RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2019-01438-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01438-01

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01438-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor 28 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». 19 Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22) Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez Guillermo Arquímedes Moreno Páez, contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo.- Sin condena en costas de la segunda instancia. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01438-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

2 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-2022)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

Temas: Reliquidación pensión

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo, el señor Guillermo Arquímedes Moreno Páez, por
intermedio de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en orden a que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones:
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

i) GNR316851 del 10 de septiembre de 2014; ii) VPB18536 del 27 de febrero de 2015;
iii) GNR224486 del 29 de julio de 2016, iv) GNR58790 del 24 de febrero de 2017; v)
DIR5147 del 10 de mayo de 2017; vi) SUB164545 del 21 de junio de 2018; y vii)

DIR16833 del 17 de septiembre de 2018, mediante las cuales la Administradora

Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones, por una parte, reconoció y
reajustó su pensión de vejez, y por otra parte, negó sus solicitudes reliquidación con
inclusión de todos los factores salariales percibidos en el último semestre de
servicio.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
se condene a la entidad demandada a: i) reliquidar su pensión de conformidad con
lo dispuesto por el Decreto 929 de 1976 y demás normas concordantes, esto es,
con el 75 % del promedio de lo percibido por todo concepto durante el último
semestre del servicio; ii) reparar el daño con el pago de una indemnización de
perjuicios morales y materiales, daño a la vida de relación, y alteración de las
condiciones de existencia, debidamente indexados aplicando el IPC; iii) dar
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y
iv) condenar en costas a la demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El 10 de febrero de 1949, nació el señor Guillermo Arquímedes Moreno Páez,
razón por la cual está cobijado por el régimen de transición previsto en la Ley 100
de 1993.

ii) Cotizó al sistema de seguridad social en pensiones por más de 40 años, esto
es, durante toda su vida laboral.

iii) Actualmente tiene 70 años y supera los requisitos exigidos por la norma
aplicable bajo el régimen de transición (Decreto 929 de 1976), luego tiene derecho

2

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

al reconocimiento de su pensión con una tasa de remplazo del 75% del salario
promedio devengado durante el último semestre de servicio.

iv) No obstante, las resoluciones demandadas reconocieron su pensión
aplicando el régimen ordinario de la Ley 100 de 1993, por lo que fueron vulnerados
sus derechos fundamentales.

v) Tal como lo certificó la Contraloría General de la República, ingresó a laborar
el 16 de abril de 1976 y prestó sus servicios, inicialmente, hasta el 17 de marzo de
1989, y luego entre el 11 de octubre de 1996 y el 10 de agosto de 2016, completando
más de 33 años de servicio. Así las cosas, Colpensiones debió reconocer su
prestación con base en el régimen especial de dicha entidad.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1º, 2º, 13, 25, 31, 42, 46, 48, 53, 90 y 209 de
la Constitución Política, 7 de la Ley 929 de 1986, y 1 y 3 de la Ley 100 de 1993.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:

i) En el Estado social de derecho predomina el principio de confianza legítima;
sin embargo, el proceder de la entidad demandada lo está vulnerando al liquidar la
pensión del señor Moreno Páez con el promedio de los últimos 10 años de salario
y sin incluir todos los factores salariales devengados en el último semestre de
servicio.

ii) Según el principio de inescindibilidad, por encontrarse dentro del régimen de
transición la liquidación de su pensión se debió realizar aplicando las normas más
favorables a su caso, es decir, el régimen especial para los funcionarios de la
Contraloría General de la República contenido en el Decreto 929 de 1976 y no la
Ley 100 de 1993.

3

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

iii) Así pues, los actos administrativos demandados incurrieron en falsa
motivación al haber liquidado la mesada pensional con lo determinado en la Ley 100
de 1993 y al aplicarle al pensionado únicamente los postulados legales que le
favorecen a la entidad.

