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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00156-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00156-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO—ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00156-01 (6405-2024)
Demandante: Melania Romero Prada
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP

Tema: reconocimiento de pensión gracia. Subtema 1: vinculación antes del 31 de
diciembre de 1980 y naturaleza de la plaza. Subtema 2: requisito de buena
conducta para obtener la prestación.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la UGPP en contra de la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
el 1 de agosto de 2024, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La demandante solicita la nulidad de los actos administrativos dictados por la UGPP
que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia, con fundamento en que no
cumplió con los 20 años de servicio, en tanto, no era posible computar los tiempos
de carácter nacional. Como fundamento de la demanda, la parte actora aduce que
fue docente territorial. A su vez, el Tribunal accedió a las pretensiones al considerar
que la maestra demostró la vinculación en una plaza territorial durante el término
previsto legalmente para obtener la referida prestación. La presente decisión
confirmará la decisión de primera instancia, dado que, al valorar el conjunto de
pruebas, concretamente el acto administrativo de nombramiento, se concluye que
la plaza donde prestó sus servicios a partir del 1 de mayo de 2000 tuvo carácter
territorial.

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00156-00 (6405-2024)
Demandante: Melania Romero Prada
Demandado: UGPP

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Melania Romero Prada radicó demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, el 11 de febrero de 2020 en contra
de la UGPP, de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho
que a continuación se sintetizan:

2.1.1. Pretensiones

2. La parte actora solicitó la nulidad de los actos administrativos a través de los
cuales la entidad accionada negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia,
contenidos en las resoluciones núm. RDP 016920 del 5 de junio de 2019, RDP 019898
del 4 de julio de 2019 y RDP 024275 del 14 de agosto de 2019.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el
reconocimiento y pago de una pensión gracia a su favor a partir de la fecha en que
adquirió el estatus pensional, con la inclusión de todos los factores salariales
percibidos en el último año de servicio; así como, que se disponga el pago de los
reajustes, de la indexación y de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley
100 de 1993. Asimismo, pidió que se condene en costas a la entidad1.

2.2. Hechos

4. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis,
los siguientes hechos:

5. La señora Melania Romero Prada nació el 2 de febrero de 1957, por lo que
cumplió 50 años el 2 de febrero de 2007. Prestó sus servicios como docente
vinculada a entidades territoriales —departamento de Bolívar y distrito Capital de
Bogotá— durante más de 20 años, período en el cual desempeñó sus funciones
con honradez y buena conducta.

6. El 22 de febrero de 2019, le solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, que la entidad negó a través de las resoluciones núm. RDP 016920
del 5 de junio de 2019, RDP 019898 del 4 de julio de 2019 y RDP 024275 del 14 de
agosto de 2019, porque estimó que los tiempos fueron servidos al orden nacional.

1 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 25000234200020200015600, Tribunal Administrativo

de Cundinamarca, índice 87, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«47ED_25000234200020200015(.zip) NroActua 87», archivo «001 Demanda - Anexos, auto fija fecha audiencia
inicial y acta de audiencia.PDF», imagen 6.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00156-00 (6405-2024)
Demandante: Melania Romero Prada
Demandado: UGPP

2.3. Normas violadas y concepto de violación

7. Citó como normas violadas las siguientes: preámbulo y artículos 1, 2, 4, 5, 6,
13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política; los artículos 1, 3 y
4 de la Ley 114 de 1913; artículo 6 de la Ley 116 de 1928; el artículo 3 del Decreto
081 de 1976; el artículo 3 del Decreto Ley 2277 de 1979; y el artículo 15 de la Ley
91 de 1989.

8. Indicó que la entidad demandada desconoció el marco normativo que regula
la pensión gracia para docentes, previsto en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928,
37 de 1933, el Decreto-Ley 2277 de 1979 y, especialmente, la Ley 91 de 1989.
Conforme a estas disposiciones, los maestros con más de veinte años de servicio y
cincuenta años de edad, vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, tienen
derecho a la pensión gracia siempre que cumplan la totalidad de los requisitos. Así,
la demandante acreditó cumplirlos, pues su vinculación y servicio docente se
desarrollaron en plazas territoriales del departamento de Bolívar y el Distrito Capital
de Bogotá, lo que configuraba una relación laboral de carácter nacionalizado.

9. Aunado a lo anterior, sostuvo que los actos administrativos acusados
vulneraron dichas normas al negar la pensión gracia bajo el argumento de que los
tiempos laborales de la demandante eran del orden nacional y que no demostró
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980. Esta conclusión contradice los
documentos obrantes en el expediente administrativo —decretos de nombramiento
y actas de posesión— que evidencian su vinculación territorial y posteriormente
nacionalizada, lo que la ubica dentro del régimen especial previsto para los
educadores oficiales de carácter territorial o nacionalizado.

10. Asimismo, se afirmó que el acto administrativo carece de motivación
suficiente y contraviene el principio de legalidad, pues la administración aplicó de
manera fragmentada e imprecisa el régimen especial docente, desconociendo
precedentes jurisprudenciales y la correcta interpretación de las leyes que regulan
la materia. Del mismo modo, destacó la falta de valoración integral de las
certificaciones que acreditan la calidad territorial o nacionalizada del docente, la
entidad incurrió en un error manifiesto que afecta la validez del acto y lesiona los
derechos pensionales de la peticionaria, quien demostró la totalidad de requisitos
exigidos para el reconocimiento de la prestación.

2.4. Contestación de la demanda

11. La UGPP se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda, afirmando
que los actos administrativos cuestionados fueron expedidos conforme a la ley y
mantienen su presunción de legalidad. Sostuvo que la docente no cumple los
requisitos legales para acceder a la pensión gracia, por lo que solicita que se
nieguen las pretensiones y se declaren probadas las excepciones.

