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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01460-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01460-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el Primero (1) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió a las súplicas de la demanda, conforme con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01460-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintitrés (23) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026).

Radicado: 250002342000201901460-01 (6923-2024)1
Demandante: Andrea Paola Cruz Cáceres
Demandada: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Nivelación salarial - abogado asesor de tribunales
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del Primero (1) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió
a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1.1. Pretensiones

1. Andrea Paola Cruz Cáceres acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho2 previsto en el artículo 138 del CPACA, con el
propósito de: (i) se declare la nulidad del oficio DESAJBOJRO18-6259 del 23 de marzo
de 2018 que resolvió negativamente la petición de inaplicación del Acuerdo PSAA15-
10402 de 2015 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura que creó el cargo de
abogado asesor grado 23 con el consecuente pago de diferencias salariales y
prestacionales; (ii) se declare la nulidad del acto ficto por no respuesta al recurso de
apelación interpuesto el 8 de mayo de 2018 contra el acto inicial; (iii) Como consecuencia
inaplicar por inconstitucional e ilegal el aparte “grado 23” contenido en el numeral 1° del

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Radicado de samai
2
Folio 1 y siguientes expediente físicos

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No. interno: 6923-2024
Demandante: Andrea Paola Cruz Cáceres
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

mencionado Acuerdo, al igual que el literal a) del artículo 17; (iv) se condene a la entidad
demanda a reconocer y pagar los valores indexados dejados de percibir por concepto de
la diferencia existente entre el salario y prestaciones que devengó desde el 1 de
diciembre de 2015 hasta la fecha e igual rubro establecido para los abogados asesores
según el numeral 2 del artículo 4 del Decreto 194 de 2014 y los demás proferidos en los
años subsiguientes.

Hechos

2. Por medio del Decreto 3241 del 30 de noviembre de 2015, la demandante fue
nombrada en el cargo de abogada asesora grado 23 de la Sala Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cundinamarca, empleo que ostenta en la actualidad o al menos
hasta la presentación de la demanda3, el 9 de octubre de 2019

3. El 29 de septiembre de 2017 formuló petición ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá solicitando que se inaplicara por inconstitucional e
ilegal el aparte “grado 23” contenido en el numeral 1 del artículo 16 d) y literal a) del
artículo 17 del Acuerdo PSAA15-10402 de octubre 29 de 2015 y se le paguen las
diferencias salariales y prestacionales dejadas de percibir.

4. La respuesta negativa fue notificada el 30 de abril de 2018 bajo el argumento que la
entidad demandada no tiene competencia para modificar o inaplicar las leyes y los pagos
se han efectuado conforme a los decretos de salarios expedidos por el Gobierno
Nacional.

5. El 8 de mayo de 2018 interpuso recurso de apelación contra la decisión inicial, pero
transcurrieron más de dos meses desde su radicación sin que se resolviera,
configurándose el silencio administrativo negativo.

Normas violadas y concepto de violación

6. La demandante sostuvo que los actos administrativos demandados quebrantaron la
literal e), numeral 19 del artículo 150 de la Constitución, la Ley 4ª de 1992 y los decretos
194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016 y 1013 de 2017.

3
Folios 3 y siguientes expediente físico

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No. interno: 6923-2024
Demandante: Andrea Paola Cruz Cáceres
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

7. Les endilgó a los actos demandados los cargos de: (i) infracción a las normas en que
debía fundarse, para lo cual adujo que el Consejo Superior de la Judicatura desconoció
los decretos anuales de incremento salarial expedidos por el Gobierno Nacional; (ii) falta
de competencia, en el entendido que ese mismo organismo carece de competencia para
modificar o disminuir el salario de los abogados asesores de los tribunales judiciales, toda
vez que tal facultad es reservada exclusivamente al Congreso y al Gobierno Nacional;
(iii) falsa motivación, apoyándose y transcribiendo apartes jurisprudenciales de algunos
tribunales administrativos del País.

Contestación de la demanda4

8. Se opuso a todas las pretensiones y refirió que los actos administrativos demandados
son acordes al ordenamiento jurídico y fueron expedidos en cumplimiento de las
funciones del Consejo Superior de la Judicatura. Además, contrario a lo sostenido en la
demanda, el cargo de abogado asesor grado 23 en cuanto a su remuneración se rige por
el artículo 6° del Decreto 194 de 2014 que para ese año dispuso un salario de $4.299.956
y no puede ser homologado al de abogado asesor nominado, es decir, sin grado.