1.2. Contestación de la demanda

Colpensiones

La apoderada de la parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda 1
y expuso las siguientes razones de defensa:

i) Las resoluciones demandadas se expidieron conforme a la normatividad
vigente, y si bien el actor es beneficiario del régimen de transición pensional, no le
asiste derecho a la reliquidación, ya que la prestación se reconoció bajo los
postulados del artículo 7º del Decreto 929 de 1976, esto es, según lo establecido en
el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Lo anterior teniendo en cuenta que el ingreso
base de liquidación no fue sujeto a la transición prevista en el artículo 36 ibidem.

ii) Adicionalmente, en la liquidación de la prestación se tuvieron en cuenta los
factores salariales contemplados por el Decreto 1158 de 1994.

iii) Así las cosas, la reliquidación pensional en la forma solicitada por el actor
discrepa de los lineamientos jurisprudenciales establecidos en las sentencias T-078
de 2014, A-326 de 2014, SU-230 de 2015, T-060 de 2016, SU-427 de 2016, SU-
210/2017, SU 395 de 2017, SU 023 de 2018, SU-068 de 2018 y la T-109 de 2019
de la Corte Constitucional, así como la providencia del 28 de agosto de 2018 del
Consejo de Estado, en las que se ha dejado en claro que el modo de promediar la
base de liquidación no puede ser el estipulado en la legislación anterior, en razón a
que el régimen de transición solo comprende los conceptos de edad, monto y

1
Expediente electrónico, índice 15 de la plataforma SAMAI para los Tribunales y Juzgados.

4

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

semanas de cotización y excluye, taxativamente, el ingreso base de liquidación.

Propuso las excepciones de inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no
debido, prescripción, buena fe, y la genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia anticipada proferida el 18 de noviembre de 2021, 2 negó las
pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:

i) Como el demandante a 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, tenía más de 40 años, se hizo acreedor al régimen de transición
previsto en el artículo 36 ibidem; asimismo, como estuvo vinculado al servicio de la
Contraloría General de la República por espacio de 29 años, tiene derecho a que
en el reconocimiento de su pensión se apliquen las disposiciones del Decreto 929
de 1976, en cuanto a edad, tiempo de servicios y tasa de remplazo.

ii) Sin embargo, al accionante no le asiste derecho a la reliquidación de la
pensión con base en la asignación salarial devengada durante los seis meses
anteriores al retiro del servicio, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales fijadas
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020.

iii) En ese orden, resulta evidente que la liquidación de su pensión de vejez se
debe regir por las reglas establecidas por la jurisprudencia según las cuales el
ingreso base de liquidación a tener en cuenta corresponde al indicado en los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, y respecto a los factores, atenderá la regla
de cotización contemplada en el Decreto 1158 de 1994, sin que sea probable, en el
caso de los servidores de la Contraloría, acudir para tales efectos al lapso de
liquidación previsto en el artículo 7º del Decreto 929 de 1976 o a los factores
señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

2
Folios 88 al 96. Con ponencia de la magistrada Alba Lucía Becerra Avella.

5

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

iv) Así las cosas, el demandante no tiene derecho a la reliquidación de su
pensión de vejez incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados
durante el último semestre de servicio, pues el IBL corresponde al 75% del salario
promedio devengado durante los últimos 10 años, según el artículo 21 de la Ley 100
de 1993, en consideración a que para su entrada en vigor le hacían falta más de 10
años para consolidar su estatus pensional, y los factores a incluir son únicamente
los previstos por el Decreto 1158 de 1994, siendo esta la manera como le fue
reconocida la mesada pensional.

