Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00335-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00335-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00335-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00335-01 (3416-2023)
Demandante: Orlando Arrechea Ocoro
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP.
Tema: Reliquidación pensional Decreto 546 de 1971 con el 75%
de la asignación mensual más elevada devengada en el
último año de servicio. REVOCA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Orlando Arrechea Ocoro interpuso demanda en contra de la UGPP,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 021585 del 23 de julio,
RDP 024560 del 16 de agosto y RDP 028950 del 25 de septiembre de 2019, por
medio de las cuales la UGPP negó la reliquidación de la pensión de vejez.
3. A título de restablecimiento del derecho se ordene liquidar la prestación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, 12 del
Decreto 717 de 1978 y 45 del Decreto 1045 de 1975, se indexe la primera mesada,
se modifiquen las mesadas posteriores, se efectúen los reajustes anuales que
ordena la ley, se proceda a pagar las diferencias que resulten del reajuste y se
ordene el pago de los intereses, de acuerdo con lo previsto en el artículo 141 de
100 de 1993.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00335-01 (3416-2023)
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
4. Que la UGPP, mediante la Resolución RDP 001091 del 16 de enero de 2018,
le reconoció su pensión de vejez, liquidada con base en el artículo 21 de la Ley 100
de 1993, con el 75 % del promedio de los salarios devengados entre el 16 de junio
de 1984 y el 15 de junio de 1994.
5. Que el 10 de abril de 2019, solicitó liquidar la pensión de conformidad con el
artículo 6 del Decreto 546 de 1971, actualizar la primera mesada y las demás,
teniendo en cuenta la fórmula adoptada en la sentencia T 908 de 2005, efectuar los
ajustes anuales y pagar los intereses moratorios conforme al artículo 141 de la Ley
100 de 1993. Petición que fue negada mediante la Resolución 021585 del 23 de
julio de 2019.
6. Que mediante las Resoluciones RDP 024560 del 16 de agosto de 2019 y
RDP 028950 del 25 de septiembre del mismo año, la UGPP confirmó la negativa.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Considera violados los artículos: 29, 53 y 58 de la Constitución Política; 21 y
36 de la Ley 100 de 1993; 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 27 del Código Civil;
6 del Decreto 546 de 1971; 12 del Decreto 717 de 1978 y 45 del Decreto 1045 de
1978.
8. Sostuvo que la entidad aplicó indebidamente los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993, al determinar el ingreso base de liquidación con fundamento en los
últimos diez años de servicio, pese a que el artículo 21 establece el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales el afiliado hubiera cotizado durante los diez años
anteriores al reconocimiento de la pensión, período durante el cual no efectuó
cotizaciones. Afirmó que, si se consideraba dicha disposición, no era posible tomar
como referencia los diez años anteriores a la desvinculación que ocurrió el 15 de
junio de 1994, pues la norma no contempla ese criterio. Que en caso de existir duda
debía acudirse al principio de favorabilidad en materia laboral.
9. Que con dicha actuación se desconoció el precedente jurisprudencial vigente
para el momento en que adquirió el estatus de pensionado, el 8 de julio de 2009,
contenido en las sentencias T-631 de 2002, T-635 de 2002, T-169 de 2003, T-158
de 2006, T-251 de 2007, T-180 de 2008 y T-351 de 2010, en las cuales se aclaró
que el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 únicamente resultaba aplicable
cuando el régimen anterior no contemplara una regla específica para determinar el
IBL. Agregó que las sentencias C-258 de 2013, T-078 de 2014, SU-230 de 2015 y
la providencia emitida el 28 de agosto de 2018, no podían ser tenidos en cuenta
para resolver su situación.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00335-01 (3416-2023)
10. Que, al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba con más de 15 años
de servicio, por lo que en su criterio el IBL debía fijarse con el equivalente al 75 %
de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de
servicio, de acuerdo con lo previsto en el 6 del Decreto 546 de 1971, con inclusión
de los factores salariales indicados en los artículos 12 del Decreto 717 de 1978 y 45
del Decreto 1045 de 1978.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
11. El 9 de marzo de 2021 fue admitida la demanda. La entidad1 señaló que las
pretensiones no estaban llamadas a prosperar, por cuanto los actos administrativos
demandados se ajustaron a la normativa y jurisprudencia aplicables. Que si bien el
demandante era beneficiario del régimen de transición, este solo comprendía la
edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión, mientras que el IBL debía
determinarse conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, con base en
los últimos diez años o el tiempo que faltare para adquirir el derecho y con los
factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales se
hubieran efectuado cotizaciones. Como sustento citó, entre otras, las sentencias C-
258 de 2013, T-078 de 2014, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, y las providencias
dictadas por esta corporación el 28 de agosto de 2018 y el 11 de junio de 2020.
12. Propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no
debido, prescripción de mesadas, improcedencia de la indexación y de los intereses
moratorios, y la genérica.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del tres (3)
de noviembre de dos mil veintidós (2022)2, accedió parcialmente a las pretensiones.
Declaró la nulidad de los actos acusados, y condenó a la entidad a reliquidar la
pensión en cuantía equivalente al 75 % de la asignación mensual más elevada
devengada en el último año de servicio, incluyendo los factores salariales previstos
en el Decreto 717 de 1978.
14. Señaló que el señor Orlando Arrechea tenía derecho a la reliquidación de su
pensión con fundamento en el Decreto 546 de 1971, dado que antes de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, reunía más de 20 de servicio, de los cuales «14
años, 10 meses, y 16 días» fueron prestados en la Rama Judicial. Concluyó que la
UGPP no podía aplicar el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 para determinar el IBL,
puesto que la situación pensional del demandante constituía un derecho adquirido
y no una mera expectativa.
1 Carpeta «10_10_ED_202000335001ZI.zip»; «2020-00335-00». Archivo denominado «11. Contestación
demanda».
2 Carpeta «10_10_ED_202000335001ZI.zip». Archivo denominado. «11_11_SENTENCIA.pdf
«11_11_SENTENCIA.pdf».
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00335-01 (3416-2023)
15. Citó la sentencia del 20 de octubre de 20053, según la cual «el requisito de la
edad sólo tiene trascendencia, en algunos casos, para exigir la prestación, pues una
vez completado el tiempo de servicios o las semanas cotizadas ya existe un derecho
cierto para el trabajador, que no puede ser desconocido por el legislador. Y no se
trata aquí de una expectativa, pues el derecho se consolidó, por haber completado
o bien el tiempo de servicios o bien el número de cotizaciones; sin embargo, lo que
sucede es que su reconocimiento y pago pende o bien de la llegada de la edad o
del acaecimiento de la muerte. Puede decirse entonces que existe una situación
jurídica que no puede ser desconocida por el legislador».
16. Sostuvo que el legislador ha otorgado especial relevancia al tiempo de
servicios para el reconocimiento de prerrogativas pensionales y que ello se refleja
en las reglas previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para la determinación
del IBL, según las cuales, a quienes les faltaran menos de diez años para adquirir
el derecho, este se determinaría con el promedio de lo devengado durante el tiempo
que les faltare. Consideró que acoger la tesis de la entidad conduciría a un resultado
más favorable para quien, a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, aún no había
completado los veinte años de servicio, pero se encontraba próximo a hacerlo, que
para el demandante, quien ya había satisfecho dicho requisito. A partir de ello,
concluyó que el tiempo de servicios es lo que causa el derecho pensional y que el
régimen a aplicar debía fundarse en las normas vigentes cuando se cumplió
exigencia.
17. Ordenó la indexación de la primera mesada, debido al tiempo transcurrido
entre el retiro del servicio el 15 de junio de 1994 y el cumplimiento de la edad que
tuvo lugar el 8 de julio de 2009.
18. Declaró la prescripción de las diferencias causadas con anterioridad al 10 de
abril de 2016 y negó el reconocimiento de los intereses moratorios, al considerar
que no existió mora en el pago de las mesadas.
