República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01480-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01480-01 (0157-2023)
Demandante: Ana Sixta León González
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Tema: pensión de sobrevivientes. Subtema 1: el Decreto 224 de 1972 no prevé a
los padres como beneficiarios. Subtema 2: prueba de la dependencia económica
– enfoque diferencial. Subtema 3: sujeto de especial protección constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia
proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 10 de agosto de 2022, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La actora pidió el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes como
consecuencia de la muerte de su hija, Ana Lucía Del Pilar González León, que
ocurrió el 22 de enero de 2017. En primera instancia, el Tribunal negó las
pretensiones de la demanda, porque el Decreto 224 de 1972 no preveía a los padres
como beneficiarios. Igualmente, porque no se acreditó la dependencia económica,
requisito exigido para acceder al derecho pensional de conformidad con la Ley 100
de 1993. Inconforme con esta decisión, la accionante apeló para insistir en que
reunió los requisitos del Decreto 224 de 1972 y en que la dependencia no debía ser
absoluta.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Ana Sixta León González, mediante apoderado, presentó
demanda1 el 4 de julio de 20192, en ejercicio del medio de control de nulidad y
1 C. Principal, folios 23 a 30.
2 C. Principal, folios 1 y 19.
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01480-01 (0157-2023)
Demandante: Ana Sixta León González
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
restablecimiento del derecho, contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, Fomag, con las siguientes
pretensiones:
2. Declarar la nulidad de las resoluciones 9221 del 10 de septiembre de 2018 y
1470 del 21 de febrero de 2019, mediante las cuales la Secretaría de Educación del
Distrito de Bogotá le negó el reconocimiento de la pensión post mortem3.
3. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de
Educación del Distrito de Bogotá, Fomag, a reconocerle y pagarle a la señora Ana
Sixta León González la pensión de sobrevivientes, en calidad de madre de la
docente Ana Lucía Del Pilar González León; que se le paguen los intereses
moratorios e indexación conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) o en los
términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo (CPACA); y que se condene a la demandada en costas
y agencias en derecho.
2.1.1. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
5. La señora Ana Lucía Del Pilar González León prestó sus servicios en la
Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, del 20 de enero de 1998 al 22 de
enero de 2017, fecha en la que falleció.
6. A la señora Ana Lucía Del Pilar González León le sobrevive su madre
biológica, Ana Sixta León González, quien quedó sin protección al momento de su
muerte ya que dependía económicamente de la docente.
7. La demandada le negó a la señora Ana Sixta León González el
reconocimiento de la pensión post mortem.
8. Inconforme con esa decisión, interpuso recurso de reposición. No obstante,
la administración la confirmó.
9. En la actualidad, la señora Ana Sixta León González no cuenta con una
fuente de ingresos y su edad avanzada le impide tener recursos económicos para
sufragar su manutención de manera digna.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
10. La demanda citó como normas vulneradas de la Constitución Política, los
artículos 1, 13, 44, 53 y 228; y de la Ley 100 de 1993, los artículos 46 y 47.
3 Según el Diccionario panhispánico de dudas, significa «después de la muerte».
2
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01480-01 (0157-2023)
Demandante: Ana Sixta León González
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
11. La actora expuso que se resolvió la solicitud de reconocimiento de la
prestación en contravía de las disposiciones jurídicas aplicables, con desviación de
poder. Así pues, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
en su calidad de madre de Ana Lucía Del Pilar González León, pues la
administración efectuó una interpretación exegética de la norma y omitió aplicar el
principio de favorabilidad.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá
12. La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, mediante apoderada, se
opuso a todas las pretensiones de la demanda, dado que aunque la docente
fallecida cumplió con los requisitos para acceder a la pensión en los términos del
Decreto 224 de 1972, los padres no están incluidos en los grados de
consanguinidad previstos en la norma como beneficiarios de la pensión.
13. Adicionalmente, la Secretaría sostuvo que no es la entidad encargada del
manejo de los recursos, ya que de conformidad con la Ley 91 de 1989 es al Fomag4,
administrado por la Fiduprevisora S.A., a quien le corresponde proceder al pago, en
virtud del contrato de fiducia mercantil celebrado con la Nación. También precisó
que la accionante no allegó pruebas que demuestren la dependencia económica
con la causante. Planteó como excepciones la falta de legitimación en la causa por
pasiva5; la inexistencia de la obligación y la legalidad de los actos acusados6.
2.2.2. Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag
14. No contestó la demanda.
2.3. Sentencia de primera instancia
15. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 10 de agosto de 2022, negó las
pretensiones de la demanda y no condenó en costas. En sustento, consideró lo
siguiente:
16. En el expediente está demostrado que la señora Ana Lucía Del Pilar
González León nació el 23 de diciembre de 1967 y es hija de la señora Ana Sixta
León González. Igualmente, está acreditado que la causante prestó sus servicios
4 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
5 El magistrado sustanciador del Tribunal profirió auto el 25 de febrero de 2021 en el que declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la apoderada de la Secretaría de
Educación de Bogotá D.C. C. Principal, folios 112 a 115.
6 C. Principal, folios 68 a 77.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01480-01 (0157-2023)
Demandante: Ana Sixta León González
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
como docente en planteles educativos oficiales de Bogotá del 20 de enero de 1998
al 22 de enero de 2017, y que falleció el 22 de enero de 2017.
17. También está probado que la directora de Talento Humano de la Secretaría
de Educación del Distrito de Bogotá expidió la Resolución 0012 del 16 de abril de
2018 en la que ordenó el archivo de la solicitud de reconocimiento de la pensión de
invalidez presentada por Ana Lucía Del Pilar González León; y luego emitió la
Resolución 9221 del 10 de septiembre de 2018 en la que le negó a la actora la
pensión post mortem en calidad de madre de la causante, pues según el Decreto
224 de 1972 los padres no son beneficiarios de esa prestación. Esta decisión se
confirmó a través de la Resolución 1470 del 21 de febrero de 2019.