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00156-00 (6405-2024)
Demandante: Melania Romero Prada
Demandado: UGPP

12. Manifestó que la pensión gracia es una prestación excepcional reservada para
docentes territoriales o nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980,
y que no puede otorgarse a docentes con vinculación nacional. Adujo que en el caso
bajo estudio la demandante solo acreditó un periodo territorial/nacionalizado entre
15 de septiembre de 1977 al 1 de abril de 1982, mientras que el tiempo laborado
entre 10 de mayo de 2000 al 12 de diciembre de 2018 corresponde al orden
nacional, por lo que este último no es computable. Afirmó que la demandante no
alcanzó los 20 años de servicio territorial o nacionalizado exigidos por las leyes 114
de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

13. Por los argumentos expuestos concluyó que el reconocimiento pretendido
generaría un detrimento injustificado al erario y contravendría la prohibición
constitucional de doble asignación proveniente del tesoro público, por lo que solicita
declarar probadas las excepciones y mantener incólumes los actos administrativos.

14. Propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación y cobro de lo no
debido», «prescripción de mesadas», «sobre la indexación», «no pago de intereses
moratorios» y «sobre la condena en costas»2.

2.5. Sentencia de primera instancia

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 1 de agosto
de 20243, en la que accedió a las pretensiones de la demanda. Por tanto, declaró la
nulidad de las resoluciones demandadas y a título de restablecimiento del derecho
ordenó el reconocimiento de la pensión gracia «liquidada con el 75 % del salario
promedio devengado en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, esto
es, entre el 22 de diciembre de 2014 y el 21 de diciembre de 2015»; y declaró la
prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 22 de febrero
de 2016. No condenó en costas a la parte vencida.

16. Como fundamento de la decisión, se advierte que el Tribunal al analizar el
material probatorio concluyó que el tiempo laborado por la parte actora entre 1977
y 1982 fue efectivamente prestado en una plaza territorial, pues el nombramiento y
posesión fueron realizados por el gobernador de Bolívar. Respecto del periodo
iniciado en mayo del 2000, aunque las certificaciones señalan vinculación nacional,
el Tribunal determinó que esta información no reflejaba la realidad jurídica, ya que
el nombramiento fue efectuado por una entidad territorial —la Secretaría de
Educación de Bogotá— para cubrir una plaza perteneciente a dicha entidad, por
tanto, dicho tiempo también tiene naturaleza territorial conforme a la Ley 91 de 1989.

2
Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 25000234200020200015600, Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, índice 87, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«47ED_25000234200020200015(.zip) NroActua 87», archivo 002 Contestación de la demanda»,
«CONTESTACION DEMANDA».
3 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 25000234200020200015600, Tribunal Administrativo

de Cundinamarca, índice 75, actuación «SENTENCIA».
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00156-00 (6405-2024)
Demandante: Melania Romero Prada
Demandado: UGPP

17. Conforme a lo expuesto, dicha corporación estableció que la docente cumplió
con los requisitos exigidos: vinculación territorial antes del 31 de diciembre de 1980,
20 años de servicios y 50 años de edad cumplidos en 2007. También concluyó que
no existía prueba de mala conducta que afectara el requisito de honradez y buena
conducta, pues la insubsistencia decretada en 1982 correspondía a un hecho
aislado que no tiene entidad suficiente para desvirtuar este requisito, de acuerdo
con la jurisprudencia referida en esa decisión, máxime cuando las partes no
alegaron el incumplimiento de dicho requisito.

18. En este orden de ideas, determinó que la accionante adquirió el estatus
pensional el 21 de diciembre de 2015, fecha en la que completó los 20 años de
servicios computables. Por ello, declaró la nulidad de las resoluciones
administrativas que negaron la prestación y ordenó a la UGPP reconocer y pagar la
pensión gracia a partir del 22 de diciembre de 2015, liquidada con el 75 % del salario
promedio devengado en el año anterior a la adquisición del estatus, incluyendo
todos los factores salariales percibidos en ese periodo, con reajuste mediante índice
de precios al consumidor.

19. Finalmente, el Tribunal declaró probada la excepción de prescripción de
mesadas respecto de aquellas causadas antes del 22 de febrero de 2016, negó el
reconocimiento de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por
no configurarse mora en el pago de una pensión previamente reconocida, y se
abstuvo de imponer costas al no evidenciar actuación temeraria de la
administración.

2.6. Recurso de apelación

20. La UGPP sostuvo que el Tribunal no resolvió adecuadamente el problema
jurídico planteado, en la medida en que concluyó, a partir de los actos de
nombramiento, que las vinculaciones de la docente, tanto entre 1977 y 1982, como
desde el 2000, tenían naturaleza territorial. La entidad afirmó que esta conclusión
desconoció las pruebas allegadas, especialmente las certificaciones laborales que
acreditan que el vínculo de la docente desde el 10 de mayo de 2000 hasta el 30 de
enero de 2022 fue de carácter nacional. Por las razones expuestas, concluyó que
ese tiempo no puede computarse para pensión gracia.

21. Reiteró además que el Tribunal incurrió en una interpretación errada al
considerar que la simple intervención de una entidad territorial en el nombramiento
desvirtúa lo indicado en las certificaciones oficiales. De otro lado, expone que la
pensión gracia exige, entre otros requisitos, contar con 20 años de servicios
prestados en plazas territoriales o nacionalizadas, y que la demandante no alcanzó
dicho requisito, ya que solo el periodo entre 1977 y 1982 puede considerarse
nacionalizado.

