Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01517-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01517-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01517-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01517-01 (3345-2024)
Demandante: Olga Lucía Castro Segura
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
E.S.E.
Tema: Relación laboral subyacente o encubierta. Auxiliar de
enfermería
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver los recursos de apelación interpuestos
por la parte demandante y demandada contra la sentencia del 26 de octubre de
2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
PRIMERO: La parte demandante solicitó la nulidad del oficio 20192100068461
de 23 de abril de 2019, expedido por la jefe de la oficina asesora jurídica de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. a través del cual
negó el reconocimiento de una relación laboral, así como también de los
emolumentos salariales y prestacionales a las que tiene derecho la señora Olga
Lucia Castro Segura.
SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho reclamó lo siguiente:
i) Declarar la existencia de una relación laboral entre la demandante y la
autoridad administrativa demandada durante el interregno comprendido entre los
meses de marzo de 2012 a mayo de 2016.
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.
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Demandante: Olga Lucia Castro Segura
ii) Reconocer y pagar los emolumentos salariales y prestaciones que a
continuación se indican:
• Auxilio de cesantías por valor de $6.982.222.
• Intereses sobre las cesantías por valor de $7.312.714.
• Sanción moratoria por falta de consignación de la prestación social por
valor de $54.000.000.
• Prima de servicios por la suma de $6.982.222.
• Prima de navidad por valor de $3.491.111.
• Vacaciones en cuantía de $3.491.111.
• Prima de vacaciones por el monto de $3.491.111.
• Subsidio de transporte por valor de 4.677.100.
• Indemnización por despido sin justa causa en cuantía de $4.800.000
• Dotaciones.
• Horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivos.
• Aportes de salud a cargo del empleador.
• Aportes a pensión a cargo del empleador.
• Sanción moratoria por omisión en la afiliación a los sistemas de salud y
pensiones.
• Sumas correspondientes a la administradora de riesgos laborales.
• Valores atinentes a Caja de Compensación Familiar.
• Indemnización moratoria por la falta de pago oportuno de las acreencias
laborales.
• Todos los rubros a que tenga derecho como trabajador, empleado público
o trabajador oficial.
iii) Declarar la terminación del contrato por decisión unilateral y sin justa
causa.
iv) Ordenar el reintegro y ubicación al puesto de trabajo con el reconocimiento
debido y el cumplimiento de las exigencias legales para los empleados públicos
y/o trabajadores oficiales.
v) Liquidar todos los conceptos salariales, prestacionales e indemnizatorios
como auxiliar de enfermería durante el tiempo de la relación laboral y los que
sean causados hasta el día del pago, teniéndose en cuenta todos los factores
salariales que para dichos efectos establece la ley.
vi) Sufragar la indemnización por cada día transcurrido entre el 30 de mayo
de 2016 al momento en el que se produzca el pago de las sumas adeudadas.
vii) Conminar a la parte demandada al pago de los dineros en el tiempo y
términos que la ley establece.
viii) Ordenar dar cumplimiento a la decisión en los términos del artículo 192 de
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la Ley 1437 de 2011.
ix) Si no se efectúa el pago oportunamente, liquidar los intereses de plazo y
moratorios como lo ordena el artículo 192 del CPACA.
x) Actualizar la condena de acuerdo al artículo 192 de la Ley 1437 de 2011,
indexando los dineros a partir de la fecha de desvinculación y hasta la ejecutoria
de la providencia que coloque fin al proceso.
xi) Condenar a la entidad pública al pago de costas procesales.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
La señora Olga Lucía Castro Segura fundamentó sus pretensiones en los
siguientes hechos:
i) Prestó sus servicios con ocasión de la suscripción continua y sucesiva de
múltiples contratos de prestación de servicios en el interregno de 15 de mayo de
2012 al 31 de mayo de 2015.
ii) Las funciones desempeñadas correspondieron a las de auxiliar de
enfermería, cumpliendo turnos en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM, de manera
personal, subordinada y respecto de la cual percibía remuneración, así mismo,
recibió órdenes de sus jefes inmediatos y para poder ausentarse de sus labores
durante el cumplimiento de las jornadas establecidas por la Empresa Social del
Estado debía solicitar permiso.
iii) El 8 de abril de 2019 reclamó el reconocimiento de las prestaciones
sociales a las que consideró tener derecho, petición resuelta desfavorablemente
a través del oficio 20192100068461 del día 23 del mismo mes y año.
3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones
constitucionales y legales: artículos 2, 6, 13, 25, 53, 90, 121, 122, 123, 125 y 209
de la Constitución Política de 1991; numerales 1° y 2° del artículo 23; artículos
24, 25, 29, 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo; 37 de la Ley 7ª de 1979;
Leyes 100 de 1993, 797 de 2003, 1437 de 2011 y los Decretos 3115 de 1968,
1045 de 1978, 1848 de 1969 y 1335 de 1990.
Como concepto de violación argumentó que fueron conculcados los mandatos
constitucionales al intentarse ocultar la realidad sobre las formalidades,
desconociéndose derechos de carácter irrenunciables y de los que son
beneficiarios los trabajadores.
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A pesar de que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 las entidades públicas tienen
la potestad de celebrar contratos de prestación de servicios, tal prerrogativa no
es de carácter permanente sino ocasional y transitoria.
1.4. Contestación de la demanda
La Empresa Social del Estado Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente por conducto de mandataria contestó el petitum demandatorio y se
opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en las razones que a
continuación se indican:
i) Dada la importancia de los servicios prestados por los centros
asistenciales se pueden presentar situaciones que derivan en la acumulación de
actividades a desarrollar que naturalmente son suplidas mediante la suscripción
de contratos de prestación de servicios al ser insuficiente el personal de planta
de la entidad para cumplir con la función encomendada, por lo tanto, la ESE goza
de autonomía administrativa, presupuestal y financiera para vincular a
contratistas que permitan dar cumplimiento a su misión institucional.
ii) Durante la ejecución contractual no se exigió exclusividad, ni tiempo
completo por lo que la interesada podía prestar sus servicios en entidades del
sector privado y público, en ese sentido, las prestaciones sociales a las que tiene
derecho un empleado público son coexistentes a la exclusividad y prestación
personal del servicio que aquel le debe al poder público.
iii) Las labores llevadas a cabo se pactaron de común acuerdo por los sujetos
contractuales, destacó que el cumplimiento de horario no implicó la configuración
del grado de subordinación y dependencia, propio de las relaciones laborales,
ello obedeció a la concertación de las partes con el propósito de dar cumplimiento
al objeto de los contratos celebrados.
Formuló como excepciones las siguientes: i) inexistencia de derecho; ii) mala fe
del demandante; iii) pago; iv) prescripción; v) genérica; vi) ausencia de vínculo de
carácter laboral; vii) el demandante es parcialmente coautor y viii) legalidad de
los contratos suscritos entre las partes.
1.5. Sentencia de primera instancia
El 26 de octubre de 2023 la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, por lo tanto: i) declaró la nulidad del acto administrativo acusado; ii)
condenó a la parte demandada a pagar a favor de la demandante una
indemnización que se cuantifica con el valor de las prestaciones sociales legales,
que debió recibir, incluidas cesantías e intereses a la cesantías y vacaciones, que
por la irregular vinculación no fueron pagadas, tomando como base el monto de
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los honorarios devengados por el período comprendido entre el 20 de junio de
2012 a 31 de mayo de 2016, descontando las interrupciones; reajustar y
actualizar las sumas reconocidas, así mismo, dispuso que la entidad deberá
tomar el IBC de la demandante y verificar ante la respectiva Administradora de
Fondos Pensionales, si existió diferencia entre los aportes pensionales que se
debieron efectuar y los efectivamente realizados, por todo el tiempo en que la
señora Olga Lucía Castro Segura desarrolló las labores en la Subred Integrada
de servicios de salud sur occidente E.S.E-Hospital del Sur, y en caso de ser así,
cotizar al fondo la suma faltante en el porcentaje que le corresponda como
empleador; iii) declaró que no operó la excepción de prescripción extintiva del
derecho y se negaron las demás pretensiones de la demanda.
Para llegar a la anterior decisión, luego de referenciar los contratos de prestación
de servicios suscritos por la demandante con la Empresa Social del Estado y las
pruebas del plenario, el a quo concluyó que se encontraban acreditados los
requisitos que sustentan una relación laboral subyacente.
Sobre el cumplimiento del elemento de prestación personal del servicio, se
estableció con base a los contratos de prestación de servicios aportados y las
declaraciones practicadas.
En cuanto a la remuneración aseveró que se demostró con la cláusula
denominada «forma de pago», pactada en los citados contratos.