9. Con base en ello planteó las excepciones de falta de causa para demandar, legalidad
de los actos administrativos, improcedencia de la inaplicación por inconstitucional y la
innominada.

Sentencia de primera instancia5

10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del primero (1) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), luego de
anular los actos administrativos demandados, accedió a las pretensiones de la demanda
y no condenó en costas a la entidad demandada, en los siguientes términos:

«INAPLICAR para el caso concreto por inconstitucional e ilegal, la denominación "Grado 23"
contenida en el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, que incluyó en forma permanente el empleo
Abogado Asesor Grado 23 en la planta de cargos de los Tribunales Administrativos; y del
Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 mediante el cual se sustituyó la denominación del cargo
“abogado asesor grado 23” por la de “profesional especializado grado 23”

Como Consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a
la NACION-RAMA JUDICIAL-DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL,
a pagar a señora PAOLA ANDREA CRUZ CACERES las diferencias salariales que
corresponde al cargo de abogado asesor de Tribunal, conforme a los Decretos expedidos por

4
Expediente físico, folios 124 y siguientes
5
Expediente físico, folios 166 y siguientes.

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Demandante: Andrea Paola Cruz Cáceres
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

el Gobierno Nacional, desde el 29 de septiembre de 2014 y en lo sucesivo mientras se
desempeña el mismo, y la respectiva liquidación de todas las prestaciones sociales que ha
devengado la actora, como primas, vacaciones, cesantías, bonificaciones y demás
emolumentos salariales y prestacionales causados y que se llegaren a causar, con base en el
salario que por ley le corresponda al cargo de Abogado Asesor de Tribunal. Así mismo
recompondrá la base de liquidación para efectos pensionales, y cotizará las diferencias al
respectivo fondo.

[…]
DECLARAR la PRESCRIPCION de los derechos económicos causados con anterioridad al
29 de septiembre de 2014.

11. Expuso el A-quo que el Consejo Superior de la Judicatura carecía de competencia
para crear un cargo paralelo de grado 23, con el único propósito de fijarle un salario
inferior al que el Gobierno Nacional le asignó al cargo nominado, lo cual disminuyó el
ingreso de la demandante, quien al ser nombrada en ese cargo tenía derecho al salario
fijado por el Ejecutivo y no al que por adicionarle a su denominación el grado 23, se le
pagó como innominado.

12. Aseguró que, el actuar de la administración fue inconstitucional e ilegal por cuanto
desconoció la primacía de los derechos de los trabajadores a recibir el salario y las
prestaciones preestablecidas para su cargo.

13. Frente a la prescripción advirtió que la petición en sede administrativa fue presentada
el 29 de septiembre de 2017, por lo cual tiene derecho a que se le reconozcan las
diferencias salariales y prestacionales a partir del 29 de septiembre de 2014 y en lo
sucesivo, siempre que ostente el cargo objeto de análisis.

Recurso de apelación6

14. La entidad demandada formuló el referido recurso frente a la sentencia de primera
instancia, aduciendo que desconoció las facultades del Consejo Superior de la
Judicatura, pasó por alto las condiciones para inaplicar una norma por inconstitucional o
ilegal y se apoyó en un precedente que no es vinculante para el caso concreto.

15. Expresó que, si bien la providencia impugnada se apoyó en una sentencia de
unificación, la regla se refiere a los empleos de abogado asesor grado 23 únicamente de
los tribunales administrativos, posición que no es vinculante para el presente caso.

6
Expediente físico, folios 181 y siguientes

5

No. interno: 6923-2024
Demandante: Andrea Paola Cruz Cáceres
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

16. Aseveró que el Consejo Superior de la Judicatura es la autoridad encargada de
reglamentar lo relacionado con la carrera judicial, definir las funciones y requisitos de los
empleos de la Rama Judicial y determinar las plantas de personal, conforme al artículo
257-3 de la Constitución, por lo que no se abrogó la competencia de fijación del régimen
salarial, pues la misma si se encuentra fijada por el Gobierno Nacional, ya que el cargo
de abogado asesor grado 23 se rige en cuanto a su remuneración por lo dispuesto en el
artículo 6° del Decreto 194 de 2014 y no puede ser homologado al de abogado asesor
nominado, es decir, sin grado.

