Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00141-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00141-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00141-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de marzo de 2025
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00141-01 (4159-2021)
Demandante: Hernando Alfredo Espejo Casas
Demandado: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00141-01 (4159-2021)
Demandante: Hernando Alfredo Espejo Casas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Pensión gracia. Subtema 1. Tiempo de servicio como docente nacional.
Subtema 2. Requisito de buena conducta para el reconocimiento de la pensión;
valoración en casos de abandono del cargo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 10 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Hernando Alfredo Espejo Casas solicitó la nulidad de los actos administrativos
expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), que le negaron
el reconocimiento de una pensión gracia al considerar que no acreditó el requisito de
buena conducta, debido a que durante su relación laboral fue declarado insubsistente
por abandono del cargo. Como fundamento de la demanda alegó que, a partir de la
anterior circunstancia, que constituyó un hecho aislado, no puede concluirse para
efectos pensionales, que no cumplió el mencionado requisito, según lo ha indicado la
Sección Segunda del Consejo de Estado en casos similares.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1
1. Por medio de escrito presentado el 29 de octubre de 2019, Hernando Alfredo
Espejo Casas, por conducto de apoderado, instauró demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la UGPP, de acuerdo
1 Samai, índice 2, documento «ED_DDAANEXOS_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 2», folios
4-20.
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Demandante: Hernando Alfredo Espejo Casas
Demandado: UGPP
con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan.
2.1.1. Pretensiones
2. El demandante solicitó la nulidad de las resoluciones RDP 010406 del 29 de
marzo de 2019 y RDP 016728 del 31 de mayo de 2019, proferidas por la UGPP,
mediante las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad
demandada a reconocerle y pagarle una pensión gracia a partir del momento en que
cumplió 20 años de servicio y 50 de edad, con las mesadas reajustadas y el pago de
los intereses moratorios causados.
4. También pidió que la sentencia se cumpla según los artículos 192 y 195 del
CPACA.
2.1.2. Hechos
5. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, expuso que se desempeñó
como docente nacionalizado en el Departamento de Boyacá (sic)2 en dos periodos: (i)
del 3 de junio de 1972 al 14 de diciembre de 1972 y (ii) del 23 de marzo de 1988 al 13
de octubre de 2016, acumulando un tiempo total de servicio de 28 años, 11 meses y 4
días.
6. Señaló que nació el 3 de octubre de 1951, cumplió 50 años el 3 de octubre de
2001, y el 10 de septiembre de 2007 adquirió el estatus pensional, al cumplir los
requisitos legalmente previstos para el reconocimiento de la pensión gracia.
7. Narró que le solicitó a la UGPP el reconocimiento de la anterior prestación el 26
de diciembre de 2018, que fue negada mediante la Resolución RDP 010406 del 29 de
marzo de 2019, bajo el argumento de haber sido declarado insubsistente por no
presentarse a laborar al vencimiento de una licencia, según el Decreto 01153 del 14
de diciembre de 1972 del gobernador de Boyacá.
8. Indicó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto desfavorablemente por la segunda de las resoluciones cuya nulidad se
solicita, en la que se insistió que no se acreditó el requisito de la buena conducta para
el reconocimiento de la pensión gracia.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
9. En la demanda se citaron como normas vulneradas las siguientes:
• De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 28, 46, 48, 53,
58, 288 y 336.
• De la Ley 114 de 1913, el artículo 1.
2 Como se expondrá en esta providencia, el demandante se desempeñó como docente del
Departamento de Boyacá, pero también de Bogotá y Soacha.
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• De la Ley 116 de 1928, el artículo 6.
• De la Ley 37 de 1933, el artículo 3.
• Del Decreto 991 de 1974, los artículos 81 y 171.
• La Ley 43 de 1975.
• Decreto 081 de 1976.
• Del Decreto Ley 2277 de 1979, los artículos 3, 4 y 47.
• De la Ley 91 de 1989, los artículos 1 (inciso 3°) y 15 (numeral 2, literal a).
• De la Ley 115 de 1994, el artículo 115.
• De la Ley 715 de 2001, el artículo 9.
10. Centró su argumentación en explicar que la simple inasistencia al trabajo no
puede considerarse como causal suficiente para negar la pensión gracia. Argumentó
que si bien es cierto el artículo 46 del Decreto 2277 de 1979 indica que el abandono
del cargo es una causal de mala conducta, no puede concluirse en todos los casos,
que cuando se incurrió en esta, de manera automática debe negarse el reconocimiento
de la señalada pensión.
11. Para tal efecto, citó algunos pronunciamientos judiciales3, a fin de resaltar que
no es equitativo que un docente que ha demostrado que durante un lapso mayor al
exigido para adquirir su derecho pensional y que ha observado buena conducta, se le
tome en cuenta solo un hecho desfavorable para negarle la prestación.
12. Bajo esa perspectiva, indicó que el señor Espejo Casas durante su vinculación
laboral tuvo buena conducta; que en su momento asumió las consecuencias de no
haberse presentado a trabajar luego de una licencia; y que la decisión de declararlo
insubsistente por la anterior circunstancia no fue producto de un proceso disciplinario.
2.2. Contestación de la demanda4
13. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que las
resoluciones acusadas se encuentran ajustadas al ordenamiento jurídico, en la medida
que la pensión gracia no podía concederse porque el demandante no cumplió con el
requisito de buena conducta, pues «fue declarado Insubsistente por no presentarse a
laborar al vencimiento de la licencia, según Decreto 01153 de 12/14/1972».