En torno a la subordinación, con las declaraciones de Orika Mosquera López y
María Visitación Rentería Lozano, así como, con la declaración rendida por la
demandante, estableció que las labores de auxiliar de enfermería eran
ejecutadas bajo el cumplimento de órdenes y de manera presencial en las visitas
domiciliarias programadas por el coordinador del programa de atención de salud
en casa del centro asistencial, las cuales por su propia naturaleza no podían ser
ejercidas de forma autónoma, toda vez que le correspondía atender
principalmente a los pacientes en sus hogares, pertenecientes a los programas
de promoción y desarrollo, madres gestantes y niños menores de cinco años, de
lo que era dable predicar la atención de manera autónoma, de igual modo, la
demandante debía cumplir el horario y seguir los protocolos y reglamentación del
área de salud pública, por lo tanto, estuvo bajo continuada subordinación,
además, tenía que reportar la realización de cada actividad bajo las directrices
recibidas, asistir a campañas de vacunación y reuniones y elaborar informes.
Respecto al pago de los aportes a pensión explicó que de acuerdo al artículo
3.2.7.1 del Decreto 780 de 2016 el IBC pensional del trabajador independiente
con contrato de prestación de servicios personales relacionados con las
funciones de la entidad contratante corresponde mínimo al cuarenta (40%) del
valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor total del impuesto al valor
Agregado (IVA), cuando a ello haya lugar, en ese sentido, no se ordenó a la
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demandante la cotización de sumas adicionales para recomponer la base de
cotización pensional.
Argumentó que no es procedente la devolución de los aportes a salud, en cuanto
la demandante asumió directamente el cubrimiento del riesgo, sobre los aportes
de riesgos laborales, señaló que a la contratista le correspondía realizarlo y se
constituyó en un hecho cumplido.
Destacó que no es posible el reintegro como empleada de la Empresa Social del
Estado y el reajuste de lo percibido conforme a lo devengado por otros
funcionarios de planta de la institución, pues, a la interesada no se le reconoció
la calidad de servidora estatal, no obstante, si se pretendió el reconocimiento del
mismo salario del empleado público con idénticas funciones debió probar tal
circunstancia.
Sobre las vacaciones, mencionó que se reconocen como una indemnización
tasada con base en las prestaciones que en su momento tuvo derecho, en
consecuencia, no se trata de la compensación de vacaciones en dinero sino
liquidadas por concepto de indemnización con las prestaciones recibidas por los
servidores de planta.
De otro lado, explicó que no se tiene derecho al pago de horas extras, ya que, no
se aportaron las planillas de horarios asignados a la demandante, si bien, en las
declaraciones de afirmó que ésta trabajó ocasionalmente los sábados en
jornadas de vacunación sin precisarse las horas laboradas, lo cierto es que según
el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 el trabajo efectuado los días sábados no
otorga remuneración adicional, salvo que se exceda la jornada máxima semana,
situación que no fue discutida.
Sostuvo que no es dable el reconocimiento de la sanción moratoria, dado que la
decisión es declarativa de la existencia de la relación laboral y la penalidad surge
cuando el derecho sin ninguna discusión se adoptó en un acto administrativo.
Por último, subrayó que tampoco había lugar a acceder al pago de la
indemnización por despido injusto, cajas de compensación familia, dotación de
calzado y vestido, subsidio familiar y auxilio de transporte.
1.6. Recursos de apelación
La parte demandada solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia,
para tal efecto, expresó los siguientes argumentos:
i) La accionante cumplió con una serie de actividades con ocasión de la
programación de turnos realizada mensualmente quedando a libre disposición de
ésta la prestación del servicio, el hecho de que aquella desarrollara actividades
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convenidas con la Empresa Social del Estado para garantizar los principios
básicos de integralidad y oportunidad que le asisten a los actores del sistema, no
determina subordinación alguna, lo que indica la realización de actividades por la
demandante según el objeto contractual suscrito.
ii) La simple afirmación de la demandante de la existencia de una relación
laboral no cambió la realidad material y jurídica que nació de la suscripción de
los contratos de prestación de servicios, con la sola afirmación no se puede
cambiar la naturaleza jurídica de la relación contractual, los testigos manifestaron
que a la accionante le indicaban que tenía que hacer, esto es, actividades de
coordinación con ocasión al programa de salud pública denominado territorio
saludable y salud en casa; por consiguiente, se coordinaban los visitas a los
hogares de influencia del Hospital del Sur y demás actividades contractuales. De
igual forma, no es cierto que la demandante recibió órdenes como si fuera un
funcionario de planta y que cumplía horario, para concluir que existía una
subordinación.
iii) De lo dicho en las declaraciones se puede establecer que existía un cierto
grado de independencia, la contratista podía escoger a su arbitrio quien la
reemplazaba en su ausencia.
iv) La conclusión a la que llegó el despacho, se basó en testimonios que no
resultan creíbles, objetivos, ni imparciales, lo importante era advertir que la
interesada no podía actuar a su propio arbitrio, dado que de acuerdo a las
declaraciones existió una coordinación de actividades.
v) Durante el tiempo que existió la relación contractual con la demandante
jamás realizó un reclamo a la entidad demandada, todo ello con el firme
convencimiento, de que se actuó con la más absoluta buena fe en la relación
contractual que acaeció, pues la entidad siempre procedió con la creencia de que
dicha relación estaba condicionada a los términos contractuales, los cuales
siempre se cumplieron sin reparo alguno de su contraparte.
vi) Los turnos que se establecían en el programa de salud pública
denominado territorio saludable y salud en casa, solo indicaron la coordinación
de actividades, no el cumplimiento de horarios, pues la parte demandante no
logró probar frente al cumplimiento de horario que se le aplicara un sistema de
timbrar para verificar entrada y salida, ni que le estuviera vetado hacer trabajos
particulares, es decir que le fuera obligatoria la exclusividad a favor de la entidad.
vii) Las partes hicieron unos acuerdos para el cumplimiento del contrato
y existió una articulación con la entidad, ya que no sería acorde permitirle a cada
contratista que hiciera lo que a bien tenga, y no por ello es dable afirmar como lo
hizo el Tribunal que las funciones desempeñadas por la demandante eran de
carácter misional, pues nadie puede indicar lo contrario, sin embargo, el que el
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hospital no contara con el personal de planta suficiente, si es un indicio para
crearle la necesidad de contratar personal que apoye las labores misionales Io
que es diferente.
Adicionalmente, la parte demandante presentó recurso de apelación en el cual
reprochó el no reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, la dotación, indemnización por despido injusto, reintegro de valores
correspondientes a aportes a pensión, salud, riesgos laborales y caja de
compensación.
Expresó que en el caso concreto se reconoció la existencia del contrato laboral
bajo las condiciones del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo,
reconociéndose así, las acreencias laborales que a título de restablecimiento del
derecho, se condenó a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
E.S.E. Hospital del Sur E.S.E., a pagar a la demandante, todas y cada una de las
prestaciones sociales de carácter legal dejadas de percibir iguales a las que tenía
derecho un empleado de planta que ejercía el cargo de auxiliar de enfermería,
pero en la misma providencia niega otras pretensiones como el pago de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, la dotación, Indemnización
por despido injusto, reintegro de valores correspondientes a aportes a pensión,
salud, riesgos laborales, caja de compensación, y no se pronunció frente a la
indemnización del artículo 65 del C.S.T.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
El 5 de agosto de 2024 se admitieron los recursos de apelación y se dispuso que,
de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el expediente regresaría
al despacho para fallo2.
