Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01689-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01689-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01689-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01689-01 (1863-2022)
Demandante: GLORIA INÉS OSPINA MONTERO
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Temas: Reliquidación pensión docente. Vinculación anterior a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003. Aplicación de la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el cinco (5) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por medio de la cual
se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora GLORIA INÉS OSPINA MONTERO, obrando por medio de apoderado
debidamente constituido, instauró demanda en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES DEL
MAGISTERIO, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01689-01 (1863-2022)
Demandante: Gloria Inés Ospina Montero
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 001586 del 4 de septiembre de 2018,
mediante la cual la entidad demandada le reconoció pensión de jubilación a la
accionante sin la totalidad de los factores salariales percibidos en el año anterior a la
adquisición del estatus.
Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer,
liquidar y pagar a favor de la demandante, una pensión de jubilación de conformidad
con las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989.
Que se cancelen con la debida indexación las sumas de dinero que dejó de percibir la
reclamante por concepto de pensión de jubilación al tomar como base el 75% del
promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio a la
adquisición del estatus.
Que se declare la compatibilidad entre la pensión y el sueldo de la actora como docente,
esto por haberse vinculado antes de la expedición de la Ley 812 de 2003.
Que se paguen los intereses de mora sobre las sumas adeudadas en atención al artículo
192 del CPACA y que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos
189 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, ello junto a la respectiva condena en costas a
la entidad demandada.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.
Que la señora Gloria Inés Ospina Montero labora como docente en provisionalidad,
afiliada al FOMAG, y ha prestado sus servicios en la Secretaría de Educación de
Cundinamarca así,
1 Ver expediente digital inserto en el índice 2 de la plataforma SAMAI.
2 Idem.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01689-01 (1863-2022)
Demandante: Gloria Inés Ospina Montero
DESDE HASTA
28/03/1995 23/03/2004
26/03/2004 14/01/2006
30/03/2007 10/07/2011
02/08/2011 14/07/2015
31/07/2015 01/02/2018
Que la accionante ingresó al servicio público de educación antes de entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, motivo por el cual solicitó el reconocimiento de su
pensión de jubilación con base en las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989, es decir,
con 55 años de edad y 20 de servicio, tomando como base de liquidación el 75%
del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de
servicio a la adquisición del estatus pensional.
Que a pesar de lo anterior, la entidad demandada le reconoció la prestación a la
reclamante de conformidad con los requisitos y preceptos de la Ley 100 de 1993.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 8 de julio de 2020 y notificada a la
entidad accionada. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – FNPSM
presentó memorial de contestación3, para lo cual manifestó que la actora no tiene
derecho a que se le reliquide la pensión de jubilación de la cual es titular, de
conformidad con el régimen contenido en la Ley 91 de 1989, en la medida en que
aquella se vinculó como docente oficial el 31 de julio de 2015, lo cual generaba que
su prestación fuera concedida en atención al régimen pensional establecido en la
Ley 100 de 1993.
Propuso como excepción la que denominó legalidad de los actos administrativos
acusados.
Seguidamente, en atención a lo previsto en el numeral 1º, literales b) y c) del artículo
182A del CPACA (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021), en
3 Idem.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01689-01 (1863-2022)
Demandante: Gloria Inés Ospina Montero
concordancia con el Decreto 806 del 4 de julio de 2020, mediante auto del 9 de junio de
2021, se resolvieron las excepciones previas y se prescindió de la audiencia inicial con
el fin de dictar sentencia anticipada, por lo cual se fijó el litigio estableciéndose el objeto
de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se efectuó
el decreto de pruebas, y se corrió traslado a las partes y el Ministerio Público para alegar
de conclusión, en orden de dictar posteriormente el respectivo fallo.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E dictó
sentencia escrita el 5 de noviembre de 2021, a través de la cual accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda. Para ello hizo un recuento normativo y jurisprudencial
sobre el régimen pensional aplicable a los docentes.
Seguidamente indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que a
pesar de que la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 no es precedente
para quienes ejercen la labor docente, se debe dar aplicación a la subregla sobre los
factores salariales que debían incluirse en la liquidación de la mesada pensional bajo el
régimen de la Ley 33 de 1985. Que en este sentido, quienes se vincularon con
anterioridad a la Ley 812 de 2003 se les debe liquidar la pensión de jubilación de
conformidad con la primera disposición citada, teniendo en cuenta en la base los
factores sobre los cuales hubiera efectuado aportes, es decir, los enlistados en el
artículo 1° de la ley 62 de 1985.
