Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00254-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00254-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00254-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
Demandante: María Antonia Ruiz Romero
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones
Temas: Reconocimiento pensional. Régimen de transición. Inaplicabilidad
del Acuerdo 049 de 1990 por no demostrar afiliación previa a la
entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones.
CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora María Antonia Ruiz Romero instauró demanda contra la Administradora
Colombiana de Pensiones, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones SUB 224472 del 17 de agosto de 2019
y DPE 12518 del 1.° de noviembre del mismo año, que le negaron el reconocimiento
y pago de la pensión de vejez.
Como restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la demandada que
reconozca y pague la pensión a partir del 8 de enero de 2013 como beneficiaria del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el
Decreto 758 de 1990; los intereses moratorios; la actualización de las sumas
adeudadas; y se le condene en costas.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que nació el 15 de febrero de 1953 por lo que es beneficiaria del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100.
Que laboró en la Rama Judicial entre el 21 de enero de 1992 y el 15 de septiembre
de 1996, tiempo en el que cotizó a Cajanal.
Que desde el 22 de octubre de 1996 se encuentra afiliada al régimen de prima media
con prestación definida, desempeñándose como funcionaria de la Secretaría de
Gobierno del Distrito de Bogotá donde laboró hasta el 7 de enero de 2013.
Que en sentencia del 30 de noviembre de 2017 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca le negó sus pretensiones de reconocimiento pensional al considerar
que no cumplía con las 750 semanas mínimas de cotización exigidas por el Acto
Legislativo 01 de 2005 para mantener el régimen de transición.
Que el 28 de mayo de 2019 radicó una nueva solicitud de reconocimiento pensional
allegando certificaciones laborales que dan cuenta que sí cumplió el requisito de 750
semanas para mantener el beneficio, pero fue negada a través de los actos
demandados.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 7 de septiembre de 2020 y notificada a Colpensiones
quien se opuso a las pretensiones, considerando que si bien la demandante tenía la
edad para ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, a la
entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 solo tenía 130 semanas de
cotización, por lo que no era posible extenderle más allá del 31 de diciembre de 2010
el beneficio pensional.
Que además de no acreditar ninguna cotización al ISS anterior al 1.° de abril de 1994,
cumplió los 55 años de edad el 15 de febrero de 2008, esto es, antes del 16 de
octubre de 2014, fecha a partir de la cual la Corte Constitucional admitió la
convalidación de tiempos (Sentencia SU769 de 2014). Agregó que no cumple con el
requisito de tiempo de servicios regulados en las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988,
por lo que debe cumplir con los requisitos de la Ley 797 para obtener una pensión
del sistema. Propuso las excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia del
derecho reclamado, prescripción, buena fe y la genérica.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
El tribunal según lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, dio trámite
de sentencia anticipada, incorporó las pruebas y corrió traslado para alegar a las
partes.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 10 de junio de 2021, negó las pretensiones de la demanda,
expresando que la actora no estaba afiliada al ISS al 1.° de abril de 1994, por lo que
no le era aplicable el Decreto 758 de 1990. Que no podía beneficiarse de las Leyes
33 de 1985 y 71 de 1988 porque para la fecha de entrada en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2005 solo tenía 688 de las 750 semanas que exigía el legislador
para mantener las previsiones del régimen de transición y tampoco podía ordenarse
el reconocimiento pensional con base en lo dispuesto en la Ley 797 de 2003 porque
solo contaba con 1.030 de las 1.250 semanas que exigía la norma para el año 2013.
RAZONES DE LA IMPUGNACIÓN
La demandante interpuso recurso de apelación, expresando que el tribunal sustentó
su decisión en un criterio jurisprudencial que no es el vigente actualmente, porque la
Corte Constitucional desde la sentencia SU769 de 2014 permite la aplicación del
Decreto 758 de 1990 a los beneficiarios del régimen de transición, bajo la única
condición de que hubiera estado afiliado al régimen de pensiones cuando entró en
vigencia la Ley 100 de 1993, sin importar a qué entidad del sistema hizo los aportes.
Que si bien Colpensiones argumentó que la SU769 de 2014 no le era aplicable
porque sus efectos son inter pares y hacía el futuro, y ella habría cumplido los
requisitos para pensionarse antes de dicha sentencia. Que esa posición solo
desconoció la doctrina reiterada de la Corte Constitucional en sede de tutela, que ha
permitido utilizar el Decreto 758 de 1990 en favor de personas que adquirieron el
estatus antes del 16 de octubre de 2014 (fecha de notificación de la SU769 de 2014) 1.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
En auto del 8 de noviembre de 2021 se admitió el recurso de apelación y conforme
lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 se pasó el proceso a despacho
para dictar fallo.
El ministerio público guardó silencio en esta etapa.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
1 Hace relación a las sentencias T514/15, T521/15, T370/16, T408/16, T722/16, T547/16, T639/16, T256/17,
T037/17, T436/17, T088/17, T148/17, T508/17, T490/17, T428/17, T131/17, T456/17, T697/17, T028/17, T029/17,
T788/17, T090/18, T441/18, T280/19 y T587/19
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Conforme al recurso interpuesto, la Sala debe determinar si la actora es beneficiaria
del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y si en
virtud del mismo tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez bajo
los presupuestos del Decreto 758 de 1990 2, según sentencia SU769 de 2014.
Marco normativo y jurisprudencial
La Ley 100 de 1993 en su artículo 36 consagró un régimen de transición en materia
pensional, en los siguientes términos:
El artículo 36 de la Ley 100 dispone:
«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará
en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres,
hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir,
será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que
al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si
son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley […]». (Negrita de la Sala)
De lo anterior, se deduce que, ante el nuevo marco regulatorio de la pensión de vejez
en el Sistema General de Pensiones, el legislador quiso establecer un régimen de
transición para garantizar a un grupo de personas el beneficio de una pensión de
vejez con los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y monto
del régimen pensional anterior al que estuviere afiliado, mientras que las demás
condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la Ley 100 de 1993,
toda vez que la prestación económica se adquiere es en vigencia de esta ley.
Uno de los regímenes pensionales que se encontraba vigente con anterioridad a la
expedición de la Ley 100 de 1993 era el regulado en el Decreto 758 de 1990, que
aprobó el Acuerdo 049 del mismo año proferido por el Consejo Nacional de Seguros
Sociales y que reguló el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de
Invalidez, Vejez y Muerte.
El artículo 1.° del citado Acuerdo previó quienes eran los afiliados obligatorios y
facultativos al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, el 2.° las personas excluidas del
citado seguro y el artículo 12 reguló los requisitos para ser beneficiario del seguro
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Acumulando los tiempos cotizados a pensión a cajas diferentes al ISS.