Trámite de segunda instancia

17. Mediante auto de treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)7, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación y se abstuvo de impartirle trámite a la
solicitud de extensión de jurisprudencia que había sido presentada por la parte actora.
Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de
la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado
a las partes para alegar.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

18. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el juez de segunda instancia solo
tiene competencia para pronunciarse sobre los argumentos expuestos en el recurso.

Problema jurídico

19. De acuerdo con los reparos exhibidos en el recurso de apelación, corresponde a la
Sala dilucidar si la sentencia de primera instancia desconoció las facultades del Consejo
Superior de la Judicatura, pasó por alto las condiciones para inaplicar una norma por

7
Samai 011
8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia».

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No. interno: 6923-2024
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inconstitucional o ilegal y se apoyó en un precedente que no es vinculante para el caso
concreto. A partir de allí, verificar si debe revocarse o confirmarse.

Marco normativo y jurisprudencial

20. Conforme lo prevé el artículo 150 de la Carta Política (numeral 19, letras e y f)
corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, miembros del Congreso, fuerza pública y trabajadores oficiales y,
en cumplimiento de ello, expidió la Ley 4ª de 1992 en la cual señaló las normas, objetivos
y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para tal fin.

21. Con base en los parámetros indicados en la Ley 4ª de 1992 (artículo 14), El Gobierno
Nacional expidió el Decreto 57 de 19939, en el cual estipuló que el Consejo Superior de
la Judicatura establecería los requisitos y condiciones para la incorporación del personal
a los diferentes grados [artículo 11]. En cuanto a la remuneración mensual de los empleos
de la Rama Judicial y de la justicia penal militar, preceptuó:

«Artículo 3o. A partir del 1° de enero de 1993 la remuneración mensual de los empleos de la
Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:
[…]
2. Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de
los Consejos Seccionales de la Judicatura:
REMUNERACIÓN
DENOMINACIÓN DEL CARGO
MENSUAL
Magistrado de Tribunal Nacional
1.937.500
de Orden Público
Magistrado de Tribunal y
1.812.500
Consejo Seccional
Magistrados y Fiscales del
1.812.500
Tribunal Superior Militar
Abogado Asesor 1.125.000
Secretario de Tribunal y Consejo
750.000
Seccional
Relator 750.000
Secretario de Tribunal Militar 625.000
Sustanciador 468.750
Oficial Mayor 468.750
Auxiliar Judicial 468.750
Escribiente 325.000
[…]
Artículo 4o. La remuneración mensual para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal
Militar cuya denominación del cargo no esté señalada en el artículo anterior, se regirá por la
siguiente escala:
GRADO Remuneración
[…] [...]
23 820.238

9 Por el cual se dictan normas sobre el Régimen Salarial y Prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la
Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.

7

No. interno: 6923-2024
Demandante: Andrea Paola Cruz Cáceres
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

[…] […]»

22. De lo anterior se colige que el Decreto 57 de 1993, fijó el salario para el cargo de
abogado asesor de los tribunales judiciales sin grado y en los casos que no determinó la
remuneración mensual de los empleos de la Rama Judicial, se establece según el grado
del empleo.

23. Luego, la Ley 270 de 199610, en su artículo 85 [numeral 9], previó como función de la
entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura «[d]eterminar la
estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir,
fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su
desempeño que no hayan sido fijados por la ley».

24. Con la reforma de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, mediante la Ley
2430 de 2024, esta atribución quedó consagrada en el [numeral 13] del artículo 13
que modificó el 85 de la Ley 270 de 1996 así: «Determinar la estructura y planta de personal
de las corporaciones judiciales y los Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y
trasladar cargos en la Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su
desempeño que no hayan sido fijados por la Ley, previo concepto de la Comisión
Interinstitucional.
En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones
que excedan el monto global fijado para el servicio de justicia en la ley de apropiaciones iniciales.»