22. Señaló que el tiempo de servicio desde el año 2000 se encuentra certificado
como nacional y, por tanto, no puede sumarse. Asimismo, invocó el principio de

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00156-00 (6405-2024)
Demandante: Melania Romero Prada
Demandado: UGPP

presunción de legalidad de los actos administrativos, indicando que las
certificaciones emitidas por las autoridades nominadoras reflejan la verdadera
naturaleza del vínculo y no pueden desconocerse ni ser objeto de controversia
judicial por no constituir actos administrativos, sino documentos técnicos de soporte
obligatorio.

23. Finalmente, advierte que la decisión de primera instancia carece de
fundamento jurídico suficiente y por ello solicitó que sea revocada en su integridad.
Alegó que la demandante no cumple los requisitos normativos establecidos en las
leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, pues no acredita los 20 años de
servicios territoriales exigidos por la legislación4.

2.7. Trámite procesal en segunda instancia

24. Mediante auto del 14 de marzo de 2025 el despacho ponente admitió el recurso
de apelación, y dispuso una vez notificada esa providencia, sin que las partes
solicitaran pruebas, el expediente ingresaría para fallo5.

3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

25. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso—Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 150 y 152 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

26. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, que accedió a las pretensiones de la demanda, y teniendo
en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en el recurso, corresponde a la Sala definir si:

27. ¿La demandante acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, en especial los 20 años de servicios como docente territorial o
nacionalizado?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La pensión gracia

28.La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1.º de la Ley 114
de 19136, para beneficiar a los maestros de las escuelas primarias oficiales que

4 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 25000234200020200015600, Tribunal Administrativo

de Cundinamarca, índice 78, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE».
5 Samai, índice 4, expediente digital, actuación «Auto que admite recurso de apelación».
6
Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
6

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Demandante: Melania Romero Prada
Demandado: UGPP

hubieran servido en el magisterio por al menos 20 años, siempre que cumplieran
los siguientes requisitos: (a) desempeñar el empleo con honradez y consagración;
y (b) no recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.

29. La Ley 116 de 19287 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los
servicios prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en
la normalista, para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión,
equiparando la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos
efectos.

30. Posteriormente, la Ley 37 de 19338 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de
servicio estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

31. Por su parte, la Ley 91 de 19899, en el artículo 15, numeral 2.°, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la nación.

32. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la
Ley 91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.

7
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
8 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
9
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
7

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00156-00 (6405-2024)
Demandante: Melania Romero Prada
Demandado: UGPP

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1010 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.

33.La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de
199711, en los siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que
se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los
requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad
(…) También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no
quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad
de requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no
podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose
nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en
realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.

34. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201812,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter
transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión
gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa
que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como
docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término
no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de
diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad; y haberse
desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.

35. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
10
“En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán
con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni
tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización,
en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,

M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21

de junio de 2018, exp. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
8

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00156-00 (6405-2024)
Demandante: Melania Romero Prada
Demandado: UGPP

cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado
del Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados13, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales (…).

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este
último, certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal54;
y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de
la plaza a ocupar (…).

13 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00156-00 (6405-2024)
Demandante: Melania Romero Prada
Demandado: UGPP

36. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan registrado una vinculación de manera continua o discontinua
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en
establecimientos educativos de orden departamental, distrital o municipal, con
vinculación territorial o nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio
del orden nacional. Además, para gozar de esta prestación debe acreditarse que el
beneficiario desempeñó el servicio docente con honradez, consagración y buena
conducta, según lo indican los numerales 1 y 4 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913.

3.3.2. Valoración de la buena conducta como requisito de la pensión gracia

37. Frente al último de los requisitos señalados para el reconocimiento de la pensión
gracia, la Sección Segunda del Consejo de Estado14 ha establecido algunas pautas
para su adecuada valoración, en especial, en aquellos casos en los que se aduce
su incumplimiento, por ejemplo, porque el docente durante su trayectoria fue
declarado insubsistente por abandono del cargo, como ocurre en esta oportunidad.

38. Las señaladas pautas parten de destacar que la buena conducta corresponde
a un concepto jurídico indeterminado, por lo que respecto del mismo, como lo ha
indicado la Corte Constitucional (sentencia C-371 de 200215), su contenido «no
responde a una apreciación discrecional del operador jurídico, sino que se encuadra
dentro de los parámetros de valor o de experiencia que han sido incorporados al
ordenamiento jurídico y de los cuales el operador jurídico no puede apartarse»; de
manera tal que «cuando está contenido en una ley, es un concepto jurídico, y que
por consiguiente su aplicación no refiere al operador a ámbitos meta-jurídicos como
el de la moral, o extra-jurídicos como el propio de ordenamientos religiosos o
privados, cualquiera que sea su naturaleza, sino que debe hacerse a la luz de los
valores, los principios y las reglas de derecho contenidas en el ordenamiento (…)».

39. A la luz de las anteriores advertencias, en el ámbito docente, se ha destacado
que el artículo 46 del Decreto 2277 de 197916 enuncia algunos hechos que
constituyen causales de mala conducta, entre los que se encuentra el abandono del
cargo, respecto del cual el artículo 47 del mismo estatuto indica que el nominador
«sin concepto previo de la respectiva Junta de Escalafón, presumirá el abandono
de cargo y podrá decretar la suspensión provisional del docente, mientras la Junta
decide sobre la sanción definitiva (…)».