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por vejez (pensión por vejez), estableciendo como requisitos los siguientes:
«ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la
pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años
de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado
un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.»
Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y el Sistema General de Pensiones,
el régimen pensional de los afiliados al ISS quedó derogado, salvo para quienes
estuvieren cobijados por el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la
citada norma.
Ahora, dicho régimen de transición según el Parágrafo Cuarto del Acto Legislativo 01
de 2005, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los
trabajadores que amparados por ese beneficio, además, tengan cotizadas al menos
750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del
acto en mención, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.
Acumulación de tiempos de servicios en entidades públicas o cotizaciones en
otros fondos de previsión y semanas de cotización para efectos del
reconocimiento pensional.
Se advierte que para efectos del reconocimiento pensional, el ISS consideró que los
beneficiarios del artículo 36 de la Ley 100 solo podían acceder al derecho cuando
acreditaran el requisito de semanas de cotización exclusivas al instituto, sin
posibilidad de sumar los tiempos laborados previamente en entidades públicas o
cotizaciones en otros fondos de previsión.
Por su parte, la Corte Constitucional acogió una tesis diferente a la del ISS, según la
cual sí es posible la acumulación de tiempos por cuanto el artículo 12 del Acuerdo
049 de 1990 no exige que las cotizaciones fueran efectuadas exclusivamente al ISS
y porque la aplicación del régimen de transición solamente se limita a mantener la
edad, el tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto de la pensión.
No obstante, dicho órgano judicial también acogió la tesis de que es posible la
acumulación, pero únicamente en los casos de los solicitantes que contaron con un
total de 1.000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, de modo que tal sumatoria no
sería aplicable para quienes solo pudieran demostrar las 500 o más semanas
aportadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida 3.
3 Sentencia SU769 de 2014.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
En consecuencia, en la sentencia SU769 de 2014 la Corte consideró necesario
unificar su jurisprudencia respecto a la posibilidad de acumular tiempos de servicio,
definiendo allí lo siguiente: i) es posible acumular el tiempo laborado en entidades
públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna
caja o fondo de previsión social, con las aportadas al ISS; ii) es viable acumular
tiempos cotizados a entidades públicas o fondos de previsión para contabilizar las
semanas requeridas, toda vez que el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 4 no se
exige que las cotizaciones se hayan efectuado en forma exclusiva al ISS; y iii) es
posible acumular tiempos cotizados en el sector público con los aportes en el sector
privado.
Resolución del caso concreto
Corresponde a la Sala resolver en principio, si la actora es o no beneficiaria del
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
dependiendo de esto, posteriormente se determinará si la normativa pensional
pretendida Decreto 758 de 1990 le resulta aplicable según sentencia SU769 de 2014.
Se recuerda que tanto la demandada como el tribunal de primera instancia
concluyeron que la señora María Antonia Ruiz Romero en principio estaba cobijada
por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin embargo, al
no acreditar los presupuestos para pensionarse antes de 31 de julio de 2010 y no
acreditar las 750 semanas establecidas en el parágrafo cuarto del Acto Legislativo
01 de 20055, no conservó dicho beneficio, lo que impidió analizar su prestación bajo
el Decreto 758 de 1990 y las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.
Para dar solución a este punto, se cita el Parágrafo Transitorio Cuarto del Acto
Legislativo 01 de 2005:
“El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen
dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los
trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750
semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente
Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014". (Negrilla
para resaltar)
"Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán
los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho
régimen".”
La lectura del parágrafo citado, permite concluir que el régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tuvo lugar hasta el 31 de julio de
2010. En ese sentido, las personas que acrediten cumplir con los requisitos
pensionales antes de esa fecha, podrán beneficiarse de las normas o regímenes
anteriores a la citada ley.
4 Aprobado por el Decreto 758 de 1990.
5 Al momento de su entrada en vigencia.
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También que solo serán exigibles las 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2005, a quienes siendo beneficiarios del régimen de transición para
el 31 de julio de 2010 no cuenten con los requisitos para pensionarse, a ellos se les
mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.
De lo expuesto tenemos que, si la demandante pretende el reconocimiento de la
pensión en su calidad de beneficiaria del régimen de transición y acredita cumplir los
presupuestos ya sea del Acuerdo 049 de 1990, o de las leyes 33 de 1985 o 71 de
1988 con anterioridad al 31 de julio de 2010, no le son aplicables las 750 semanas
que estableció el Acto Legislativo 01 de 2005.6
Ocurre lo contrario, si su pretensión económica está motivada en ser beneficiaria del
régimen de transición, pero bajo la excepción establecida en el Parágrafo Transitorio
Cuarto, pues en este caso, sí debe acreditar las 750 semanas al momento de entrar
en vigencia el Acto Legislativo con la finalidad de que se le extienda ese derecho
hasta diciembre 31 de 2014.
Ante el primer escenario, tenemos que la demandante pretende se le reconozca la
prestación económica en calidad de beneficiaria del régimen de transición y con
fundamento en el Decreto 758 de 1990.
De las pruebas allegadas al proceso 7 se concluye que nació el 15 de febrero de 1953,
por tanto, para el momento de entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, contaba
con más de 40 años y a su vez, cumplió con la edad de 55 años, el 15 de febrero de
2008.
Según los certificados laborales allegados y el reporte de semanas cotizadas ante
Colpensiones 8, acredita un total de 21 años entre tiempo de servicio y semanas
cotizadas, por lo que, en principio, cumpliría con el presupuesto de 500 semanas
cotizadas en los 20 años anteriores a la edad establecidas en la norma que invoca.
Sin embargo, a juicio de la Sala corresponde verificar además si la actora estaba
afiliada a ese régimen pensional para que efectivamente resulte aplicable.
Sobre este punto, se precisa que en la sentencia de primera instancia el tribunal
consideró que no era posible reconocer la pensión en virtud del Acuerdo 049 de 1990
reglamentado por el Decreto 758 de 1990, porque la actora no acreditó estar afiliada
al ISS con anterioridad al 1 de abril de 1994.
Con relación al amparo de su derecho bajo la posición unificada por la Corte
Constitucional en la sentencia SU769 de 2014, la Sala advierte que ninguna de las
reglas allí contenidas definió si era exigible o no, para ser amparada por las normas
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Parágrafo Transitorio Cuarto.
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Folios 136-141.
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Folios 136-141
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del Acuerdo 049 de 1990, que la persona estuviera afiliada al ISS para el 1.° de abril
de 1994 o con anterioridad a esta, pues se limitó a disponer que sí procede la
acumulación de tiempos cotizados a otras cajas o fondos, o tiempos públicos de
servicios sobre los que no se hizo cotización.
