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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01720-01

Fecha
22 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01720-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Confírmase la sentencia de 18 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Alirio Gaitán Monroy contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, de conformidad con la parte motiva. 2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01720-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

22 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2019-01720-01 (4292-2021)
Demandante : Alirio Gaitán Monroy
Demandado : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza
Aérea Colombiana
Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación conforme al
Decreto 1214 de 1990

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el accionante
contra la sentencia de 18 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), mediante la
cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 1 a 7 y 147 a 153). El señor Alirio Gaitán Monroy,
mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, para que se acojan las
pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de los oficios «OFI18-5567
MDNSGDAGPSAT» de 24 de enero de 2018 y «20183550014051 del 29-01-
2018 MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-JED-ASEJU-20-60», mediante los
cuales se le negó al actor el reconocimiento de la pensión de jubilación,
conforme al Decreto 1214 de 1990.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
condene a la accionada a pagarle una «[…] pensión de jubilación [con] todos
los sueldos, primas, bonificaciones y demás adehalas de la asignación básica
correspondiente al cargo que venía ocupando, junto con los incrementos
legales […]» (sic) e indexar las sumas adeudadas.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que nació el 6 de enero de
1964, se vinculó el 1° de octubre de 1994 como personal civil de la Fuerza

Expediente: 25000-23-42-000-2019-01720-01 (4292-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Alirio Gaitán Monroy contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional – Fuerza Aérea Colombiana

Aérea Colombiana y continuaba activo para la fecha de presentación de la
demanda con 21 años, 8 meses y 26 días de servicio. Pese a ello, prestó servicios
«en el centro hotel Tequendama, entidad adscrita al Ministerio de Defensa
Nacional» desde el 11 de agosto de 1987 hasta octubre de 1994, lapso que no
le ha sido reconocido.

Dice que el 13 de julio de 2017 solicitó del Ministerio de Defensa Nacional el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, negada a través de los actos
administrativos acusados, con el argumento de que su régimen pensional es el
previsto en la Ley 100 de 1993.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos demandados los artículos 279 de la Ley 100 de 1993 y 98
y 99 del Decreto 1214 de 1990.

Arguye que, en su condición de personal civil no uniformado del Ministerio de
Defensa Nacional, es beneficiario del régimen especial previsto en el Decreto
1214 de 1990, y como su vinculación con el Hotel Tequendama se dio desde el
11 de agosto de 1987 y luego fue vinculado directamente a la nómina de la
Fuerza Aérea Colombiana, tenía unos derechos adquiridos para la fecha de
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.

1.5 Contestación de la demanda. Pese a haber sido notificada en legal forma,
la entidad demandada guardó silencio en esta etapa procesal.

1.6 La providencia apelada (ff. 230 a 241). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (sección segunda, subsección C), a través de sentencia de 18 de
agosto de 2021, negó las pretensiones de la demanda (sin condena en costas), al
estimar que «[…] el periodo de servicios en el cual el demandante laboró en el
Hotel Tequendama S.A. entidad de economía mixta no le otorga la condición
de personal civil del Ministerio de Defensa, por consiguiente, no le resulta
aplicable el Decreto 1214 de 1990 que únicamente cobija a los empleados
civiles y que fueron vinculados a la Fuerza Pública hasta la fecha de entrada
en vigencia del sistema general de pensiones Ley 100 de 1993» (sic).

