Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00422-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00422-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00422-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00422-02 (2175-2024)1
Demandante: Alexander Kandia Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez de la República – reiteración
jurisprudencial. Subtema 1: prevalencia de la garantía de las acreencias laborales frente a
argumentos presupuestales. Subtema 2: prescripción trienal. Subtema 3: carácter
irrenunciable e imprescriptible de aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones. Subtema 4: verificación de los pagos realizados con ocasión de la entrada en vigor
del Decreto 272 de 2021, pagos previos y topes del Gobierno nacional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación presentado por la parte demandada, contra la sentencia proferida
el 15 de diciembre de 2023, por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Alexander Kandia Ramírez, en su condición de juez de la República, solicitó
el reconocimiento y pago de la diferencia del 30% faltante en su remuneración para
completar el 100%, con las consecuencias prestacionales que esto representa y la
prima especial que prevé el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
Al respecto, el Tribunal en la sentencia de primera instancia accedió parcialmente a
las pretensiones al considerar que había lugar a pagar retroactivamente el reajuste
salarial del 30% del salario básico con las consecuencias prestacionales de la
liquidación en idéntico porcentaje y el pago de la prima especial. Sin embargo, la
entidad demandada apeló la decisión con fundamento en que la prima especial no
tiene carácter salarial, en que debía aplicarse la prescripción trienal y en que existía
una imposibilidad presupuestal para reconocer las acreencias laborales del actor.
II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda
1. Alexander Kandia Ramírez, por conducto de apoderada judicial, en ejercicio del
1 Expediente digital.
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00422-02 (2175-2024)
Demandante: Alexander Kandia Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
medio de control establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo (en adelante CPACA), presentó
demanda2, el 3 de julio de 20183, contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior
de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2.1.1. Pretensiones
2. El demandante solicitó lo siguiente:
PRIMERA: INAPLICAR, por ser inconstitucionales e ilegales, o porque ya fue anulado
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los artículos 6 y 7 de los Decretos
salariales 57 de 1993 y 106 de 1994, artículos 7 y 8 del Decreto salarial 43 de 1995,
los artículos 6 y 7 de los Decretos salariales 36 de 1996, 76 de 1997, 64 de 1998 y 44
de 1999, artículos 7 y 8 de los Decretos salariales 2740 del 2000, los artículos 7 y 8 de
los Decretos salariales 1475 de 2001, 2720 de 2001, 2777 de 2001, artículos 6 y 7 de
los Decretos salariales 673 de 2002, 3569 de 2003, 4172 de 2004, 936 de 2005,
artículos 6 y 7 del Decretos salariales 389 de 2006, el artículo 6 del Decreto Salarial
618 de 2007 expedido por el Gobierno Nacional, mediante sentencia del 29 de abril de
2014, emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Sala de Conjueces. Expediente No. 11001-03-25-000-2007-008700, la cual
se encuentra en firme.
SEGUNDA: INAPLICAR, por ser inconstitucionales e ilegales, o por haber sido
anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el artículo 6 del Decreto
Salarial 658 de 2008, artículos 8 del Decreto salarial 723 de 2009, y el artículo 8 de los
Decretos salariales 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013 y 194
de 2014, el artículo 4 de los Decretos 1105 de 2015, 234 de 2016, 1003 de 2017 y 338
de 2018, expedidos por el Gobierno Nacional.
TERCERA: Que se declare la nulidad de:
1. El Acto Administrativo ficto o presunto producto del silencio Administrativo negativo,
configurado por la no resolución expresa del derecho de petición bajo el radicado
No.45988 del 20 de octubre de 2016 mediante el cual se le negó el derecho al doctor
ALEXANDER KANDIA RAMIREZ, que tiene de percibir el 30% de la remuneración
mensual faltante para un total del 100% del salario, con las consecuencias
prestacionales incluidas las cesantías, intereses a las cesantías y la prima especial de
servicios contemplada en el artículo 14 con las consecuencias prestacionales incluidas
las cesantías, intereses a las cesantías, más la prima especial de servicios
contemplada en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, desde el 01 de enero de 1993 hasta
el 30 de septiembre de 1998, como Juez Promiscuo Municipal de Roncesvalles, del 01
de octubre de 1998 hasta el 30 de abril del 2002 como Juez Promiscuo Municipal de
Dolores, del 01 de mayo de 2002 hasta el 24 de enero del 2010 como Juez Promiscuo
Municipal de Fresno, y desde el 25 de Enero de 2010 hasta la fecha como Juez 21
Penal Municipal con Control de Garantías de Bogotá.
CUARTA: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, se condene a la NACIÓN, RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACiÓN JUDICIAL O LA
ENTIDAD QUE LA REMPLACE EN SUS FUNCIONES, a reconocer y pagar a la parte
2 Samai, exp. 25000-23-42-000-2020-00422-00, visualizar expediente, 25000234200020200042200,
02DemandaAlexanderKandiaRamirez.pdf.