Inclusive, del caso concreto discutido en sede de tutela se advierte que el accionante
había realizado cotizaciones al ISS con anterioridad al 1.° de abril de 1994 9, por lo
que la situación fáctica descrita en dicho caso es distinta a la de la señora Ruiz
Romero, pues en aquel el interesado acreditó que antes de entrar a regir la Ley 100
de 1993 había cotizado al Instituto de Seguros sociales, de modo que tenía una
expectativa legítima de que se le aplicara lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencias SU317 de 2021 y SU273 de 2022
ha reiterado su posición respecto a la posibilidad de acumular tiempos de servicio o
cotizaciones a cajas o fondos de previsión con las efectuadas al ISS, pero añadiendo
que la acumulación es factible independientemente de si la afiliación al instituto fue
posterior a la entrada en vigencia de la Ley 100, por tratarse de una exigencia no
contemplada en el Acuerdo 049 de 1990.
Para la Corte, las decisiones judiciales revisadas en sede tutela violaron
directamente la Constitución Política, al dejar de aplicar el principio de favorabilidad
consagrado en el artículo 53 Superior; pues desconocieron el precedente
constitucional de esa Corporación según el cual no se puede condicionar la
aplicación ultractiva del Acuerdo 049 a que quien pretenda pensionarse bajo tal
acuerdo haya estado afiliado o efectuado cotizaciones al ISS, antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993; e incurrieron en defecto sustantivo porque su
motivación contradijo de manera manifiesta el régimen jurídico aplicable al caso de
los allí accionantes.
Esta Sala considera que en el caso en estudio se debe confirmar la sentencia que
negó las pretensiones de la demanda y en ese sentido, se apartará del precedente
unificado de la Corte Constitucional en cuanto a la aplicación ultractiva del Acuerdo
049 de 1990 para personas que no estaban afiliadas al ISS a la entrada en
vigencia de la Ley 100 10, con base en los siguientes argumentos:
1. Porque el beneficiario del régimen de transición que pretenda la aplicación
de los requisitos de edad, semanas cotizadas y monto previstos en el Acuerdo
049 de 1990 para poder pensionarse, debe demostrar que estuvo afiliado al ISS
9 En la sentencia citada se indica lo siguiente: «Lo anterior tiene sustento en el historial laboral allegado por el
interesado como material probatorio a la solicitud de pensión, así como al escrito de tutela: (i) Del reporte de
semanas cotizadas expedido por el ISS se desprende que el accionante cotizó a esta entidad, a través de
diferentes empresas, un total de 504,43 semanas que corresponden a las fechas del 21 de febrero de 1984 al 20
de mayo de 1986 y del 1 de agosto de 1995 al 31 de diciembre de 2009
10 Sustentado en las sentencias SU317 de 2021 y SU273 de 2022
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
para la fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993 o que hizo cotizaciones al
citado fondo de previsión en algún momento, anterior al 1.° de abril de 1994.
Antes de la Ley 100 de 1993 en Colombia coexistían múltiples regímenes
pensionales, cada uno con su respectivo ámbito de aplicación. Así, por ejemplo, la
Ley 33 de 1985 regulaba el régimen general pensional de los empleados públicos y
trabajadores oficiales, pero también se encontraban vigentes normas pensionales
que beneficiaban a otros grupos de empleados públicos como el régimen
prestacional del DAS, del INPEC, de la Contraloría General de la República, el de la
Rama Judicial y el Ministerio Público, entre muchos otros.
En el sector privado el régimen pensional era el regulado para el Instituto de Seguros
Sociales y que estaba previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto
758 del mismo año.
La Ley 71 de 1988 permitía la acumulación de tiempos de cotización privada y
pública, disponiendo en su artículo 7 que «[a] partir de la vigencia de la presente ley, los
empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en
cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o
distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de
jubilación».
Esta sumatoria de tiempos de cotización tenía como objeto «que la parte de ingresos
del empleado oficial o trabajador que se destina a la formación de los fondos de pensiones
en las entidades de previsión social, permitan a éstas cumplir con el pago de la pensión de
jubilación, en cuantía proporcional al tiempo aportado a cada una de ellas»11. Por lo
anterior, la Sala considera que, bajo una interpretación histórica y contextual de la
norma, el legislador reconocía la existencia de regímenes pensionales
independientes, con ámbitos de aplicación diferentes y que, en consecuencia, los
requisitos pensionales regulados en cada una de aquellas normas no podían leerse
de manera aislada a su contexto.
La Ley 100 de 1993 tuvo por objetivo unificar a través de un único sistema el universo
pensional, derogando la mayoría de los regímenes pensionales existentes,
exceptuándose por ejemplo el de las fuerzas armadas, el de los docentes afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio o el de los servidores
públicos de Ecopetrol, por decisión expresa del legislador según lo previsto en su
artículo 279.
11 Así lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C012 de 1994, con ponencia del magistrado Antonio Barrera
Carbonell.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
Además, su artículo 36 reguló un régimen de transición para proteger las
expectativas legítimas 12 de quienes estaban cerca de obtener su derecho pensional
bajo la normativa anterior que les aplicase, por lo que aquellas personas que a la
entrada en vigencia de la Ley 100 tuviesen 35 años o más de edad si eran mujeres,
40 o más si eran hombres o 15 años o más de servicios cotizados tendrían derecho
a pensionarse con la edad, el tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto
establecidos en el régimen anterior al cual se encontraran afiliados, mientras que
todas las demás condiciones y requisitos se regirían por la nueva norma.
Debe entenderse que las condiciones a respetar son aquellas respecto de las cuales
la persona tenía la expectativa legítima de pensionarse, como bien lo consideró el
Congreso al definir que estas serían las establecidas «en el régimen anterior al cual
se encuentren afiliados».
Para la Sala, en la norma citada se evidencia la distinción y multiplicidad de
regímenes pensionales, autónomos e independientes uno de otro, encontrando el
legislador la necesidad de modificar dicha situación para unificarlos en un único
sistema como lo hizo la Ley 100 de 1993.
En consecuencia, el límite establecido por el Congreso de la República, respecto al
«régimen al que se encontraban afiliados», es constitucionalmente admisible y está
soportado en la facultad de libre configuración, que no responde al caso concreto,
sino a garantizar elementos cardinales del derecho social a la pensión, como son los
principios de progresividad, sostenibilidad y universalidad del sistema (Art. 48
Superior).
Para esta Sala, tres eran los regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993
que podían considerarse como generales en el ámbito del ordenamiento jurídico
colombiano:
Ley 33 de 1985 Ley 71 de 1988 Acuerdo 049 de 1990
Aspectos Edad: 55 años para Edad: 55 años para Edad: 55 años para mujeres
protegidos hombres y mujeres. mujeres 60 años para hombres
por el 60 años para hombres
régimen de Tiempo: 20 años de Tiempo: Mínimo 500 semanas de
transición servicio (continuos o Tiempo: 20 años de cotización pagadas durante los 20
discontinuos) aportes sufragados en años anteriores al cumplimiento de la
cualquier tiempo y edad mínima.