1.7 El recurso de apelación (ff. 245 a 250). El actor, por intermedio de
apoderado, interpone recurso de apelación, puesto que la decisión de instancia
incurre en una «[…] errónea valoración de las pruebas y la inversión
injustificada de la carga de la misma y el desconocimiento de las reglas
2

Expediente: 25000-23-42-000-2019-01720-01 (4292-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Alirio Gaitán Monroy contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional – Fuerza Aérea Colombiana

sustantivas sobre los valores y la humanidad, seguridad social, derechos
adquiridos, reglas jurisprudenciales sobre la procedencia de la acción de
nulidad y el restablecimiento de todos sus derechos, administrativos y laborales
[y en d]efecto sustantivo por falta de CONGRUENCIA ent[r]e las
consideraciones del fallo y la decisión adoptada […], irregularidad en el
sentido de que los razonamientos de fallo sobre el desconocimiento de un
régimen especial aplicable [al demandante] como servidor público
perteneciente al régimen […] para la fuerza aérea colombiana, y el
desconocimiento de su propio régimen de transición como empleado público
pues ingres[ó] estando en armonía con los mandatos [del Decreto] 1214 de
1990 cuando […] fue derogad[o] por [el Decreto] 1792 de 2000 en su art 114
[…]» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 1° de octubre de
2021 (ff. 252 y 253) y admitido por esta Corporación a través de auto de 20 de
mayo de 2022 (f. 266), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA1, pero
durante la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem los sujetos procesales
guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con el Decreto ley
1214 de 1990; o, por el contrario, le es aplicable la Ley 100 de 1993, al haberse
vinculado al servicio público, como personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, con posterioridad al 1° de abril de 1994,
tal como lo concluyó el a quo.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
3

Expediente: 25000-23-42-000-2019-01720-01 (4292-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Alirio Gaitán Monroy contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional – Fuerza Aérea Colombiana

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993 fue expedida con la
finalidad, entre otras, de acabar la diversidad de regímenes pensionales
existentes; no obstante, con el objetivo de evitar menoscabar derechos de
personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto
tiempo de servicios, se previó el régimen de transición y se establecieron
excepciones al sistema integral de seguridad social como en su artículo 279, que
preceptúa:

El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se
aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al
personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros
no remunerados de las Corporaciones Públicas. [...] (resalta y subraya la
Sala).

Por su parte, el Decreto ley 1214 de 19902, «que reguló la administración del
personal civil que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa, la Policía
Nacional y en la Justicia Penal Militar y su Ministerio Público», estableció el
reconocimiento de pensiones de jubilación por tiempo continuo y discontinuo, de
la siguiente manera:

ARTICULO 98. Pensión de jubilación por tiempo continuo. El empleado
público del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que acredite
veinte (20) años de servicio continuo a éstas, incluido el servicio militar
obligatorio, hasta por veinticuatro (24) meses, prestado en cualquier tiempo,
tendrá derecho a partir de la fecha de su retiro, a que por el Tesoro Público
se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta
y cinco por ciento (75%) del último salario devengado, cualquiera que sea
su edad, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 103 de este
Decreto.

PARAGRAFO. Para los reconocimientos que se hagan a partir de la
vigencia del presente Decreto, se entiende por tiempo continuo, aquel que
no haya tenido interrupciones superiores a quince (15) días corridos, excepto
cuando se trate del servicio militar.

ARTICULO 99. Pensión de jubilación por tiempo discontinuo. El empleado
público del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional que sirva veinte
(20) años discontinuos al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional o a
otras entidades oficiales, y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si
es varón, o cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a partir de la fecha
de su retiro a que por el Tesoro Público se le pague una pensión mensual

2
«Por el cual se reforma el Estatuto y el Régimen Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y
la Policía Nacional».
4

Expediente: 25000-23-42-000-2019-01720-01 (4292-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Alirio Gaitán Monroy contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional – Fuerza Aérea Colombiana

vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
último salario devengado, tomando como base las partidas señaladas en el
artículo 102 de este Estatuto.

No quedan sujetas a esta regla las personas que trabajen en actividades que
por su naturaleza justifiquen excepción y que la ley determine expresamente.