18. En este contexto, el Tribunal tuvo por acreditado el parentesco en el primer
grado de consanguinidad entre la actora y la señora Ana Lucía Del Pilar González
León, y que es la única pariente en esa línea y grado. Sin embargo, el Decreto 224
de 1972 no prevé el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los padres,
como sí lo hace el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
19. Al respecto, el Tribunal precisó que aunque el artículo 279 de la Ley 100 de
1993 excluyó de su aplicación a los afiliados al Fomag, lo cierto es que en virtud del
principio de favorabilidad es aplicable el Régimen General de Pensiones. En ese
entendido, el Tribunal subrayó que analizaría las pretensiones de la demanda con
la Ley 100 de 1993.
20. En particular, sostuvo que no había discusión en cuanto a la acreditación del
requisito de cotización mínima, esto es, el cumplimiento de las 50 semanas, toda
vez que la causante ingresó al servicio docente el 20 de enero de 1998 y laboró
hasta el 22 de enero de 2017, fecha de su deceso. No obstante, en cuanto a la
dependencia económica aclaró que no tiene que ser absoluta ni existe una tarifa
legal para acreditarla, según la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
21. A partir de lo anterior, el Tribunal analizó las pruebas allegadas al proceso y
concluyó que aunque era válida la declaración juramentada rendida por la señora
Ana Sixta León González, en la que afirmó que dependía económicamente de su
hija, esta no se podía cotejar con otro medio de prueba. De ahí que existiera duda
respecto a dicho supuesto fáctico. Ello era así porque no se solicitaron
declaraciones extrajuicio de terceros, pruebas testimoniales o cualquier otro medio
de convicción.
22. En consecuencia, la parte actora incumplió la carga probatoria que le asistía
en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso (CGP), pues las
únicas pruebas obrantes sobre este punto fueron las allegadas con el cuaderno
administrativo y las decretadas de oficio en la audiencia inicial, que resultaron
insuficientes para tener por demostrada la dependencia económica.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01480-01 (0157-2023)
Demandante: Ana Sixta León González
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23. El Tribunal no condenó en costas a la parte vencida, porque su conducta no
fue temeraria ni de mala fe y no se demostró que se hubieran causado7.
2.4. Recurso de apelación de la parte demandante
24. La demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, para que se revoque y se acceda al
reconocimiento pensional, con fundamento en los siguientes argumentos:
25. De conformidad con el material probatorio, la docente adquirió legalmente el
derecho a su pensión, la que con posterioridad a su muerte debía sustituirse a la
accionante.
26. Sostuvo que la providencia no analizó la pensión post mortem prevista en el
Decreto 224 de 1972, la cual exige que el docente haya laborado 18 años continuos
al servicio del magisterio. Este supuesto se acredita en el caso concreto, dado que
Ana Lucía Del Pilar González León laboró al servicio educativo del 20 de enero de
1998 al 22 de enero de 2017, lo cual suma aproximadamente 19 años y 2 días,
tiempo suficiente para acceder a la prestación solicitada.
27. En sustento, invocó las sentencias proferidas el 4 de febrero de 2021 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado8 y C-111 de 2006, T-
424 de 2018 y T-730 de 2008 de la Corte Constitucional9.
28. Igualmente, señaló que la dependencia no debe ser absoluta y en el caso
concreto quedó demostrado que la actora no devenga pensión por parte del Estado,
aunado a que «su estado avanzado de edad no le permite tener recursos
económicos», no le permite laborar ni tener una vida digna, como lo garantiza la
Constitución Política10.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
29. La apoderada de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag se
pronunció frente al recurso de apelación. Sostuvo que las pretensiones de la
demanda se debían analizar bajo el régimen del Decreto 224 de 1972, como fue
solicitado, y no la Ley 100 de 1993. En este orden, adujo que la demandante no
tiene el derecho pensional que solicita, razón por la cual debían negarse las
pretensiones11.
7 C. Principal, folios 307 a 333.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4
de febrero de 2021, exp. 08001-23-33-000-2017-00379-01 (0176-2019).
9 C. Principal, folios 341 a 344.
10 C. Principal, folios 341 a 344.
11 Samai, índice 5, RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_PRONUNCIAMIENTORECU(.pdf)
NroActua 5.
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30. Mediante auto del 12 de diciembre de 202312, se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante en los términos del numeral 3 del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Se dispuso que por no existir pruebas por
decretar en segunda instancia, se prescindiría del período para correr traslado a las
partes y el expediente ingresaría al despacho para fallo, lo que ocurrió el 21 de
marzo de 202413.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
31. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
32. Teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del CGP, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso, corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:
33. ¿La demandante es beneficiaria de la pensión post mortem prevista en el
Decreto 224 de 1972, en su condición de madre de la docente fallecida? Si la
respuesta es negativa, la Sala deberá definir: ¿la demandante acreditó la
dependencia económica requerida para acceder a la pensión de sobrevivientes en
los términos de la Ley 100 de 1993?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Pensión de sobrevivientes
34. De conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados
por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes y a la sustitución los miembros del grupo familiar del beneficiario de
la prestación que fallezca, en el siguiente orden:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
12 Samai, índice 7.
13 Samai, índice 12.
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causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5)
años continuos con anterioridad a su muerte.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este
caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con
cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de
que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre
ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario
de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de
lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con
el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la
cual existe la sociedad conyugal vigente;
c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES14> Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de
sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su
muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y
cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y,
los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no
tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para
determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de
la Ley 100 de 1993;
d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si
dependían económicamente de forma total y absoluta de este;
[…].
35. Esta corporación ha resaltado que la finalidad de la sustitución pensional «es
la protección de la familia, entendida como el conjunto de personas allegadas al
trabajador que dependían económicamente de él y que quedan desamparadas a
causa de su fallecimiento»15. En consonancia, la Corte Constitucional ha precisado
que esta pretende salvaguardar o mantener el nivel de vida que tenía el beneficiario
14 Corte Constitucional, sentencia C-066 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2018. Radicado 08001-
23-31-000-2010-00983-01(3178-15).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01480-01 (0157-2023)
Demandante: Ana Sixta León González
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
antes del deceso del pensionado16.
