Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01546-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01546-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01546-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
1 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., primero (1°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp)1
Tema: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 21 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Elver Jairo Rodríguez Garavito presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
1
En adelante Ugpp.
2
Samai, índice 2, archivo ED_25000234200020190154(.zip) NroActua 2, 2.DEMANDA.pdf.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,3 en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 022857 del 30 de julio de 2019 y
RDP 030043 del 4 de octubre de 2019, por medio de las cuales la Ugpp le negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
demandante solicitó: i) el reconocimiento de la pensión gracia con la inclusión de
los factores salariales percibidos en el año anterior al estatus pensional; ii) el pago
del interés moratorio previsto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; iii) se reajuste
la pensión conforme con el IPC; iv) el cumplimiento del fallo en los términos de los
artículos 192 del CPACA; y v) la condena en costas a la entidad.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
• Elver Jairo Rodríguez Garavito nació el 9 de junio de 1954.
• Desde el 1° de marzo de 1972 presta sus servicios como docente en la Secretaría
de Educación de Bogotá.
• Acreditó 20 años de servicio con vinculación territorial y el 27 de enero de 2018
adquirió el estatus pensional.
• El alcalde mayor de Bogotá D.C. lo nombró a través del Decreto 0825 del 19 de
mayo de 1972 como docente de educación primaria,
• Con la Resolución 2641 del 20 de junio de 2005 proferida por el secretario de
educación distrital se nombró en periodo de prueba en el cargo de docente de
ciencias naturales educación ambiental en la planta del Distrito de Bogotá. Y
mediante la Resolución 2221 del 31 de mayo de 2007 proferida por el secretario de
educación distrital de Bogotá, fue nombrado en propiedad en la planta de personal
docente.
• El 20 de marzo de 2019 le solicitó a la Ugpp el reconocimiento de la pensión gracia,
petición denegada mediante la Resolución RDP 022857 del 30 de julio de 2019,
pues en el trámite administrativo no se aportaron los actos de nombramiento y
posesión, por lo cual indicó que no fue posible realizar el análisis de la solicitud
pensional.
3
En adelante CPACA.
2
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Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
• La anterior decisión fue confirmada por medio de la Resolución RDP 030043 del 4
de octubre de 2019, que resolvió el recurso de apelación.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 2, 13, 25, 53 у 58 de la Constitución Política;
las leyes 114 de 1913; 116 de 1928; 37 de 1933; 43 de 1975; 91 de 1989; y el
Decreto 2277 de 1977.
En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos4:
Los actos administrativos acusados vulneraron los postulados constitucionales y
legales, porque la Ugpp negó el reconocimiento y pago de la prestación sin observar
que el demandante se vinculó como docente antes del 31 de diciembre de 1980,
además cumplió las exigencias previstas en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913,
estos son 20 años de servicios con vinculación territorial y 50 años de edad.
1.2. Contestación de la demanda
La Ugpp5 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, bajo los
siguientes argumentos:
El demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia puesto que,
aunque prestó sus servicios como docente nacionalizado entre el 1° de marzo de
1972 y el 16 de agosto de 1979, no es posible computar los tiempos laborados con
posterioridad al 31 de diciembre de 1989, pues a partir del 1° de enero de 1990 se
unificó el régimen prestacional de los docentes, como consecuencia de lo cual solo
tienen derecho a una pensión.
Además, en el expediente administrativo no reposa certificación de buena conducta
del docente durante la prestación de servicio, ni acreditó 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizado, razón por la cual no cumplió los requisitos legales
para acceder a la prestación.
Propuso las excepciones denominadas i) legalidad de los actos administrativos; ii)
inexistencia del derecho; y iii) prescripción.
4
Samai, índice 2, archivo ED_25000234200020190154(.zip) NroActua 2, 2.DEMANDA.pdf.
5
Samai, índice 2, archivo ED_25000234200020190154(.zip) NroActua 2, 7.CONTESTACIÓN- Elver
Jairo Rodriguez Garavito (Pensión Gracia)pdf.
3
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Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia proferida el 21 de abril de 20226 accedió a las pretensiones de
la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la demandada. Lo anterior, con
sustento en los siguientes argumentos:
Del material probatorio allegado en el proceso, se acreditó que el demandante fue
nombrado docente mediante Decreto 0825 del 19 de mayo de 1972 con vinculación
nacionalizada, y con la Resolución 2221 del 31 de mayo de 2007 se nombró docente
en propiedad con efectos fiscales a partir del 15 de julio de 2005, con vinculación
territorial.