RECURSO DE APELACIÓN
19. La parte demandada4 interpuso recurso de apelación en el que solicitó
revocar la sentencia. Sostuvo que el actor adquirió el estatus pensional el 8 de julio
de 2009, cuando cumplió 55 años, por lo que su situación se encontraba sometida
al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Reiteró
que el régimen de transición mantiene las condiciones de edad, tiempo de servicio
y tasa de reemplazo, mientras que el IBL debía determinarse conforme a las reglas
de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. Como fundamento, citó las
sentencias del 28 de agosto de 2018 y del 11 de junio de 2020.
3 «Consejo de Estado – Sección Segunda- Subsección A, C.P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero sentencia del
20 de octubre de 2005, radicado interno No. 3701-04».
4 Folios 235 a 238.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00335-01 (3416-2023)
20. Que la prestación se calculó con el promedio de los salarios devengados
entre el 16 de junio de 1984 y el 15 de junio de 1994, con inclusión de la asignación
básica y la prima de antigüedad, y que se hizo la respectiva actualización con el
IPC. Sostuvo que no había lugar a la indexación de la primera mesada pensional,
al considerar que no se produjo pérdida del poder adquisitivo de la mesada. Precisó
que tal indexación se diferencia de los reajustes legales anuales y que estos últimos
habían sido efectuados de oficio.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
21. El 27 de junio de 2023 se admitió el recurso y se dispuso que, una vez
ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a despacho para dictar sentencia
sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.
22. Las partes y el agente del Ministerio Público no se pronunciaron.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
23. Deberá resolver la subsección si el demandante tiene derecho a la
reliquidación de su pensión de jubilación con aplicación del Decreto 546 de 1971,
en cuanto al cálculo del IBL sobre el 75 % de la asignación mensual más elevada
del último año de servicio, y a la indexación de la primera mesada pensional.
Marco normativo y jurisprudencial
Régimen de transición artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y régimen especial de
pensión establecido en el Decreto 546 de 1971.
24. La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones», en su artículo 365, consagró un régimen
de transición en materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas
que estaban próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes
pensionales que quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de
mantenerles algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones
particulares más favorables.
5 «(…) Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en cincuenta y cinco (55)
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto
de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años
de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será
la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en
la presente Ley (…)»
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00335-01 (3416-2023)
25. La jurisprudencia de esta corporación consideraba que el régimen de
transición implicaba que, a quien resultara beneficiado por aquel, se le debía aplicar
en su integridad la normativa anterior que regía su situación particular6. La
disposición prevista en el Decreto 546 de 1971, establece:
«(…) Art. 6º.- Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto
tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad si son hombres, y de 50 si son
mujeres, y cumplir veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos
anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos
diez (10) lo hayan sido exclusivamente en la Rama Jurisdiccional o al Ministerio
Público, o a ambas actividades a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la asignación mensual
más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio, en las
actividades citadas (…)».
26. Se decía que la especialidad del régimen se traduce en que la pensión se
liquida con el 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último
año de servicios, siempre y cuando el funcionario cumpla por lo menos diez (10)
años de labores en las citadas entidades y que en ese contexto, se podía evidenciar
que el régimen especial, incluía tanto los requisitos de edad y tiempo de servicios
como el monto de la prestación, último elemento que está integrado por la
asignación básica mensual más elevada, devengada durante el último año de
servicios.
Posición actual de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
27. A través de las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de
2016, la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en
el régimen especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto
en la Ley 100 de 1993, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad,
monto y tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en el régimen general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.
28. Esa situación, implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables,
pues, de un lado, esta corporación venía sosteniendo que el IBL lo constituían los
factores salariales devengados en el último año; mientras que la Corte
Constitucional concluyó que el IBL estaba constituido por los factores salariales
devengados en los últimos 10 años.