La procuradora séptima delegada ante esta Corporación, emitió concepto en
el que solicitó confirmar la decisión de primer grado por las siguientes razones:
i) La demandante prestó sus servicios personales en el Hospital del Sur (hoy
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.), desplazándose a
los barrios donde recaía la jurisdicción del centro asistencial.
ii) Las funciones pactadas en las órdenes de trabajo le exigían tener
disponibilidad de tiempos sábados y domingos, de acuerdo con las necesidades
de la comunidad y en caso de contingencia y/o emergencia en salud pública tener
disponibilidad las 24 horas del día según se requiriera. Asimismo, debía adelantar
visitas domiciliarias cuando se le requirieran.
iii) Para cumplir el objeto contractual debía atender precisas órdenes de la
coordinadora del programa de salud pública «Territorio saludable y salud en
2 Conforme al informe secretarial visto en el índice 11 de SAMAI, no se presentaron solicitudes de pruebas.
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casa», lo que evidencia que las labores que ejercía la actora no podían
desarrollarse de manera autónoma, sino que, atendiendo a la naturaleza de la
actividad de la medicina y el manejo directo de pacientes y la población que le
eran encomendados, debían limitarse a las precisas instrucciones impartidas por
el hospital. En ese sentido, no tenía autonomía técnica ni administrativa en su
relación contractual ni puede hablarse de coordinación como pretende la entidad
demandada.
iv) La misión de la entidad demandada es la prestación de los servicios de
salud, por parte del Estado en desarrollo de una política pública, la cual, sin duda,
tiene relación con las labores desempeñadas por la señora Olga Lucía Castro
Segura como auxiliar de enfermería y simplemente basta con una lectura rápida
de las obligaciones contractuales para comprobar que cumplía funciones propias
de cargos similares de planta, pues el manual de funciones de la Empresa Social
del Estado, consignó que el propósito principal de las auxiliares de enfermería
era la de apoyar los procesos misionales con el fin de asegurar la prestación de
los servicios integrales de salud, de acuerdo con el Modelo Integral de Atención
en Salud.
v) La actora laboró bajo una continua subordinación, ya que, prestó sus
servicios en labores misionales de la ESE con ánimo de permanencia, en la
medida que la relación tuvo vigencia por 3 años 11 mes y 12 días, la entidad tenía
la posibilidad de disponer del trabajo de la demandante a través de un horario
impuesto a través de la asignación de turnos de trabajo, y desarrollaba unas
actividades particularmente similares a las de los empleados de planta de la
entidad, asimismo, recibía instrucciones precisas sobre la forma como debía
prestar el servicio, es decir, en cómo debían ejecutar el objeto de su contrato.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3.
De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
3
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos […]».
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General del Proceso4, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación. En ese sentido, si bien ambas partes
apelaron la sentencia de primera instancia, no lo hicieron sobre todo lo decidido,
de tal manera que se resolverá en esta instancia atendiendo los reparos
efectuados en cada uno de los recursos.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
¿Entre la señora Olga Lucía Castro Segura y la Empresa Social del Estado
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente existió una relación
laboral encubierta o subyacente entre el 20 de junio de 2012 hasta el 31 de mayo
de 2016?
De probarse esa relación laboral encubierta, ¿hubo o no interrupciones en el
término de su duración? ¿Y si esa relación se encuentra o no afectada por el
fenómeno de la prescripción?
Asimismo, si como consecuencia de la existencia de esa relación laboral
encubierta ¿tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
dejadas de percibir con ocasión a dicho vínculo, además de las reconocidas en
primera instancia, las relacionadas con la sanción moratoria por no consignación
de cesantías, indemnización por despido sin justa causa, dotación, reintegro de
los aportes a pensión, salud, riesgos laborales y a caja de compensación
familiar? o si por el contrario existió una relación eminentemente contractual con
la entidad demandada, sin derecho a prestación alguna.
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional consagra
los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
Asimismo, esa norma establece que los convenios internacionales sobre el
derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman
4
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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Demandante: Olga Lucia Castro Segura
parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta
razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por
un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la
OIT,5 constituye, junto con otros principios convencionales,6 un axioma laboral de
aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.
Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta
al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para
satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado),
el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de
negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:
«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»
Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la
jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que
tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
de 1993, y la forma en que queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria de
una relación laboral encubierta o subyacente.
5 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
6 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́
de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»,
adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra
el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna
y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas
o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el
empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.
En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el
elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se
puede matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o
imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en
función del objeto contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que
se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción
del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de
manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan
los elementos configurativos de la relación laboral.
No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una
vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de
empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias del
artículo 122 de la Carta Política7.
Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante o
7 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado
76001-23-31-000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.
Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del
contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que
estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor
de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días
hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en
los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las
especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema
de la Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es
improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese
asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de
naturaleza parafiscal.
En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la manera
más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable» puede
advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en
función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo
que estima imprescindible para la ejecución de un contrato futuro. De ahí que los
contratos de prestación de servicios no puedan concatenarse indefinidamente en
el tiempo, cuando se suscriben con personas naturales.
En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad para
aquellos contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones, cuya
consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción de derechos una vez
declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no superarse
dicho lapso, se puede concluir «la existencia de una unidad de vínculo
contractual» siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales y las
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obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la
satisfacción de las mismas necesidades».
A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del 25
de agosto de 20168, según la cual, en caso de encontrarse acreditada la relación
laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de los tres
años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo contractual, y, en
aquellos casos donde se presente solución de continuidad entre contratos, debe
analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de
finalización9, por lo que de no presentarse la reclamación en ese período, operará
el fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que
no están sometidos a dicho término10.
En igual sentido, mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo cobra
relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral
cuya duración deba ser examinada.
Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa.
8 Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.
9 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos
contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución
entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la
prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la
existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por
consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual,
que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]»
(Negrita fuera del texto)
10 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen
deprecado de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las
diferencias que se demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a
la entidad contratante como empleadora.
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2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los recursos de apelación y a
efectos de ser resueltos, se procederá a identificar el material probatorio obrante
en el plenario:
1. Contratos de prestación suscritos entre la demandante y la Empresa
Social del Estado Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
De acuerdo con las pruebas documentales aportadas por la parte demandante y
demandada, así como, la certificación expedida el 10 de febrero de 2017 por el
asesor jurídico del centro asistencial11, la señora Olga Lucía Castro Agudelo
Segura suscribió los siguientes contratos de prestación de servicios12 con la
autoridad administrativa:
Contrato de
servicios o Fecha de
# Fecha de inicio Objeto Valor total
nombramiento terminación
ordinario
Apoyo y soporte técnico
como auxiliar de
enfermería PIC-PAI en el
20 de junio 31 de julio $1.400.000
1 494 de 2012 acompañamiento de las
de 2012 de 2012 M/cte.
diferentes actividades que
se realizan en el hospital
del Sur ESE
31 de
1201 de 1° de agosto $1.200.000
2 agosto de Ibidem
2012 de 2012 M/cte.
2012
1° de 31 de
1517 de $2.400.000
3 septiembre octubre de Ibidem
2012 M/cte.
de 2012 2012
Adición y
prórroga del 1° de 31 de
$2.400.000
4 contrato noviembre de diciembre Ibidem
M/cte.
1517 de 2012 de 2012
2012
Prestación de servicios y
conocimientos como
28 de auxiliar de enfermería, la
1° de enero $2.728.000
5 8 de 201313 febrero de ejecución del contrato
de 2013 M/cte.
2013 interadministrativo 1439 de
2013, con el fin de realizar
actividades del plan de
11Documentos visibles en los folios 30 a 33 del archivo titulado «4ED_03ANEXOS», expediente digital, índice
2 de Samai.
12Documentos visibles en los folios 24 a 97 del archivo titulado
«12ED_12ANEXOCONTESTACIONDEMANDA02HVOLGALUCIACASTROSEGURA», y en el archivo
titulado «11ED_11ANEXOCONTESTACIONDEMANDA01HVOLGALUCIACASTROSEGURA», expediente
digital, índice 2 de Samai.
13 En el expediente no reposa la copia del contrato de prestación de servicios, sin embargo, de acuerdo a la
certificación signada el 10 de febrero de 2017 por el asesor jurídico de la Empresa Social del Estado
demandada, detalló cuál fue el objeto de éstos, las fechas de vigencia y el valor de los honorarios.
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intervenciones colectivas
en el distrito capital en
concordancia con las
normas que regulan el
sistema de seguridad
social en salud, el plan
territorial en salud y el plan
de desarrollo Bogotá
humana 2012-2016, de
acuerdo con las
necesidades y prioridades
de la población en los
diferentes territorios,
mediante la
implementación de
acciones de promoción de
la salud, prevención de la
enfermedad, vigilancia en
salud pública y gestión de
la salud pública de
acuerdo con la siguiente
información.
31 de
974 de 1° de marzo $1.449.400
6 marzo de Ibidem
201314 de 2013 M/cte.
2013
31 de
1445 de 1° de abril de $2.898.800
7 mayo de Ibidem
201315 2013 M/cte.
2013
2368 de 4 de junio de 30 de junio $1.304.460
8 Ibidem
201316 2013 de 2013 M/cte.
31 de
2808 de 2 de julio de $2.898.800
9 agosto de Ibidem
201317 2013 M/cte.
2013
2 de 30 de
3774 de $1.500.000
10 septiembre septiembre Ibidem
201318 M/cte.
de 2013 de 2013
31 de
4366 de 1° de octubre $1.500.000
11 octubre de Ibidem
201319 de 2013 M/cte.