Que conforme al material probatorio que obra en el expediente, se demostró que la
demandante laboró como docente al servicio de la Secretaría de Educación de
Cundinamarca por más de 20 años, y que su primera vinculación a la docencia oficial
se dio el 28 de marzo de 1995, por lo que tiene derecho a que su pensión de jubilación
sea reconocida de conformidad con el régimen pensional contenido en la Ley 33 de
1985 y las reglas señaladas por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del
25 de abril de 2019.
4 Idem.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01689-01 (1863-2022)
Demandante: Gloria Inés Ospina Montero
Que a la señora Gloria Inés Ospina Montero le asiste el derecho a que su pensión de
jubilación sea reliquidada con el 75% de los factores devengados en el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus jurídico de pensionada, esto es, la
asignación básica y las horas extras certificadas por la entidad como «H.E. Com. Planta
Licenciado y Profesional», y la bonificación decreto por ser un factor salarial, según dan
cuenta los Decretos 1566 de 2014 y 1272 de 2015, efectiva a partir del 3 de agosto de
2016, fecha en la cual adquirió el estatus jurídico de pensionada.
Que en cuanto a la prima de vacaciones, la prima de navidad y el subsidio de
alimentación, no es procedente ordenar su inclusión en la base de liquidación de la
pensión, toda vez que tales conceptos no se encuentran enlistadas como factor salarial
en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985.
EL RECURSO DE APELACIÓN5
La parte demandada en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia
de primera instancia, puesto que si bien se evidencia que la demandante prestó sus
servicios en tiempos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo
cierto es que estos no fueron continuos, tal es así que la última fecha de vinculación al
servicio educativo oficial conforme se relaciona en la Resolución 1586 del 4 de
septiembre de 2018, fue el día 31 de julio de 2015, motivo por el cual no es viable atribuir
el régimen anterior a la Ley 812 de 2003 y por ende el acto administrativo demandando
se encuentra ajustado a derecho.
Subsidiariamente solicitó que se modifique el fallo recurrido, en el sentido de que no es
posible el reconocimiento de factores salariales sobre los cuales no se realizaron los
aportes correspondientes, tal como lo señaló el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación y conforme lo expuso el magistrado en el salvamento de voto de la sentencia
de primera instancia.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
5 Idem.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01689-01 (1863-2022)
Demandante: Gloria Inés Ospina Montero
Teniendo en cuenta que no hubo solicitud de pruebas en el recurso de apelación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión.6
POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El agente del Ministerio Público no rindió concepto7.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección consiste en determinar si la
demandante tiene derecho a que su pensión de jubilación sea reconocida con base
en el régimen de la Ley 33 de 1985 y no de la Ley 100 de 1993, y a su vez, si esta
debe ser reliquidada con la inclusión de la asignación básica, las horas extras
certificadas por la entidad demandada como «H.E. Com. Planta Licenciado y
Profesional», y la bonificación mensual del Decreto 1566 de 2014, esto por ser
factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus
de pensionada.
Marco normativo y jurisprudencial
Atendiendo que en el presente caso nos encontramos frente al de tema de salario
base de cotización y por consiguiente de liquidación de la pensión de los docentes,
resulta necesario, traer a colación la providencia la Sección Segunda del Consejo
de Estado con ponencia del Consejero César Palomino Cortés, a través de la cual
mediante Sentencia de Unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 proferida el 25 de abril
de 2019, dentro del expediente 680012333000201500569-01, en la que se procedió
a sentar jurisprudencia frente al Ingreso Base de Liquidación en el Régimen
Pensional de los docentes vinculados al Servicio Público Educativo Oficial afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En la providencia se
fijaron las siguientes reglas de unificación sobre el tema en cuestión.