3 Esta demanda se desglosó del expediente núm. 25000-23-42-000-2018-01495-00.
2
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Demandante: Alexander Kandia Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
demandante el 30% de la remuneración mensual faltante para un total del 100% del
salario, con las consecuencias prestacionales de este 30% del salario, incluidas las
cesantías, intereses a las cesantías, y la prima especial de servicios contemplada en
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, más las consecuencias prestacionales incluidas las
cesantías, intereses a las cesantías, y la prima especial de servicios contemplada en
el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, desde la posesión mi mandante como JUEZ DE LA
REPÚBLICA hasta la fecha que ocupe el cargo, y de conformidad con la liquidación
que se hace en capítulo aparte de esta demanda.
QUINTA: Que se ordene a la demandada que siga pagando el 100% de los ingresos
mensuales a los demandantes junto con las prestaciones sociales incluidas las
cesantías, intereses a las cesantías, siempre y cuando ocupe el cargo de JUEZ DE LA
REPÚBLICA con sus respectivas consecuencias prestaciones más el 30% de la prima
que se señala en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 con las consecuencias
prestacionales incluidas las cesantías, intereses a las cesantías, y la prima especial de
servicios contemplada en el artículo 15 de la Ley 4ª de 19924.
3. Además, pidió que las sumas y valores reclamados fueran indexados de
acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE y de
conformidad con el artículo 187 del CPACA. También solicitó que se le pagaran los
intereses correspondientes. Igualmente, reclamó la aplicación de los artículos 187,
188, 189, 192, incisos 2 y 3 y 195 ibidem.
2.1.2. Hechos
4. El señor Alexander Kandia Ramírez refirió como sustento de sus pretensiones
los siguientes hechos:
(i) La Nación, Rama Judicial está en la obligación de pagarle, desde su posesión
como juez de la República, y mientras ocupe el cargo, el 30% del salario, así como sus
prestaciones por concepto de prima. En lugar de ello, los decretos salariales anuales
lo que han hecho es disminuirle ese porcentaje de su remuneración, al que le han dado
la denominación de prima sin carácter salarial.
(ii) Radicó reclamación administrativa tendiente a solicitar el pago de estas
diferencias, no obstante, se configuró el silencio administrativo ficto ante la falta de
respuesta frente a la solicitud radicada al número. 45988 del 20 (sic) de octubre de
2016.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Alexander Kandia Ramírez citó, como normas vulneradas, las siguientes:
Constitución política, artículos 1, 13, 25, 53, 121 y los principios generales del derecho,
así como la sentencia SU-519 de 1997 de la Corte Constitucional, Ley 4ª de 1992,
artículos 2, literal a, 14 y 15, Decreto 10 de 1993, Código Sustantivo del Trabajo,
artículos 14, Código Contencioso Administrativo, artículo 84 y Ley 270 de 1996,
numeral 7 del artículo 152.
6. En el concepto de violación, refirió que la entidad demandada violó la normativa
expuesta en atención a que ha recibido un trato desigual en la medida en que la prima
4 Se transcribe aún con errores de texto.
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Demandante: Alexander Kandia Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
no se ha tenido como una adición del salario sino como una merma de este. De ahí
que se transgrede el derecho a la igualdad, así como los principios de irrenunciabilidad
y de favorabilidad, y el carácter de orden público de las disposiciones laborales que
rigen el trabajo humano. En este orden, manifestó que si un decreto-ley expedido en
facultad directa de la Constitución no podía desconocer derechos y prestacionales que
provinieran del trabajo, mucho menos un decreto ordinario o un acto administrativo.
7. Adicionalmente, expresó que pese a que la Ley 4ª de 1992 prohíbe desmejorar
los salarios y las prestaciones de los servidores públicos, esto lo irrespetó el Gobierno
nacional al proferir los decretos salariales anuales, lo que demuestra la violación del
orden superior. En igual sentido, esta situación la replicó la entidad demandada al
expedir el acto administrativo cuestionado. Adicionalmente, agregó que le
correspondía el pago de la remuneración mensual de conformidad con los ingresos de
un magistrado de alta corte equiparado con el de un congresista.
8. En línea, refirió que el acto demandado derogó la prima al desconocer el
contenido de la Ley 4ª de 1992 y agregó que no ha renunciado a esta, por lo que la
administración realizó una derogatoria unilateral. Así las cosas, expresó que se incurrió
en falsa motivación y en desviación de poder y destacó que la excepción de
inconstitucionalidad, que dispone el artículo 4 Superior, aplicaba en los eventos de
incompatibilidad con la Constitución política.