1.4. El recurso de apelación

El señor Guillermo Arquímedes Moreno Páez, actuando por intermedio de
apoderado, interpuso recurso de apelación3 en contra de la sentencia previamente
referenciada, y solicitó que se revoque la decisión y, en su lugar se acceda a las
pretensiones de la demanda. Como sustento de su recurso expuso lo siguiente:

i) La sentencia de unificación a la que alude la providencia recurrida, dictada
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, incurre en varias afirmaciones que
riñen contra los postulados de la Constitución Política, particularmente los
consagrados en los artículos 25 y 53, que representan derechos fundamentales
para el demandante. De suerte que no sea válido asentar, genéricamente, que el
principio de solidaridad afecte las garantías de favorabilidad, primacía de la realidad
sobre lo formal, confianza legítima, interpretación más favorable en la aplicación de
las fuentes formales del derecho, y otros similares, que adoptó el constituyente en
el artículo ibidem.

ii) Resulta anacrónico sostener que se pueden desechar o desestimar factores
que son claramente constitutivos del salario, para eliminarlos del cálculo del valor
de la pensión, simplemente porque, al parecer, no se cotizó sobre los mismos.
Recordó que de tiempo atrás tanto el Consejo de Estado, como la Sala de Casación

3
Expediente electrónico, índice 34 de la plataforma SAMAI para los Tribunales y Juzgados.

6

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo que han dicho es que se deben pagar
dichas cotizaciones o aportes si no se hizo en su momento, pero no desestimarlos
como factores salariales que inciden en el monto de la prestación social
correspondiente.

1.5. Pronunciamiento frente al recurso de apelación

Colpensiones no se pronunció respecto del recurso de apelación propuesto por el
demandante.4

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.5

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si el señor Guillermo Arquímedes Moreno Páez tiene
derecho a que se reliquide su pensión con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último semestre de servicio.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Del régimen especial aplicable a los funcionarios de la Contraloría
General de la República.

4
Folio 103.
5
Ibidem.

7

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

El régimen de prestaciones sociales de los servidores de la Contraloría General de
la República está previsto en las Leyes 6ª de 19456 y 65 de 19467, en los Decretos
Leyes 2567 de 19468, 929 de 19769, 720 de 197810 y en sus correspondientes
reglamentaciones.

Sobre la pensión de jubilación, el artículo 7° del Decreto Ley 929 de 1976, dispuso
lo siguiente:

Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al llegar a
los 55 años de edad, si son hombres y 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de
servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este
decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la
Contraloría General de la República a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación
equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último
semestre.

Como se observa, la norma determinó los requisitos fundamentales para obtener la
pensión de jubilación de los servidores de la Contraloría en cuanto a edad, tiempo
de servicio en 20 años, y la tasa de remplazo con el 75% del promedio de los
salarios devengados durante el último semestre de labores.

Sin embargo, en lo atinente a la manera en que deben liquidarse las pensiones,
únicamente hizo la siguiente precisión:

Artículo 9º.- Para liquidar las pensiones de que trata este Decreto y las demás
prestaciones establecidas o reconocidas por el presente Decreto, no se incluirán los
viáticos que haya recibido el empleado o funcionario, a menos que ellos sean de
carácter permanente y se hayan recibido, durante un lapso continuo de seis meses
o mayor.

6
Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo.
7
Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras.
8
Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre prestaciones a favor de los trabajadores oficiales.
9
Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.
10
Por el cual se establece el sistema de clasificación y nomenclatura de los empleos de la Contraloría
General de la República, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y
se dictan otras disposiciones.

8

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

No obstante lo anterior, el artículo 1º del Decreto 691 de 1994 incorporó a los
servidores públicos del orden nacional al sistema integral de seguridad social,
incluidos los de la Contraloría General de la República, a partir del 1º de abril de
1994, por lo que la cotización para pensión a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, correspondía a la base prevista en el artículo 6º del tal reglamento,
que fue modificado por el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, cuyo contenido
establece lo siguiente:

ARTÍCULO 1º. El artículo 6 del Decreto 691 de 1994, quedará así:

Base de cotización.

