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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00227-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00227-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 30 de junio de 2023, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentaron los señores Hernán José Romero Rincón y Eduardo Enrique Hoyos Villamizar contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO: EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00227-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00227-01 (5820-2023)
Demandante: Hernán José Romero Rincón y Eduardo Enrique Hoyos
Villamizar
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
Tema: Retiro del servicio - Medida de vigilancia adelantada
por el Ministerio de Educación Nacional
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 30 de junio de 2023, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad de la Resolución nro.
007221 del 11 de julio de 2019, confirmada mediante la Resolución nro. 010066 del
23 de septiembre de ese mismo año, mediante las cuales se reemplazó a los
demandantes en sus calidades de representante legal y rector de la FUAC2, en el
marco de la vigilancia administrativa adelantada por el Ministerio de Educación
Nacional.

3. Como restablecimiento del derecho se exigió: i) el reintegro, sin solución de
continuidad, a los cargos que desempeñaban desde su primera vinculación; ii) el
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
desde la fecha de su desvinculación y hasta el mes de abril de 2021, data en la que
terminaban sus respectivos contratos; iii) el pago de los intereses a que hubiere
lugar y, iv) la indemnización de los perjuicios morales por 100 SMLMV para cada
uno.

4. Hechos. Se referenciaron como tales, los siguientes:

5. Mediante Resolución nro. 005766 del 6 de junio de 2019, el Ministerio de
Educación Nacional, con fundamento en los artículos 10, 11 y 13 de la Ley 1740 de

1 Archivo «013ED_C02_05Demanda.pdf» que puede ser descargado del índice 3 de la plataforma SAMAI.
2 Fundación Universidad Autónoma del Caribe.

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Demandante: Hernán José Romero Rincón y otro

2014, sometió a la Fundación Universidad Autónoma de Colombia (FUAC) a una
medida preventiva de vigilancia especial.

6. Posteriormente, mediante las Resoluciones nro. 006211 y 006212 del 13 de junio
de 2019, designó delegados ante la Asamblea General y el Consejo Directivo, así
como al inspector in situ Luis Fernando Salguero Ariza, para supervisar la gestión
administrativa y financiera de la institución.

7. En desarrollo de dichas medidas, el MEN formuló diversos requerimientos de
información relacionados con las condiciones administrativas y financieras de la
universidad y con la realización de los exámenes “Saber Pro”, mediante las
comunicaciones nro. 2019-EE-078970 y 2019-EE-078971 del 13 de junio de 2019.

8. Los demandantes, en sus condiciones de rector y representante legal de la FUAC
atendieron los requerimientos dentro de las posibilidades existentes, pese a que la
universidad se encontraba afectada por un paro laboral que impedía el acceso a las
instalaciones.

9. No obstante, el Ministerio de Educación consideró insuficiente la información
allegada mediante los radicados 2019-ER-169571 del 18 de junio de 2019 y 2019-
ER-140540, al estimar que no respondían de manera adecuada los requerimientos
formulados, ni permitían evaluar la situación administrativa y financiera de la
institución.

10. Con fundamento en los informes técnicos de la subdirección de Inspección y
Vigilancia, concluyó que la FUAC presentaba un grave deterioro financiero,
incumplimientos en sus obligaciones laborales y una afectación a las condiciones
de calidad y continuidad del servicio educativo.

11. Asimismo, debido al cese de actividades iniciado por docentes y trabajadores
desde el 20 de mayo de 2019, el Ministerio expidió la comunicación nro. 2019-EE-
091800 del 5 de julio de 2019, mediante la cual requirió al representante legal para
que presentara, a más tardar el 8 de julio de 2019, un plan de acción encaminado
al levantamiento de la huelga, la reducción de costos y gastos y el pago de las
acreencias laborales.

12. Aunque la parte actora afirmó que dicha solicitud fue atendida mediante Oficio
del 8 de julio de 2019, el Ministerio, en el Informe nro. 2019-IE-030236 del 15 de
julio de 2019, concluyó que la documentación no cumplía con lo exigido.

13. Igualmente, los delegados del Ministerio presentaron el Informe nro. 01-2019,
radicado 2019-ER-195703 del 10 de julio de 2019, en el que señalaron diversas
irregularidades en la administración de la universidad, entre ellas, la falta de
convocatoria de la Asamblea General.

14. Con fundamento en el presunto incumplimiento de los requerimientos
impartidos, el Ministerio expidió la Resolución nro. 007221 del 11 de julio de 2019,

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Demandante: Hernán José Romero Rincón y otro

mediante la cual dispuso el reemplazo del señor Eduardo Enrique Hoyos Villamizar
—representante legal de la universidad— y señor Hernán José Romero Rincón —
rector encargado de aquella—, por el término de un año, prorrogable una sola vez.

15. Contra dicha decisión, los afectados interpusieron recurso de reposición,
alegando que sí habían dado respuesta a todos los requerimientos del Ministerio y
que las limitaciones derivadas del paro impedían acceder a la totalidad de la
información. También sostuvieron que habían implementado un plan para superar
la crisis financiera heredada de administraciones anteriores y atribuyeron el
agravamiento de la situación al conflicto sindical, a la rigidez de la convención
colectiva y a la disminución de estudiantes matriculados.

16. El recurso fue resuelto mediante la Resolución nro. 010066 del 23 de
septiembre de 2019, que confirmó en su integridad la Resolución nro. 007221 de
2019. Como consecuencia del reemplazo ordenado por el Ministerio, la FUAC dio
por terminado el vínculo laboral del señor Eduardo Enrique Hoyos Villamizar y
ordenó la práctica de los exámenes médicos de retiro.

17. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 29, 53 y 83 de la Constitución Política; 3, 137 y 138 del
CPACA; 46 y 51 del C.S.T. Al desarrollar el concepto de violación expuso lo
siguiente:

18. Los actos administrativos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional
vulneraron el derecho fundamental al debido proceso, al estar incursos en las
causales de falsa motivación y desviación de poder.

19. Expuso que el debido proceso, reconocido en los artículos 6, 29 y 209 de la
Constitución Política, así como en instrumentos internacionales de derechos
humanos y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, resulta plenamente aplicable a las actuaciones
administrativas. En consecuencia, la administración debe respetar los principios de
legalidad, contradicción, imparcialidad, motivación suficiente y garantía del derecho
de defensa, con el fin de evitar decisiones arbitrarias.

20. Igualmente, el Ministerio desconoció el principio de autonomía universitaria
previsto en el artículo 69 de la Constitución y desarrollado por la Ley 30 de 1992, el
cual reconoce a las instituciones de educación superior la facultad de
autorregularse, designar sus autoridades, organizar su estructura administrativa y
financiera y administrar sus recursos, dentro de los límites establecidos por la ley.

21. En cuanto a la falsa motivación, la Resolución nro. 007221 del 11 de julio de
2019 se fundamentó en hechos que no correspondían a la realidad, pues los
presuntos incumplimientos atribuidos al representante legal y al rector no se
configuraron, dado que la información requerida por el Ministerio fue suministrada
dentro de las posibilidades existentes, pese a las limitaciones ocasionadas por la
huelga que atravesaba la universidad.

