20050531 TIEMPO SERVICIO 30
JORGE ALBERTO LAGOS LEON 20050701 20050831 TIEMPO SERVICIO 60
JORGE ALBERTO LAGOS LEON 20051001 20051130 TIEMPO SERVICIO 60
3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DA 20051101 20051114 TIEMPO SERVICIO 14
3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DA 20051201 20051231 TIEMPO SERVICIO 30
3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DA 20060101 20060228 TIEMPO SERVICIO 60
3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DA 20060301 20060331 TIEMPO SERVICIO 30
3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DA 20060401 20061031 TIEMPO SERVICIO 210
3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DA 20061101 20061130 TIEMPO SERVICIO 30
3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DA 20061201 20061231 TIEMPO SERVICIO 30
3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DA 20070101 20070228 TIEMPO SERVICIO 60
3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DA 20070301 20070331 TIEMPO SERVICIO 30
3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DA 20070401 20071031 TIEMPO SERVICIO 210

7 CD folio 77 (2020500500223062-3.pdf).
8 CD folio 77.
9 Cd folio 77 pdf. 7.
10 Cd folio 77 pdf. 6.
11 Folios 20 a 23.

9

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01437-01 (2651-2022)

3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DA 20071101 20071130 TIEMPO SERVICIO 30
3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DA 20071201 20071231 TIEMPO SERVICIO 30
3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DA 20080101 20080229 TIEMPO SERVICIO 60
3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DA 20080301 20080331 TIEMPO SERVICIO 30
3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DA 20080401 20081031 TIEMPO SERVICIO 210
3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DA 20081101 20081130 TIEMPO SERVICIO 30
3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DA 20081201 20081231 TIEMPO SERVICIO 30
3 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DA 20090101 20090228 TIEMPO SERVICIO 60
LATINAMERICAN POLYGRAPH INSTIT 20090301 20090314 TIEMPO SERVICIO 14
LATINAMERICAN POLYGRAPH INSTIT 20090401 20090425 TIEMPO SERVICIO 25
LATINAMERICAN POLYGRAPH INSTIT 20090501 20090525 TIEMPO SERVICIO 25
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No se observa en la liquidación los aportes realizados a la extinta Cajanal durante el
período en que el demandante ocupó el cargo de profesional universitario II en la
Fiscalía, desde el 12 de enero de 1993 hasta el 4 de octubre de 1994; y como
subdirector 118-23 en la Dirección de Contrainteligencia del Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS, del 6 de octubre de 1994 al 22 de enero de 2003.
Razón por la que, contrario a lo alegado, el análisis de la indemnización cuestionada
versa sobre tiempos de servicios distintos a los que fueron reconocidos por
Colpensiones.

En relación con el segundo punto de apelación, la entidad manifestó que existe
incompatibilidad entre la pensión de invalidez que fue reconocida en favor del señor
Jorge Alberto Lagos León y el beneficio solicitado en este asunto, al sostener que
ambas provienen del tesoro público, circunstancia que contraviene el principio de
sostenibilidad financiera del sistema de la seguridad social.

Conforme a la jurisprudencia y la normativa citada, el personal uniformado está
autorizado para devengar dos asignaciones del erario, considerando que dentro de las
excepciones a la prohibición establecida en el artículo 128 citado se incluyen los
miembros de la Fuerza Pública.

Sin embargo, esta excepción no es absoluta. Según lo estipulado en los Decretos 1211
de 1990 y 4433 de 2004, resulta incompatible percibir la asignación de retiro y las
pensiones militares de manera concurrente. Por lo tanto, solo pueden recibir una de las
anteriores prestaciones de forma simultánea con: 1). los salarios derivados de otros
empleos públicos posteriores al retiro; 2). las asignaciones provenientes de actividades
militares o policiales por movilización o llamamiento colectivo al servicio; 3). y las
pensiones de jubilación o invalidez de otras entidades de derecho público.

Cabe advertir sobre la materia, que la Corte Constitucional en sentencia C-432 de 2004
manifestó que la prohibición señalada en la disposición citada surge de otorgar más de
una asignación proveniente del tesoro público, cuando la causa o fuente de
reconocimiento sea la misma.

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01437-01 (2651-2022)

«[…] Por otra parte, la doctrina viviente a partir de la interpretación sistemática de los
Decretos-Leyes 1211, 1212, 1213 y 1214 de 1990, ha reconocido la incompatibilidad de la
asignación de retiro y de las otras pensiones militares, como prestaciones fundamentales
del régimen especial de los miembros de la fuerza pública.