Monto: 75% acumulados en una o O 1.000 semanas de cotización en
varias entidades de cualquier tiempo.
previsión legal y el ISS
Monto: 75%
12 Sobre las expectativas legítimas, esta Sala, en providencias del 12 de marzo (25000232500020110084901) y
9 de julio de 2020 (25000234200020130049901), señaló que se trata de una categoría intermedia entre los
derechos adquiridos y las meras expectativas, en el entendido de que se refieren a aquellas situaciones en las
que la persona en el instante del cambio normativo no ha adquirido el derecho de manera definitiva, pero está
cerca de cumplir con todos los requisitos para lograrlo, de manera que debe protegerse el principio de buena fe
y confianza legítima que tenía el ciudadano de que su derecho estaba a punto de materializarse con la regulación
que estaba vigente.
10
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
Monto: Entre 45% y 90%
dependiendo del número de
semanas de cotización
Aplicabilidad A empleados oficiales A empleados oficiales y Estarán sujetos al seguro social
de la norma (empleados públicos y trabajadores que obligatorio contra los riesgos de
trabajadores oficiales) acrediten 20 años de invalidez, vejez y muerte de origen no
aportes sufragados en profesional:
cualquier tiempo y
acumulados en una o 1. En forma forzosa u obligatoria:
varias de las entidades a) Los trabajadores nacionales o
de previsión social que extranjeros que presten sus servicios
hagan sus veces, del a patronos particulares mediante
orden nacional, contrato de trabajo o de aprendizaje;
departamental, b) Los funcionarios de seguridad
municipal, intendencial, social del Instituto de Seguros
comisarial o distrital y Sociales y,
en el ISS. c) Los pensionados por jubilación
cuyas pensiones vayan a ser
compartidas con las pensiones de
vejez a cargo del Instituto de Seguros
Sociales o asumidas totalmente por
él.
2. En forma facultativa:
a) Los trabajadores independientes;
b) Los sacerdotes diocesanos y
miembros de las Comunidades
Religiosas y,
c) Los servidores de entidades
oficiales del orden estatal que al 17
de julio de 1977 se encontraban
registradas como patronos ante el
ISS.
3. Otros sectores de población
respecto de quienes se amplíe la
cobertura del régimen de los seguros
sociales obligatorios.
Teniendo en cuenta las características indicadas anteriormente a cada régimen se
procede a analizar la situación fáctica y probatoria de la actora, de la cual se observa
que se desempeñó entre el 21 de enero de 1992 y el 15 de septiembre de 1996 13 en
la Rama Judicial, por lo que tenía la calidad de empleada pública y en dicho periodo
cotizó a Cajanal, acumulando allí un total de 1674 días o 239,14 semanas.
Que entre el 23 de octubre de 1996 y el 7 de enero de 2013 laboró en la Secretaría
de Gobierno del distrito capital, periodo en el cual cotizó al ISS (hoy Colpensiones),
por lo que acreditó 790,86 semanas 14.
Acreditó un aproximado de 21 años de servicio y un total de 1.030 semanas de
cotización en ambos fondos y cumplió los 55 años de edad en 2008.
De acuerdo con lo anterior, podría entenderse cobijada por la Ley 33 de 1985, al
haber demostrado 20 años como empleada pública y tener una vinculación al sector
público anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; o por la Ley 71 de
1988, en tanto que acumuló aportes en Cajanal y el Instituto de Seguros Sociales y
13 Según certificados de información laboral obrantes a folios 134 y 135 del expediente.
14 Según reporte de semanas cotizadas a folios 136 a 141.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
además tener para el 2008 la edad de 55 años. (Lo anterior, siempre y cuando
hubiera acreditado los presupuestos para pensionarse antes de 31 de julio de 2010
o demostrado tener las 750 semanas a la entrada en vigencia del acto legislativo que
le permitiera conservar el régimen de transición hasta el 2014. 15
Pero no podría ser en su caso aplicable el Acuerdo 049 de 1990 toda vez que no
estuvo afiliada al seguro obligatorio de invalidez, vejez y muerte ni en forma
obligatoria, ni en forma voluntaria (como lo previó el artículo 1.° del citado acuerdo)
antes de que entrara a regir la Ley 100, y se reitera, sus cotizaciones en ese periodo
se hicieron con destino a Cajanal, que se encargaba de administrar el régimen
pensional de los servidores públicos.
Debe precisarse que la negativa a aplicar el Acuerdo 049 al caso de la demandante
no se debe a que esta Sala considere que para ser beneficiaria de este debió
acreditar la totalidad de semanas exclusivamente al ISS, pues esta Sección acoge el
criterio de que estos periodos sí pueden acumularse con los cotizados en otras cajas
de previsión o con tiempos de servicio público. Tampoco a que la actora hubiese
tenido que estar afiliada al ISS al 1.° de abril de 1994, según se desprendería de la
literalidad del inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100.
Sino que, se repite, el legislador previó que el beneficiario del régimen de transición
se podría pensionar con la edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto
regulados en el régimen pensional anterior al cual se encontraran afiliados, y
en este caso la demandante no demostró haber estado afiliada al ISS al 1.° de abril
de 1994 o haber cotizado a dicha entidad en cualquier tiempo antes de que entrara
a regir la Ley 100.
2. Porque la norma pensional cuya aplicación se predica no puede ser aplicada
en virtud del principio de favorabilidad en materia laboral.
Para la Sala el Acuerdo 049 de 1990 no puede ser aplicado al caso bajo el principio
de favorabilidad, ni en sentido estricto (a partir del cual, cuando existan dos o más
normas vigentes que regulen una misma circunstancia, el juez debe optar por aquella
que beneficie al trabajador), ni en sentido amplio (cuando ante múltiples
interpretaciones de una misma disposición, el juez debe escoger la más provechosa
para el empleado).
El primero porque no solo se requiere la existencia de dos o más normas vigentes
que regulen la misma circunstancia, como concluye la Corte Constitucional en su
15 Sin embargo, el cumplimiento del tiempo de servicio no ocurrió antes del 31 de julio de 2010, por lo que, su
condición de beneficiaria del régimen de transición respecto a las normas citadas, necesariamente debe
estudiarse a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005, que dispuso como exigencia acreditar 750 semanas a la
entrada en vigencia del mismo, requisito que tampoco se encuentra acreditado tal c omo lo concluyó el tribunal
de primera instancia y de hecho lo admite la misma demandante a folios 94 y 106 (Escrito de tutela y en el
memorial que contiene recurso de apelación interpuesto contra el acto demandado).