6 Ver constancia secretarial obrante en el índice 9 de la plataforma SAMAI.
7 Idem.
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Demandante: Gloria Inés Ospina Montero
“i.v. Reglas de unificación sobre el IBL en pensión de jubilación y vejez de
los docentes
71. De todo lo expuesto se extraen las siguientes reglas de unificación de
la jurisprudencia en materia de régimen pensional de los docentes:
72. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de
2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003,
son dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de
jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de
estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial de cada docente, y se deben tener en cuenta las
siguientes reglas:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores
que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo
1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún
factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57
años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en
el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158
de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
v. Efectos de la presente decisión
73. Como se dijo en la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de 28 de agosto de 2018, “La Corte Constitucional, en
sentencia C-816 de 2011, estableció que las decisiones de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura -autoridades de cierre de las correspondientes jurisdicciones- y la
Corte Constitucional - como guardiana de la Constitución -, tienen valor
vinculante por emanar de órganos diseñados para la unificación de la
jurisprudencia, y en virtud de los principios de igualdad, buena fe y seguridad
jurídica previstos en los artículos 13 y 83 de la Constitución Política8. Por lo tanto,
8 La Corte Constitucional ha reconocido la gran responsabilidad que tienen los órganos situados en
el vértice de las respectivas especialidades de la rama judicial, puesto que la labor de unificación de
la jurisprudencia nacional implica una forma de realización del principio de igualdad. Sentencia T-
123/95 citada en la Sentencia T-321/98.
En la sentencia C-179 de 2016 reafirmó dicha tesis al exponer lo siguiente: «[…] la función de
unificación jurisprudencial la cumplen en sus diferentes especialidades y en su condición de órganos
de cierre, según el Texto Superior, (i) la Corte Constitucional en materia de derechos fundamentales
y de examen de validez constitucional de las reformas a la Carta como de las normas con fuerza de
ley (CP arts. 86 y 241); (ii) el Consejo de Estado en relación con su rol de Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativos (CP arts. 236 y 237); y (iii) la Corte Suprema de Justicia en su calidad
de tribunal de casación y máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria (CP art. 235). […]»
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su contenido y la regla o norma jurídica que exponen, tienen características de
permanencia, identidad y carácter vinculante y obligatorio”.
74. En esta oportunidad y retomando lo indicado la Sala Plena de la
Corporación, se acudirá al método de aplicación en forma retrospectiva del
precedente, disponiendo para ello, que las reglas jurisprudenciales que se han
fijado en este pronunciamiento se acojan de manera obligatoria en todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables”. (Subrayado y negrilla del texto original).
En conclusión, en la citada sentencia se fijó como regla jurisprudencial, para el tema
que interesa en este proceso, que en la liquidación de la pensión ordinaria de
jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben
tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a estos.
Ahora bien, sin perjuicio del acatamiento el criterio unificador de la sentencia de
unificación antes mencionada, lo cierto es que de la lectura del mencionado
precepto normativo al que hace referencia la providencia bajo estudio, se extrae
que, […] En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden,
siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular
los aportes. […].
Lo anterior permite inferir que tanto la línea jurisprudencial en cita como la norma
aplicable a casos como el presente, conlleva la inclusión en el cálculo del IBL, no
solo de los enlistados en dicho precepto, sino también todos aquellos conceptos
sobre los cuales se hubiese establecido el carácter de factor salarial computable
para efectuar aportes.
Puntualmente, en el caso de los docentes oficiales, se encuentra que los Decretos
633 y 634 de 2007 crearon un emolumento denominado asignación adicional, a la
cual accederían los directivos docentes regidos por los Decretos 2277 de 1979 y el
1278 de 2002. Al respecto, se advierte que este haber salarial está consagrado
como factor salarial por hacer parte de la asignación básica mensual de los
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educadores, la cual es base de cotización conforme al artículo 6° del Decreto 691
de 1994.
Asimismo, el Decreto 1566 de 2014 creó una bonificación mensual efectiva a partir
1° de junio de 2014, la cual ha sido fijada con posterioridad cada año bajo el mismo
criterio, esto es, el relativo a que la naturaleza de dicho emolumento es el de un
factor salarial con efectos legales para el cálculo de los aportes, respecto del cual
deben efectuarse los respectivos descuentos.
Por otro lado, el Decreto 2354 de 2018 creó la denominada bonificación pedagógica
efectiva para los docentes y directivos docentes de las plantas de personal de las
entidades territoriales certificadas en educación, la cual, además, también fue
concebida como un factor salarial para efectos de cotizaciones, tal como lo previó
el artículo 3°, numeral 4° de la norma en cita.
