Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00126-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00126-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00126-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00126-01 (2221-2025)
Demandante: Jorge Horacio Romero Pinzón
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Tema: Retiro por llamamiento a calificar servicios
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por el
demandante contra la sentencia del 16 de junio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que negó las
pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Jorge Horacio Romero Pinzón presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1 en
orden a que se declarara la nulidad del Decreto 1254 del 16 de julio de 2019 que
ordenó su retiro del servicio activo de forma temporal con pase a la reserva por
llamamiento a calificar servicios2.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió i) el reintegro al grado de brigadier
general del Ejército Nacional, sin solución de continuidad; ii) el reconocimiento de
los ascensos correspondientes desde su desvinculación hasta su reintegro; iii) el
pago de los salarios, primas, bonificaciones y demás prestaciones,
1 En adelante CPACA.
2 Cuaderno principal folios 1 a 37.
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correspondientes al cargo reintegrado; iv) la indexación de las sumas de dinero
desde cuando se produjo su retiro hasta su reintegro; v) el reconocimiento y pago
del daño emergente por 60 smlmv, de los perjuicios morales por 100 smlmv, del
daño a la vida en relación por 500 smlmv y del lucro cesante equivalente a los
salarios dejados de percibir; vi) la condena en costas a su favor; y vii) el
cumplimiento de la sentencia del artículo 192 del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se indicaron los siguientes:
4. Jorge Horacio Romero Pinzón ingresó como cadete al Ejército Nacional y
permaneció en la institución por 34 años. El último cargo que ocupó fue el de
brigadier general.
5. Su formación académica y en la carrera militar fue destacada, pues su hoja de
vida laboral no tenía tacha alguna, al contrario contaba con innumerables
felicitaciones, condecoraciones y reconocimientos sobresalientes por su labor como
oficial del Ejército Nacional.
6. En el grado de brigadier general ocupó el cargo de comandante de la Séptima y
Cuarta Brigada del Ejército Nacional con sede en el departamento del Meta y
Antioquia, respectivamente. Posteriormente, se desempeñó como comandante de
la Séptima División del Ejército Nacional y el Comando de Apoyo de Acción Integral
y Desarrollo; cargos en los que obtuvo resultados en las operaciones y actuaciones
administrativas sobresalientes, lo cual fue objeto de reconocimiento por parte de la
institución y sociedad civil. Asimismo, fue nombrado desde el 28 de diciembre de
2017 como comandante de la Tercera División del Ejército Nacional.
7. El 17 de enero de 2019 fue nombrado comandante del Comando de Apoyo
Integral y Desarrollo.
8. El 16 de julio de 2019 se anunció ante los medios de comunicación que había
sido sancionado por presuntamente haber incumplido con sus deberes funcionales,
por lo que «se ordenó el retiro de la institución.». Lo anterior, sin tener ninguna sanción
fiscal, disciplinaria o penal y «sin que mediara comunicación alguna».
9. Con el Decreto 1254 de 2019, emitido por el presidente de la República, se le
impuso una sanción que vulneró el debido proceso y dejó en evidencia la
inadecuada utilización de la facultad del retiro por «llamamiento a calificar servicios».
Asimismo, fue expedido de forma irregular, incurrió en falsa motivación y dejó en
evidencia los vicios de legalidad de ese acto.
10. Se le imputó un incumplimiento de sus deberes «a la fecha no sabemos con
precisión cuáles» el cual presuntamente afectó gravemente la imagen de la
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Institución «y […] a la fecha no sabemos en qué consistió la afectación.», por ello se le
sancionó con su desvinculación deshonrosa del Ejército Nacional.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
11. Como tales se señalaron los artículos 13, 15, 21, 25, 29, 209 y 217 de la
Constitución Política; numerales 1, 2, 3, 5, 8 y 9 del artículo 3 y numerales 4, 5 y 8
del artículo 44 del CPACA; artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998; artículo 99 y
numeral 3 del artículo 100 del Decreto ley 1790 de 2000, modificado por el artículo
5 de la Ley 1792 de 2016.
12. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:
12.1. El acto demandado está viciado de falsa motivación comoquiera que se aplicó
de forma inadecuada la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios pues
los supuestos fácticos eran inexistentes y se presentaron de forma «engañosa», por
lo que fue expedido de forma irregular.
12.2. Los oficiales generales no podían ser objeto de la aplicación del Estatuto
Especial de Evaluación y Clasificación de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 799
de 2000.
12.3. El acto de retiro se fundamentó en que la decisión se tomaba bajo la necesidad
de legitimar las decisiones institucionales del mando y la legitimación social de la
institución, afirmaciones que no permitían entender su alcance, pero dejaba en
evidencia su propósito que «era atentar contra la honra, buen nombre y honor de un
servidor público que entregó más de 34 años a la sociedad sirviendo al Ejército Nacional».
12.4. El demandante fue retirado del servicio con base en unas denuncias por
presuntas irregularidades sucedidas cuando ocupaba el cargo de comandante de la
Cuarta Brigada, investigaciones que no habían generado ningún tipo de condena a
la fecha, violentando su garantía constitucional a la presunción de inocencia. En el
acto de retiro no se hizo referencia de forma expresa a los presuntos hechos
irregulares que lo motivaron.
12.5. Los artículos 99 y 100 del Decreto Ley 1790 de 2000 se desconocieron, pues
de su contenido se podía extraer de forma clara que su objeto no era el retiro por
llamamiento a calificar servicios sino sancionarlo por no haber cumplido, a
cabalidad, presuntamente, con sus funciones como general de la República y
afectar la legitimidad social de la institución. Además, se le vulneró el derecho de
defensa al no existir comunicación previa del acto de retiro.
13. Se podía inferir que se trataba de un retiro por voluntad del gobierno, pero el
demandante tampoco fue objeto de evaluación, por lo que se aplicó de forma
incorrecta la norma, configurándose así una falsa motivación por error de derecho,
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que viciaba al acto demandado que lo fundamentó con el artículo 103 del Decreto
1790 del 2000, cuando en realidad estaba ejerciendo de forma irregular el artículo
104 ibidem.
14. La razón por la cual la entidad demandada decidió su desvinculación no fue la
de realizar una renovación normal de la estructura piramidal de las Fuerzas Militares
con el fin de mejorar el servicio público, propio del retiro por llamamiento a calificar
servicios, sino la de realizar un retiro por voluntad del gobierno, lo que fue irregular
pues lo que se ejecutó fue una sanción por presuntamente haber incurrido en un
supuesto incumplimiento de sus deberes y afectar la legitimidad institucional.
15. El retiro por llamamiento a calificar servicios se utilizó para efectuar una sanción
por la supuesta comisión de faltas administrativas que comprometían la legitimidad
de las Fuerzas Militares, sin permitirle al demandante ejercer su derecho de defensa
respecto de graves e imprecisas imputaciones.
16. Se le vulneró el debido proceso al demandante comoquiera que no se le realizó
un proceso administrativo, disciplinario o penal por el presunto incumplimiento de
sus funciones y el atentar contra la legitimidad de la institución.
17. Se configuró la desviación de poder tal y como se podía acreditar de los hechos
y las pruebas allegadas, pues el acto demandado se fundamentó en «imputaciones
falsas, la manipulación de la realidad y el buen nombre del oficial».