36. Ahora bien, en cuanto a la norma que rige el derecho pensional, la Sección
Segunda, en sentencia del 25 de abril de 201317, precisó que «el derecho a la
pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado».
Por tanto, estableció que «rectifica la posición adoptada en sentencias de abril 29
de 201018 y noviembre 1º de 201219, en las que, en materia de sustitución pensional
se aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en
ejercicio de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación
de tal figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de
beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una
posterior».
37. En este contexto, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado ha reconocido que20, aunque con anterioridad la jurisprudencia admitía la
aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, por el principio de favorabilidad, esta
postura fue rectificada con ocasión de la expedición de la sentencia del 25 de abril
de 201321. Esta última providencia, de manera expresa, dispuso lo siguiente:
[…] Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación
retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus
pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte […] se
consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su fallecimiento, lo que
lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se pretende, toda vez que
ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la ley, derivado de la Ley 153
de 1887.
La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones que se
produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y, solo
por excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra, el
contenido de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de la Ley
16 Sentencia T-085 de 2021.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-
000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
18 Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la
que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975,
a pesar de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.
19 Radicación No. 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, en que
se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a
pesar de que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo
Arenas Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el
complejo problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la
Ley 100 de 1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones,
y éstas no tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su
momento aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir,
susceptibles de discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa
legislación anterior, y así se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio
constitucional de la sostenibilidad financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005
queda en entredicho, con una extensión tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general”.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
16 de abril de 2026, exp. 41001-23-33-000-2019-00489-01 (3080-2025).
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de
2013, exp. 76001-23-31-000-2007-01611-01 (1605-2009).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01480-01 (0157-2023)
Demandante: Ana Sixta León González
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
100 de 1993, pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151 empezó a regir a partir
del 1º de abril de 1994.
En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al derecho
pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que
los derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se consolidaron
en vigencia de la normatividad anterior, la que exigía el requisito de tener 15 o más
años de servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no era viable su
reconocimiento.
Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la posición
adoptada en sentencias de abril 29 de 2010 y noviembre 1º de 2012, en las que, en
materia de sustitución pensional se aplicó una ley nueva o posterior a hechos
acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la retrospectividad de la ley,
precisando que no hay lugar a la aplicación de tal figura, toda vez que la ley que
gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento
del fallecimiento del causante y no una posterior […].
3.3.2. El principio de favorabilidad en materia pensional
38. El principio de favorabilidad está previsto en el artículo 53 de la Constitución
Política al indicar que es un principio mínimo fundamental la «situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho».
39. El referido principio es una manifestación del principio protector en materia
laboral, según el cual, «se protege a la parte más vulnerable de la relación laboral,
que es el trabajador, y por ende hay desigualdad o discriminación positiva en su
favor a fin de equipararlo con la otra»22. Se aplica cuando existe conflicto entre dos
normas vigentes para el momento en que se causa el derecho, por lo tanto, bajo
este principio se debe escoger integralmente la norma que representa un mayor
beneficio para el trabajador. Esto último de conformidad con el principio de
inescindibilidad.
40. En este orden de ideas, la aplicación del principio de favorabilidad supone
que se acrediten los siguientes requisitos23:
• La existencia de varias fuentes formales de derecho que regulen la misma situación
fáctica.
• Que dichas fuentes se encuentren vigentes al momento de causarse el derecho.
• Que exista duda sobre cuál de ellas se debe aplicar.
• La fuente formal elegida debe aplicarse en su integridad.
41. Ahora bien, la Ley 100 de 1993, en el artículo 288, materializa el principio de
favorabilidad en materia pensional al disponer que «todo trabajador privado u oficial,
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, CE-SUJ2-009-18,
proceso con radicado 68001-23-33-000-2015-00695-01 (3760-16).
23 Idem.
9
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01480-01 (0157-2023)
Demandante: Ana Sixta León González
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia
de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime
favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia,
siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley».
3.3.3. Régimen pensional aplicable a los docentes
42. A través de la Ley 43 de 1975 el legislador nacionalizó la educación primaria
y secundaria que prestaban los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los
municipios, las intendencias y comisarías. En razón a ello, según el artículo 1 de
dicha norma, los gastos de este servicio público estarían a cargo de la Nación.
43. Así las cosas, se expidió la Ley 91 de 1989, por la cual se creó el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de atender, entre otras,
las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados, y se señaló
la manera como la Nación y los entes territoriales asumirían la carga prestacional
del personal docente. Puntualmente, en el artículo 15 de esta ley se indicó:
A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado
y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las
siguientes disposiciones:
1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con
las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decreto 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones
consagradas en esta ley.
44. En materia de pensión post mortem o de sobreviviente, el Decreto 224 de
1972, por el cual se dictaron normas especiales relacionadas con el ramo docente,
en su artículo 7.° previó la siguiente prestación:
Artículo 7.- En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito
de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como
profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años continuos o
discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la
respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la
asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente […].
45. Es así como el Decreto 224 de 1972, en el artículo 7.° reguló la pensión post
mortem que ampara a los beneficiarios de los docentes fallecidos que al momento
de su deceso no habían cumplido con los requisitos para percibir pensión de
jubilación, pero solo cuando hubiesen laborado en planteles oficiales durante un
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periodo mínimo de 18 años continuos o discontinuos, caso en el cual se habilita
para el cónyuge y los hijos menores el derecho a una pensión equivalente al 75%
de la asignación mensual fijada para el cargo desempeñado por el docente al tiempo
de su fallecimiento.
3.3.4. Dependencia económica
46. Por otra parte, en lo que concierne al requisito de dependencia económica,
la Sala destaca que los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los
artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, prevén esta exigencia para «los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de
sus estudios», los padres del causante; y los hermanos inválidos.
47. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-066 de 201624 estudió
una acción pública de inconstitucionalidad contra los literales c) y e) del
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en la que el interesado manifestaba que la
exigencia de dependencia económica de los hijos y hermanos inválidos respecto
del causante configuraba un trato discriminatorio frente al cónyuge o compañero
permanente «ya que a éstos tan solo se les exige el vínculo sin la necesidad de
prueba de la dependencia […] imponiendo una carga desproporcionada e
irrazonable a los hermanos e hijos en condición de discapacidad». Sin embargo, la
Corte entendió que «es legítimo establecer condiciones de acceso para los
beneficios pensionales, en tanto que la propia Constitución autoriza al Legislador
para configurar el Sistema Pensional, y definir los requisitos para su
reconocimiento».
48. En la referida providencia, la Corte explicó el concepto de dependencia
económica como la falta de condiciones materiales del beneficiario del causante
para subsistir, asimismo, aclaró que «la presencia de ciertos ingresos no constituye
la falta de la misma, ya que tan solo se es independiente cuando el solicitante puede
por sus propios medios mantener su mínimo existencial en condiciones dignas».
49. Ahora bien, resulta relevante traer las reglas expuestas en la sentencia C-
111 de 200625, que permiten determinar si una persona es dependiente, a partir de
la valoración de un conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la
congrua subsistencia del beneficiario, así:
1. Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para
acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna26.
2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica27.
24 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
25 Corte Constitucional, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
26 Sentencia T-574 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
27 Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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3. No constituye independencia económica recibir otra prestación28. Por ello, entre
otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión
de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley
100 de 199329.
4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el
beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional30.
5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario
percibir ingresos permanentes y suficientes31.
6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia
económica32.
3.4. Hechos probados relevantes
50. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
51. La señora Ana Sixta León González nació el 8 de abril de 1939, según la
copia de su cédula de ciudadanía33.
52. La señora Ana Lucía Del Pilar González León nació el 23 de diciembre de
1967 y es hija de Noel González y Ana Sixta León González, según se extrae del
registro civil de nacimiento34.
53. En la declaración juramentada de bienes y rentas suscrita el 27 de enero de
2015, la docente Ana Lucía Del Pilar González León registró como parientes en
primer grado de consanguinidad a Ana Sixta León González, con el parentesco de
madre35.
54. En el Formato Único de Hoja de Vida de la señora Ana Lucía Del Pilar
González León se consignó el estado civil de soltera con una (1) persona a su cargo,
sin que esta se identificara36.
55. De conformidad con el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral emitido el 8 de febrero de 2018 por la Secretaría de Educación del
28 Sentencia T-281 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
29 Dispone la norma en cita: “Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez”.
30 Sentencias T-574 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T- 996 de 2005. (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Del
mismo modo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “Fungiendo la Corte como juez de segunda instancia,
además de las consideraciones expuestas en sede de casación, es pertinente acotar que respecto del
argumento del Tribunal para colegir que el demandante disponía de medios económicos suficientes para su
subsistencia por recibir de manera ocasional $20.000 0 $ 25.000 semanales y por estar percibiendo su cónyuge
un salario mínimo legal mensual, no es más que una suposición del juzgador, pues ello no conduce
necesariamente a concluir que esta persona sea autosuficiente económicamente, como erradamente lo
concluyó. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Radicación No. 22.132. Sentencia del 11 de
mayo de 2004. Magistrado Ponente: Carlos Isaac Nader).
31 Sentencia T-076 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y Auto 127A de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
32 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, fallo del 9 de abril de 2003. Radicación No. 21.360.
33 Cuaderno antecedentes administrativos, folio 5.
34 C. Principal, folio 10.
35 C. Principal, folios 192 reverso y 193.
36 C. Principal, folio 203.
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Distrito de Bogotá, la causante laboró como docente en secundaria, nombrada en
propiedad, mediante la Resolución 8753 del 15 de diciembre de 1997, cargo en el
cual tomó posesión el 20 de diciembre de 1997, con efectividad a partir del 20 de
enero de 199837. Esta última fecha se corrobora con el acta de posesión 1708 que
obra en el proceso38.
56. La docente, el 2 de enero de 2017, pidió el reconocimiento de su pensión de
invalidez39.
57. La señora Ana Lucía Del Pilar González León falleció el 22 de enero de 2017,
según se extrae de la copia del registro civil de defunción con el indicativo serial
número 0934199540. En consecuencia, fue retirada del servicio docente mediante
la Resolución 425 del 17 de marzo de 201741, que declaró la vacancia del cargo en
el colegio Restrepo Millán a partir del 22 de enero de 201742.
58. De la escritura 2224 del 6 de septiembre de 2017 expedida por la Notaría 19
de Bogotá en el marco del acto de adjudicación en sucesión de Ana Lucía Del Pilar
González León, se extrae que la beneficiaria es Ana Sixta León González, en
calidad de heredera43.
59. La señora Ana Sixta León González, el 11 de julio de 2017, solicitó el
reconocimiento y pago del seguro por muerte correspondiente a Ana Lucía Del Pilar
González León44. La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, Dirección de
Talento Humano lo reconoció a través de la Resolución 9216 del 28 de noviembre
de 201745.
60. Como consecuencia del deceso de la docente, la Secretaría de Educación
del Distrito de Bogotá, Dirección de Talento Humano emitió la Resolución 0198 del
12 de enero de 2018, mediante la cual le pagó a la señora Ana Sixta León González
el valor de la cesantía definitiva reconocida a la docente Ana Lucía Del Pilar
González León, en su calidad de madre beneficiaria46. Posteriormente, el 16 de abril
de 2018, expidió la Resolución 0012, en la que archivó la solicitud tendiente a
obtener la pensión de invalidez47.
61. La señora Ana Sixta León González, el 11 de abril de 2018 48, le pidió a la
Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, Dirección de Talento Humano, el
reconocimiento «de la pensión post mortem 18 años»49.