Subsidiariamente solicitó que se declare la prescripción respecto de las eventuales
prestaciones que se le ordene cancelar.
14. En ese orden de ideas, sostuvo que la decisión de negar la pensión gracia
significó el desconocimiento de las normas invocadas, toda vez que el demandante
cumple con todos los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para el
reconocimiento de aquella.
3 Por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de julio de 2004,
M.P. Jesús María Lemus Bustamante, Rad. 73001233100020010201301. Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, fallo del 26 de junio de 2012, M.P. Luceny Rojas
Conde, Rad. 1100133310072009000602.
4 Expediente digital, Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Carpeta cuaderno principal.
Documento «8_ED_06.Contestacion.pdf».
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2.3. Sentencia de primera instancia5
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
profirió sentencia el 10 de junio de 2021, en la que declaró la nulidad de las
resoluciones acusadas y le ordenó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión
gracia en favor del demandante, a partir del 10 de mayo de 2007, en cuantía del 75%
del promedio de lo devengado entre el 10 de mayo de 2006 y el 9 de mayo de 2007,
aunque con efectos fiscales desde el 29 de octubre de 2016 por prescripción.
Asimismo, ordenó la actualización de la condena en los términos del artículo 187
CPACA; autorizó a la demandada a realizar los descuentos correspondientes por
aportes a seguridad social en salud, a partir del 24 de octubre de 2011; y no condenó
en costas a la parte vencida. En sustento del reconocimiento pensional argumentó lo
siguiente:
16. Luego de realizar un recuento normativo y jurisprudencial sobre la pensión
gracia y los requisitos para su reconocimiento, encontró probado que el señor Espejo
Casas inició su trayectoria como docente territorial el 3 de junio de 1972 mediante
nombramiento del gobernador de Boyacá, vínculo que mantuvo hasta el 30 de octubre
del mismo año; continuó con varios períodos, en interinidad, en la Secretaría de
Educación de Bogotá, durante los años 1975, 1982 a 1984; y culminó como
coordinador en la Secretaría de Educación de Soacha, entidad en la que estuvo del 23
de marzo de 1988 al 13 de octubre de 2016.
17. La corporación destacó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado
(sentencia del 26 de noviembre de 2018, Rad. 25000-23-42-000-2015-02392-01), los
períodos servidos en interinidad son válidos para efectos de la pensión gracia, pues
constituyen una forma legítima de vinculación cuando la administración no puede
contar con docentes de carrera. Lo verdaderamente relevante, señaló el Tribunal, es
que el vínculo sea de carácter territorial o nacionalizado, como efectivamente ocurrió
en este caso.
18. Un punto crucial en el análisis fue la declaratoria de insubsistencia del
demandante en 1972 por abandono del cargo. Al respecto, el Tribunal, siguiendo los
lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado6, consideró que este hecho
aislado no tenía la entidad suficiente para negar el derecho pensional, especialmente
porque no existió un procedimiento disciplinario, la conducta se produjo antes de la
vigencia del Decreto 2277 de 1979, no se demostró afectación grave al servicio
educativo, y el docente evidenció buena conducta durante el resto de su carrera.
19. Respecto a la declaratoria de insubsistencia del demandante en 1972 por
abandono del cargo, el Tribunal, siguiendo el precedente del Consejo de Estado 7,
5 Samai, índice 2, documento «ED_15FALLOPRI_15FALLO1RAINSTPD(.PDF) NroActua 2 ».
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de octubre de 2020, M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter, Rad. 25000-23-42-000-2017-04253-01(2165-19). Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 13 de agosto de 2018, Rad. 73001-23-33-000-2014-00645-01(4493-15). Consejo de
Estado, Sección Segunda, providencia del 6 de julio de 2017, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de octubre de 2020, M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter, Rad. 25000-23-42-000-2017-04253-01(2165-19). Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 13 de agosto de 2018, Rad. 73001-23-33-000-2014-00645-01(4493-15). Consejo de
Estado, Sección Segunda, providencia del 6 de julio de 2017, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas (no
precisó el radicado).
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consideró que este hecho aislado no tenía la entidad suficiente para negar el derecho
pensional. Para llegar a esta conclusión valoró que: «al revisar las pruebas que obran
en el proceso, no se encuentra que figuren al demandante anotaciones, suspensiones
o cualquier otra que evidencie mala conducta en su desempeño laboral o sanciones
disciplinarias en su contra»; no se demostró afectación grave al servicio educativo; y
el docente evidenció buena conducta durante el resto de su carrera, ascendiendo en
el escalafón, lo cual requería cumplir requisitos tanto académicos como
comportamentales.
20. Así, verificado el cumplimiento de los requisitos esenciales - vinculación
territorial anterior al 31 de diciembre de 1980, edad de 50 años cumplida en 2001 y
más de 20 años de servicio - el Tribunal concluyó que el demandante tenía derecho a
la pensión gracia. No obstante, declaró la prescripción de las mesadas causadas antes
del 29 de octubre de 2016, considerando que entre la primera solicitud (25 de junio de
2008) y la presentación de la demanda (29 de octubre de 2019) transcurrieron más de
tres años.