1.2. Contestación de la demanda
18. El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, no contestó la demanda.
1.3. La sentencia apelada
19.En sentencia proferida el 16 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, negó las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas3, con fundamento en lo siguiente:
20. En el acto de retiro no se hizo referencia a un móvil o motivo alguno diferente
del llamamiento a calificar servicios como un ejercicio discrecional que tenía como
fin mantener la estructura piramidal, renovar y relevar al personal para cumplir con
los fines de la fuerza pública. Esta era una forma normal de terminar el servicio
público y el demandante tenía cumplidos los requisitos para acceder a la asignación
de retiro.
21. Jorge Horacio Romero Pinzón era un oficial de insignia en la cúspide de la
carrera militar como brigadier general, razón por la cual el nivel de cohesión entre
3 Cuaderno principal folios 180 a 189.
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él y el gobierno era necesario y estaba estrechamente relacionado con la legitimidad
de las fuerzas militares y el ejercicio del mando. Su retiro se soportaba en la
necesidad de legitimizar las decisiones institucionales, pues la renovación del
mando y el perfilamiento de la cúpula traían como consecuencia que no todos los
oficiales llegaran a ser generales y no todos los generales terminaran como
comandantes de fuerza o general.
22. El acto demandado no requería motivación diferente del cumplimiento de los
requisitos legales para acceder a la asignación de retiro, por lo cual resultaba
suficiente la motivación de índole legal y cualquier vicio respecto del acto
administrativo debía probarse.
23.La alegada falsa motivación sustentada en el daño al buen nombre no se
demostró.
24. En cuanto a la falsedad de derecho consistente en que se acudió a la figura del
llamamiento a calificar servicios cuando en realidad se ejerció la facultad
discrecional de que trata el artículo 104 del Decreto 1790 de 2000, se advirtió del
contenido de la referida norma que el retiro discrecional también era una posibilidad
de retiro para el demandante, pues esta modalidad de desvinculación no era
considerada una sanción, sin embargo, como tenía el tiempo para la asignación de
retiro se procedió a llamarlo a calificar servicios con pase a la reserva, además no
resultaba común que quien tiene derecho a la pensión se le retirara en ejercicio de
la discrecionalidad.
25. El acto de retiro contenía una fundamentación legal suficiente respecto de la
causal que se invocó. Las 2 modalidades de retiro revestían discrecionalidad solo
que el llamamiento a calificar servicios implicaba el pase a la reserva por cuanto se
ha cumplido con el tiempo pensional, entre tanto el retiro por voluntad discrecional,
no.
26. La figura del retiro con pase a la reserva, por llamamiento a calificar servicios,
no es una sanción o un castigo al uniformado, sino la modalidad administrativa para
organizar las filas de la institución a fin de conservar su estructura jerarquizada, la
cual implica que el acceso a los cargos superiores es cada vez menos accesible
para la totalidad de los oficiales, implicándole a la institución la obligación de
escoger de entre todos los aspirantes los mejores para continuar en la institución.
27. En cuanto a la violación al debido proceso por no permitirle discutir las
motivaciones del acto, se encontró que no había argumentación que permitiera una
discusión, pues solo se fundó en la discrecionalidad que se le permitía a la
institución y el cumplimiento del requisito de existir tiempo suficiente para la
asignación de retiro.
28. En lo relativo a la desviación de poder, por los cuestionamientos efectuados en
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los medios de comunicación sobre presuntos actos ilegales de su parte, como
prueba sólo aportó una nota periodística de la revista Semana, titulada «las ovejas
negras en el ejército», sin fecha, y en la cual se le señaló de incurrir en irregularidades
tales como «pedir dinero a los ciudadanos para la expedición de salvoconductos para el
porte de armas, situación que se dijo, estaba en conocimiento de las autoridades
judiciales». Comoquiera que no se demostró siquiera la fecha de emisión de la noticia
periodística, no era posible establecer si existía una relación de tiempo entre la
noticia y el retiro del servicio, pero además de ello nada se dijo al respecto en el
acto demandado.
29. Si se daba por cierto que tales cuestionamientos existieron y guardaban relación
con su retiro del servicio, era posible admitir que una institución Militar retirara de
sus filas a un general de la República llamándolo a la reserva cuando se le ha
señalado en público de la comisión de conductas que afectan la credibilidad y
legitimidad institucional. «Y es que, al nivel más alto de la oficialidad, cuando se ha
servido más de 34 años a una institución, los cargos son de confianza, y cuando ella se ve
resquebrajada, es válido hacer uso de la discrecionalidad para privilegiar intereses
superiores como lo es la imagen de la institución ante la sociedad, sin que ello implique
desconocer la presunción de inocencia que protege al servidor público como a cualquier
ciudadano».
30. No se acreditó la desviación de poder, pues no se desvirtuaron las razones
objetivas del acto demandado, aun cuando el demandante afirmó que su retiro se
originó por los cuestionamientos efectuados en los medios de comunicación sobre
presuntos actos ilegales de su parte cuando fue comandante de la Cuarta Brigada
en Medellin y que antes de ser notificado, el ministro de la época ya había salido a
los medios a señalar que lo iban a retirar como sanción.
31. Además, «un oficial superior que alega una excelente hoja de vida, debe demostrar
que ella no se vio manchada por los hechos que se le enrostraron en medios de
comunicación, pues ni siquiera demostrando que los móviles fueron los señalamientos, se
podría ordenar el reintegro de alguien que no los desvirtuó.»
32. Al revisar la hoja de vida institucional del demandante se evidenció que era «un
buen militar» que cumplió con las labores asignadas a su cargo y grado, obtuvo
reconocimientos y felicitaciones a lo largo de su carrera profesional, lo que, si bien
hacía satisfactoria su labor, no impedía el llamamiento a calificar servicios, pues,
era razonable esperarlo de un oficial de 34 años de labor que llegó al grado máximo
de general.
1.4. El recurso de apelación
33. La parte demandante presentó recurso de apelación4 contra la sentencia de
primera instancia y lo sustentó así:
4Samai, índice 74.
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33.1. La ilegalidad en que incurrió la entidad demandada en el ejercicio de su
competencia discrecional de retiro por llamamiento a calificar servicios de oficiales
en el grado de brigadier general por parte del gobierno nacional se demostró
plenamente.
33.2. La falsa motivación de hecho del acto demandado se fundamentó en la
utilización inadecuada de la causal del retiro por llamamiento a calificar servicios,
pues los supuestos fácticos eran inexistentes, se presentaron de forma «engañosa
con el fin de darle visos de legalidad a un acto expedido de manera irregular».
33.3. El contenido del acto administrativo demandado se valoró erróneamente, pues
en este se afirmó que las razones de la decisión había sido la necesidad de «legitimar
las decisiones institucionales del mando y la legitimación social de la Institución». Es decir,
que la finalidad del acto era el mejoramiento del servicio, pero frente a supuestas
situaciones que afectaban su funcionamiento institucional, lo que significaba que
era necesario el retiro del demandante para legitimar socialmente al Ejército
Nacional, «lo que era igual a afirmar que la permanencia del brigadier general en esa
institución deslegitimaba socialmente la institución».