12
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
sentencia SU273 de 2022, sino que también ambas normas deben poder aplicarse a
la misma situación fáctica. Así se entiende de lo señalado por la misma alta
corporación, quien en sentencia SU140 de 2019 indicó:
«El principio de favorabilidad estricta en materia laboral exige que cuando el operador
jurídico se encuentre frente a dos o más normas jurídicas que, prima facie,
podrían aplicarse frente de una misma situación fáctica, debe optarse por la norma
que favorezca mayormente al trabajador».
Según se expuso, el principio de favorabilidad se podría aplicar al caso concreto en
el sentido de definir cuál es el régimen que más beneficia a la actora entre los que le
aplicaban, ya sea la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988, mas no respecto del
Acuerdo 049 de 1990.
Para la Sala los tres regímenes eran excluyentes y por tanto solo podía aplicarse uno
de ellos, según las condiciones en las que se encontrara el interesado. Así, a manera
de ejemplo, se tienen los siguientes supuestos:
i) un empleado público del orden nacional que durante todo el tiempo de labor
tuvo esa categoría, no tuvo aportes al ISS o laboró en el sector privado,
únicamente podía optar porque se le aplicaran las condiciones de edad,
tiempo de servicio y monto de la Ley 33 de 1985;
ii) una persona que laboró como empleado oficial que cotizó a diversas cajas
de previsión, pero no alcanzó a reunir los 20 años de servicio, los cuales
completó con tiempos laborados en el sector privado, tendría que acudir a la
Ley 71 de 1988;
iii) una persona que estaba afiliada al seguro social tendría derecho a reclamar
su pensión bajo las previsiones del Acuerdo 049. Lo anterior, porque esas eran
las normas aplicables antes de la entrada en vigencia de la Ley 100.
Pero ¿qué pasaría con quien, por ejemplo, antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 tenía tiempos privados cotizados al ISS y tiempos como empleado
público? En ese caso, la Sala estima que en aplicación del principio de favorabilidad,
la persona podría optar entre la aplicación de la Ley 71 de 1988, que permitió la
acumulación de tiempos de servicio públicos y privados, o la aplicación del Acuerdo
049 de 1990, en tanto que en el marco del régimen de transición, éste no contempló
la exigencia de que los tiempos fueran exclusivos en un determinado régimen y
porque el artículo 33 de la Ley 100 permite esa acumulación.
Y si la persona tenía cotizaciones al ISS antes de abril de 1994, pero también
demostró haber prestado sus servicios al Estado por más de 20 años. Para esta Sala
el interesado podrá optar por la aplicación de la Ley 33 de 1985, la Ley 71 de 1988 o
el Acuerdo 049 de 1990, pues la expectativa legítima no se restringió a uno solo
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
de los regímenes, sino que existía la posibilidad de completarlo bajo una u otra
norma.
Sin embargo, el principio de favorabilidad no puede aplicarse a quien, como en el
caso de la parte demandante, laboró en el sector público antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, cotizó todo ese tiempo a Cajanal, y después de entrar
a regir la citada ley se afilió al ISS donde siguió cotizando, porque: i) a la fecha en
que entró a funcionar el sistema general de seguridad social en pensiones la
interesada no tenía una expectativa legítima de pensionarse bajo los postulados del
Acuerdo 049 de 1990; y ii) si bien por la cantidad de regímenes pensionales que
existían, las condiciones de edad, tiempo de servicios o monto podían variar de uno
a otro, de modo que podría decirse que había varias normas que regulaban
situaciones similares, pero ello no significa que todas fueran aplicables en todos los
casos porque exigían requisitos diferentes.
En ese orden, la Subsección considera que si bien el régimen de transición de la Ley
100 de 1993 solo protege tres elementos del régimen pensional anterior, como son
la edad, el tiempo de servicios y el monto, el artículo 36 sí previó que estos requisitos
serían los establecidos en la norma pretérita, por lo que obligatoriamente debe
acudirse al ámbito de aplicación previsto para esta, que en el caso del Acuerdo 049
era el de los afiliados al seguro de invalidez, vejez y muerte administrado por el ISS,
según lo regulado en su artículo 1.°.
3. Porque el precedente constitucional en el que se sustenta la tesis de que
para la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 no se requiere de afiliación al ISS
previa al 1.° de abril de 1994, se funda en premisas desacertadas o inaplicables
al caso.
La Corte Constitucional sustenta que su tesis se encuentra consolidada en las
siguientes sentencias T370 de 2016, T088 y T028 de 2017 y T522 de 2020. Sin
embargo, la Sala considera que el precedente constitucional carece de una línea
solida de argumentación que lo haga vinculante y de estricto cumplimiento, aplicable
a estos casos:
a. En la sentencia T370 de 2016 la Corte revisó el caso de un ciudadano que, según
Colpensiones, no podía acceder a la pensión bajo el Acuerdo 049 de 1990 porque
no era beneficiario del régimen de transición, ni había realizado cotizaciones al ISS
antes de la Ley 100 de 1993.
Para la Corte, el accionante acreditó 500 semanas de aportes dentro de los 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad mínima, por lo que cumplía con el requisito
mínimo de tiempo de cotizaciones previsto en el literal b) del artículo 12 del Acuerdo
049.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
En dicha ocasión, tuteló los derechos del accionante luego de precisar que sí era
beneficiario del régimen de transición, por lo que tenía un derecho adquirido y que
cumplió con los requisitos para acceder a la pensión antes del 31 de julio de 2010.
Argumentos de la Corte Constitucional Contraargumentos de la Sala
«se observa que el precedente de unificación Contrario a lo afirmado, en el caso analizado en la
[SU769/14] ordenó el reconocimiento de la pensión SU769 de 2014 estaba demostrado que el
de vejez con base en el Acuerdo 049 de 1990 a una accionante cotizó al ISS a través de diferentes
persona que prestó sus servicios con un municipio, empresas, un total de 504,43 semanas, entre el 21
hasta el 30 de junio de 1995, sin que se evidencien de febrero de 1984 y el 20 de mayo de 1986 y entre
cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales durante el 1.° de agosto de 1995 y el 31 de diciembre de
dicho lapso de tiempo» 200916, de modo que sí tenía una expectativa de
pensionarse bajo los requisitos del Acuerdo 049 de
1990.