2.4. Recurso de apelación8
21. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes
descrita, para que en su lugar se revoque y se nieguen las pretensiones de la
demanda. Fundamentó su inconformidad con la decisión de primera instancia en las
siguientes razones:
22. En primer lugar, reiteró que la pensión gracia tuvo como finalidad compensar a
los docentes vinculados a entidades territoriales que carecían de recursos suficientes
para pagar salarios y prestaciones. Por ello, sostuvo que para acceder a esta
prestación se debe acreditar la calidad de docente territorial o nacionalizado, sin que
sea posible computar tiempos como docente nacional, y demostrar que el vínculo
laboral mediante nombramiento y posesión fue anterior al 31 de diciembre de 1980.
23. En segundo lugar, indicó que el demandante no cumple con el requisito de
buena conducta exigido por el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913. Para
sustentar esta afirmación, citó el artículo 46 literal j) del Decreto 2277 de 1979 que
establece como causal de mala conducta «el abandono del cargo», en concordancia
con el literal h) del artículo 44 del mismo estatuto, que exige «observar una conducta
pública acorde con el decoro y la dignidad del cargo».
24. Señaló que según el formato único para expedición de certificado de historia
laboral con consecutivo 4513 del 7 de diciembre de 2018 de la Secretaría de Educación
de Boyacá, el docente «fue declarado insubsistente por no presentarse a laborar al
vencimiento de la licencia, según Decreto 01153 de 12/14/1972», lo que en su criterio
configura la causal de mala conducta e impide predicar el cumplimiento del requisito
del numeral 4 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913.
8 Samai, índice 2, documento «ED_17RECAPEL_17RECURSOAPELACION(.PDF) NroActua 2».
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2.5. Trámite procesal en segunda instancia
25. Mediante providencia del 11 de mayo de 20239 se admitió el recurso de
apelación. Asimismo, conforme con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión, en tanto no fue necesario el decreto de pruebas.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
26. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
27. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, le
corresponde a la Sala definir si el demandante Hernando Alfredo Espejo Casas tiene
derecho al reconocimiento de una pensión gracia. Con tal propósito deberán
resolverse los siguientes interrogantes:
28. ¿El demandante acreditó 20 años de servicios en establecimientos educativos
con vinculación territorial o nacionalizada como sostuvo el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, o, por el contrario, el fallo de primera instancia de manera incorrecta
computó para el reconocimiento de la pensión experiencia laboral del orden nacional?
29. ¿Puede considerase que el señor Espejo Casas cumplió con la condición para
pensionarse de observar buena conducta en el ejercicio de sus funciones de docente,
aunque su historia laboral registra que en una oportunidad fue declarado insubsistente
por abandono del cargo?
30. Para resolver los interrogantes planteados se abordarán los siguientes tópicos:
(i) aspectos generales de la pensión gracia; (ii) valoración de la buena conducta como
requisito para adquirir la anterior prestación; (iii) hechos relevantes probados; y (iv)
caso concreto.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
31. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1 de la Ley 114
de 191310, beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que
hubieran servido en el magisterio por al menos 20 años.
9 Samai, índice 24.
10 Por la cual «[s]e crea[n] pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
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32. La Ley 116 de 192811 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la
inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
33. Posteriormente, la Ley 37 de 193312 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
34. Por su parte, la Ley 91 de 198913 en su artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
35.La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 de 29 de agosto de 199714, en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad (…) También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…).siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa
que inicialmente le asignó la ley.
11 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
12 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
13 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio»
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto
de 1997, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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36. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201815,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, tratándose
de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,
entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años
y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.
37. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan registrado una vinculación de manera continua o discontinua antes
del 31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional. Además,
para gozar de esta prestación debe acreditarse que el beneficiario desempeñó el servicio
docente con honradez, consagración y buena conducta, según lo indican los numerales
1 y 4 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913.
3.3.2. Valoración de la buena conducta como requisito de la pensión gracia
38. Frente al último de los requisitos señalados para el reconocimiento de la pensión
gracia, la Sección Segunda del Consejo de Estado16 ha establecido algunas pautas
para su adecuada valoración, en especial, en aquellos casos en los que se aduce su
incumplimiento, por ejemplo, porque el docente durante su trayectoria fue declarado
insubsistente por abandono del cargo, como ocurre en esta oportunidad.
39. Las señaladas pautas parten de destacar que la buena conducta corresponde
a un concepto jurídico indeterminado, de modo que, como lo ha indicado la Corte
Constitucional (sentencia C-371 de 200217), su contenido «no responde a una
apreciación discrecional del operador jurídico, sino que se encuadra dentro de los
parámetros de valor o de experiencia que han sido incorporados al ordenamiento
jurídico y de los cuales el operador jurídico no puede apartarse»; de manera tal que
«cuando está contenido en una ley, es un concepto jurídico, y que por consiguiente su
aplicación no refiere al operador a ámbitos meta-jurídicos como el de la moral, o extra-
jurídicos como el propio de ordenamientos religiosos o privados, cualquiera que sea
su naturaleza, sino que debe hacerse a la luz de los valores, los principios y las reglas
de derecho contenidas en el ordenamiento (…)».
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-
S2 de 21 de junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Actora: Gladys Amanda Hernández Triana.