2.1.4. Contestación de la demanda
9. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se
opuso a todas las declaraciones y condenas y solicitó que se declararan probadas las
excepciones de conformidad con el artículo 187 del CPACA. En igual sentido, aceptó
los cargos desempeñados por la parte actora, así como los extremos temporales que
estuvieran debidamente soportados documentalmente. Asimismo, admitió la
presentación de la solicitud en sede administrativa y la expedición del acto acusado.
10. En este orden, expuso como razones de defensa que la prima especial de que
trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 es un emolumento sin carácter salarial y planteó
como excepciones la imposibilidad presupuestal para reconocer los derechos
reclamados por el actor, la integración del litis consorcio necesario, para lo cual pidió
que se vinculara al presente trámite a la Nación, Presidencia de la República,
Ministerio de Hacienda y Departamento Administrativo de la Función Pública, la
prescripción respecto de las sumas reclamadas con anterioridad al 20 (sic) de octubre
de 2013 porque la petición se presentó ese día y mes del 2016, y la innominada5.
2.2. Sentencia de primera instancia
11. La Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia el 15 de diciembre de 2023 en la que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. En particular, resolvió:
PRIMERO.- Estese a lo resuelto en la Sentencia del 29 de abril del año 2014 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, dentro del expediente
5
Samai, exp. 25000-23-42-000-2020-00422-00, visualizar expediente,
33_RECIBEMEMORIALES_MEMORIAL_CONTESTACION.pdf.
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Demandante: Alexander Kandia Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
n° 2007-0087-00. C.P. María Carolina Rodríguez Ruíz, en cuanto declaró la nulidad por
inconstitucionalidad de algunos artículos de los decretos reglamentarios del artículo 14
de la Ley 4a de 1992, e inaplicar por inconstitucional todos los decretos que dieron un
entendimiento diferente en el sentido de disminuir el derecho a la prima, en cuanto no
se considere un aumento sino una disminución, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- Estese a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de Unificación SUJ-016- CE-S2-2019 del 2 de
septiembre del 2019, con ponencia de la Conjuez Carmen Anaya de Castellanos, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO.- Declarar la prescripción trienal extintiva de los valores pedidos por el
demandante, causados con anterioridad al 18 de octubre de 2013, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. - Declarar la nulidad del acto ficto o presunto surgido del silencio
administrativo negativo, por la no respuesta de la petición de la reclamación del 30%
de la prima especial de servicios ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO.- Condénase a la Nación – Rama Judicial, a reconocer y pagar al demandante
ALEXANDER KANDIA RAMÍREZ, retroactivamente, el REAJUSTE SALARIAL que
corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus consecuencias prestacionales
en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima de servicios,
vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y pensión,
bonificación por servicios prestados, etc., causados desde el 18 de octubre del 2013,
en adelante, y hasta cuando funja como Juez de la República, por habérsele deducido
durante los extremos temporales laborados, computando para este ejercicio el 100%
que corresponde a la asignación básica mensual devengada correspondiente para los
cargos ejercidos en ese tiempo, luego del pago de la prima consagrada en la citada
norma, ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la
pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para aportes a seguridad
social en salud, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
[…]
NOVENO.- No condenar en costas6.
12. En sustento, afirmó que, según una interpretación acorde con las normas y la
jurisprudencia, acogía la tesis según la cual los decretos salariales emitidos por el
Gobierno nacional interpretaron erróneamente el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en
tanto asumieron que el 30% del salario básico era la prima y no que esta equivalía a
un valor adicional. De este modo, ello implicó una reducción de la asignación en un
70%.
13. A partir de lo anterior, analizó el caso concreto y consideró que se acreditó la
vinculación del señor Alexander Kandia Ramírez a la Nación, Rama Judicial como juez
de la República desde el 2 de septiembre de 1991 hasta la fecha y que la entidad le
pagó sus prestaciones liquidándolas sobre el 70% de su asignación básica, al incluir
la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como parte de esta,
6 Se transcribe aún con errores de texto.
5
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Demandante: Alexander Kandia Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
cuando debió haber sido adicional en los términos del Consejo de Estado. Así, se
omitió que esta prima es un 30% adicional al salario, por lo que no cabe duda de que
el actor es beneficiario de esta en los extremos temporales en los que ejerció el cargo.
14. En este orden, consideró que al no haberse efectuado el reconocimiento y pago
al demandante del 30% de la remuneración faltante para completar el 100% de esta,
ello impactó en sus prestaciones sociales e implicó la ausencia de cancelación de la
prima especial. Por ende, accedió al restablecimiento del derecho con la precisión de
que el pago se haría desde el 18 de octubre de 2013, por prescripción, y que la
reliquidación prestacional no se haría con el 30% de prima especial, que no tiene
carácter salarial, sino con este porcentaje, pero del sueldo básico que fue disminuido.