40. Ahora bien, al valorar las causales de mala conducta enunciadas en las
14 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de octubre de 2020,

exp. 25000-23-42-000-2017-04253-01 (2165-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de marzo de 2023, exp. 41001-23-33-000-2015-00932-01,
M.P. César Palomino Cortés. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, fallo del 22 de febrero de
2024, exp. 25000-23-42-000-2015-05034-01 (0326-2018), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, fallo del 9 mayo de 2024, exp. 05001 23 33 000 2013 00267 01 (2214-
2015), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
15 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
16 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00156-00 (6405-2024)
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Demandado: UGPP

anteriores normas, en el ámbito del reconocimiento de la pensión gracia, esta
Sección ha subrayado que debe tratarse de circunstancias «persistentes o
habituales a lo largo de la vinculación»17 laboral; o que habiendo ocurrido una sola
vez, «tengan el impacto de gravedad y afectación suficiente para perturbar
negativamente las garantías del ambiente escolar, y que, por tanto, pueda ser
criterio exclusivo y justificado para la pérdida de una prerrogativa como la pensión
gracia»18, de la cual puede depender la satisfacción de derechos fundamentales.

41. Desde la anterior perspectiva, jurisprudencialmente se han trazado algunas
condiciones para predicar el incumplimiento del requisito de la buena conducta a la
hora de analizar peticiones atinentes al reconocimiento de la referida prestación,
requisitos que tienen como propósito confirmar que se está ante circunstancias
ciertas, reiteradas y/o de significativa gravedad, debidamente comprobadas y en las
que en la respectiva declaración se garantizó el debido proceso; todo esto, en aras
de que esté justificada la negativa del derecho pensional. Recientemente, dichas
condiciones fueron reiteradas en providencia del 22 de febrero de 202419 de la
siguiente manera:

Por su parte, el Consejo de Estado también20 ha desarrollado este concepto [buena
conducta], específicamente en casos como el particular, donde se discute el
cumplimiento o no de la exigencia en comento, en orden de acceder a la pensión
gracia, tal como se abordó en sentencia del 13 de agosto de 2018 en el siguiente
sentido:
(…)

En oportunidad reciente, esta subsección estableció una serie de condiciones para la
configuración del incumplimiento del requisito consistente en haber observado buena
conducta para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia. Así se discurrió:

Incumplimiento del requisito consistente en haber observado buena conducta.

En primer lugar, para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia por el
incumplimiento del requisito de observar buena conducta (artículo 4, numeral 4, de la
Ley 114 de 1913), se requiere:

i) Que el proceder reprochable tenga ocurrencia durante el lapso en que el infractor
se encuentre al servicio oficial docente.

ii) Que el comportamiento inadecuado que se imputa esté descrito en el ordenamiento
como causal de mala conducta.

17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, fallo del 22 de febrero de 2024, exp. 25000-23-42-000-
2015-05034-01 (0326-2018), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
18 Ibídem.
19 Ibídem.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

13 de agosto de 2018, exp. 73001-23-33-000-2014-00645-01(4493-15).
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00156-00 (6405-2024)
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Demandado: UGPP

iii) Que en tal virtud, la autoridad competente adelante un procedimiento de carácter
administrativo que culmine necesariamente con una sanción disciplinaria21.

iv) Que no obstante la sanción impuesta, se debe hacer un análisis objetivo acerca
de la gravedad o levedad de la falta.

v) Que la infracción censurable no sea de aquellas que la jurisprudencia estima como
un «hecho aislado», esto es, que una sola conducta considerada aisladamente como
reprochable no puede tenerse en cuenta como impedimento para el reconocimiento
de la pensión gracia. Y

vi) Que la actuación objeto de reproche se haya reiterado en el tiempo o que,
habiéndose consumado en una sola ocasión, afecte gravemente otros derechos y
libertades de la comunidad educativa22.23 […]

42. En algunos casos a propósito de la valoración de los hechos que pueden
considerarse como causales de mala conducta según el artículo 46 del Decreto
2277 de 1979, se ha precisado que esta norma no resulta aplicable como parámetro
de validez respecto de asuntos anteriores a ella; circunstancia que puede tornarse
relevante, en atención a que solo con aquella, situaciones como el abandono del
cargo fueron incluidas dentro de las señaladas causales.

3.4. Hechos probados

• Edad

43. Para efectos del reconocimiento del derecho pensional reclamado se requiere
en primer lugar haber cumplido 50 años. En el caso concreto, la señora Melania
Romero Prada nació el 2 de febrero de 195724, en consecuencia, acreditó la edad
de 50 años el 2 de febrero de 2007.

• Tiempo de servicios

44. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través del formato
único para la expedición de certificado de historia laboral del 12 de marzo de 2019,

21 Sobre este particular, se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso—Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1º de diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2014-00105-01
(383-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
22 Frente a los numerales iv), v) y vi) se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–

Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 2 de marzo de 2017, radicación 68001-23-31-
000-2011-00406-01 (4555-2014); y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, sección
segunda, subsección B, sentencia de 9 de marzo de 2017, exp. 52001-23-33-000-2012-00044-01 (3982-2013);
ambas con ponencias del consejero Carmelo Perdomo Cuéter.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
24 de marzo de 2017, radicación 08001-23-33-000-2013-00676-01 (1324-2015), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
24 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 25000234200020200015600, Tribunal Administrativo

de Cundinamarca, índice 87, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«47ED_25000234200020200015(.zip) NroActua 87», archivo «001 Demanda - Anexos, auto fija fecha audiencia
inicial y acta de audiencia.PDF», imagen 19.
12

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Demandante: Melania Romero Prada
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acreditó los siguientes tiempos de servicios de la parte actora25:

