Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01727-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01727-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01727-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01727-01 (4819-2022)
Demandante: Lucy Yannette Pachón Delgado
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones
Tema: Revocatoria directa. Reliquidación pensional - Decreto 929 de
1976. Sentencia de unificación CE-SUJ-S2-020-20 del 11 de junio
de 2020.
Decisión: Revoca decisión de primera instancia. Accede parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Sin condena en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
demandante contra la sentencia del 8 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F1, que negó las
súplicas de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2
2.1.1. Pretensiones
2. La señora Lucy Yannette Pachón Delgado, por intermedio de apoderado judicial
y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 del 20113, solicitó declarar la nulidad
de:
1 Con ponencia del magistrado Luis Alfredo Zamora Acosta.
2 Folio 1 y s.s. cuaderno principal.
3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en
adelante CPACA.
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• Resolución SUB 54043 de 28 de febrero de 2019, por medio de la cual se
reliquidó su pensión con los últimos 10 años de servicios, los factores
establecidos en el Decreto 1158 de 1994 y se ordenó la inclusión en nómina
de su pensión.
• Resolución SUB 160186 de 21 de junio de 2019, por la que se resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto administrativo.
• Resolución DPE 8081 de 16 de agosto de 2019 por la cual se resolvió el
recurso de apelación interpuesto.
3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, solicitó que se ordene a la entidad accionada reliquidarle la pensión
de vejez conforme con el Decreto 929 de 1976, atendiendo al último semestre de
servicios y la inclusión de todos los factores devengados en el mismo, indexados o
actualizados hasta la fecha de reconocimiento.
4. Asimismo, solicitó que se cancelen todas las sumas adeudadas desde el 1.° de
diciembre de 2018, en cuantía inicial de $7´217.176; que se paguen los intereses
moratorios a que haya lugar y que se realice la indexación y pago del retroactivo
pensional.
5. Finalmente solicitó que se cumpla la sentencia en los términos de los artículos
192 y 195 del CPACA y, se condene en costas a la parte demandada.
2.1.2. Hechos
6. Se indicó en la demanda que a través de la Resolución 346104 de 7 de diciembre
de 2013, se le negó a la señora Lucy Yannette Pachón Delgado el reconocimiento
de la pensión de jubilación, acto administrativo contra el cual interpuso recurso de
reposición.
7. Mediante la Resolución GNR 276713 de 5 de agosto de 2014 se revocó el
anterior acto administrativo y se ordenó el reconocimiento de la pensión de
jubilación a la accionante de acuerdo con el Decreto 929 de 1976.
8. Luego, a través de la Resolución GNR 376582 de 23 de octubre de 2014 se
reliquidó la prestación por el incremento del IBL.
9. A través de la Resolución SUB 54043 de 28 de febrero de 2019 se ordenó el
ingreso en nómina de la pensión de vejez, a partir del 1.° de diciembre de 2018; allí
se ordenó la liquidación de la prestación de acuerdo con lo señalado en la Ley 100
de 1993.
10. Inconforme con la anterior decisión interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación, que fueron desatados de forma desfavorable a través de las
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Resoluciones SUB 160186 de 21 de junio de 2019 y DPE 8081 de 16 de agosto de
2019 respectivamente.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
11. Como normas vulneradas citó los artículos 29 y 53 de la Constitución Política
y 36 de la Ley 100 de 1993; la Ley 62 de 1985 y los Decretos 959 de 1976 y 1045
de 1978.
12. En el concepto de violación explicó que las resoluciones objeto de censura
desconocieron las disposiciones señaladas por cuanto si bien es beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, toda vez que a su entrada en vigencia
contaba con más de 35 años de edad y 15 años de servicios, es claro que contaba
con un derecho adquirido y una expectativa legítima de la aplicación integral del
Decreto 929 de 1976 por su labor en la Contraloría General de la República.
13. Según lo indicó, el régimen de transición no abarcó solamente los requisitos de
edad, tiempo de servicios, sino también la base de liquidación, es decir, que la
pensión de jubilación debe ser liquidada en un 75% de la totalidad de los factores
salariares percibidos durante el último semestre de servicio, de acuerdo con su
régimen aplicable. Además, para la fecha en que adquirió su estatus pensional no
se habían proferido las sentencias de la Corte Constitucional SU 230 de 2015.
14. Se desconocieron el debido proceso y los derechos adquiridos de la
demandante, comoquiera que en este caso ya contaba con el reconocimiento
pensional conforme al Decreto 929 de 1976 y solo, al momento del retiro del servicio
solicitó a la entidad que se le reliquidara la pensión de acuerdo con lo devengado
en el último año laborado servicio y la inclusión en nómina de pensionados.
15. En este sentido, con bastante anterioridad le había sido reconocida la pensión
de jubilación conforme a la circular de la Procuraduría General de la Nación 054 de
2010, en la que se citan normas y precedente judicial aplicable al caso y que le
permitieron a la demandante pensionarse con el Decreto 929 de 1976 y el IBL
conformado por lo devengado en los últimos seis meses de prestación de servicios.
Por ello, no había ninguna razón para que la entidad desconociera su decisión
anterior, pues la misma sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de
agosto de 2018 señaló que no podía entenderse que, por virtud de esa sentencia,
las pensiones que fueron sido reconocidas y reliquidadas en el régimen la transición
con fundamento en la tesis que sostenía el Consejo de Estado, lo fueron con abuso
de derecho o fraude a la ley.
2.2. Contestación de la demanda4.
2.2.1. La Administradora Colombiana de Pensiones, por intermedio de
4 Folio 68 y s.s.
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apoderado judicial, se opuso a las pretensiones.
16. Para ello indicó que la señora Lucy Yannette Pachón Delgado no tenía derecho
a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que es beneficiaria del régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto para el
1.º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la norma, tenía 35 o más de
edad, es decir, su norma pensional es el Decreto 929 de 1976 en cuanto a la edad,
tiempo de servicio y monto de la prestación. Sin embargo, en cuanto al IBL su
pensión debe liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y con los factores de cotización establecidos taxativamente
en el Decreto 1158 de 1994.
17. Es decir, que el régimen aplicable para la determinación del IBL es el señalado
en el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en su defecto el 21, y no el
Decreto 929 de 1976, lo contrario iría en desconocimiento de las providencias de la
Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto 326
de 2014, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017,
SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018. Así mismo, se desconocería la sentencia de
unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, Rad. No. 52001-23-33-000-2012-00143-01 del 28 de agosto de 2018.
18. Luego de realizar una exposición de los actos expedidos en el curso de la
actuación administrativa, propuso las excepciones denominadas i) inexistencia del
derecho reclamado a cargo de COLPENSIONES, (ii) cobro de lo no debido, (iii)
buena fe y, (iv) prescripción.
2.3. La sentencia apelada5
19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Segunda, Subsección F,
a través de la sentencia de 8 de febrero de 2022, negó las pretensiones de la
demanda.
20. Como fundamento de su decisión se refirió en primer lugar a la Ley 100 de 1993
y la vigencia del sistema general de pensiones, así como de las diferentes tesis
sobre evolución jurisprudencial acerca del ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición.
21. Para ello citó las sentencias del Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010, de
la Corte Constitucional C - 258 de 2013, SU- 230 de 2015 y finalmente, hizo
referencia a la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018.
20. Precisó que tanto las sentencias de la Corte Constitucional como la providencia
de unificación de 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado eran de obligatoria
aplicación para todos los beneficiarios del régimen de transición, como lo señaló la
5 Folio 150 y s.s. del expediente.
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Corte Constitucional en sentencia SU- 588 de 2016. Por ello debía entenderse que
el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no comprende el ingreso base de
liquidación de las pensiones y la base liquidataria de toda prestación corresponde
a la prevista en los incisos 2.° y 3.° del artículo 36 ejusdem, esto con aplicación de
las reglas de unificación de la sentencia de 28 de agosto de 2018.
22. Finalmente precisó que el Consejo de Estado en sentencia de unificación de 11
de junio de 2020, se refirió al régimen especial de la Contraloría General de la
República, efectuando un recuento normativo respecto de los emolumentos que
deben incluirse en la base pensional de las prestaciones sometidas a transición.
23. En el caso concreto encontró que la demandante nació el 23 de febrero de 1959
y acreditó más de 20 años de servicios en entidades públicas, de las cuales prestó
10 al servicio de la Contraloría General de la Nación, porque laboró en dicha entidad
desde el 28 de junio de 1993 hasta el 30 de noviembre de 2018.
24. En su análisis citó el contenido de las Resoluciones GNR 276713 de 5 de agosto
de 2014, SUB 54043 de 28 de febrero de 2019, GNR 376582 de 23 de octubre de
2014 y finalmente, las resoluciones demandadas SUB 160186 de 21 de junio de
2019 y DPE 8081 de 16 de agosto de 2019.
25. De ellas coligió que si bien la demandante era beneficiaria del régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 1993 comoquiera que para el 1.° de abril de
1994 contaba con 35 años de edad, no obstante, no le asistía derecho a la
reliquidación de la pensión con el promedio de todo lo devengado en el último
semestre de servicio ni con la inclusión de todos los factores salariales percibidos
en tal periodo como lo señaló la sentencia de unificación de 11 de junio de 2020,
por lo que el IBL corresponde al 75% del promedio de los salarios o rentas sobre
los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la
pensión.
26. Esto porque para la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 le restaban
más de 10 años para adquirir el derecho pensional. Además, sólo se podrían incluir
los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los cuales se hubieran
realizado aportes. Por tanto, como la entidad aplicó los anteriores parámetros no
había lugar a la reliquidación pensional.
27. Finalmente indicó que, se abstenía de imponer condena en costas al estimar
que no se causaron.