37 C. Principal, folio 32.
38 C. Principal, folio 217, reverso.
39 Cuaderno antecedentes administrativos, folios 6 y 17.
40 C. Principal, folio 9.
41 C. Principal, folio 33.
42 C. Principal, folios 170 y 171.
43 Cuaderno antecedentes administrativos, folios 115 a 126.
44 Cuaderno antecedentes administrativos, folio 61.
45 Cuaderno antecedentes administrativos, folios 61 y 62.
46 Cuaderno antecedentes administrativos, folios 89 y 90.
47 Cuaderno antecedentes administrativos, folio 1.
48 Cuaderno antecedentes administrativos, folio 153.
49 C. Principal, folio 14.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01480-01 (0157-2023)
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62. La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, Dirección de Talento
Humano, expidió la Resolución 9221 del 10 de septiembre de 2018, en la que negó
la solicitud de pensión post mortem de la accionante, en calidad de madre de la
docente. Sostuvo que no es procedente acceder a la prestación reclamada porque
los padres no son beneficiarios del Decreto 224 de 197250.
63. Inconforme con esta decisión, la accionante interpuso recurso de reposición
con el objeto de que se modificara la Resolución 9221 del 10 de septiembre de
2018, y se reconociera la pensión post mortem. Señaló que cuando el régimen
general fuera más favorable que el especial, debía aplicarse.
64. La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, Dirección de Talento
Humano, mediante la Resolución 1470 del 21 de febrero de 2019, confirmó la
Resolución 9221 del 10 de septiembre de 2018. Determinó que, dada la fecha de
vinculación de la causante a la docencia oficial, el 20 de enero de 1998, la norma
aplicable era el Decreto 224 de 1972, en su artículo 7.° y no el artículo 46 de la Ley
100 de 1993. En ese sentido, determinó que, pese a que la señora Ana Lucía Del
Pilar González León reunió el tiempo exigido en la normativa, no es procedente el
reconocimiento pensional a favor de la madre51.
65. La señora Ana Sixta León González, el 23 de marzo de 2018, suscribió un
documento dirigido a la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, en el que
consta lo siguiente:
DECLARACIÓN JURADA
Yo Ana Sixta León González identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.448.874 de
Corrales Boyacá declaro bajo juramento que dependía económicamente de mi hija Ana
Lucía Del Pilar González de (sic) León identificada con cédula de ciudadanía N°. 51.895.691
de Bogotá fallecida el 22 de enero de 2017.
66. En este documento consta el reconocimiento de firma por parte del cónsul de
la ciudad de Panamá, ante quien la accionante manifestó que la firma y huella que
aparecen en el documento son suyas y que asumía su contenido, con destino a la
Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá52. En esa misma fecha suscribió un
documento privado, también con autenticación de firma y huella ante el cónsul de la
misma ciudad, en el que declaró que no recibía pensión de ninguna clase53.
67. Según la respuesta emitida por Colpensiones en el radicado Bizagi, BZ
2021_6337026 del 3 de junio de 2021, la señora Ana Sixta León González no
registra en el aplicativo de nómina de pensionados de la entidad54.
50 C. Principal, folio 14.
51 C. Principal, folio 18.
52 Cuaderno antecedentes administrativos, folio 160.
53 Cuaderno antecedentes administrativos, folio 161.
54 C. Principal, folio 242.
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68. Igualmente, a partir del contenido del Oficio 1110 radicado
2021111001785641 del 20 de junio de 2021, la UGPP dio cuenta de que verificados
los aplicativos de la Unidad, no se evidencia información respecto a la señora Ana
Sixta León González55.
69. La gestora de operaciones de la Dirección Administrativa y Financiera del
ADRES emitió respuesta el 23 de septiembre de 2021, en la que consignó lo que
se transcribe a continuación56:
Dando respuesta al comunicado referenciado en el asunto, mediante el cual solicita
la información que repose en la base de datos BDUA correspondiente a afiliaciones
al Sistema de Seguridad Social en Salud, al respecto la Administradora de Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES informa que se tienen
registrados los siguientes datos para el documento [CC] – [23448874]
Tipo Número Nombre Régimen EPS Tipo de Estado Departamento Municipio
Doc Doc afiliación
CC 23448874 León Especial Magisterio No Retirado No registra No
González o de registra registra
Ana excepción
Sixta
CC 51895691
Tipo Número Nombre Régimen EPS Tipo de Estado Departamento Municipio
Doc Doc afiliación
CC 51895691 González Especial Magisterio No Activo No registra No
León Ana o de registra registra
Lucía Del excepción
Pilar
70. Esta información fue aclarada por el ADRES, en respuesta emitida el 16 de
mayo de 2022, en los siguientes términos:
Dando respuesta al comunicado referenciado en el asunto, mediante el cual solicita
sea determinado si la afiliada descrita en su comunicado reportaba algún tipo de
vínculo con posibles beneficiarios sobre la base de datos BDUA, correspondiente a
afiliaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud; al respecto la Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES
informa que el registro no reporta información sobre la base de datos BDUA,
mientras que presentó afiliación sobre el tramo descrito en la tabla adjunta, en el
régimen de excepción y especial, reportando en la actualidad estado de fallecido.
De igual forma se determina que en lo que respecta a la información contenida en
la mencionada base de datos, no se identifica relación con posibles beneficiarios
sobre la base de datos BDEX (régimen de excepción y especial), siendo necesario
escalar dicha consulta al magisterio en caso de considerarlo pertinente57.
55 C. Principal, folio 244.
56 C. Principal, folios 255 y 256.
57 C. Principal, folios 266 y 267.
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3.5. Caso concreto
71. En el asunto bajo análisis, la accionante, en calidad de madre de la señora
Ana Lucía Del Pilar González León, solicita la nulidad de las resoluciones 9221 del
10 de septiembre de 2018 y 1470 del 21 de febrero de 2019, mediante las cuales la
Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá le negó el reconocimiento de la
pensión post mortem.
72. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo que el Decreto 224
de 1972 no prevé el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para los padres
del causante, como sí lo hace la Ley 100 de 1993. No obstante, esta última tampoco
habilitaba el reconocimiento en el presente asunto, porque la actora no demostró la
dependencia económica. Por ende, tuvo por incumplida la carga probatoria en los
términos del artículo 167 del CGP.
73. Inconforme con esta decisión, la demandante interpuso recurso de apelación.
Sustentó que no se analizó el reconocimiento prestacional a la luz de la pensión
post mortem regulada en el Decreto 224 de 1972, frente al cual le asiste el derecho
dado que la señora Ana Lucía Del Pilar González León laboró al servicio educativo
19 años y 2 días. Igualmente reprochó que la dependencia económica no debía ser
absoluta y que no está pensionada.