En tal sentido, esta Sala acogerá la posición del Consejo de Estado establecida en
la Sentencia de Unificación analizada previamente, al igual que la normativa citada
anteriormente sobre los factores salariales establecidos como tales. Conforme a ello
se procederá a dar solución al caso concreto.
Resolución del caso concreto
Para definir el presente asunto, se tiene que el secretario de educación de
Cundinamarca, actuando en representación de la Nación - Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la
Resolución Nro. 001586 del 4 de septiembre de 20189, concedió la pensión vitalicia
de jubilación a la demandante, en cuantía mensual de $1.182.346 cuya efectividad
quedó condicionada a la demostración del retiro definitivo del servicio. En dicha
resolución quedó establecido lo siguiente.
• Que la pensión vitalicia de jubilación debía ser reconocida con fundamento en
los requisitos de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 por haberse vinculado la
9 Ver expediente digital obrante en el índice 2 de la plataforma SAMAI.
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reclamante como docente con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003.
• Que el valor de la pensión vitalicia de jubilación sería el equivalente al 64,50%
del salario promedio mensual devengado durante los 10 últimos años anteriores
a la fecha de adquisición del estatus jurídico pensional de la demandante (1° de
febrero de 2018).
• Que el factor salarial tenido en cuenta en el IBL pensional fue la asignación
básica mensual.
Como se precisó anteriormente, a la Sala le corresponde dar aplicación a la regla
jurisprudencial establecida en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, en
primer lugar, porque la tesis del 4 de agosto de 2010 fue replanteada por la Sala
Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación mencionada
inicialmente, esto para el caso puntual de los docentes oficiales. En segundo lugar,
porque tal como allí se estableció, aquella constituye un precedente vinculante y
obligatorio para los casos que guardan identidad fáctica y que se encuentran
pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, siempre que no se
haya configurado el fenómeno de la cosa juzgada10, como sucede en el presente
asunto, dado que la providencia apelada no ha quedado ejecutoriada.
Pues bien, atendiendo el primer motivo de informidad de la entidad apelante, la Sala
de Decisión observa que en efecto la señora Gloria Inés Ospina Montero ha tenido
períodos de solución de continuidad conforme se advierte del acervo probatorio, sin
embargo, para todos los efectos prácticos y de análisis de aplicabilidad de la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, debe tenerse en cuenta la primera
data de vinculación como maestra oficial, al margen de que hubiese cumplido o no
los requisitos para consolidar el estatus pensional antes o después del 27 de junio
de 2003 cuando entró en vigencia la Ley 812 de la citada anualidad, tal como lo
estimó el tribunal de primera instancia.
10Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de abril de 2019, Expediente:
680012333000201500569-01 (0935-2017), Demandante: Abadía Reynel Toloza, acápite «Efectos
de la decisión».
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Demandante: Gloria Inés Ospina Montero
Bajo este contexto se observa que, al tener el 28 de marzo de 1995 como fecha
relevante e inicial de nombramiento de la demandante en calidad de educadora
estatal (la cual claramente es anterior a la fecha en que cobró vigor la norma en
comento), según el contexto jurídico antedicho, para definir su situación jurídica
pensional, se debe acudir a la regla jurisprudencial esbozada anteriormente, relativa
a la aplicación de la Ley 33 de 1985 que exige como requisitos para la adquisición
del estatus jurídico de jubilada, 55 años de edad y 20 años de servicio público oficial.
Ahora, en materia de liquidación del derecho reconocido a la demandante, el cual
corresponde al segundo punto de debate de la parte recurrente, se tiene que de
acuerdo con la regla establecida en la sentencia de unificación, el ingreso base de
liquidación de la pensión de la demandante comprende, i) el período
correspondiente al último año de servicio, anterior a la consolidación del estatus
pensional, y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes
previstos en la Ley 62 de 1985, que, se repite, son, asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
Contrastados los factores enlistados en la disposición con los devengados por la
interesada durante el mencionado periodo, comprendido entre el 4 de agosto de
2015 y el 3 de agosto de 2016 (año anterior a la adquisición del estatus), se observa
lo siguiente.