2013
1° de 31 de
4963 de $3.000.000
12 noviembre de diciembre Ibidem
201320 M/cte.
2013 de 2013
31 de $1.500.000
5862 de 1° de enero
13 enero de Ibidem M/cte.
2013 de 2014
3014
14 En el expediente no reposa la copia del contrato de prestación de servicios, sin embargo, de acuerdo a la
certificación signada el 10 de febrero de 2017 por el asesor jurídico de la Empresa Social del Estado
demandada, detalló cuál fue el objeto de éstos, las fechas de vigencia y el valor de los honorarios.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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28 de $1.500.000
5 de febrero
14 865 de 2014 febrero de Ibidem M/cte.
de 2014
2014
$1.500.000
3 de marzo 30 de abril
15 907 de 2014 Ibidem M/cte.
de 2014 de 2014
1695 de 2 de mayo de 30 de junio $1.500.000
16 Ibidem
2014 2014 de 2014 M/cte.
Adición y
prórroga 1
1° de julio de 31 de julio $1.500.000
17 del contrato Ibidem
2014 de 2014 M/cte.
1695 de
2014
Adición y
prórroga 2 31 de
1° de agosto $1.500.000
18 del contrato agosto de Ibidem
de 2014 M/cte.
1695 de 2014
2014
Adición y
prórroga 3 1° de 30 de
$1.500.000
19 del contrato septiembre septiembre Ibidem
M/cte.
1695 de de 2014 de 2014
2014
31 de
2751 de 1° de octubre $1.500.000
20 octubre de Ibidem
2014 de 2014 M/cte.
2024
Adición y
prórroga 1 1° de 30 de
$1.500.000
21 del contrato noviembre de noviembre Ibidem
M/cte.
2751 de 2024 de 2024
2014
Adición y
prórroga 2 1° de 31 de
$1.500.000
22 del contrato diciembre de diciembre Ibidem
M/cte.
2751 de 2024 de 2024
2014
16 de
246 de 2 de enero $750.000
23 enero de Ibidem
201521 de 2015 M/cte.
2015
31 de
920 de 17 de enero $3.750.000
24 marzo de Ibidem
201522 de 2015 M/cte.
2015
30 de
1926 de 1° de abril de $7.744.500
25 agosto de Ibidem
201523 2015 M/cte.
2015
1° de 31 de
3101 de $3.109.800
26 septiembre octubre de Ibidem
2015 M/cte.
de 2015 2015
21 En el expediente no reposa la copia del contrato de prestación de servicios, sin embargo, de acuerdo a la
certificación signada el 10 de febrero de 2017 por el asesor jurídico de la Empresa Social del Estado
demandada, detalló cuál fue el objeto de éstos, las fechas de vigencia y el valor de los honorarios.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
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3 de 31 de
4095 de $3.109.800
27 noviembre de diciembre Ibidem
201524 M/cte.
2015 de 2015
31 de
512 de 4 de enero $1.554.900
28 enero de Ibidem
201625 de 2016 M/cte.
2015
15 de
914 de 1° de febrero $777.450
29 febrero de Ibidem
201626 de 2016 M/cte.
2016
31 de
1732 de 16 de febrero $5.810.585
30 mayo de Ibidem
2016 de 2016 M/cte.
2016
2. Certificación expedida el 30 de agosto de 2012 por la profesional especializada
del área de talento humano del Hospital del Sur ESE en el cual certificó que en
la planta de personal del centro asistencial no existe la disponibilidad de cargos
y personal suficiente para desarrollar las actividades en la prestación del servicio
de auxiliar de enfermería, para llevar a cabo el desarrollo de las diferentes
actividades.
3. Ejecución de los contratos de prestación de servicios: El asesor jurídico
de la Empresa Social del Estado demandada a través de certificado expedido el
10 de febrero de 201727, constató que fueron ejecutados por la señora Olga Lucía
Castro Segura en calidad de auxiliar de enfermería los contratos de prestación
de servicios 494 de 2012, 1201 de 2012, 1517 de 2012, 8 de 2013, 974 de 2013,
1445 de 2013, 2368 de 2013, 2808 de 2013, 3774 de 2013, 4366 de 2013, 4963
de 2013, 5862 de 2013, 865 de 2014, 907 de 2014, 1695 de 2014, 2751 de 2014,
246 de 2015, 920 de 2015, 1926 de 2015, 3101 de 2015, 4095 de 2015, 512 de
2016, 914 de 2016 y 1732 de 2016.
4. Hoja de vida de la demandante, pagos de pólizas de cumplimiento, certificados
de registro de disponibilidad presupuestal, invitación a presentar propuesta de
contratación en forma directa (obligaciones del contratista, propuesta económica,
exigencias de garantía y de documentación), de igual modo, formatos de
necesidad y de conveniencia de la prestación del servicio requerido.
5. Solicitud de reconocimiento y pago de prestaciones sociales: Mediante
escrito radicado el día 8 de abril de 2019 se solicitó a la Empresa Social del
Estado Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente el reconocimiento
de una relación laboral, producto de los contratos de prestación de servicios que
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 En el expediente no reposa la copia del contrato de prestación de servicios, sin embargo, de acuerdo a la
certificación signada el 10 de febrero de 2017 por el asesor jurídico de la Empresa Social del Estado
demandada, detalló cuál fue el objeto de éstos, las fechas de vigencia y el valor de los honorarios.
27Documentos visibles en los folios 24 a 97 del archivo titulado
«12ED_12ANEXOCONTESTACIONDEMANDA02HVOLGALUCIACASTROSEGURA», y en el archivo
titulado «11ED_11ANEXOCONTESTACIONDEMANDA01HVOLGALUCIACASTROSEGURA», expediente
digital, índice 2 de Samai.
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suscribió con esa entidad y el pago de las prestaciones sociales causadas desde
el 20 de junio de 2012 hasta el 31 de mayo de 201628.
6. Acto administrativo demandado. A través del oficio 20192100068461 de 23
de abril de 201929, expedido por la jefe de la oficina asesora jurídica de la entidad
demandada, se negó la anterior petición con fundamento en que «este vínculo
jurídico no genera ninguna relación laboral con la entidad, y se reitera, que usted
contratista gozó de plena autonomía e independencia en la ejecución del objeto
contractual».
7. En el tránsito de la audiencia de pruebas de 22 de septiembre de 202330 se
practicó el interrogatorio de parte a la señora Olga Lucía Castro Segura, del cual
se extrae lo siguiente:
Preguntas formuladas por la apoderada de la Empresa Social del Estado Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente: «PREGUNTADO: En qué consistía
la ejecución de sus actividades en su red integrada de servicios de salud. Informe
en qué consistían sus actividades. CONTESTÓ: Nosotros cumplíamos un
horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, hacíamos visitas visitando
gestantes, visitábamos niños de 5 años, menores de 5 años, pacientes con
enfermedades crónicas, íbamos con el doctor o dependiendo lo que
necesitara el paciente, iba también psicología. Hacíamos visitas en casa a
casa a los niños. PREGUNTADO: ¿Cuál era el perfil que usted desempeñaba en
la entidad? CONTESTÓ: Éramos auxiliar de enfermería. PREGUNTADO: Cuánto
tiempo estuvo vinculada y si recuerda en qué periodo. CONTESTÓ: Yo ingresé en
marzo del 2012 y el contrato se terminó en mayo del 2016. PREGUNTADO:
Durante ese tiempo en donde usted ejecutó sus actividades, ¿tuvo algún tiempo
de interrupción de sus actividades? CONTESTÓ: Interrupción, no te entiendo.
PREGUNTADO: Sí, como fueron contratos, usted de pronto al momento de
finalizar y comenzar otro, ¿hubo algún tipo de interrupción? CONTESTÓ: Eran
contratos de mes o eran de dos meses, por mucho tres meses y volvían y lo
renovaban, una prórroga», Intervención de la magistrada sustanciadora: «Dígale
al despacho si entre la finalización de un contrato y la renovación del siguiente
existieron días de interrupción. CONTESTÓ: No señora. Preguntas formuladas por
la apoderada de la Empresa Social del Estado Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur Occidente: «PREGUNTADO: Conforme a lo que nos informó de sus
actividades, ¿esas actividades estaban estipuladas en los contratos de prestación
de servicios? CONTESTÓ: Esas actividades sí se realizaban, sí señora.
PREGUNTADO: ¿Esas actividades que usted nos indicó estaban estipuladas en
el contrato que usted suscribió? CONTESTÓ: Pues la verdad, pues era lo que
nosotros hacíamos, era el contrato que se había firmado, eso es lo que nosotras
hacíamos, las visitas. PREGUNTADO: De acuerdo a lo que nos indicó, ¿esas
visitas, entre otras actividades, eran las que estaban estipuladas en su contrato?