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Demandante: Hernán José Romero Rincón y otro

22. Finalmente, a partir de las pruebas allegadas y de los argumentos expuestos en
el recurso de reposición, la Resolución nro. 007221 de 2019 fue expedida con
fundamento en hechos contrarios a la realidad, lo que configura falsa motivación y
desviación de poder, causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA.

23. Contestación de la demanda3. Dentro de la oportunidad de ley, el Ministerio
de Educación Nacional solicitó negar las pretensiones de la demanda al sostener
que la Resolución nro. 007221 del 11 de julio de 2019 fue expedida con fundamento
en hechos debidamente acreditados durante el seguimiento a las medidas
preventivas y de vigilancia especial impuestas a la Fundación Universidad
Autónoma de Colombia (FUAC), y no por hechos inexistentes o falsamente
motivados.

24. Señaló que dicho acto administrativo se sustentó en las facultades de
inspección y vigilancia conferidas por la Ley 1740 de 2014, con el propósito de
garantizar la continuidad y calidad del servicio público de educación, proteger el
adecuado uso de los recursos de la institución y adoptar las medidas necesarias
frente a los incumplimientos advertidos.

25. Indicó que el reemplazo de Eduardo Enrique Hoyos Villamizar y Hernán José
Romero Rincón obedeció al incumplimiento en la entrega oportuna y adecuada de
la información y documentación requerida por el Ministerio, así como a la falta de
implementación de las medidas administrativas, académicas y financieras
ordenadas para superar la crisis institucional, conforme a lo previsto en el numeral
4.° del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014.

26. Como excepciones propuso la inexistencia del concepto de violación, la
presunción de legalidad de los actos administrativos y la caducidad de la acción.

27. Sentencia de primera instancia4. Es la dictada el 30 de junio de 2023, a través
de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda. Con tal finalidad aseguró que:

28. Se acreditó que la FUAC atravesaba desde años atrás una grave crisis
financiera, administrativa y académica, evidenciada en múltiples visitas e informes
de inspección y vigilancia realizados por el Ministerio de Educación desde 2017.
Dichos informes mostraron una disminución sostenida de ingresos, el aumento de
los pasivos, el incumplimiento de las obligaciones laborales, el deterioro patrimonial,
la disminución de estudiantes matriculados y los riesgos para la continuidad del
servicio educativo.

29. Se verificó que mediante la Resolución nro. 005766 de 2019, el Ministerio
impuso medidas preventivas y de vigilancia especial a la universidad, designó un
inspector in situ y posteriormente delegados ante los órganos de dirección. Estas

3 Archivo «021ED_C02_13ContestacionDeLaDemanda.pdf», Ibidem.
4 Índice 68 de la plataforma SAMAI de primera instancia.

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medidas buscaron que la institución adoptara acciones concretas para superar la
crisis financiera y garantizar la prestación adecuada del servicio público de
educación superior.

30. Al estudiar los antecedentes administrativos, el a quo observó que tanto el rector
como el representante legal fueron requeridos para entregar información
académica, administrativa y financiera necesaria para evaluar la situación de la
institución. Sin embargo, según los informes técnicos elaborados por los
funcionarios del Ministerio, gran parte de la documentación fue presentada de
manera incompleta, insuficiente o sin los soportes necesarios para permitir una
valoración adecuada de las condiciones reales de la universidad.

31. Respecto de los planes administrativos y financieros aportados por la FUAC, la
sentencia concluyó que estos no reunían las características mínimas de verdaderos
planes de acción. Los documentos carecían de cronogramas, responsables,
indicadores, metodologías, recursos asignados y proyecciones que permitieran
verificar cómo se superaría la crisis institucional. Para el tribunal, el Ministerio tenía
razones objetivas para concluir que la información entregada no satisfizo los
requerimientos formulados.

32. En relación con las pruebas “Saber Pro”, se demostró que el rector no remitió la
reglamentación interna exigida por el Ministerio ni los soportes sobre los
procedimientos de inscripción, divulgación y ejecución de dichas pruebas. Aunque
la parte demandante sostuvo que sí se habían realizado las gestiones necesarias y
que los estudiantes presentaron los exámenes, se consideró que no se aportó
evidencia suficiente para demostrar el cumplimiento integral de los requerimientos
efectuados por la autoridad educativa.

33. Otro aspecto relevante fue la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria
de la universidad. El Ministerio había concluido que los delegados designados para
participar en los órganos directivos no fueron citados conforme a los estatutos de la
institución. La Sala encontró que las convocatorias no cumplieron las formalidades
exigidas, particularmente respecto de la forma de notificación, la oportunidad de la
convocatoria y la comunicación a todos los delegados designados, circunstancias
que configuraron un incumplimiento de las medidas de vigilancia especial.

34. Los demandantes argumentaron que la huelga sindical impidió el acceso a la
información física de la universidad y dificultó responder oportunamente los
requerimientos del Ministerio. Sin embargo, las pruebas demostraron que existieron
mecanismos de acceso a la institución y que incluso parte de la información fue
remitida por medios electrónicos. Por ello, concluyó que los obstáculos causados a
partir de la huelga no justificaron plenamente las omisiones detectadas por la
administración.

35. En la sentencia también se examinaron los testimonios practicados durante el
proceso. Aunque varios declarantes señalaron que la crisis financiera provenía de
administraciones anteriores y que la intervención pudo tener componentes políticos

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derivados de las presiones sindicales, el tribunal estimó que esas afirmaciones no
desvirtuaban los informes técnicos y documentales que sirvieron de fundamento a
las decisiones del Ministerio. Esas declaraciones demostraron la existencia de una
crisis estructural, pero no acreditaron que el Ministerio hubiera actuado con
arbitrariedad o con fines distintos a la protección del servicio educativo

36. En cuanto a la alegada falsa motivación, el a quo recordó que esta solo se
configura cuando los hechos invocados por la administración son inexistentes y/o
cuando se omiten hechos determinantes que habrían conducido a una decisión
diferente. Tras revisar el expediente, advirtió que los hechos descritos por el
Ministerio sí estaban respaldados por informes técnicos, requerimientos,
comunicaciones y demás pruebas recaudadas durante la vigilancia especial.

37. Respecto de la desviación de poder, señaló que no se acreditó que el Ministerio
hubiera utilizado sus facultades con un propósito distinto al previsto por la Ley 1740
de 2014. Por el contrario, encontró que las medidas adoptadas estuvieron
encaminadas a garantizar la continuidad y calidad del servicio educativo, proteger
a los estudiantes y permitir la recuperación institucional.

38. Finalmente, concluyó que el reemplazo temporal del rector y del representante
legal constituyó una medida preventiva autorizada por la Ley 1740 de 2014 y no una
sanción disciplinaria. Consideró probado que los directivos incumplieron las
obligaciones relacionadas con la entrega de información y la implementación
efectiva de las medidas de vigilancia especial, razón por la cual el Ministerio actuó
dentro de sus competencias legales.

39. Por estas razones, la sentencia negó todas las pretensiones de la demanda,
declaró ajustadas a derecho las resoluciones demandadas, descartó la existencia
de la falsa motivación y la desviación de poder, negó el reintegro de los
demandantes y rechazó las indemnizaciones solicitadas.