De la norma trascrita se infiere que el personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional, la Policía Nacional y la justicia penal militar vinculado antes del 1°
de abril de 1994, fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 para los
empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional3, tiene derecho al
reconocimiento de una pensión de jubilación a partir de la fecha en que sean
retirados del servicio, luego de acumular 20 años de labores ininterrumpidas,
cualquiera que sea su edad, o el mismo tiempo de trabajo discontinuo en tal
calidad, caso en el cual también será necesario colmar el requisito de edad (55
hombres y 50 mujeres).

Ahora bien, sobre la excepción contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993 relativa al referido personal y la aplicación del Decreto ley 1214 de 1990,
la Corte Constitucional, en sentencia C-665 de 19964, se pronunció así:

Lo anterior no se opone a que como claramente se dispone en el aparte
acusado, contenido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, pueda el
legislador señalar que en tratándose del personal de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, así como del regido por el Decreto 1214 de 1990,
vinculado a partir de la vigencia de la misma ley pueda aplicársele a estos
el Sistema Integral de Seguridad Social que rige por regla general para
todos los habitantes del territorio nacional.

En este sentido, cabe advertir que el artículo 11 de la misma ley señala que
el Sistema General de Pensiones, con las excepciones previstas en el
artículo 279 ibídem, se aplica sin distingo alguno a todos los habitantes
del territorio nacional. Desde luego que la normatividad en referencia,
respeta los derechos adquiridos conforme a las disposiciones anteriores
para quienes a la fecha de la vigencia de la ley hubieren cumplido los
requisitos para acceder a la pensión o ya estuvieren pensionados por
jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes tanto del sector
público como del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en
general.

En esta forma, cabe señalar lo que la norma acusada protege son los
derechos adquiridos y regulados por disposiciones especiales para

3
De acuerdo con los artículos 1° y 2° del Decreto 691 de 1994.
4
M.P. Hernando Herrera Vergara.
5

Expediente: 25000-23-42-000-2019-01720-01 (4292-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Alirio Gaitán Monroy contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional – Fuerza Aérea Colombiana

quienes al momento de la vigencia de la ley se encontraban vinculados
a las Fuerzas Militares, Policía Nacional y personal regido por el
Decreto 1214 de 1990. En tal sentido, con respecto a los nuevos
servidores, es decir, aquellos vinculados en el mismo ramo dentro de
la vigencia de la norma en referencia, no se desconocen derechos
adquiridos salvo lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 100 de 1993.

Por lo tanto, el precepto impugnado, contrario a lo que sostiene el actor,
no hace cosa distinta que reconocer la voluntad del constituyente,
diferenciando dos situaciones, que no constituyen en manera alguna
discriminación: de una parte, la del personal que se había vinculado al
Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Justicia Penal Militar antes
de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, para quienes se mantendrán las
disposiciones especiales en materia de seguridad social y en especial, el
previsto en el Decreto-Ley 1214 de 1990, cuyos derechos adquiridos
deben ser respetados y garantizados, y de la otra, el personal de las mismas
instituciones que se vinculó a partir de la vigencia de la citada ley, a
quienes se les aplica el Sistema Integral de Seguridad Social consagrado
en la Ley 100 de 1993, y que por consiguiente no gozan de derechos
adquiridos, razón por la cual es procedente, dada la fecha de su
vinculación, aplicarles el Sistema Integral de Seguridad Social consagrado
en la Ley 100 de 1993 [destaca la Sala].

Asimismo, en sentencia C-1143 de 2004, dicho tribunal constitucional señaló:

4.6. Finalmente, el Decreto 1214 de 1990 consagra en las normas
demandadas la pensión de jubilación y la pensión por aportes para el
personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, una vez
cumplan los requisitos a que se refieren los artículos 98 y 100 acusados,
pero solamente cobija a aquellas personas que se incorporaron con
anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, como lo dispone el
artículo 279 de esa normatividad, artículo éste que fue declarado exequible
por esta Corte, en aras de proteger los derechos adquiridos de quienes se
encontraban en esa particular situación, como quedó visto en esta
sentencia. Ello se traduce en que los civiles que laboran para el servicio de
esas entidades, vinculados con posterioridad a la vigencia de la Ley 100
de 1993 no cuentan con un régimen especial, sino que por el contrario, se
encuentran sujetos a la normatividad general del régimen de seguridad
social, aplicable a todos los servidores del Estado.