15. En consecuencia, a juicio del Tribunal, la Nación, Rama Judicial debió
responder favorablemente la petición del demandante de conformidad con los deberes
que prevé la Constitución política y garantizar los derechos al trabajo en condiciones
dignas y justas. De este modo, el acto ficto violó las normas citadas en la demanda por
lo que había que declarar su nulidad con la consecuente orden de no tener por
probadas las excepciones propuestas de imposibilidad presupuestal y la innominada.
Además, el Tribunal aclaró que la excepción de integración del litis consorcio necesario
se resolvió en audiencia inicial.
16. Finalmente, consideró, en punto a la prescripción, que el derecho no surgió con
la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014, sino como lo definió la providencia
del 2 de septiembre de 2019. De esta manera, como el demandante radicó petición el
18 de octubre de 2016, la prescripción operó respecto de las sumas anteriores a ese
día y mes del 2013, con la aclaración de que estos períodos sí debían considerarse
para efectos de la reliquidación de los aportes pensionales, porque se trató de un
derecho irrenunciable e imprescriptible. Además, este 30% constituía factor salarial
para estos efectos7.
2.3. Recurso de apelación
17. La apoderada de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial presentó recurso de apelación, en el que solicitó estudiar los
argumentos y negar las pretensiones de la demanda. Sustentó sus motivos de
inconformidad en las siguientes razones:
18. Se refirió al contenido del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 relativo a la prima
especial como emolumento sin carácter salarial.
19. Por su parte, abordó el contenido de la sentencia proferida el 2 de septiembre
de 2019, que, entre otras, refirió que la prima especial del artículo ibidem no constituía
factor salarial, norma que declaró exequible la Corte Constitucional, y determinó que
el Gobierno nacional ha reglamentado, anualmente, como prima especial, el 30% que
en realidad constituye salario, quitándoles a los empleados esta porción de su
asignación básica con el impacto que esto representa para la reliquidación de sus
prestaciones sociales. También citó un extracto del auto de aclaración de la referida
7
Samai, exp. 25000-23-42-000-2020-00422-00, visualizar expediente,
056_SENTENCIAQUEACCEDELASPRETENSIONES.pdf.
6
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00422-02 (2175-2024)
Demandante: Alexander Kandia Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
sentencia, y abordó lo relativo a la excepción de prescripción, para la cual debía
contarse, como fecha de exigibilidad del derecho, la de vinculación al cargo de juez.
20. Por su parte, expresó que aunque el Comité Nacional de Defensa Judicial y
Conciliación de la entidad ha determinado que esta tiene el deber de extender los
efectos de la providencia del 2 de septiembre de 2019, lo cierto es que resulta inviable
presupuestalmente el cumplimiento, lo que hace improbable que se presente fórmula
conciliatoria, en atención a que a la fecha no se cuenta con la apropiación presupuestal
por parte de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público que permita cubrir el
reconocimiento de estas acreencias laborales. De este modo, no se pueden establecer
fórmulas conciliatorias sin contar con el soporte presupuestal, y si esto se hiciera se
vulneraría lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.
21. Para sustentar lo anterior, expresó que, a partir del mes de abril de 2021, con
ocasión a la expedición del Decreto 272 que surtió efectos fiscales desde el 1 de enero
de ese año, se ha pagado en nómina mensual la prima especial en un 30% como una
adición respecto de la asignación básica8.
2.4. Trámite procesal en segunda instancia
22. Mediante auto del 26 de agosto de 20249, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada, en los términos del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y se dispuso que el expediente
ingresaría al despacho para fallo salvo que las partes solicitaran pruebas según lo
prevé el artículo 212 ibidem.
23. Pese a que no se corrió traslado para alegar, la parte demandante allegó
memorial10 en los términos de la oportunidad prevista en el citado artículo 247,
modificado, en el que refirió que la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
es un incremento de la remuneración mensual y que esta no tiene carácter salarial. De
ahí que en lugar de concederle el porcentaje legalmente previsto se le disminuyó su
asignación con incidencia en sus prestaciones sociales.
24. En estos términos, citó el extracto de varias decisiones judiciales, para concluir
que el Gobierno nacional contravino lo dispuesto en la ley ibidem al proferir los
decretos salariales anuales y que se le vulneró el derecho que le asiste a percibir una
remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía. Así, reclamó la aplicación
de la excepción de inconstitucionalidad y destacó que la excepción de prescripción
solo aplica a partir de la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014. Por tanto,
solicitó confirmar el fallo apelado.
25. El expediente ingresó al despacho de la suscrita magistrada el 17 de septiembre
de 2024 para dictar sentencia, no obstante, el 12 de septiembre de 2025 profirió auto
en el que decretó pruebas de oficio para aclarar la controversia. En particular, lo
relativo al régimen salarial y prestacional al que pertenece el señor Alexander Kandia
Ramírez, las diferencias salariales y prestacionales entre los acogidos y los no
8 Samai, exp. 25000-23-42-000-2020-00422-00, visualizar expediente,
059_RECIBEMEMORIALES_RECURSODE_RECURSO250002342000.pdf.