33.4. El fundamento fáctico del retiro no era el llamamiento para calificar servicios
para la renovación normal dentro de una estructura piramidal sino la existencia de
un reproche de la conducta del oficial, lo cual debió tramitarse por la forma de retiro
por facultad discrecional establecida en el artículo 104 del Decreto 1709 de 2000, el
cual exigía la elaboración de un informe que sustentara y consignaran los elementos
en que se fundamentó para proceder a su retiro.
33.5. La falsa motivación se configuró y el derecho de defensa se vulneró, toda vez
que lo que pretendía la entidad demandada era retirar del servicio al brigadier
general por causa de los «infundados cuestionamientos de la Revista Semana» al utilizar
la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios y lo que correspondía era la
causal de retiro discrecional. Situación que fue omitida por el tribunal.
33.6. Al no utilizarse la figura de retiro por facultad discrecional no se le permitió al
demandante ejercer su derecho de defensa frente al informe de evaluación que
exigía la norma como condición previa del retiro y que le permitía controvertir la
decisión de forma concreta ante la jurisdicción contenciosa.
33.7. Eloficial fue retirado del servicio con el presunto objetivo de legitimar
socialmente como respuesta al «escándalo creado por la revista semana» por
presuntas irregularidades que habrían tenido lugar cuando Jorge Horacio Romero
Pinzón ocupaba el cargo de comandante de la Cuarta Brigada y que fueron
publicadas por esa revista en el artículo las «Ovejas Negras» que se anexó al
expediente como prueba, noticia con fecha del «8 de julio de 2019». El anuncio del
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retiro tuvo lugar «en rueda de prensa el 9 de julio» y el decreto que dispuso el retiro
era del 16 de julio.
33.8. Al considerar el tribunal que para acceder a la petición de reintegro a la
institución debía demostrar que su hoja de vida no estaba manchada por los hechos
que se le «enrostraron en medios de comunicación, pues ni siquiera demostrando que los
móviles fueron los señalamientos, se podría ordenar el reintegro de alguien que no los
desvirtuó.», se excedió en su competencia como juez de legalidad, pues impuso una
carga que hacía nugatoria la acción contenciosa encaminada a que se declarara la
nulidad del acto demandado y se estaría convirtiendo en un proceso de defensa
disciplinaria y penal, desconociendo la presunción de inocencia.
1.5. Trámite en segunda instancia
34. En auto del 5 de septiembre de 20255 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante contra la sentencia del 16 de junio de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
35. Mediante memorial del 3 de octubre de 2025 la entidad demandada descorrió
traslado del recurso de apelación en el que solicitó que se confirmara la decisión de
primera instancia, toda vez que el acto administrativo gozaba de presunción de
legalidad y por tratarse de una estructura jerarquizada de las Fuerzas Militares que
suponía una depuración del personal en la medida que ascendían. Además, de la
hoja de vida del demandante se podía extraer que tenía un tiempo de servicio de 34
años, 10 meses y 16 días lo que lo hacía beneficiario de la asignación de retiro6.
36. El Ministerio Público rindió concepto7 en el que solicitó que se confirmara la
decisión de primera instancia, toda vez que los reproches del demandante no tenían
sustento fáctico ni jurídico, pues no se demostró causal de nulidad alguna de las
invocadas. Además, el acto de retiro no requería motivación y la entidad demandada
tenía la facultad de retirar al personal uniformado sin que se perdiera el grado, lo
que no significaba sanción, despido, ni exclusión deshonrosa de la institución.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
37. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
5 Samai, índice 5.
6 Samai, índice 7.
7 Samai, índice 10.
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sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
38. De conformidad con el recurso de apelación, se debe resolver el siguiente
interrogante: ¿si el acto de retiro por llamamiento a calificar servicios se encontraba
viciado de nulidad por falsa motivación y desviación de poder?
39. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
del retiro por llamamiento a calificar servicios y su diferencia con el retiro del servicio
por voluntad del gobierno o discrecional; la falsa motivación del acto y la desviación
de poder, luego se expondrán los hechos probados; y finalmente, se resolverá el
caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Regulación del retiro de las Fuerzas Militares por llamamiento a calificar
servicios y su diferencia con el retiro del servicio por voluntad del gobierno o
discrecional
40. El Decreto 1790 de 2008, en su artículo 99, reguló el concepto de retiro de los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares como la situación en la que estos
«sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente, cesan en la
obligación de prestar servicios en actividad».
41. Asimismo, prescribió que la autoridad competente para determinar el retiro del
servicio, cuando se trate de oficiales con grado de general y de insignia, coronel o
capitán de navío, es el gobierno nacional mediante decreto. En el caso de los demás
grados, incluidos los suboficiales, lo es el ministerio del ramo o su delegado, el
comandante general o de fuerza a través de resolución. La norma también
reglamentó que el retiro de los oficiales, salvo aquellos con grado de general y de
insignia, requiere un concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.
42. A su vez, el decreto aludido, en su artículo 100, definió las causales de retiro
agrupándolas en «[r]etiro temporal con pase a la reserva» y «[r]etiro absoluto». Dentro
de las primeras incluyó el retiro por llamamiento a calificar servicios y el discrecional.
43. La causal por llamamiento a calificar servicios fue regulada en el artículo 103
ibidem, norma que indicó que «[l]os Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares solo
podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios, cuando hayan cumplido los
requisitos para tener derecho a la asignación de retiro», con lo cual se estableció este
8 «Por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares».
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requisito como condición necesaria y obligatoria para que proceda la medida.
44. A su vez, la jurisprudencia ha señalado que dicha causal conlleva el ejercicio de
una facultad discrecional dispuesta por el gobierno nacional. Aquella busca y
permite el relevo jerárquico dentro de las Fuerzas Militares, puesto que da lugar al
ascenso de algunos de sus miembros y, también, define el retiro de otros, de suerte
que se facilita la promoción del personal9. Así, esta medida opera ante la
imposibilidad de ascender a todos los miembros de las Fuerzas Militares dada la
estructura piramidal de la institución. Por ser esta su finalidad, su ejercicio no
constituye una sanción para el uniformado que es retirado. Así lo manifestó la Corte
Constitucional en la sentencia C-072 de 199510 de la siguiente manera:
«[…] “calificar servicios", acepción que implica el ejercicio de una facultad discrecional
que, si bien conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial en el servicio activo,
no significa sanción, despido ni exclusión infamante o desdorosa, sino valioso
instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica en cuya virtud se
pone término al desempeño de unos para permitir el ascenso y la promoción de
otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de una facultad inherente a la normal
renovación del personal de los cuerpos armados y a la manera corriente de culminar la
carrera oficial dentro de ellos, no puede equipararse con formas de retiro cuyos efectos
son puramente laborales y sancionatorios, como la destitución. Tal atribución hace parte
de las inherentes al ejercicio del poder jerárquico de mando y conducción de la fuerza
pública, cuyas autoridades deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la
medida de las necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal
superior y medio de las jerarquías militares y de policía, con base en apreciaciones y
evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que les es propio».
45. En ese orden, el acto administrativo que decide el retiro por llamamiento a
calificar servicios no debe ser motivado, pues es la ley la que de forma expresa lo
motiva. En efecto, la jurisprudencia ha manifestado que la motivación «[…] está dada
expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se configuren dos requisitos
a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de
retiro»11. En consecuencia, no son necesarias razones distintas de las citadas, salvo
para los oficiales a los que alude el artículo 99 del Decreto 1790 de 2000, en cuyo
caso también se requiere del concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa12.