Sobre el particular, la sala de consulta y servicio civil de esta Corporación, en
concepto de 12 de agosto de 20035, concluyó que «[e]l personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional que ingresó a la Institución con anterioridad a
la vigencia de la Ley 100 de 1993 continúa regido por el régimen pensional

5
C. P. Jorge Murgueitio Cabrera.
6

Expediente: 25000-23-42-000-2019-01720-01 (4292-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Alirio Gaitán Monroy contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional – Fuerza Aérea Colombiana

exceptuado, contenido en el Decreto Ley 1214 de 1990, en razón a que la Ley
797 de 2003 no modificó ni derogó la excepción contenida en el artículo 279
de la ley 100 respecto de estos servidores». Igualmente, en concepto emitido el
22 de febrero de 20116, sostuvo:

Como corolario de lo anterior se tiene que el Sistema de Seguridad Social
integral de que trata la ley 100 de 1993 no se aplica a los miembros activos
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional independientemente de
la fecha de su vinculación, ni al personal regulado por el decreto ley 1214
de 1990, esto es, al personal Civil del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacional, que había sido vinculado antes de entrar en vigencia la ley 100
de 1993. Por el contrario, al personal Civil de estas instituciones cuya
vinculación fue posterior a la vigencia la ley 100, se le aplica en su
totalidad el referido Sistema.

A su vez, en lo concerniente a los cargos desempeñados por civiles en la justicia
penal militar, en sentencia de 1° de septiembre de 20147, en un caso en el que
se discutía la aplicación del régimen pensional previsto en el Decreto 1214 de
1990, esta Corporación consideró:

En cuanto al segundo interrogante, la Sala de Consulta y Servicio Civil
manifestó que en tratándose de un cargo de periodo fijo legal, como lo era
el de la actora, la vinculación para efectos de determinar si era beneficiario
del régimen contemplado en el Decreto 1214 de 1990 correspondía a la
fecha de nombramiento y posesión en el cargo de la Justicia Penal Militar.
Al respecto, precisó:

“1.3. (...) En relación a los cargos de período fijo, como el de
Magistrado del Tribunal Superior Militar, reitera la Sala que el
vocablo “vinculación” para efecto de determinar el régimen
pensional aplicable está determinado por el “acto administrativo
de nombramiento como magistrado y su posesión en ese cargo”;
en razón a que el hecho del retiro del servicio activo no produce una
nueva vinculación, pues ésta ocurrió con el acto de nombramiento y
posesión en dicho empleo, el cual podía seguir desempeñando bien
como miembro activo o retirado de las Fuerzas Militares, hasta
completar el período legal.

En consecuencia, solo en los cargos de período legal, la fecha de
“vinculación” para determinar la aplicación del régimen
pensional de que trata el decreto ley 1214 de 1990, es la de
nombramiento y posesión en dicho empleo, indistintamente si se
6
Consejo de Estado (sala de consulta y servicio civil); expediente 11001-03-06-000-2010-00081-00 (2020); C.
P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
7
Consejo de Estado (sección segunda, subsección A); expediente 25000-23-25-000-2010-000166-01 (1641-
12).
7

Expediente: 25000-23-42-000-2019-01720-01 (4292-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Alirio Gaitán Monroy contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional – Fuerza Aérea Colombiana

tenía o no la condición de militar en servicio activo o en uso de retiro,
siempre que el acto administrativo de nombramiento y posesión fueren
anteriores a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993. En todos los
demás, la fecha de vinculación es aquella en que se adquirió la
condición de civil al servicio del Ministerio de Defensa.”. – SE
RESALTA

Por consiguiente, quienes con anterioridad al 1° de abril de 1994 estuviesen
vinculados como personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía
Nacional, la justicia penal militar y su Ministerio Público y acumulen 20 años
de labor continua, esto es, que no haya tenido interrupciones superiores a 15
días, tendrán derecho a recibir la pensión de jubilación de que trata el artículo
98 del Decreto ley 1214 de 1990, a partir del retiro del servicio, supuesto que
no ofrece dificultad interpretativa.