CONTESTÓ: Bueno, sí señora, esas visitas, pero aparte nos hacían ir los fines de
semana, esas sí no estaban inscritas en el contrato cuando nos hacían ir los fines
de semana a vacunación. PREGUNTADO: ¿Cómo era la coordinación de
actividades o cómo usted concertaba con su supervisor, con su superior?
CONTESTÓ: La supervisora enviaba correo y nos teníamos que ir a las UPAS,
28 Así se indicó en el oficio 20192100068461 de 23 de abril de 2009.
29 Documento visible en los folios 44 a 49 del archivo titulado «4ED_03ANEXOS», expediente digital, índice
2 de Samai.
30 Acta visible en los folios 247 a 261 del archivo titulado «000-2017-00122-00 Cuaderno Principal»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
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Demandante: Olga Lucia Castro Segura
a un centro de salud, y ahí empezaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde a hacer
las visitas porque nos dejaban una meta para cumplir. PREGUNTADO: ¿Cada
cuánto la supervisora le enviaba ese correo electrónico? CONTESTÓ: Los
correos siempre nos hacían ir cada 15 días, los fines de semana. PREGUNTADO:
Conforme a lo que nos indicó, ¿cómo le supervisaban sus actividades?
CONTESTÓ: Nosotros teníamos una coordinadora que era la doctora Cecilia
Salamanca y aparte de ella teníamos una jefe por cada UPA. PREGUNTADO:
[…] Durante el tiempo que usted estuvo vinculada, ¿usted prestó sus servicios
simultáneamente en otra entidad ya fuera pública o privada? CONTESTÓ: No
señora, solamente ahí con el Hospital del Sur»31.
8. En esa audiencia32, se escucharon en declaración jurada a las señoras Orika
Mosquera López y María Visitación Rentería Lozano, a continuación, se relaciona
lo dicho por ellas:
Orika Mosquera López:
Preguntas formuladas por la magistrada sustanciadora: «PREGUNTADO: Infórmele al
despacho, en primer lugar, sus generales de ley, esto es sus nombres y apellidos
completos, sus cédulas de ciudadanía, su edad, domicilio, ocupación, estudios realizados.
CONTESTÓ: […] Yo me desempeño como médico general egresado de la Universidad
Libre de Barranquilla, […], me desempeño como médico general, laborando en la ciudad
de Pereira. PREGUNTADO: Sírvase decirle al despacho todo cuanto sepa y le conste en
relación con la demanda que ha presentado la señora Olga Lucía Castro Segura en contra
de la subred de servicios de salud sur occidente. CONTESTÓ: A Olga pues yo la conozco
desde hace tiempo, más o menos como alrededor del 2012, cuando entramos a trabajar
en la red del sur en el programa de atención salud a su casa, pues en la cual uno tenía que
cumplir ciertos horarios, más o menos el horario era, me recuerdo en esa época como
de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la cual uno tenía que hacer visitas domiciliarias,
ellas a veces iban, recolectaban datos y en muchas ocasiones tenían que hacer
procesos de vacunación, hablar de los programas de vacunación, hablar de los
programas de promoción y prevención. Y bueno, pues obviamente por ser un trabajo
extramural, pues siempre uno estaba expuesto a riesgo, a que lo robaran o que le
hicieran algún daño. PREGUNTADO: Cuáles eran las funciones que realizaba usted al
interior de la entidad. CONTESTÓ: Pues como ella es auxiliar de enfermería, pues ellas se
encargaban de ir a recolectar los datos de las personas que uno tenía que ir a visitar o si
tenían algún riesgo, ellas le pasaban esa información a uno y uno iba a la casa, les daba
la educación o si había alguien con algún problema, alguna patología o algo, pues entonces
uno lo formulaba o si había que sacar a algún paciente y llevarlo a hospitalizar, uno lo
llevaba o si había alguien, digamos con el caso de las maternas y hubo una pérdida, en la
cual pues la materna perdió el bebé, pues uno iba y le hacía el acompañamiento a esa
materna»33. Preguntas formuladas por el apoderado de la parte demandante:
«PREGUNTADO: ¿Por qué conoce usted a Olga Lucía Castro y dónde la conoció?
CONTESTÓ: A Olga Lucía Castro, pues yo la conozco, como le dije a la juez, desde hace
mucho tiempo, desde que ingresé a ser parte del programa de la Subred, del Hospital del
Sur, allá en la ciudad de Bogotá, en la cual, pues hacíamos el programa de salud a su
casa, pues el programa que había con respecto a salud pública, que había desarrollado la
alcaldía de Bogotá en ese entonces. PREGUNTADO: ¿Nos puede indicar las fechas en las
que usted trabajó conjuntamente con ella? ¿De qué fecha a qué fecha? CONTESTÓ: Del
2012 a enero de 2014, creo. PREGUNTADO: ¿Usted sabe si la señorita Olga Lucía Castro
segura tenía algún supervisor o coordinador como jefe directo? CONTESTÓ: Sí, todos
teníamos coordinador y todos teníamos un supervisor, siempre teníamos una coordinadora
y un supervisor, en la cual pues casi siempre, a veces nos reuníamos en la mañana y nos
despachaban a realizar las actividades del día, y a veces había reuniones extramurales
31 Minuto 3:55 a 13:51 de la audiencia de pruebas de 22 de septiembre de 2023.
32 Acta visible en los folios 247 a 261 del archivo titulado «000-2017-00122-00 Cuaderno Principal»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
33 Minuto 23:52 a 27:30 de la audiencia de pruebas de 22 de septiembre de 2023.
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Demandante: Olga Lucia Castro Segura
como para ver cómo iba avanzando el programa. PREGUNTADO: ¿Nos puede indicar de
una manera más detallada por qué usted dice que esa persona fungía como
coordinador o jefe directo? ¿Qué labores cumplía ella frente a ustedes? CONTESTÓ: Pues el jefe inmediato lo único que tenía que hacer era verificar que se cumplieran los
programas porque siempre le ponían a uno unas metas que tenía que cumplir, había veces
que nos decían, nos daban la meta mensual, mensual, o cuál era la meta a conseguir en
el mes. PREGUNTADO: ¿Sabía usted qué horario cumplía la señorita Olga Lucía Castro
Segura? CONTESTÓ: El que teníamos todos, de ocho de la mañana a cinco de la tarde, y
había fines de semana en los que tocaba ir a laborar. PREGUNTADO: Cuando tocaba
laborar los fines de semana, ¿cómo eran ustedes notificados de esa situación y por parte
de quién? CONTESTÓ: De la coordinadora, siempre era la coordinadora que impartía
la información y decía, hay que cumplir la meta o si desarrollaban alguna actividad
extra, como por decir, alguna jornada de vacunación o una jornada de hábitos
saludables. PREGUNTADO: ¿Era obligatorio asistir a esas jornadas o ustedes podían
decidir si asistían o no? CONTESTÓ: No, siempre era obligatorio acudir a esas
jornadas y siempre era obligatorio cumplir las metas. Si uno no cumplía las metas,
había veces que no le pagaban porque no cumplía las metas. PREGUNTADO: Si Olga
Lucía Castro Segura decidía no asistir o necesitaba un permiso, ¿cómo era ese trámite?
CONTESTÓ: Si uno necesitaba un permiso, casi siempre tendría que ser por salud,
los permisos solamente los daba la coordinadora, ella era la que decidía si daba el
aval o no daba el aval, y casi siempre tenían que ser cosas muy justificables, ya
dependía si era algo familiar o por cuestiones de salud. PREGUNTADO: ¿Tiene
conocimiento usted si ese mismo trámite lo tenían que adelantar a personas que trabajaran
de planta? CONTESTÓ: No, con los de planta nosotros normalmente no interactuábamos,
casi siempre todos éramos contratistas. PEGUNTADO: Dentro de su conocimiento como
profesional de la medicina, ¿considera usted que las labores que cumplía la señorita
Olga Lucía Castro Segura como auxiliar de enfermería son necesarias dentro de las
instalaciones hospitalarias? CONTESTÓ: Claro que eran necesarias, es que todo el
mundo tenía una función ya asignada y que era lo que tenía que desempeñar, que de
entrada a usted le decían tiene que hacer tantas visitas, usted tiene que hacer tanto
en vacunación, usted tiene que hacer tanto, y ellas tenían que cumplirlas o tenían
que cumplirlas o simplemente no había pago»34. Preguntas formuladas por el
apoderado de la parte demandante: «PREGUNTADO: ¿A usted le costa cómo era la
coordinación de las actividades con la señora Olga Lucía y el coordinador o supervisor del
contrato? CONTESTÓ: Con respecto al supervisor del contrato no tengo noción, pero
normalmente, como vuelvo y repito, la que impartía las órdenes era la coordinadora, había
veces que teníamos reunión grupal y después hacía una reunión con cada grupo dándole
sus respectivas indicaciones. PREGUNTADO: De acuerdo a lo que nos informa, esas
indicaciones, ¿cómo se realizaban? ¿Las hacían era en forma grupal o las hacían
mediante correo electrónico? CONTESTÓ: No, casi siempre, esas reuniones las hacían
era presencial y obviamente al correo electrónico volvían y le verificaban a uno qué
actividad uno tenía que desarrollar, pero siempre mandaban correos electrónicos y había
reuniones, claro. PREGUNTADO: ¿De acuerdo al grado de escolaridad de la señora Olga
Lucía requería de alguien que le informara cómo desarrollar sus actividades? CONTESTÓ:
No, al grado que ella tiene, no, simplemente que ella lo único que recibía era una
instrucción, una instrucción, un ejemplo, la meta para este mes, estamos en el mes
de septiembre y le decían, la meta para este mes de septiembre tiene que ser 50
niños vacunados, entonces usted tiene que cumplir esa meta de vacunar 50 niños»35.