Tipo de vinculación nacionalizado
Desde Hasta Total
d/m/a
Decreto 731 del 9 de agosto de 1977 15/09/77 1/4/82 16/6/4
Decreto 596 del 13 julio de 1982 «hasta -------- -------- --------
ser declarada insubsistente por no
regresar a trabajar cuando se le venció
la licencia renunciable sueldo por 60
días a partir del 1 de febrero de 1982»
Decreto 295 del 31 de marzo de 1982 -------- -------- 0/-2/0
«se le concedió licencia renunciable a
sueldo por 60 días a partir del 1 de
febrero 1982 al 30 de marzo de 1982»
Total 16/6/4
Tabla 1. Relación de tiempo de servicio FOMAG

45. Asimismo, a través de formato único para la expedición de certificado de historia
laboral del 12 de diciembre de 2018, expedido por la Secretaría de Educación del
Distrito de Bogotá, hace constar que la señora Melania Romero Prada se vinculó en
propiedad en el cargo de docente desde el 10 de mayo de 2000, y cuya última
novedad se registró la Resolución núm. 4 de junio de 2014 a través de la cual se
indica «ascenso de escalafón»26. Concretamente, relativo al tipo de vinculación
señaló «nacional».

46. En estos mismos términos, la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá
allegó formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 23 de
febrero de 2022, donde igualmente indica que la señora Melania Romero Prada se
vinculó en propiedad en el cargo de docente desde el 10 de mayo de 2000, la última
novedad fue «Ascenso de Escalafón» a través de la Resolución núm. 8725 de 4 de
junio de 2014. En este mismo documento se indica como vinculación «nacional» y
no se indica fecha de retiro.

47.Mediante el Decreto 731 del 9 de agosto de 1977 el gobernador del
departamento de Bolívar nombró en propiedad a la señora Melania Romero Prada,
como subdirectora de la escuela rural mixta27.

48.Asimismo, se allegó acta del 15 de septiembre de 2015 a través de la cual la
señora Melania Romero Prada tomó posesión del cargo de subdirectora de la
escuela rural mixta de Río Viejo Morales28.

25
Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_18001233300020180012(.zip) NroActua 2», archivo «03PruebasParteActora», imagen 55.
26
Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_18001233300020180012(.zip) NroActua 2», archivo «03PruebasParteActora», imagen 56.
27 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_18001233300020180012(.zip) NroActua 2», archivo «03PruebasParteActora», imagen 25.
28 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_18001233300020180012(.zip) NroActua 2», archivo «03PruebasParteActora», imagen 27.
13

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Demandado: UGPP

49. De otro lado, se aportó la Resolución núm. 1287 del 12 de abril de 200029 a
través de la cual nombró a docentes de tiempo completo en la planta personal
docente del distrito capital de Bogotá para el nivel básica primaria, entre ellos, la
señora Melania Romero Prada30. A través de acta núm. 803 del 9 de mayo de 2000,
tomó posesión del mencionado cargo31.

50. Por medio del Oficio núm. S-2022-68022 del 23 de febrero de 202232, el Grupo
de Certificaciones Laborales de la Secretaría de Educación de Bogotá, acreditó lo
siguiente:

1.La plaza (o categoría) territorial, nacional o nacionalizado docente

Revisado el sistema de nómina la señora: MELANIA ROMERO PRADA con cédula
de ciudadanía No. 33.153.269, presenta como origen de vinculación: NACIONAL-
SITUADO FISCAL.

3.Identificación del régimen salarial nacional o territorial de todos los tiempos
acreditados

Presenta como origen de vinculación: NACIONAL-SITUADO FISCAL.
[…]

9. Origen y evolución de la plaza docente antes y después de la nacionalización
de la educación.

La docente MELANIA ROMERO PRADA con cédula de ciudadanía No. 33.153.269,
nombrada en el 2000. Fue ubicada en el Colegio Distrital Rural Pasquilla IED.Plaza
que pertenece a un colegio Distrital».

51. Adjunto a la anterior, se allegaron formatos únicos para la expedición de
certificado de salarios33, correspondiente a la señora Melania Romero Prada para
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2002 al 30 de enero de 2022. En
estos documentos se indica como tipo de vinculación «nacional».

-Buena conducta

52. El requisito de buena conducta exigido por la Ley 114 de 1913, se acreditó con

29 «En uso de sus atribuciones legales conferidas en las leyes 60 de 1993, 115 de 1994, el decreto 1421 de

1993[…]»
30 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_18001233300020180012(.zip) NroActua 2», archivo «03PruebasParteActora», imagen 28.
31 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_18001233300020180012(.zip) NroActua 2», archivo «015 ACTA 803 del 9 de mayo de 2000 y Resolución
N° MELANIA ROMERO PRADA C.C. 33153269».
32
Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_18001233300020180012(.zip) NroActua 2», archivo «012 Tribunal Administrativo de Cundinamarca»,
«TRIBUNAL- E-2022-42291 F-S».
33
Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_18001233300020180012(.zip) NroActua 2», archivo «012 Tribunal Administrativo de Cundinamarca», de
«E-2022-42291 HOJA 1» a «E-2022-42291 HOJA 12».
14

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la declaración de honradez y consagración del docente34. Sin embargo, como se
precisó en apartados anteriores, en el formato único para la expedición de
certificado de historia laboral, se plasmó que a través de Decreto 596 del 13 julio de
1982 fue declarada insubsistente por no regresar a trabajar cuando se le venció la
licencia no remunerada.