«que los argumentos que sustentan la aplicación de La conclusión a la que llegó la Corte en el numeral 1
dicha norma se resumen en que: 1) es factible la no se desprende del análisis realizado en la SU769
aplicación del Acuerdo 049 de 1990, a las de 2014, toda vez que allí lo que se definió es que sí
personas que no contaban con cotizaciones al se puede acumular tiempos de servicio con semanas
Instituto de Seguros Sociales, con anterioridad a cotizadas al ISS, de modo que para ser beneficiario
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pero del régimen regulado en el Acuerdo 049 de 1990 no
sí vinculadas a algún otro régimen pensional, se podían exigir las semanas cotizadas
como quiera que dicha exigencia no se encuentra exclusivamente al Instituto de Seguros Sociales.
contemplada en el acuerdo , 2) los requisitos para
acceder a los beneficios del Sistema General de
Pensiones se acreditan ante el sistema y no ante las
entidades que lo conforman, y 3) resulta válida la
acumulación del tiempo laborado y no cotizado o
cotizado a cajas y fondos de previsión social a
efectos de aplicar el Acuerdo 049 de 1990, en sus
dos supuestos, tanto para el requisito de 1000
semanas de cotizaciones en cualquier tiempo, así
como para el cumplimiento de las 500 semanas
dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento
de la edad»
«cabe destacar que el ser beneficiario del régimen de En dicho caso, la Corte sustenta su argumento en la
transición permite la aplicación de las normas que se sentencia C596 de 1997. Sin embargo, en dicha
encontraban vigentes al momento de entrar a regir la providencia se indicó lo siguiente:
Ley 100 de 1993, de conformidad con el régimen al
que se encontraban afiliados. Al respecto, la Sala «el cargo de inconstitucionalidad que ahora se
Plena de la Corporación, ha señalado que al estudiar analiza, según el cual la expresión demandada
cuáles serían las condiciones más favorables que se conlleva la violación del principio de irrenunciabilidad
harían prevalecer frente a las exigencias de una de los beneficios mínimos, carece de fundamento.
nueva ley, en relación con el régimen de transición, En efecto, en primer lugar, los beneficios que son
si la persona no está vinculada a ningún régimen irrenunciables son aquellos que se erigen como
pensional, no existe una expectativa de derecho a derechos ciertos o adquiridos, y, como se vio, la mera
pensionarse. “Luego, por elementales razones de posibilidad de pensionarse con el cumplimiento de
lógica jurídica, era necesario establecer el ciertos requisitos y en determinadas condiciones, no
condicionamiento de estar afiliado a algún régimen constituye un derecho adquirido sino una simple
pensional para efectos de ser acreedor al beneficio expectativa de derecho. Expectativa que, para
derivado del régimen de transición, consistente en quienes no estaban vinculados a algún régimen
poder pensionarse de conformidad con los requisitos pensional, ni siquiera existía. Y en segundo lugar, el
y condiciones previstos para el régimen anterior. derecho a la pensión de jubilación, por ser un
16 «Lo anterior tiene sustento en el historial laboral allegado por el interesado como material probatorio a la
solicitud de pensión, así como al escrito de tutela:
(i) Del reporte de semanas cotizadas expedido por el ISS se desprende que el accionante cotizó a esta entidad,
a través de diferentes empresas, un total de 504,43 semanas que corresponden a las fechas del 21 de febrero
de 1984 al 20 de mayo de 1986 y del 1 de agosto de 1995 al 31 de diciembre de 2009»
15
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
(resaltado fuera del texto)” Es así como la condición derecho correspondiente al concepto de seguridad
para acceder al beneficio de la transición, es estar social y, por ende, un derecho-prestación,
afiliado a algún régimen pensional, lo que permite catalogado como de segunda generación, exige,
entonces la aplicación de los requisitos exigidos en para su reconocimiento, la previa definición
el sistema pensional anterior, sin especificar, ni legislativa de las circunstancias en las que se
condicionar la escogencia de la norma, atendiendo a adquirirá, cosa que justamente es lo que hace la
la entidad de seguridad social a la que se encontrará norma sub-exámine.
afiliado.»
El legislador tenía pues, plena libertad para
configurar las condiciones de acceso a la pensión de
vejez y así lo hizo, sin que por ello pueda endilgársele
la violación del principio de irrenunciabilidad de
derechos derivados de la seguridad social, que aún
no se habían adquirido»
Para la Sala el razonamiento expuesto parte de una
premisa equivocada en tanto que la sentencia de
constitucionalidad a la que se alude no indicó en
momento alguno que los beneficiarios del régimen de
transición tengan derecho a que se les aplique
cualquiera de los regímenes pensionales anteriores
a la Ley 100 de 1993 (el que le parezca más
favorable).
En la sentencia C569 de 1997 lo que expuso la Corte,
se infiere, es que para tener una expectativa de
pensionarse bajo alguno de esos regímenes, la
persona debía estar afiliada a ese.
b. En la sentencia T088 de 2017 se analizó el caso de una persona que laboró para
el Ministerio de Trabajo y cotizó a CAJANAL entre el 1º de marzo de 1974 hasta el
29 de abril de 1993. Posteriormente se afilió al ISS como independiente y efectuó
aportes entre el 1º de septiembre de 2007 y el 31 de marzo de 2008.
En el año 2008 solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de vejez al amparo de
los requisitos consagrados en el Acuerdo 049 de 1990, pero Colpensiones negó la
petición, aduciendo que, aun cuando el actor era beneficiario del régimen de
transición, éste no cumplía con los requisitos consagrados en la Ley 33 de 1985 o en
la Ley 100 de 1993, regímenes pensionales que sí le eran aplicables a la petición del
actor.
Ante esa situación interpuso demanda ordinaria y la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Barranquilla determinó, en segunda instancia, que no tenía derecho a
pensionarse conforme al Acuerdo 049 de 1990, pues no cotizó exclusivamente al ISS
el número mínimo de semanas consagrado en el artículo 12 de ese acuerdo para
acceder a la prestación.
La Corte concluyó que la providencia acusada sí vulneró los derechos del actor, en
tanto que «el propósito del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 era,
justamente, permitir la acumulación de tiempos cotizados a distintos fondos con los
aportes hechos al ISS (conforme a la Sentencia SU769 de 2014)» y que el Acuerdo
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
049 de 1990 en ninguna parte condicionó su aplicación a que quien pretenda el
derecho pensional haya cotizado exclusivamente al ISS.