16 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de octubre de
2020, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Rad. 25000-23-42-000-2017-04253-01 (2165-2019). Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de marzo de 2023, M.P. César Palomino
Cortés, Rad. 41001-23-33-000-2015-00932-01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
fallo del 22 de febrero de 2024, M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Rad. 25000-23-42-000-2015-05034-
01 (0326-2018). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, fallo del 9 mayo de 2024, M.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas, Rad. 05001 23 33 000 2013 00267 01 (2214-2015).
17 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
8
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00141-01 (4159-2021)
Demandante: Hernando Alfredo Espejo Casas
Demandado: UGPP
40. A luz de las anteriores advertencias, en el ámbito docente, se ha destacado
que el artículo 46 del Decreto 2277 de 197918 enuncia algunos hechos que constituyen
causales de mala conducta, entre los que se encuentra el abandono del cargo,
respecto del cual el artículo 47 del mismo estatuto indica que el nominador «sin
concepto previo de la respectiva Junta de Escalafón, presumirá el abandono de cargo
y podrá decretar la suspensión provisional del docente, mientras la Junta decide sobre
la sanción definitiva (…)».
41. Ahora bien, al valorar las causales de mala conducta enunciadas en las
anteriores normas, en el ámbito del reconocimiento de la pensión gracia, esta Sección
ha subrayado que debe tratarse de circunstancias «persistentes o habituales a lo largo
de la vinculación»19 laboral; o que habiendo ocurrido una sola vez, «tengan el impacto
de gravedad y afectación suficiente para perturbar negativamente las garantías del
ambiente escolar, y que, por tanto, pueda ser criterio exclusivo y justificado para la
pérdida de una prerrogativa como la pensión gracia»20, de la cual puede depender la
satisfacción de derechos fundamentales.
42. Desde la anterior perspectiva, jurisprudencialmente se han trazado algunas
condiciones para predicar el incumplimiento del requisito de la buena conducta a la
hora de analizar peticiones atinentes al reconocimiento de la referida prestación,
requisitos que tienen como propósito confirmar que se está ante circunstancias ciertas,
reiteradas y/o de significativa gravedad, debidamente comprobadas y en las que en la
respectiva declaración se garantizó el debido proceso; todo esto, en aras de que esté
justificada la decisión de negar el derecho pensional. Recientemente, dichas
condiciones fueron reiteradas en providencia del 22 de febrero de 2024 21 de la
siguiente manera:
Por su parte, el Consejo de Estado también22 ha desarrollado este concepto [buena
conducta], específicamente en casos como el particular, donde se discute el
cumplimiento o no de la exigencia en comento, en orden de acceder a la pensión gracia,
tal como se abordó en sentencia del 13 de agosto de 2018 en el siguiente sentido:
(…)
En oportunidad reciente, esta subsección estableció una serie de condiciones para la
configuración del incumplimiento del requisito consistente en haber observado buena
conducta para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia. Así se discurrió:
Incumplimiento del requisito consistente en haber observado buena conducta.
En primer lugar, para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia por el
incumplimiento del requisito de observar buena conducta (artículo 4, numeral 4, de la
Ley 114 de 1913), se requiere:
i) Que el proceder reprochable tenga ocurrencia durante el lapso en que el infractor se
encuentre al servicio oficial docente.
18 “Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, fallo del 22 de febrero de 2024, M.P. Jorge Iván
Duque Gutiérrez, Rad. 25000-23-42-000-2015-05034-01 (0326-2018).
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 13 de agosto de 2018. Radicado: 73001-23-33-000-2014-00645-01(4493-15).
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Demandado: UGPP
ii) Que el comportamiento inadecuado que se imputa esté descrito en el ordenamiento
como causal de mala conducta.
iii) Que en tal virtud, la autoridad competente adelante un procedimiento de carácter
administrativo que culmine necesariamente con una sanción disciplinaria23.
iv) Que no obstante la sanción impuesta, se debe hacer un análisis objetivo acerca de la
gravedad o levedad de la falta.
v) Que la infracción censurable no sea de aquellas que la jurisprudencia estima como un
«hecho aislado», esto es, que una sola conducta considerada aisladamente como
reprochable no puede tenerse en cuenta como impedimento para el reconocimiento de
la pensión gracia. Y
vi) Que la actuación objeto de reproche se haya reiterado en el tiempo o que, habiéndose
consumado en una sola ocasión, afecte gravemente otros derechos y libertades de la
comunidad educativa24.25 […]
43. En algunos casos a propósito de la valoración de los hechos que pueden
considerarse como causales de mala conducta según el artículo 46 del Decreto 2277
de 1979, se ha precisado que esta norma no resulta aplicable como parámetro de
validez respecto de asuntos anteriores a ella; circunstancia que puede tornarse
relevante, en atención a que solo con aquella, situaciones como el abandono del cargo
fueron incluidas dentro de las señaladas causales.
44. A manera de ejemplo, sobre la aplicación de los anteriores criterios, en especial,
(i) que el comportamiento reprochado haya sido objeto de sanción disciplinaria y (ii) la
debida aplicación del artículo 46 del Decreto 2277 de 1979, para prima facie considerar
que el abandono del cargo puede considerarse mala conducta en el ámbito del
reconocimiento de la pensión gracia, resultan ilustrativas las siguientes
consideraciones de la sentencia del 9 de marzo de 202326:
Sobre el particular, la Sala precisa que al proceso no se aportaron los actos
administrativos de declaratoria de insubsistencia, así como tampoco se evidencia que se
haya adelantado procedimiento administrativo sancionatorio relacionado con el
abandono del cargo.