53. Frente a lo anterior, a juicio de la Sala, a partir de las pautas jurisprudenciales
establecidas y reiteradas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en casos
similares, descritas en el numeral 3.3.2 de esta providencia, la declaratoria de
insubsistencia del nombramiento de la señora Melania Romero Prada no constituye
una circunstancia que impida considerar, para efectos pensionales, que ejerció la
carrera docente con honradez, consagración y buena conducta. Se llega a esta
conclusión por varias razones a saber:

a) En cuanto a la declaratoria de insubsistencia, solo se cuenta con la alusión
contenida en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral antes señalado, documento del que no se infiere que la
desvinculación fue producto de un proceso disciplinario con todas las
garantías, en el que se haya analizado la gravedad de la conducta y su
impacto en el servicio educativo.

b) Por la misma circunstancia, de las pruebas aportadas simplemente puede
considerarse que el hecho que motivó la declaratoria de insubsistencia tuvo
lugar una sola vez –según las pruebas allegadas al expediente- y fue un
hecho aislado en más de 20 años de carrera docente de la demandante.

c) Asimismo, no existen elementos de juicio para considerar que el abandono
del cargo significó una perturbación grave y significativa de las garantías del
ambiente escolar, como para considerarlo justificación suficiente para la
pérdida de la pensión gracia.

d) Los actos acusados no hicieron referencia al abandono del cargo como
constitutivo de mala conducta.

54. En ese orden de ideas, comparte la Sala la apreciación del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de considerar que la declaratoria de
insubsistencia de la señora Melania Romero Prada, a partir de las pruebas
aportadas al plenario, no es una circunstancia de la entidad suficiente para
desvirtuar que ejerció la profesión docente con honradez, consagración y buena
conducta, para efectos de reconocer el derecho pensional que le asiste.

55.En suma, la Sala observa que dicho aspecto no fue objeto de controversia en
sede administrativa ni durante el trámite judicial y que, aunque fue abordado en la

34 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 25000234200020200015600, Tribunal Administrativo

de Cundinamarca, índice 87, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«47ED_25000234200020200015(.zip) NroActua 87», archivo « 001 Demanda - Anexos, auto fija fecha
audiencia inicial y acta de audiencia.PDF», imagen 61.
15

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sentencia de primera instancia, la entidad demandada no formuló reparo alguno
frente a ese razonamiento en el recurso de apelación.

• Petición y actos demandados

56. El 22 de febrero de 2019, la señora Melania Romero Prada solicitó a la UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión gracia35.

57. Mediante la Resolución núm. RDP 016920 del 5 de junio de 201936, la UGPP le
negó el reconocimiento de una pensión gracia a la señora Melania Romero Prada
con fundamento en que su vinculación a la docencia fue de carácter nacional. Esta
decisión fue confirmada a través de las resoluciones núm. RDP 019898 del 4 de julio
de 201937, que resolvió el recurso de reposición, y núm. RDP 024275 del 14 de
agosto de 201938, que se pronunció frente al de apelación.

3.5. Caso concreto

58. En el asunto bajo estudio, la accionante solicita la nulidad de las resoluciones
que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia, puesto que, a juicio de la
entidad la demandante prestó sus servicios como docente nacional, a partir del 10
de mayo de 2000.

59. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió al reconocimiento de la
pensión gracia, al estimar que los actos de nombramiento acreditan la condición de
docente territorial por un lapso superior a 20 años. Para tal efecto, consideró que
los nombramientos efectuados con posterioridad al 1 de enero de 1976 por
entidades territoriales comportan la calidad de docentes territoriales o
nacionalizados. Por lo anterior, concluyó que, en el caso de la demandante, al haber
sido nombrada por la Secretaría de Educación de Bogotá el 10 de mayo de 2000,
se satisfacen los referidos presupuestos.

60. Inconforme con esta decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación porque
según las pruebas no se demostraron los requisitos para el reconocimiento de la
pensión gracia. Hace alusión a que en la certificación39 se indica expresamente que
la demandante se desempeñó como docente nacional. En este orden de ideas, la
Sala procede a pronunciarse sobre los argumentos del recurso.

61.En el proceso se demostró que la señora Melania Romero Prada cumplió 50
años el 2 de febrero de 2007, toda vez que nació el 2 de febrero de 1957; prestó

35
Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_18001233300020180012(.zip) NroActua 2», archivo «03PruebasParteActora», imagen 34.
36
Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_18001233300020180012(.zip) NroActua 2», archivo «03PruebasParteActora», imagen 35.
37
Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_18001233300020180012(.zip) NroActua 2», archivo «03PruebasParteActora», imagen 44.
38 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_18001233300020180012(.zip) NroActua 2», archivo «03PruebasParteActora», imagen 51.
39certificado de historia laboral del 12 de diciembre de 2018, expedido por la Secretaría de Educación del Distrito

de Bogotá.
16

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00156-00 (6405-2024)
Demandante: Melania Romero Prada
Demandado: UGPP

sus servicios como docente nacionalizada desde el 15 de septiembre de 1977 hasta
el 1 de abril de 1982. Las partes en el trámite procesal y en el recurso de apelación
no formulan censura en lo que respecta a estos tiempos de servicios.

62. Con el propósito de resolver lo indicado en el recurso de apelación de la parte
demandada, se estudiará las pruebas obrantes en el proceso, como las
certificaciones y los actos de nombramiento de la señora Melania Romero Prada
efectuados por la Alcaldía mayor de Bogotá, durante el periodo objeto de
controversia, comprendido desde el 10 de mayo de 2000 al 23 de febrero de 2022
(última fecha registrada en la certificación laboral, en la que no se precisa la data de
retiro).