29. Ante esa disparidad de criterios entre lo establecido por la Corte
Constitucional y lo que venía señalando el Consejo de Estado, con respecto a la
interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dentro del
régimen de transición de la Ley 33 de 985, la Sala Plena del Consejo de Estado
emitió Sentencia de Unificación el 28 de agosto de 2018, dentro del expediente
6 En las siguientes sentencias: Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
25 de
noviembre de 2010. Exp. 25000232500020060833501 (1490-2009) C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 28 de septiembre de 2006. Exp.
76001233100020040157201 (0249-2006) C.P Alberto Arango Mantilla.
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6
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00335-01 (3416-2023)
52001-23-33-000-2012-00143-01, en la que fijó como regla jurisprudencial que el
IBL del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hace parte del régimen
de transición para aquellos beneficiarios que se pensionen con los requisitos de
edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la
Ley 33 de 1985.
30. En igual sentido, la Sala Plena de esta Corporación, a través de la Sentencia
de Unificación proferida el 11 de junio de 2020, dentro del expediente 15001-23-33-
000-2016-00630-01, unificó la jurisprudencia frente al régimen de transición de los
servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público consagrado en el Decreto
546 de 1971, en el sentido de establecer, que solo se mantiene del régimen anterior,
especial de la Rama Judicial y del Ministerio Público, la edad, el tiempo de servicios
y el monto de la prestación, pero no el ingreso base de liquidación. Así, se definieron
los parámetros para liquidar esa prestación, de la siguiente manera:
«(…) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo
6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de
55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o
discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos
20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a
la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la
tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación de que tratan
los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir,
si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre
los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC
certificado por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho
a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado
en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el
tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC
certificado por el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados por
el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la
Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610
de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del
Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de
magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público (…)».
(Negrita fuera de texto).
31. Específicamente, en cuanto a los factores de liquidación determinó que se
debían incluir los establecidos en el Decreto 1158 de 1994, es decir: la asignación
básica mensual; los gastos de representación; la prima técnica, cuando sea factor
de salario; las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean
factor de salario; la remuneración por trabajo dominical o festivo; la remuneración
por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y la
bonificación por servicios prestados.
32. También, indicó que, en desarrollo de la Ley 4ª. de 1992, que a su vez dio
cumplimiento a lo establecido por el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Carta Política, tienen derecho a que se computen como factores salariales en la
liquidación de su pensión los siguientes:
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00335-01 (3416-2023)
«(…) Prima especial de que trata por la Ley 332 de 1996, que modificó la Ley
4ª. de 1992, para los magistrados y agentes delegados ante la Rama Judicial.
La bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998 para
los magistrados y por el Decreto 1102 de 2012 para los magistrados y agentes
del Ministerio Público ante magistrados de tribunales.
La prima de productividad para los empleados judiciales ordenada por el
Decreto 2460 de 2006.
La bonificación por actividad judicial establecida por el Decreto 3900 de
2008 para los jueces y procuradores judiciales 1.
La bonificación judicial instituida por el Decreto 383 de 2013 para los
servidores de la Rama Judicial (…)»
33. Lo anterior, porque las normas señaladas establecieron que constituyen
factores de salario por lo que se tienen en cuenta para efectos de determinar el
ingreso base de cotización, siempre y cuando respecto de ellos se hayan efectuado
los aportes correspondientes. De ahí que la providencia en cita consideró que las
prestaciones como: prima de vacaciones, de servicios y de navidad, no deben ser
incluidas en la liquidación de la pensión, por no constituir factor salarial.
Sobre la indexación de la primera mesada pensional
34. La actualización monetaria constituye uno de los instrumentos para
contrarrestar los efectos de la inflación en lo que tiene que ver con las obligaciones
dinerarias, como pueden ser las laborales, por cuanto ese fenómeno produce una
pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda.
35. La indexación de la primera mesada pensional ha sido entendida por el
Consejo de Estado como el mecanismo que se utiliza en aplicación de los principios
de equidad y justicia para revalorizar las obligaciones pensionales con el fin de traer
a valor presente las sumas que han sido afectadas por un detrimento a causa del
transcurso del tiempo.