El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de
Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por
los siguientes factores:

a) La asignación básica mensual;

b) Los gastos de representación;

c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;

d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de
salario;

e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;

f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna;

g) La bonificación por servicios prestados;

2.2.2. La sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 sobre el régimen
pensional de empleados y funcionarios de la Contraloría General de la
República

En reciente sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, la Sección Segunda
del Consejo de Estado sentó jurisprudencia en materia de régimen pensional
aplicable a los empleados y funcionarios de la Contraloría General de la República
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 929 de
1976, en la que se dijo lo siguiente:

9

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con los requisitos del
Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en
cuanto a periodo corresponde a las variables previstas en los artículos 21 y 36 de
esta norma; y respecto a los factores, atenderá la regla de cotización contemplada
en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994.
(…)
Sentar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar
que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con los requisitos
del Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
en cuanto a periodo corresponde a las variables previstas en los artículos 21 y 36
de esta norma; y respecto a los factores, atenderá la regla de cotización
contemplada en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994.

Así las cosas, es claro que la mencionada regla jurisprudencial se acompasa con la
actual posición del Consejo de Estado en materia de Ingreso Base de Liquidación
aplicable a los beneficiarios del régimen de transición y a la marcada pauta de
enmarcar las liquidaciones pensionales alrededor de factores salariales que hicieran
parte del ingreso base de cotización para realizar los respectivos aportes al sistema
de seguridad social, en procura de garantizar la sostenibilidad financiera deprecada,
entre otros, en el Acto Legislativo 01 de 2005.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

2.3.1. Sobre la relación laboral del demandante

i) El señor Guillermo Arquímedes Moreno Páez nació el 10 de febrero de
1949.11

ii) El 6 de marzo de 2018, el director de gestión de talento humano de la
Contraloría General de la República certificó que el actor laboró como empleado

11
Folio 13.

10

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

público de ese órgano de control entre el 16 de abril de 1979 y el 17 de marzo de
1989, y del 11 de octubre de 1996 al 9 de agosto de 2016.12

iii) El 27 de septiembre de 2016, el director de gestión de talento humano de la
Contraloría General de la República expidió certificación de los salarios percibidos
por el demandante durante los últimos 6 meses de prestación del servicio (10 de
febrero al 09 de agosto de 2016) de la cual se desprende que devengó, además de
la asignación básica, primas de vacaciones, servicios, navidad e indemnización de
vacaciones.13 Sobre tales emolumentos no se realizaron descuentos para seguridad
social.

2.3.2. Sobre la reclamación de las prestaciones en litigio

i) El 10 de septiembre de 2014, por medio de la Resolución GNR316851,
Colpensiones reconoció al demandante una pensión de vejez en cuantía de
$2.444.500 con fundamento en las previsiones de la Ley 33 de 1985, cuyo ingreso
en nómina de pensionados quedó condicionado al retiro del servicio. 14

ii) Inconforme con la anterior forma de liquidación el apoderado del demandante
interpuso recurso de apelación, en el que solicitó dar aplicación al Decreto 929 de
1976 e incluir la totalidad de factores salariales devengados en el último año de
servicio.15

iii) El 27 de febrero de 2015, a través de la Resolución VPB18536, la entidad
demandada resolvió favorablemente el recurso de apelación incoado aumentando
la cuantía de la mesada a la suma de $2.560.625, con base en las previsiones del
Decreto 929 de 1976, y tuvo como ingreso base de cotización los factores salariales

12
Ibidem. Folio 58.
13
Expediente Administrativo digital, archivo 71, folio 2.
14
Folios 13 al 15
15
Folios 16 al 19.

11

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

que constituyeran una remuneración habitual y periódica establecidos en los
Decretos 720 de 1978, 1045 de 1978, y 1158 de 1994.16

iv) El 29 de julio de 2016, mediante la Resolución GNR224486, se dispuso la
inclusión en nómina de pensionados de la prestación del actor con una mesada
pensional de $2.733.979 efectiva a partir del 1º de julio de 2016, por retiro del
servicio oficial. En dicho acto se dio aplicación al Decreto 929 de 1976, se dispuso
una tasa de reemplazo del 75%, y para el IBL se tuvo en cuenta el promedio de lo
devengado en los 10 últimos años de servicio, tal como lo dispone la Ley 100 de
1993.17