En todo caso, en gracia de discusión, el Decreto 2277 de 1979, que incorporó el
abandono del cargo como causal de mala conducta en el estatuto docente, fue expedido
con posterioridad a la fecha en la que la señora Laura Torres de Burbano se había
23 Sobre este particular, se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección segunda, subsección B, sentencia de 1º de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-
2014-00105-01 (383-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
24 Frente a los numerales iv), v) y vi) se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 2 de marzo de 2017, radicación 68001-
23-31-000-2011-00406-01 (4555-2014); y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección segunda, subsección B, sentencia de 9 de marzo de 2017, radicación 52001-23-33-000-2012-
00044-01 (3982-2013); ambas con ponencias del consejero Carmelo Perdomo Cuéter.
25 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia
de 24 de marzo de 2017, radicación 08001-23-33-000-2013-00676-01 (1324-2015), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de marzo de 2023, M.P. César
Palomino Cortés, Rad. 41001-23-33-000-2015-00932-01
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retirado del servicio, por lo que mal podría el acto administrativo acusado tener sustento
en una norma que no se encontraba vigente para la fecha en que la causante se
desempeñó como docente, con el fin de hacer nugatorio el derecho pensional.
En este sentido, recuérdese que, previo a la expedición del Decreto 2277 de 1979, las
causales de mala conducta de los docentes se encontraban contempladas en los
Decretos 30 de 1948, 1135 de 1952 y luego en el Decreto 0128 de 1977.
(…)
En cuanto al abandono del cargo como causal de mala conducta, esta Subsección ha
precisado que debe analizarse cada caso en concreto para determinar si el hecho hace
nugatorio el derecho pensional. En particular, en sentencia del 8 de febrero de 2018, se
pronunció así27:
“Así las cosas, la Sala observa que el único antecedente censurable dentro del ejercicio
como docente de la señora Perea Rosero, se reduce a la sanción provisional en el
ejercicio del cargo, impuesta por el supuesto abandono de cargo ocurrido en los días 1
al 10 de febrero de 1982; sin embargo, si bien es cierto que la misma se encuentra
prevista por el Decreto 2277 de 1977 como una causal de mala conducta28, también lo
es, que no existe probanza en el expediente, que demuestre que la demandante haya
sido efectivamente sancionada disciplinariamente por esos hechos, lo anterior lo
corrobora el hecho que mediante Decreto 1459 del 27 de septiembre de 1982 (f. 23) le
fue levantada la suspensión provisional a partir del 10 de septiembre de 1982, con
antelación al cumplimiento del plazo impuesto, como tampoco que esta conducta haya
sido reiterada en el tiempo.
(…)
Sentado lo anterior, procede entonces la Sala a reiterar la línea jurisprudencia[l] que ha
sostenido esta Corporación, para concluir que el abandono de cargo como causal de
mala conducta, censurable en un determinado momento, no puede ser considerado
como motivo suficiente para negar el derecho a la pensión gracia, pues como se logró
comprobar en el plenario, la señora Perea Rosero a lo largo de más de 20 años de
servicio docente, no demostró conducta errada ni mucho menos reiterada.
Sin embargo, en el caso concreto, tal como lo advirtió el Tribunal Administrativo del Huila,
el abandono del cargo no estaba catalogado como una causal de mala conducta en las
normas vigentes al momento en que la causante se desempeñó como docente, en los
Decretos 30 de 1948, 1135 de 1952; y tampoco se observa que se hubiere iniciado un
procedimiento disciplinario.
Desde esa perspectiva, la Sala considera que la conducta desplegada por la docente, y
que es objeto de reproche en el presente caso, constituye un hecho aislado que carece
de la entidad suficiente para enervar el posible derecho que le asistía de gozar de la
pensión gracia reclamada29.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 8 de febrero de 2018, radicado 05001-23-33-000-2015-00933-01, con ponencia del
magistrado César Palomino Cortés.
28 Literal f) artículo 46 del Decreto 2277 de 1979.
29 En el mismo sentido, ver las sentencias proferidas por esta Subsección: Sentencia del 2 de octubre
de 2020, Expediente: 25000-23-42-000-2017-04253-01 (2165-2019), con ponencia del magistrado
Carmelo Perdomo Cuéter; sentencia del 3 de mayo de 2018, expediente 41001-23-31-000-2011-00565-
01 (2135-2016), con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.
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Demandante: Hernando Alfredo Espejo Casas
Demandado: UGPP
3.4. Hechos probados
45. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se evidencia lo
siguiente:
• Edad
46. Para efectos del reconocimiento del derecho pensional reclamado se requiere,
en primer lugar, haber cumplido 50 años. En el caso concreto, Hernando Alfredo
Espejo Casas nació el 3 de octubre de 1951, en consecuencia, acreditó la edad de 50
años el 3 de octubre de 200130.