María Visitación Rentería Lozano:
Preguntas formuladas por la magistrada sustanciadora: «PREGUNTADO: informe sus
generales de ley, esto es su nombre y apellido completo, su cédula de ciudadanía, su edad,
estado civil, domicilio, profesión, ocupación, estudios realizados. CONTESTÓ: […] Soy
auxiliar de enfermería […]. PREGUNTADO: Indíquele al despacho de que conoce usted a
la señora demandante, Olga Lucía Castro Segura. CONTESTÓ: Desde el 2012 la distingo
porque fuimos compañeras de trabajo. PREGUNTADO: ¿Compañeras en qué sitio?
CONTESTÓ: En Puente Aranda, yo trabajaba en la sur occidente. PREGUNTADO:
indíquele al despacho que funciones o labores al interior de la entidad realizaba la
34 Minuto 27:33 a 34:54 de la audiencia de pruebas de 22 de septiembre de 2023.
35 Minuto 35:06 a 37:32 de la audiencia de pruebas de 22 de septiembre de 2023.
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Demandante: Olga Lucia Castro Segura
señora Olga Lucía Castro Segura. CONTESTÓ: Ella laboraba como auxiliar de
enfermería en el cual, pues hacían, como teníamos varios programas, entonces a
veces nos tocaba, a ella le tocaba salir, hacer como demanda inducida en jornada de
vacunación, horarios extendidos, que a veces eran de 7 a 5 o de 8 a 5, se trabajaba
también los días festivos, también se trabajaba, y a veces en varios programas como
territorio saludable, salud a su casa, que existía en ese entonces, dónde se hacían
visitas casa a casa»36. Preguntas formuladas por el apoderado de la parte demandante:
«PREGUNTADO: ¿Nos puede indicar en qué punto de salud u hospital trabajó con la
señora Olga Lucía Castro Segura? CONTESTÓ: En Puente Aranda dónde nos
mandaban hacer en ese momento jornadas de vacunación. CONTESTÓ: ¿De qué
fecha a qué fecha trabajó usted con la señora Olga Lucía Castro? CONTESTÓ: Desde el
2012 hasta el 30 de mayo del 2016. PREGUNTADO: ¿Sabe usted si la señora Olga Lucía
Castro Segura tenía algún supervisor o coordinador que fungía como jefe directo?
CONTESTÓ: Como jefe directo la doctora Cecilia, y eran varios jefes, sí, eran varios jefes,
porque en eso nunca se tuvo un solo jefe. PREGUNTADO: ¿Nos puede indicar quién es la
doctora Cecilia, por favor? CONTESTÓ: Ella en ese momento era la coordinadora.
PREGUNTADO: ¿Sabe usted si Olga Lucía Castro Segura cumplía algún horario y nos
indica cuál era ese horario? De ser positiva su respuesta. CONTESTÓ: Había varios
horarios, de 7 de la mañana cuando eran jornadas de vacunación, y en los programas
de PIP, pues de 8 a 5 y de 7 a 5, como eran varios jefes, sí, entonces a veces daban
la orden, tienen que entrar a las 7 de la mañana, tocaba cumplir horario.
PREGUNTADO: Usted indicó que a veces trabajaba los fines de semana y festivos. ¿Quién
los citaba a esos trabajos de semana? CONTESTÓ: Pues siempre mandaban, pues la
coordinadora es la que manda o el jefe en que está a cargo en ese momento son los
que dan la orden, digamos el día de mañana, la hora tal, tienen que estar, digamos a
las 7 de la mañana, sí, jornada de vacunación. PREGUNTADO: ¿Cómo les daban esas
órdenes, personalmente o por correo o algún mensaje? CONTESTÓ: No, nos decían y
mandaban mensajes también dónde tocaba cumplir horario. PREGUNTADO: ¿Era
obligatorio asistir a esas jornadas los fines de semana o podían decidir si voluntariamente
asistían? CONTESTÓ: No, teníamos que cumplir horario y era obligatorio porque era
jornada de vacunación en la cual no se podía llegar tarde a la jornada, todo tocaba a la
hora exacta, a la hora que ellos dijeran, a esa hora teníamos que cumplir, se tenía que
cumplir y cumplía ella el horario. PREGUNTADO: ¿Sabe usted si la señorita Olga Lucía
cumpliendo sus labores para retirarse o pedir algún permiso debía informarle a alguien o
lo podía hacer voluntariamente? CONTESTÓ: No, no, no, siempre se dirigía a su jefe en el
cual, pues, si tenían sus citas médicas, si tenían algunas cosas, siempre se pedía permiso,
siempre se dirigía a su jefe en el cual, pues, si tenían sus citas médicas, siempre se pedía
permiso»37. Preguntas formuladas por la magistrada sustanciadora: «PREGUNTADO:
Puntualice cómo era el horario de la señora demandante al interior de la entidad, no
sólo en la jornada de vacunación, sino en otras jornadas o servicios. CONTESTÓ:
Bueno, en jornadas de vacunación era las 7 de la mañana y la labor como tal, dónde
se hacían las otras labores como territorio saludable, salvo a su casa, era de 8 a 5.
PREGUNTADO: De todas maneras, ¿la señora cumplía horario como trabajadora?
CONTESTÓ: Sí. PREGUNTADO: ¿Cuántas horas? CONTESTÓ: Si entraba a las 8 salía
a las 5, a veces se salía un poquito más tardecito, pero la idea era cumplir el horario en
que ella tenía que llegar. PREGUNTADO: ¿En cuáles días de la semana, por favor?
CONTESTÓ: De lunes a viernes o lunes a sábado se trabajaba, o sea, eso era un horario
prácticamente extendido»38.
Del anterior material probatorio, se tiene demostrada la prestación personal del
servicio de la demandante, comoquiera que fue vinculada como contratista a
través de 24 contratos de prestación de servicios suscritos con la E.S.E. subred
integrada de servicios de salud sur occidente, así como en sus 6 adiciones y
prorrogas de cuyo texto se desprende la vocación personal e irremplazable que
36 Minuto 45:33 a 49:00 de la audiencia de pruebas de 22 de septiembre de 2023.
37 Minuto 45:33 a 53:29 de la audiencia de pruebas de 22 de septiembre de 2023.
38 Minuto 53:49 a 55:18 de la audiencia de pruebas de 22 de septiembre de 2023.
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la ataba en relación con el cumplimiento de las funciones contractuales39;
sumado a lo expresado al unísono por las testigos Orika Mosquera López y María
Visitación Rentería Lozano, quienes afirmaron de manera espontánea y
coherente que la aquí demandante ejecutaba de manera personal sus labores,
las cuales tenían el carácter de indelegables, dichos que no fueron objeto de
tacha alguna por la contraparte.
De la misma manera, con esos elementos de juicio y demás documentales
aportados al plenario, se demuestra el segundo elemento de la relación laboral,
esto es, la contraprestación o remuneración, que se refiere a las sumas de
dinero recibidas por la demandante durante la ejecución de sus labores; montos
que se encuentran taxativamente descritos en los contratos de prestación de
servicios que se encuentran expuestos en el cuadro que antecede.
En cuanto al elemento esencial de la relación laboral esto es, el de la continuada
subordinación y dependencia, se recuerda que, de conforme con lo previsto en
el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consiste en la facultad que le
asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato».