2.5. Recurso de apelación6
28. La parte demandante, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso
6 Folios 167-170 del expediente.
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de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, al considerar que
Colpensiones inicialmente le había reconocido la pensión de jubilación en
aplicación del 75% de lo percibido en el último semestre, tema sobre el cual no
debería existir discusión, sin embargo a través de la Resolución 54043 de 28 de
febrero de 2019, la entidad le revocó la prestación a la accionante con una
liquidación acorde con la Ley 100 de 1993, pese a que ya había definido la situación
bajo una posición jurisprudencialmente válida, por lo cual le fue disminuida la
pensión a la accionante.
29. Según lo indicó, COLPENSIONES no podía primero reconocer un derecho y
posteriormente revocarlo a motu proprio, sin la anuencia u orden de un juez y en
este caso la administración ya la había entregado un derecho a la demandante y
sólo estaba a la espera del retiro el servicio para su inclusión en nómina y
reliquidación por retiro. Empero, una vez cumplida la condición de exigibilidad
COLPENSIONES decidió revocar el derecho que ya le había sido reconocido a la
demandante.
30. Así mismo la pensión de la demandante fue disminuida, pues liquidación
contenida en los actos demandados es inferior a la que correspondería actualmente
de haberse mantenido el reconocimiento inicial, aunado a que no puede aplicarse
en este caso la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de
2018, comoquiera que ya tenía el reconocimiento pensional conforme al Decreto
929 de 1976 y por tanto ya gozaba de una situación consolidada; además, que esa
sentencia no goza de efectos retroactivos como ella misma lo señaló al establecer
que las que hubieren sido reconocidas con tesis anteriores no podían considerarse
que fueron obtenidas con abuso de derecho o fraude a la ley.
2.6. Trámite en segunda instancia
31. A través de auto de 5 de octubre de 20227, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora.
32. En esta etapa procesal tanto las partes como el Ministerio Público y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.
33. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes,
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
34. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
7 Folio 183 del expediente.
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 1508 de la Ley 1437 de 2011.
3.2. Marco de análisis de la segunda instancia
35. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez
de segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas
partes apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
36. En el asunto objeto de estudio, la demandante es apelante única, por lo que la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a los argumentos
esgrimidos en el recurso de apelación.
3.3. Problemas jurídicos
37. De acuerdo con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar si
las Resoluciones demandadas SUB 54043 de 28 de febrero de 2019, SUB 160186
de 21 de junio de 2019 y DPE 8081 de 16 de agosto de 2019 proferidas por
COLPENSIONES revocaron el reconocimiento pensional efectuado por la entidad
a través de las Resoluciones GNR 276713 de 5 de agosto de 2014 y GNR 376582
de 23 de octubre de 2014 y, si dicho procedimiento se ajustó a las normas que lo
consagran y a las pautas jurisprudenciales impartidas frente a actos de
reconocimiento pensional?
38. En caso de advertirse la ilegalidad de los actos demandados deberá verificarse
si la demandante tiene derecho a la reliquidación de su pensión conforme con el
Decreto 929 de 1976, atendiendo al último semestre de servicios y la inclusión de
todos los factores devengados en el mismo, indexados o actualizados hasta la
fecha de reconocimiento.
39. Para tal efecto, la Sala se referirá a la figura de la revocatoria directa, a las
reglas jurisprudenciales sobre su interpretación establecidas por la Corte
Constitucional en la sentencia SU - 182 de 8 de mayo de 2019, el régimen pensional
del Decreto 929 de 1976 y la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-020-20 del 11 de
junio de 2020 y, con posterioridad, verificará las pruebas que reposan en el
expediente para determinar si a la demandada le asiste la razón en lo que pretende.
3.4. Fondo del asunto.
3.4.1 De la revocatoria directa de los actos expedidos por la administración.
8 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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40. Tal como ya lo ha señalado esta Subsección9, la revocatoria directa, se trata de
una prerrogativa de la administración sobre sus actos, que le permite volver a
decidir sobre asuntos ya decididos en procura de corregir en forma directa o a
petición de parte, las actuaciones lesivas de la constitucionalidad, de la legalidad,
o de derechos fundamentales10.
41. Procede frente a los actos administrativos de carácter general y a los de carácter
particular, de acuerdo con los artículos 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, los
cuales prevén lo siguiente:
«ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos
deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por
sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte,
en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos
administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del
artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos
actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad
para su control judicial.»
42. Como se aprecia, la Ley 1437 de 2011, establece, en forma precisa las causales
que imponen a la Administración la revocatoria directa de los actos administrativos
de carácter general, al igual que ocurre con los particulares, de oficio o a petición
de parte. Tales causales son las siguientes:
• Que se evidencie una manifiesta oposición entre el acto respectivo y la
Constitución o la ley, esto es, que la oposición sea grosera, de bulto, es decir,
cualitativamente similar a la que da lugar a la suspensión provisional de los
actos administrativos, por parte de esta Jurisdicción.
• Que haya inconformidad con el interés público o social, esto es que el acto
administrativo en cuestión no consulte, o mejor, contraríe esos intereses
generales, causal respecto de la cual se ha sostenido que comporta el retiro
de un acto legalmente válido por la propia administración que lo había
expedido, en razón de la inoportunidad o inconveniencia de aquél11,
vinculándose a la noción del mérito del acto administrativo.
• Que a través del acto correspondiente se cause un agravio injustificado a
una persona.
9 Sentencia de 21 de enero de 2021, dictada dentro del proceso 25000-23-42-000-2014-00045-01 con
ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejero
ponente: Gerardo Arenas Monsalve, Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil once (2011), Radicación
número: 11001-03-25-000-2005-00114-00(4983-05), Actor: HENRY RAMIREZ DAZA.
11 Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia de mayo 5 de 1.981.
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43. En cuanto a la revocación de los actos de carácter particular y concreto, se ha
establecido en el ordenamiento jurídico colombiano12 la regla general contenida en
el artículo 9713 del CPACA14, según la cual, tales actos no podrán ser revocados
sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular, pues
implican la creación, modificación o reconocimiento de derechos de naturaleza
individual y determinada, esto en en desarrollo del principio de inmutabilidad de los
actos administrativos -especialmente de los favorables15-, estrechamente
relacionado con la presunción de legalidad, la seguridad jurídica, la confianza
legítima y la protección de los derechos adquiridos.
44. Esta Corporación en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado sobre la
prohibición de revocar actos administrativos que hayan creado o modificado una
situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual
categoría, salvo que, de manera previa, expresa y escrita medie el consentimiento
del titular del respectivo derecho, en los siguientes términos16:
«[…]
Finalmente, el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en punto de la revocatoria de un
acto administrativo particular aclara, en primer lugar, que la denominación acto
administrativo comprende no sólo los actos expresos sino también a los fictos,
categoría esta última que no se advertía de manera expresa en el artículo 73 del
Decreto 01 de 1984.
12 El artículo 24 del Decreto 2733 de 1.959 ya establecía: “Cuando el acto administrativo haya creado una
situación jurídica individual, o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el
consentimiento expreso y escrito del respectivo titular”.
13«ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría,
no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la
ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir
al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.
PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa».
14 Anteriormente se encontraba en el artículo 73, inciso 1.° del Decreto 01 de 1984.
15 Entre los actos administrativos favorables estarían aquellos que amplían la esfera o el patrimonio jurídico del
destinatario, esto es, “crean o reconocen un derecho o una ventaja jurídica”, como los nombramientos, las
autorizaciones, las licencias y, en general, los actos mediante los cuales la Administración responde de manera
positiva a una solicitud formulada en ejercicio del derecho constitucional fundamental de petición, v. gr.,
inscripción en un registro público, reconocimiento de una pensión, etc. Este tipo de actos se contrapone a los
de gravamen en los cuales se incluyen aquellos que inciden negativamente en la esfera jurídica del destinatario,
es decir “tienen un efecto desventajoso o perjudicial” para él, como la imposición de obligaciones, de sanciones,
la revocación de actos favorables y, en general, las respuestas negativas a las peticiones. Ver Consejo de
Estado. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 11001-03-26-000-1994-10227-01(10227).
16 Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2015. Consejero ponente: Gerardo Arenas
Monsalve. Expediente: 760012331000200403824 02. Referencia: 0376-2007.
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En este mismo sentido, se mantiene la prohibición de revocar actos administrativos
que: “hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y
concreto o reconocido un derecho de igual categoría” salvo que de manera previa,
expresa y escrita medie el consentimiento del titular del respectivo derecho.
Advierte la Sala que, en lo que respecta a la posibilidad con que contaba la
administración para revocar actos administrativos de carácter particular, en los
eventos en los que concurría alguna de las causales de revocatoria ya citadas, para
el caso de los actos fictos positivos, o si fuere evidente la ilegalidad en su
expedición, la misma desaparece del nuevo estatuto de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En efecto, los dos incisos finales del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 preceptúan
que en los casos en que la administración considere la inconstitucionalidad o
ilegalidad de un acto administrativo, o que su expedición tuvo lugar por medios
ilegales o fraudulentos, deberá acudir ante esta jurisdicción, para demandarlos,
siempre que no cuente con el consentimiento, previo, expreso y escrito del titular
de los derechos reconocidos en el respectivo acto administrativo. […]».
45. Conforme a la normativa y jurisprudencia en cita, en principio, la administración
solo podrá revocar un acto administrativo de carácter particular, en los eventos en
que se cuente con el consentimiento del administrado. En caso contrario, deberá
cuestionar su constitucionalidad o legalidad a través del respectivo medio de
control.
46. De otra parte, a través de la Ley 797 de 2003 «por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993»,
se consagró una de las excepciones a la prohibición de revocatoria unilateral,
cuando ocurre justamente en el marco del sistema pensional, tal como se indica en
su artículo 19:
«Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes
respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas,
deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del
derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el
reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro
público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer
que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso
de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo
con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria
directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar
copias a las autoridades competentes».