No ocurre lo mismo con la pensión de jubilación por tiempo discontinuo
preceptuada por el artículo 99 del mencionado estatuto, pues el cómputo de
lapsos interrumpidos impone analizar si aquellos que estuvieron vinculados
como personal civil con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de
1993, se retiraron del servicio sin acumular 20 años sucesivos de labor e
ingresen nuevamente en la misma calidad (en vigencia del sistema general de
seguridad social en pensiones), conservan el régimen de excepción y pueden
jubilarse cuando colmen los requisitos de edad y tiempo exigidos para tal fin.

Al respecto, la Sala observa que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 previó
que el sistema general de seguridad social resultaba inaplicable al personal
regido por el Decreto ley 1214 de 1990, «con excepción de aquel que se vincule
a partir de [su] vigencia […]», sin que pueda afirmarse que el legislador haya
impuesto, a manera de requisito sine qua non para conservar el régimen especial,
tener la calidad de personal civil en ese preciso momento. Entonces, como el
artículo 48 de la Constitución Política determinó que «[p]ara adquirir el derecho
a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las
semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que
señala la ley», no es dable exigir requisitos no establecidos en el ordenamiento
jurídico para mantener el régimen de jubilación por tiempo discontinuo.

En ese sentido, debe decirse que si el régimen especial del personal civil consagró
posibilidades de pensionarse con períodos continuos o discontinuos, no podría
entenderse que la excepción en comento se refirió exclusivamente a una de
aquellas modalidades, puesto que la garantía de efectividad de las prerrogativas
8

Expediente: 25000-23-42-000-2019-01720-01 (4292-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Alirio Gaitán Monroy contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional – Fuerza Aérea Colombiana

allí contenidas implica el respeto de las expectativas legítimas de pensionarse con
las normas más favorables contenidas en el artículo 99 del Decreto ley 1214 de
1990, que tenían todos aquellos que prestaron sus servicios en condición de
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, la justicia
penal militar y su Ministerio Público antes del sistema general de seguridad
social. Lo contrario, sería admitir una suerte de derogatoria de tal articulado,
conclusión contraria al artículo 279 de la mencionada Ley 100, que
precisamente quiso preservar las condiciones de jubilación del aludido personal.

Así las cosas, si bien es cierto que el cálculo de tiempo no continuo para efectos
del artículo 99 del Decreto ley 1214 de 1990 permite la acumulación de períodos
de vinculación independientes posteriores a la Ley 100 de 1993, también lo es
que no resulta adecuado desconocer los interregnos de servicio prestados, como
personal civil, antes de que empezara a regir esa normativa. En efecto, sería
contrario a los principios de equidad, justicia social y pro homine, así como a los
tratados internacionales atañederos a estos8, desconocer que el trabajo efectuado
bajo la égida de este antes de la entrada en vigor de aquella, máxime cuando del
citado artículo 279 se infiere que su aplicación es para los nuevos empleados
civiles vinculados durante su vigencia, mas no para los que con anterioridad
fueron nombrados en dicha condición.

Esta interpretación se encuentra en consonancia con la jurisprudencia de esta
Corporación acerca de la aplicación en el tiempo de los regímenes pensionales
exceptuados9, en aquellos casos en que el servidor no mantiene inalterada la
calidad que lo hace destinatario de la norma especial y colma el requisito de
tiempo con vinculaciones posteriores a la entrada en vigor, para cada caso, de la
Ley 100 de 199310.