v) Inconforme con dicha forma de liquidación el actor elevó recurso de apelación
el cual fue resuelto negativamente el 24 de febrero de 2017, con la Resolución
GNR58790, para lo cual adujo que la correcta liquidación de la prestación se debe

realizar conforme lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir,
con el promedio de los salarios devengados dentro de los 10 años anteriores al
reconocimiento de la prestación, por lo cual se estableció como IBL la suma de
$3.254.235, que por el 75% arrojó una cuantía de $2.440.676; no obstante, precisó
que como dicha suma es inferior a la cual se encontraba reconocida en nómina
($2.891.183), no había lugar a reliquidar dicha pensión, al paso que no resultaba
procedente incluir en la liquidación de la prestación la totalidad de los factores
salariales devengados en el último semestre de servicio teniendo en cuenta la
posición jurisprudencial de la Corte Constitucional.18

vi) El accionante recurrió dicha determinación, al considerar que la liquidación
de su pensión debe realizarse, además, con la totalidad de los factores de salario
devengados en el último semestre de servicio, de conformidad con lo dispuesto en
los Decretos 929 de 1976 y 720 de 1978.19

16
Expediente digital, archivo 15.13.
17
Folios 26 al 29.
18
Folios 38 al 41.
19
Folios 43 al 46.

12

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

vii) El 10 de mayo de 2017, a través de la Resolución DIR5147, Colpensiones
decidió desfavorablemente el recurso de apelación al indicar que en virtud del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, únicamente
le son aplicables los requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo
contemplados en el Decreto 929 de 1976, luego las demás condiciones para
acceder a la pensión de vejez se rigen por las disposiciones contenidas en la norma
ibidem. En ese orden, los únicos factores que se deben tener en cuenta al momento
de determinar el IBL son los contemplados en el artículo 1º del Decreto 1158 de
1994, siempre y cuando sobre los mismos se hubieran efectuado los aportes al
sistema general de pensiones.20

viii) El 23 de marzo de 2018, el señor Moreno Páez, por intermedio de apoderado,
solicitó la reliquidación de su mesada pensional para que fuera promediada con el
75% de todos los factores salariales devengados en el último semestre de servicio. 21

ix) El 21 de junio de 2018, con la Resolución SUB164545, Colpensiones negó tal
solicitud bajo el argumento de estar dando aplicación a lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-230 de 2015.22

x) El 17 de septiembre de 2018, por intermedio de la Resolución DIR16833, la
entidad demandada resolvió el recurso de apelación presentado contra la anterior
decisión confirmándola en todas sus partes e insistió en lo siguiente: 23

Que luego de realizar las respectivas operaciones de tipo legal y aritmético se
evidencia que el valor arrojado en el presente estudio de la liquidación es inferior al
inicialmente reconocido razón por lo que en virtud del principio de favorabilidad como
el principio «no reformatio in pejus», no es posible es mejorar la situación jurídica
consolidada del afiliado, toda vez que el valor arrojado en el presente estudio de la
liquidación es inferior al inicialmente reconocido por lo que se hace procedente negar
su solicitud.

20
Folios 48 al 53.
21
Folio 55.
22
Folios 56 al 60.
23
Folios 65 al 69.

13

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

Que el anterior estudio se ejecutó de conformidad con las más recientes posturas
constitucionales y lo ordenado en la circular 16 anteriormente indicada, haciéndole
saber que se tomaron en cuenta los factores salariales contenidos en el Decreto 1158
de 1994 y lo reportado por el empleador como ingreso base de cotización.

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

El motivo de inconformidad del recurrente radica en que la sentencia de unificación
del 11 de junio de 2020, sobre la cual el a quo sustentó sus consideraciones viola
los principios de favorabilidad, igualdad, prevalencia de la realidad sobre las
formalidades e inescindibilidad de los derechos adquiridos. Asimismo, adujo que le
asiste el derecho a que su mesada sea reconocida con la totalidad de los factores
salariales devengados en los últimos seis meses de servicios.