47. Esta norma fue analizada por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de
200317, en la cual declaró su exequibilidad condicionada «[…] en el entendido que
17 MP. Jaime Araujo Rentería.
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el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en
documentación falsa, se refiere siempre a conductas que estén tipificadas como
delito por la ley penal», esto al considerar que los dos supuestos que trae la norma
deben entenderse como el resultado de conductas u omisiones especialmente
graves, al punto que pudieran enmarcarse en algún tipo penal; y no simplemente
tratarse de discrepancias jurídicas, o inconsistencias menores en el
cumplimiento de los requisitos.
48. En la citada decisión, la Corte estableció que la revocatoria directa, debe
sujetarse a las reglas básicas del debido proceso, con lo cual la administración no
puede suspender el pago de las mesadas mientras se surte el proceso, en el cual,
además, la carga de la prueba recae sobre la administración, a quien corresponde
demostrar, con suficiencia, la irregularidad que originó el reconocimiento pensional.
49. Ahora bien, en cuanto al procedimiento de corrección de errores formales en
actos administrativos la Ley 1437 de 2011, consagra:
«ARTÍCULO 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio
o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a
cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada
a todos los interesados, según corresponda».
50. De la anterior previsión normativa se desprende que, los actos administrativos
-aún los de trámite-, solamente pueden modificarse, de oficio o a petición de parte,
en relación con errores simplemente formales que contengan (aritméticos, de
digitación, de transcripción o de omisión de palabras, entre otros), sin que en ningún
caso se pueda cambiar en sí, el «sentido material de la decisión».
51. En cuanto a la diferencia entre la revocatoria directa y las correcciones de yerros
simplemente formales, esta Subsección en sentencia del 15 de marzo de 201818
determinó lo siguiente:
«Es importante precisar que según la naturaleza de las prerrogativas que se le
concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o ejecutiva.
En el primero de los casos, los actores públicos, en ejercicio de las facultades que
les otorga la ley, producen actos administrativos a través de los cuales definen una
situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa
obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las operaciones o acciones
llevadas a cabo por la administración, tendientes a hacer efectiva una determinada
situación jurídica.»
52. En la citada providencia se precisó que la revocatoria directa hace referencia a
la potestad de las autoridades estatales para reconocer derechos, imponer
obligaciones o crear situaciones jurídicas (de manera declarativa) y al mismo
tiempo hacerlas efectivas o materializarlas (de forma ejecutiva o coactiva), ello
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del
15 de marzo de 2018. Radicado: 25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14)
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respecto de los particulares y sin necesidad automática y previa de acudir a una
instancia judicial, sino en pleno ejercicio del poder público que las reviste, todo
siempre y cuando se garantice el respeto pleno del principio de legalidad y
del debido proceso.
53. Por lo tanto, cambiar o modificar el sentido material de un acto administrativo,
ya sea total o parcialmente, implica revocarlo y no corregirlo. Una decisión de
revocar solamente puede adoptarse desde el punto de vista administrativo, por las
causales previstas taxativamente en el artículo 93 del CPACA, con los requisitos y
el procedimiento previsto de los artículos 94 a 97 Ibidem. Por su parte la decisión
de corregir no puede modificar parcial o totalmente en sentido material de la
decisión.
3.4.2. Análisis del caso concreto
54. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia con el fin de que se revoque y en su lugar se ordene la
reliquidación de su pensión con la inclusión de la totalidad de los factores salariales
devengados en el último semestre de servicios. Para esto señaló que la
demandante tenía un derecho adquirido pues ya gozaba de un reconocimiento
pensional conforme al Decreto 929 de 1976 y no era procedente que la entidad
revocara la decisión ya adoptada a motu proprio y sin que mediara orden judicial.
55. En la sentencia apelada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones al analizar que el acto de reliquidación de la prestación social proferido
por COLPENSIONES se ajustó a la interpretación del régimen de transición,
conforme a la cual el ingreso base de liquidación de las pensiones no se encuentra
comprendido allí y la base de liquidación corresponde a la prevista en los incisos
2.° y 3.° del artículo 36 ejusdem, esto con aplicación de las reglas de unificación
establecidas en las sentencias de unificación del Consejo de Estado de 28 de
agosto de 2018 y 11 de junio de 2020.
56. Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cuenta el acervo probatorio
allegado al proceso, cuya autenticidad no fue controvertida por las partes, el cual le
permite tener por acreditados los siguientes hechos relevantes:
a). Edad de la demandante. La señora Lucy Yannette Pachón Delgado nació el 23
de febrero de 195919, por lo que cumplió la edad de 55 años el 23 de febrero de
2014. Para el 1.° de abril de 1994, contaba con 35 años de edad.
b). Tiempo de servicios laborados y conceptos devengados. De acuerdo con
el certificado laboral expedido por el director de Gestión de Talento Humano de la
19 Registro civil de nacimiento allegado en el link:
https://drive.google.com/drive/folders/1CtVKk9X5b6fjYhR8BltrJe9IJVK0GAOz
12
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Contraloría General de la República visible en el folio 22 del expediente, la señora
Lucy Yannette Pachón Delgado laboró como empleada pública, entre el 28 de junio
de 1993 y el 30 de noviembre de 2018 en esa entidad, y durante el último año de
servicios (2018) devengó la asignación básica, la bonificación por servicios,
quinquenio, primas de servicios, de navidad, de vacaciones y prima técnica.
(f. 22).
57. Adicionalmente, en certificación visible a folios 23 a 30 se tiene que durante los
años 1993 a 2008 devengó asignación básica, bonificación por servicios prestados
y prima técnica.
58. Igualmente, en el cuaderno de antecedentes administrativos allegado en la
primera instancia20 se advierte que en los años 2011 y 2012 la demandante
devengó salario y prima técnica.
c). Acto administrativo de reconocimiento pensional.
59. Mediante Resolución GNR 276713 del 5 de agosto de 2014,
COLPENSIONES le reconoció la pensión de jubilación a la señora Pachón
Delgado, por ser beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con la edad, tiempo y monto dispuestos en
el Decreto 929 de 1976. Allí se tuvo en cuenta, además del tiempo laborado en la
Contraloría General de la República hasta el 30 de junio de 2014 (fol. 11 vto.), los
anteriores tiempos de servicios:
20 Ibidem.
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«[…]
ENTIDAD LABORO DESDE HASTA NOVEDAD
3 2 1 TEMPORAL LTDA 19761203 19770116 TIEMPO SERVICIO
CAJA SECC CUND SEG SOCIALES 19811228 19831116 TIEMPO SERVICIO
CAJA SECC CUND SEG SOCIALES 19831201 19840106 TIEMPO SERVICIO
DIRECCION EJECUTIVA 19890208 19900529 TIEMPO SERVICIO
SECCIONAL
89 RAMA JUDICIAL 19901016 19910215 TIEMPO SERVICIO
[…]».
60. En lo relacionado con la liquidación del IBL el acto administrativo incluyó las
siguientes consideraciones:
«Que de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 929 de
1976,los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho,
al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio público continuo o discontinuo, anteriores o
posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos diez lo
hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de la República, a una
pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de
los salarios devengados durante el último semestre.
Que la norma precitada en el párrafo inmediatamente anterior se aplica por remisión
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 qué textualmente establece: “ La edad para
acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de
entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más
años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez se regirán por las disposiciones
contenidas en la Ley 100 de 1993.”
Que igualmente de conformidad con lo establecido en el parágrafo 4 transitorio del
Acto Legislativo 01 del 22 de julio de 2005, el régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 finaliza el 31 de julio de 2010 y podrá extenderse hasta el
año 2014 en los siguientes términos:
[…]
Que conforme a la Circular 054 de 2010 expedida por el Procurador General de la
Nación y la Circular Interna 01 de 2012, suscrita por la Vicepresidencia Jurídica
y Doctrinal y la Vicepresidencia de Prestaciones y Beneficios, la forma de
liquidación de la presente prestación, se efectúa teniendo en cuenta lo
establecido en el artículo 7 del Decreto 929 de 1976, incluyendo como ingreso
base de cotización los factores salariales que constituyan una remuneración
habitual y periódica, como son los establecidos en el Decreto 720 de 1978,
1045 de 1978, y el Decreto 1158 de 1994, aplicable por remisión del artículo 17
del Decreto 929 de 1976.
[…]
IBL: $4.355.000 X 75.00% = $3.266.250.
Nombre Fecha Fecha VALOR VALOR Mejor % Valor Aceptada
Status Efectividad IBL 1. IBL 2 IBL IBL Pensión
Mensual
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Pensión de 25 de 1 de 4,355,000.00 0.00 1 75.00 3,266,250.00 S
Jubilación - noviembre Septiembre
Funcionarios de 2009 de 2014
y empleados
de la
Contraloría
General de
la Republica
(Emp. Pub
20 años de 23 de 1 de 4,293,000.00 0.00 1 75.00 3,219,750.00
servicio al febrero septiembre
Estado y 55 de 2014
años de edad
(Transición
frente a la
ley33) – Legal
Decreto 2524
(Em
20 años de febrero 1 de 2,539,819.00 2,005,496.00 1 75.00 1,904,864.00
servicio y 55 de 2014 septiembre
o 60 años de de 2014
edad con
Régimen de
Transición
Ley 71 de
1988-Legal.
[…]». (Negrilla de la Sala).
61. Lo anterior, a partir del 1.° de septiembre de 2014, condicionado al retiro del
servicio (fols. 11 a 13).