Aunado a lo anterior, el demandante acreditó los requisitos previstos en la ley pues
cumplió 50 años de edad el 9 de junio de 2004 y laboró como docente nacionalizado
desde el 1° de marzo de 1972 hasta el 16 de agosto de 1979, y como docente
territorial desde el 15 de julio de 2005 sin que conste que se hubiere retirado del
servicio, por lo cual cumplió 20 años de servicios en calidad de docente territorial en
instituciones educativas distritales.
Respecto del reconocimiento de la pensión gracia debe acreditarse que la plaza a
ocupar es de carácter territorial o nacionalizada, para lo cual se requiere copia de
los actos administrativos donde conste el vínculo territorial o certificación de la
autoridad nominadora que demuestre el tipo de vinculación.
Asimismo, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo relevante
para el reconocimiento de la prestación pretendida es acreditar una vinculación
antes del 31 de diciembre de 1980, sin importar si el tiempo es continuo o
discontinuo o que se encuentre en servicio activo.
De otro lado, no existe prueba que el demandante hubiere sido sancionado en sus
funciones como docente, por lo que cumple con el requisito de haberse
desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.
Por lo anterior, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, y a título
de restablecimiento del derecho ordenó a la Ugpp reconocer la pensión gracia a
partir del 29 de enero de 2018, fecha en la que adquirió el estatus pensional, puesto
6
Samai, índice 2, archivo ED_25000234200020190154(.zip) NroActua 2, 56. Sentencia Primera
Instancia pdf.
4
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
que cumplió los 20 años de servicio y contaba con más de 50 años de edad.
1.4. El recurso de apelación
La parte demandada interpuso recurso de apelación7, el cual sustentó en los
siguientes términos:
El a quo no observó que el demandante estuvo vinculado como docente desde el
1° de marzo de 1972 hasta el 16 de agosto de 1979 como nacionalizado, y la
vinculación que ostentó desde el 15 de julio de 2005 hasta la fecha, es de carácter
nacional. Además, el origen de los recursos con los cuales se le han pagado los
salarios y prestaciones provienen del situado fiscal.
El Tribunal desconoció que para el reconocimiento pensional solo pueden tenerse
en cuenta los tiempos de servicios laborados antes del 31 de diciembre de 1980,
pues a partir del 1° de enero de 1990 se estableció un régimen pensional unificado
para los docentes sin importar su tipo de vinculación, por lo que los profesores
territoriales vinculados con posterioridad a dicha fecha, aun cuando hubiesen
laborado antes del 31 de diciembre de 1980, no pueden acceder al reconocimiento
de la pensión gracia; y «los nombramientos posteriores al 31 de diciembre de 1989 no se
conciben como nacionalizados, pues esta clasificación se terminó en esa fecha.»
Aunado a lo anterior, no comparte la postura jurisprudencial del Consejo de Estado
que tiene en cuenta los tiempos de servicio con vinculación posterior al 1° de enero
de 1990 «por cuanto ha venido admitiendo como válido para completar los 20 años, todo
tiempo de servicio posterior al 31 de diciembre de 1980.». Además, porque el artículo 15
de la Ley 91 de 1989, a juicio de la Corte Constitucional, derogó la pensión gracia.
El tribunal, no observó lo previsto por la Corte Constitucional en sentencia C-937 de
2010 en la que argumentó que los tiempos de servicios pagados con dineros
provenientes del situado fiscal no pueden computarse para acceder a la pensión
gracia, pues son recursos exógenos que son transferidos por la nación a las
entidades territoriales, como una forma de materializar la participación de aquellas
en las rentas nacionales.
Por lo anterior, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, y que se
nieguen las pretensiones de la demanda.
1.6. Pronunciamientos en segunda instancia
7
Samai, índice 2, archivo ED_25000234200020190154(.zip) NroActua 2, 57.Recurso apelación.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar, por lo cual no se tendrá en
cuenta los alegatos presentados por la Ugpp8.
1.7. El Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se contrae a resolver ¿si Elver Jairo Rodríguez Garavito acreditó los requisitos para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad con el
régimen prestacional previsto en la Ley 114 de 1913 y demás normas que la
regulan?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno a la pensión gracia
El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 19139 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
8
Samai, índice 14.