63. En lo que concierne a los tiempos en los cuales la demandante laboró del 10
de mayo de 2000, en el proceso está probada la vinculación, según la Resolución
núm. 1287 del 12 de abril de 200040 de la Secretaría de Educación de Bogotá que,
como producto del concurso abierto convocado por esa misma entidad para proveer
plazas de docentes de nivel básica y prescolar, para las instituciones educativas del
Distrito Capital, ordenó el nombramiento de la demandante como docente de tiempo
completo en la planta de personal docente de este mismo ente distrital.

64. Pues bien, aunque los formatos únicos para la expedición de salarios y del
certificado de historia laboral, así como el Oficio núm. S-2022-68022 del 23 de
febrero de 2022, indiquen que la vinculación de la demandante y el situado fiscal
correspondiente fueron de carácter nacional, conviene reiterar que la sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018 precisó que la calidad de docente territorial se
acredita principalmente con la copia de los actos administrativos en los que conste
el vínculo y de los cuales se desprenda, con suficiente claridad, que la plaza es de
aquellas previstas por el legislador como territoriales; o en su defecto, mediante
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca de la
naturaleza territorial de la vinculación.

65. Ahora bien, a partir de la valoración de los actos de nombramiento, la Sala
establece que la plaza tenía carácter territorial, en la medida en que así lo consigna
la Resolución núm. 1287 del 12 de abril de 2000. En efecto, dicho acto
administrativo, expedido con ocasión de un concurso de méritos convocado por la
Secretaría de Educación de Bogotá para proveer plazas docentes en instituciones
educativas del Distrito Capital, dispuso el nombramiento de la demandante en «la
planta de personal docente del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá».

66. En este sentido, se reitera la jurisprudencia de esta Subsección que, al
analizar un caso en el que existía discrepancia entre el contenido de los certificados
y de los actos administrativos, determinó que:
Ahora bien, esta Sala aclara que reposa en el expediente «formato» único para la
expedición de certificado de historia laboral de 9 de junio de 2017 del Fondo

40 «En uso de sus atribuciones legales conferidas en las leyes 60 de 1993, 115 de 1994, el decreto 1421 de

1993[…]»
17

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00156-00 (6405-2024)
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Demandado: UGPP

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el que figura que la
demandante es maestra nacional; sin embargo, como se analizó en precedencia,
el contenido del acto de nombramiento permite inferir que la vacante y el cargo
en el que fue designada pertenecía al ente territorial y no a la Nación; en
consecuencia, debe darse prevalencia al Decreto 794 de 1994, así como a la
Resolución 1921 del mismo año, que originaron la relación laboral […].

[…]

Recuérdese que las anteriores pruebas son las que, conforme al artículo 1.º de la
Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia de esta Corporación, determinan el tipo de
vinculación de una persona con la «profesión docente» […], toda vez que el primero
prevé que los maestros vinculados por nombramiento del Gobierno nacional
conforman el «[p]ersonal nacional», al paso que la segunda ha concluido que el
funcionario competente para certificar la calidad de educador territorial es el
nominador41.

67. Visto lo anterior, para el caso en particular los actos administrativos de
nombramiento gozan de presunción de legalidad, lo que permite despachar
desfavorablemente los cargos de la apelación propuesta por la UGPP.

68. De otro lado, respecto de lo consignado en el Oficio núm. S-2022-68022 del
23 de febrero de 2022, en los que se indica que «[p]resenta como origen de
vinculación: NACIONAL-SITUADO FISCAL», la Sala reitera las reglas de
unificación definidas en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201842, según las
cuales el origen de los recursos que financian el servicio educativo no incide en la
determinación del tipo de vinculación, pues, se insiste, lo «esencialmente relevante
frente al reconocimiento de la pensión gracia es la acreditación de la plaza» con
carácter territorial o nacionalizado.

69. Asimismo, observa la Sala que el Tribunal, en sede de primera instancia,
precisó que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado y lo
dispuesto en el artículo 1.º de la Ley 91 de 198943, a partir del 1.º de enero de 1976
los docentes ostentan la calidad de territoriales o nacionalizados cuando su
nombramiento es efectuado por una entidad territorial, siempre que la plaza provista
no se encuentre a cargo de la Nación, en los términos del artículo 10 de la Ley 43
de 197544.

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

16 de octubre de 2020, exp. 13001-23-33-000-2014-00286-01(0752-19).
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21

de junio de 2018, exp. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
43
ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a
continuación de cada uno de ellos:
[…]
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero
de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

44 ARTÍCULO 10º.- En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los

municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria
o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa
autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.

18

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00156-00 (6405-2024)
Demandante: Melania Romero Prada
Demandado: UGPP

70. En congruencia con lo anterior, resulta pertinente destacar que del contenido
de la Resolución núm. 1287 del 12 de abril de 2000 no se advierte intervención ni
delegación alguna por parte del Ministerio de Educación Nacional. Por el contrario,
se observa que dicho acto fue expedido en ejercicio de las atribuciones delegadas
por el alcalde mayor de Bogotá a la Secretaría de Educación Distrital. Asimismo,
como se indicó en apartes precedentes de esta providencia, el nombramiento de la
demandante se realizó en el marco de un concurso abierto —convocado por la
mencionada Secretaría— para proveer plazas docentes en instituciones educativas
del Distrito Capital, y contó con la correspondiente viabilidad presupuestal emitida
por la Dirección Financiera de esa entidad.