40. Recurso de apelación5. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de
los demandantes interpuso el recurso de apelación en los siguientes términos:

41. Consideró que en la sentencia de primera instancia se realizó una valoración
incompleta de los hechos, de las pruebas aportadas y de los criterios jurídicos
aplicables al caso. El tribunal mantuvo la legalidad de las resoluciones demandadas,
pese a que no se demostró que los demandantes hubieran incumplido las
condiciones exigidas por la Ley 1740 de 2014 para adoptar una medida de tal
gravedad.

42. Indicó que no se aplicó adecuadamente el precedente contenido en la sentencia
C-491 de 2016 de la Corte Constitucional, la cual establece que el reemplazo de
directivos universitarios únicamente procede cuando se demuestra que estos
incumplieron, impidieron o dificultaron efectivamente la implementación de las

5 Índice 71, Ib.

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medidas de vigilancia especial o que ocultaron o alteraron información relevante.
Dentro del proceso nunca se acreditó que los actores hubieran afectado de manera
real la labor de inspección y vigilancia del Ministerio, por lo que la medida adoptada
carecía de fundamento suficiente y constituyó una falsa motivación.

43. Refirió que junto con la acción judicial fueron aportadas numerosas pruebas
documentales organizadas en veintiséis carpetas, además de múltiples
comunicaciones, respuestas y soportes encaminados a demostrar que sí existió
gestión para atender los requerimientos formulados por la autoridad educativa, la
cual se pasó por alto por parte del a quo, apoyando su decisión mayormente en las
pruebas aportadas por la demandada.

44. Tampoco se valoró adecuadamente el contexto excepcional en que ocurrieron
los hechos. Durante el período objeto de análisis la universidad atravesaba una
grave crisis institucional derivada de una huelga de trabajadores y docentes,
situación que dificultó el acceso a las instalaciones, archivos físicos y
documentación administrativa. Y pese a esas circunstancias, realizaron esfuerzos
para recopilar y suministrar la información solicitada por el Ministerio, por lo que las
posibles demoras o inconsistencias no podían interpretarse como una conducta
deliberada orientada a obstruir la vigilancia estatal.

45. Frente al testimonio del inspector in situ, Luis Fernando Salguero Ariza, destacó
que dicho funcionario manifestó bajo juramento que no tuvo interacción significativa
con los demandantes, que nunca les formuló requerimientos directos y que no podía
afirmar que le hubieran ocultado información o impedido el ejercicio de sus
funciones. Lo que desvirtuó uno de los fundamentos esenciales invocados por el
Ministerio para justificar el reemplazo de los directivos y demuestra que nunca
existió una obstrucción efectiva a la labor de vigilancia.

46. Adicional a lo anterior, la resolución acusada se basó en supuestos
incumplimientos relacionados con la entrega de información dentro de un lapso muy
corto de tiempo y en medio de una crisis institucional de gran magnitud. Por lo que,
si existían documentos faltantes o información incompleta, el Ministerio debió
requerir nuevamente su entrega antes de proceder a una medida tan drástica como
el reemplazo temporal de las directivas.

47. El tribunal no otorgó suficiente importancia a las actuaciones adelantadas por
los demandantes para superar la crisis financiera y administrativa de la universidad,
ya que existían planes de recuperación económica, propuestas de reducción de
gastos, gestiones para la obtención de recursos y negociaciones adelantadas para
lograr el levantamiento de la huelga, actuaciones que evidenciaban una intención
seria de solucionar los problemas institucionales y que fueron injustificadamente
minimizadas por el fallo de primera instancia.

48. Sostuvo que la sentencia erró al concluir que la presunción de legalidad de los
actos administrativos no había sido desvirtuada. Ya que las pruebas documentales,
los testimonios practicados y las circunstancias acreditadas dentro del expediente

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demostraron la existencia de falsa motivación y desviación de poder en las
resoluciones expedidas por el Ministerio de Educación. Por ello el tribunal mantuvo
dicha presunción sin realizar un análisis integral de todo el acervo probatorio.

49. Adicional a lo anterior, el reemplazo de las directivas no produjo los resultados
que supuestamente perseguía el Ministerio. Ya que, al momento de la intervención,
la universidad contaba con cerca de cinco mil estudiantes, tenía registros calificados
vigentes y adelantaba procesos académicos importantes, mientras que después de
varios años de intervención la situación institucional, financiera y académica se
deterioró considerablemente. Y aunque el tribunal sostuvo que estos hechos
posteriores no eran objeto del litigio, ello sirve para evidenciar que la medida
adoptada no contribuyó al cumplimiento de los fines que justificaron su expedición.

50. Finalmente, indicó que se vulneró el debido proceso porque el tribunal no
decretó ni practicó varias pruebas solicitadas oportunamente, entre ellas,
testimonios, actas, audios y documentos relacionados con la huelga y con las
gestiones adelantadas por la administración de la universidad. A su juicio, la práctica
de dichas pruebas habría permitido demostrar, con mayor claridad, que los
demandantes sí atendieron los requerimientos del Ministerio y que las dificultades
presentadas obedecieron a circunstancias excepcionales ajenas a su voluntad,
razón por la cual solicitan la revocatoria de la sentencia y la nulidad de los actos
administrativos demandados.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

51. La admisión del recurso. Mediante auto de 13 de febrero de 20246 se admitió
la alzada. Dentro de las oportunidades de ley no se registraron intervenciones de
las partes ni del Agente del Ministerio Público Delegado ante esta corporación.

52. Control de legalidad7. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

53. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8, esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de la referencia.

54. Problema jurídico. Corresponde a la Sala establecer si ¿erró el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al concluir que los demandantes no desvirtuaron
la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, pese a que las

6 Actuación visible en el índice 5 de la plataforma SAMAI.
7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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pruebas documentales y testimoniales acreditaron que sí atendieron los
requerimientos realizados por el Ministerio de Educación Nacional y que las
dificultades presentadas obedecieron a circunstancias extraordinarias derivadas de
la huelga que atravesaba la institución universitaria que aquellos dirigían?

55. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

56. Las facultades de inspección, vigilancia y control del Ministerio de
Educación Nacional previstas en la Ley 1740 de 2014.

57. El artículo 69 de la Constitución Política garantiza la autonomía universitaria
como una facultad que confiere a los establecimientos de educación superior el
derecho de darse sus directivas y regirse por sus estatutos. El contenido de esta
prerrogativa constitucional confiere a estas instituciones la capacidad de
autorregulación y autodeterminación, por lo que «ha de contar con sus propias
reglas internas (estatutos), y regirse conforme a ellas; designar sus autoridades
académicas y administrativas; (…) adoptar sus correspondientes regímenes y
establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social
y de su función institucional»9.

58. Con todo, la autonomía universitaria no es absoluta, y puede limitarse
legítimamente por el legislador «para hacer efectiva la función de control y vigilancia
del Estado del servicio público de educación, en los términos del artículo 3º de la
Ley 30 de 1992»10.

59. En relación con la facultad de inspección, vigilancia y control de las entidades
educativas de educación superior se expidió la Ley 1740 de 201411, que modificó la
Ley 30 de 199212, cuya finalidad fue establecer las normas de inspección y vigilancia
de la educación superior en Colombia, con el fin de velar por la calidad de este
servicio público, su continuidad, la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos, el cumplimiento de sus objetivos, así como el adecuado cubrimiento
del servicio.

