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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00210-01

Fecha
21 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00210-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas al demandante según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia. TERCERO: SE RECONOCE PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al abogado Omar Trujillo Polanía con tarjeta profesional 201.792, y como apoderada sustituta a la abogada María Camila Camargo Rueda, portadora de la tarjeta profesional 340.484, ello conforme a los poderes que se observan en el índice 15 de SAMAI. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00210-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

21 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00210-01 (1215-2023)
Demandante: William Miguel Parrado Velásquez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Condiciones para la
configuración de una mala conducta. Se analiza la comisión de
una falta disciplinaria gravísima por malversación de fondos.
CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección
“B”, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor WILLIAM MIGUEL PARRADO VELÁSQUEZ instauró demanda en contra
de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 035276 del 22 de noviembre
de 2019, (ii) RDP 37959 del 13 de diciembre de 2019, y, (iii) RDP 001271 del 20 de
enero de 2020 por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago la pensión
gracia a favor del demandante, y se confirmó tal decisión respectivamente al
resolver los recursos de reposición y de apelación.

1 Folios 2 a 3.

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Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la prerrogativa conforme a las previsiones de la Ley 114 de 1913,
en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por el actor durante el año
anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el retroactivo debidamente
actualizado de las mesadas adeudadas por dicho concepto desde el 4 de octubre
de 2009, al igual que los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley
100 de 1993.

Que se ordene a la parte pasiva dar cumplimiento del fallo en los términos del
artículo 192 y siguientes del CPACA, y que esta asuma las costas causadas.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que el demandante nació el 4 de octubre de 1959. Que durante su vida laboral
prestó sus servicios al magisterio en los siguientes periodos: entre el 17 de abril y
el 11 de junio de 19793, del 9 de julio al 9 de septiembre de 19794, del 10 al 30 de
septiembre de 19795, del 30 de septiembre de 1982 al 23 marzo de 19836.

Que luego fue nombrado en propiedad mediante Decreto 1969 de 1984, para
desempeñarse como docente oficial entre el 22 de junio de 1984 y el 5 de noviembre
de 2004.

Que, el 26 de abril de 2013, el accionante radicó ante la UGPP una solicitud
tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gracia por haber laborado
durante más de 20 años al servicio del magisterio.

Que la entidad demandada negó lo reclamado a través de la Resolución RDP
035276 del 22 de noviembre de 2019. Que, por esa razón, el reclamante interpuso
recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el aludido acto
administrativo, los cuales fueron resueltos negativamente a través de las
Resoluciones RDP 037959 del 13 de diciembre de 2019 y RDP 001271 del 20 de
enero de 2020 respectivamente, ello en el sentido de confirmar la decisión inicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN7

La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se

2 Folio 3 a 4.
3 Nombrado mediante Decreto 3899 del 25 de septiembre de 1979.
4 Nombrado mediante Decreto 1006 del 26 de marzo de 1980.
5 Nombrado mediante Decreto 4024 del 2 de octubre de 1979.
6 Nombrado mediante por Decreto 2188 de 5 de agosto de 1982.
7 Idem.

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transgredieron los artículos: 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la
Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 del
Decreto 081 de 1976; 3 del Decreto Ley 2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de 1989.

Que la UGPP actuó en contravía del precedente jurisprudencial que sobre el
reconocimiento de la pensión gracia se ha venido desarrollando, ello en razón de
una falsa motivación, por cuanto lo cierto es que el accionante sí reunió la totalidad
de los requisitos de las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989, pues estuvo vinculado
dentro del proceso de nacionalización, dado que inició labores con el departamento
de Cundinamarca desde el 17 de abril de 1979 hasta el 5 de noviembre de 2004,
esto a través de períodos interrumpidos, que igual demuestran que cumplió con la
exigencia de tener un nombramiento "hasta el 31 de diciembre de 1980", así como
la de la edad de 50 años y el tiempo de servicio de 20 años.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 6 de marzo de 2020,8 y notificada a la
UGPP9, quien presentó memorial de contestación10 oponiéndose a la prosperidad
de las pretensiones de la parte activa, para lo cual señaló que, el actor no cumplió
con los requisitos establecidos por la Ley 114 de 1913, pues no se encontró
acreditado la vinculación como docente territorial antes de 1980. Que además allegó
un periodo en interinidad que no se puede considerar para adquirir dicho derecho.
Que, en todo caso, el docente no prestó sus servicios con honradez al magisterio,
puesto que lo sancionaron mediante la Resolución 3670 del 5 de noviembre de 2004
emanada de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca por
la que se retiró del servicio.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación por
no cumplimiento de los requisitos legales, (ii) ausencia de fundamentos jurídicos,
(iii) presunción de legalidad de los actos administrativos, (iv) buena fe, (v) la carga
de la prueba se encuentra en cabeza del interesado, (vi) prescripción, y (vii)
genérica.