Elemento respecto del cual, la Sala ha afirmado que «implica una superioridad
jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre
el subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad es una
obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de las normas que
lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de convenio
con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la correcta ejecución
del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades de carácter
administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir horarios en
la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de algunos
elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero, coordinar
de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de la
subordinación»40.
En el caso concreto, se tiene acreditado que la demandante estuvo vinculada
durante 3 años, 11 meses y 12 días en el centro asistencial demandado,
cumpliendo un mismo objeto contractual41. En ese sentido, es del caso establecer
si se satisfacen los indicios que determinen la existencia de subordinación en la
ejecución de las labores ejecutadas en el presente asunto, atendiendo lo
39 verbi gracia, la cláusula décimo sexta del contrato de prestación de servicio 1517-2012, estableció que
«el presente contrato es intuito personae y, por lo tanto, el contratista no podrá cederlo a persona alguna,
salvo autorización previa, expresa y escrita del hospital».
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de
2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
41 De la lectora generalizada de los contratos de prestación de servicios, se concluye que aquella tenía como
funciones las de prestar sus servicios como auxiliar de enfermería.
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expuesto por esta Corporación en la sentencia de unificación UJ-025-CES2-
2021 en la que precisó como tales los siguientes:
«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas,
la Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador
debe valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas
para los empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación, y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así,
ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o
vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales y de
turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un
horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación
subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a
través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos
internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la dirección y control
efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más
relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En
ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector,
organizativo disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció
una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento
de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad
de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana
crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de
ser valorado como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de
tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente
a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la
ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación
laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo».
Así pues, siguiendo los criterios previamente expuestos, se procederá a
determinar la existencia de la subordinación, no obstante, la Sala destaca que las
2 testigos traídas al proceso expresaron que conocieron a la demandante cuando
realizaron actividades asistenciales de salud en los programas «territorio
saludable» y «salud en casa» del Distrito Capital de Bogotá y determinaron la
época desde la que iniciaron sus labores, veamos: i) Orika Mosquera López
prestó sus servicios como médica general del hospital desde el año 2012 a 2014
y ii) María Visitación Rentería Lozano laboró en calidad de auxiliar de enfermería
para la ESE a partir del 2012 y hasta el día 30 de mayo de 2016. En
consecuencia, son testigos directos de los hechos, ya que, prestaron sus
servicios en la entidad pública demandada en la época en la que la demandante
suscribió los contratos de prestación de servicios con el centro asistencial y
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fueron sus compañeras de trabajo. Precisado lo anterior, se procederá a analizar
la subordinación a partir de los siguientes ítems:
i) Lugar de trabajo: Del análisis en conjunto del acervo probatorio, la declaración
de la parte demandante, los testimonios y bajo la sana crítica, se concluye que el
lugar en el cual la actora desarrolló el objeto contractual pactado con la entidad
demandada en las instalaciones de la Empresa Social del Estado, así como, en
los hogares de influencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente en los que se recolectaba información, se atendían pacientes, se
visitaban a madres gestantes y niños de 5 años, se ejecutaban jornadas de
vacunación, y programas de promoción y prevención.
ii) El horario de labores: De acuerdo a la declaración de la parte demandante
el horario era de 8:00 AM 5:00 PM, afirmación con la que fue coincidente el
testimonio de Orika Mosquera López, así mismo, la deponente María Visitación
Rentería Lozano precisó que la jornada laboral era de lunes a viernes e incluso
los sábados y festivos, aclarando que cuando se realizaban tareas de vacunación
de menores se iniciaba desde las 7:00 AM y hasta que se culminara la actividad,
y que cuando se desplegaban labores de prevención y atención de pacientes o
de los programas de «territorio saludable» y «salvo a su casa» el horario era de
8:00 AM a 5:00 PM.
iii) La dirección y el control efectivo de las actividades a ejecutar: De
acuerdo a la sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021 este indicio es
uno de los aspectos más importantes para constar la existencia de la
subordinación, es posible acreditarlo con cualquier medio probatorio, en ese
sentido, no solamente la prueba documental tiene la aptitud de inferir su certeza,
también serán válidas las declaraciones u otros elementos de convicción.
En primer lugar, nótese que, en múltiples de los contratos de prestación de
servicios celebrados por los sujetos procesales, se establecieron como
actividades específicas, entre otras, las siguientes: dar cumplimiento a las
actividades y metas periódicas designadas y coordinadas por el enfermero o
referente de territorio con base en las fichas técnicas y lineamientos definidos por
la SDS-ESE que son su responsabilidad, de acuerdo al perfil, escenario e
intervención que se defina en los diferentes ámbitos (familiar, comunitario,
laboral, escolar, institucional e IPS); caracterizar, identificar o actualizar familias
y escenarios de los micro territorios asignados, teniendo en cuenta para el
informe las visitas fallidas, no para la ejecución de la meta, apoyar el proceso de
georeferenciación que de este proceso se derive, diligenciar integral, oportuna y
con calidad los instrumentos necesario y requeridos para el desarrollo de las
actividades (ficha de caracterización, plan familiar, ficha de notificación, ficha de
canalización, escala de vulnerabilidad); notificar todos los eventos de interés en
salud pública, informar a los individuos, familias o colectivos sobre sus deberes y
derechos respecto a la seguridad social en salud, facilitar los procesos de
veeduría ciudadana y participación social con el fin de fortalecer la gestión y
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movilización social comunitaria, participar activamente en las jornadas de salud
pública (vacunación, comunitarias, institucionales, territoriales) programas tanto
por la SDS como por el hospital o las contempladas en el plan de acción del
territorio.
Complementario a lo precedente, de acuerdo a la declaración de la parte
demandante, sus actividades giraron en torno a temas de salud pública, dado
que realizaba visitas a las madres gestantes, niños de 5 años y pacientes con
enfermedades crónicas, así mismo, las declaraciones de Orika Mosquera López
y María Visitación Rentería ratificaron esa afirmación, pues, según lo sostenido
por ellas la interesada recolectaba datos e información de los pacientes y
participaba en los programas de vacunación, al igual que en los de prevención y
promoción.
Así mismo, en la declaración de parte se explicó que de acuerdo a las
instrucciones dadas por la coordinadora del grupo mediante correos electrónicos
o de manera verbal, le indicaban las visitas o los lugares a los que debía asistir,
por otro lado, las testigos manifestaron que era imperioso que la actora cumpliera
las órdenes emitidas por la coordinara Cecilia a cargo de las labores que
desempeñaba, siendo complementaria una explicación de Orika Mosquera,
según la cual, una de las órdenes dadas por la coordinadora a la señora Olga
Lucía Castro Segura podía corresponder la relativa a vacunar a 50 niños durante
el mes de septiembre.
No es cierto el reproche de la entidad demandada en su recurso de apelación de
que la actora tenía independencia y flexibilidad en la prestación del servicio, dada
la naturaleza del servicio desarrollado debía estar a disposición en cualquier
momento para la realización de las visitas domiciliarias o labores asistenciales en
salud.
Además, no debe perderse de vista que esta sección en decisiones previas ha
considerado que la labor de enfermería no puede desempeñarse de manera
independiente y autónoma, pues quienes la ejercen no pueden, como se
evidencia en el presente asunto, definir el lugar o el horario en que prestan sus
servicios; ni tampoco suspender su ejecución sin que medie alguna justificación,
pues, de hacerse, se pondría en riesgo la prestación del servicio de salud.
Aunado al hecho que, por regla general, la prestación de este servicio se
encuentra regulado por las directrices que al respecto establezca el personal
médico a cargo de los cuidados y tratamientos que requieran los pacientes a fin
de garantizar de manera íntegra el servicio-derecho fundamental de la salud. De
modo que, con todo, sobre la labor de enfermería recae, en principio, un indicio
per se de subordinación, dirección y control en su ejecución42, el cual fue
corroborado en el presente caso.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 21 de abril de
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iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral:
Al respecto, debe tenerse de presente que La Ley 100 de 1993, en su artículo
194 reguló que «La prestación de servicios de salud en forma directa por la
Nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las
empresas sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad
pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso,
sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo» y en su artículo 195
señaló el régimen jurídico indicando que «2. El objeto debe ser la prestación de
los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado o como parte del
servicio público de seguridad social.». luego, en el Decreto 1876 de 1994 se
estableció que el objeto de las empresas sociales del Estado «será la prestación
de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y
como parte integrante del sistema de seguridad social en salud».
De tal manera que, teniendo la Empresa Social del Estado Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente la función de prestación del servicio público de
salud, permite afirmar que las funciones ejecutadas por la aquí demandante a su
servicio, tienen una relación directa con el objeto de la ESE y no podían
ejecutarse de manera esporádica y a criterio de la contratista, dado el carácter
asistencial de la actividad ejecutada.