74. Para resolver el recurso de apelación, se destaca que en el proceso no se
discute que la actora es la madre de la señora Ana Lucía Del Pilar González León
y su única pariente en primer grado de consanguinidad, y que la causante prestó
servicios en la docencia oficial del 20 de enero de 1998 al 22 de enero de 2017,
fecha en la que falleció58. Finalmente, se acreditó que la demandante pidió el
reconocimiento de la pensión, sin embargo, la entidad lo negó mediante los actos
administrativos demandados.
• En cuanto al derecho pensional a la luz del Decreto 224 de 1972
75. La parte accionante aduce que la docente adquirió su derecho a la pensión,
la que con posterioridad a su fallecimiento debía sustituírsele dada su condición de
madre. Sin embargo, se advierte que esta afirmación contiene una imprecisión,
porque en el proceso no se demostró que la señora Ana Lucía Del Pilar González
León hubiera percibido una pensión, ni que tuviera consolidado el estatus pensional
y que, por tanto, el objeto del litigio se haya contraído a la sustitución a favor de la
demandante. Por oposición, lo pretendido en el asunto particular fue el
reconocimiento de la pensión post mortem.
76. A partir de ese contexto, la apelante insiste en que tiene derecho a percibir la
pensión regulada en el Decreto 224 de 1972. Señala que este aspecto no se analizó
en la sentencia de primera instancia y que, en su condición de beneficiaria, debe
58 C. Principal, folio 9.
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reconocérsele la prestación, porque la causante laboró aproximadamente 19 años
y 2 días, tiempo que resulta suficiente.
77. Sin embargo, la Sala observa que el fallo apelado no dejó de analizar este
supuesto, por el contrario, negó la aplicación del Decreto 224 de 1972, ya que no
prevé el reconocimiento pensional a favor de personas distintas al cónyuge o los
hijos menores, en el mismo sentido en que lo resolvió la administración.
78. Al respecto, la Sala considera que, en efecto, el artículo 7.° del Decreto 224
de 1972 exige como mínimo 18 años al servicio oficial docente. De ahí se tiene que,
si bien este requisito está acreditado en el presente asunto, ya que la señora Ana
Lucía Del Pilar González León laboró del 20 de enero de 1998 al 22 de enero de
2017 (19 años y 2 días), de la literalidad de la norma se desprende que esta solo
previó como beneficiarios al «cónyuge y los hijos menores».
79. Esta tesis encuentra respaldo en la sentencia proferida el 18 de mayo de
2023, por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el
marco de un proceso en el cual se solicitó la aplicación del Decreto 224 de 1972 a
favor de los padres del docente. Allí expresamente se dispuso lo siguiente:
En estas condiciones, se tiene que para la fecha del deceso la normatividad especial
aplicable a los docentes era el Decreto 224 de 1972, el cual prevé que el cónyuge y
los hijos menores del docente que fallece sin cumplir el requisito de edad, exigido
para la obtención de la pensión de jubilación, tiene derecho a una pensión de
sobrevivientes siempre que el causante hubiere cumplido por lo menos 18 años
continuos o discontinuos de servicios. En el presente caso, si bien se acreditó un
tiempo superior al exigido, lo cierto es que la norma aplicable no contempla a los
padres como beneficiarios de la pensión post mortem, por lo que, en principio, no es
dable el reconocimiento de la prestación a la actora, en su condición de madre59.
80. Así las cosas, la sentencia invocada por la apelante, proferida el 4 de febrero
de 2021 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado 60
refuerza la tesis aquí sostenida. Concretamente, porque del extracto invocado por
la recurrente en esta se precisó que el Decreto 224 de 1972 dispuso como
beneficiarios de la prestación al cónyuge e hijos menores cuando este último no
alcanzara el tiempo mínimo de vinculación al sistema para acceder a la pensión de
jubilación o habilitar el reconocimiento de una pensión sustitutiva.
81. Por consiguiente, la respuesta al primer problema jurídico es negativa, ya que
la demandante no es beneficiaria de la pensión post mortem prevista en el Decreto
224 de 1972, en su condición de madre de la docente fallecida.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
18 de mayo de 2023, exp. 05001 23 33 000 2017 01156 01 (4401-2021). M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4
de febrero de 2021, exp. 08001-23-33-000-2017-00379-01 (0176-2019).
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• Dependencia económica como requisito para acceder a la pensión en
los términos de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003
82. El Tribunal aplicó por favorabilidad la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley
797 de 2003, puesto que a la fecha del deceso de la docente, el 22 de enero de
2017, estaba vigente y coexistía con el Decreto 224 de 1972, norma especial 61.
Aspecto que la Sala comparte, toda vez que el régimen general se encontraba en
vigor a la fecha del fallecimiento y resulta favorable a la parte actora. Sin embargo,
el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, les exige
a los padres el requisito de dependencia económica frente al causante.
83. Ahora bien, la parte apelante indicó que la dependencia económica «no debe
ser absoluta, para reconocer o negar, la prestación económica, toda vez, que así lo
aplica, la jurisprudencia». Sobre el particular, la sentencia apelada no exigió este
presupuesto, sino que acogió la tesis según la cual no se requiere dependencia
económica absoluta y, además, no existe tarifa legal para probarla, lo que obliga al
juez a valorar cualquier medio de convicción que lo lleve al convencimiento.
84. Debido a lo anterior, la decisión del Tribunal se fundamentó en que no
contaba con suficientes medios de prueba para afirmar que se acreditó la
dependencia económica. En este orden, aplicó el principio de carga probatoria para
resolver la controversia, al atribuirle a la parte demandante las consecuencias
procesales negativas de no haber probado el supuesto de hecho que estaba
invocando.
85. Ahora bien, la recurrente manifestó que en el caso concreto quedó
demostrado que no devenga pensión por parte del Estado, y que, debido a su edad
avanzada, no puede laborar ni tener una vida digna, como lo garantiza la
Constitución Política de Colombia.
86. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los
supuestos de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad
judicial, por ello, ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que
las pruebas se practiquen o se aporten»62, y materializa la regla procesal regulada
en el artículo 167 del CGP consistente en que «incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen». Esta norma se lee en consonancia con el artículo 164 ídem que regula
el principio de necesidad de la prueba al indicar que «toda decisión judicial debe
fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso».
87. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su
61 El Tribunal consideró que no existía discusión frente al cumplimiento del requisito de cotización mínima de 50
semanas, toda vez que la causante ingresó al servicio el 20 de enero de 1998 y laboró hasta el 22 de enero de
2017.
62 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
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relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual remite a la
obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la sana
crítica (art. 176 CGP).
88. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»63, de
modo que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir
del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»64. En el mismo sentido, esta
corporación ha entendido que65:
El indicio permite considerar como probado un hecho que se infiere, a partir de
demostrar un hecho indicador con base en los demás medios de prueba. Dicho de otro
modo, el indicio parte de un hecho probado (hecho indicador), establecido en el proceso
por cualquier medio de prueba; del cual, se proyecta como consecuencia lógica un
hecho que se infiere (hecho indicado)66.
89. Así las cosas, en lo que respecta a los hechos probados, en el proceso está
acreditado que la señora Ana Sixta León González fue beneficiaria de la sucesión
de la señora Ana Lucía Del Pilar González León, en calidad de única heredera. La
actora no tiene registros de haber percibido una pensión por cuenta de
Colpensiones o la UGPP. Igualmente, está demostrado que en la base de datos del
ADRES estuvo afiliada previamente al magisterio y en la actualidad el estado es
retirado. Ana Lucía Del Pilar González León incluyó en su declaración juramentada
de bienes y rentas a la señora Ana Sixta León González, con el parentesco de
madre, y luego en el Formato Único de Hoja de Vida señaló que estaba soltera y
que tenía una persona a cargo.
90. También consta la manifestación de la señora Ana Sixta León González, del
23 de marzo de 2018, dirigida a la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá,
en la cual declara bajo la gravedad de juramento que no recibe pensión alguna. En
otro documento de la misma fecha, indicó que dependía económicamente de su
hija. Adicionalmente, la accionante es una adulta mayor67, dado que en la actualidad
tiene 87 años.
91. En este orden de ideas, la Subsección considera que al valorar los medios
de prueba, debe acudirse a la valoración de indicios y aplicar un enfoque
63 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
64 Idem.
65 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de julio de 2026, proceso con radicado
05001-23-33-000-2020-03945-01 (72.435), M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
66 «El indicio parte de un hecho conocido, establecido en el proceso por cualquier medio de prueba distinto del
mismo indicio, esto es, que todos los medios de prueba permiten el hecho indicador. El hecho indicado debe
ser el resultado lógico crítico de la inferencia entre el primero y el segundo hecho, de donde la integración de
los tres elementos anotados, permiten la existencia del indicio». Cabrera Acosta, Benigno Humberto, Teoría
General del Proceso y de la Prueba, Quinta Edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, págs. 458 y ss.
67 Según el artículo 7, literal B de la Ley 1276 de 2009, adulto mayor es la persona que cuenta con 60 años de
edad o más.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01480-01 (0157-2023)
Demandante: Ana Sixta León González
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
diferencial68, dado que la señora Ana Sixta León González es una persona adulta
mayor y, por tanto, sujeto de especial protección constitucional, de conformidad con
el artículo 46 de la Constitución Política69. A ello se suma que no tiene garantizado
el derecho a la seguridad social, pues carece de una pensión. Estas circunstancias
imponen al juez un deber reforzado de protección y justifican que el análisis
probatorio atienda sus particulares condiciones de vulnerabilidad. Ciertamente, el
referido enfoque diferencial propende por el deber del juez de realizar una
valoración probatoria atendiendo las dificultades de ciertos grupos de la población
que enfrentan barreras de acceso a la administración de justicia, por tratarse de
sectores vulnerables, debido a la edad, el género o la clase social70.
92. Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional también ha hecho
referencia a que en los casos pensionales están inmersos los derechos de sujetos
de especial protección constitucional, lo cual conlleva a que el enfoque diferencial
permita eliminar las barreras y dificultades que viven ciertos sectores
tradicionalmente excluidos. Así lo dijo la Corte Constitucional71:
La interseccionalidad constituye una metodología de análisis o herramienta para la
justicia social, originalmente planteada para la búsqueda de la justicia racial y de
género, encaminada a esclarecer situaciones de desventaja o carencia de una
persona o grupo poblacional en razón a su pertenencia a múltiples categorías
diferenciales y la interacción entre estas, que pueden agravar su situación de
exclusión o discriminación.
Desde esta perspectiva es posible observar que la pertenencia a un solo grupo de
población en condición de vulnerabilidad e históricamente marginado o discriminado
puede no generar vulnerabilidad en sí misma, y por ello la importancia de evaluar,
en algunos casos, diferentes características de cada persona o grupo, que se
entrecruzan, más allá de una sola categoría social. De esta manera, la herramienta
permite visibilizar patrones de discriminación que, de otra forma, con el estudio de
una sola categoría diferencial podrían pasar desapercibidos.
Los casos pensionales tienen circunstancias particulares en los que
mayoritariamente están involucrados sujetos de especial protección constitucional,
por ello tener en cuenta los enfoques diferenciales como son las categorías de
género, edad y clase familiar y social por un lado y por el otro, también la edad y la
condición de discapacidad, resulta necesario al momento de comprender los efectos
que produce la negativa de la adjudicación, o las barreras adicionales que deben
enfrentar para solventar sus necesidades.
[…]
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
29 de enero de 2026, exp. 63001-33-33-005-2020-00134-01 (5865-2022). M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
69 «ARTíCULO 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las
personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.
El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de
indigencia».
70 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 5 de marzo de 2024, SL579-2024,
radicación 96150.