46. Lo anterior no significa que el uniformado que esté en desacuerdo con su retiro
9«[N]o es más que la materialización del poder de mando dentro de la fuerza pública que, por razones
de necesidad y conveniencia, permite el relevo del personal tanto del mando superior como medio».
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Subsección A. Radicación: 25000-23-42-000-2013-04452-01 (4451-2017). Demandante: Justo
Eliseo Peña Sánchez. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. CP Rafael
Francisco Suárez Vargas. Bogotá, D.C., 16 de julio de 2020.
10 C-072 de 1995, MP. José Gregorio Hernández Galindo.
11 Sentencia SU-091 del 25 de febrero de 2016.
12 Posición asumida en las sentencias: SU- 217 de 28 de abril de 2016 de la Corte Constitucional y
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01997-01(0631-15) del 31 de octubre de 2018.Referencia:
Llamamiento a calificar servicios.
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este imposibilitado para discutir su legalidad, puesto que si considera que la
motivación del acto administrativo en realidad constituye una sanción y que no acata
los parámetros de legalidad explicados, puede solicitar su nulidad y, en todo caso,
le corresponderá demostrar que su desvinculación obedeció a motivos distintos del
natural relevo generacional dentro de las Fuerzas Militares, en razón a que se
presume la legalidad del acto13.
47. La Sala debe precisar que el buen desempeño en el ejercicio de las funciones
por parte de los militares no impide el retiro por llamamiento a calificar servicios, ya
que no les otorga un fuero de estabilidad, toda vez que este es un deber inherente
y natural al ejercicio del empleo, por lo que no puede ser considerado como una
razón de inamovilidad laboral14.
48. En cuanto al retiro discrecional el artículo 104 del Decreto 1790 de 2000
prescribe que procede «por razones del servicio y en forma discrecional» y, a su vez,
permite el retiro de oficiales y suboficiales «con cualquier tiempo de servicio, previa
recomendación del Comité de Evaluación». De igual manera, la norma exige que
«[c]uando se trate de oficiales se requiere previo concepto de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares».
49. De conformidad con el criterio jurisprudencial, el retiro discrecional es una
atribución de carácter legal otorgada al gobierno nacional para retirar al personal
militar con el fin de mejorar el servicio, por lo que puede ejercerla en cualquier
tiempo y sin esperar que el uniformado objeto de la medida tenga derecho a la
asignación de retiro y solo se requiere, por así ordenarlo el aludido artículo 104, el
concepto del comité o junta mencionados. Lo dicho, en tanto que con ella se busca
garantizar el cumplimiento de la misión encomendada por la ley y la Constitución15.
50. De esta manera, la autoridad competente para aplicar tal potestad y alcanzar
el fin que persigue, debe contar, como único requisito, con el concepto previo
emitido por el Comité Evaluador o la Junta Asesora. Tal recomendación, de
conformidad con la sentencia de unificación emitida por esta Sección sobre la
materia «[…] deberá estar respaldada en razones objetivas (sin visos de arbitrariedad o
13 La Corte Constitucional en la sentencia SU-091 de 2016 manifestó que en estos casos: «[…]quien
considere haber sido víctima de un uso fraudulento de la figura de llamamiento a calificar servicios,
podrá presentar los recursos pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y
tendrá a su carga la demostración probatoria del uso de la herramienta para propósitos
discriminatorios o fraudulentos. De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza Pública la
carga probatoria sobre la motivación del acto de llamamiento a calificar servicios, que se
presume responde a la exigencia legal, pero en todo caso, deberá responder a los alegatos
que sobre uso fraudulento se presenten» (Se resalta).
Esta postura también se encuentra en la sentencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación: 27001-23-33-000-2014-90002-
01(0165-17). Actor: Ricardo Efraín Arcos Rosero. Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá, D. C. 19 de julio de 2019.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Radicación: 27001-23-33-000-2014-90002-01(0165-17). Sentencia del 19 de julio de 2019.
15 Sentencia SU-091 de 2016.
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capricho), dejando plasmado el estudio pertinente y completo que fundamente la
sugerencia de desvinculación, de acuerdo con los documentos que permitan entrever su
correlación con los principios de proporcionalidad y razonabilidad»16, de suerte que la
decisión no sea arbitraria y sí busque mejorar el servicio.
51. Al igual que el acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar
servicios, el que dispone el retiro discrecional no requiere motivación. Sin embargo,
las razones que se indican en la recomendación del comité o junta referida
constituyen su fundamento, por lo que tiene que ser coherente con la finalidad que
persigue el ejercicio de la facultad y debe ser puesta en conocimiento del militar
sobre quien recae para que, si a bien lo considera, debata su legalidad.
52.Así lo definió la aludida sentencia de unificación, al indicar en la segunda regla
que «[e]n la diligencia de notificación del acto de retiro del servicio al interesado, la
correspondiente institución deberá entregarle copia de la referida recomendación y sus
soportes; y de comportar carácter reservado, de igual modo, se deberá garantizar su acceso
a ellos, con la obligación de preservar tal condición. Lo anterior no habilita al retirado para
recurrir la decisión en sede administrativa»17. Esto, no significa que la decisión deba
estar precedida de un procedimiento administrativo previo que dé lugar al debate en
sede administrativa, pues ello desvirtuaría la discrecionalidad de tal facultad18.
53. Por último, quien fue desvinculado a través de un acto administrativo proferido
en ejercicio de la facultad de retiro discrecional puede demandarlo ante la
Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, si considera que con su expedición
se tuvo un fin o motivo diferente del mejoramiento del servicio; en ese caso, deberá
probar la desviación de poder o la falsa motivación para desvirtuar su presunción
de legalidad19.
54. Así las cosas, las características del retiro por llamamiento a calificar servicios
y el retiro discrecional y sus similitudes y diferencias se pueden resumir en los
siguientes aspectos:
Acta de retiro por llamamiento a Acto de retiro por decisión
calificar servicios discrecional
Se aplica con el fin de facilitar el relevo
Procede por razones de mejoramiento
jerárquico dentro de las Fuerzas del servicio, pues se profiere para
Militares. garantizar el cumplimiento de la misión
y la función asignada.
Solo pueden ser retirados los militares Permite el retiro de militares con
16 Primera regla de unificación de la sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-26-2022. Consejo de
Estado, Sección segunda. Demandante: Luis Alfredo Burgos Pabón. Demandado: Nación, Ministerio
de Defensa, Policía Nacional. Tema. Retiro del servicio por voluntad del gobierno nacional. Radicado:
52001-23-31-000-2009-00349-01 (4288-2016). Bogotá 7 de abril de 2022.
17 Segunda regla de unificación, ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem y sentencia SU-091 de 2016.
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que hayan cumplido con los requisitos cualquier tiempo de servicio. El único
para tener derecho a la asignación de requisito que se debe cumplir es el
retiro. concepto del Comité o Junta Asesora
del Ministerio de Defensa Nacional.
Su ejercicio no es una sanción para el Su ejercicio no constituye por sí solo
uniformado que es retirado. una sanción, pero sí debe estar
sustentado en razones objetivas y de
conformidad con la trayectoria del
uniformado.
El acto administrativo no debe ser No requiere motivación, pero su
motivado. La ley contiene la motivación. fundamento son las razones objetivas
dadas por el Comité o Junta Asesora,
según corresponda.