9
Samai, exp. 25000-23-42-000-2020-00422-02, índice 9.
10 Samai, exp. 25000-23-42-000-2020-00422-02, índice 14.
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Demandante: Alexander Kandia Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
acogidos y la indicación de los decretos salariales anuales que rigieron cada uno de
los tiempos de servicio en los cuales el señor Alexander Kandia Ramírez ejerció como
juez de la República, así como los emolumentos que devengó en todos los períodos.
26. En esta providencia se dispuso que, una vez allegadas debidamente las
pruebas, de estas se correría traslado a las partes por el término de 3 días conforme
al artículo 110 del CGP, sin necesidad de una decisión que así lo dispusiera.
27. Ahora bien, una vez dicha providencia fue notificada, la apoderada del
demandante allegó memorial en el cual solicitó rechazar el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada, con fundamento en que no formuló reparo
concreto en contra de la sentencia apelada, sino que reprodujo apartes del fallo del 2
de septiembre de 2019. Además, se refirió a la imposibilidad presupuestal de
reconocer las acreencias, sin que esto constituya un motivo válido de apelación. En
este orden, a juicio del actor, la Nación, Rama Judicial incumplió la carga
argumentativa que le asistía, lo que impedía un estudio de fondo en segunda instancia.
Por ende, pidió el rechazo del recurso con la consecuente orden de dejar sin efectos
el auto mediante el cual este se admitió11.
28. Por su parte, la Secretaría libró los oficios correspondientes y se allegó lo
solicitado. En particular, se informó que el señor Alexander Kandia Ramírez pertenecía
al régimen de acogidos, se relacionaron los decretos con los emolumentos
devengados y se informó que, consultados los sistemas, obraban dos peticiones de
fechas 18 de octubre de 2016 y 19 de octubre de 2016, las cuales fueron aportadas a
este trámite12. En igual sentido, se remitió toda la documental pertinente13. La División
de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ( DEAJ) allegó
memorial en el que aclaró las diferencias entre los servidores públicos pertenecientes
al régimen de los acogidos y los no acogidos14.
29. Luego de que el expediente reingresó al despacho para sentencia, la parte
actora volvió a remitir memorial en el que solicitó rechazar el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada y dejar sin efectos el auto que lo admitió15.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
30. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en primera
instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer inciso del
artículo 150 del CPACA.
11 Samai, exp. 25000-23-42-000-2020-00422-02, índice 21.
12 Samai, exp. 25000-23-42-000-2020-00422-02, índice 29.
13 Samai, exp. 25000-23-42-000-2020-00422-02, índice 30.
14
Samai, exp. 25000-23-42-000-2020-00422-02, índice 33.
15 Samai, exp. 25000-23-42-000-2020-00422-02, índice 38.
8
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Demandante: Alexander Kandia Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
3.2. Cuestión preliminar
31. Antes de proceder a formular los problemas jurídicos a resolver en el presente
asunto, la Sala considera pertinente pronunciarse sobre la solicitud presentada por la
parte demandante, en la que pide rechazar el recurso de apelación interpuesto por la
entidad demandada, con la consecuente orden de dejar sin efectos el auto mediante
el cual este se admitió.
32. En sustento de lo anterior, el demandante sostuvo que la entidad accionada no
formuló reparo concreto en contra de la sentencia apelada, sino que reprodujo apartes
del fallo del 2 de septiembre de 2019. Además, pese a que se refirió a la imposibilidad
presupuestal de reconocer las acreencias, esto no constituía un motivo válido de
apelación. En consecuencia, consideró que la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial no cumplió con las cargas que le asistían frente a
la sustentación de la alzada.
3.2.1. Carga argumentativa mínima del recurso de apelación en contra de las
decisiones judiciales
33. El recurso de apelación es un medio de impugnación previsto por el legislador
para controvertir una decisión judicial16, cuyo fin es que, a partir de las razones
expuestas, el superior funcional pueda revocarla o modificarla17. Por tal razón, el marco
de competencia del juez de segunda instancia son los argumentos encaminados a
desvirtuar la decisión recurrida18. Esto se debe a que, tal como lo ha expuesto esta
Corporación, «en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia […]
como el principio dispositivo»19; por lo que, ampliar ese margen de estudio, constituiría
una extralimitación de la autoridad judicial en detrimento del derecho fundamental al
debido proceso del no recurrente20.