En la audiencia inicial11 acerca del saneamiento se señaló que no había causal de
nulidad que invalide o actuado, se definió sobre las excepciones y de las medidas
cautelares que no había pendientes para resolver, se fijó el litigio en determinar si
el actor cumple o no con los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión
gracia, se señaló que no existía ánimo conciliatorio, y se efectuó el decreto de
pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.

8 Folio 59.
9 Folios 64 a 66.
10 Folios 79 a 86.
11 Folio 135.

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Mediante auto del 30 de junio de 202212, estando el proceso pendiente de recaudar
pruebas documentales decretadas en la audiencia inicial, en aplicación de los
principios de celeridad y eficacia procedió a incorporar las mismas, por lo que de
igual manera dio por terminada la etapa aprobatoria y se prescindió de la audiencia
de alegaciones y juzgamiento de que trata el artículo 181 del CPACA. Finalmente,
concedió a las partes el término de 10 días siguientes para que presenten sus
alegatos de conclusión y al Ministerio Público el mismo tiempo para presentar
concepto.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN13

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “B”,
el 18 de noviembre de 2022 dictó sentencia escrita, negando las pretensiones de la
demanda y sin condena en costas a la parte activa.

Expuso que, a través de la Resolución 003578 del 6 de octubre de 2004 (con la que
culminó proceso disciplinario llevado en su contra), se le sancionó con destitución
de su cargo, decisión ejecutada mediante la Resolución 003670 del 26 de octubre
de 2004 emanada de la Secretaría de Educación de Cundinamarca.

Que los hechos que originaron la destitución del actor constituyen mala conducta y
el reclamante se apoderó de dineros de la comunidad educativa de manera dolosa,
lo que se configura como delito penal, situación que afectó a los derechos de los
estudiantes y padres de familia, tal como quedó probado en el proceso disciplinario.

Que el docente al no haber ejercido su actividad con honradez, técnicamente lo que
hizo fue actuar con una mala conducta que incumple con uno de los requisitos
exigidos por la norma y la jurisprudencia para el reconocimiento de la pensión
solicitada.

EL RECURSO DE APELACIÓN14

La parte demandante en su escrito de apelación solicitó revocar la sentencia de
primera instancia para acceder a sus pretensiones. Para ello adujo que, el actor
laboró durante 25 años al servicio del magisterio como docente oficial, tiempo en el
que demostró una buena conducta que se refleja en la ausencia de sanciones o
reproches en su contra.

Que la conducta por la cual fue sancionado fue única, de la cual no se había tenido
precedente y con la que este fue desvinculado del servicio de la docencia, por lo
que, es posible enmarcarla como un hecho aislado que no debe afectar el

12 Folio 213.
13 Folios 225 a 235.
14 Folios 240 a 242.

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reconocimiento de la pensión deprecada, cuya finalidad es enaltecer la labor del
docente en el sector público.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 10 de abril de 2023,15 en el
que se dispuso que, de conformidad con el artículo 212 del CPACA, una vez
notificada esta decisión pasara el proceso a despacho para dictar sentencia a
menos que se presentara solicitud probatoria, lo cual no ocurrió.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

De conformidad con el numeral 4.° del artículo 247 del CPACA, una vez concedido
el recurso y hasta la ejecutoria del auto que lo admitió, los sujetos procesales podían
pronunciarse sobre el mismo.

La parte demandada allegó memorial16 en el que simplemente solicitó que se
confirme el fallo apelado por considerar que se encuentra ajustado a derecho.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si el demandante,
a fin de consolidar el derecho a la pensión gracia, cumplió o no con el requisito de
observar buena conducta en el ejercicio de su cargo como docente oficial, bajo el
entendido de que en el año 2004 mediante Resolución 003578 del 6 de octubre fue
sancionado disciplinariamente con destitución de su cargo por haberse demostrado
la comisión de unas conductas constitutivas de faltas gravísimas a título de dolo
descritas en el numeral 1.° del artículo 25 de la Ley 200 de 1995.