9
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
6
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Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario que
el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicios en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
Con posterioridad, las leyes 116 de 192810 y 37 de 193311, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
10
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
11
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
7
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
En efecto, la Ley 60 de 199312 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al FOMAG, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubiesen realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del señalado fondo.
La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
12
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
8
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja13, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196814, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos15 y, más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199416 (artículo 179, literal d).
Sin embargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del personal
docente serían giradas directamente al FOMAG, tanto las que provenían del situado
fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las prestaciones
causadas y no pagadas.
La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al FOMAG se
reglamentó con el Decreto 196 de 199517, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego del
situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del FOMAG, luego de su afiliación.
ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:
• Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al FOMAG, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.
• Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por la nación –
13
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
14
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
15
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
16
«Por la cual se expide la ley general de educación»
17
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
9
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
Ministerio de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del
nivel territorial, para quienes las prestaciones sociales serían de cargo de la
respectiva entidad territorial y los recursos para su pago se regirían por el
correspondiente convenio de financiación o de cofinanciación. Vencidos los
términos de los respectivos convenios, los derechos salariales y prestacionales se
pagarían con cargo al situado fiscal.
• Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el FOMAG.
En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198918, en la sentencia
SUJ11-S2 del 21 de junio de 201819 se afirmó que la pensión gracia debía
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».
En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los tiempos
laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que la
jurisprudencia de la Sala20 ha señalado:
«[…] Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198921 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
18
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
19
Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
20
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
21
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
10
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]
Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201822, así:
«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o del -situado
fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
22
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
11
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».
De acuerdo con lo expuesto, se encuentra que la fuente de financiación de los
recursos transferidos del sector central al descentralizado no es el referente a
efectos de definir si un educador estatal es nacional o nacionalizado, sino que ello
obedece a la naturaleza de la plaza a ocupar señalada en el acto administrativo de
nombramiento o la correspondiente certificación de la autoridad nominadora.
2.2.2. Sobre el requisito previsto en la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2,
literal a) para el reconocimiento de la pensión gracia
Ahora bien, las diversas posturas acerca de la interpretación del artículo 15, numeral
2, literal a) de la Ley 91 de 1989, en relación con la sentencia C-489 de 2000 fueron
señaladas por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202223, a saber:
«[…] 1. El artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 permitió que los
docentes con vinculación territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980
accedieran a la pensión gracia, siempre y cuando hubieran cumplido los 20 años de
servicio al 29 de diciembre de 1989.
2. El artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 permitió que los docentes con
vinculación territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 accedieran a
la pensión gracia, para lo cual podrían sumar los tiempos laborados con posterioridad al
29 de diciembre de 1989 […]».
Con el objetivo de resolver cuál era la interpretación de la norma, en la aludida
sentencia se consideró que el 31 de diciembre de 1980 se constituyó en el último
momento en que podía realizarse la vinculación del docente que pretendiera el
reconocimiento pensional especial y si bien el 29 de diciembre de 1989 correspondió
a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 91, esta no podía entenderse como un
plazo que demarcara la última oportunidad para la consolidación del derecho a
aquel emolumento, toda vez que se «[…] vaciaría de sentido la disposición que
estableció dos momentos diferentes y alternativos para tal fin, uno expresado en pasado
(tuviesen) y el otro en futuro (llegaren) […]». Al efecto consideró:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
12
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».24
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores
hasta ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de
jubilación; por ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los
docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el
régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos
adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho
pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los
servidores vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]
Por lo anterior, se concluyó que la afirmación de algunos juzgados y tribunales
administrativos del país atinente a que la sentencia C-489 de 2000 dispuso un límite
temporal, no se desprendía del texto del referido pronunciamiento y resultaba
contradictoria con la jurisprudencia constitucional sobre la materia25.
En esas condiciones, el Consejo de Estado fijó como regla de unificación
jurisprudencial que «[…] [l]os docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y
después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento […]».
24
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-02219-01 (AC).
25
En forma concreta de las sentencias C-479 de 1998, C-084 de 1999, C-915 de 1999, C-954 de
2000, C-085 de 2002, C-506 de 2006 y SU-014 de 2020.