36. Sobre la materia se resalta que el artículo 48 de la Constitución Política fijó la
necesidad de evitar la depreciación de los dineros para el pago de pensiones según
el siguiente postulado:
«ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado,
en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley.
[…]
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante. […]».
37. Del mismo modo, el artículo 53 constitucional incluyó como uno de los
principios mínimos fundamentales del trabajo el siguiente:
«ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00335-01 (3416-2023)
mínimos fundamentales:
[…]
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales. […]».
38. Sin embargo, dentro del régimen general de seguridad social en pensiones,
no existe norma expresa que prevea la actualización del ingreso base de liquidación
pensional diferente al reajuste anual de las mesadas ya reconocidas en los términos
del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, lo cual debe diferenciarse de la actualización
anual de los salarios o rentas que se toman para calcular el IBL, que se hace con
base en la variación del IPC, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
ibidem.
39. Sobre este punto, esta subsección ha precisado que si bien no hay una
regulación específica que disponga sobre la actualización de las sumas derivadas
de una pensión, diferente al reajuste anual de las mesadas, la jurisprudencia ha
desarrollado, con base en principios constitucionales, en especial, los previstos en
los artículos 48, 53 y 230, una posición en la que bajo criterios de justicia y equidad
determina que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno
inflacionario son hechos notorios y, por tanto, el trabajador no tiene por qué soportar
las consecuencias negativas de dicha situación, al recibir sumas de dinero
desvalorizadas que no van en armonía con el valor real del salario o de la pensión 7.
40. Frente a la situación jurídica que habilita la aplicación de esta figura, esta
corporación ha señalado que: «[…] se produce, cuando habiendo ocurrido el retiro
del servicio en un año determinado, el pensionado alcanza a completar los demás
requisitos para acceder al derecho cuando ha transcurrido uno o más años después
del retiro, de modo que ese transcurso de tiempo, el salario con que se liquidaría la
pensión habría sufrido detrimento. […]»8.
41. Por lo expuesto, es claro que el ajuste de la base salarial de la primera mesada
se genera cuando una vez cumplido el requisito del tiempo de servicio, el trabajador
se retira antes de la edad requerida para acceder a la prestación. En consecuencia,
una vez el reclamante adquiere el estatus jurídico respectivo, es lógico que el
cálculo se realice con base en el promedio salarial percibido durante el año anterior
a la terminación de su vínculo legal o reglamentario, pero debidamente indexado a
la fecha de causación y reconocimiento del derecho.
Resolución del caso concreto
42. Se advierte que el tribunal indicó que en el acto de reconocimiento la UGPP
no hizo una referencia clara al régimen aplicado y que fue en los actos
7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de enero de 2023. Rad. 50001-23-33-
000-2015-00547-02 (1400-2021).
8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Rad. 76001-23-31-
000-2008-01205-01 (1995-11).
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00335-01 (3416-2023)
posteriormente demandados donde precisó que la pensión había sido reconocida
con fundamento en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
el Decreto 546 de 1971. Sin embargo, se observa que en la Resolución RDP 001091
del 16 de enero de 20189, que reconoció la prestación se relacionó la Ley 33 de
1985 entre las disposiciones aplicables.
43. En el referido acto se tuvo en cuenta un total de 1.048 semanas,
correspondientes a los periodos laborados en el Ministerio de Defensa Nacional, del
16 de noviembre de 1972 al 30 de septiembre de 1974; en el Ministerio de Justicia,
del 24 de noviembre de 1975 al 4 de mayo de 1979, con descuento de 10 días de
interrupción; y en la Rama Judicial, del 16 de mayo de 1979 al 15 de junio de 1994,
y el cumplimiento de los 55 años de edad el 8 de julio de 2009. Para determinar el
IBL, aplicó el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, tomando el promedio de los salarios
devengados durante los últimos diez años de servicio y un porcentaje del 75 %.