Pues bien, la Sala advierte que, tal como lo señaló el a quo, el precedente
jurisprudencial actual del Consejo de Estado para los destinatarios del régimen
especial de la Contraloría General de la República es el contenido en la sentencia
de unificación CE-SUJ-SII-020-2020 del 11 de junio de 2020,24 según el cual las
pensiones de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en
concordancia con el Decreto 929 de 1976, se deben liquidar: i) en cuanto a período,
atendiendo las variables previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993,25
ii) respecto de la edad, tiempo de servicios y tasa de remplazo, conforme lo
contemplado en el Decreto 929 de 1976, y iii) con inclusión de los factores salariales
señalados en el Decreto 1158 de 1994 frente los cuales se hubieran realizado los
aportes correspondientes al sistema de seguridad social.

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación de 11 de junio de 2020, radicado 05001-23-33-000-2012-00572-01.
25
Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento
de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.

14

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

De este modo, para la Sala es claro que lo resuelto por la autoridad pensional resulta
acorde con las reglas fijadas por esta Corporación en la sentencia de unificación del
11 de junio de 2020, pues definió el IBL de la pensión del accionante con el 75% del
salario promedio devengado durante los últimos 10 años, dando aplicación a lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en consideración a que para la
entrada en vigor de esa norma le hacían falta más de 10 años para consolidar su
estatus pensional, e incluyó los factores previstos por el Decreto 1158 de 1994 sobre
los cuales se realizaron cotizaciones, esto es, la asignación básica.

Incluso, se observa que, en garantía del principio de favorabilidad, Colpensiones
conservó el monto de la mesada estipulado en la Resolución VPB18536 de 2015,
aun cuando la prestación liquidada al momento de la inclusión en nómina de
pensionados era inferior, dando aplicación a dichas reglas de unificación, resultaba
menor.

En ese orden, si bien está acreditado que el señor Moreno Páez en los años 2015
y 2016 devengó, además de la asignación básica, los emolumentos de primas de
vacaciones, servicios, navidad e indemnización de vacaciones, conforme lo certificó
la Contraloría General de la República; lo cierto es que, se itera, el IBL de las
pensiones del régimen especial de dicha entidad está conformado por los factores
salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales se hubieran
realizado los aportes correspondientes.

De suerte que no sea posible acceder a las pretensiones de reliquidación de la
prestación con inclusión de todos los factores salariales relacionados en el párrafo
anterior y devengados por el actor en el último semestre de servicio, pues, se insiste,
la entidad demandada dio aplicación al contenido del Decreto 1158 de 1994.

Finalmente, no es de recibo para esta Sala el argumento expuesto en la apelación,
según el cual se debe acceder a la pretensión aquí deprecada, en aplicación de los
principios de favorabilidad, igualdad, prevalencia de la realidad sobre las
formalidades e inescindibilidad de los derechos adquiridos, los cuales,

15

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

presuntamente, riñen con las reglas plasmas en la sentencia de unificación del 11
de junio de 2020, por los motivos que pasan a explicarse.

La Sala debe precisar que el juez de lo contencioso-administrativo dentro de sus
deberes tiene el de velar por que se garantice la aplicación uniforme del derecho, lo
que supone que, ante supuestos fácticos y jurídicos similares, los administrados
puedan recibir el mismo trato jurídico. En salvaguarda de esta garantía resulta
necesario que apliquen de manera clara y pacífica los precedentes jurisprudenciales
emitidos por el Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción.

De allí que se predique, entre otras, la fuerza vinculante de las providencias emitidas
con propósito de unificación, pues las Altas Cortes, además de administrar justicia
en casos particulares, establecen los criterios de coherencia y uniformidad en la
práctica judicial que resultan vinculantes para los demás operadores jurídicos que
tengan a su cargo resolver casos similares.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:26

Así las cosas, la vinculatoriedad de los funcionarios judiciales al precedente de las
altas cortes en cada una de las jurisdicciones significa una garantía del derecho a la
igualdad frente a la ley. Es decir, como lo ha indicado este Tribunal, «[r]econocerle
fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado […] redunda en una mayor coherencia del
sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice con imperativos de adaptación
a los cambios sociales y económicos. De igual manera, la vinculatoriedad del
precedente garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad ante la
ley de los ciudadanos, por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera.
Así mismo, la sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las
Altas Cortes asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los
particulares».