60. A través de esa norma se adicionó el artículo 31 de la Ley 30 de 1992 —que fija
los objetivos del fomento, la inspección y vigilancia de la enseñanza que compete
al presidente de la República— con los siguientes literales:

«j) Velar por la calidad y la continuidad del servicio público de educación superior.

k) Propender por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos y
por el cumplimiento de los objetivos de la educación superior.

l) Velar por el adecuado cubrimiento del servicio público de educación superior.

9 Corte Constitucional, sentencia C-008 de 2001.
10 Corte Constitucional, sentencia C-1019 de 2012.
11 Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la

Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la
Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones.
12 Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.

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Demandante: Hernán José Romero Rincón y otro

m) Que en las instituciones privadas de Educación Superior, constituidas como
personas jurídicas de utilidad común, sus rentas se conserven y se apliquen
debidamente y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus fundadores,
sin que pueda consagrarse o darse de forma alguna el ánimo de lucro.

n) Que en las instituciones oficiales de Educación Superior se atienda a la naturaleza
de servicio público cultural y a la función social que les es inherente, se cumplan las
disposiciones legales y estatutarias que las rigen y que sus rentas se conserven y
se apliquen debidamente.»13

61. Por su parte, en el artículo 2.º ibidem, se le atribuyó al Ministerio de Educación
Nacional las siguientes actividades de prevención orientadas a lograr:

«1. La calidad de la Educación Superior dentro del respeto a la autonomía
universitaria y a las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

2. El cumplimiento de sus fines.

3. El adecuado cubrimiento de los servicios de Educación Superior.

4. La implementación de ejercicios de autoevaluación institucional permanente por
parte de las Instituciones de Educación Superior.

5. Construcción de planes de seguimiento con indicadores de gestión de las
Instituciones de Educación Superior en temas de calidad, que permitan verificar que
en las Instituciones de Educación Superior estén cumpliendo los objetivos y la
función social que tiene la educación.

6. La Formulación e implementación, por parte de las Instituciones de Educación
Superior que lo requieran, de planes de mejoramiento. Para ello, el Ministerio de
Educación Nacional podrá apoyarse en las Instituciones de Educación Superior que
estén acreditadas con Alta calidad mediante convenios interinstitucionales, en el
marco de la autonomía universitaria. […]»

62. Así mismo, los objetivos de inspección y vigilancia a cargo del Ministerio se
desarrollaron en el artículo 3.º, así:

ARTÍCULO 3o. OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. La inspección y
vigilancia a la que se refiere la presente ley es de carácter preventivo y
sancionatorio. Se ejercerán para velar por los siguientes objetivos:

1. El cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias
que regulan la prestación o administración del servicio público de educación por
parte de las instituciones de educación superior.
2. El cumplimiento de los estatutos y reglamentos de las instituciones de educación
superior y del régimen legal especial, si lo hubiere.
3. La prestación continua de un servicio educativo con calidad.
4. La atención efectiva de la naturaleza de servicio público cultural de la educación
y de la función social que le es inherente.
5. La eficiencia y correcto manejo e inversión de todos los recursos y rentas de las
instituciones de educación superior a las que se aplica esta ley, en los términos de
la Constitución, la ley y sus reglamentos.
6. La protección de las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y
cátedra.

13 Ver artículo 1.° de la Ley 1740 de 2014.

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7. La garantía de la autonomía universitaria.
8. La protección del derecho de los particulares a fundar establecimientos de
educación superior conforme con la Constitución y la ley.
9. La participación de la comunidad educativa en la dirección de las instituciones.
10. El fortalecimiento de la investigación en las instituciones de educación superior.
11. La producción del conocimiento y el acceso a la ciencia, la tecnología, las
humanidades, la filosofía, la cultura y el arte.
12. El fomento y desarrollo del pensamiento científico y pedagógico en las
instituciones de educación superior.

PARÁGRAFO. Al ejercer las funciones de inspección y vigilancia de la educación
superior, el Ministerio de Educación Nacional tendrá en cuenta el régimen jurídico
constitucional y legal aplicable a la respectiva Institución de Educación Superior.

63. En ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia de las instituciones de
Educación Superior, el Ministerio de Educación Nacional puede, conforme a la ley:

«1. Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas de inspección y vigilancia de la
educación superior.

2. Ejercer la inspección y vigilancia del cumplimiento de las normas constitucionales
y legales que regulan la educación superior, incluyendo las normas de calidad,
administrativas, financieras y técnicas, así como del cumplimiento de sus estatutos
y reglamentos.

3. Expedir los lineamientos y reglamentos en desarrollo de las funciones de
inspección y vigilancia en cabeza del Ministerio, sobre la manera en que las
instituciones de educación superior deben cumplir las disposiciones normativas que
regulan el servicio público educativo, así como fijar criterios técnicos para su debida
aplicación.

4. Coordinar con los demás órganos del Estado y de la administración, las acciones
que se requieran para el cumplimiento eficaz de las facultades previstas en la ley.
[…]»14

64. La inspección consiste en la facultad del Ministerio de Educación Nacional para
solicitar, confirmar y analizar en la forma, detalle y términos que determine, la
información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica,
administrativa o de calidad de cualquier institución de educación superior, o sobre
operaciones específicas de la misma a las que aplica esta ley.

65. En ejercicio de la facultad de inspección de las instituciones de educación
superior, el Ministerio de Educación Nacional, en virtud del artículo 7.º, podrá:

«1. Acceder a la información, los documentos, actos y contratos de la institución de
educación superior.

2. Establecer y solicitar reportes de información financiera que para propósitos de
inspección deban remitir al Ministerio de Educción Nacional las instituciones de
educación superior, sin perjuicio de los marcos técnicos normativos de contabilidad
que expida el Gobierno Nacional y la Contaduría General de la Nación, en desarrollo
de sus competencias y funciones, así como aquellos relativos a la administración y
de calidad.

14 Ver artículo 5.° de la Ley 1740 de 2014.

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3. Verificar la información que se da al público en general con el fin de garantizar
que sea veraz y objetiva y requerir a la institución de educación superior que se
abstenga de realizar actos de publicidad engañosa, sin perjuicios de las
competencias de otras entidades sobre la materia.

4. Exigir la preparación y reporte al Ministerio de Educación de estados financieros
de períodos intermedios y requerir la rectificación de los estados financieros o sus
notas, cuando no se ajusten a las normas legales generales y a las específicas que
regulen a la institución, según su naturaleza jurídica.

5. Interrogar dentro de las actividades de inspección, bajo juramento o sin él, a
cualquier persona de la Institución de Educación Superior o terceros relacionados,
cuya declaración se requiera para el examen de hechos relacionados con esa
función.

6. Examinar y verificar la infraestructura institucional y las condiciones físicas en que
se desarrolla la actividad y realizar los requerimientos necesarios para garantizar la
prestación del servicio en condiciones de calidad y seguridad, verificando que las
condiciones bajo las cuales se concedió el registro calificado se mantengan.

7. Solicitar la rendición de informes sobre la aplicación y arbitrio de los recursos
dentro del marco de la ley y los estatutos de la institución de educación superior y
solicitar la cesación de las actuaciones que impliquen la aplicación indebida de
recursos en actividades diferentes a las propias y exclusivas de cada institución.