• Tiempo de servicios
47. Con el material probatorio documental incorporado al proceso, se tiene que el
demandante prestó los siguientes servicios como docente:
48. Según certificado de historia laboral 4513 del 7 de diciembre de 201831,
expedido por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, el señor Espejo
Casas se desempeñó como docente, con vinculación departamental, en las
siguientes instituciones y periodos:
Plantel educativo Desde Hasta Tiempo en días,
meses y años
certificado
IRD Chinguichanga – 3 de junio de 1972 17 de julio 1972 15 días y 1 mes
Ráquira
ESC Torres De San Pedro 18 de julio de 1972 30 de septiembre de 13 días y 2 meses
Ráquira 1972
ESC Torres De San Pedro 31 de octubre de 1792 14 de diciembre de 1972 15 días y 1 mes
Ráquira
Tiempo total 12 días y 5 meses
49. Según el señalado certificado, durante la permanencia del demandante en la
segunda de las instituciones educativas, le fue concedida una licencia del 1 al 30 de
octubre de 1972. Asimismo, este documento da cuenta que el vínculo laboral con el
departamento de Boyacá finalizó porque «(e)l docente fue declarado insubsistente por
no presentarse a laborar al vencimiento de la licencia, según Decreto 01153 de
12/14/1972» suscrito por el gobernador y el secretario de educación del departamento,
que fue aportado con la demanda32 y que sobre el particular solo señala lo siguiente:
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO
en uso de sus facultades legales
Decreta:
30 De acuerdo con la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento visibles en:
201800504174222-2.pdf. y 201800504174222-2.pdf. del archivo ZIP 6754909, contenido en el índice 2
del expediente digital, documento «ED_7ANTECADMI_07ENVIEXPEDIENTESAD(.ZIP) NroActua 2».
31 Folios 31-32 del expediente físico.
32 Folio 36 del expediente físico.
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Demandante: Hernando Alfredo Espejo Casas
Demandado: UGPP
ARTÍCULO PRIMERO.- Declárase insubsistente el siguiente nombramiento.
HERNANDO ESPEJO CASAS.- 2ª NS. Del cargo de Director de la R.D. TORRES, en el
Municipio de Ráquira, por no haberse presentado a ejercer el cargo al término de la
Licencia por motivos particulares.
50. Luego de la vinculación con el departamento de Boyacá, se evidencia que el
demandante trabajó como «docente interino» para el distrito capital, según la
certificación del 19 de mayo de 2008 de la Dirección de Recursos Humanos de la
Secretaría de Educación de Bogotá33, que da cuenta de los siguientes periodos:
Desde Hasta
20 de octubre de 1975 30 de noviembre de 1975
2 de noviembre de 1982 26 de noviembre de 1982
1 de septiembre de 1983 26 de octubre de 1983
26 de agosto de 1984 11 de octubre de 1984
51. Finalmente, se tiene que el demandante trabajó en la Institución Educativa San
Mateo del municipio de Soacha (Cundinamarca), del 23 de marzo de 1988 al 13 de
octubre de 2016, según la certificación de la Secretaría de Educación y Cultura de la
anterior entidad territorial del 12 de diciembre de 201834; información que coincide con
el certificado de historia laboral 15469 de la anterior fecha35, expedido por la señalada
Secretaría, que del periodo antes señalado computó 21 años, 6 meses y 28 días de
servicios, indicó que el señor Espejo Casas fue directivo docente y subrayó en cuanto
al régimen pensional: nacionalizado.
52. En relación con la vinculación laboral del demandante con el municipio de
Soacha, también se evidencia la Resolución 2409 del 28 de septiembre de 2016 36,
mediante la cual el secretario de educación y cultura de la anterior entidad territorial
retiró del servicio al señor Espejo Casas, por haber cumplido la edad de retiro forzoso,
65 años.
• Actos administrativos demandados
53. Resolución RDP 010406 del 29 de marzo de 2019, por medio de la cual la UGPP,
le negó al hoy demandante el reconocimiento y pago de una pensión gracia de
jubilación37. En este acto se relacionan los tiempos de servicios del señor Espejo
Casas en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca (particularmente en el
municipio de Soacha), que coinciden con los arriba descritos, indicando que la
vinculación con la primera entidad fue «DPTAL» y con la segunda «N/lizado».
54. En esta resolución luego de señalar que la buena conducta es uno de los
requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia (art. 4.3 de la Ley 114 de 1913),
e indicar que según el literal j) del artículo 46 del Decreto 2277 de 1979, el abandono
33 Visible en EXP_EP20121204CC6754909-11.pdf. del archivo ZIP 6754909, contenido en el índice 2
del expediente digital, documento «ED_7ANTECADMI_07ENVIEXPEDIENTESAD(.ZIP) NroActua 2».
34 Visible en 201800504174222-8.pdf. del archivo ZIP 6754909, contenido en el índice 2 del expediente
digital, documento «ED_7ANTECADMI_07ENVIEXPEDIENTESAD(.ZIP) NroActua 2».
35 Folios 33-35 del expediente físico.
36 Visible en 201800504174222-9.pdf. del archivo ZIP 6754909, contenido en el índice 2 del expediente
digital, documento «ED_7ANTECADMI_07ENVIEXPEDIENTESAD(.ZIP) NroActua 2».
37 Folios 20-21 del expediente físico.
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del cargo es causal de mala conducta, subrayó que el señor Espejo Casas incurrió en
la anterior situación, según el certificado de historia laboral 4513 del 7 de diciembre de
2018 de la Secretaría de Educación de Boyacá, motivo por el cual no puede ser
beneficiario de la señalada prestación.