Dicha incompatibilidad se origina en la prohibición constitucional de conceder más
de una asignación que provenga del tesoro público, cuya causa o fuente de
reconocimiento sea la misma, es decir, en este caso, la prestación del servicio militar
durante largos períodos de tiempo. Por ello, no es cierto como lo sostiene la accionante
que se trate de un beneficio adicional desproporcionado e irracional. Por el contrario, se trata
de una prestación susceptible de reconocimiento por el retiro del servicio activo (al igual que
la pensión de vejez) y que, por su propia naturaleza, es incompatible con otras pensiones
militares. Lo anterior, no es óbice para que se reconozcan pensiones de jubilación e
invalidez provenientes de otras entidades de derecho público, siempre que se causen
en diferente tiempo, provengan de distinta causa y tengan un objeto no
asimilable.[…]». (Resalta la Sala).

Bajo los supuestos que enmarcan el presente asunto, estima la Sala que no se
configuró la incompatibilidad a la que alude la UGPP, ya que las dos prestaciones tienen
causas diferentes. La pensión que recibe el señor Jorge Alberto Lagos se originó por
los servicios que prestó como servidor de la Armada Nacional y fue financiada
exclusivamente por el Ministerio de Defensa Nacional. Por otro lado, los aportes a
CAJANAL durante el período en cuestión fueron destinados a cubrir el riesgo de vejez
derivado de su empleo en la Fiscalía y el DAS.

Pues bien, según la Resolución 7686 de 1990, el retiro del señor Jorge Alberto se causó
por incapacidad absoluta y permanente, consolidándose entre otros derechos la
pensión de invalidez y que, para dicha fecha era beneficiario de la asignación de retiro,
sin embargo, optó por la primera prestación económica.

Posteriormente, se incorporó en la Fiscalía y el DAS, realizando los aportes a CAJANAL
y al ISS, respectivamente, durante el período comprendido entre el 12 de enero de 1993
y el 25 de junio de 2009, con el fin de cubrir el riesgo de vejez propio del régimen general
de la Ley 100 de 1993, para lo cual se encontraba legalmente facultado, ya que como
se ha explicado, un exservidor público con pensión militar puede vincularse
nuevamente al Estado y obtener pensión de jubilación proveniente de otras entidades
de derecho público.

No obstante, ante el incumplimiento de los requisitos establecidos en la norma para
adquirir el estatus de pensionado en el sistema general, las entidades de previsión a
las cuales cotizó el demandante, en este caso la UGPP y Colpensiones, deben
reembolsar los dineros que fueron aportados para el efecto, a través de la figura de
indemnización sustitutiva, en cumplimiento de la regla contenida en el artículo 2º del
Decreto 1730 de 2001 (compilado por el Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016).

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01437-01 (2651-2022)

Por lo tanto, dado que los dineros ya fueron pagados por Colpensiones basándose en
el período cotizado en esa administradora, corresponderá a la UGPP liquidar la
indemnización sustitutiva considerando el tiempo en el que laboró efectivamente para
la Fiscalía y el DAS de la forma en la que dispuso el tribunal.

En consecuencia, se impone confirmar en este aspecto el fallo apelado.

Finalmente, la Subsección se abstendrá de emitir pronunciamiento en relación con los
descuentos por los aportes a salud sobre la indemnización sustitutiva, dado que este
argumento solo se planteó con la alzada, sin que se advierta manifestación al respecto
en la primera instancia.

De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia

Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la condena en costas impuesta en
primera instancia, en consideración a que, para la entidad demandada, actualmente no
existe un fundamento que justifique la imposición de esta carga, solo por el hecho de
ser vencido en juicio, por lo que considera que esta orden debe ser revocada.

En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se ha sostenido a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021,
teniendo en cuenta la fecha de expedición de la sentencia de primera instancia (11 de
marzo de 2022).

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que
la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias proferidas a la luz de la nueva
normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el proceso, entre
ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado
en el inciso 2.º del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, mas no con base en el artículo
366 del CGP como lo adujo el demandada en su apelación, pues para estos efectos
existe la referida norma especial que debe ser aplicada en su integridad.

Por ello, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha situación a la luz de la
normativa vigente, así:

En el caso bajo estudio, aplicando el criterio anunciado, se observa que los
fundamentos expuestos en la contestación y en el recurso de apelación presentados

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01437-01 (2651-2022)

por la entidad accionada, no revisten una carencia de fundamentación legal que dé
lugar a la condena en costas. La parte pasiva en su escrito indicó razones en defensa
jurídica de sus intereses, por eso al no encontrarse acreditado tal presupuesto
normativo se revocará la condena en costas impuesta en primera instancia y se
dispondrá no condenar en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el ordinal quinto de la sentencia apelada que condenó en costas
de primera instancia a la parte demandada.

Segundo. Confirmar la sentencia proferida el once (11) de marzo de dos mil veintidós
(2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso promovido por el
señor Jorge Alberto Lagos León, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

Tercero. Sin condena en costas de segunda instancia.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

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