Reglas de unificación en relación con la remuneración de los abogados
asesores, grado 23, de los tribunales judiciales

25. La sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-2023 de 2 de noviembre de 2023, de la
Sección Segunda de ésta Corporación, estudió lo concerniente a la remuneración del
empleo denominado «abogado asesor grado 23» de «Tribunales Judiciales, del Tribunal
Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura»; toda vez que, aunque
el cargo estaba previsto y debidamente nominado en los decretos anuales que fijaban los
salarios y prestaciones del sector, la DEAJ venía pagando la remuneración mensual
correspondiente al grado 23, que resultaba menor, pese a que las asignaciones
establecidas con grados solo son aplicables para los cargos que no tienen nominación
específica.

10
Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

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No. interno: 6923-2024
Demandante: Andrea Paola Cruz Cáceres
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26. La revisión de aquella contingencia, originó la expedición de la siguiente regla de
unificación jurisprudencial:

PRIMERO.- UNIFICAR la jurisprudencia en el sentido de señalar que “El Consejo Superior de la
Judicatura carece de competencia para asignar a los cargos nominados, grados, códigos y
remuneración diferentes a los previstos en el Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales
expedidos por el Gobierno Nacional en los que se regule el régimen salarial y prestacional de los
empleados de la rama judicial. Esta potestad corresponde al presidente de la República en
desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración
del cargo de “abogado asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos, es la fijada para
el «abogado asesor» en los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la
materia”. (Resalta la Sala)

27. Sin embargo, esta Corporación advirtió que la denominación del empleo de «abogado
asesor grado 23» fue modificada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante
Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022, razón por la cual consideró:

«En virtud de lo anterior, se concluye que a partir del 1.° de julio de 2022, el servidor que venía
en el cargo de “abogado asesor grado 23”, y que pasó a llamarse profesional especializado
grado 23 debe ser remunerado como abogado asesor nominado de Tribunal, de acuerdo con
los decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las competencias
señaladas en la Ley 4ª de 1992, es decir, atendiendo al artículo 4.° de los Decretos 1039 de
2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y siguientes que expida el gobierno nacional.»

28. Conforme a la citada regla de unificación jurisprudencial, queda claro que sus efectos
se extienden únicamente a quienes (i) ocuparon el cargo de «abogado asesor grado 23»,
o (ii) lo estaban desempeñando en ese momento, sin que valga extenderlas a otras
situaciones similares, a fin de evitar interpretaciones forzadas y garantizar igualdad y
seguridad jurídica.

Hechos probados

29. Por medio del Decreto 3079 del 2 de febrero de 2015, la demandante Andrea Paola
Cruz Cáceres fue nombrada en provisionalidad en el cargo de abogada asesor grado 23
en la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, posesionándose en esa misma fecha.11

30. A través del Decreto 3241 del 30 de noviembre de 2015, la misma Sala Civil del
Tribunal Superior de Bogotá, la designó como abogada asesora grado 23 en propiedad,
cargo para el cual tomó posesión el primero (1) de diciembre de esa anualidad.12

11
Folios 63 frente y vuelto, expediente físico
12
Folio 52 frente y vuelto, expediente físico

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No. interno: 6923-2024
Demandante: Andrea Paola Cruz Cáceres
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

31. Según constancia de tiempo de servicio, la actora, hasta el 14 de julio de 2017, fecha
del documento, ostentaba el cargo de abogada asesora grado 23 en la sala 011 civil del
Tribunal Superior de Bogotá, con una asignación básica de $5.177.386 y una bonificación
judicial de $2.406.545.13

32. Por medio de escrito presentado el 29 de septiembre de 2017, la demandante solicitó
a la DEAJ Bogotá-Cundinamarca, inaplicar por inconstitucional e ilegal el aparte “grado
23” contenido en el numeral 1 del artículo 16 y en la literal a) del artículo 17 del Acuerdo
PSAA15-10402 de octubre 29 de 2015 por medio del cual se crearon cargos de carácter
permanente, entre ellos el de abogado asesor grado 23. Como consecuencia de ello, se
le reconozca y pague el salario, prestaciones sociales y demás emolumentos, conforme
a la asignación salarial establecida en el numeral 2 del artículo 4 del Decreto 194 de
2014, modificado por los sucesivos que expidió anualmente el Gobierno Nacional para
incrementar ese rubro, así como la diferencia entre lo pagado y lo que debió pagar.14