Factores devengados Factores de la Ley 62 de 1985 y demás normas en materia salarial
docente
Asignación básica/sueldo Asignación básica
Gastos de representación
Primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación
Dominicales y feriados
Horas extras Horas extras
Bonificación por servicios
Trabajo suplementario
Asignación adicional
Bonificación mensual docente Bonificación mensual docente
Bonificación pedagógica
Prima de Antigüedad
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Demandante: Gloria Inés Ospina Montero
Prima de navidad
Prima de servicios de docentes
Prima de vacaciones de
docentes
Se concluye entonces que los únicos factores salariales que coinciden son la
asignación básica y las horas extras, razón por la cual, en principio, serían los únicos
a incluir en la base de liquidación, de conformidad con la sentencia de unificación,
toda vez que el trabajo suplementario indicado, fue demostrado con las pruebas
practicadas en el proceso.11
Sin embargo, advierte la Sala que la la bonificación mensual que devengó la
demandante durante el año anterior a la adquisición del derecho, pese a no estar
señalada de manera expresa en el listado de la Ley 62 de 1985, debe ser incluida,
por disposición de los respectivos decretos que la previeron como factor salarial, así
lo indicó el artículo 1º del Decreto 1566 de 2014.
Por ello, aunque en el plenario no existe prueba de que sobre dicha asignación se
hayan efectuado aportes, toda vez que el certificado de salarios expedido por la
entidad no contiene dicha información, ello no obsta para ordenar su inclusión en la
liquidación de la pensión de la demandante, por cuanto constituye factor salarial
para efectos pensionales.
Como se observa, este emolumento al que se ha hecho referencia individualmente
fue establecido con naturaleza salarial para efectos de cómputo de aportes con
posterioridad a la expedición de la Ley 62 de 1985 y del Decreto 1158 de 1994. Por
esa razón, es claro que en su momento no estaba contemplado como factor a incluir
en el cálculo del IBL pensional, situación que en la actualidad no es óbice para que
sean tenidos en cuenta en la liquidación de la prestación por cumplir con las
condiciones exigidas para lo propio.
Es de señalar, que la presente discusión, en cuanto a la bonificación mensual, no
ha sido ajena a esta Subsección, pues en sentencia proferida el 17 de septiembre
11 Ver expediente digital obrante en el índice 2 de la plataforma SAMAI.
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de 202012, se llegó a la misma conclusión, «[…] En cuanto a la bonificación mensual,
también ordenada en la sentencia, si bien no se encuentra enlistada en el artículo 1 de la
Ley 62 de 1985, por haberse creado posteriormente –Decreto 1566 del 19 de agosto de
2014- sí constituye factor salarial para la liquidación de su pensión, […]».
En suma, la Sala confirmará la sentencia apelada, toda vez que se acreditó que la
demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión con base en la Ley 33
de 1985 y a que su prestación sea liquidada en cuantía equivalente al 75% del
promedio de lo devengado en el año inmediatamente anterior a la adquisición del
estatus jurídico de pensionada, incluyendo la asignación básica o sueldo, las horas
extras y la bonificación mensual.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, es de destacar que el Consejo
de Estado en sentencia del 7 de abril de 201613 determinó el criterio objetivo-
valorativo para la imposición de dicha carga. Bajo tal contexto, la determinación
sobre este punto implica una valoración que excluye como criterio de decisión la
mala fe o la temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula
que tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público14.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 y 8
del artículo 365 del Código General del Proceso,15 la Sala se abstendrá de condenar
en costas de segunda instancia a la parte demandada, pues a pesar de que no
prosperó el objeto de su recurso de alzada, ello tuvo lugar debido a un cambio
12 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, radicado: 47001-23-33-
000-2017-00415-01(4592-18). En igual sentido, se pronunció la Subsección B, cuando en sentencia
del 21 de octubre de 2021, emitida en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2017-04527-
01(3284-20).
13 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
14 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […].»
15 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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jurisprudencial, aunado a que la parte demandante no actuó en esta instancia16.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el cinco (5) de noviembre de dos
mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, promovió la señora Gloria Inés Ospina Montero contra la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandada, según lo manifestado en las consideraciones que anteceden.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen y realizar las
anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
16 Constancia secretarial visible a índice 9 de la plataforma Samai.
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Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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