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:

15 Folio 248.
16 Ver índice 9 de SAMAI.

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«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

En suma, conforme a la anterior normativa, y adicionalmente a las Leyes 116 de
1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como al amplio desarrollo
jurisprudencial del Consejo de Estado en las sentencias S-699 del 26 de agosto de
1997, CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el
docente oficial que la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

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iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Ahora bien, sobre esta última exigencia puede destacarse que, en principio, tanto la
calificación como la cualificación del debido comportamiento del educador en razón
de sus funciones, fue prevista normativamente en el artículo 46 del Decreto 2277
de 1979,17 a través del cual se fijaron una serie de supuestos que podrían configurar
lo que podría entenderse como un indebido ejercicio del empleo, a saber:

«[…] ARTICULO 46. CAUSALES DE MALA CONDUCTA. Los siguientes hechos
debidamente comprobados constituyen causales de mala conducta:

a). La asistencia habitual al sitio de trabajo en estado de embriaguez o la
toxicomanía;
b). El homosexualismo18 o la práctica de aberraciones sexuales.
c). La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos;
d). El tráfico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos
públicos.
e). La aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos;
f). El incumplimiento sistemático de los deberes o la violación reiterada de las
prohibiciones;
g). El ser condenado por delito o delitos dolosos;
h). El uso de documentos o informaciones falsas para inscripción o ascensos en el
Escalafón, o para obtener nombramientos, traslados, licencias o comisiones;
i). La utilización de la cátedra para hacer proselitismo político;
j). El abandono del cargo. […]».

Aun así, para efectos prestacionales y de reconocimiento de dádivas como la
pensión gracia, debe tenerse en cuenta que jurisprudencialmente, el concepto de la
buena o mala conducta ha superado solo el análisis exegético y subjetivo de esta
norma, para impedir que la definición de esta figura se haga por parte del operador
de manera arbitraria, atendiendo sus convicciones éticas personales.

Por ello, en diferentes providencias, el estudio del comportamiento del empleado
como requisito para adquirir una prerrogativa, se ha intentado concretar bajo
criterios de objetividad. Por ejemplo, en su momento la Corte Constitucional en
sentencia C-371 de 2002 sostuvo que:

«[…] Los conceptos de buena conducta o de buen comportamiento tienen distintos
ámbitos de aplicación y han sido ampliamente utilizados por el legislador. (…).
Cuando son empleados por el legislador tienen, por lo general, el carácter de lo que
la doctrina conoce como conceptos jurídicos indeterminados, esto es, aquellos
conceptos de valor o de experiencia utilizados por las leyes y por virtud de los cuales
éstas refieren “... una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados
en su enunciado.”

Lo propio de este tipo de conceptos es que, no obstante su indeterminación, los

17 Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente.
18 Aparte tachado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-481 de 1998 del 9

de septiembre de 1998, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero.

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mismos deben ser precisados en el momento de su aplicación. Y tal concreción no
responde a una apreciación discrecional del operador jurídico, sino que se encuadra
dentro de los parámetros de valor o de experiencia que han sido incorporados al
ordenamiento jurídico y de los cuales el operador jurídico no puede apartarse.

[…] No obstante que, como se ha dicho, por definición, el concepto de buena conducta
contenido en una disposición legal, es un concepto jurídico y como tal su
determinación no permite, ni mucho menos impone, la referencia directa a
apreciaciones morales y éticas, en la medida en que el operador jurídico no puede
apartarse de la manera como tales consideraciones de valor hayan sido plasmadas
en el ordenamiento, ello exige, precisamente, que el propio ordenamiento suministre
los parámetros para la determinación del concepto. […]» (Subrayado fuera de texto).

Por su parte, el Consejo de Estado también19 ha desarrollado este concepto,
específicamente en casos como el particular, donde se discute el cumplimiento o no
de la exigencia en comento, en orden de acceder a la pensión gracia, tal como se
abordó en sentencia del 13 de agosto de 2018 en el siguiente sentido:

«[…] Respecto del cumplimiento del aludido requisito, la sección segunda
(subsecciones A y B) de esta Corporación ha sido reiterativa en advertir:

[…] si bien el num. (sic) 4º del art. 4º de la ley 114 de 1913 exige que el servidor
docente observe buena conducta durante su ejercicio profesional, ello no significa
que una sola conducta considerada aisladamente como reprochable pueda tenerse
en cuenta como impedimento para el reconocimiento de la pensión gracia pues,
como se ha dicho en otras oportunidades, el comportamiento censurable debe ser
continuo durante el ejercicio profesional del docente o de tal gravedad que, así sea
aislado, amerite la sanción de pérdida de la pensión. […] No resultaría equitativo
que a un docente que ha demostrado que durante un lapso mayor al exigido para
adquirir su derecho pensional ha observado buena conducta se le tome en cuenta
sólo un hecho desfavorable para negarle la prestación20.