8. Adelantar averiguaciones y obtener la información probatoria que requiera de
personas, instituciones o empresas ajenas a la institución de educación superior,
siempre que resulten necesarias en el desarrollo de sus funciones de inspección y
vigilancia, y se cumplan las formalidades legales. […]»

66. A su vez, la vigilancia consiste en la facultad del Ministerio de Educación
Nacional de velar porque en las instituciones de educación superior se cumplan con
las normas para su funcionamiento, se desarrolle la prestación continua del servicio
público ajustándose a la Constitución, la ley, los reglamentos y a sus propios
estatutos en condiciones de calidad y para supervisar la implementación de
correctivos que permitan solventar situaciones críticas de orden jurídico, económico,
contable, administrativo o de calidad.

67. La vigilancia especial —artículo 11—, es una medida preventiva que podrá
adoptar el ministro de Educación Nacional, cuando evidencie en una institución de
educación superior una o varias de las siguientes situaciones:

«a) La interrupción anormal grave en la prestación del servicio de educación a
menos que dicha interrupción obedezca a fuerza mayor o protestas de agentes de
la comunidad educativa.

b) La afectación grave de las condiciones de calidad del servicio.

c) Que los recursos o rentas de la institución están siendo conservados, invertidos,
aplicados o arbitrados indebidamente, con fines diferentes al cumplimiento de su
misión y función institucional, o en actividades diferentes a las propias y exclusivas
de la institución, teniendo en cuenta lo que dispone la Constitución, la ley y sus
estatutos.

d) Que habiendo sido sancionada, persista en la conducta, o

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e) Que incumpla la orden de no ofrecer o desarrollar programas académicos sin
registro calificado.»

68. Las medidas de vigilancia especial.

69. La Ley 1740 de 2014 confiere al Ministerio de Educación Nacional las funciones
de inspección (artículo 7.°) y vigilancia (artículo 9.°), en cuyo ejercicio puede adoptar
medidas preventivas para «promover la continuidad del servicio, el restablecimiento
de la calidad, el adecuado uso de las rentas o bienes de las instituciones de
educación superior de conformidad con las normas constitucionales, legales y
reglamentarias, o la superación de situaciones que amenacen o afecten la
adecuada prestación del servicio de educación o el cumplimiento de sus objetivos»
(artículo 10).

70. Una de tales medidas preventivas consiste en «[d]isponer la vigilancia especial
de la institución de educación superior (…)» (artículo 10.5), que contempla, a su
turno, el reemplazo de funcionarios directivos, bajo las condiciones previstas en el
numeral 4.° del artículo 13:

«ARTÍCULO 13. MEDIDAS DE VIGILANCIA ESPECIAL. Con el fin de que la
institución supere en el menor tiempo posible la grave situación de anormalidad y se
garanticen los derechos de la comunidad educativa, la continuidad y calidad del
servicio, o la inversión o el manejo adecuado de los recursos en el marco de la
autonomía universitaria, el Ministerio podrá adoptar una o varias de las siguientes
medidas:
(…)
4. En caso de que uno o varios de los consejeros, directivos, representantes legales,
administradores o revisores fiscales no cumplan, impidan o dificulten la
implementación de las medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación
Nacional durante la vigilancia especial, u oculten o alteren información, podrán ser
reemplazados hasta por el término de un (1) año, prorrogable por una sola vez, por
la persona natural o jurídica que designe el Ministerio de Educación Nacional.»

71. La Corte Constitucional, al confrontar la disposición transcrita con la autonomía
universitaria, expuso que esta prerrogativa no se ejerce adecuadamente cuando la
institución universitaria incumple los objetivos constitucionales de la educación
superior.

72. Por ende, en criterio del alto tribunal, la autonomía universitaria no se ve
vulnerada cuando el Ministerio de Educación Nacional decide reemplazar sus
directivos como medida preventiva dentro de la vigilancia especial, comoquiera que
el correctivo en cuestión responde a exigencias razonables para contrarrestar
conductas tendientes a obstruir el cumplimiento de las decisiones de la autoridad
administrativa15.

73. En esas condiciones, «la autonomía universitaria debe ceder frente a las
medidas que buscan salvaguardar el derecho fundamental a la educación y evitar

15 Sentencia C-491 de 2016.

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que la prestación del servicio se interrumpa o desborde los cauces constitucionales,
legales y reglamentarios, afectando su calidad, continuidad y eficiencia»16.

74. En este caso, la facultad de la autoridad administrativa para reemplazar al rector
que incumple, obstruye o dificulta la implementación de las medidas adoptadas por
la cartera ministerial, tiene un propósito correctivo, orientado a que «la institución
supere en el menor tiempo posible la grave situación de anormalidad», tal como lo
dispone el artículo 13 de la Ley 1740 de 2014.

75. La lectura sistemática de los objetivos de la intervención administrativa en
cuestión conduce a la Sala a concluir que las atribuciones de la cartera ministerial,
derivadas de las medidas de vigilancia especial, persisten hasta tanto se superen
las condiciones de anormalidad que motivaron su adopción, y se garanticen los
derechos de la comunidad educativa y el manejo adecuado de las arcas
institucionales, según el propósito trazado en el primer inciso del artículo 13 bajo
cita.

76. Ello también se deduce de la facultad del ministerio para «supervisar la
implementación de correctivos que permitan solventar situaciones críticas de orden
jurídico, económico, contable, administrativo o de calidad», según lo prevé el
artículo 8.° ibidem, y la función para el «acompañamiento a la institución de
educación superior, para la implementación de medidas encaminadas al
restablecimiento de la continuidad del servicio o el mejoramiento de su calidad»
prevista en el numeral 7.° del artículo 9.°.

77. Adicional a ello, las facultades de los funcionarios reemplazantes, establecidas
en el artículo 2.5.3.9.2.2.6 del Decreto 2070 de 201517, dan cuenta del objetivo
dirigido al restablecimiento de la normalidad institucional, según el contenido de,
entre otros, los numerales 2.º, 3.º, 4.º, y 7.º, que consagran funciones relacionadas
con la gestión de las medidas de vigilancia administrativa.

78. Límites de las medidas de vigilancia especial.

79. La Corte Constitucional, en la sentencia C-491 de 2016, explicó el alcance de
las medidas de vigilancia especial que puede adoptar el Ministerio de Educación
Nacional en el marco de sus funciones de control y vigilancia.

80. En cuanto concierne al reemplazo de los miembros directivos de los entes
universitarios, el referido pronunciamiento precisó que una decisión de tal
envergadura «debe responder únicamente al incumplimiento u obstrucción de las
medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional», es decir,
el reemplazo solo es procedente «cuando incumplan, impidan o dificulten la labor
de vigilancia del Inspector in situ, u oculten o alteren la información requerida por
este».

16 Ibid.
17 «[P]or el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación, para
reglamentar parcialmente la Ley 1740 de 2014.»

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81. La decisión del reemplazo, agregó la corte, debe fundarse en «la conducta
activa u omisiva de la persona de que se trate, que afecte la implementación de las
medidas u órdenes del Ministerio de Educación Nacional», toda vez que dicha
medida «responde a exigencias concretas y razonables (…) para contrarrestar
aquellas conductas (que incluso pueden ser ilícitas) orientadas a obstruir la
implementación de las decisiones u órdenes de la autoridad administrativa».