71 T-334 de 2024, M.P. Diana Fajardo Rivera.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01480-01 (0157-2023)
Demandante: Ana Sixta León González
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
También la utilización del enfoque diferencial ha sido útil para constatar políticas que
traen implícitas consideraciones discriminatorias en razón de la edad, y cómo esto
produce tratos odiosos e injustificados a las personas que se catalogan como
adultos mayores. Así la jurisprudencia constitucional ha establecido que “existe una
tendencia creciente y global a considerar a las personas que han alcanzado cierta
edad como ‘inútiles’ o ‘rezagadas’, llegando al punto de excluirlas de ciertos cargos
u oficios por este simple hecho” y que es un criterio semi sospechoso cuando se
utiliza para negar derechos, por lo que será necesario evaluar, a través de la
ponderación si las medidas se ajustan o no al texto constitucional.
93. Aclarado lo anterior, se precisa que los hechos probados constituyen indicios,
los cuales son apreciados en conjunto y permiten inferir la existencia de otro hecho.
La Sala resalta que este ejercicio no equivale a establecer una presunción ni a
eximir de la carga de la prueba a la parte interesada.
94. Así pues, la condición de única heredera de la señora Ana Sixta León
González, la ausencia de una pensión reconocida a su favor y su anterior afiliación
al servicio de salud del magisterio constituyen indicios que, valorados
conjuntamente, permiten inferir la existencia de una relación de dependencia
económica respecto de su hija, quien se desempeñaba como docente. Asimismo,
obran las manifestaciones de la señora Ana Sixta León González, del 23 de marzo
de 2018, dirigidas a la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, en las cuales
declara que no recibe pensión alguna y que dependía económicamente de su hija.
De conformidad con el artículo 26072 del Código General del Proceso, dichos
documentos privados se presumen auténticos.
95. La Sala debe destacar que la afirmación sobre la dependencia económica se
corrobora con el hecho de que la accionante no cuenta con una pensión reconocida,
y que figuró como afiliada al servicio de salud del magisterio. Adicionalmente, se
demostró que fue la única heredera de la docente fallecida. Nótese que Ana Lucía
Del Pilar González León registró en su declaración juramentada de bienes y rentas
a la señora Ana Sixta León González, con el parentesco de madre, y luego en el
Formato Único de Hoja de Vida señaló que estaba soltera y que tenía una persona
a cargo.
96. Así pues, los hechos indicadores debidamente acreditados en el proceso,
valorados en conjunto y según las reglas de la sana crítica, permiten concluir que
la demandante dependía económicamente de su hija. Por consiguiente, para esta
corporación merece credibilidad lo afirmado por la señora Ana Sixta León González
sobre la dependencia económica respecto de la docente Ana Lucía Del Pilar
González León.
72 ARTÍCULO 260. ALCANCE PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. Los documentos privados
tienen el mismo valor que los públicos, tanto entre quienes los suscribieron o crearon y sus causahabientes
como respecto de terceros.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01480-01 (0157-2023)
Demandante: Ana Sixta León González
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
97. Entonces se revocará el fallo apelado que negó las pretensiones de la
demanda y en su lugar se ordenará el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.
• Prescripción
98. De acuerdo con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, la reclamación del
derecho interrumpe la prescripción por 3 años. La Sala advierte que el derecho se
causó a partir de la muerte de la señora Ana Lucía Del Pilar González León, el 22
de enero de 2017. La demandante presentó la reclamación administrativa el 11 de
abril de 2018 y como consecuencia de ello, se expidieron las resoluciones 9221 del
10 de septiembre de 2018 y 1470 del 21 de febrero de 2019. Luego, se presentó la
demanda el 4 de julio de 2019. Por ende, no operó la prescripción extintiva del
derecho al pago de las mesadas causadas desde el 22 de enero de 2017, toda vez
que la reclamación interrumpió de forma oportuna el término trienal de prescripción.
• Actualización
99. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas reconocidas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
100. No habrá lugar al reconocimiento de intereses moratorios, porque se ordena
la actualización de la condena y dichos conceptos resultan incompatibles frente al
mismo periodo.
4. Conclusión
101. En suma, la demandante no es beneficiaria de la pensión reclamada al
amparo del Decreto 224 de 1972, pues esta normativa no incluye a los padres del
docente fallecido entre sus beneficiarios. No obstante, en aplicación de la Ley 100
de 1993 por favorabilidad, se acreditó el requisito de dependencia económica y por
ello, la actora tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes como
beneficiaria de su hija. El análisis de la dependencia económica se efectuó con
enfoque diferencial, dado que la accionante es una adulta mayor de 87 años y no
tiene garantizado el derecho a la seguridad social. En ese contexto, la valoración
conjunta de las pruebas aportadas al proceso permitió establecer diversos hechos
indicadores que, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, demuestran la
dependencia económica respecto de la hija fallecida.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01480-01 (0157-2023)
Demandante: Ana Sixta León González
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
5. Costas
102. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 73 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio,
sino que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe
verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria,
etc. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en costas, porque no se
advierte que la parte haya incurrido en las anteriores conductas.
103. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 10 de agosto de 2022, que negó las pretensiones de la demanda,
en su lugar se dispone:
Segundo: Declarar la nulidad de la Resolución 9221 del 10 de septiembre de 2018,
que negó la solicitud de la pensión, y de la Resolución 1470 del 21 de febrero de
2019, que la confirmó.
Tercero: Ordenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, a título
de restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago a Ana Sixta León
González de la pensión de sobrevivientes regulada en los artículos 46 y 47 de la
Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, en el
monto previsto en el artículo 48 ídem, a partir del 22 de enero de 2017.
La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la
73 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en
materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP,
por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el
artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las
costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar
que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes
enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter
especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte
Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena
en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino
la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01480-01 (0157-2023)
Demandante: Ana Sixta León González
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final
índice inicial.
Cuarto: Sin condena en costas en las dos instancias.
Quinto: Aceptar la renuncia al poder presentada por el apoderado Juan Carlos
Jiménez Triana, a quien se le reconoció personería para actuar como apoderado de
la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, como representante legal de la
firma Jiménez y Calderón Abogados S.A.S., en los términos del memorial que obra
a índice 3 de Samai.
Sexto: Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el
artículo 192 del CPACA.
Séptimo: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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