El buen desempeño en el ejercicio de La conducta del uniformado es la que
las funciones no impide el retiro por debe ser tenida en cuenta para
llamamiento a calificar servicios. determinar su retiro.
Para disponer el retiro de los oficiales Para retirar los oficiales se requiere
se requiere el concepto previo de la previo concepto de la Junta Asesora del
Junta Asesora del Ministerio de Ministerio de Defensa para las Fuerzas
Defensa. Militares.
Puede ser demandado si se considera Puede ser demandado si se considera
que su expedición no tuvo como motivo que las razones de la decisión no son
ni fin el relevo generacional. En todo objetivas ni razonables. En todo caso,
caso, el demandante debe probarlo. el demandante debe probarlo.
2.3.2. Falsa motivación del acto
55. La motivación de los actos administrativos constituye un elemento necesario para
su validez. Es condición esencial que existan unos motivos que originen su expedición
y que sean el fundamento de la decisión que contienen; en otras palabras, deben
existir unas circunstancias o razones de hecho y de derecho que determinan la
expedición del acto y el contenido o sentido de la respectiva decisión20.
56. Los motivos son entonces el soporte fáctico y jurídico que justifican la expedición
del acto administrativo y el sentido de su declaración y, por lo general, cuando por
disposición legal deben ponerse de manifiesto, aparecen en la parte considerativa del
acto.
57. La falsa motivación es una causal autónoma e independiente que se relaciona
directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos
determinantes de la decisión administrativa. Para que prospere la pretensión de
nulidad de un acto administrativo con fundamento en esta, la jurisprudencia señaló
que «es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos
que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron
debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió
tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados
20 Sentencia del 23 de enero de 2025. Expediente 11001-03-25-000-2013-00561-00.
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habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente»21.
58. Esta censura está prevista en la ley como una causal de nulidad que se origina
por la disconformidad entre la decisión con la realidad, o por la inexistencia o error en
los motivos de derecho o de hecho aducidos en la decisión. En línea con ello, esta
Sección sostuvo lo siguiente22:
«El vicio de falsa motivación se configura cuando las razones invocadas en la
fundamentación de un acto administrativo son contrarias a la realidad. (…).
Así las cosas, el vicio de nulidad en comento se configura cuando se expresan los motivos
de la decisión total o parcialmente, pero los argumentos expuestos no están acordes con
la realidad fáctica y probatoria, lo que puede suceder en uno de tres eventos a saber:
• Cuando los motivos determinantes de la decisión adoptada por la administración se
basaron en hechos que no se encontraban debidamente acreditados;
• Cuando habiéndose probado unos hechos, estos no son tenidos en consideración, los
que habrían podido llevar a que se tomara una decisión sustancialmente distinta.
• Por apreciación errónea de los hechos, “de suerte que los hechos aducidos
efectivamente ocurrieron, pero no tienen los efectos o el alcance que les da el acto
administrativo […]”.23»
59. Entonces, se configura en aquellos eventos en que la administración profiere un
acto que no guarda relación con la realidad fáctica que se pretende resolver, o
cuando habiéndose demostrado los hechos que rodean el caso, no son tenidos en
cuenta para tomar la decisión final y que, de haberlo hecho, habría sido diferente el
sentido del acto administrativo. Es decir, que la administración se basa en razones
de orden fáctico que resultan ser inexistentes o contrarias a la realidad para
fundamentar su decisión.
2.3.3. La desviación de poder
60.El artículo 137 del CPACA prevé que la nulidad de los actos administrativos
opera cuando «hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían
fundarse, o sin competencia, o con desviación de las atribuciones propias de quien los
profirió».
61. Esta causal de nulidad ha sido definida por esta Sección como el «vicio que afecta
la finalidad del acto administrativo, bajo el entendido de que el propósito que el acto
21 Sección Cuarta, Sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 16090, CP. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas
22 Subsección A, sentencia del 28 de febrero de 2020, radicación 19001-23-33-000-2014-00005-
01(4023-16).
23 BERROCAL GUERRERO, op. cit., p. 550. Este autor en cuanto a la apreciación errónea de los hechos
también agrega: «o no corresponde a los supuestos descritos en las normas que se invocan». Sin
embargo, a juicio de la Subsección, este vicio se corresponde más con el de la infracción de las
normas en que deben fundarse los actos, conforme a lo explicado líneas atrás.
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persigue configura un requisito que hace a su legalidad y que debe hallarse en el marco de
la función administrativa y del ordenamiento jurídico; y por tanto, se configura cuando se
está ante la presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que
actúa a nombre de la administración en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las
que debe someterse»24.
62. Dicho de otro modo, la causal se configura cuando, al expedirse un acto
administrativo, se busca una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales;
de esa forma, esta se relaciona de manera directa con el elemento teleológico del
acto administrativo25, en razón a que opera cuando el fin perseguido con su
expedición es distinto del interés general y no se relaciona con el propósito de la
competencia que se atribuyó al servidor público.
2.4. Lo probado
63. En el expediente se encuentran probados los siguientes hechos relevantes:
63.1. El 19 de julio de 2019 se comunicó al Brigadier General Jorge Horacio Romero
Pinzón el Decreto 1254 de 201926.
63.2. Jorge Horacio Romero Pinzón tenía el siguiente perfil profesional, formación
académica y militar27:
« […]
Término Modalidad Carrera Nombre del Establecimiento
ESTUDIOS POSTGRADOS, ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA Y DOCTORADOS
25 Nov MAGISTER EN SEGURIDAD Y
MAESTRIA No le codifica
2014 DEFENSA NACIONALES
ESTUDIOS PROFESIONALES, TECNOLÓGICOS O TÉCNICOS
25 Ene PROFESIONAL EN CIENCIAS ESCUELA MILITAR DE CADETES
UNIVERSITARIO
2007 MILITARES. GENERAL JOSE MARIA CORDOVA
15 Jun
UNIVERSITARIO ADMINISTRADOR LOGISTICO ESCUELA LOGISTICA
2007
ESTUDIOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA
NO LE FIGURAN
FORMACIÓN ACADÉMICA
31 Mar CURSOS DE ASCENSO FORMACION DE OFICIALES
ESCUELA MILITAR DE CADETES
1987 MILITAR Y POLICIAL ESMIC
25 Ago SEMINARIO ANALISIS DE LA COMANDO GENERAL FUERZAS
SEMINARIO
1997 SUBVERSION MILITARES
30 Oct DERECHO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CURSO
2000 HUMANITARIO BUCARAMANGA-UNAB
04 Feb OCTAVO SEMINARIO DE LEY
SEMINARIO ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
2003 INTERNACIONAL DEL MAR
25 Jun
SEMINARIO SEMINARIO LOGISTICA MILITAR ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
2003
24 Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2009, radicación 27001-23-31-000-2003-00471-
02 (1385-2009).
25 Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de abril de 2024, radicación 18001-23-33-000-
2017-00085-01 (66616).