62. Posteriormente, a través de la Resolución GNR 376582 de 23 de octubre de
201421, al pronunciarse sobre el recurso de reposición interpuesto contra la anterior
decisión y que era improcedente, la entidad estimó, bajo las mismas
consideraciones del acto anterior, que una vez la solicitante allegue los formatos de
los factores salariales correspondientes al último periodo de servicios, estos serían
tenidos en cuenta y «se procederá a realizar la reliquidación que en derecho
corresponda». Además, precisó que como se allegaron certificados de salarios
actualizados del último periodo el valor de la mesada de noviembre de 2014
ascendía a $3´632.375.
d). Solicitud de reliquidación pensional. El 27 de septiembre de 2018, la señora
Pachón Delgado presentó solicitud ante COLPENSIONES para que reliquidara su
pensión teniendo en cuenta el Decreto 929 de 1976, artículo 70 y para que fuese
incluida en nómina de pensionados22. Para esto allegó el acto administrativo de
aceptación de la renuncia, así como el certificado de tiempo de servicios y factores
salariales percibidos.
e). A través de Resolución SUB 54043 de 28 de febrero de 201923,
COLPENSIONES resolvió «Ordenar la reliquidación e inclusión en nómina de
21 Folios 14 y s.s.
22 Así se indica a folio 32 vto.
23 Folios 32 y s.s.
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pensionados», para el pago el IBL de la prestación social reconocida a la
demandante, con aplicación de 75% sobre el promedio de salarios devengados
durante los últimos 10 años y los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994.
Para ello señaló lo siguiente:
«[…]
Que conforme a la Circular 054 de 2010 expedida por el Procurador General de la
Nación y la circular interna 01 de 2012, suscrita por la Vicepresidencia Jurídica y
Doctrinal y la Vicepresidencia de Prestaciones y Beneficios, la forma de liquidación
de la presente prestación, se efectúa teniendo en cuenta lo establecido en el artículo
7° del Decreto 929 de 1976, incluyendo como ingreso base de cotización los
factores salariales que constituyan una remuneración habitual y periódica como son
los establecidos en el Decreto 720 de 1978, Decreto 1045 de 1978 y Decreto 1158
de 1994, aplicable por remisión del artículo 17 del Decreto 929 de 1976".
Que se le informa a la peticionaria que mediante circular interna número 16 de 2015,
la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General de la Administradora Colombiana
de Pensiones -Colpensiones-, modificaron los criterios básicos para el
reconocimiento en cuanto a la aplicación del ingreso base de liquidación a los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
“(...) la Corte Constitucional a través de la sentencia SU 230 de 2015 estudió la
constitucionalidad de una sentencia dictada por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, en la que decidió la liquidación de una pensión adquirida
bajo el régimen de la Ley 33 de 1985, debía tener como IBL la regla general
consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es el promedio de los
salarios devengados durante los últimos 10 años y no al promedio de los salarios
del último año conforme lo establece el artículo primero de la Ley 33 de 1985.
Conocido el texto de la precitada providencia, la Sala Plena de la Corte en sede de
unificación precisó como cuestión inicial, que modificó la jurisprudencia en vigor de
las Salas de Revisión con respecto a la interpretación del artículo 6 de la Ley 100
de 1993 “a la luz de la inescindibilidad e integralidad de los regímenes especiales”
para lo cual apoyó en la diferencia de los conceptos de precedentes
constitucionales y de jurisprudencia en vigor del Tribunal Constitucional y del
Consejo de Estado, dictó la circular 06 de 2013, con su nota aclaratoria.
Que es preciso informar a la asegurada, que la pensión de vejez se estudia bajo los
parámetros del Decreto 929 de 1976 y se liquida aplicando los factores salariales
establecidos en el Decreto 1158 de 1994, es decir con el promedio de los últimos
10años de servicio y NO con el del último semestre".
63. Ahora bien, la liquidación que contiene el mencionado documento tomó el
tiempo laborado desde el 2 de febrero de 1989 hasta el 29 de mayo de 1990 ante
la «Dirección Ejecutiva Seccional D» y el tiempo de servicios ante la Contraloría
General de la República laborado hasta el 30 de noviembre de 2018, para un total
de 1371 semanas.
64. Luego procedió a la liquidación en los siguientes términos (sic para toda la cita):
«Que, a partir de lo anteriormente enunciado se procedió a realizar la liquidación de
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la prestación reconocida, la cual se resume de la siguiente manera:
IBL: 5,302,502 X 75.00 = $ 3,976,877
SON TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE
Para el análisis de la pensión reconocida, se tomó en cuenta que el (la)peticionario
(a) cumple los requisitos para los siguientes tipos de pensión, siendo aplicada por
favorabilidad el indicado en la columna "Aceptada Sistema":
TIPO FECHA FECHA IBL MEJOR % VALOR VALOR ACEPTADA
PENSION STATUS RECONO. IBL IBL PENSION PENSION SISTEMA
MENSUAL ACTUAL
Pensión de
Jubilación-
Funcionarios 23/02/2009 01/12/2018 5,302,502 1 75.00% 3,976,877 4,103,342 SI
y empleados
de la
Contraloría
General de
la República
• liquidación
Que al expediente pensional, se allego (sic) acto administrativo No. ORD - 81117-
000 02455 de fecha 19 de septiembre de 2018, expedido por la CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA (sic), la cual señala:
"Artículo primero. Aceptar la renuncia presentada por LUCY YANNETTE PACHON
DELGADO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No.51576267 al cargo de
Profesional Universitario, Nivel Profesional, Grado 01 de la Contraloría Delegada
para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, a partir del 1 de
diciembre de 2018, por pensión de jubilación reconocida por COLPENSIONES."
Que según lo anterior la fecha de efectividad de la prestación económica de pensión
de vejez, reconocida en la presente resolución, será efectiva a partir del 1 de
diciembre de 2018.
Esta pensión estará a cargo de:
ENTIDAD DIAS
COLPENSIONES 3389
UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y 6209
PARAFISCALES
El disfrute de la presente pensión será a partir de 1 de diciembre de 2018
Son disposiciones aplicables: Decreto 929 de 1976, Ley 100 de 1993, modificada
Ley 797 de 2003 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la reliquidación e inclusión en nómina de
pensionados, para el pago de la pensión vitalicia de vejez a favor del (a) señor (a)
PACHON DELGADO LUCY YANNETTE, ya identificada en los siguientes términos:
Valor mesada a 1 de diciembre de 2018 = $3.976.877
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LIQUIDACIÓN RETROACTIVO
Concepto Valor
Mesadas 12,138,561,00
Descuentos en Salud 1,462,300,00
Valor a pagar 10,721,261,00
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente prestación junto con el retroactivo, si hay lugar
a ello, será ingresada en la nómina del periodo 201903 que se paga en el periodo
201904 en la central de pagos del banco BOGOTÁ C. P. 1ERA QUINCENA DE
BOGOTÁ DC LC 100 9 A 45 LC 3 WORLD TRADE CENTER.
[…]».
65. Contra esta determinación el apoderado de la señora Pachón Delgado interpuso
los recursos de reposición y en subsidio de apelación24; el primero fue resuelto a
través de la Resolución Sub 160186 de 21 de junio de 2019 (ff. 37 y s.s.) con la
que se confirmó la decisión recurrida. Para ello señaló entre sus consideraciones:
« […]
Que al revisar la liquidación efectuada de la prestación reliquidada e ingresada a
nómina de pensionados en la Resolución SUB No. 54043 del 28 d (sic) febrero de
2019, se establece que dicha liquidación se realizó sobre el Ingreso Base de
Liquidación previsto en la norma antes referida, actualizado anualmente con el
Índice de Precios al Consumidor certificado por el Departamento Nacional de
Estadística - DANE, que arroja un Ingreso Base de Liquidación de $ 5.302.502 al
que se le aplicó un porcentaje del 75% conforme al número de semanas acreditado
para este régimen pensional y según lo establecido por el Decreto 929 de 1976
arrojando un quantum pensional para el año 2019, equivalente a $ 4.103.342.
Que por lo anterior la Resolución SUB No. 54043 del 28 d febrero de 2019 donde
se reconoció una Pensión de Vejez Se realizó con los últimos 10 años de cotización
y se encuentra ajustada a derecho lo anterior en virtud del siguiente estudio:
Nombre Fecha Fecha VALOR Mej PORC Valor VALOR ACEPTA
Status Efectivid IBL 1. or ENTAJ Pensión PENSIÓN DA
ad IBL E IBL Mensual ACTUAL
Pensión de 21/11/20 01/12/20 5,294,56 1 75.00% 3,970,92 4,907,197 NO
Jubilación- 11 18 3 2
Funcionari de 2014
os y
empleados
de la
Contraloría
General de
la
Republica
(Emp. Pub
24 No fue allegado.
18
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20 años 23/02/20 [NO ES [NO ES 1 75.00 % 3,970,92 4,097,197
(SIC) de 14 LEGIBLE LEGIBL 2.00
servicio al ] E]
Estado y de.2014
55 años de
edad SI
(Transición
frente a
Ley 33) –
Legal
Decreto
2527 (Tr
Régimen 23 de 1 de 5.294.56 1 75.00% 3.970.92 4,097,197
de 23/02/20 01/12/20 3. 2
Transición 14 18
Ley 71 de NO
1988-
NACIONA
L
1050 23/02/20 01/12/20 5.294.56 1 66.61% 3.526.70 3.638.857
semanas 16 18 3 8
progresiva
s, 55 o 60
años de NO
edad Ley
797 del
2003 -
Legal
[ …]
Que respecto a una posterior solicitud de reliquidación y en aras de tener en cuenta
los factores salariales mencionados en el decreto 1158 de 1994 los cuales son:
a) La asignación básica mensual
b) Los gastos de representación
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario
d) Las primas de antigüedad, cuando sean factor salarial
e) Remuneración por trabajo dominical o festivo
f) Remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada
nocturna
g) La bonificación por servicios prestados;
Que en virtud de lo anterior y validando los tiempos adjuntado (sic) por la
peticionaria con las entidades RAMA JUDICIAL y CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPÚBLICA, se tuvo en cuenta la asignación básica legal, pero que al
realizar este ingreso no generó valores a favor del pensionado. Así las cosas,
teniendo en cuenta que no existen motivos de hecho derecho que permitan
generar retroactivo alguno o incrementar la mesada pensional, se niega la
solicitud de reliquidación.