71. Esta línea argumentativa es consistente con la postura de esta Sección, que
en casos similares al presente —en los que se estudia el tipo de vinculación y la
intervención del Ministerio de Educación Nacional en el nombramiento— ha
destacado la incidencia del ente ministerial para determinar la naturaleza del
nombramiento en los términos del artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en concordancia
del artículo 10 de la Ley 43 de 1975. En los siguientes términos quedó señalado:

Este último aspecto [intervención o delegación por parte del Ministerio de Educación
Nacional] es clave para concluir que el nombramiento no fue nacionalizado,
dado que no se cumplió con el requisito establecido en el artículo 10 de la Ley
43 de 1975, es decir, no se evidenció la previa autorización del Ministerio de
Educación Nacional para que el gobernador pudiera designar a la demandante
como maestra. Mucho menos se mencionó que la plaza a ocupar requiriera
recursos transferidos por el Gobierno Nacional a través de los Fondos Educativos
Regionales, conforme al artículo 6 de la misma norma.

Inclusive, la posesión del cargo ocurrió el 24 de abril de 1975, mientras que la Ley
43 de 1975 fue sancionada y entró en vigencia el 11 de diciembre de 197510; por lo
tanto, no era posible que la plaza tuviera el carácter nacionalizado, ya que en ese
momento no había comenzado en Colombia la nacionalización de la educación
primaria y secundaria implementada con la mencionada ley.

En consecuencia, en ese momento el nombramiento solo podía ser nacional o
territorial, pero nunca nacionalizado. En este punto, es relevante señalar que
tampoco fue de carácter nacional, puesto que no se trató de una vinculación por
nombramiento del Gobierno Nacional, tal como lo define el artículo 1° de la
Ley 91 de 198945. (negrillas por la sala)

72. Finalmente, sobre los argumentos concretos del recurso de apelación
relativos a la validez de los certificados aportados al proceso donde se desprende
que la vinculación de la demandante fue nacional, cabe precisar que, de acuerdo
con la sentencia de unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, enunciada de
en esta decisión, se establece la siguiente regla: «para acreditar la calidad de
docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el
vínculo […] o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva

45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de junio de 2025, exp. 08001 23 33

000 2015 90078 01 (2788-2019), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
19

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00156-00 (6405-2024)
Demandante: Melania Romero Prada
Demandado: UGPP

certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial». La anterior consideración implica que, para demostrar los requisitos de
la pensión gracia, concretamente, la naturaleza de la plaza no existe un sistema de
tarifa legal46. Al respecto, esta Subsección47 estimó:
[E]l análisis probatorio desvirtúa el reparo expuesto por la UGPP en lo relativo a la
prueba idónea para acreditar el requisito de tiempo de servicio, fundado en que los
únicos certificados válidos son los del sistema CETIL, por cuanto los actos de
nombramiento, las actas de posesión y los certificados de información laboral
aportados al proceso evidencian que la vinculación del actor fue de carácter
municipal. De hecho, el decreto de nombramiento incorporado al expediente da cuenta
de que fue la autoridad territorial la que ejerció la facultad nominadora y, por tanto,
conforme con lo señalado en la sentencia de unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de
2018, puede concluirse que la vinculación es de carácter territorial y/o nacionalizada.
(negrillas por la Sala)

73. La Sala ha sostenido que, a partir de un análisis probatorio integral de los
medios de prueba obrantes en el expediente, es posible alcanzar el convencimiento
necesario para reconocer la pensión gracia, sin que resulte indispensable aportar
certificados del sistema CETIL, además de que en este caso la entidad demandada
no cuestionó la autenticidad de los documentos aportados dentro del expediente,
que fueron tenidos en cuenta por el tribunal de primera instancia para acceder a las
pretensiones de la demanda y corroborados en esta providencia.

74. En ese contexto, las certificaciones que la entidad invoca para acreditar el
tipo de vinculación, aun cuando a su juicio no admitan controversia, no tienen un
valor probatorio prevalente en el escenario judicial, pues deben ser apreciadas de
manera conjunta conforme a las reglas de la sana crítica y en armonía con el acervo
probatorio del proceso. En tal sentido, el hecho de que indiquen una vinculación de
carácter nacional no impide que el juez, a partir de otros medios de convicción,
arribe a una conclusión distinta, como ocurre con el acto administrativo que
materializó la vinculación de la demandante como docente, expedido en desarrollo
de una convocatoria del Distrito y no nacional, el cual, por su naturaleza y contenido,
merece mayor credibilidad y ostenta mayor fuerza demostrativa para determinar la
naturaleza jurídica de la plaza.

75. Por las razones expuestas, la Sala concluye que la respuesta al problema
jurídico es afirmativa, en tanto la señora Melania Romero Prada acreditó el
cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, en
particular, una vinculación de carácter territorial durante los períodos considerados
por el tribunal para completar los 20 años de servicios, como se desprende del
análisis de los actos administrativos de nombramiento.

46 Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 13 de abril de 2023, proceso con radicado

05001-23-33-000-2016-00987-01 (116-2021). M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
47 Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2025, proceso con radicado

52001-33-33-000-2021-00154-01 (0393-2023). M. P. Elizabeth Becerra Cornejo.
20

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00156-00 (6405-2024)
Demandante: Melania Romero Prada
Demandado: UGPP

3.6. Conclusión

76. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que la señora Melania Romero
Prada cumplió con los requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia porque
demostró los requisitos de edad, buena conducta, haberse vinculado antes del 31
de diciembre de 1980 y prestar el servicio docente en una plaza territorial por más
de 20 años. En este orden, la sentencia apelada que declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia
será confirmada.

3.7. Costas

77. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario48 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A del 1 de agosto de 2024, que
accedió a las pretensiones de la demanda presentada por la señora Melania
Romero Prada en contra de la UGPP.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

48
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo; (b) el artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (c) la temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (d) el inciso segundo del
artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (e) los parámetros antes
enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las
de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la
sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-
33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00156-00 (6405-2024)
Demandante: Melania Romero Prada
Demandado: UGPP

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

22

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