13
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
Es por ello que el artículo 15, numeral 2, literal a) de la Ley 91 de 1989 no exigió
que al 29 de diciembre de 1989 el docente debía cumplir los 20 años de servicio,
pues lo que la norma preceptuó es que aquella fecha era el límite máximo de
vinculación del educador estatal. En tal virtud, no es válido imponer un requerimiento
adicional que no previó el legislador para restringir el acceso a la prestación.
En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicios en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y tampoco se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.4. Caso concreto
En el expediente se encuentra demostrado lo siguiente:
• Elver Jairo Rodríguez Garavito nació el 9 de junio de 195426.
• Por medio del Decreto 0825 del 19 de mayo de 197227 expedido por el alcalde
mayor de Bogotá D.C. fue nombrado docente de educación primaria.
• Con la Resolución 2641 del 20 de junio de 200528 proferida por el secretario de
educación distrital se nombró en periodo de prueba en el cargo de docente de
ciencias naturales educación ambiental en la planta del Distrito de Bogotá, en el
cual se posesionó el 15 de julio de 200529.
• Mediante la Resolución 2221 del 31 de mayo de 200730 proferida por el secretario
de educación distrital de Bogotá, fue nombrado en propiedad en la planta de
personal docente.
26
Samai, índice 2, archivo ED_25000234200020190154(.zip) NroActua 2, 46.OneDrive_1_11-1-
2022, pdf. 2019-PENS-744063 - CC 19238039, visible a folios 61 y 62 en el registro civil de
nacimiento y cédula de ciudadanía.
27
Samai, índice 2, archivo ED_25000234200020190154(.zip) NroActua 2, 3.ANEXOS pdf visible a
folios 35 y 36.
28
Samai, índice 2, archivo ED_25000234200020190154(.zip) NroActua 2, 19238039 RODRIGUEZ
GARAVITO ELVER JAIRO_compressed.pdf.
29
Samai, índice 2, archivo ED_25000234200020190154(.zip) NroActua 2, 19238039 RODRIGUEZ
GARAVITO ELVER JAIRO_compressed.pdf.
30
Samai, índice 2, archivo ED_25000234200020190154(.zip) NroActua 2, 19238039 RODRIGUEZ
GARAVITO ELVER JAIRO_compressed.pdf.
14
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
• En el certificado de historia laboral expedido el 20 de octubre de 202131 por el
Fomag se indicó que el demandante prestó sus servicios en nivel primaria, con
nombramiento en propiedad y tipo de vinculación nacionalizado, en los periodos
laborados de la siguiente forma:
Detalle Acto Desde
Tipo de novedad: nombramiento en
propiedad Decreto 0825 del
1/03/1972
Plantel educativo: IED Alemania Unificada 7/03/1972
Municipio: Bogotá
Tipo de novedad: Ascenso de escalafón
Resolución 0286 del
Plantel educativo: - 16/07/1976
2/09/1976
Municipio: Bogotá
Tipo de novedad: Retiro por renuncia
Decreto 1579 del
Plantel educativo: - 16/08/1979
5/09/1979
Municipio: Bogotá
• En el certificado de historia laboral expedido el 20 de octubre de 202132 por el
Fomag se indicó que el demandante presta sus servicios en nivel secundaria, con
nombramiento en propiedad, tipo de vinculación territorial, y se encuentra activo, en
los periodos laborados así:
Detalle Acto Desde
Tipo de novedad: nombramiento en periodo
de prueba Resolución 2641 del
15/07/2005
Plantel educativo: - 20/06/2005
Municipio: Bogotá
Tipo de novedad: nombramiento en
propiedad Resolución 2221 del
31/05/2007
Plantel educativo: - 31/05/2007
Municipio: Bogotá
Tipo de novedad: Reubicación en el escalafón
Resolución 5673 del
Plantel educativo: - 18/05/2010
18/05/2010
Municipio: Bogotá
• Constancia laboral del 2 de noviembre de 201633, expedida por el profesional
especializado del grupo de talento humano de la secretaría de educación de Bogotá
D.C., en la cual se indica:
«Que consultado el sistema de nómina y expediente de hoja de vida, del señor Elver
Jairo Rodríguez Garavito, identificado con cédula de ciudadanía no. 19.238.039, registra
lo siguiente por concepto de tiempo laborado así:
31
Samai, índice 2, archivo ED_25000234200020190154(.zip) NroActua 2, 4.E-2021-219922--
HISTORIAL-NACIONALIZADO.pdf.