Que son disposiciones aplicables: Ley 100 de 1993, decreto 929 de 1976 y ley
2367 de 2011.
[…]». (Negrilla y subrayas de la Sala).
66. El recurso de apelación fue decidido mediante la Resolución DPE 8081 de 16
de agosto de 201925, dictado por la Dirección de Prestaciones Económicas de
COLPENSIONES, en el que se confirmó la determinación inicial, donde frente a los
factores salariales hizo alusión al contenido de los artículos 1.° del Decreto 1158 de
25 Folios 42 a 47
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1994, 17 y 18 de la Ley 100 de 1993, así como al inciso 5.° del Acto Legislativo 01
de 2005 de los cuales coligió que:
«[…]
Por lo tanto, el salario mensual, que el empleador declara a su trabajador y del cual
se deduce la cotización para el riesgo de vejez, debe estar conformado por todos
aquellos factores que constituyen salario según la legislación laboral.
Colpensiones, al liquidar las prestaciones toma el salario base de cotización con
el cual los empleadores elaboran sus autoliquidaciones de aportes, no es
competencia, desde ningún punto de vista sumar factores salariales como los que
expresa el peticionario(a) debido que se presume que el empleador como lo manda
la ley ha tenido en cuenta todo lo que constituye el salario.
Por lo anterior, se niega la solicitud de reliquidar la prestación con el promedio de
lo cotizado el último año incluyendo todos los factores salariales.
Que a partir de lo anteriormente enunciado se procedió a realizar la liquidación de
la prestación reconocida, la cual se resume de la siguiente manera:
IBL:5,293,685x75.00=$3,970,264
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA
Y CUATRO PESOS M/CTE.
[…]». (Negrilla y subrayas de la Sala)
67. Luego, se trajo a colación el cuadro de comparación de liquidación conforme a
«Pensión de Jubilación de Funcionarios y empleados de la Contraloría General de
la República», «Transición frente a ley 33», «Transición Ley 71 de 1988», «Ley 797
de 2003».
«[…]
Nombre Fecha Fecha VALOR VALOR Mejor % IBL Valor Aceptada
Status
Efectividad IBL 1 IBL 2 IBL Pensión
Pensión de 25 de 1 de 5,293,685.00 3,629,976.00 1 75.00 4,096,518.00 NO
Jubilación-
Funcionarios y
empleados de la
Contraloría
General de la
Republica-
20 años de 23 de 1 de 5,293,685.00 3,629,976.00 1 75.00 4,096,518.00 SI
servicio al
diciembre de
Estado y 55 años
de edad 2018
(Transición
frente a ley 33)-
Liquidación
Cajanal
20 años de 23 de 1 de 5,293,685.00 3,617,552.00 1 75.00 4,096,518.00 NO
servicio y 55 o febrero
60 años de edad de diciembre de
con
2014 2018
20
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Régimen de
Transición Ley
71 de 1988-
Legal, Liquida
1050 semanas 23 de 1 de 5,293,685.00 3,617,552.00 1 66.61 3,638,255.00 NO
progresivas,
febrero diciembre de
55 o 60 años de de
edad Ley 2018
797 del 2003- 2016
Legal-
Traslado Cajanal
Que en el cuadro anterior se indica que el (la) peticionario(a) tiene derecho a la
liquidación con las siguientes normas: Ley 33 de 1985, Decreto 929 de 1976, Ley
71 de 1988 y Ley 797 de 2003. Que, las tres primeras normas generan el mismo
valor de mesada pensional ya que tienen un mayor porcentaje de liquidación y
generan una mesada pensional más alta que la Ley 797 de 2003.Así que, por
favorabilidad es equivalente aplicar la Ley 33 de 1985, el Decreto 929 de 1976 o la
Ley 71 de 1988.
Que respecto al anterior cuadro de valores se le explica al (la) peticionario (a)que
el IBL 1 se obtiene con el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de la
historia laboral, de acuerdo a los Ingresos Base de Cotización (IBC) reportados.
Que el IBL 2 se obtiene con el promedio de lo cotizado durante toda la vida laboral,
de acuerdo a los Ingresos Base de Cotización (IBC) reportados, por cuanto el (la)
afiliado (a) ha cotizado más de 1.250 semanas como lo establece el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993.
Que entre los IBL obtenidos resulta ser más favorable el IBL 1 que corresponde al
promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años.
Que luego de la reliquidación realizada mediante el presente acto administrativo,
se obtuvo como resultado una mesada al año 2019 de $4.096,518, la cual es menor
a la que percibe actualmente el (la) pensionado (a) que es de $4.103.342.
En consecuencia, al no existir nuevos elementos de juicio que permitan cambiar la
decisión adoptada, no se accede a la reliquidación de la pensión de vejez, pues
realizado el estudio de la solicitud se establece que no se generaron valores a
favor del pensionado. No obstante, en aras del principio de favorabilidad en
congruencia con el principio de NO REFORMATIO IN PEJUS, según el cual no se
puede reformar en desmedro de los intereses del afiliado de mantendrá el valor
actual de la mesada de su pensión de vejez.
[…]».(Subrayas de la Sala)
3.4.3. Análisis de la Sala
68. De acuerdo con lo anterior, advierte la Sala lo siguiente:
(i). En el caso concreto no existe discusión alguna respecto a que la demandante
es beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley
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100 de 199326, puesto que a la entrada en vigencia de dicha norma para los
empleados del orden nacional (1.° de abril de 1994) contaba con más de 35 años
de edad, pues nació el 23 de febrero de 1959, asunto que no fue controvertido
dentro del presente proceso.
(ii). En el reconocimiento pensional efectuado a través de las Resoluciones GNR
276713 de 5 de agosto de 2014 y GNR 376582 de 23 de octubre de 2014 se dio
aplicación a las previsiones del régimen especial contemplado en el artículo 7.º del
Decreto 929 de 1976, toda vez que prestó sus servicios en la Contraloría General
de la República por más de 20 años, desde el 28 de junio de 1993 al 30 de
noviembre de 2018 (fl. 22).
(iii). Sin embargo, en los actos demandados, emitidos casi cinco años después, se
dispuso atender a las reglas previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993 y respecto a los factores, atenderá la regla de cotización contemplada en el
artículo 1º del Decreto 1158 de 1994.
69. La Sala considera que le asiste razón a la apelante comoquiera que en este
caso pese a que lo solicitado a la entidad fue el reajuste pensional por retiro
definitivo del servicio e inclusión en nómina, lo que hizo la entidad fue crear una
situación jurídica específica, nueva, dado que inicialmente en el año 2015 se había
reconocido y liquidado la pensión atendiendo a las pautas del Decreto 929 de 1976
esto es con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último
semestre y «los factores salariales que constituyan una remuneración habitual y
periódica, como son los establecidos en el Decreto 720 de 1978, 1045 de 1978, y
el Decreto 1158 de 1994, aplicable por remisión del artículo 17 del Decreto 929 de
1976».
70. Luego, en los actos demandados proferidos en el año 2019, la entidad decidió
atender a las previsiones de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto
1158 de 1994 por lo cual liquidó la pensión con el promedio de los últimos 10 años
de servicios y los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994. Esto
es, desconociendo que la demandante contaba con un reconocimiento pensional al
amparo de la interpretación integral del Decreto 929 de 1976.
71. En ese sentido, si lo que la entidad pretendía era revocar su propio acto, debió
acudir a las pautas dadas por el artículo 97 del CPACA, con respeto del derecho
de audiencia y defensa de la pensionada, pero no debió, como lo hizo, aprovechar
la oportunidad para dejar sin efectos el reconocimiento pensional efectuado
inicialmente, ignorando el procedimiento establecido por el legislador en los
artículos 93 y siguientes de la Ley 1437 de 1994 y que exigen:
26 «[…]La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y
el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta
y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince
(15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez,
se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. […]».
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• El consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.
• Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es
contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.
• Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o
fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación
y solicitará al juez su suspensión provisional.
72. Como se advierte ninguna de las tres situaciones se dio en este caso y pese a
ello, lo que hizo la entidad fue realizar el reconocimiento bajo otros parámetros
normativos, sin autorización previa de la administrada y que era necesaria dado
que se estaba modificando una situación jurídica adoptada previamente por la
administración, que afectó el monto de la mesada pensional de la señora Pachón
Delgado, sin justificación alguna y que lleva consigo una condición sustancial ajena
a la inicialmente creada, pues la libelista pasó de ser la titular de un derecho
económico al amparo del Decreto 929 de 1976 al de la Ley 100 de 1993 como se
estableció en los actos demandados.
73. Las anteriores condiciones advierten con claridad que la actuación de la entidad
dista de una reliquidación por retiro del servicio, sino que materializa una
revocatoria del reconocimiento inicial de la pensión.
74. Como ya se indicó, para la procedencia de la revocatoria directa es
indispensable que la administración determine cuál es la causal de aquellas
contenidas en el artículo 93 del CPACA que la habilita para modificar una situación
jurídica consolidada, y que en el evento de tratarse de un acto de contenido
particular, solicite al administrado que autorice expresamente y por escrito a la
entidad, a fin de que modifique el derecho o la obligación que le había sido
determinada, esto por mandato del artículo 97 ibidem y su parágrafo, con
observancia del debido proceso y las garantías de defensa y contradicción.