26 Samai, índice, 27, archivo «10_RECIBEMEMORIALES_COMUNICACIONDERETI»
27Samai, índice 27, «12_RECIBEMEMORIALES_EXTRACTOHOJADEVID»
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Demandante: Jorge Horacio Romero Pinzón
Término Modalidad Carrera Nombre del Establecimiento
08 Sep
DIPLOMADO CONTRATACION ESTATAL ESCUELA LOGISTICA ALUMNOS
2007
14 Mar COMANDO GENERAL FUERZAS
SEMINARIO GESTION HUMANA FF.MM.
2008 MILITARES
FORMACIÓN MILITAR
CURSO DE ARMAS Y
10 Abr
ESPECIALIDADES CONTRAGUERRILLA RURAL ESCUELA MILITAR DE CADETES
1986
MILITARES Y POLICIALES
FORMACIÓN DE OFICIALES A
01 Dic 1986 CURSO ESCUELA MILITAR DE CADETES
SUBTENIENTE
CURSO DE ARMAS Y
28 Mar ESCUELA DE LANCEROS
ESPECIALIDADES LANCERO
1989 ALUMNOS
MILITARES Y POLICIALES
03 Oct OPERACION Y MANTENIMIENTO ESCUELA DE ARTILLERIA
CURSO
1989 EAGLE-EYE NIMROD ALUMNOS
CURSOS DE ASCENSO ESCUELA DE ARMAS Y
22 Dic 1992 BASICO (ASCENSO TE A CT)
MILITAR Y POLICIAL SERVICIOS ALUMNOS
BASICO ESPECIALIZ. 2A.FASE
22 Dic 1992 CURSO ESCUELA DE ARTILLERIA
(NO USAR)
CURSO DE ARMAS Y
08 Mar ESCUELA DE LANCEROS
ESPECIALIDADES PARACAIDISMO
1996 ALUMNOS
MILITARES Y POLICIALES
09 Mar 7MO GRUPO DE LAS FUERZAS
CURSO AIRBORNE
1996 ESPECIALES
CURSO DE ARMAS Y
09 May COMANDO DEL EJERCITO
ESPECIALIDADES CURSO PROFESOR MILITAR
1996 NACIONAL
MILITARES Y POLICIALES
18 Nov CURSOS DE ASCENSO ESCUELA DE ARMAS Y
COMANDO (ASCENSO CT A MY)
1997 MILITAR Y POLICIAL SERVICIOS ALUMNOS
06 May ANALISTAS,
CURSO NO REPORTADO
1998 INTERROGADOR,INFORMANTE
18 Oct LIDERAZGO Y GESTION DE UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
DIPLOMADO
2002 RECLUTAMIENTO GRANADA
CURSOS DE ASCENSO ESTADO MAYOR (ASCENSO MY A
01 Dic 2003 No le codifica
MILITAR Y POLICIAL TC)
26 Nov ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
CURSO ALTOS ESTUDIOS MILITARES
2014 ALUMNOS
[…]»
63.3. Ingresó al Ejército Nacional y se desempeñó en los siguientes cargos28:
« […]
CARGOS DESEMPEÑADOS
Fecha Fecha
Grado Cargo Unidad Tiempo
Inicio Término
COMANDO DE APOYO DE ACCION
BG COMANDANTE 17 Ene 2019 16 Jul 2019 00 05 29
INTEGRAL Y DESARROLLO
BG COMANDANTE COMANDO TERCERA DIVISION 28 Dic 2017 16 Ene 2019 01 00 18
BG COMANDANTE COMANDO CUARTA BRIGADA 29 Dic 2015 27 Dic 2017 01 11 28
CR COMANDANTE COMANDO SEPTIMA BRIGADA 02 Dic 2014 28 Dic 2015 01 00 26
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
CR ALUMNO 09 Dic 2013 01 Dic 2014 00 11 22
ALUMNOS
MIEMBRO
INSPECCION GENERAL DEL EJERCITO
CR ESTADO 09 Ago 2013 08 Dic 2013 00 03 29
NACIONAL
MAYOR
AGREGADO PERSONAL EN COMISION EN EL
CR 06 Jul 2012 08 Ago 2013 01 01 02
MILITAR EXTERIOR
CR COMANDANTE COMANDO DECIMA QUINTA BRIGADA 31 Ene 2011 05 Jul 2012 01 05 04
CR SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE CADETES 09 Feb 2010 30 Ene 2011 00 11 21
TC SUBDIRECTOR DIRECCION DE PERSONAL EJERCITO 28 Nov 2008 08 Feb 2010 01 02 10
JEFE SECCION
TC DIRECCION DE PERSONAL EJERCITO 30 Nov 2007 27 Nov 2008 00 11 27
OFICIALES
JEFE SECCION
TC DIRECCION DE PERSONAL EJERCITO 25 Oct 2006 29 Nov 2007 01 01 04
OFICIALES
COMANDANTE BATALLON DE ARTILLERIA DE
TC 01 Jul 2005 24 Oct 2006 01 03 23
DE BATALLON DEFENSA AEREA # 2 NUEVA GRANADA
28Samai, índice 27, «12_RECIBEMEMORIALES_EXTRACTOHOJADEVID»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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17
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00126-01 (2221-2025)
Demandante: Jorge Horacio Romero Pinzón
Fecha Fecha
Grado Cargo Unidad Tiempo
Inicio Término
OFICIAL COMANDO DECIMA SEGUNDA
TC 01 Oct 2004 30 Jun 2005 00 08 29
PERSONAL BRIGADA
OFICIAL
TC BRIGADA MOVIL # 6 01 Dic 2003 30 Sep 2004 00 09 29
PERSONAL
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
MY ALUMNO 30 Nov 2002 24 Nov 2003 00 11 24
ALUMNOS
JEFE
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y
MY DESARROLLO 11 Ene 2002 29 Nov 2002 00 10 18
CONTROL DE RESERVAS
HUMANO
EJECUTIVO Y
SEGUNDO BATALLON DE ARTILLERIA # 8 SAN
MY 01 Nov 2000 10 Ene 2002 01 02 09
COMANDANTE MATEO
BATALLON
JEFE SECCION
O
BATALLON DE ARTILLERIA # 8 SAN
MY DEPARTAMENT 19 Jul 1999 31 Oct 2000 01 03 12
MATEO
O DE
INTELIGENCIA
EJECUTIVO BATALLON DE CONTRAGUERRILLAS #
MY 01 Ago 1998 09 Jul 1999 00 11 08
BATALLON 48 HEROES DE LAS TRINCHERAS
COMANDANTE
CT FUERZA DE COMANDO TERCERA BRIGADA 01 Nov 1997 31 Jul 1998 00 09 00
TAREA
ESCUELA DE ARMAS Y SERVICIOS
CT ALUMNO 13 Jun 1997 30 Oct 1997 00 04 17
ALUMNOS
COMANDANTE BATALLON DE CONTRAGUERRILLAS #
CT 02 Nov 1996 31 May 1997 00 06 29
DE COMPAÑÍA 40 HEROES DEL SANTUARIO
CT ALUMNO ESCUELA DE PARACAIDISMO MILITAR 03 Feb 1996 08 Mar 1996 00 01 05
COMANDANTE ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES
CT 16 Jul 1994 31 Dic 1996 02 05 15
DE COMPAÑÍA INOCENCIO CHINCA
COMANDANTE
DE BATALLON DE CONTRAGUERRILLAS #
TE 23 Dic 1992 31 Oct 1993 00 10 08
CONTRAGUERR 15 LIBERTADORES
ILLA
ALUMNO
ESCUELA DE ARMAS Y SERVICIOS
TE TENIENTE A 03 Jul 1992 22 Dic 1992 00 05 19
ALUMNOS
CAPITAN
COMANDANTE
TE DE DISTRITO DISTRITO MILITAR # 24 01 Nov 1990 01 Jul 1992 01 08 00
MILITAR
COMANDANTE BATALLON DE ARTILLERIA DE
TE 01 Dic 1989 31 Oct 1990 00 11 00
DE BATERIA DEFENSA AEREA # 2 NUEVA GRANADA
ST ALUMNO ESCUELA DE LANCEROS ALUMNOS 16 Ene 1989 26 Mar 1989 00 02 10
ST ALUMNO ESCUELA DE LANCEROS ALUMNOS 15 Jul 1988 05 Sep 1988 00 01 20
COMANDANTE BATALLON DE A.S.P.C. # 8 CACIQUE
ST 01 Ene 1987 15 Ago 1988 01 07 14
DE PELOTON CALARCA
[…]»
63.4. Tuvo los siguientes ascensos29:
« […]
Grado Fecha Ubicación Clase No. Fecha
Ascenso Escalafón
BRIGADIER 01 Dic 2014 16 DECTO 2192 29 Oct
GENERAL 2014
CORONEL 05 Dic 2008 10 DECTO 4513 28 Nov
2008
TENIENTE 03 Dic 2003 20 DECTO 3444 28 Nov
CORONEL 2003
MAYOR 03 Dic 1998 66 DECTO 2415 30 Nov
1998
CAPITAN 02 Dic 1993 DECTO 2356 25 Nov
29Samai, índice 27, «12_RECIBEMEMORIALES_EXTRACTOHOJADEVID»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00126-01 (2221-2025)