Para la Corte «en esa oportunidad […] no tuvo relevancia alguna que el allí actor no
hubiese estado afiliado al ISS para el momento en que entró en vigencia la Ley 100
de 1993»
Argumentos de la Corte Constitucional Contraargumentos de la Sala
«El cómputo de las semanas cotizadas es un aspecto La Sala advierte que, en dicho caso, efectivamente
que quedó consagrado en la Ley 100 de 1993 la Corte ordenó a Colpensiones a reconocer la
precisamente para dar solución a la desarticulación pensión aplicando el Acuerdo 049 de 1990.
entre los diferentes regímenes que durante un tiempo
hizo imposible acumular tiempos de servicio con Sin embargo, frente a la relevancia que en el juicio
diferentes empleadores, reduciendo notablemente la jurídico pudo tener para el juez constitucional en
posibilidad de los trabajadores para acceder a la dicho asunto si el accionante estaba o no afiliado al
pensión de vejez. ISS antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, se observa que en el antecedente citado nunca
De conformidad con los precedentes se sometió a discusión ni fue considerado por
jurisprudenciales mencionados en la parte ninguna de las partes el supuesto que en el caso de
considerativa de esta sentencia, para efecto del la señora Ruiz Romero está en litigio.
reconocimiento de la pensión de vejez, es posible
acumular los tiempos de servicios cotizados a las En la sentencia de tutela, el motivo para negar la
cajas o fondos de previsión social, con las semanas prestación siempre estuvo relacionado con las
de cotización efectuadas al Instituto de Seguros cotizaciones exclusivas al ISS y la posibilidad de
Sociales. acumular estas con los tiempos cotizados a otras
cajas de previsión.
Esta es la lectura conforme a la Constitución que
debe dársele al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990,
la que además se ajusta a los principios de
favorabilidad y pro homine, y que maximiza la
garantía del derecho fundamental a la seguridad
social, tal acumulación es válida no solo para los
casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en
cualquier tiempo, sino también para los eventos en
los que se demostró haber reunido un total de 500
semanas dentro de los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad requerida.»
c. En la sentencia T028 de 2017, la Corte también analizó un caso similar, en el que
la parte accionante no reunía los requisitos para pensionarse con la Ley 33 de 1985,
la Ley 71 de 1988 o el Acuerdo 049 de 1990, ni cumplía con los previstos en la Ley
100 y sus modificaciones, cuestionándose si se podía negar la pensión porque las
cotizaciones que realizó no fueron efectuadas únicamente a Colpensiones.
En dicha ocasión se tutelaron los derechos del accionante en consideración a que
cumplía con el número de semanas exigido en el Acuerdo 049 de 1990 para
pensionarse y que podían sumarse las semanas cotizadas al ISS con las aportadas
al fondo del departamento de Cundinamarca entre el 18 de marzo de 1983 y el 14 de
julio de 1996.
Al referirse a este caso en la SU273/22 la Corte afirmó que «en ese caso el actor no
cumplía con los requisitos de ningún régimen pensional, previo o actual. Sin
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
embargo, en ejercicio del principio de favorabilidad, la Sala determinó que sí le era
aplicable el Acuerdo 049 de 1990, pues se trataba del único régimen en el cual
cumplía con el requisito de haber aportado al sistema un número mínimo de
semanas».
Argumentos de la Corte Constitucional Contraargumentos de la Sala
«corresponde a la Sala resolver la situación jurídica Nuevamente, la Sala advierte que en dicho caso
de una persona de 73 años de edad quien solicitó el nunca se discutió la necesidad de estar afiliado al ISS
reconocimiento y pago de una pensión de vejez por con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
considerar que acredita a satisfacción la totalidad de 100.
los requisitos que, de conformidad con el régimen de
transición del que es titular, le son exigibles, pero la Solo se discutió la posibilidad de acumular a las
cual es negada por Colpensiones en cuanto esta semanas cotizadas al ISS los tiempos de servicio
consideró que para efectos de verificar el públicos que cotizó a otras cajas para poder tener
cumplimiento de los requisitos de cotizaciones derecho a la pensión, siendo este el motivo por el
establecidos por el Acuerdo 049 de 1990 es cual Colpensiones había negado el reconocimiento
necesario únicamente valorar las cotizaciones pensional.
realizadas al Instituto de Seguros Sociales y no
aquellas que tuvieron lugar ante alguna otra Caja de
Previsión.
Al respecto, la Sala, tras verificar el material
probatorio obrante en el expediente, observó que si
bien como Colpensiones lo afirma, el actor solo
cuenta con 250 semanas cotizadas al I.S.S. durante
los 20 años anteriores al momento en que cumplió el
requisito de edad establecido para la prestación que
pretende y, por tanto, no logró acreditar las 500
requeridas por el Acuerdo 049 de 1990, también
resulta evidente que, de conformidad con los
lineamientos que al respecto ha desarrollado esta
Corporación, los tiempos de cotización que se han
realizado ante entidades diferentes al I.S.S. también
deben ser contabilizados por las administradoras de
fondos de pensiones.
En este sentido, se reiteró la regla de derecho
sentada por esta Corporación en virtud de la cual,
para efectos de verificar el cumplimiento del requisito
de cantidad de cotizaciones en aplicación del
régimen de transición, es no solo valido, sino
necesario contabilizar las cotizaciones realizadas
ante todas las administradoras de pensiones y no
solo el Instituto de Seguros Sociales.»
d. En la sentencia T522 de 2020 dicha alta corporación «reiteró la
inconstitucionalidad de impedirle a quien solicita la pensión de vejez y es beneficiario
del régimen de transición, hacerlo con un régimen previo, por no haber estado afiliado
al ISS al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993».
En dicho caso Colpensiones negó el derecho por considerar que la norma aplicable
al actor era la Ley 33 de 1985 y no el Acuerdo 049 de 1990, porque solo había
cotizado 326 semanas de forma exclusiva al ISS, de 614,34 con las que contaba en
total y, además, que tampoco resultaba procedente su aplicación porque el
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
accionante no estaba afiliado al ISS al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de
1993.
Para la Corte, dicha interpretación resulta contraria a la Constitución por no estar
soportada en ninguna fuente legal o constitucional y va en contravía de su precedente
que «sí permite aplicar un régimen previo a la Ley 100 de 1993, incluso el Acuerdo
049 de 1990, a cualquier persona beneficiaria del régimen de transición que no haya
estado afiliada al ISS antes de la entrada en vigencia de la anotada Ley 100».