75. Por lo anterior, es evidente la ilegalidad de los actos administrativos
demandados, dado que no podía la entidad proferir el acto de revocatoria sin antes
obtener el consentimiento previo y expreso de la titular del derecho y al no
conseguirlo, debía acudir ante la jurisdicción contenciosa a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 97
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
76. En este sentido se insta a la entidad para que en las actuaciones posteriores
actúe de acuerdo con el ordenamiento jurídico, respetando el derecho al debido
proceso de los pensionados y en particular de la señora Pachón Delgado.
101. En ese sentido se advierte que la respuesta al primer interrogante es afirmativa
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con lo que le asistía a la demandante el derecho a mantener su reconocimiento
pensional, a menos que se hubieran dado los presupuestos para efectuar en debida
forma la revocatoria directa por parte de la entidad. Allí lo procedente era que la
entidad se pronunciara sobre la petición de reliquidación de la pensión de jubilación
por retiro definitivo del servicio, como lo solicitó en la actuación administrativa.
3.5. Segundo problema jurídico: La demandante tiene derecho a la
reliquidación de su pensión conforme con el Decreto 929 de 1976, atendiendo
al último semestre de servicios y la inclusión de todos los factores
devengados en el mismo, indexados o actualizados hasta la fecha de
reconocimiento.
77. Antes de la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado en 2020,
la jurisprudencia contencioso administrativa27 sostenía que los servidores de la
Contraloría General de la República amparados por el régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 conservarían la aplicación integral
del régimen especial anterior que los cobijaba.
78. La jurisprudencia partía de reconocer que el régimen de transición fue creado
para proteger las expectativas legítimas de aquellas personas que, al entrar en
vigencia el Sistema General de Pensiones el 1.º de abril de 1994, se encontraban
próximas a adquirir el derecho pensional. En ese sentido, el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 dispuso que conservarían las condiciones del régimen anterior
quienes, a esa fecha, tuvieran cuarenta o más años de edad si eran hombres,
treinta y cinco o más años si eran mujeres, o quince o más años de servicios
cotizados. Bastaba el cumplimiento de cualquiera de estas condiciones para
acceder a la protección transicional.
79. Bajo esta interpretación, el régimen de transición no solo protegía la edad, el
tiempo de servicios y el monto de la pensión, sino que implicaba la aplicación
integral del régimen anterior al cual se encontraba afiliado el trabajador.
80. Esta tesis encontraba respaldo en los criterios desarrollados por la Corte
Constitucional, en especial en la sentencia SU-430 de 1998, según la cual las
situaciones jurídicas consolidadas y las expectativas legítimas relacionadas con el
acceso a la pensión no podían ser desconocidas por normas posteriores.
81. De acuerdo con ello, cuando un servidor de la Contraloría General de la
República acreditaba la calidad de beneficiario del régimen de transición, la
jurisprudencia consideraba procedente aplicar las disposiciones especiales que
27 Se pueden ver entre otras la sentencia de la Subsección A de esta Corporación de 11 de febrero de 2015,
radicado 25000232500020110100101 y la sentencia de Unificación de la Sección Segunda de esta
Corporación, de 7 de diciembre de 2016. Radicación número: 25000-23-42-000-2013-04676-01(2686-14)CE-
SUJ2-006-16.
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regulaban a ese grupo de funcionarios, particularmente las contenidas en el
Decreto Ley 929 de 1976 y en el Decreto Ley 720 de 1978.
82. Con fundamento en el artículo 7.º del Decreto 929 de 1976, se entendía que los
funcionarios y empleados de la Contraloría General tenían derecho a una pensión
ordinaria vitalicia de jubilación al cumplir cincuenta y cinco años de edad si eran
hombres o cincuenta años si eran mujeres y acreditar veinte años de servicios
continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto,
de los cuales al menos diez debían haberse prestado exclusivamente a la
Contraloría General de la República. La cuantía de la prestación correspondía al
setenta y cinco por ciento (75 %) del promedio de los salarios devengados durante
el último semestre de servicios.
83. Además, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sostuvo de manera
reiterada que los servidores de la Contraloría General de la República, por
encontrarse sometidos a un régimen especial propio, no podían quedar sujetos a
las reglas del régimen general establecidas para el reconocimiento y liquidación de
pensiones. Por ello, la determinación del ingreso base de liquidación debía
realizarse con fundamento en las normas especiales aplicables a dichos
funcionarios y no a partir de las disposiciones generales de la Ley 100 de 1993 ni
del Decreto 1158 de 1994.
84. En particular, para establecer los factores salariales computables, la
jurisprudencia acudía al artículo 40 del Decreto Ley 720 de 1978, norma que
regulaba el régimen salarial de los funcionarios de la Contraloría General de la
República. Esta disposición establecía que constituían salario no solo la asignación
básica y el trabajo suplementario realizado en días de descanso, sino también todas
las sumas que habitual y periódicamente recibiera el empleado como retribución de
sus servicios. Entre los factores expresamente señalados se encontraban los
gastos de representación, la bonificación por servicios prestados, la prima técnica,
la prima de servicio anual y los viáticos recibidos en comisión de servicios.
85. Adicionalmente, la jurisprudencia consideraba necesario complementar dicho
régimen con el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, debido a que el artículo 17
del Decreto 929 de 1976 autorizaba la aplicación de las disposiciones generales
sobre prestaciones sociales cuando no resultaran incompatibles con el régimen
especial. Bajo esta interpretación, el listado contenido en el artículo 45 no era
taxativo sino enunciativo, razón por la cual podían incluirse todos los factores
salariales que constituyeran remuneración habitual del servicio.
86. En consecuencia, para la liquidación pensional de los servidores de la
Contraloría beneficiarios del régimen de transición, la jurisprudencia admitía la
inclusión de factores como la asignación básica mensual, los gastos de
representación, la prima técnica, dominicales y feriados, horas extras, auxilios de
alimentación y transporte, prima de navidad, bonificación por servicios prestados,
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prima de servicios, viáticos que cumplieran las condiciones legales, incrementos
por antigüedad, prima de vacaciones, trabajo suplementario, recargos nocturnos,
trabajo en días de descanso obligatorio y demás primas o bonificaciones
legalmente reconocidas.
87. Igualmente se permitía la inclusión del quinquenio factor sobre el cual se
generaron múltiples interpretaciones frente a la forma correcta de su liquidación, lo
que condujo a proferir la sentencia de unificación de Unificación de la Sección
Segunda de esta Corporación, de 7 de diciembre de 2016, radicación número:
25000-23-42-000-2013-04676-01(2686-14)CE-SUJ2-006-16, donde se determinó:
« UNIFICAR la jurisprudencia del Consejo de Estado en lo que tiene que ver con la
manera como se calcula el IBL pensional de los beneficiarios del Decreto Ley 929
de 1976, en el sentido de definir que el quinquenio deberá tomarse como un mes
de remuneración, sin importar que haya devengado una suma mayor por este
concepto, conforme lo establecido en el artículo 23 del mismo.» ( Negrilla de la Sala)
88. En síntesis, antes de la sentencia de unificación de 2020, la tesis jurisprudencial
predominante sostenía que los funcionarios de la Contraloría General de la
República protegidos por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 tenían
derecho a la aplicación integral de su régimen especial anterior. Esto implicaba no
solo conservar los requisitos de edad y tiempo de servicio previstos en el Decreto
929 de 1976, sino también liquidar la pensión con una tasa del 75 % del promedio
de lo devengado durante el último semestre de servicios, incluyendo los factores
salariales previstos en los Decretos 720 y 1045 de 1978, sin que la realización de
aportes sobre dichos conceptos constituyera un requisito para su reconocimiento.
89. Posteriormente, en el año 2020 se profirió la mencionada sentencia de
unificación de 11 de junio de 202028, donde la Sección Segunda de esta
Corporación realizó un análisis del régimen de transición previsto en la Ley 100 de
1993, creado para proteger las expectativas legítimas que tenían los trabajadores
afiliados al régimen de prima media con prestación definida a la fecha de su entrada
en vigencia y que estuvieran próximos a pensionarse, es decir, «los servidores del
Estado (empleados y funcionarios públicos, así como trabajadores oficiales) de
ambos sexos, que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
contaran con 35 años de edad o más si son mujeres, o con 40 si son hombres,
o 15 años o más de servicios cotizados».
90. En su análisis, la Sección Segunda se refirió a diferentes pronunciamientos de
la Corte Constitucional, tales como el señalado en sentencia C-168 de 1995,
expedida en control abstracto de constitucionalidad, donde se declararon
exequibles los incisos 2.º y 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, salvo el aparte
final del inciso 3.º que fue declarado inexequible, el cual dijo, constituye un
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ-S2-020-20 del 11 de junio de 2020,
radicación 05001-23-33-00-2012-00572-01 (1882-2014).
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pronunciamiento jurisprudencial importante en materia de transición para precisar
que sólo algunos elementos del régimen pensional anterior a la Ley 100 de 1993
se extienden en el tiempo para aquellas personas que tienen una expectativa
legítima de adquirir su pensión, eso sí con la opción de escoger la condición más
beneficiosa para definir su derecho pensional, esto es, entre el régimen de
transición y la Ley 100 de 1993.
91. Luego, se refirió a la sentencia C-596 de 1997, en la que se declaró exequible
la expresión «al cual se encuentren afiliados» contenida en el inciso segundo del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consideró que no era violatoria de los
artículos 13 y 53 de la Constitución Política y en el cual, frente al régimen de
transición precisó que se representaba en la «posibilidad de obtener la pensión»
según los requisitos del régimen pensional anterior, siempre y cuando estuvieran
afiliados a él antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
92. Con base en esto, la Sección Segunda explicó que una de las principales
dificultades de la aplicación del régimen de transición a sus beneficiarios, tiene que
ver con la forma como se liquida la pensión, aspecto o elemento que, antes de la
Ley 100 de 1993, también se regulaba en las normas anteriores que estaban
vigentes, y que para algunos casos comportaba condiciones más favorables para
el trabajador. En esa línea fijó la siguiente regla en relación con el IBL de las
pensiones de los beneficiarios del régimen de transición, a quienes se les aplica el
régimen especial de pensiones de la Contraloría General de la República:
«El Ingreso Base de Liquidación de las pensiones reconocidas con los requisitos
del Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
en cuanto a periodo corresponde a las variables previstas en los artículos 21 y 36
de esta norma; y respecto a los factores, atenderá la regla de cotización
contemplada en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994».
93. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es la
siguiente:
«53. De acuerdo con la regla y subreglas contenidas en el precedente de Sala
Plena29, el ingreso base de liquidación para las pensiones de quienes están en
transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la
Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los
requisitos de la norma anterior en cuanto a edad, tiempo de servicio y tasa de
retorno.
54. Lo expresado resulta importante para esta providencia, pues si bien aquel
precedente atañe al régimen general anterior contenido en la Ley 33 de 1985,
constituye un referente jurisprudencial pertinente, y por ende, plausible su
aplicación para quienes siendo beneficiarios de la transición, definieron su derecho
conforme a una norma especial; pues, el Sistema General de Pensiones previsto
en la Ley 100 de 1993 no estableció tratos diferenciales para los distintos servidores
29Refiriéndose a la sentencia del 28 de agosto de 2018 emitida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, radicado 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino
Cortés.
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públicos, y muestra de ello es que ingresaron a él solo en consideración al sector a
donde estaban vinculados30, sin atender las instituciones empleadoras ni las
entidades previsionales que los amparaban.
[…]
56. Con fundamento en lo disertado, para la Sala es inequívoco que la aplicación
del régimen de transición, aún respecto de beneficiarios de normas pensionales
especiales, solo ampara los requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa de retorno,
pues la liquidación del derecho, en lo que corresponda atenderá las variables de los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.»
94. En este pronunciamiento la Sección Segunda analizó el tema de los aportes
pensionales y el principio de sostenibilidad fiscal, donde concluyó:
«84. De esta manera, los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral tienen el
carácter de parafiscales y son obligatorios, tanto para el empleador como para el
empleado, sin que su pago quede al arbitrio de quienes están en la obligación de
efectuarlos, ni llegar a ser objeto de negociación, acuerdo o conciliación. Una vez
decretados por la ley, estos aportes deben ser realizados en la forma y tiempo
establecidos.
85. Alrededor de la regulación de los aportes, tenemos que unos son los que el
empleador y empleado debieron haber efectuado con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y otros, a partir de ésta. Precisión que resulta de la
mayor relevancia, ya que de ello dependerá la proporción que debió aplicarse en su
momento sobre el ingreso base de cotización.
[…]
91. Lo anterior resulta importante, porque en función de los principios de
sostenibilidad financiera y de solidaridad, inherentes al sistema pensional, la
cotización pensional antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, constituye parte del soporte fiscal que sustenta las pensiones reconocidas, lo
cual se reguló en la forma que quedó indicada, o en casos especiales, a partir de
normas concretas que así lo dispusieron.
12
[…]
106. En el contexto anterior, la Sala, luego de analizar el conjunto de normas
salariales y prestacionales de los servidores de la Contraloría General de la
República, encuentra que en vigencia de la Ley 100 de 1993 las cotizaciones
para pensión solo afectan a los factores que expresamente señaló el
reglamento en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, pues antes de tal norma,
la base de cotización la constituía la asignación básica. En otros términos,
ninguna norma que regula los salarios y prestaciones sociales para tal sector
dispone de manera expresa una regla de cotización diferente a la anunciada.»
(Negrilla y subrayado de la Sala)
95. Conforme lo indicó la Sección Segunda, el IBL de la pensión, para quienes
están en transición, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo
21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Empero, estas personas se
30 Conforme al artículo 151 de la Ley 100 de 1993 y 2.º del Decreto Reglamentario 691 de 1994, para los
servidores del orden nacional, empezó a regir el 1.º de abril de 1994, mientras que, para los territoriales, el 30
de junio de 1995.
28
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pensionarán con los requisitos de edad y tiempo de servicio previstos en el Decreto
929 del 1976, siempre que cumplan con los requisitos para la aplicación de dicho
régimen.
96. Es importante señalar que la sentencia de unificación en mención constituye un
precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente
iguales, además, en ella se precisó que las reglas que allí se fijaron se aplicarían
con efectos retrospectivos:
«(i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en
el seno de la administración, y los que llegaren a suscitarse; (ii) respecto de los
procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales
administrativos y Consejo de Estado, y los futuros que se presenten. En
consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe
sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están
amparados por la cosa juzgada y en consecuencia resultan inmodificables».
(Negrilla de la Sala).
97. En ese orden de ideas, se colige que, cuando con anterioridad a la ejecutoria
de la sentencia de unificación 11 de junio de 202031la actuación administrativa ya
se ha adelantado y concluido con el reconocimiento de la pensión de jubilación con
aplicación integral del Decreto 929 de 1976 —como quedo plasmado en las
Resoluciones GNR 276713 de 5 de agosto de 2014 y GNR 376582 de 23 de octubre
de 2014 —, no resulta procedente aplicar la referida decisión de unificación.
98. Lo anterior, en la medida en que la propia providencia unificadora delimitó su
ámbito temporal de aplicación y, adicionalmente, se configuró una situación jurídica
particular consolidada, en la cual se reconoció un derecho subjetivo a favor de su
titular, conforme a las pautas jurisprudenciales vigentes al momento de la
expedición del acto administrativo en lo relativo a la interpretación del Decreto 929
de 1976.
99. Es de señalar que, en sentencia de 2 de octubre de 2025, la Subsección B de
la Sección Segunda de esta Corporación, para un caso de régimen general, estimó
que esas decisiones de la administración proferidas a la luz de un criterio normativo
y jurisprudencial que se encontraba vigente al momento en que se profiere el acto
administrativo crean un derecho adquirido, que genera confianza legítima frente a
la prestación que se ha reconocido:
« 43. En el sub judice, la situación que generó la confianza para Rodolfo Antonio
Zapata Vergara, materialmente estaba contenida en la decisión de la administración
de otorgarle su reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores
devengados durante el último año de servicios y formalmente en la sentencia
proferida el 4 de agosto de 2010 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, que
consideró que los factores contenidos en la Ley 62 de 1985 eran de carácter
enunciativo más no taxativo, luego del análisis normativo sobre la materia. Lo que
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ-S2-020-20 del 11 de junio de 2020,
radicación 05001-23-33-00-2012-00572-01 (1882-2014).
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sí generó el grado de confianza legítimo que la Constitución Política protege, pues
se trataba de un pronunciamiento del alto tribunal de lo contencioso-administrativo
que resultaba prevalente y de obligatoria aplicación por parte de las autoridades
administrativas.
[…]
45. De manera que, a través del acto acusado, la administración acudió a un
precedente vinculante, en la medida en que fue proferido por una autoridad judicial
en ejercicio de sus facultades legales, y a una interpretación razonable de las
normas. Esto, con independencia de que, después de consolidado el derecho, la
tesis jurisprudencial aplicada fuera reevaluada. De forma que, la Sala concluye que
se trataba de una situación que debía ampararse por tratarse de un derecho
adquirido que generó una confianza legítima en el interesado en la prestación a
quien debía garantizársele la seguridad jurídica respecto de aquella decisión.
46. El análisis expuesto, ha sido desarrollado por esta Subsección, entre otros en
las providencias del 12 de septiembre de 2024 , del 5 de diciembre de 2024 y del
6 de marzo de 2025 en las que se consideró que si el acto censurado surgió de
una decisión propia de la administración, y que además se expidió en vigencia de
un criterio normativo y jurisprudencial vigente, generó en el ciudadano la confianza
legítima de que su derecho pensional se reconoció y liquidó conforme a derecho, lo
que impedía desconocer el derecho que en virtud de ello adquirió.»
100. La Sala considera que el mismo criterio resulta plenamente aplicable a los
regímenes especiales, como el de la Contraloría General de la República. En
efecto, es evidente que, una vez la administración expide un acto administrativo de
reconocimiento pensional y este adquiere firmeza, se consolida una situación
jurídica particular que habilita al beneficiario para exigir su cumplimiento y ejecución
a través de los mecanismos legalmente previstos en el ordenamiento jurídico. En
consecuencia, no existe razón para establecer un tratamiento diferenciado, pues la
fuerza vinculante y ejecutoria del acto en firme impone a la administración el deber
de garantizar su eficacia material.
101. Eso sucedió en este caso, donde, como ya se indicó la actuación
administrativa de reconocimiento de la pensión de jubilación de acuerdo con la
aplicación integral del Decreto 929 de 1976 concluyó con la expedición de
lasResoluciones GNR 276713 de 5 de agosto de 2014 y GNR 376582 de 23 de
octubre de 2014, cobrando efectividad el reconocimiento pensional a favor de la
interesada.
102. Y fue posteriormente que surgió la discusión frente a los factores salariales a
incluir en la pensión por el retiro del servicio y su inclusión en nómina. En esa
medida, dado que ya se superó el primer problema jurídico donde se advirtió la
ilegalidad de los actos de revocatoria, procede el análisis de las pretensiones de
restablecimiento del derecho referentes a la reliquidación pensional con base en lo
percibido antes del retir
o del servicio.
