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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00130-01

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00130-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Facatativá (Cundinamarca) del 21 de enero de 2013. 13 Radicación: 25000 23 42 000 2020 00130 01 (3252-2020) Demandante: UGPP Segundo. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00130-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

22 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 25000 23 42 000 2020 00130 01 (3252-2020)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Martha Helia Pinzón de Rojas

Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Reliquidación de pensión de jubilación
__________________________________________________________________

Cumplidas las etapas procesales previstas en los artículos 253, 254 y 255 del CPACA,
aplicables por remisión expresa del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Sala procede a
decidir de fondo la acción especial de revisión de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
la UGPP, por conducto de apoderado judicial, solicitó infirmar la sentencia del 21 de enero de
2013, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de
Facatativá (Cundinamarca), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
25269 33 31 001 2007 00254 00, mediante la cual ordenó reliquidar la pensión de jubilación
de la señora Martha Helia Pinzón de Rojas, con el 75 % del promedio de lo devengado durante
el último año de servicio, con la inclusión de todos los factores salariales por ella percibidos.

Como consecuencia de lo anterior, la entidad pidió reliquidar la mesada pensional de la
accionada conforme a las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-
427 de 2016, SU-210 de 2017, SU 395 de 2017, SU-631 de 2017 y a los Autos 326 de 2014

1 En adelante UGPP.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000 23 42 000 2020 00130 01 (3252-2020)
Demandante: UGPP

y 229 de 2017, todos emitidos por la Corte Constitucional, ajustando el ingreso base de
liquidación a las directrices fijadas en los artículos 21 o 36, numeral 3.º, de la Ley 100 de 1993,
con los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, debidamente cotizados.

1.1.2. Hechos

El apoderado de la recurrente señaló los siguientes:

i) El 26 de diciembre de 1943, nació la señora Martha Helia Pinzón de Rojas.

ii) Entre el 2 de noviembre de 1970 y el 30 de diciembre de 1998, la accionada prestó
sus servicios para el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
iii) El 11 de mayo de 1999, la UGPP expidió la Resolución 005370, por medio de la cual le
reconoció a la señora Pinzón de Rojas una pensión de vejez en cuantía de $ 293.298,16, a
partir del 1.° de enero de 1999.
iv) El 30 de septiembre de 2005, la mencionada entidad profirió la Resolución 30698,
mediante la cual revocó la Resolución 005370 del 11 de mayo de 1999 y, en su lugar, le
reconoció una pensión de vejez a la señora Martha Helia Pinzón de Rojas, en virtud del
artículo 34 (sic) de la Ley 100 de 1993, equivalente a $ 332.438,59, con efectos fiscales desde
el 2 de septiembre de 2000, por prescripción trienal.

v) El 28 de julio de 2006, la UGPP, a través de la Resolución 36235, resolvió un recurso
de reposición interpuesto contra el acto ficto o presunto derivado de la no respuesta a la
petición elevada el 23 de noviembre de 2005, y lo confirmó en su totalidad.
vi) El 21 de enero de 2013, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del
Circuito de Facatativá emitió fallo de primera instancia, en el que declaró la nulidad de los
actos administrativos enunciados en el numeral que antecede.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Facatativá (Cundinamarca) expidió
el fallo del 21 de enero de 2013, a través de la cual ordenó la reliquidación de la pensión de
vejez de la señora Martha Helia Pinzón de Rojas, con el 75 % del promedio de todos los
factores salariales percibidos durante el último año de servicios, tales como: el sueldo básico,
el incremento por antigüedad, los auxilios de alimentación y de transporte, la bonificación por
servicios, y las primas de servicios y de navidad.