[…] En oportunidad reciente, esta subsección estableció una serie de condiciones
para la configuración del incumplimiento del requisito consistente en haber
observado buena conducta para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia. Así
se discurrió:

Incumplimiento del requisito consistente en haber observado buena
conducta.

En primer lugar, para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia por el
incumplimiento del requisito de observar buena conducta (artículo 4, numeral 4, de
la Ley 114 de 1913), se requiere:

i) Que el proceder reprochable tenga ocurrencia durante el lapso en que el infractor
se encuentre al servicio oficial docente.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del

13 de agosto de 2018. Radicado: 73001-23-33-000-2014-00645-01(4493-15).
20 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 24

de abril de 2003, radicación 15001-23-31-000-1999-1454-01 (4251-02), M. P. Jesús María Lemos Bustamante.
En el mismo sentido, también se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo,
sección segunda, subsección A, sentencia de 10 de julio de 2014, radicación 41001-23-31-000-2011-00083-01
(3330-13), M. P. Luis Rafael Vergara Quintero.

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ii) Que el comportamiento inadecuado que se imputa esté descrito en el
ordenamiento como causal de mala conducta.

iii) Que en tal virtud, la autoridad competente adelante un procedimiento de carácter
administrativo que culmine necesariamente con una sanción disciplinaria21.

iv) Que no obstante la sanción impuesta, se debe hacer un análisis objetivo acerca
de la gravedad o levedad de la falta.

v) Que la infracción censurable no sea de aquellas que la jurisprudencia estima
como un «hecho aislado», esto es, que una sola conducta considerada
aisladamente como reprochable no puede tenerse en cuenta como impedimento
para el reconocimiento de la pensión gracia. Y

vi) Que la actuación objeto de reproche se haya reiterado en el tiempo o que,
habiéndose consumado en una sola ocasión, afecte gravemente otros derechos y
libertades de la comunidad educativa22.23 […]».

En consecuencia, la mala conducta debe entenderse como aquellos actos del
docente que sean reprochables en el ejercicio de la labor educativa, esto es, los
señalados en el artículo 46 del Decreto 2277 de 1979, siempre que hayan sido
objeto de sanción disciplinaria con garantía del debido proceso, pero que, además,
sean reiterados, persistentes o habituales a lo largo de la vinculación.

En todo caso, lo propio también se configura cuando ocurran una sola vez y tengan
el impacto de gravedad y afectación suficiente para perturbar negativamente las
garantías del ambiente escolar, y que, por tanto, pueda ser criterio exclusivo y
justificado para la pérdida de una prerrogativa como la pensión gracia.

De hecho, en razón a que la pensión gracia surgió como una acción afirmativa del
Gobierno Nacional para eliminar en su momento el trato diferencial e inequitativo en
materia salarial y prestacional que sufrían los docentes territoriales y nacionalizados
frente a los nacionales, resultaría poco garantista sostener que el educador que
haya incurrido por una sola ocasión en alguna causal leve de mala conducta, debe
perder automáticamente este derecho, pues sin un análisis objetivo e integral del
caso concreto, tal decisión no sería una consecuencia directamente proporcional a
la naturaleza jurídica de la dádiva en comento.

Resolución del caso concreto

21 Sobre este particular, se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección

segunda, subsección B, sentencia de 1º de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2014-00105-01
(383-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
22 Frente a los numerales iv), v) y vi) se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso

administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de marzo de 2017, radicación 68001-23-31-000-
2011-00406-01 (4555-2014); y Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda,
subsección B, sentencia de 9 de marzo de 2017, radicación 52001-23-33-000-2012-00044-01 (3982-2013);
ambas con ponencias del consejero Carmelo Perdomo Cuéter.
23 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 24

de marzo de 2017, radicación 08001-23-33-000-2013-00676-01 (1324-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Inicialmente, como el centro de discusión en esta instancia (habilitado por los
reparos específicos del actor en calidad de apelante único), se ubica en el estudio
del requisito de la demostración de una buena conducta del educador, se hace
innecesario profundizar sobre el cumplimiento de las demás exigencias para la
pensión gracia, pues estas fueron convalidadas por la misma entidad accionada en
vía administrativa, sin discusión al respecto en sede judicial.