32
Samai, índice 2, archivo ED_EXPEDIENTE_5400123330002019(.pdf) NroActua 2, 42.E-2021-
219922-TRIBUNAL[60], pdf E-2021-219922-HISTORIAL.
33
Samai, índice 2, archivo ED_EXPEDIENTE_5400123330002019(.pdf) NroActua 2, 42.E-2021-
219922-TRIBUNAL[60], pdf 2019-PENS-744063 - CC 19238039.
15
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
Mediante Decreto no. 0825 de mayo 19 de 1972, nombrado en propiedad como maestro
de conformidad con la categoría de la división de educación primaria, a partir del 7 de
marzo de 1972.
Mediante Decreto no. 1597 de septiembre 5 de 1979, se le acepta la renuncia del cargo
de maestro escalafonado en primera categoría, dependiente de la división de educación
básica primaria, a partir del 16 de agosto de 1979.
Mediante Resolución no. 2641 de junio 20 de 2005, nombrado como docente 2 a, en
periodo de prueba a partir del 15 de julio de 2005.
Mediante Resolución no. 2221 de mayo 31 de 2007, es nombrado en propiedad, con
efectos fiscales a partir del 15 de julio de 2005
Mediante Resolución no. 5673 de mayo 16 de 2010, reubicación en escalafón a partir
del 18 de mayo de 2010, pasa a docente 28.
A la fecha se encuentra activo, ubicado en el Colegio IED Veinte de Julio.»
• De acuerdo con el oficio S-2021-332013 del 20 de octubre de 202134, suscrito por
el profesional especializado del grupo certificaciones laborales de la secretaría de
educación de Bogotá D.C., se señaló lo siguiente:
«En atención a lo solicitado en el oficio del asunto y con base en la documentación que
reposa en la hoja de vida del docente, así como en los diferentes registros de nómina de
la Entidad, certificamos lo compete al Grupo de certificaciones lo siguiente:
la plaza (o categoría) territorial, nacional o nacionalizado docente
Revisado el expediente del señor ELVER JAIRO RODRÍGUEZ GARAVITO con cédula
de ciudadanía C.C. 19.238.039 presenta lo siguiente:
-Con el Nombramiento de 1972: presenta como origen de vinculación:
NACIONALIZADO, nombramiento efectuado con Decreto 0825 de 07 de marzo de 1972,
a partir del 01 de marzo de 1972 como Maestro 2da Categoría. PRIMARIA
-Retiro por renuncia, Decreto 1579 de 05 de septiembre de 1979, a partir del 16 de
agosto de 1979 como Maestro 1era Categoría.
-Con el Nombramiento de 2005: presenta como origen de vinculación: TERRITORIAL-
DISTRITAL-SGP nombramiento efectuado con Resolución 2221 de 31 mayo de 2007,
efectos fiscales a partir del 15 de julio de 2005-SECUNDARIA
Los factores salariales percibidos durante los 20 años de servicios acreditados para
acceder a la pensión gracia
34
Samai, índice 2, archivo ED_EXPEDIENTE_5400123330002019(.pdf) NroActua 2, 42.E-2021-
219922-TRIBUNAL[60], pdf E-2021-219922-REMISORIO.
16
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
-Se remite los Factores salariales de los años de 1972 hasta 1979-adjunto
-Se remite los Factores salariales de los años de 2005 hasta 2021-adjunto
Identificación del escalafón
Años de 1972 a 1979
• Mediante Resolución No. 286 del 2 de septiembre de 1976, ascenso de
escalafón, Maestro 1era Categoría, a partir del 16 de julio de 1976.
Años de 2005 a 2021
• Mediante Resolución No.5673 del 18 de mayo de 2010, reubicación en el
escalafón, grado 2 nivel B, a partir del 18 de mayo de 2010.
Institución educativa y orden territorial, nacional o nacionalizada de la misma y el tipo de
educación prestada por el actor si lo hubiere (primaria, secundaria, normalista, entre
otras)
Años de 1972 a 1979
• Colegio Alemania Unificada (IED) DISTRITAL PRIMARIA
Años de 2005 a 2021
• Colegio Luis López Mesa (IED)-DISTRITAL-SECUNDARIA, a partir del 15
de julio de 2005.