Argumentos de la Corte Constitucional Contraargumentos de la Sala
«29. De acuerdo con lo expuesto y atendiendo el En este caso advierte la Subsección que la discusión
estado actual de la jurisprudencia constitucional es sobre la inaplicación del Acuerdo 049 por no estar
claro que el argumento ahora presentado por el afiliado al ISS se dio como un argumento nuevo
representante de Colpensiones no puede abrirse presentado por Colpensiones, antes de dictar el fallo
paso. Su planteamiento se funda en una lectura en sede de revisión.
fragmentada de la sentencia C-596 de 1997 que se
ocupó de juzgar la expresión “al cual se encuentren Sin embargo y para lo que importa a esta
afiliados” del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a providencia, la Sala advierte que la conclusión de la
partir de un cargo por violación de los derechos de Corte se sustentó en una interpretación de lo dicho
quienes no se encontraran afiliados al sistema de por esa misma corporación en sentencia C596 de
pensiones. Ello implica que la Corte no se ocupó de 1997 que declaró exequible el aparte «al cual se
analizar específicamente la situación que plantea el encuentren afiliados» del artículo 36 de la Ley 100,
presente caso y, en esa dirección, la regla alegada providencia a partir de la cual, se infiere, dicha alta
por Colpensiones no se desprende de esta corte ha considerado que el beneficiario del régimen
providencia. De hecho, tal y como lo evidencian las de transición puede solicitar la aplicación de
sentencias citadas en los fundamentos anteriores, la cualquier régimen anterior a la Ley 100, pero que a
práctica de la jurisprudencia constitucional va la luz de esta subsección, del análisis de
justamente en el sentido opuesto al alegado por la constitucionalidad allí realizado se debe concluir que
entidad accionada. » para tener una expectativa de pensionarse bajo
alguno de esos regímenes, la persona debía estar
afiliada a ese
De acuerdo con lo anterior, si bien esta Subsección no desconoce la existencia de
un precedente de la Corte Constitucional que permite la aplicación del Acuerdo 049
de 1990 a casos donde no se demostró una afiliación al ISS para la fecha que entró
en vigencia la Ley 100 de 1993 o con anterioridad a esta, tal como se observa en la
sentencia citada, lo cierto es que la Sala considera que debe apartarse de éste, pues
contrario a lo expuesto en las decisiones analizadas, la aplicación por favorabilidad
del Acuerdo 049 solo procede cuando la persona tenía una expectativa legítima de
pensionarse bajo dicho régimen, condición que está expresamente regulada en el
segundo inciso del artículo 36 de la Ley 100 y que fue declarada exequible por la
misma Corte Constitucional en la sentencia C596 de 1997.
Agréguese que dicha sentencia fue proferida en el marco de revisión de acción de
tutela, la cual solo tiene efectos entre las partes para ese caso, de modo que este
solo pronunciamiento tampoco tendría un carácter vinculante para los jueces de la
República.
Además, porque los antecedentes citados por la Corte Constitucional se sustentan
por regla general en la posibilidad de acumular cotizaciones, sin analizar de fondo
19
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
las implicaciones de aplicar un régimen pensional al cual no se tenía derecho, y
llegando a esas conclusiones basadas en error en la apreciación fáctica, como por
ejemplo, al citar la SU769 de 2014 donde supuestamente se reconoció la pensión sin
haber acreditado la afiliación al ISS al 1.° de abril de 1994, pero omitiendo que en
dicho caso el interesado sí acreditó haber cotizado a dicho instituto con anterioridad
a esa fecha.
Y porque de la interpretación de la norma hecha por la Corte, se pregunta entonces
esta subsección si es posible la aplicación inversa de la tesis, por ejemplo, una
persona cobijada por el régimen de transición que nunca fue empleado público y que
para pensionarse con una edad menor o con un monto superior al que tendría
derecho ¿podría pensionarse bajo la aplicación ultractiva de la Ley 33 de 1985? O
un empleado público que nunca cotizó al ISS o Colpensiones ¿puede pedir por
favorabilidad la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 solo para mejorar el monto
pensional al pasar de 75% a 90%?
Para esta Sala la respuesta a ambos interrogantes (y que solo se formulan a modo
de ejemplo) es negativa, porque la norma aplicable es aquella sobre la cual la
persona tenía una expectativa legítima de pensionarse, según lo regulado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Resulta oportuno precisar que la Subsección en sentencia proferida en 21 de junio
de 202117 al resolver un asunto en el que también se pretendía el reconocimiento de
la pensión de vejez bajo el amparo del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 manifestó:
“comoquiera que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones se
encontraba afiliado al Instituto del Seguro Social donde mantuvo su afiliación
hasta su retiro del servicio, tanto en el sector público como en el privado, le son
aplicables las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, bajo el régimen de transición y a
la luz de las disposiciones del Decreto 758 de 1990, pues si bien no es un requisito
indispensable haber realizado las cotizaciones de manera exclusiva a dicha entidad,
era necesario que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 el
peticionario se encontrara afiliado al régimen del cual se predica su aplicación,
como en efecto lo demostró el accionante.
69. Así lo señaló la Corte Constitucional en sentencia T- 080 de 2013: «La Ley 100
de 1993 busca proteger la expectativa a ser pensionado bajo las reglas del
régimen al que pertenecía el trabajador cuando comenzó el tránsito normativo.
Teniendo en cuenta esta finalidad –protección de expectativas que ya habían surgido
al amparo de un arreglo normativo e institucional-, resulta necesario que
efectivamente el beneficiado estuviera en el régimen cuya aplicación reclama
al momento de entrar a regir la Ley 100, de lo contrario, no existiría ninguna
expectativa que proteger.»” (Negrillas de la Sala).
17 Radicado: 47001-23-33-000-2016-00442-01 (3831-2019).
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado considera que en el
presente caso la demandante no tiene derecho a que, como beneficiaria del régimen
de transición, se le apliquen la edad, el tiempo de servicios y el monto previstos en
el Acuerdo 049 de 1990, porque aun si se pueden acumular los tiempos laborados
como empleada pública y cotizados a otras cajas o fondos de previsión, el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 prevé que el régimen pensional aplicable es aquel al
que estuviere afiliada, y la señora Ruiz Romero no demostró haber estado
afiliada al ISS al 1.° de abril de 1994 o con anterioridad a esta fecha.
Igualmente, tal como lo manifestó el tribunal de primera instancia, tampoco hay lugar
a reconocer la prestación bajo el amparo de las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, pues
la parte actora no conservó el beneficio del régimen de transición conforme a la
exigencia establecida en el Parágrafo Transitorio Cuarto del Acto Legislativo 01 de
2005. Igual interpretación se tiene respecto al incumplimiento de las semanas
exigidas en la Ley 797 de 2009, pues según lo acreditado solo cumplió con 1.030 de
las 1.250 semanas que exigía la norma para el año 2013.
Las anteriores consideraciones son suficientes para confirmar la decisión de primera
instancia
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe; no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta desplegada
por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.° del art. 188 de la Ley
1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio enunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, las partes manifestaron
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses por lo que, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
21
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00254-01 (3689-2021)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 10 de junio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las
pretensiones de la demanda interpuesta por María Antonia Ruiz Romero contra la
Administradora Colombiana de Pensiones.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Reconocer personería a la abogada Karina Vence Peláez identificada con
tarjeta profesional 81.621 del Consejo Superior de la Judicatura para que represente
los intereses de Colpensiones. Asimismo, se acepta la sustitución de poder hecha
en la abogada Yeliseth Carreño Quintero identificada con tarjeta profesional 274.071
del Consejo Superior de la Judicatura.18
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
18 Índice 17 de SAMAI.
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