Conforme a la Resolución RDP 035276 del 22 de noviembre de 2019,24 se extrae
con claridad que el apelante a esa fecha tenía más de 50 años de edad, pues nació
el 4 de octubre de 1959, y adicionalmente acreditó ante la UGPP haber laborado
como docente interino del orden nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980
(desde el 17 de abril de 1979), detentando además varios vínculos legal y
reglamentario de la misma naturaleza que duraron hasta el 5 de noviembre de 2004,
acumulando más de 20 años bajo dicha calidad.

Por tanto, resta verificar si como lo aduce la parte pasiva, se demostró que el
accionante incurrió en una causal de mala conducta que le impide consolidar la
prerrogativa bajo estudio, ello por haber sido destituido de su cargo a título de
sanción derivada del proceso disciplinario adelantado en su contra por parte del
departamento de Cundinamarca al haberse comprobado que cometió unas
conductas reprochables calificadas como faltas gravísimas.

Al respecto, según la Resolución 003578 del 6 de octubre de 2004 expedida por la
secretaria de educación del departamento de Cundinamarca,25 por medio de la cual
la mencionada autoridad confirmó la sanción disciplinaria en comento impuesta en
primera instancia por el director de la Oficina de Control Disciplinario, es claro para
la Sala que, luego de surtirse todas las etapas propias del procedimiento
consagrado en la Ley 200 de 1995, se determinó que el demandante era
responsable de cometer:

«[…] la falta gravísima descrita en el numeral 1 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995,
actual numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por la realización objetiva de
una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo,
pues en su cargo de Rector, ordenador del gasto, recaudó los dineros por concepto
de la tienda escolar y no los consignó en el Fondo destinado para tal fin, así como
tampoco los dineros por concepto de seguro estudiantil dejando de manifiesto su
apropiación con el consecuente detrimento patrimonial del Estado, actitud que se
hace aún más reprochable viniendo de la máxima autoridad del colegio, quien obró
con total abandono de sus funciones contrariando los principios que rigen el Estado
Social de Derecho y afectando al nivel de confianza que tiene la ciudadanía hacia
las autoridades, sin que opere causal de atenuación o de exclusión de
responsabilidad. […]»26

Por lo anterior, el recurrente fue sancionado con la destitución de su cargo como

24 Folios 46 a 48.
25 Folios 158 a 186.
26 Folio 163.

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rector del Colegio Departamental de Pradilla del municipio de El Colegio, ello
conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del entonces Código Disciplinario Único.

Para adoptar esta decisión, en el acto administrativo mencionado se advierte que
las conductas investigadas y sancionadas fueron las siguientes, fundamentadas en
estos hechos:

«[…] En el PRIMER CARGO atribuido, el a-quo reprochó al disciplinado el observar
una actitud negligente para el año 2001, al no consignar los dineros de la tienda
escolar en el Fondo de Servicios Docentes, presumiendo que el Rector se
apoderaba de ellos causando detrimento patrimonial al colegio y por ende
incurriendo en la descripción típica consagrada en la ley penal como peculado por
apropiación, verificándose la trasgresión de los numerales 1, 2 y 23 del artículo 40
de la Ley 200 de 1995 actuales numerales 1, 2 y 21 del artículo 34 de la Ley 734 de
2002, del desconocimiento a lo establecido en el artículo 182 de la ley 115 de 1994,
así como la infracción del literal j) del artículo 25 del decreto 1860 de 1994 y su
incursión en lo consagrado en el numeral 1 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995,
actual numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 27

[…] Por lo anterior, para esta instancia se encuentra probado el primer cargo
atribuido por el a-quo al señor WILLLIAM MIGUEL PARRADO VELÁSQUEZ, siendo
reprochable la trasgresión de los numerales 1, 2 y 23 del artículo 40 de la Ley 200
de 1995, preceptuados en los numerales 1, 2 y 21 del artículo 34 de la Ley 734 de
2002, el desconocimiento de lo establecido en el artículo 182 de la Ley 115 de 1994
y su incursión en el numeral 1 del artículo 25 de la ley 200 de 1995 pues el Rector
del Colegio “Luis Carlos Galán Sarmiento” para el año 2001, obtuvo directamente
dineros pertenecientes a la tienda escolar que no consignó en el Fondo de Servicios
Docentes y de los cuales nunca rindió cuenta, apropiándose de los dineros
recaudados por concepto del contrato suscrito, actitud reprochable a título de dolo
pues en su calidad de tal, conocía la normatividad relativa al manejo oficial de éstos
y tuvo el ánimo de incurrir en lo establecido por la norma disciplinaria, ya que no
rindió informe alguno y guardó silencio respecto a su destino. 28