82. En todo caso, ese alto tribunal precisó que el remplazo del personal directivo de
una institución universitaria no implica «la asunción del control pleno sobre la misma
por parte del Ministerio de Educación Nacional», comoquiera que el objetivo de la
norma es el reemplazo del servidor público que obstruye la implementación de las
medidas de vigilancia especial, de modo que «no sería razonable entender que los
demás regentes o administradores pierdan la dirección sobre la universidad o el
establecimiento de que se trate».

83. Por su parte, en criterio de la Sección Quinta de esta corporación, el reemplazo
del personal directivo debe partir de un juicio subjetivo de responsabilidad, derivado
de la demostración efectiva de que el servidor incumplió, impidió o dificultó la
implementación de las medidas adoptadas en el marco de la vigilancia especial,
toda vez que «estas conductas solo pueden derivar del resorte exclusivo del
funcionario renuente, que para la fecha en que se adopte la medida de sustitución
esté en ejercicio del cargo o de las funciones rectorales»18.

84. Al decir de la Corte, la norma «establece expresamente un término de duración
para el reemplazo», «hasta por el término de un (1) año, prorrogable por una sola
vez», a partir de lo cual, y de acuerdo con la exposición de motivos del entonces
proyecto de ley, que cita en su pronunciamiento, entiende que la medida puede
levantarse «incluso antes del vencimiento del término previsto, al superarse las
circunstancias que dieron lugar a la adopción de esta o al cumplimiento del propósito
por ella perseguido».

85. En efecto, la referida exposición de motivos da cuenta de que la intención del
legislador se orientó a limitar la vigencia del reemplazo en el tiempo «en cuanto su
duración se sujeta al restablecimiento de la continuidad y calidad del servicio de
educación, o la superación de los hechos que originaron medida», pero, además,
debe entenderse supeditada también a la desaparición de la conducta
insubordinada que obstruya las medidas implementadas.

86. En ese orden, aun cuando la medida está sometida a un término de duración,
lo cierto es que la superación de la situación de anormalidad, o de la conducta
obstructiva, puede provocar que culmine antes del vencimiento del referido lapso,
durante el cual la cartera ministerial «podrá dar por terminado y remplazar en

18 Sentencia del 25 de septiembre de 2025, expediente nro 11001-03-28-000-2025 00034-00. C.P: Pedro Pablo

Vanegas Gil.

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cualquier momento a la persona designa», tal como se desprende del artículo
2.5.3.9.2.2.7 del Decreto 2070 de 201519.

87. Bajo el anterior contexto normativo y jurisprudencial, la Sala resolverá los
reparos expuestos en el recurso de apelación.

88. Caso concreto.

89. La argumentación de los demandantes se edificó sobre la premisa de que el
Ministerio de Educación Nacional no podía ordenar el reemplazo temporal del rector
y del representante legal por cualquier incumplimiento formal o por simples demoras
en la entrega de información.

90. Según sostuvieron, de conformidad con los límites fijados por la jurisprudencia
constitucional, dicha medida únicamente procedía cuando se demostrara que los
directivos habían incumplido las órdenes impartidas por la autoridad de vigilancia,
impedido o dificultado la labor del inspector in situ, o hubieran ocultado o alterado la
información requerida.

91. En criterio de los apelantes, el Ministerio confundió eventuales retrasos o
dificultades derivadas de la compleja situación institucional que atravesaba la
FUAC, con una verdadera obstrucción de las funciones de inspección y vigilancia.
Afirmaron que dentro del expediente no existía prueba de que hubieran ocultado
información, negado el acceso a documentos o impedido el ejercicio de las labores
de control. Incluso, señalaron que el inspector in situ, Luis Fernando Salguero Ariza,
reconoció que no formuló requerimientos directos a los demandantes y que no podía
afirmar que estos hubieran obstaculizado su gestión.

92. También manifestaron que entre los requerimientos efectuados por el Ministerio
y la expedición de la Resolución nro. 007221 del 11 de julio de 2019 transcurrió un
término reducido, insuficiente para recopilar y entregar toda la información
solicitada, especialmente en un contexto marcado por una grave crisis institucional
y una huelga que afectaba el funcionamiento normal de la universidad. Sostuvieron,
además, que, si efectivamente existía documentación pendiente, el Ministerio pudo
requerirla posteriormente a los funcionarios que asumieron los cargos tras el
reemplazo temporal, circunstancia que, según indicaron, no ocurrió.

93. Adicionalmente, destacaron que durante ese mismo período adelantaron
diversas gestiones dirigidas a enfrentar la crisis financiera, administrativa y laboral
de la institución, por lo que consideraron injustificado concluir que habían impedido
la implementación de las medidas de vigilancia especial. Con fundamento en estos
argumentos, alegaron que los actos acusados estaban afectados por falsa
motivación y desviación de poder.

19 «Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación, para
reglamentar parcialmente la Ley 1740 de 2014».

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94. No obstante, el material probatorio obrante en el expediente conduce a una
conclusión distinta.

95. La secuencia de los hechos evidencia que el Ministerio de Educación Nacional
venía efectuando un seguimiento permanente a la situación de la Fundación
Universidad Autónoma de Colombia debido al deterioro progresivo de sus
condiciones financieras, administrativas y académicas.

96. En primer lugar, mediante la Resolución nro. 005766 del 6 de junio de 2019, el
Ministerio ordenó la adopción de medidas preventivas y de vigilancia especial
respecto de la FUAC, dentro de las cuales dispuso la designación de un inspector
in situ para efectuar seguimiento directo a la situación institucional.

97. Posteriormente, mediante las Resoluciones nro. 006211 y 006212 del 13 de
junio de 2019, la entidad fortaleció dichas medidas. A través de la primera designó
a Álvaro Alfonso Gómez Pacheco y Carlos Ernesto Ceballos Bolaños como
delegados ante la Asamblea General y el Consejo Directivo de la institución,
mientras que mediante la segunda nombró a Luis Fernando Salguero Ariza como
inspector in situ.

98. Paralelamente, el Ministerio recopiló diversos informes técnicos que daban
cuenta del deterioro institucional de la universidad.

99. En el informe de auditoría remitido el 9 de junio de 201920 se advirtió que la
situación financiera de la FUAC era crítica. Se registraban pérdidas acumuladas
cercanas a $21.913 millones durante los años 2017 y 2018, una disminución de la
liquidez y serias dificultades para atender oportunamente obligaciones laborales,
salariales y prestacionales. El informe también puso de presente retrasos en el pago
de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, situaciones que podían
comprometer el adecuado manejo de los recursos institucionales.

100. Igualmente, se identificaron inconsistencias relevantes en la información
patrimonial de la universidad. Se encontró la omisión de inclusión de bienes dentro
del inventario institucional, diferencias entre la información registral y contable de
algunos inmuebles, ausencia de soportes documentales sobre determinados bienes
y discrepancias entre los avalúos efectuados y los valores reflejados en los estados
financieros. Tales circunstancias impedían establecer con certeza la situación
patrimonial de la institución y dificultaban la evaluación objetiva de su estado
financiero.

101. Además, el equipo auditor advirtió que la universidad no había suministrado
completa ni oportunamente la información solicitada por las autoridades,
especialmente aquella relacionada con la contratación de personal y los asuntos

20 Folios 28-39 del archivo «053ED_C02_CD01Folio437AntecedentesAdministrativos.zip», el cual puede ser

descargado de la pestaña «visualizar expediente» de la plataforma SAMAI.