Para tal efecto, el a quo aplicó la tesis jurisprudencial establecida en la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,

2

Radicación: 25000 23 42 000 2020 00130 01 (3252-2020)
Demandante: UGPP

en el expediente 25000 23 25 000 2006 07509 01(0112-09), con ponencia del magistrado
Víctor Hernando Alvarado Ardila, habida cuenta de que la señora Pinzón de Rojas es
beneficiaria de la transición fijada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1.2. Las causales de revisión invocadas

El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los siguientes argumentos:

i) El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte Constitucional
sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se desconoció el derecho
al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad
consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 –inciso 2.º– y 124 de la Constitución
Política.

ii) En el expediente se acreditó que la señora Martha Helia Pinzón de Rojas era beneficiaria
del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende, el
régimen pensional aplicable es el dispuesto en la Ley 33 de 1985, de conformidad con el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En este sentido, conforme al inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las prerrogativas
de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por estas les asiste el
derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que
tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto
de la prestación.
Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación, la norma aplicable es la Ley 100
de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación
de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será
el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante
todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC,
según certificación del DANE. En igual sentido, lo ha señalado la Corte Constitucional en las
Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de
2017, SU-395 de 2017, y SU-631 de 2017, las cuales constituyen precedente obligatorio.

iii) El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la
prestación que percibe la demandada, comoquiera que, se insiste, ella adquirió el estatus
jurídico de pensionada en vigencia de la citada norma.

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Radicación: 25000 23 42 000 2020 00130 01 (3252-2020)
Demandante: UGPP

iv) En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la pensión devengada por la señora
Martha Helia Pinzón de Rojas se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial
para tal fin, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión2

La señora Martha Helia Pinzón de Rojas, por conducto de apoderado, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la acción especial de la referencia, bajo el siguiente
sustento:

i) No existió violación del debido proceso, ya que la sentencia se profirió conforme a la
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado sobre la materia, aplicable para ese momento.

ii) Así mismo, para la fecha en que se emitió el fallo impugnado, no se habían expedido
las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, por parte de la Corte Constitucional.

iii) No es aplicable al caso concreto la tesis de la Sentencia de Unificación del 28 de agosto
de 2018, pues allí quedó claro que no es aplicable a los casos que hayan hecho tránsito a
cosa juzgada.

1.4. Concepto del Ministerio Público

El procurador delegado ante la Sección Segunda del Consejo de Estado no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión prevista en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra las providencias judiciales «que hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a
solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación».3

2 Índice 11 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado.
3 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también reconoció a la

UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

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Radicación: 25000 23 42 000 2020 00130 01 (3252-2020)
Demandante: UGPP

Así mismo, es oportuno señalar que, de conformidad a los artículos 6.º –numeral 6– del
Decreto 575 de 2013 y 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la
interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o
asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016.

De igual modo, y a pesar de que la providencia objeto de revisión fue proferida por un juzgado
administrativo, se advierte que la acción especial de revisión que hoy ocupa la atención de la
Sala se interpuso con anterioridad a la expedición de la Ley 2080 de 2021,4 por lo tanto, es
dable concluir, tal y como se indicó en el auto admisorio del 12 de agosto de 2021,5 que la
competencia para su resolución recae de manera exclusiva en el Consejo de Estado.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5)
años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto
de revisión quedó en firme el 1.° de febrero de 20136 y la acción especial de revisión se
interpuso el 8 de junio de 2018,7 por lo que es dable concluir que se radicó dentro del término
establecido en la ley.

2.4. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del 21 de enero de 2013, proferida por el Juzgado
Primero Administrativo de Descongestión de Facatativá (Cundinamarca), dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 25269 33 31 001 2007 00254 00, está inmersa en
las causales contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que
permite acudir a la acción especial de revisión «[c]uando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso», y «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

4 Sobre este punto, conviene indicar que el artículo 68 de la Ley 2080 de 2021 adicionó el artículo 249 del CPACA,

en el sentido de establecer que las reglas de competencia allí establecidas también aplican para conocer de las
solicitudes de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, reguladas en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Por tal motivo, y a partir del 25 de enero de 2022 (en atención del artículo 86 de la mencionada
Ley 2080), las acciones de revisión incoadas contra las providencias emitidas por los juzgados administrativos
deberán ser resultas por los tribunales administrativos, y no por el Consejo de Estado.
5 Folios 285 al 289

del expediente.
6 Folio 205 del expediente.