Demandante: Jorge Horacio Romero Pinzón
1993
TENIENTE 01 Dic 1989 DECTO 2720 24 Nov
1989
SUBTENIENTE 01 Dic 1986 DECTO 3554 01 Dic 1986
ALFEREZ 28 Nov RES-MDN 6516 27 Nov
1985 1985
CADETE 16 Mar RES-MDN 126 22 Mar
1984 1984
[…]»
63.5. Mediante el Decreto 1254 del 16 de julio de 2019 se retiró del servicio activo
de las Fuerzas Militares al oficial Brigadier General Jorge Horacio Romero Pinzón,
del cual se extrae lo siguiente:
«Que el personal de oficiales de las Fuerzas Militares, en especial el personal de oficiales
de Grado General y de Insignia, cumplen además de un rol militar, un rol profesional,
que significa un ámbito más especializado y, al mismo tiempo, subordinado, lo que en
últimas apunta al ejercicio de funciones de alcance gerencial con un alto grado de
incidencia en materia operacional, generando un trasfondo con sus actuaciones
administrativas en la legitimidad social de la Institución.
Que en este orden de ideas, la permanencia del personal uniformado de las Fuerzas
Militares en los más altos grados, como lo son, los grados de oficiales generales y de
insignia, no depende solamente de una hoja de vida en donde no se advierta la existencia
de antecedentes penales o disciplinarios en contra, ni de la revisión de conceptos
obtenidos con anterioridad al retiro en su desempeño, por la sencilla razón que a los
oficiales clasificados en esta categoría de generales, se les excluye expresamente de
las normas de evaluación y clasificación, artículo 1 del Decreto Ley 1799 de 2000, en
virtud al grado de confianza que debe existir entre el Comandante Supremo de las
Fuerzas Militares quien dirige y dispone de ellas, directamente o por conducto del
Ministro de Defensa Nacional.
Que es esta la razón para que la relación entre el personal de oficiales de las Fuerzas
Militares en la jerarquía de oficiales generales y de insignia, y el Estado, exista una
relación especial de sujeción, aún mucho más exigente que para el resto de servidores
públicos, dado el mayor grado de confianza que debe existir para con quienes
desempeñan funciones desde un rol militar y otro profesional, subordinadas en todo caso
a decisiones políticas que además de estar siempre orientadas al cumplimiento de los
fines del Estado, buscan igualmente generar como se indicó una necesaria legitimación
social; una hipótesis contraria, deteriora el campo de acción de las decisiones de política
militar y defensa nacional.
[…]
Que para el ejercicio de la facultad de llamamiento a calificar servicios, según el estatuto
especial de carrera, se requiere que el servidor público uniformado cumpla con los
requisitos para tener derecho a una asignación de retiro, circunstancia que se encuentra
acreditada en el caso particular del Señor Brigadier General JORGE HORACIO
ROMERO PINZON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.414.201, que tiene
más de treinta y cuatro (34) años de servicio.
Que en criterio del Gobierno Nacional, apoyado en el mando Institucional, se considera
necesario ejercer la facultad de llamamiento a calificar servicios, respecto del citado
señor oficial, quien pertenece a la jerarquía de Oficiales Generales y de Insignia; de
quienes, si bien, como ya se precisó, el estatuto especial de evaluación y clasificación
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no permite su aplicación para esta jerarquía de oficiales, el retiro por esta facultad, está
soportado en la necesidad de legitimar las decisiones Institucionales del mando, sobre
la base de los argumentos expuestos anteriormente.» [se resalta]
63.6. Se aportó un informe de la revista Semana titulado «Las ovejas negras del
Ejército», sin fecha, la cual indicó que revelaban audios y videos, correspondientes
a las pruebas de las investigaciones que se adelantaban en la Fiscalía y la
Procuraduría en contra de generales del Ejército por hechos de presunta corrupción
como «pedir dinero a los ciudadanos para la expedición de salvoconductos para el porte
de armas»30.
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Caso concreto
64. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda con fundamento en que el acto acusado no se refirió a un motivo diferente
al de llamamiento a calificar servicios al brigadier general Jorge Horacio Romero
Pinzón, facultad discrecional con la que contaba el gobierno al evidenciarse que
tenía el tiempo necesario para acceder a la asignación de retiro. Además, los
hechos señalados por el demandante como los motivos para retirarlo del servicio
que dañaban su «buen nombre», no se evidenciaron como sustento en el acto
demandado y no se probó que fue por ello la razón de su retiro, por lo que no
prosperó el cargo de falsa motivación del acto.
65. En cuanto a la violación al debido proceso, se encontró que no había
argumentación que permitiera discusión, pues el acto demandado solo se fundó en
la discrecionalidad que se le permitía a la institución y el cumplimiento del requisito
de tener el tiempo suficiente para obtener la asignación de retiro del demandante.
66. No se desvirtuaron las razones objetivas del acto demandado y tampoco se
acreditó que los presuntos actos ilegales publicados en el medio de comunicación
fueran el origen de su retiro y en caso de que los hubiese demostrado tampoco los
desvirtuó, razón por la cual no se encontró configurada la desviación de poder
alegada.
67. El demandante apeló la anterior decisión, al considerar que el a quo valoró de
forma incorrecta el contenido del acto demandado, comoquiera que su expedición
se había fundamentado en los «infundados cuestionamientos de la Revista Semana» y
no en «legitimar las decisiones institucionales del mando y la legitimación social de la
Institución», como lo señaló en este, y tampoco lo hizo para la renovación normal
dentro de una estructura piramidal del Ejército.