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administrativos, situación que dificultó las labores de seguimiento y verificación
adelantadas por el Ministerio.

102. Con fundamento en estos hallazgos se recomendó reforzar las medidas de
vigilancia especial para garantizar la entrega de información completa, veraz y
verificable, facilitar el acceso a la documentación institucional y asegurar el
adecuado manejo de los recursos de la universidad.

103. Posteriormente, mediante Oficio nro. 2019-EE-078970 del 13 de junio de
2019, recibido por la institución el 14 de junio siguiente, la subdirección de
Inspección y Vigilancia formuló requerimientos específicos relacionados con la
organización y presentación de las pruebas “Saber Pro”. En particular, solicitó la
reglamentación interna aplicable al proceso, los cronogramas correspondientes, las
evidencias de divulgación a los estudiantes y las medidas académicas y logísticas
implementadas para garantizar la presentación de las pruebas.

104. En respuesta, mediante el Oficio radicado nro. 2019-ER-169611 del 18 de
junio de 2019, el rector Hernán José Romero Rincón remitió información sobre
distintas actividades académicas relacionadas con la preparación de los
estudiantes. Sin embargo, la subdirección concluyó que la respuesta no satisfizo lo
solicitado, dado que no se aportó la reglamentación interna requerida, ni los actos
institucionales que soportaran formalmente el procedimiento, ni las evidencias que
permitieran verificar la implementación de las medidas informadas.

105. De igual manera, aunque se allegó una programación de actividades, no se
acompañó de los soportes que permitieran demostrar su ejecución, ni se acreditó
que los estudiantes hubieran recibido oportunamente la información necesaria para
la inscripción, el pago y la presentación de las pruebas.

106. Las falencias advertidas se reiteraron respecto de las medidas destinadas a
garantizar la realización de los exámenes en medio de la huelga institucional. Según
concluyó el Ministerio, la respuesta presentada no permitía establecer qué acciones
concretas se habían adoptado para asegurar la participación de los estudiantes en
dichas pruebas.

107. Mientras tanto, los delegados ministeriales designados ante los órganos de
dirección adelantaron actividades de seguimiento institucional. Como resultado de
esas actuaciones presentaron el Informe Técnico nro. 01-2019, radicado el 10 de
julio de 201921, en el cual dejaron constancia de múltiples dificultades relacionadas
con la implementación de las medidas de vigilancia especial.

108. Entre otros aspectos, señalaron que había sido necesario requerir la
convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria para abordar la crisis
institucional y que la citación correspondiente no observó plenamente las
formalidades exigidas respecto de los delegados del Ministerio.

21 Folios 41-47, Ibidem.

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109. Asimismo, informaron que durante la sesión del Consejo Directivo del 2 de
julio de 2019 solicitaron diversa documentación relacionada con los planes
académicos, administrativos y financieros de la universidad, así como informes
sobre su ejecución. No obstante, concluyeron que gran parte de la información fue
entregada de forma parcial, extemporánea, incompleta o en formatos editables que
impedían verificar su autenticidad.

110. Particularmente, indicaron que no se suministró el Plan Académico 2019 ni
los informes de ejecución de los planes institucionales requeridos. Los documentos
entregados correspondían principalmente a actas, diagnósticos, proyecciones y
documentos descriptivos que, a juicio de los delegados, carecían de objetivos
concretos, cronogramas, responsables, indicadores y mecanismos de seguimiento.

111. El denominado Plan de Contingencia Institucional tampoco fue considerado
suficiente, por cuanto se limitó a describir medidas operativas para mantener el
funcionamiento básico de la institución sin abordar las causas estructurales de la
crisis financiera y administrativa.

112. Adicionalmente, se encontraron inconsistencias en la información sobre
procesos judiciales y contingencias jurídicas, así como documentos remitidos en
formatos editables sin elementos que permitieran verificar su autenticidad.

113. De manera paralela, mediante comunicación nro. 2019-EE-091800 del 5 de
julio de 2019, el Ministerio requirió al representante legal para que presentara una
propuesta concreta destinada a superar la huelga, un plan de reducción de gastos,
un plan de pago de acreencias laborales y un informe sobre bonificaciones y
beneficios extralegales reconocidos a directivos.

114. Según el informe técnico del 9 de julio de 2019, al vencerse el plazo otorgado,
no se había aportado información suficiente que permitiera verificar el cumplimiento
de tales requerimientos. La autoridad administrativa concluyó que no se presentó
una propuesta formal para superar el conflicto laboral ni un plan verificable de
reducción de gastos o de pago de obligaciones laborales.

115. Con base en todos estos antecedentes, el Ministerio expidió la Resolución
nro. 007221 del 11 de julio de 201922.

116. En dicha decisión, la entidad precisó que el problema no consistió en la
ausencia absoluta de respuestas por parte de los directivos, sino en que la
información suministrada resultó incompleta, insuficiente, contradictoria, tardía o
carente de soportes verificables. Respecto del rector, concluyó que no se acreditó
adecuadamente la existencia de reglamentación interna sobre las pruebas “Saber
Pro”, ni se aportaron las evidencias necesarias para verificar el cumplimiento de las
medidas exigidas. Frente al representante legal, consideró que la documentación
financiera, administrativa y de gestión institucional remitida no permitió establecer

22 Folios 6-42 del archivo «007ED_C01_03AnexosDeDemanda.pdf», Ib.

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con claridad la situación real de la universidad ni adoptar acciones eficaces para
enfrentar la crisis.

117. Igualmente, el Ministerio destacó que varios de los documentos
suministrados correspondieron a archivos editables sin firmas o constancias de
aprobación por parte de los órganos de dirección, circunstancia que dificultaba
verificar su autenticidad y confiabilidad.

118. Por estas razones concluyó que las omisiones y deficiencias detectadas
impidieron a los funcionarios designados por la entidad construir un diagnóstico
adecuado de la situación institucional y obstaculizaron la implementación efectiva
de las medidas de vigilancia especial, razón por la cual ordenó el reemplazo
temporal del rector y del representante legal.

119. Contra dicha decisión los demandantes interpusieron recurso de reposición,
insistiendo en que sí habían atendido los requerimientos dentro de sus posibilidades
reales y que la huelga impidió acceder libremente a la documentación institucional.
También alegaron que la información se encontraba dispersa en distintas
dependencias y solicitaron la práctica de pruebas adicionales para demostrar esta
circunstancia.

120. Sin embargo, mediante Resolución nro. 010066 del 23 de septiembre de
201923, el Ministerio confirmó íntegramente la decisión recurrida.

121. En esa oportunidad, reiteró que la medida adoptada no tenía naturaleza
sancionatoria sino preventiva y que su finalidad apuntó a garantizar la continuidad
y calidad del servicio educativo. También precisó nuevamente que el problema no
radicó en la inexistencia de respuestas, sino en que la información aportada fue
insuficiente, incompleta, parcial, extemporánea o carente de los soportes
necesarios para verificar su contenido.