33. Mediante oficio DESAJBOJRO18-6259 del 23 de marzo de 2018, la entidad
demandada negó lo solicitado aludiendo facultades constitucionales y legales del
Consejo Superior de la Judicatura para crear cargos en la Rama Judicial entre ellos el
de abogado asesor de tribunal.15

34. La demandante formuló recurso de apelación en contra del anterior acto
administrativo, pero no fue decidido, tal como lo reconoció la misma entidad demandada
en su réplica de la demanda.16

35. La coordinadora del área de talento humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Bogotá-Cundinamarca, expidió certificado del veintinueve (29)
de diciembre de dos mil veinte (2010), en el que se reflejan los cargos desempeñados
por la actora, puntualmente el de abogado asesor grado 23, primero en provisionalidad,
luego en descongestión y finalmente en propiedad, desde el 27 de mayo de 2013, en
forma interrumpida hasta el 27 de septiembre de 2018 y desde el 28 de septiembre de
2018 a la fecha de expedición del documento.17

13
Folio 57 expediente físico
14
Folios 20 y siguientes, expediente físico
15
Folios 26 y 27 expediente físico
16
Folios 28 a 30 y 124 vuelto, expediente físico
17
Folio 119 expediente físico

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Caso concreto

36. Como quedó expuesto, la demandante acudió a esta jurisdicción en sede de nulidad
y restablecimiento del derecho, para deprecar la anulación del oficio DESAJBOJRO18-
6259 del 23 de marzo de 2018 y del acto ficto por no respuesta al recurso de apelación
interpuesto el 8 de mayo de 2018 contra el acto inicial, que resolvió negativamente la
petición de inaplicación del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura que creó el cargo de abogado asesor grado 23 con el
consecuente pago de diferencias salariales y prestacionales.

37. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del primero (1) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), luego de
anular los actos administrativos demandados, accedió a las pretensiones de la demanda
y no condenó en costas a la entidad demandada, tras estimar que el Consejo Superior
de la Judicatura carecía de competencia para crear un cargo paralelo de grado 23, con
el único propósito de fijarle un salario inferior al que el Gobierno Nacional le asignó al
cargo nominado, lo cual disminuyó el ingreso de la demandante, quien al ser nombrada
en ese cargo tenía derecho al salario fijado por el Ejecutivo y no al que por adicionarle a
su denominación el grado 23, se le pagó como innominado. El Consejo Superior de la
Judicatura carecía de competencia para crear un cargo paralelo de grado 23, con el único
propósito de fijarle un salario inferior al que el Gobierno Nacional le asignó al cargo
nominado, lo cual disminuyó el ingreso de la demandante, quien al ser nombrada en ese
cargo tenía derecho al salario fijado por el Ejecutivo y no al que por adicionarle a su
denominación el grado 23, se le pagó como innominado

38. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial impugnó esa decisión, pues, a su
juicio, desconoció las facultades del Consejo Superior de la Judicatura, pasó por alto las
condiciones para inaplicar una norma por inconstitucional o ilegal y se apoyó en un
precedente que no es vinculante para el caso concreto.

39. Teniendo en cuenta el planteamiento de la demandada, la Sala precisa que, aunque
el Consejo Superior de la Judicatura estaba facultado legal y constitucionalmente para
disponer la creación de cargos en los tribunales, esta potestad estaba limitada a definir
funciones y requisitos de los empleos, sin que ello implicara la modificación del régimen
salarial de dichos empleos, toda vez que, como se señaló en el marco normativo, esta
atribución es competencia exclusiva del Gobierno Nacional.

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No. interno: 6923-2024
Demandante: Andrea Paola Cruz Cáceres
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

40. Vistas así las cosas, el Acuerdo PSAA15-10402 del veintinueve (29) de octubre de
dos mil quince (2015), al asignar el «grado 23» al cargo de asesor de tribunal, implicó
que, quienes ocuparon ese empleo, percibieran la remuneración correspondiente al
grado 23 y no la prevista para el cargo de abogado asesor que, según los decretos
anuales expedidos por el gobierno, era superior.