• Traslado de Colegio Luís López Mesa (IED) al COLEGIO VEINTE DE JULIO
(IED), a partir de 01 de diciembre de 2009- DISTRITAL-PRIMARIA
viii) el origen y evolución de la plaza docente antes y después de la nacionalización de
la educación."
El docente ELVER JAIRO RODRÍGUEZ GARAVITO, para el nombramiento de en 1972
fue ubicado en el Colegio Alemania Unificada (IED) Plaza que pertenece a un Colegio
Distrital y para el nombramiento de 2005 fue ubicado en el Colegio Luis López Mesa
(IED)- Plaza que pertenece a un Colegio Distrital.»
• Certificados salariales del 20 de octubre de 202135 suscritos por el Fomag, en los
cuales se indican los factores que percibió el demandante desde el 15 de julio de
2005 hasta el 30 de septiembre de 2021; que presta sus servicios en nivel
secundaria, con nombramiento en propiedad y tipo de vinculación territorial; y se
encuentra activo.
35
Samai, índice 2, archivo ED_EXPEDIENTE_5400123330002019(.pdf) NroActua 2, 42.E-2021-
219922-TRIBUNAL[60].
17
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
• El demandante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual fue
negada a través de la Resolución 022857 del 30 de julio de 201936 expedida por la
subdirectora de determinación de derechos pensionales de la Ugpp, pues consideró
que «[…] no fueron aportados los actos de nombramiento y posesión en copia autentica, a
saber, Resolución No. 2641 de 20 de Junio de 2005, Resolución No. 2221 de 31 de Mayo
de 2007, Resolución No. 5673 de 18 de Mayo de 2010, Decreto 1579 de 05 de Septiembre
de 1979, Resolución No. 5673 de 18 de Mayo de 2010 y las respectivas actas de posesión;
por lo que se procede a negar la solicitud que nos ocupa al no ser posible hacer el análisis
pertinente de la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia, hasta tanto se alleguen
las copias auténticas de estos actos de nombramiento y posesión. […]»
• En consecuencia, el 14 de agosto de 2019 el demandante presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto a través de la Resolución RDP 030043 del 4 de
octubre de 201937, acto administrativo en el cual el subdirector de pensiones de la
Ugpp, confirmó en similares términos la decisión inicial.
2.5. Análisis sustancial
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
accedió a las pretensiones de la demanda por cuanto Elver Jairo Rodríguez
Garavito acreditó los requisitos de 50 años de edad y 20 años de servicios en una
plaza docente del orden territorial, además no existe prueba en el proceso que
hubiere sido sancionado en sus funciones como docente, por lo que cumple el
requisito de haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.
La Ugpp presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión
adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que si bien el vínculo fue
nacionalizado entre el 1° de marzo de 1972 hasta el 16 de agosto de 1979, a partir
del 15 de julio de 2005 hasta la fecha es de carácter nacional, además los recursos
con los cuales se le han pagado los salarios y prestaciones provienen del situado
fiscal. Asimismo, por cuanto, y para el reconocimiento pensional solo podrán tenerse
en cuenta los tiempos de servicios laborados antes del 31 de diciembre de 1980,
pues a partir del 1° de enero de 1990 se estableció un régimen pensional unificado,
por lo que los docentes territoriales vinculados con posterioridad no pueden acceder
a la pensión gracia.
De la valoración probatoria, la Sala encuentra acreditado que el demandante prestó
sus servicios como docente i) nacionalizado desde el 1° de marzo de 1972 hasta el
36
Samai, índice 2, archivo ED_EXPEDIENTE_5400123330002019(.pdf) NroActua 2, pdf 002 anexos
demanda, visible a folios 16 y 17.
37
Samai, índice 2, archivo ED_EXPEDIENTE_5400123330002019(.pdf) NroActua 2, pdf 002 anexos
demanda, visible a folios 27 y 28.
18
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
16 de agosto de 1979 por un período de 7 años, 5 meses y 15 días; y ii) territorial
desde el 15 de julio de 2005 hasta 30 de septiembre de 202138 por un lapso de 16
años, 2 meses y 15 días.