[…] En el SEGUNDO CARGO, el operador disciplinario reprochó al investigado el
no haber ingresado a la institución educativa los dineros correspondientes a los
$5.000 recaudados personalmente a sus alumnos, por concepto de la adquisición
de seguro de accidentes estudiantiles contratado el 25 de febrero de 2002 con la
seguradora “La Equidad”, además recolectados por valor de $6.000 obteniendo un
ingreso extra de $1.000 por estudiante, así como los dineros correspondientes al
10% de utilidad sobre la venta de esos seguros que otorgaba la Aseguradora,
generando por ende presunto detrimento en el patrimonio del establecimiento
educativo, incurriendo en la descripción típica consagrada en la ley penal como
peculado por apropiación, censurándole el a-quo la trasgresión a lo establecido en
los numerales 1, 2 y 23 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, actuales numerales
1, 2 y 21 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, el desconocimiento de lo establecido
en el artículo 182 de la Ley 115 de 1994 y del literal j) del artículo 25 del Decreto
1860 de 1994, así como su incursión en el numeral 1 del artículo 25 de la Ley 200
de 1995, actual numeral 1 del artículo 48 de la ley 734 de 2002.29

[…] Por lo anterior, este despacho confirmará lo endilgado en el cargo segundo al

27 Folio 165.
28 Folio 167.
29 Folio 169.

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señor WILLIAM MIGUEL PARRADO VELASQUEZ, por el Director de la Oficina de
Control Disciplinario y por ende de la trasgresión del contenido de los numerales 1,
2 y 23 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, actuales numerales 1, 2 y 21 del artículo
34 de la Ley 734 de 2002, el desconocimiento a lo establecido en el artículo 182 de
la Ley 115 de 1994, así como la incursión en lo preceptuado en el numeral 1 del
artículo 25 de la Ley 200 de 1995, a título de dolo, porque en el ejercicio de su cargo
tenía el conocimiento que tal conducta no le era permitida como servidor público y
quiso derivar provecho patrimonial de la misma, ya que nunca ingresó estos dineros
a las arcas de la institución que estaba bajo su responsabilidad, aunado al hecho de
no haber dado reporte alguno ni haber atendido a los diferentes requerimientos que
se le hicieron por parte de las autoridades escolares por este motivo. […]».
(Subrayado intencional).

En el mismo acto sancionatorio, se lee:

«[…] Así pues, se concluye que se ha demostrado la responsabilidad disciplinaria
de señor WILLIAM MIGUEL PARRADO VELASQUEZ, en la comisión de faltas
gravísimas a título de dolo descritas en los cargos 1 y 2 por ende, su incursión en lo
establecido en el numeral 1 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, la transgresión
del contenido de los numerales 1, 2 y 23 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995,
consagrado en los numerales 1, 2 y 21 del artículo 34 de la Ley 734 de 1994 y el
desconocimiento de lo establecido en el artículo 182 de la Ley 115 de 1994.30 […]»

Con dicha claridad, se analizará este comportamiento en atención a los postulados
del criterio objetivo desarrollado jurisprudencialmente en la sentencia del Consejo
de Estado del 13 de agosto de 2018, tal como se precisó en el marco jurídico
aplicable al presente caso.

Para ello debe tenerse en cuenta que, efectivamente, (i)31 la conducta imputada al
demandante corresponde a la comisión de faltas disciplinarias gravísimas a título
de dolo, previstas como prohibiciones de los numerales 1, 2 y 23 del artículo 40 de
la Ley 200 de 1995, actuales numerales 1, 2 y 21 del artículo 34 de la Ley 734 de
2002, al igual que el desconocimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley
115 de 1994, así como la incursión en lo preceptuado en el numeral 1 del artículo
25 de la Ley 200 de 1995.32