3.5.2. Caso concreto
30
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103. Como se aprecia de las Resoluciones Resoluciones GNR 276713 de 5 de
agosto de 2014 y GNR 376582 de 23 de octubre de 2014 , ni aun en las
demandadas, en ninguna de ellas se indicaron los factores salariales que se
tuvieron en cuenta para la liquidación de la pensión, ni mucho menos el tiempo
exacto para establecer el periodo de liquidación, sin embargo, de las
consideraciones plasmadas en las Resoluciones GNR 276713 de 5 de agosto de
2014, GNR 376582 de 23 de octubre de 2014, se advierte que se acató lo señalado
de forma integral en el Decreto 929 de 1976 y en las Resoluciones SUB 54043 de
28 de febrero de 2019, SUB 160186 de 21 de junio de 2019, y DPE 8081 de 16
de agosto de 2019, se atendió a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y con
ello al promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicios. y se dijo
que se atendería únicamente a los factores establecidos en el Decreto 1158 de
1994, sin especificar cuáles.
104. Además, en la Resolución Sub160186 de 21 de junio de 2019
COLPENSIONES indicó que solo atendió a la asignación básica legal y en la
Resolución DPE 8081 de 16 de agosto de 201932, COLPENSIONES precisó que
atendería al salario base de cotización.
105. Al respecto, es de precisar que aparece como probado que la demandante
devengó durante el último año de servicios (2018) la asignación básica, la
bonificación por servicios, prima técnica, el quinquenio y las primas de
servicios, de navidad y de vacaciones.
106. En este punto es importante recordar que de acuerdo con las consideraciones
de la anterior tesis de interpretación integral del Decreto 929 de 1976,
particularmente, en relación con la liquidación de la prestación, el artículo 40 del
Decreto Ley 720 de 1978, que establecía el régimen salarial especial de los
servidores de la Contraloría General de República, determinó que constituyen factor
salarial los siguientes:
a) Los gastos de representación.
b) La bonificación por servicios prestados.
c) La prima técnica.
d) La prima de servicio anual.
e) Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión de servicio.
107. Como la norma sólo citó algunos factores salariales, se acudía a lo dispuesto
en el Decreto 1045 de 1978, aplicable a los empleados de la Contraloría General
de la República, porque el artículo 17 del Decreto 929 de 1976, expresamente
disponía que en cuanto no se opusieran al texto y finalidad de ese estatuto deben
aplicarse a los empleados de esa entidad, el Decreto 3135 de 1968 y las normas
32 Folios 42 a 47
31
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que lo modifican y adicionan. En esa medida la norma que también se aplicaba era
el 45 del Decreto 1045 de 1978, que enlista los factores que deben ser incluidos
para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación, de manera general y
no como una relación taxativa33. La norma establece lo siguiente:
«De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones.
Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las
pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores
oficiales, en la liquidación se tendrán en cuenta los siguientes factores de
salario:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación y la prima técnica;
c) Los dominicales y feriados;
d) Las horas extras;
e) Los auxilios de alimentación y transporte;
f) La prima de navidad;
g) La bonificación por servicios prestados;
h) La prima de servicios;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión
cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días
en el último año de servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones
legales anteriores al decreto-ley 710 de 1978;
k) La prima de vacaciones;
l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en
días de descanso obligatorio;
m) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas
con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del art. 38 del decreto
3130 de 1968».
108. De acuerdo con lo anterior, es evidente que, como se demuestra en la
certificación visible a folio 24, la demandante tiene derecho a que la liquidación de
su pensión incluya la asignación básica, la bonificación por servicios, prima
técnica, el quinquenio y las primas de servicios, de navidad y de vacaciones,
dado que se encuentran enlistadas en las normas mencionadas.
109. En cuanto al quinquenio, deberá atenderse a lo señalado en la sentencia de 7
de diciembre de 2016, radicación número: 25000-23-42-000-2013-04676-01(2686-
14)CE-SUJ2-006-16, donde se determinó que deberá tomarse como un mes de
remuneración, sin importar que haya devengado una suma mayor por este
concepto.
110. Finalmente es de señalar que en caso de que no se hayan realizado los
descuentos en aportes para pensión sobre los mencionados factores cuya inclusión
de ordena, COLPENSIONES deberá realizar las actuaciones administrativas para
33 Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia de 21 de mayo de 2009, expediente 0525-2008, M.P.
Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
32
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que la entidad empleadora le trasladé los dineros correspondientes y actualizados
en lo que concierne a el aporte patronal; así mismo COLPENSIONES podrá
descontar del retroactivo generado a favor de la demandante la suma
correspondiente por concepto de aportes en pensión a cargo del empleado. Esto
es, debidamente actualizadas.
111. Finalmente se advierte que no ocurrió la prescripción, contemplada en el
Decreto 3135 de 1968 comoquiera que el retiro del servicio se produjo el 30 de
noviembre de 2018, la solicitud de reliquidación pensional se efectuó el 27 de
septiembre de 2018 (como se indica a folio 32 vto.); además la demanda se
presentó el 13 de diciembre de 2019 (f. 1.°) .
112. Las sumas que resulten de la liquidación efectuada por la entidad, se
indexaran hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 187 del CPACA y de acuerdo con la siguiente fórmula:
R = Rh X índice Final
índice Inicia!
113. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(R.H.), que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de
mesada pensional con inclusión de los reajustes de ley, por el guarismo que resulte
de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente
en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en
que se causaron las sumas adeudadas. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo,
la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, respecto de cada obligación,
teniendo en cuenta que el índice Inicial es el vigente al momento de la causación
de cada uno de ellos.
114. La obligación contenida en esta decisión causará intereses de conformidad
con lo establecido en el inciso tercero del artículo 192 del Código, con la excepción
que indica el inciso quinto de la misma normatividad.
115. Finalmente es de aclarar que, en este caso fue necesario citar in extenso las
consideraciones de los actos administrativos que definieron la situación pensional
de la señora Pachón Delgado, donde, según se advierte, se omiten las fechas
delimitantes del periodo base de liquidación pensional, los factores salariales
incluidos, así como los valores y las fórmulas aplicadas, lo que constituye un
escenario que afecta el derecho al debido proceso de los pensionados, así como el
principio de publicidad de las actuaciones de las entidades del Estado pues los
peticionarios tienen el derecho a conocer con total precisión con exactitud cómo
fueron liquidadas sus prestaciones.
116. En ese sentido y dada la imprecisión de los actos administrativos demandados,
se ordena a COLPENSIONES que la liquidación pensional contenga una
33
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liquidación pormenorizada en que se indiquen los factores incluidos mes a mes,
con las operaciones matemáticas que se emplearon y las fórmulas de actualización.
Es decir, deberá señalar:
(i) El periodo base de liquidación, con precisión de la fecha de inicio y de
terminación.
(ii) Los factores salariales a incluir en la liquidación pensional, debidamente
individualizados, así como el valor de cada uno de ellos, que fueron
comprendidos en la liquidación.
(iii) Las fórmulas, índices y operaciones matemáticas adoptadas para la
actualización de los valores.
(iv) Las operaciones matemáticas realizadas por las cuales se obtiene el valor
de la mesada pensional, así como del retroactivo pensional.
3.6. Condena en costas
117. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
118. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
119. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
120. Ahora bien, el mismo numeral 4.° del artículo 365 del GPP establece en su
numeral 4.° que cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la
del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas
instancias. En primera instancia el Tribunal no impuso condena en costas cuando
negó las pretensiones de la demanda, al advertir que estas no se habían causado.
34
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121. En esa medida, dado que la decisión que se adopta en esta oportunidad
implica revocar totalmente la sentencia de primera instancia, se impondrá condena
en costas de ambas instancias a la entidad, quien resultó vencida.
122. La liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP
teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.
123. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
124. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 8 de febrero de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Segunda, Subsección F, dictada
dentro del proceso del epígrafe, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones (i) SUB 54043 de 28 de
febrero de 2019, por la que COLPENSIONES reliquidó y ordenó la inclusión en
nómina de la pensión reconocida a favor de Lucy Yannette Pachón Delgado, (ii)
SUB 160186 de 21 de junio de 2019, por la que se resolvió de forma desfavorable
el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto administrativo y (iii) DPE
8081 de 16 de agosto de 2019 por la cual se desató el recurso de apelación, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva.
TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Administradora Colombiana de
Pensiones -COLPENSIONES – que reliquide la pensión de jubilación reconocida la
señora Lucy Yannette Pachón Delgado, debiendo para el efecto atender al
promedio de lo cotizado durante los últimos 6 meses de servicios y la inclusión de
la asignación básica, la bonificación por servicios, la prima técnica, el quinquenio y
las primas de servicios, de navidad y de vacaciones, en los términos señalados en
la parte motiva. Lo anterior con efectos a partir del 1.° de diciembre de 2018.
El acto administrativo de cumplimiento de la sentencia deberá observar las pautas
de la sentencia de 7 de diciembre de 2016, radicación número: 25000-23-42-000-
2013-04676-01(2686-14) CE-SUJ2-006-16, donde se determinó que el quinquenio
deberá tomarse como un mes de remuneración, sin importar que haya devengado
una suma mayor por este concepto.
35
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CUARTO: ORDENAR la indexación de las sumas que resulten de la condena,
conforme a la fórmula expuesta en la parte motiva de esta providencia de
conformidad con el artículo 187 del CPACA, hasta la ejecutoria de la sentencia en
la forma como se indica en la parte motiva y devengarán intereses moratorios de
conformidad con el artículo 192 del CPACA.
QUINTO: ORDENAR a COLPENSIONES dar cumplimiento a la sentencia con
observancia de lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA.
SEXTO: ORDENAR a COLPENSIONES que realice las actuaciones
administrativas tendientes a obtener el pago de los aportes en pensión sobre los
factores cuya inclusión pensional se ordena en esta sentencia, en caso de que no
se hayan realizado y en los porcentajes que le corresponden al empleador y a la
demandante. Frente a esta última podrá realizarse el descuento del retroactivo
generado a su. Esto es, debidamente actualizadas.
SÉPTIMO: CONDENAR en costas de ambas instancias a la Administradora
Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES; la liquidación y ejecución se regirá
conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA. Las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
OCTAVO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
36
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