34. A partir de lo expuesto, puede concluirse que la sustentación del recurso de
apelación y el marco de competencia del juez de segunda instancia están
estrechamente correlacionados. Tan es así que la autoridad judicial debe ceñirse de
forma estricta a los argumentos expuestos por el recurrente, pues «no tiene libertad
para suponer otros motivos que, a su juicio, debieron ser invocados en contra de la
decisión»21. Es por lo que los artículos 244 y 247 del CPACA establecen la sustentación
16
Tal como lo ha expuesto la Sección Tercera de esta corporación, las decisiones judiciales «no dejan de ser una
expresión de la conducta humana, lo que las expone a yerros […], de ahí que el mismo sistema destine los recursos
como instrumentos judiciales para que la parte afectada advierta el yerro con fines correctivos». Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 7 de mayo de 2021. Radicado
81001-23-31-000-2011-10003-01(52299). M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
17 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-165 del 17 de marzo de 1999. Expediente D-2188. M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
18 Sobre el particular, el artículo 328 del Código General del Proceso establece que «[e]l juez de segunda instancia
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley […]» (negrillas fuera del texto).
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 9 de
febrero de 2011. Radicado 41001-23-31-000-1995-08424-01 (19352). M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 21 de
febrero de 2025. Radicado 76001-23-33-000-2007-00569-01 (70352). M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 9 de
septiembre de 2021. Radicado 76001-23-33-000-2013-00709-01(5199-19). M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Judicial
como un requisito indispensable del recurso de apelación22, «pues, de lo contrario, la
segunda instancia se queda sin herramientas o elementos de juicio que le permita […]
saber con certeza en qué consiste la inconformidad del apelante»23.
35. Esa sustentación del recurso de apelación debe cumplir con una mínima carga
argumentativa que refiera a «reparos concretos, motivos de inconformidad, razones
específicas por las que considera [que la decisión judicial es] incorrecta» 24. Es decir,
una cosa es cumplir formalmente con la sustentación del recurso de apelación, y otra
muy distinta es hacerlo materialmente25, de modo que es necesario que se estructuren
una serie de argumentos dirigidos a desvirtuar la presunción de juridicidad que ampara
la decisión de primera instancia. Lo anterior implica que el recurrente confronte los
argumentos de la decisión de primera instancia con sus propias razones de
inconformidad26, ya que, tal como lo ha explicado esta Sección:
no basta la simple manifestación general de no estar conforme con la decisión
impugnada o reiterar argumentos que han sido examinados en la instancia anterior,
sino que se debe hacer una exposición puntual de los reproches que permiten
controvertir la providencia impugnada con miras a desvirtuar total o parcialmente lo
expuesto en esta27.
36. Ahora bien, al efectuar la Sala un análisis del contenido del recurso se advierte
que el recurrente expuso una carga argumentativa suficiente, estructurada y
pertinente, que permite abordar los aspectos sustanciales del fallo de primera
instancia, ya que reiteró la excepción de imposibilidad presupuestal que incorporó a
su contestación y que fue desvirtuada por el Tribunal en los siguientes términos:
[…] por lo que, como consecuencia, se declarará la nulidad de aquel, pedida, siendo
estos argumentos suficientes para declarar la no prosperidad de las excepciones
propuestas de imposibilidad presupuestal de reconocer los derechos reclamados por
el actor […]
37. En efecto, del escrito de apelación se desprende que la entidad demandada
está inconforme con el estudio que se hizo de esta excepción, ya que no se cuenta
con la apropiación presupuestal por parte de la Nación, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público que permitiría cubrir el reconocimiento de estas acreencias laborales
anteriores a la vigencia del Decreto 272 de 2021, a tal punto que fue con la expedición
de este que reconoció la prima especial del 30% como una adición de la asignación
básica.
22 Sobre el particular, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sala Especial de Decisión
Veintisiete. Auto del 20 de julio de 2024. Radicado 11001-03-15-000-2023-06150-02. M.P. Gloria María Gómez
Montoya.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 14 de
mayo de 2014. Radicado 54001-23-31-000-1998-00289-01(31469). M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 9 de junio de 2022.
Radicado 25000-23-41-000-2019-00892-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta. Auto del 8 de abril de 2010. Radicado
25000-23-27-000-2008-00017-01(18099). M.P. William Giraldo Giraldo.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de noviembre de
2009. Radicado 25000-23-27-000-2007-00024-01(17272). M.P. William Giraldo Giraldo.
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Auto del 17 de junio
de 2025. Radicado 05001-23-33-000-2016-01562-02 (6110-2024). M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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Judicial
38. Con todo, no sobra precisar que, aunque la sentencia declaró la prescripción,
la referencia efectuada por la parte demandada resulta relevante en el marco del
análisis en segunda instancia, dado que se trata de un aspecto sobre el cual el juez
está llamado a pronunciarse de oficio. En consecuencia, por los motivos consignados,
se procederá al estudio integral del recurso presentado, a partir de los argumentos
expuestos y sustentados por la parte recurrente.