7 Folio 281, revés, del expediente de la acción especial de revisión.

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Radicación: 25000 23 42 000 2020 00130 01 (3252-2020)
Demandante: UGPP

2.5. Marco normativo

2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece la posibilidad de que el Consejo de Estado y la
Corte Suprema de Justicia, según sus competencias, revisen las providencias judiciales que
hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. Así mismo, dicho mecanismo procederá cuando la mesada
pensional se haya otorgado como resultado de una transacción o conciliación.

Por su parte, en cuanto a las entidades legitimadas para su interposición, la precitada norma
establece que la acción especial estará a cargo del Gobierno nacional (a través de los
Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público), del contralor general de la República
y del procurador general de la Nación. De igual modo, la Corte Constitucional, mediante la
Sentencia SU-427 de 2016,8 habilitó a las administradoras encargadas de reconocer
prestaciones periódicas para impetrarla.

A su turno, la mencionada disposición dispuso que la acción especial se adelantará conforme
a las normas que regulan el recurso extraordinario de revisión, que, para el caso de la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, está regulado en los artículos 248 y siguientes
del CPACA.

Ahora, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han establecido que la
referida acción presenta aspectos que lo particularizan del recurso extraordinario de revisión
propiamente dicho, por las siguientes razones:

i) Son susceptibles del recurso las sentencias ejecutoriadas que hayan reconocido una
prestación periódica a cargo de una administradora pública.9

ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno nacional –por conducto de los
Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público–, del contralor General de la República

8 En la mencionada sentencia se dijo lo siguiente: «(...) frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión

por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para
interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza
de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de
manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen
funcionamiento financiero».
9 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.

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Radicación: 25000 23 42 000 2020 00130 01 (3252-2020)
Demandante: UGPP

o del procurador General de la Nación y las administradoras públicas que conceden las
pensiones.10

iii) Respecto a su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate
probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo
ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su
legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la
liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira.11

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita analizar de nuevo
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel
(literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor
mayor al que corresponde, respectivamente.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las
normas que rigen la materia.12.

Por otra parte, vale advertir que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la
institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos
se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es
determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la
cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del CPACA en
la Sentencia C-450 de 2015, en la que reiteró13 que el recurso extraordinario de revisión,

10 Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 4, sentencia

del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2

de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
13 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter

absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha
consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada
en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En
este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines
esenciales del Estado».

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Radicación: 25000 23 42 000 2020 00130 01 (3252-2020)
Demandante: UGPP

previsto en la mayoría de las áreas del derecho,14 procede contra sentencias ejecutoriadas
«buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una
excepción al principio general de la cosa juzgada».

Con referencia a las causales de procedencia, el aludido artículo 20 de la Ley 797 de 2003
prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas en dos eventos
en específico: el primero, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido
proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención. No obstante, lo anterior no es óbice para que las
entidades legitimadas también invoquen las causales taxativas que trae el artículo 250 del
CPACA.

Pese a ello, para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas,
corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el
recurrente encuadren en las causales taxativamente previstas por el Legislador, sin que sea
posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias de las
instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso, sino que,
efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido irregularmente otorgada o no
corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.

2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte que en relación con la
causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es,
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», es necesario
que se exponga la vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo
componen.

Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de Decisión15
precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, el
derecho fundamental alegado comprende los siguientes tres elementos: «i) El derecho al juez
natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio

14 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se

encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia
laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv)
En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el
artículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia
contencioso-administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
15 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15

000 2018 01884 00.

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Radicación: 25000 23 42 000 2020 00130 01 (3252-2020)
Demandante: UGPP

o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la
actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde
luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones,
el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la
garantía de non bis in idem.»

Sin embargo, se observa que lo planteado por la entidad recurrente es que la sentencia objeto
de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que sus argumentos se dirigen
a cuestionar el período y los factores tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación,
sin hacer manifestación alguna en relación con la vulneración de las garantías anteriormente
mencionadas. En ese sentido, la Sala efectuará el estudio de aquel planteamiento bajo la
causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Bajo este sentido, la inconformidad de la UGPP consiste en sostener que la sentencia del 21
de enero de 2013, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de
Facatativá (Cundinamarca) incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, en tanto ordenó la reliquidación de la pensión de vejez que percibe
la señora Martha Helia Pinzón de Rojas, teniendo en cuenta el 75 % del promedio de lo
devengado en el año inmediatamente anterior al retiro del servicio, con la inclusión de todos
los factores salariales percibidos en dicho período.