En ese orden de ideas, se evidencia el cumplimiento de los elementos de
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, propios de una
relación laboral, sin que pueda predicarse la existencia de un vínculo de
coordinación en las actividades ejecutadas por la demandante, como lo sostiene
la entidad demandada en su recurso de apelación; pues de esos mismos medios
de convicción se advierte con claridad meridiana que en realidad existió entre las
partes una relación laboral subyacente, en donde la demandante ejecutó sus
labores de manera subordinada a través de la imposición de horarios, labores y
lugar de prestación del servicio; debiéndose en consecuencia, confirmar la
sentencia de primera instancia en este aspecto, dado que no prosperó el sustento
de alzada de inexistencia de relación laboral en el sub examine.
2.5. Análisis de la Sala frente al segundo y tercer problema jurídico
Se tiene que el interregno de 20 de junio de 2012 a 31 de mayo de 2016, no
existieron interrupciones, pues si bien se suscribió un total de 24 contratos con
sus respectivas adiciones, dentro de la finalización de uno y el inicio de otro no
2016, expediente 2820-2014, magistrado ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez. Reiterado en sentencia
de 5 de junio de 2024, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, radicado interno 3091-2020.
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Radicado: 25000234200020190151701 (3345-2024)
Demandante: Olga Lucia Castro Segura
transcurrió un término superior a 30 días hábiles, por lo que no hay lugar a
declarar la existencia de solución de la continuidad en el servicio, tal y como
indicó el fallador de instancia.
Así entonces, se tiene por probado que la señora Olga Lucía Castro Segura
presentó a la entidad pública demandada reclamación administrativa el 8 de abril
de 2019 y la demanda fue radicada el 24 de octubre de 2019, es decir, dentro de
los tres años siguientes a la reclamación administrativa, por lo que, a tono con lo
dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 196843 y 102 del Decreto 1848
de 196944, la demanda fue presentada dentro del término y, por tanto, no operó
el fenómeno de la prescripción trienal de las prestaciones sociales.
2.6. Análisis de la Sala frente al cuarto problema jurídico. Del
reconocimiento de las prestaciones sociales adicionales que reclama la
parte demandante en el recurso de alzada.
Sanción moratoria e indemnización por retiro sin justa causa. Frente a la
pretensión de la sanción moratoria se recuerda que cuando se declara la
existencia de una relación laboral encubierta el reconocimiento y pago de las
cesantías surge sólo con ocasión de la declaratoria de la relación laboral, por lo
tanto, no procede la sanción moratoria pues apenas con ocasión de la sentencia
surge la obligación a cargo de la administración de reconocer y pagar dicha
prestación.
Igualmente, se considera que tampoco procede al reconocimiento de la
indemnización moratoria, toda vez que la sentencia que declara la relación
laboral en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas
es constitutiva de derecho y es a partir de ella que nace el derecho prestacional
a favor del contratista demandante.
Reintegro de valores correspondientes a aportes a pensión, salud, riesgos
laborales y caja de compensación familiar. Atendiendo la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021, sobre la devolución de aportes a salud
y pensión, la Sala considera que la devolución de los aportes al sistema de
seguridad social en salud y pensiones es improcedente en las relaciones
laborales encubiertas, puesto que, solamente se puede ordenar en caso de la
demostración de los elementos de la relación laboral, el pago efectivo del
porcentaje de cotización al fondo de pensiones al que se encuentre afiliada la
43 «Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual».
44 «Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual».
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demandante por parte de la entidad pública, cuando hubiere diferencias en el
porcentaje que le correspondía como empleador.
Frente a los aportes del sistema de riesgos profesionales no procede, dado
que ellos constituyen recaudos específicos del sistema de seguridad social que
no son un crédito a favor del contratista, están previstos para eventuales riesgos
que se presenten en la ejecución de la labor y, por tanto, resulta improcedente
su reconocimiento45.
En lo relativo al reconocimiento de las cotizaciones por concepto de la Caja de
Compensación familiar, se estima que la aquí apelante no demostró teniendo
la carga de hacerlo, que dichas cotizaciones fueron efectivamente efectuadas, y
tampoco probó que satisfacía los requisitos exigidos en la Ley 21 de 198246 como
tampoco que era beneficiaria de los programas otorgados por ese tipo de
entidades.
Frente a la dotación. A partir del artículo 1° de la Ley 70 de 1988 se consagró
el derecho de recibir calzado y vestido de labor a los funcionarios públicos que
recibieran una asignación mensual inferior a 2 salarios mínimos, así mismo, el
Decreto 1978 de 1989 que reglamentó parcialmente el referido artículo precisó
como requisito adicional que el empleado hubiese cumplido 3 meses al servicio
de la institución al instante de su causación47.
45 En sentencia de 6 de mayo de 2021, radicado No. 50001-23-31-000-2011-00304-01 (2079-2018), C.P.
Dr. Carmelo Perdomo Cuéter, se dijo que «esos recursos del sistema integral de seguridad social son de
obligatorio pago y recaudo para fines específicos y no constituyen un crédito a favor del contratista, por lo
tanto, no es dable que se le sufraguen directamente al interesado».
46 Artículo 1. «El subsidio familiar es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los
trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo
fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia,
como núcleo básico de la sociedad».
47 Artículo 1° del Decreto 1978 de 1989. «Los trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal
y reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos,
Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas Industriales
o Comerciales de tipo oficial y Sociedades de Economía Mixta, tanto en el orden nacional como en las
entidades territoriales, tendrán derecho a que la respectiva entidad les suministre en forma gratuita, cada
cuatro (4) meses, un par de zapatos y un vestido de trabajo.
Artículo 2°. El suministro a que se refiere el artículo anterior deberá hacerse los días 30 de abril, 30 de agosto
y 30 de diciembre de cada año. La entrega de esta dotación para el trabajo, no constituye salario ni se
computará como factor del mismo en ningún caso.
Artículo 3°. Para tener derecho a la dotación a que se refiere este Decreto, el trabajador debe haber laborado
para la respectiva entidad por los menos tres (3) meses en forma ininterrumpida, antes de la fecha de cada
suministro y devengar una remuneración mensual inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente.
Artículo 4°. La remuneración a que se refiere el artículo anterior corresponde a la asignación básica mensual.
Artículo 5°. Se consideran como calzado y vestido de labor, para los efectos de la Ley 70 de 1988 y de este
Decreto, las prendas apropiadas para la clase de labores que desempeñan los trabajadores beneficiarios,
de acuerdo con el medio ambiente en donde cumplen sus actividades».
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Según lo decantado por la Corte Constitucional en la sentencia C-995 de 200048,
la dotación de calzado y vestido de labor tiene la naturaleza de una prestación
social, teniendo en cuenta que el propósito de ésta es cubrir la necesidad
indumentaria como consecuencia de la ejecución del trabajo.
En el caso concreto, la Sala observa que, durante los años 2012, 2013, 2014,
2015 y 2016, períodos en los que serán reconocidas las prestaciones sociales a
la parte demandante, el salario mínimo legal mensual vigente establecido para
cada año fue el que a continuación se relaciona:
Promedio
mensual de
Monto del salario
Año X2 honorarios
mínimo
pactados en
cada contrato49
2012 $566.700 $1.133.400 $1.850.000
2013 $589.500 $1.179.000 $1.919.940
2014 $616.000 $1.232.00 $1.666.666
2015 $644.350 $1.288.700 $3.692.820
2016 $689.455 $1.378.910 $2.714.311
Por lo anterior, la demandante no cumple con los requisitos para acceder al
reconocimiento de la dotación reclamada y por ende debe confirmarse en este
sentido la decisión recurrida.
Finalmente, en cuanto a la condena de los aportes pensionales se adicionará al
numeral segundo de la sentencia apelada un párrafo en el sentido de que la
demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los
vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o
existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según
el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
2.7. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión
de los argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha
situación, contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa
48 Corte Constitucional. Sentencia de 2 de agosto de 2000. MP Vladimiro Naranjo Mesa.
49 Se promedian los valores para determinar el monto mensual recibido por honorarios, toda vez que el valor
de los contratos se estableció de manera global por la totalidad de los períodos contratados.
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jurídica de los intereses y, por ende, no se condenará en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: ADICIONAR al numeral segundo de la sentencia del 26 de octubre
de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el siguiente párrafo:
“Para tales efectos la demandante deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad
de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la
carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le
incumbía como trabajador, de acuerdo con las consideraciones de esta
providencia”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen
y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA
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