30 Cuaderno principal folios 59 a 74.
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68. La figura del llamamiento a calificar servicios se utilizó para reprochar la
conducta del oficial, razón por la cual su retiro debió tramitarse por la figura de la
facultad discrecional establecida en el artículo 104 del Decreto 1709 de 2000, el
cual exigía la elaboración de un informe que sustentara y consignara los elementos
en que se fundamentó para proceder a su retiro, permitiéndosele así ejercer su
derecho de defensa y contradicción.
69. El a quo se excedió en su competencia como juez de legalidad al considerar
que para poder acceder al reintegro del demandante debía acreditar que los hechos
de los que se le acusó en el informe periodístico habían sido el motivo del acto
demandado y que estos no eran ciertos.
70. En orden con lo anterior, es necesario recordar que según lo previsto en los
artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000 para el retiro del servicio por
llamamiento a calificar servicios de un oficial en grado de brigadier general como el
demandante solo se requiere que este se realice por decreto del gobierno y haber
cumplido con el requisito del tiempo de servicio para obtener el derecho a la
asignación de retiro, consistente en tener cumplido 15 años de servicio. No se
necesita concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las
Fuerzas Militares, por encontrarse exceptuado en la norma.
71. De conformidad con lo anterior y una vez analizado el acto demandado se
observa que el Ministerio de Defensa en ejercicio de su facultad discrecional acudió
a la figura del llamamiento para calificar servicios con el fin de retirar del servicio
activo al exbrigadier general, quien cumplía con más de 34 años de servicio, lo que
lo hacía beneficiario de la asignación de retiro.
72. Asimismo, se indicó en el acto en mención que la permanencia del personal
uniformado de los más altos grados en la Fuerzas Militares no dependía solamente
de tener una hoja de vida en la que se advirtieran antecedentes penales o
disciplinarios, o de la revisión de conceptos obtenidos con anterioridad al retiro
comoquiera que los oficiales de la categoría de general se encontraban
exceptuados de las normas de evaluación y clasificación de los oficiales de acuerdo
con el artículo 1 del Decreto 1799 del 2000.
73. Lo cual se acompasa con lo que ha sostenido esta subsección31, pues el hecho
de que se retire del servicio activo a un oficial o suboficial no significa que se está
desconociendo su trayectoria profesional, las felicitaciones, además de los
distintivos y condecoraciones que en este caso obtuvo el demandante; sin embargo,
estos por sí solos no desvirtúan la presunción de legalidad que ampara el acto
acusado. El buen desempeño y la idoneidad en el ejercicio de un empleo público se
exige de cualquier servidor estatal y, se repite, el llamamiento a calificar servicios
no comporta una sanción, sino un instrumento para relevar los mandos dentro de la
31 Sentencia del 20 de febrero de 2025. Expediente 25000-23-42-000-00294-01 (4106-2023).
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institución castrense cuando se cumpla con los requisitos para el reconocimiento de
la asignación de retiro.
74. Por otra parte, también se señaló en el acto administrativo demandado que el
retiro del exbrigadier estaba soportado en la necesidad de legitimar las decisiones
institucionales del mando. De ello no se puede establecer con certeza que la
decisión se haya tomado como un «reproche» o «sanción» por las presuntas
acusaciones que asevera se publicó en un informe de la revista Semana, por lo que
no se encuentra una relación de causalidad entre las presuntas conductas
irregulares de las que se le acusó y la decisión de retirarlo. Además, se debe
precisar que del material probatorio aportado no se evidenció fecha de la publicación
del informe antes señalado, como en efecto lo advirtió el tribunal.
75. Es necesario precisar que el acto administrativo de llamamiento a calificar
servicios, no tiene que ser motivado por la administración, pues se presume
expedido en aras del mejoramiento del servicio oficial, lo que quiere decir que no es
necesaria su motivación expresa, comoquiera que tal llamamiento comporta una
herramienta indispensable para la renovación de los cuadros de mando de la fuerza
pública, sin que eso implique una potestad arbitraria que esconda otras razones de
fondo diferentes de los requisitos legales para su configuración.
76. Además, tampoco podría entenderse que se trataba de una sanción, porque
como se evidencia en el contenido del decreto que dispuso el retiro este se ordenó
de forma temporal con pase a la reserva, lo que quería decir que en algún momento
podía ser llamado al servicio activo al pasar a la reserva.
77. Por lo tanto, si el demandante pretendía desvirtuar la legalidad del acto
administrativo acusado le correspondía demostrar que la motivación de aquel no se
ajustaba a los parámetros legales, que estaba viciado de desviación de poder, falsa
motivación o cualquier otra irregularidad.
78. En esa línea se ha dicho que «en el evento que se estime que el llamamiento a
calificar servicios se erige en una sanción, el interesado es quien tiene la carga de la prueba
de demostrar que su desvinculación no obedeció al relevo de los mandos y a que cumplió
el tiempo de servicios, sino a otras condiciones particulares que desconocen la finalidad de
dicha figura»32.
79. No tiene vocación de prosperidad el argumento del demandante consistente en
que se debió aplicar la causal de retiro discrecional contenida en el artículo 104 del
Decreto 1790 de 2000, toda vez que no se acreditó que existiera un concepto previo
del comité o junta asesora del Ministerio de Defensa relacionada con alguna
conducta del demandante que afectara el servicio o impidiera el cumplimiento de la
misión o función que le había sido asignada que diera lugar al retiro discrecional.
32 Sentencia del 19 de julio de 2019. Expediente 27001-23-33-000-2014-90002-01(0165-17).
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80. En lo relacionado con que el a quo desbordó la competencia que tenía como
juez de control de legalidad del acto acusado, al señalar que: «un oficial superior que
alega una excelente hoja de vida, debe demostrar que ella no se vio manchada por los
hechos que se le enrostraron en medios de comunicación, pues ni siquiera demostrando
que los móviles fueron los señalamientos, se podría ordenar el reintegro de alguien que no
los desvirtuó.»; al respecto, se encuentra que aquel fue uno de los argumentos por
los cuales el juez de primera instancia no accedió a la pretensión del reintegro, no
obstante, se considera que para desvirtuar la presunción de legalidad del acto
acusado debía acreditar que aquel se encontraba en alguna causal de nulidad y en
ese entendido no era necesario probar que no cometió las conductas ilícitas que se
le atribuyeron en los medios de comunicación, en todo caso, en tanto no se acreditó
causal de nulidad alguna, tampoco era procedente la solicitud de reintegro.
81. Así las cosas, la Sala encuentra que el demandante no logró demostrar el vicio
de nulidad por falsa motivación y desviación de poder, en la medida en que las
pruebas no permiten develar que el acto contenga motivaciones ocultas u otras
distintas de las que autorizan el Decreto 1790 de 200033, por lo que su presunción
de legalidad no fue desvirtuada.
2.6. Conclusión
82. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala confirmará la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A que negó las pretensiones de la demanda, en consideración a que no
se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, pues no
se acreditó que el retiro del servicio del exbrigadier general Jorge Horacio Romero
Pinzón se diera por razones distintas de mejorar el servicio y relevar la estructura
jerárquica de la institución.
2.7. Costas
83.La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
33«Por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares.»
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84. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
85. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma34.
86. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
87. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A el 16 de junio de 2025, por medio
de la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por Jorge Horacio
Romero Pinzón contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.
34En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KBV
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