55. La anterior decisión fue confirmada por la UGPP a través de la Resolución RDP
016728 del 31 de mayo de 201938, que reiteró las razones expuestas en el primero de
los actos administrativos cuya nulidad se solicita en esta oportunidad.
3.5. Caso concreto
3.5.1. Primer problema jurídico – de la naturaleza de las vinculaciones docentes
del demandante
56. El primer interrogante planteado se formuló alrededor de la naturaleza de las
vinculaciones laborales que tuvo el accionante, en razón a que el juez de primera
instancia consideró que estaba probado que aquel, antes y después del 31 de
diciembre de 198039, tuvo vinculaciones de naturaleza territorial y nacionalizada, que
le permitieron reunir más de 20 años de servicios para el reconocimiento de la pensión.
Por el contrario, la UGPP afirmó que, para el cómputo de la experiencia laboral se
tuvieron en cuenta vinculaciones de carácter nacional, que no pueden considerarse
para otorgar la señalada prestación.
57. Sobre el particular, lo primero que se evidencia es que la parte accionada en el
recurso de apelación de manera general realizó la anterior afirmación, pero en forma
alguna precisó cuáles fueron las vinculaciones laborales del señor Espejo Casas con
carácter nacional; mucho menos explicó por qué, a su juicio, merecen dicho calificativo,
o de otro modo, por qué no son de carácter territorial.
58. Por tal motivo, salta a la vista que la UGPP no cumplió con la carga
argumentativa y probatoria que le corresponde al impugnar el fallo de primera
instancia, en punto a la conclusión que realizó el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, sobre la naturaleza de las vinculaciones laborales del demandante
para efectos de reconocer la pensión gracia. No obstante esta falencia, al revisar los
documentos atinentes a la experiencia laboral del señor Espejo Casas, descritos en el
acápite de hechos probados, de ninguno de ellos se infiere que este haya tenido una
vinculación del orden nacional, por el contrario, expresamente destacan el carácter
territorial de los nombramientos con el Departamento de Boyacá y el Distrito Capital, y
nacionalizado con el municipio de Soacha, cuya experiencia al sumarse arroja más de
20 años así:
ENTIDAD DESDE HASTA TIEMPO
DIA/MES/AÑO DIA/MES/AÑO
Dpto. de Boyacá 3-6-72 17-7-72 1 mes y 15 días (45
días)
“ 18-7-72 30-9-72 2 meses y 13 días (73
días)
38 Folios 22-24 del expediente físico.
39Fecha que de conformidad con el artículo 15, numeral 2, literal a) de la Ley 91 de 1989, es
determinante para el reconocimiento de la pensión gracia, pues son destinatarios de esta, quienes con
anterioridad se desempeñaron como docentes en planteles educativos territoriales.
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“ 31-10-72 14-12-72 1 mes y 15 días (45
días)
Secretaría de Educación de 1 mes y 11 días (41
Bogotá D.C 20-10-75 30-11-75 días)
“ 2-11-82 26-11-82 25 días
“ 1-09-83 26-10-83 1 mes y 26 días (56
días)
“ 29-08-84 11-10-84 1 mes y 13 días (43
días)
Secretaría de Educación y 28 años, 6 meses y
Cultura del Municipio de Soacha 23-03-88 13-10-16 21 días (10,421 días)
TIEMPO TOTAL 29 años, 5 meses y
14 días
59. Inclusive, al revisar con detenimiento los actos acusados, también se evidencia
que reconocen más de 20 años de servicios docente de carácter departamental y
nacionalizado, al punto que dicha circunstancia no fue la razón para negar el
reconocimiento de la pensión gracia, sino el presunto incumplimiento del requisito de
observar buena conducta.
60. Vale la pena aclarar, que para verificar la calidad de docente territorial y los
tiempos de servicio correspondientes, se tuvieron en cuenta las certificaciones de las
respectivas autoridades nominadoras, que resultan válidas para tal efecto, como lo
precisó la Sección Segunda en sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 así40:
3.8 Síntesis de la Sala. A guisa de corolario de lo que se deja consignado, respecto de las
controversias relacionas con el reconocimiento de pensión gracia, han de tenerse en cuenta
las siguientes pautas jurisprudenciales:
(…)
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
61. Asimismo, se computaron los periodos en los que el demandante trabajó en
interinidad en el distrito capital, pues como lo ha precisado esta Sección, «resulta
adecuado recordar que para reconocer la pensión gracia, la Ley 114 de 1913, entre
otros requisitos, esencialmente exige la acreditación de 20 años de servicio como
docente oficial del orden territorial o nacionalizado, ello sin que cobre relevancia la
forma en que se materializó la prestación de la labor aludida, es decir, sin que deba
tenerse en cuenta o excluirse un tiempo en razón del nombramiento en propiedad o
provisional por carrera administrativa, o incluso si solo lo fue de manera transitoria»41.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, Rad. 25000-23-42-000-
2013-04683-01(3805-14) CE-SUJ2-011-18.
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, fallo del 22 de febrero de 2024, M.P. Jorge Iván
Duque Gutiérrez, Rad. 25000-23-42-000-2015-05034-01 (0326-2018). En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de noviembre de 2015, M.P. Gerardo Arenas
Monsalve, exp.2636-2014.
15
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62. En suma, el demandante sí acreditó 20 años de servicio en establecimientos
educativos con vinculación territorial o nacionalizada, como acertadamente lo verificó
el juez de primera instancia.