Expresamente la administración indicó: «Son disposiciones aplicables*: Decreto
1848 de 1969, Ley 100 de 1993, Ley 33 de 1985 y Ley 1437 de 2011».
44. Según se observa la pensión del señor Arrechea Ocoro habría sido liquidada
en virtud de la Ley 33 de 1985, pese a que según lo considerado por el tribunal y lo
señalado por las partes sería beneficiario del Decreto 546 de 1971, dado que
acreditó más de veinte años de servicio, de los cuales más de diez fueron prestados
en la Rama Judicial, y cumplió la edad exigida el 8 de julio de 2009.10
45. Definidos estos puntos, la sala determinará si la negativa de reliquidación, en
cuanto al cálculo del IBL sobre el 75 % de la asignación mensual más elevada del
último año de servicio, se ajustó a derecho.
46. Para lo que interesa al caso concreto, se observa que en la Resolución RDP
021585 del 23 de julio de 2019, la entidad negó el reajuste con fundamento en las
sentencias C-258 del 7 de mayo de 2013, proferida por la Corte Constitucional,
«ratificada con sentencia SU 395 de 2017 proferida por la Corte Constitucional y por
el Consejo de Estado en sentencia del 28 de agosto de 2018». Señaló que el actor
se encontraba cobijado por el Decreto 546 de 1971, en concordancia con el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, de manera que conservaba la edad, el tiempo de servicios
y el monto previstos en el régimen anterior, mientras que el IBL debía establecerse
conforme a las reglas de la Ley 100 de 1993. A través de la Resoluciones RDP
024560 del 16 de agosto de 2019 y RDP 028950 del 25 de septiembre del mismo
año, confirmó la negativa.11
9 «Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia de VEJEZ del Sr. (a) ARRECHEA
OCORO ORLANDO, con CC No. 10,479,187».
10 Sobre este punto el tribunal señaló: «No hay duda que el señor ORLANDO ARRECHEA OCORÓ cumple los
supuestos descritos en la anterior norma, ya que acreditó un tiempo de servicio superior a 20 años como
empleado público, de los cuales 14 años, 10 meses, y 16 días se dieron de forma exclusiva a la Rama Judicial,
donde laboró entre el entre el 16 de mayo de 1979 a 15 de junio de 1994; de ahí que no exista tensión en cuanto
a si es beneficiario o no de dicha normativa».
11 Cuaderno principal. Carpeta «10_10_ED_202000335001ZI.zip»; «18. Antecedentes.zip»; «EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO.zip»; «10479187» Archivos denominados: «RDP 021585»; «RDP 024560.pdf»; «RDP
028950.pdf» del expediente digital obrante en el tribunal. Dar clic en (Gestionar documentos) «Descargar
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00335-01 (3416-2023)
47. El tribunal consideró que el cumplimiento del tiempo de servicios antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 había consolidado una situación jurídica
a favor del demandante, razón por la cual concluyó que el asunto se regía
integralmente por el Decreto 546 de 1971 y, en consecuencia, la prestación debía
liquidarse con el 75 % de la asignación mensual más elevada devengada durante
el último año de servicios. Como sustento, acudió a la sentencia del 20 de octubre
de 200512.
48. La sala considera que el análisis efectuado por el juez resulta insuficiente para
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados,
pues se limitó a acoger una de las posturas sobre el alcance del régimen aplicable,
sin confrontarla con aquella que respaldó la decisión de la Administración ni explicar
las razones para apartarse de esta. Era necesario establecer por qué la posición
asumida por la demandada carecía de sustento jurídico o desconocía las normas
aplicables al momento de adoptar la decisión, circunstancia que no se encuentra
demostrada en el proceso.