Ahora, si bien en el marco del proceso disciplinario se analizó el actuar del
accionante bajo el concepto de una falta relacionada con el hecho de derivar un
indebido provecho patrimonial en el ejercicio del cargo, lo cierto es que ese mismo
comportamiento comprobado en vía administrativa también constituye y está
previsto expresamente como una causal de mala conducta en el caso de los
educadores oficiales, consagrada en el artículo 46, literal c) del Decreto 2277 de
1979, pues se trata de una malversación de fondos y bienes escolares o

30 Folio 184.
31 Este punto corresponde al numeral (ii) de la estructura de análisis de la sentencia del Consejo de Estado del

13 de agosto de 2018, el cual fue invertido para dar un mejor orden en la argumentación expuesta en el presente
proceso.
32 «[…] Artículo 25º.- Faltas gravísimas. Se consideran faltas gravísimas:

1. Derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones. […]»

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cooperativas.33

Al respecto, el referido concepto “malversar”, según la Real Academia de la Lengua
Española, significa: «Apropiarse o destinar los caudales públicos a un uso ajeno a
su función.»34, acto que precisamente es el que realizó el demandante según lo
demostrado en la actuación disciplinaria adelantada en su contra, pues se indica
que se apropió de los recursos de la tienda escolar que estaban destinados para el
Fondo de Servicios Docentes, así como del 10% de utilidad sobre la venta de los
seguros de accidentes estudiantiles, todo con el fin de favorecer su interés personal
en detrimento de la función educativa de la comunidad académica.

Es decir, bien sea en calidad de falta gravísima o como causal de mala conducta
especialmente prevista para los docentes estatales, la realidad es que el hecho de
que un servidor público como el reclamante hubiese utilizado de manera irregular
los recursos a su cargo (y con mayor razón si lo que buscaba era un beneficio
propio), claramente se adecúa al entendimiento de una conducta inadecuada
debidamente concebida por el ordenamiento como sancionable, lo cual se ajusta al
criterio de tipicidad exigido para tener como satisfecho este requisito bajo estudio.

Adicionalmente se observa que, (ii)35 este hecho censurable tuvo lugar en un
momento en el cual el accionante se encontraba vinculado como docente, pues
ocupó el cargo de rector de una institución educativa hasta el 5 de noviembre de
2004,36 y la falta disciplinaria aludida la cometió en el año 2001, tal como se
corroboró del proceso adelantado en su contra que culminó con su destitución en el
año 2004 en virtud de la Resolución 003670 del 26 de octubre de 2004.37 Lo anterior
permite tener acreditado este presupuesto examinado.

Por otra parte, es evidente que, (iii) aun en el entendido de que en el presente caso
no se demostró que se hubiese llevado a cabo una investigación o un juicio penal
contra el apelante por el delito de peculado por apropiación, por la conducta
censurable sí fue sometido a un proceso disciplinario reglado por los preceptos de
la Ley 200 de 1995.

Ello implica que, el actor fue vinculado a una actuación administrativa sancionatoria
con todas las garantías derivadas del principio del debido proceso, tal como se
aprecia de los antecedentes de la Resolución 003578 del 6 de octubre de 2004, 38

33 «[…] ARTÍCULO 46.- Causales de mala conducta. Los siguientes hechos debidamente comprobados
constituyen causales de mala conducta. […]
c) La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativas; […]»
34 Ver el siguiente link: https://dle.rae.es/malversar?m=form
35 Este punto corresponde al numeral (i) de la estructura de análisis de la sentencia del Consejo de Estado del

13 de agosto de 2018, el cual fue invertido para dar un mejor orden en la argumentación expuesta en el presente
proceso.
36 Según formato Único para la expedición de certificado de historia laboral del FNPSM, que se encuentra a folio

38.
37 Folio 152 a 153.
38 Folios 158 a 186.

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de manera que, evidentemente por el referido acto reprochable sí hubo un
procedimiento (en este caso disciplinario), que terminó con una decisión
condenatoria por haberse demostrado la responsabilidad del demandante.

Ahora bien, pese a ser cierto como lo adujo el recurrente que, (iv)39 el hecho
sancionado se concretó una sola vez, pues a lo largo del proceso no se mencionó
ni se demostró que el actor haya tenido investigaciones por estos mismos hechos,
o por otros diferentes y reiterados a lo largo de su vinculación como maestro, lo
cierto es que este comportamiento de malversación de fondos configurado como
una falta gravísima, y que concluyó con su destitución del cargo, sí constituye un
hecho aislado de suficiente capacidad para impedir que sea otorgada una dádiva
como la pensión gracia.