3.5.2. Segundo problema jurídico – del requisito de buena conducta
63. En cuanto al requisito de haber prestado el servicio docente con honradez,
consagración y buena conducta, según lo indican los numerales 1 y 4 del artículo 4 de la
Ley 114 de 1913, la inconformidad de la UGPP radica en que se haya tenido por cumplido
pese a que el demandante fue declarado insubsistente por abandono del cargo mediante
el Decreto 01153 del 14 de diciembre de 1972 del gobernador de Boyacá, hecho que se
encuentra probado, como se ilustró líneas atrás.
64. A juicio de la Sala, a partir de las pautas jurisprudenciales establecidas y reiteradas
por la Sección Segunda del Consejo de Estado en casos similares, descritas en el
numeral 3.3.2 de esta providencia, la declaratoria de insubsistencia del nombramiento
del señor Espejo Casas no constituye una circunstancia que impida considerar, para
efectos pensionales, que ejerció la carrera docente con honradez, consagración y buena
conducta. Se llega a esta conclusión por varias razones a saber:
(i) En cuanto a la declaratoria de insubsistencia, solo se cuenta con el decreto
antes señalado y la anotación que de dicha decisión se realizó en el certificado
de historia laboral 4513 del 7 de diciembre de 2018, expedido por la Secretaría
de Educación Departamental de Boyacá, documentos de los que no se infiere
que la desvinculación fue producto de un proceso disciplinario con todas las
garantías, en el que se haya analizado la gravedad de la conducta y su impacto
en el servicio educativo.
(ii) Por la misma circunstancia, de las pruebas aportadas simplemente puede
considerarse que el hecho que motivó la declaratoria de insubsistencia tuvo
lugar una sola vez y fue un hecho aislado en más de 29 años de carrera
docente del demandante.
(iii) Asimismo, no existen elementos de juicio para considerar que el abandono del
cargo significó una perturbación grave y significativa de las garantías del
ambiente escolar, como para considerarlo justificación suficiente para la
pérdida de la pensión gracia.
(iv) Los actos acusados hicieron referencia al abandono del cargo como
constitutivo de mala conducta, a partir del artículo 46 del Decreto 2277 de
1979, norma que es posterior a los hechos que motivaron la declaratoria de
insubsistencia (acaecidos después de que venciera, el 30 de octubre de 1972,
la licencia otorgada al accionante) y que como lo ha precisado esta
corporación42, fue la que incluyó, frente a la profesión docente, dicha
circunstancia como causal de mala conducta.
65. En ese orden de ideas, comparte la Sala la apreciación del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de considerar que la declaratoria de insubsistencia
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de marzo de 2023, M.P. César
Palomino Cortés, Rad. 41001-23-33-000-2015-00932-01
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00141-01 (4159-2021)
Demandante: Hernando Alfredo Espejo Casas
Demandado: UGPP
del señor Espejo Casas, a partir de las pruebas aportadas al plenario, no es una
circunstancia de la entidad suficiente para desvirtuar que ejerció la profesión docente
con honradez, consagración y buena conducta, para efectos de reconocer el derecho
pensional que le asiste; contrario a lo indicado en los actos acusados, que se limitaron
a constatar un antecedente de abandono del cargo, sin valorar en contexto y de
conformidad con la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la
gravedad, incidencia y/o permanencia de la mentada conducta en la trayectoria laboral
del demandante.
3.6. Conclusión de la decisión
66. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia y de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado; y acorde con la valoración de
las pruebas recaudadas en el proceso, se concluye que el señor Hernando Alfredo
Espejo Casas sí tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, y, por tanto, se
debe confirmar la sentencia de primera instancia que la otorgó, mediante argumentos
que no fueron desvirtuados por la UGPP en el recurso de apelación.
3.7. Costas
67. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 43 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
68. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
43 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la
regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho
artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar
a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii)
La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del
CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio
de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario,
amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes
exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de
carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a
propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena
en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de
condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio
objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad.
13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00141-01 (4159-2021)
Demandante: Hernando Alfredo Espejo Casas
Demandado: UGPP
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del proceso
de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo SAMAI.
CUARTO: Aceptar la revocatoria del poder conferido por la UGPP al señor Jhon Jairo
Bustos Espinosa, representante legal de la sociedad Eunomia Abogados SAS, para
actuar al interior del presente proceso, teniendo en cuenta lo dispuesto en la escritura
pública 0167 del 16 de enero de 2024, otorgada en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá,
visible en el índice 31 del expediente digital.
QUINTO: Conforme a la anterior escritura, reconocer personería al señor Omar Trujillo
Polania, identificado con la cédula de ciudadanía 1.117.507.855 de Florencia,
Caquetá, y portador de la tarjeta profesional 201.792 del Consejo Superior de la
Judicatura, en su calidad de representante legal de la Sociedad Trujillo Polania &
Asociados SAS, como apoderado de la UGPP.
SEXTO: Reconocer personería a la doctora Ana María Londoño, identificada con la
cédula de ciudadanía 1.110.582.594 de Ibagué y tarjeta profesional 354.136 del
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada sustituta, para que actúe en
nombre y representación de la UGPP, en los términos de la correspondiente sustitución,
visible en el índice 31 del expediente digital.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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