49. En efecto, para el momento en que la UGPP reconoció la prestación (2018) y
posteriormente resolvió la solicitud de reliquidación (2019), existía una divergencia
jurisprudencial respecto del alcance del régimen de transición sobre las reglas
aplicables para determinar el ingreso base de liquidación y, en particular, de los
empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público. De una parte, el Consejo
de Estado sostenía que el régimen de transición comprendía la aplicación de la
normativa anterior que regulaba la situación pensional del beneficiario. De otra, la
Corte Constitucional señalaba que, si bien debían conservarse los requisitos de
edad, tiempo de servicios y monto de la prestación previstos en el régimen anterior,
el IBL se determinaba conforme a las reglas establecidas en la Ley 100 de 1993.
50. En este orden, el hecho de que el actor hubiera completado los 20 años de
servicio antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no permite concluir
que su prestación debía liquidarse integralmente conforme al Decreto 546 de 1971.
La Administración no estaba obligada a adoptar la postura que sustentaba la
pretensión del demandante y que posteriormente acogió el tribunal, sino que podía
aplicar la tesis que considerara procedente de acuerdo con los criterios existentes
para ese momento. La elección de una postura, en ese contexto, no implica el
desconocimiento del ordenamiento jurídico.
51. Ahora, independientemente del régimen con fundamento en el cual fue
reconocida la pensión, punto que no hace parte de la controversia, lo cierto es que,
12 Para el efecto citó, entre otros, el siguiente aparte: «Se habla entonces de un derecho adquirido cuando se
completa el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicios requeridos, que debe ser protegido por el
legislador, ya que como es sabido, a éste, por mandato constitucional, se le impone respetar todos los derechos,
garantías y beneficios adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores. Por ello, la previsión que
consagra el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 debe entenderse extensiva no sólo a la edad,
sino a las demás disposiciones sobre monto y factores contenidas en las normas anteriores, pues son
las normas anteriores a su vigencia las que gobiernan al empleado oficial que habiendo servido al
Estado el tiempo requerido no había cumplido la edad cronológica para exigir la prestación como ocurre
en el caso que se examina».
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00335-01 (3416-2023)
en lo relativo al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de
transición, tanto de la Ley 33 de 1985 como del Decreto 546 de 1971, para la fecha
del reconocimiento pensional (16 de enero de 2018) no existía un criterio
jurisprudencial unificado respecto de la regla aplicable para su determinación. Tal
situación se aclaró mediante las providencias del 28 de agosto de 2018 y del 11 de
junio de 2020, respectivamente.
52. Por tanto, al no encontrarse acreditada la ilegalidad de los actos administrativos
acusados, mediante los cuales se negó la reliquidación, la pretensión del
demandante encaminada a que el IBL se establezca con fundamento en la
asignación mensual más elevada devengada durante el último año de servicios no
está llamada a prosperar.
53. De otra parte, el tribunal ordenó «indexar la primera mesada pensional con
aplicación del IPC, entre el retiro del servicio, el cual se dio el 15 de junio de 1994 y
el cumplimiento de la edad que tuvo lugar el 8 de julio de 2009», fecha de
adquisición del estatus pensional. No obstante, para lo que interesa al caso
concreto, se observa que la entidad liquidó la prestación con el «promedio de los
salarios devengados entre 16 de junio de 1984 y el 15 de junio de 1994» y actualizó
conforme al IPC, obteniendo un IBL de $ 2.333.582, al cual aplicó una tasa de
reemplazo del 75 %, para establecer una mesada de $ 1.750.187. Veamos:
«[…] Que para determinar el Ingreso Base de Liquidación se da cumplimiento a
lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, aplicando un 75.0% sobre
un Ingreso Base de Liquidación conformado por el promedio de los salarios
devengados entre 16 de junio de 1984 y el 15 de junio de 1994.