41. En el caso de la señora Andrea Paola Cruz Cáceres, de lo certificado en el proceso,
se acreditó una diferencia entre la remuneración legalmente prevista y lo que percibió, en
atención a lo contemplado en el Acuerdo PSAA15-10402 del veintinueve (29) de octubre
de dos mil quince (2015), por ejemplo, para el año 2017, así:

Decreto Abogado Asesor de Tribunal Grado 2318

1013 de 2017 $ 6.919.690 $ 5.177.383

42. Teniendo en cuenta el primer reproche de la entidad apelante, según el cual, la
sentencia de primera instancia desconoció las facultades de la otrora Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, como puede observarse, al asignar el «grado 23»
al cargo de abogado asesor, desatendió lo dispuesto en los decretos salariales que
prohíben a cualquier autoridad, modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el
Gobierno, extralimitando sus funciones, al expedir el precitado acuerdo que alteró el
régimen previsto para aquel cargo, establecido desde el Decreto 57 de 1993 y que generó
detrimento en perjuicio de quienes lo desempeñaron.

43. En relación con el argumento de la entidad recurrente, según el cual, el cargo de
«abogado asesor grado 23» era distinto al de abogado asesor nominado, es decir, sin
grado y su remuneración era acorde con sus funciones, la Sala constata que ambas
denominaciones eran sustancialmente iguales. Para demostrar una diferencia real,
habría sido necesario aportar el manual específico de funciones y competencias que
evidenciara la distinción entre ambos empleos, prueba que no fue allegada al proceso.
Por ello, no es posible concluir que existieran diferencias sustanciales en funciones o
responsabilidades y aun existiendo, esto no desvirtúa el argumento de la Sala que señala
que el CSJ actuó sin competencia.

18
Valores devengados, conforme se desprende de la certificación expedida por la entidad demandada, relacionada en los hechos
probados.

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Demandante: Andrea Paola Cruz Cáceres
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

44. Frente al reparo de la entidad apelante en el sentido que la sentencia de primera
instancia pasó por alto las condiciones para inaplicar una norma por inconstitucional o
ilegal, tal aseveración es desacertada y no es de recibo para la Sala, toda vez que el A-
quo no hizo cosa distinta sino aplicar el artículo 4° de la Constitución, en aras de proteger
los derechos laborales de la actora.

45. Sobre este punto, la Corte Constitucional, en sentencia SC-600 del 21 de octubre de
199819, expresó:

Por consiguiente, la Sala Plena modificará la postura presentada en la C-600 de 1998, para
en su lugar, entender que la inaplicación de una norma, mediante la excepción de
inconstitucionalidad, podrá utilizarse como el mecanismo para salvaguardar derechos
fundamentales cuando se esté haciendo un control concreto, pese a existir una sentencia
de constitucionalidad previa en la que se haya realizado el control abstracto de la misma,
con el objetivo de determinar sobre su exequibilidad, y la decisión haya transitado a cosa
juzgada. Lo anterior, en aras de hacer prevalecer ante cualquier circunstancia una
interpretación y aplicación normativa conforme a la Constitución Política y la garantía de los
derechos fundamentales.

46. Por último, la entidad recurrente expresó su otra inconformidad en el sentido que se
utilizó un precedente que no se acompasa con el caso concreto, pues el Acuerdo 10402
de 2015 solo se refiere a los cargos de abogados asesores grado 23 en los tribunales
administrativos y la demandante fungió en la sala civil del Tribunal Superior de Bogotá,
lo cual no es cierto por cuanto el referido acto administrativo del Consejo Superior de la
Judicatura, en sus artículos 16 y siguientes, también creó el referido empleo en los
tribunales superiores del País y le imprimió el mismo tratamiento remuneratorio. Además,
esta Subsección se ha pronunciado en asuntos similares en los que se ha accedido al
restablecimiento del derecho deprecado, como, por ejemplo, en sentencia del 16 de
mayo de 2025 radicado 05001-23-33-000-2018-02384-01, con ponencia de la doctora
Elizabeth Becerra, por lo que cualquier consideración distinta sería crear una situación
injustificada de desigualdad.

47. Siendo así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la
demanda.

Condena en costas

19
M.P. José Gregorio Hernández Galindo

13

No. interno: 6923-2024
Demandante: Andrea Paola Cruz Cáceres
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

48. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, es decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, por
tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

49. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el Primero (1) de Agosto de Dos Mil
Veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que accedió a las súplicas de la demanda, conforme con lo expuesto en
la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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