3.3. Problema jurídico
39. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y al tener
en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo
328 del CGP, corresponde a la Sala definir si:
40. ¿Procede el restablecimiento del derecho ordenado en primera instancia, pese
a que la Nación, Rama Judicial argumentó la imposibilidad presupuestal para darle
cumplimiento?
41. ¿Operó la prescripción trienal en el caso particular, de la forma en que lo indicó
el Tribunal al proferir la sentencia de primera instancia?
42. Para resolver los interrogantes planteados, a continuación, se realizan algunas
consideraciones sobre la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
y los pronunciamientos proferidos en la materia, aplicables a los servidores de la
Nación, Rama Judicial. Luego, en el acápite de análisis del caso concreto, se
resolverán los problemas jurídicos formulados.
3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
43. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior
al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados
ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos
a partir del 1 de enero de 1993.
44. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992,
expidió el Decreto 57 de 199328 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen
a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:
Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de
28
«Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama
judicial y de la justicia penal militar».
11
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Judicial
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.
Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:
1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado.
Secretario General
Magistrado Auxiliar
[…].
45. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido
de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14
de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión
de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las
mismas limitaciones29, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas
cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del
Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores
delegados de la Procuraduría General de la Nación.
46. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los
jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.
Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos
de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al
treinta por ciento (30%) de la «remuneración mensual».
47. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta
Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada
con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió de manera
fidedigna el Gobierno Nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en
“quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como
toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en
orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»30.
48. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril
de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el
control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el gobierno nacional
para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la rama
judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser
de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala
29 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006,
rad. núm. 11001-03-25-000-2003-00057-00 (121-03).
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Demandante: Alexander Kandia Ramírez
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ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los
decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»31.
49. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7 del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un
30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial
sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los
contenidos y valores establecidos en la Ley 4 de 1992 y por lo tanto habrá necesidad
de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad
señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se
descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la norma
invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales
servidores».
50. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de
abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos
dictados por el gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el
literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el gobierno
nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del
Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y
aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»32. La nulidad dispuesta en
esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 200933.
51. Posteriormente, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias que
declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima técnica, al
considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104,
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009,
rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07).
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2007-
00087-00 (1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los
siguientes Artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de 1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del
Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995;
7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47 de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996;
6 del Decreto 36 de 1996; 9 del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997;
6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37
de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9 del Decreto
2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto 1475 de 2001; 9, 11 y 13
del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730
de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del
Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568 de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de
2004; 9 del Decreto 4171 de 2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto
935 de 2005; 6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del
Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto 621 de 2007;
y los arts. 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007».
33 «[…] es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin
carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época
en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de
descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje
las consecuencias prestacionales de tales servidores».
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106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos», el gobierno
nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el 30 % del salario
de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad
de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y/ o asignación básica» 34.
En este escenario, fijó las reglas de interpretación del artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
en el siguiente orden:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre
otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
52. Por último, en sentencia del 9 de abril de 2024, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda de esta corporación declaró la nulidad de los artículos 6 del Decreto
658 de 2008; 8 de los decretos 723 de 2009; 1388 de 2010; 1039 de 2011; 0874 de
2012; 1024 de 2013; 194 de 2014; 9 del Decreto 657 de 2008; y 4 de los decretos 722
de 2009; 1405 de 2010; 1041 de 2011; 848 de 2012; 1034 de 2013, 204 de 2014; 1105
de 2015; 234 de 2016; 1003 de 2017; y del 338 de 2018, en tanto previeron que «la
prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como una parte del
salario y no como un pago adicional equivalente al 30% del salario». Lo anterior, al
considerar que dichos decretos replicaron el contenido de las disposiciones de los
decretos salariales de los años 1993 a 2007, que fueron anuladas en la sentencia del
29 de abril de 2014.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de
2019, rad. núm. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
14
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Judicial
53. A su vez, la referida sentencia negó la nulidad de los artículos 1 y 2 de los
decretos 1257 de 2015; 245 de 2016; 1013 de 2017; y 337 de 2018, que dispusieron
reajustes salariales, porque el demandante no planteó argumento específico alguno
para disponer su retiro del ordenamiento jurídico.
3.5. Análisis del caso concreto
54. De conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala delimita su competencia,
como juez de segunda instancia, a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación presentado por la parte demandada.
55. En primera instancia, el Tribunal declaró que no estaba probada la excepción
de imposibilidad presupuestal para reconocer los derechos del actor, en razón a que a
este se le disminuyó a un 70% su asignación salarial, en desmedro de su remuneración
mensual, lo que impactó correlativamente en que sus prestaciones sociales se
liquidaron con la disminución del referido 30%.