8
V. gr. Art. 5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); art. 29 Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH); art. 5 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
(PIDESC); art. 1.1. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
art. 41 Convención sobre los Derechos del Niño.
9
Al respecto, puede verse la interpretación que sobre la aplicación de la Ley 812 de 2003 ha efectuado la
Corporación respecto del régimen exceptuado del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en
sentencia de 5 de diciembre de 2019, (sección segunda, subsección B), Expediente 17001-23-33-000-2014-
00087-01 (4375-2015).
10
Sobre el aspecto en comento, la sala de consulta y servicio civil de esta Corporación, en concepto de 10 de
agosto de 2012, expediente 11001-03-06-000-2011-00004-00(2048), C. P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo,
precisó que, de acuerdo con la Ley 812 de 2003, existen dos grupos de personas: (i) «Integrado por los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que estaban vinculados al servicio público educativo oficial al
momento de entrar en vigencia la ley 812 de 2003, es decir el 27 de junio de 2003; para este grupo el régimen
prestacional aplicable es el establecido en las normas que como docentes los regían para esa fecha, es decir,
la ley 91 de 1989 y demás normas concordantes»; y (ii) «Conformado por quienes estando vinculados a otros
sistemas o sectores al entrar en vigencia la ley 812 de 2003, es decir, el 27 de junio de ese año, ingresan por
primera vez al sector público educativo oficial».
9

Expediente: 25000-23-42-000-2019-01720-01 (4292-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Alirio Gaitán Monroy contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional – Fuerza Aérea Colombiana

Por ende, la Sala concluye que el régimen pensional previsto en el Decreto ley
1214 de 1990 cobija al personal civil que haya estado vinculado en esa calidad
con antelación a la entrada en vigor del sistema general de seguridad social, cuyos
integrantes tienen derecho, al cumplimiento de los requisitos establecidos en esa
norma, al reconocimiento de la pensión de jubilación por tiempo continuo o
discontinuo, sin que por el suceso de interrupciones que hubieren podido ocurrir
en la relación laboral y vinculaciones posteriores a la Ley 100 de 1993, pueda
colegirse que perdieron tal prerrogativa.

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Según cédula de ciudadanía del accionante, nació el 6 de enero de 1964 (f.
25 vuelto).

b) Certificación emitida el 6 de abril de 2011 por el jefe del departamento de
desarrollo humano de la sociedad hotelera Tequendama S. A., conforme a la
cual el actor laboró en esa «empresa en calidad de Trabajador Oficial con un
contrato a término indefinido vigente desde el 11 de agosto de 1987 hasta el 03
de octubre de 1994 [y] al momento de retiro desempeñaba el cargo de VALET
DE LA LAVANDERÍA» (f. 11).

c) Constancias expedidas por la Fuerza Aérea Colombiana el 29 de junio de
2016, 28 de marzo y 28 de septiembre de 2018 y 29 de septiembre de 2020 y
hoja de servicios 5-79295628 de 24 de enero de 2018 (f. 21, 36 y 129 y 187,
que contiene un CD), en las que se evidencia que el demandante se vinculó
como personal civil a esa institución desde el 1° de octubre de 1994 y se
encontraba activo para el 29 de septiembre de 2020 como auxiliar de servicios
11, con 25 años, 11 meses y 26 días de servicio.

d) El 13 de julio de 2017 el actor reclamó de la accionada el reconocimiento de
una pensión de jubilación en aplicación del Decreto 1214 de 1990 (ff. 32 a 34),
negado mediante oficios «OFI18-5567 MDNSGDAGPSAT» de 24 de enero de
2018 y «20183550014051 del 29-01-2018 MDN-CGFM-FAC-COFAC-
JEMFA-JED-ASEJU-20-60», porque el régimen pensional que le es aplicable
es el previsto en la Ley 100 de 1993, se encuentra afiliado a Colpensiones y no
ha solicitado el retiro de esa entidad (ff. 15 a 17).