En ese orden, se tiene que la obligatoriedad de aplicar la jurisprudencia de las Altas
Cortes permite que los usuarios de la administración de justicia puedan tener
confianza legítima sobre las normas que regulan sus relaciones jurídicas, por lo que

26
Corte Constitucional, Sentencia SU-611 de 2017.

16

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

se puede afirmar, además, que dicha exigencia orienta las decisiones judiciales, las
cuales estarán guiadas por un parámetro de igualdad que otorga seguridad jurídica.

Lo anterior sin perjuicio de que puedan presentarse cambios jurisprudenciales al
interior de la corporación, pues la labor interpretativa del derecho encargada a los
órganos de cierre es diaria y se acompasa con las realidades sociales. Estos
cambios están debidamente justificados y sobre los cuales, por regla general, se
determinan los parámetros de aplicación en el tiempo.

Es por ello que la Sala Plena de esta corporación indicó en la sentencia de
unificación del 11 de junio de 2020 que los efectos de la decisión de unificación
sobre el ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen especial de la
Contraloría General de la República se aplicarían de forma retrospectiva a todos
los casos pendientes de resolver, en atención al carácter vinculante que ostentan
ese tipo de providencias para los demás operadores judiciales. En síntesis, sostuvo
lo siguiente:

110. La sección segunda, por regla general, ha dado aplicación al precedente en
forma retrospectiva, efecto que se le dará a esta sentencia, disponiendo que la regla
jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos
similares que actualmente se están tramitando en el seno de la administración, y los
que llegaren a suscitarse; (ii) respecto de los procesos similares que se están
adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado, y los
futuros que se presenten. En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos
asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos
judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en consecuencia
resultan inmodificables.

111. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad
jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por
ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la inaplicación
de esta sentencia.

Teniendo en cuenta todo ello, la Sala observa que el Tribunal en su decisión dio
aplicación al precedente jurisprudencial que para el momento se encontraba
vigente, luego su análisis se ajusta al ordenamiento.

17

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

Adicionalmente, el apelante no expone ampliamente los motivos por los cuales
considera que el operador judicial debió apartarse de la decisión de unificación, ni
las razones que le llevan a afirmar la presunta vulneración de las mencionadas
garantías fundamentales.

Por lo expuesto, se impone confirmar la sentencia de primera instancia, pues no hay
posibilidad de incluir todos los factores salariales devengados durante el último
semestre de servicio, mientras el demandante estuvo vinculado en la Contraloría
General de la República, dada la actual posición del Consejo de Estado sobre la
materia.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201627, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total, parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro de
este), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida, esto es, el empleador o el trabajador (Acuerdo PSAA16-10554 de
5 de agosto de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura)
y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de

27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, C. P. William Hernández Gómez.

18

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su
liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las
costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única
instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda
instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el artículo 365 del
Código General del Proceso28, la Sala considera que no es dable condenar en
costas de segunda instancia, por cuanto no resultó probada su causación.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que no le asiste derecho al señor Guillermo
Arquímedes Moreno Páez a la reliquidación de su pensión con la inclusión de todos
los factores salariales devengados en el último semestre de servicio. En
consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia. Sin condena en
costas de la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que
negó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor

28
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

19

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01438-01 (2145-22)
Demandante: Guillermo Arquímedes Moreno Páez

Guillermo Arquímedes Moreno Páez, contra la Administradora Colombiana de
Pensiones, Colpensiones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo.- Sin condena en costas de la segunda instancia.

En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a
realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

20

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.