AÑO FACTOR VALOR VALOR IBL VALOR IBL
ACUMULAD ACTUALIZADO
O
1984 ASIGNACION BASICA MES 253,050.00 234,975.00 9,956,309.00
1984 PRIMA DE ANTIGUEDAD 53,550.00 49,725.00 2,106,937.00
1985 ASIGNACION BASICA MES 477,180.00 477,180.00 17,094,155.00
1985 PRIMA DE ANTIGUEDAD 101,220.00 101,220.00 3,626,033.00
1986 ASIGNACION BASICA MES 582,180.00 582,180.00 17,031,931.00
1986 PRIMA DE ANTIGUEDAD 193,020.00 193,020.00 5,646,885.00
1987 ASIGNACION BASICA MES 707,340.00 707,340.00 17,109,170.00
1987 PRIMA DE ANTIGUEDAD 329,460.00 329,460.00 7,968,993.00
1988 ASIGNACION BASICA MES 931,200.00 931,200.00 18,161,511.00
1988 PRIMA DE ANTIGUEDAD 433,440.00 433,440.00 8,453,528.00
1989 ASIGNACION BASICA MES 1,164,000.00 1,164,000.00 17,719,239.00
1989 PRIMA DE ANTIGUEDAD 541,200.00 541,200.00 8,238,533.00
1990 ASIGNACION BASICA MES 1,432,200.00 1,432,200.00 17,286,688.00
1990 PRIMA DE ANTIGUEDAD 874,800.00 874,800.00 10,558,857.00
1991 ASIGNACION BASICA MES 1,747,800.00 1,747,800.00 15,938,340.00
1991 PRIMA DE ANTIGUEDAD 1,349,400.00 1,349,400.00 12,305,296.00
1992 ASIGNACION BASICA MES 2,216,220.00 2,216,220.00 15,935,896.00
1992 PRIMA DE ANTIGUEDAD 1,710,180.00 1,710,180.00 12,297,177.00
1993 ASIGNACION BASICA MES 7,500,000.00 7,500,000.00 43,098,626.00
1994 ASIGNACION BASICA MES 4,159,375.00 4,159,375.00 19,495,742.00
QUE LOS VALORES DEL IPC UTILIZADOS PARA ACTUALIZAR EL VALOR DEL
IBL FUERON: 1984:18.28%, 1985:22.45%, 1986:20.95%, 1987:24.02%,
1988:28.12%, 1989:26.12%, 1990:32.36%, 1991:26.82%, 1992:25.13%,
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00335-01 (3416-2023)
1993:22.60%, 1994:22.59%, 1995:19.46%, 1996:21.63%, 1997:17.68%,
1998:16.70%, 1999:9.23%, 2000:8.75%, 2001:7.65%, 2002:6.99%, 2003:6.49%,
2004:5.50%, 2005:4.85%, 2006:4.48%, 2007:5.69%, 2008:7.67%
IBL: 2,333,582 x 75.0% = $1,750,187
SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE
PESOS M/CTE»
29. Por consiguiente, no hay lugar a mantener la orden de indexación de la primera
mesada, pues ello implicaría duplicar la corrección monetaria ya efectuada.
Definidos estos aspectos, y en atención a que no se desvirtuó la legalidad de los
actos administrativos demandados, se revocará la decisión.
De la condena en costas en ambas instancias
54. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
55. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
56. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
57. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandante, por cuanto ante la prosperidad parcial de la apelación de la
demandada, se revocará el fallo impugnado y, por tanto, la decisión proferida es
contraria a los intereses de la primera, lo que implica que ha resultado vencida en
juicio. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00335-01 (3416-2023)
FALLA
Primero: REVOCAR la sentencia del tres (3) de noviembre de dos mil veintidós
(2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió
parcialmente a las pretensiones para, en su lugar, negarlas, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
Segundo: Condenar en costas a la parte demandante en ambas instancias.
Tercero: Reconocer personería al abogado Omar Trujillo Polanía, identificado con
cédula 1.117.507.855 y tarjeta profesional 201.792 para actuar como apoderado de
la UGPP, de conformidad con el poder visible en el índice 12 de SAMAI. Igualmente,
reconocer personería al abogado Jonhatan Zabaleta Ramírez identificado con
cédula 1.117.785.381 y tarjeta profesional 403.186 para representar a la entidad
demandada, de acuerdo con el poder de sustitución obrante en referido índice.
Cuarto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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