10

Expediente: 25000-23-42-000-2019-01720-01 (4292-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Alirio Gaitán Monroy contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional – Fuerza Aérea Colombiana

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el demandante
nació el 6 de enero de 1964; (ii) laboró para la sociedad hotelera Tequendama
S. A. «en calidad de Trabajador Oficial con un contrato a término indefinido
vigente desde el 11 de agosto de 1987 hasta el 03 de octubre de 1994»; (iii) se
vinculó como personal civil de la Fuerza Aérea Colombiana el 1° de octubre de
1994 y se encontraba activo para el 29 de septiembre de 2020 como auxiliar de
servicios 11, con 25 años, 11 meses y 26 días de servicio; y (iv) el 13 de julio
de 2017 reclamó de la accionada el reconocimiento de una pensión de jubilación
en aplicación del Decreto 1214 de 1990, negado mediante oficios «OFI18-5567
MDNSGDAGPSAT» de 24 de enero de 2018 y «20183550014051 del 29-01-
2018 MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-JED-ASEJU-20-60», porque el
régimen pensional que le es aplicable es el previsto en la Ley 100 de 1993, se
encuentra afiliado a Colpensiones y no ha solicitado el retiro de esa entidad.

De acuerdo con lo anotado en el acápite precedente, aquellos integrantes del
personal civil regidos por el Decreto ley 1214 de 1990 que hayan estado
vinculados en esa calidad con antelación a la entrada en vigor del sistema general
de seguridad social, tienen derecho, al cumplimiento de los requisitos establecidos
en esa disposición, a la pensión de jubilación de que trata tal norma.

No obstante, en el sub lite se tiene que la vinculación del demandante como
personal civil de la Fuerza Aérea Colombiana fue posterior a la entrada en vigor
de la Ley 100 de 1993 (1° de octubre de 1994), pues antes laboró en calidad de
trabajador oficial, mediante contrato a término indefinido para la sociedad
hotelera Tequendama S. A.11 entre el 11 de agosto de 1987 y el 3 de octubre de
1994, lapso que no es computable, pese a que sea una sociedad vinculada al
Ministerio de Defensa Nacional, por cuanto dichos servicios no se prestaron
directamente «[…] en el Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en
las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional»12. Por ende, a pesar de haber
acumulado más de 20 años de servicios en esa condición (personal civil) y
adquirido la edad pensional fijada en el artículo 99 del Decreto ley 1214 de 1990
(55 años), no resulta procedente acceder a la pensión allí prevista, toda vez que,
como se dijo, del artículo 279 (inciso primero) de la Ley 100 de 1993 se infiere

11
«La Sociedad Tequendama es una sociedad anónima de economía mixta de la orden nacional autorizada por
la ley 83 de 1947, constituida por escritura pública 7.589 de 1948 (Notaría Segunda) vinculada al Ministerio
de Defensa Nacional, sometida al régimen legal de las empresas industriales y comerciales del Estado, dotada
de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente», visto en:
https://sociedadtequendama.com/nuestra-compania/
12
Decreto 1214 de 1990 «ARTÍCULO 2º. PERSONAL CIVIL. Integran el personal civil del Ministerio de
Defensa y de la Policía Nacional, las personas naturales que presten sus servicios en el Despacho del Ministro,
en la Secretaría General, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional».
11

Expediente: 25000-23-42-000-2019-01720-01 (4292-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Alirio Gaitán Monroy contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional – Fuerza Aérea Colombiana

que la aplicación de esta última es para quienes se vincularon como empleados
integrantes del personal civil durante su vigencia, como es el caso del actor.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó
las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°. Confírmase la sentencia de 18 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), que negó
las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Alirio Gaitán
Monroy contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea
Colombiana, de conformidad con la parte motiva.

2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

12

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