Con ello, en su concepto, se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las
Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de
2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, a partir de las cuales se determinó que para los
beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el
ingreso base de liquidación aplicable es el contenido en el inciso 3.° de dicha norma o en el
artículo 21 ibidem.

Pues bien, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub lite, la Sala
encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión, con base en las
siguientes razones:

En primer lugar, la Sala debe precisar que el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión de Facatativá (Cundinamarca), con sustento en la sentencia del 4 de agosto

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Radicación: 25000 23 42 000 2020 00130 01 (3252-2020)
Demandante: UGPP

de 201016 –emitida por la Sección Segunda de esta corporación–, entendió que la expresión
«monto», contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comprendía «todas las sumas
que habitual y periódicamente reciba el empleado como retribución de sus servicios» en el
último año.

Concretamente, en la referida providencia de unificación, esta colegiatura concluyó lo
siguiente:17

[L]a Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año
de prestación de servicios.

En la misma sentencia se reiteró que el monto de la pensión hace referencia a la tasa de
remplazo o porcentaje de la cuantía pensional y al periodo de liquidación previsto en el
régimen anterior, es decir, el 75 % del promedio de lo devengado en el último año de servicio.

En segundo lugar, tal como lo advierte la entidad recurrente, durante cierto período, el Consejo
de Estado y la Corte Constitucional desarrollaron interpretaciones disímiles respecto del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL aplicable a las personas beneficiarias del
régimen de transición allí previsto.

Sobre el particular, y tal como se expuso en precedencia, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
expediente: 52001 23 33 000 2012 00143 01,18 dio unidad a la jurisprudencia de esta
corporación en torno a la integración del ingreso base de liquidación de las pensiones
reconocidas bajo el régimen de transición (inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993),
para concluir que este solo puede estar constituido por aquellos factores sobre los que se
hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones. De esta manera, la
Sección Segunda ajustó su postura con la establecida por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013.

No obstante, en dicha sentencia se estableció que, con la nueva postura jurisprudencial, no
había lugar a entenderse que «las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 4 de

agosto de 2010, expediente 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-2009).
17 Ibidem.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de 2018,

expediente: 52001 23 33 000 2012 00143 01.

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Radicación: 25000 23 42 000 2020 00130 01 (3252-2020)
Demandante: UGPP

Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se
llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya
reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad
o no de la causal invocada».19

Por tal motivo, las providencias que realizaron interpretaciones sobre el IBL de las pensiones
reconocidas bajo el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, antes de la
expedición de la citada sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, son decisiones
razonables, sustentadas en el principio de autonomía judicial, que en su momento
unificaron las diferentes tesis tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional.

En este orden de ideas, y con relación al caso sub judice, al efectuar el respectivo análisis de
las pruebas, se videncia que en la sentencia objeto de impugnación, por la cual se ordenó la
reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Martha Helia Pinzón de Rojas, y sobre
la cual hay cosa juzgada: el a quo aplicó de manera integral la Ley 33 de 1985 y dispuso el
reajuste de su mesada con una tasa de reemplazo del 75 % y la inclusión de todos los factores
salariales que percibió en el último año de servicio, toda vez que era beneficiaria del régimen
de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En otras palabras, el juzgado
de primera instancia aplicó el precedente jurisprudencial vigente para la época en la que se
expidió la providencia censurada, es decir, la consagrada en la sentencia del 4 de agosto de
2010.

Por otro lado, cabe advertir que los factores cuya inclusión se ordenó fueron devengados por
la señora Pinzón de Rojas, tal como lo certificó el coordinador de registro y nómina del ICA.20
Allí se observa que, en el lapso comprendido entre el 1.° de enero y el 30 de diciembre de
1998, la demandante percibió los siguientes emolumentos: sueldo básico, incremento por
antigüedad, auxilios de alimentación y de transporte, bonificación por servicios prestados, y
las primas de servicios y navidad.