Al respecto, en el expediente se encuentra acreditado que la vinculación que ostentó
Elver Jairo Rodríguez Garavito, anterior al 31 de diciembre de 1980, fue efectuada
a través del Decreto 0825 del 19 de mayo de 1972 como docente con vinculación
nacionalizado; posteriormente con la Resolución 2221 de 31 mayo de 2007 efectos
fiscales a partir del 15 de julio de 2005 con vinculación territorial.
En esa línea, esta Sala encuentra que contrario a lo manifestado por la entidad
apelante, el tiempo de servicio acreditado a partir del 15 de julio de 2005 por el
término de 16 años, 2 meses y 15 días, podía ser tenido en cuenta para el
reconocimiento de la prestación pretendida, en tanto se originó en la designación
efectuada por el secretario de educación de Bogotá, es decir, es territorial de
acuerdo con lo previsto en el artículo 1.3 de la Ley 91 de 1989 según el cual es
personal de ese orden, los «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial,
a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo
10 de la Ley 43 de 1975».
De otra parte, en el recurso de apelación se indicó que el docente no era acreedor
de la pensión gracia, en la medida en que a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989
no contaba con los 20 años de servicio exigidos para este reconocimiento. El
anterior argumento se sustentó en el contenido del artículo 15.2 de la mencionada
ley, según la cual la pensión gracia se mantendría para aquellos «docentes vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980». Sin embargo, como se expuso en el marco
jurisprudencial de esta providencia, la Sección Segunda del Consejo de Estado fijó
el alcance de esa disposición y precisó que el objetivo de esta fue proteger las
expectativas con las que contaban los educadores en ese momento, por lo que «el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional que
los cobijaba39».
Así las cosas, es claro que dicha disposición permitió que aquellos educadores que
acreditaran una vinculación del orden territorial o nacionalizado antes del 31 de
diciembre de 1980 mantuvieran la expectativa frente a esa prestación y pudiesen
acreditar la totalidad de los requisitos con posterioridad, de modo que no es cierto
38
De acuerdo con las certificaciones de historia laboral y salariales expedidos por el Fomag.
39
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
19
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
que la pensión gracia fue derogada de manera tácita con la expedición de la Ley 91
de 1989. De acuerdo con lo anterior, no le asiste razón al apelante en cuanto a que
Elver Jairo Rodríguez Garavito debió acreditar la totalidad de las exigencias legales
para el reconocimiento de la pensión gracia a más tardar el 29 de diciembre de 1989
[fecha de entrada en vigor de la Ley 91].
Dentro de los argumentos que sustenta el recurso de apelación, la Ugpp señaló que
no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda, en la medida en que los
servicios que prestó a partir del 15 de julio de 2005 correspondían al nivel nacional.
En relación con la acreditación del tiempo de servicios del material probatorio que
obra en el expediente se observa que el demandante laboró: i) desde el 1° de marzo
de 1972 hasta el 16 de agosto de 1979 [7 años, 5 meses y 15 días]; y ii) del 15 de
julio de 2005 hasta 30 de septiembre de 2021 [16 años, 2 meses y 15 días], para un
total de 23 años y 8 meses, y sobre el tipo de vinculación se certificó por parte de la
autoridad nominadora que su vinculación era territorial, máxime cuando en el último
de aquellos lapsos se demostró que el empleo en el que fue nombrado con la
Resolución 2221 de 31 mayo de 2007 pertenecía a la planta de personal docente
para el distrito capital.
Por lo anterior, se confirmará la sentencia del 21 de abril de 2022, mediante la cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
accedió a las pretensiones de la demanda, puesto que Elver Jairo Rodríguez
Garavito acreditó los requisitos para el reconocimiento de la prestación pretendida,
por cuanto: i) acreditó una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980; ii) cuenta
con más de 50 años de edad; iii) prestó sus servicios como docente oficial del orden
nacionalizado y territorial por más de 20 años; y iv) ejerció la docencia con buena
conducta, bajo el entendido de que este hecho no fue desvirtuado.
2.6. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
20
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.40
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala no condenará en costas a la parte demandada.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Elver Jairo Rodríguez
Garavito acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia prevista
en Ley 114 de 1913 y demás normas que la regularon.
En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 21 de abril de 2022,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, en tanto accedió a las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 21 de abril de 2022, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
40
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
21
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01546-01 (1429-2023)
Demandante: Elver Jairo Rodríguez Garavito
accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Elver Jairo Rodríguez
Garavito, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
KGO
22
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