Sobre el punto, la jurisprudencia ha exigido que, (v)40 se estudie si en los eventos
de actos censurables únicos, estos tienen la magnitud suficiente para ser
considerados graves o de impacto negativo para los derechos de la comunidad
educativa.

En el asunto estudiado, para la Sala sí se puede considerar lo suficientemente grave
el uso indebido de recursos de la institución educativa, cuando esta conllevó la
destitución del cargo como rector del establecimiento.

El impacto negativo del hecho punible se verifica al advertir que tal comportamiento
comprobado y sancionado se cometió a título de dolo, da cuenta de que el actuar
del demandante fue consciente e intencional, ya que este en su calidad de
ordenador del gasto y bajo la calidad de directivo, aprovechó el ejercicio de su cargo
y de sus funciones para desviar recursos en favor personal, pasando por alto la
prevalencia del interés general de la comunidad educativa.

Lo expuesto se ajusta a la noción de gravedad de una mala conducta, pues, aunque
fue un hecho aislado que solo ocurrió una vez, afectó directamente su condición de
maestro oficial, tanto así que en el ordenamiento disciplinario está previsto como
una falta gravísima cuya sanción es proporcionalmente alta, esto es, la destitución
del cargo.

Además, debe considerarse que la ocurrencia de una situación como la descrita, de
quien se espera que sea un modelo y ejemplo para la comunidad educativa (más
aún por ser rector de un colegio), tiene un impacto reputacional negativo y grave

39 Este punto corresponde a los numerales (v) y parte del (vi) de la estructura de análisis de la sentencia del

Consejo de Estado del 13 de agosto de 2018, los cuales se estudian en conjunto por estar directamente
relacionados entre sí, razón por la cual se invirtieron para darle un mejor orden en la argumentación expuesta
en el presente proceso.
40 Este punto corresponde a los numerales (iv) y parte del (vi) de la estructura de análisis de la sentencia del

Consejo de Estado del 13 de agosto de 2018, los cuales se estudian en conjunto por estar directamente
relacionados entre sí, razón por la cual se invirtieron para darle un mejor orden en la argumentación expuesta
en el presente proceso.

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sobre el servicio de educación oficial, ya que los estudiantes y padres de familia
podrían considerar erróneamente que los educadores estatales cometieran este tipo
de conductas regulares, atentando los derechos y garantías de los involucrados en
el proceso de enseñanza.

En todo caso, el argumento del recurrente en la impugnación, relacionado con una
justificación basada en que solo se sancionó una vez por eso durante más de 25
años de carrera, no puede desvirtuar la gravedad de la conducta.

Lo expuesto en razón a que, basta precisar que tal planteamiento de la temporalidad
respecto del amplio recorrido profesional del actor sin ningún reproche diferente al
analizado en esta oportunidad, no es válido como argumento para desvirtuar la
afectación tan evidente e impactante de su actuar, pues al haber malversado los
fondos a su cargo demostró que en su calidad de servidor público primó el interés
particular sobre el general, lo cual debe tener una repercusión directamente
proporcional que no es otra que evitar que el reclamante adquiera un beneficio
gratuito, oneroso y vitalicio como lo es la pensión gracia, que por su naturaleza es
eminentemente meritoria y basada en aspectos objetivos y subjetivos de la
trayectoria del docente.

En tal sentido, es evidente que el demandante no satisfizo el requisito de demostrar
una buena conducta en el ejercicio de su cargo como maestro, por lo que, se
confirmará el fallo apelado que negó las pretensiones de la parte activa, pero por
las razones expuestas en este providencia sobre la adecuación de la falta cometida
a la causal de mala conducta de malversación de fondos, mas no por haber incurrido
en un delito doloso como lo aseguró el tribunal de origen, toda vez que la eventual
responsabilidad penal del actor no fue demostrada en esta actuación, sino
solamente la disciplinaria.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada

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por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación presentado por la parte demandante, no
presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio manifestaron planteamientos
razonables para la defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas al demandante según lo
manifestado en la parte motiva de la sentencia.

TERCERO: SE RECONOCE PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP
al abogado Omar Trujillo Polanía con tarjeta profesional 201.792, y como apoderada
sustituta a la abogada María Camila Camargo Rueda, portadora de la tarjeta
profesional 340.484, ello conforme a los poderes que se observan en el índice 15
de SAMAI.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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