No obstante, si bien la UGPP manifestó que para calcular el IBL de la pensionada debieron
atenderse las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la
inclusión de los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, y en armonía con la
jurisprudencia que la Corte Constitucional ha desarrollado sobre el tema; lo cierto es que no

19 Ibidem.
20 Folio 7 del expediente 2007-00254-00, que reposa en el índice 27 del aplicativo SAMAI.

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Radicación: 25000 23 42 000 2020 00130 01 (3252-2020)
Demandante: UGPP

expuso ningún reparo frente a algún emolumento en particular, por lo que la Subsección,
siguiendo el criterio de anteriores decisiones,21 contraerá su análisis a ello.

Así las cosas, examinada la decisión objeto de revisión, se advierte que en lo atinente a la
inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación, la sentencia del juzgado
halló fundamento en la jurisprudencia de esta colegiatura, vigente para la época, esto es, la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23 25 000 2006 07509
01 (0112-2009), con ponencia del magistrado Víctor Hernando Alvarado Ardila.

Por lo anterior, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Facatativá
(Cundinamarca), en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial, valoró las pruebas
allegadas junto con la normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger el
criterio judicial imperante para la época de su expedición, según el cual en el IBL se
deberán incluir todos los factores percibidos durante el último año de servicio.

Dicho de otro modo, la sentencia del 21 de enero de 2013 no fue caprichosa al momento de
definir el ingreso base de liquidación aplicable a la pensión de jubilación reconocida a la
demandada como beneficiaria del régimen de transición previsto en el tantas veces citado
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino que fue respetuosa de la tesis jurisprudencial que
había decantado la Sección Segunda del Consejo de Estado para la época.

Por otra parte, y respecto al presunto desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, establecida en las Sentencias C-258 del 7 de mayo de 2013, SU-230 de 2015,
SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, que invoca la UGPP,
estas no son aplicables porque fueron proferidas con posterioridad a la providencia recurrida
y, por lo tanto, no admiten su invocación como precedente jurisprudencial.

Finalmente, conviene reiterar que la Sala Plena del Consejo de Estado profirió sentencia de
unificación el 28 de agosto de 2018, en la que varió su posición frente al ingreso base de
cotización de los servidores del régimen general. Sin embargo, dicha providencia delimitó sus
efectos a los casos pendientes de solución en sede administrativa y judicial, por lo que
aquellos respecto de los cuales hubiera operado la cosa juzgada, resultarían inmodificables.
Por consiguiente, la tesis allí contenida no puede extenderse al presente asunto, pues la
decisión que se revisa se ajustó al criterio vigente para la época.

21 Al respecto, véase la sentencia del 12 de agosto de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 00914 00

(3158-2018); C.P. William Hernández Gómez.

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Radicación: 25000 23 42 000 2020 00130 01 (3252-2020)
Demandante: UGPP

Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión interpuesta por
la UGPP, al no haberse configurado las causales consagradas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, ya que, por un lado, aquella entidad no hizo alusión a la
vulneración de las garantías propias del derecho al debido proceso, razón por la cual se
abordó el estudio respecto al literal b) y por el otro, como quedó visto, la sentencia
cuestionada se profirió bajo los parámetros de las normas aplicables y la jurisprudencia del
Consejo de Estado que estaba en vigor para el momento de su expedición, y, por ende, no
excedió lo debido de acuerdo con la ley.

3. De la condena en costas

Con fundamento en el inciso 2.° del artículo 188 del CPACA, en el presente caso, los sujetos
procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que contaban con suficiente respaldo
legal y jurisprudencial para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses, por lo que
esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.

4. Conclusión

Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en
los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio, y en el acervo probatorio,
la Sala concluye que la presente acción de revisión debe ser declarada infundada, debido a
que no se acreditó la configuración de las causales descritas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por las
causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la
sentencia del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Facatativá
(Cundinamarca) del 21 de enero de 2013.

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Radicación: 25000 23 42 000 2020 00130 01 (3252-2020)
Demandante: UGPP

Segundo. Sin condena en costas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
DLAR

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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