122. Asimismo, rechazó la justificación relacionada con la imposibilidad de acceso
a la información debido a la huelga. Explicó que existía un Comité de Contingencia,
conformado con participación del Ministerio del Trabajo y con acompañamiento del
inspector in situ, que permitía el ingreso de directivos y funcionarios a las
instalaciones para atender asuntos urgentes y recopilar documentación.

123. Debe resaltarse que en el expediente tampoco obra evidencia de que los
demandantes hubieran solicitado formalmente ampliaciones de plazo o hubieran
informado oportunamente al Ministerio sobre una imposibilidad material de cumplir
los requerimientos dentro de los términos concedidos. Tales argumentos fueron
expuestos principalmente con posterioridad, al controvertir la decisión que ordenó
su reemplazo temporal.

23 Folios 43-55, Ibidem.

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Demandante: Hernán José Romero Rincón y otro

124. En consecuencia, al revisar integralmente las Resoluciones nro. 007221 y
010066, así como los informes técnicos y demás documentos que les sirvieron de
fundamento, se observa que la motivación de los actos acusados no se sustentó en
la simple existencia de una crisis institucional ni en apreciaciones subjetivas sobre
la gestión de los demandantes. Por el contrario, la decisión se fundamentó en
hallazgos concretos relacionados con la entrega de información incompleta,
insuficiente, tardía o carente de soportes verificables, situación que, según concluyó
la autoridad administrativa, dificultó el ejercicio de las labores de inspección y
vigilancia y la implementación de las medidas de intervención adoptadas.

125. Así, aunque les asiste razón a los apelantes cuando señalan que el
reemplazo de directivos constituye una medida excepcional y que, conforme a la
Sentencia C-491 de 2016, esta solo procede cuando exista incumplimiento u
obstrucción de las medidas u órdenes impartidas por el Ministerio de Educación
Nacional, lo cierto es que en el presente asunto la administración consideró
acreditada precisamente esa circunstancia.

126. Los elementos probatorios recaudados dieron cuenta de que la información
requerida no fue suministrada en la forma, oportunidad y condiciones exigidas,
impidiendo la verificación efectiva de la situación académica, administrativa y
financiera de la institución.

127. Tampoco es de recibo el argumento expuesto en el recurso de apelación,
según el cual el tribunal omitió valorar el testimonio del Inspector In Situ, Luis
Fernando Salguero Ariza. La parte demandante sostuvo que dicho funcionario
reconoció que nunca formuló requerimientos directos al rector y al representante
legal, que su designación coincidió prácticamente con el momento en que se
dispuso el reemplazo de estos directivos y que, por tanto, no podía afirmar que le
hubieran ocultado información o impedido el ejercicio de sus funciones.

128. Sin embargo, esa circunstancia, por sí sola, no desvirtúa los fundamentos
que sirvieron de sustento a los actos demandados. En efecto, la medida de
reemplazo temporal no se adoptó exclusivamente con base en actuaciones
adelantadas por el Inspector In Situ ni en eventuales requerimientos formulados
personalmente por este funcionario.

129. Por el contrario, la decisión tuvo origen en el conjunto de actuaciones
desarrolladas por el Ministerio de Educación Nacional dentro del procedimiento de
vigilancia especial, particularmente en los requerimientos institucionales dirigidos a
la FUAC, en los informes técnicos elaborados por la subdirección de Inspección y
Vigilancia y en los informes presentados por los delegados designados ante los
órganos de dirección de la universidad mediante las Resoluciones nro. 006211 y
006212 de 2019.

130. Como quedó expuesto, varios de los requerimientos fueron elevados
formalmente por las dependencias competentes del Ministerio y analizados
posteriormente por los delegados ministeriales, quienes verificaron que la

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información entregada resultaba incompleta, insuficiente, extemporánea o carente
de los soportes necesarios para cumplir la finalidad perseguida por las medidas de
vigilancia especial. Precisamente, fueron esos informes técnicos y de seguimiento
los que sirvieron de fundamento para concluir que no era posible efectuar un
diagnóstico adecuado de la situación académica, administrativa y financiera de la
institución.

131. En ese contexto, el hecho de que el Inspector In Situ no hubiera formulado
requerimientos específicos de manera directa a los demandantes o que no hubiera
tenido una interacción permanente con ellos no desvirtúa los incumplimientos
documentados por los demás funcionarios y dependencias que participaron en las
labores de inspección y vigilancia.

132. Del mismo modo, que dicho funcionario no pudiera afirmar que se le ocultó
información personalmente no significa que no hubiera existido una conducta que
dificultara la implementación de las medidas adoptadas por el Ministerio, pues la
valoración efectuada por la administración se sustentó en un conjunto amplio de
elementos probatorios y no exclusivamente en la percepción individual del Inspector
In Situ.

133. En consecuencia, el testimonio de Luis Fernando Salguero Ariza debe
apreciarse en armonía con el resto del material probatorio obrante en el expediente
y no de manera aislada, como lo sugiere la parte actora. Así, aunque dicho
funcionario manifestó no haber formulado requerimientos directos y, además, que
no puede asegurar que los demandantes hubieran obstaculizado personalmente su
gestión, ello no desvirtúa las conclusiones contenidas en los informes técnicos y
administrativos que evidenciaron el incumplimiento de los requerimientos
formulados por el Ministerio y la insuficiencia de la información aportada durante el
desarrollo de la vigilancia especial.

134. Por tanto, no se advierte la omisión valorativa alegada por la parte actora, ni
puede concluirse que dicho relato tenga la entidad suficiente para desvirtuar los
motivos que fundamentaron los actos acusados.

135. Tampoco prospera el cargo de desviación de poder. Como lo ha sostenido
de manera reiterada la jurisprudencia, esta causal se configura cuando, pese a que
el acto ha sido expedido por autoridad competente y con observancia de las
formalidades legales, persigue una finalidad distinta de aquella prevista por el
ordenamiento jurídico.

136. La acreditación de dicha causal exige que quien la alega demuestre,
mediante elementos de convicción suficientes, que la verdadera finalidad
perseguida por la administración era ajena a los objetivos legalmente establecidos.
Aunque esta Corporación ha reconocido la dificultad probatoria que suele
acompañar este tipo de censuras, ello no releva a la parte interesada de la carga de
demostrar los hechos en que sustenta su pretensión.

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137. En el presente caso, los demandantes no aportaron pruebas que permitieran
establecer que el Ministerio actuó con un propósito diferente al previsto en la Ley
1740 de 2014. Tampoco demostraron que hubieran cumplido íntegramente y dentro
de los plazos fijados los requerimientos formulados, ni que la documentación
entregada se ajustara a las exigencias técnicas y documentales que les fueron
impuestas.

138. Por el contrario, el conjunto probatorio evidenció que los requerimientos
efectuados por la autoridad tuvieron por finalidad obtener información técnica,
completa y verificable para diagnosticar una situación institucional particularmente
grave, y que las respuestas suministradas no permitieron alcanzar adecuadamente
ese propósito.

139. En consecuencia, no se encuentra acreditada la falsa motivación ni la
desviación de poder alegadas por la parte actora, razón por la cual se impone
confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.

140. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del C.P.A.C.A.,
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

141. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

142. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P. teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.

143. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 30 de junio de 2023, a través de la cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
presentaron los señores Hernán José Romero Rincón y Eduardo Enrique Hoyos
Villamizar contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO: EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley y el art. 186 del CPACA.

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