56. Al respecto, la entidad demandada insiste en la existencia de una imposibilidad
presupuestal para reconocer los derechos reclamados, bajo el entendido de que la
Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha dispuesto la asignación
presupuestal requerida que permitiría cubrir estas acreencias laborales. De este modo,
si estableciera fórmulas conciliatorias para saldar lo devengado antes del Decreto 272
de 2021, se vulneraría lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.
57. En este sentido, agregó que, a partir del mes de abril de 2021, con ocasión a la
expedición del Decreto ibidem que surtió efectos fiscales a partir del 1 de enero de ese
año, se ha pagado en nómina mensual la prima especial en un 30% como una adición
respecto de la asignación básica.
58. En punto a lo expuesto, la jurisprudencia constitucional ha indicado que «la
situación económica del empleador, sea este público o privado, [así como] los
argumentos económicos, presupuestales o financieros, no justifican el incumplimiento
del deber legal y constitucional de pagar oportunamente los salarios de los
trabajadores»35, ni que se omita el deber de adoptar las medidas preventivas
necesarias para evitar el cese en los pagos salariales, en la medida en que este tipo
de conductas desconocen los derechos fundamentales de los trabajadores y sus
familias36.
59. Por lo antes planteado, la Sala no encuentra de recibo los argumentos
planteados por la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial en el recurso de apelación, pues, como se indicó, las limitaciones
presupuestales no constituyen una causal válida para que la entidad justifique que no
puede asumir el restablecimiento del derecho.
60. Además, si la entidad accionada considera que no tiene el presupuesto
suficiente para asumir el pago de sus acreencias laborales, debe adelantar las
35 Ver, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional: SU-995 de 1999, T-015 de 1995,
T-146 de 1996, T-220 de 1998.
36 Corte Constitucional, sentencias T-399 de 1998 y SU-484 de 2008.
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gestiones pertinentes para recaudar los recursos necesarios con el fin de cumplir las
obligaciones que le fueron impuestas en la ley.
61. Así las cosas, la «imposibilidad» de asumir el restablecimiento del derecho en
el caso concreto por falta de presupuesto, además de vulnerar el derecho establecido
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, supone la afectación en el pago de los aportes
que, por mandato legal, se deben realizar al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, por su carácter irrenunciable e imprescriptible.
62. Por tanto, como el Tribunal lo definió, el señor Alexander Kandia Ramírez ejerció
el cargo de juez de la República desde el 2 de septiembre de 1991 y en este ejercicio
se le fraccionó su salario en asignación básica y en prima especial.
63. No obstante, por su fecha de vinculación, es necesario corroborar sí se acogió
o no al Decreto 57 de 1993 que permitía establecer el momento a partir del cual sería
beneficiario de la prima especial. En razón a ello, fue que esta Sala profirió auto de
mejor proveer en el curso de la segunda instancia, y a partir de la constancia expedida
por la coordinadora del área de Talento Humano de la Dirección Seccional de Bogotá,
el 22 de octubre del año en curso37, extrae lo siguiente:
Que el (la) señor(a) ALEXANDER KANDIA RAMIREZ identificado(a) con la cédula de
ciudadanía número 14,244,289, presta sus servicios en la Rama Judicial desde el 02
de Septiembre de 1991 y en la actualidad desempeña el cargo de JUEZ MUNICIPAL
Grado 00, ejerciendo sus funciones en el (la) JUZGADO 012 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, nombrado(a) en PROPIEDAD
mediante la resolución , perteneciente al Régimen Salarial ACOGIDOS PLANTA
PERMANENTE, el cual devenga los siguientes conceptos: [….].
64. En igual sentido, se allegó al plenario la respuesta suministrada por la DEAJ, en
el Oficio núm. DEAJALO25-11603 del 24 de octubre de 2025, en la cual precisó que
el régimen salarial y prestacional al que pertenecía el señor Alexander Kandia Ramírez
era el de «ACOGIDOS PLANTA PERMANENTE»38. Ello, también se corrobora con el
certificado que consigna los emolumentos percibidos por el demandante, al tomar, a
modo de ejemplo, el año de 199539, porque conforme al reporte del tiempo de servicios,
y la sentencia de primera instancia, el actor mantuvo una misma vinculación como juez
municipal en el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Roncesvalles del 1 de marzo de
1992 al 30 de septiembre de 199840.
65. En este orden, al tomar como referencia la anualidad de 1995, se advierte que
el actor recibió la remuneración mensual prevista en el Decreto salarial 43 de 1995,
aplicable al régimen de acogidos, para el cargo de juez municipal, como se evidencia
en la siguiente tabla:
37 Samai, exp. 25000-23-42-000-2020-00422-02, índice 30, 40_MemorialWeb_Respuesta-
CERTIFICADOACOGIDOS(.pdf) NroActua 30.
38 Samai, exp. 25000-23-42-000-2020-00422-02, índice 30, 36_MemorialWeb_Respuesta-
1Respuestarequerim(.pdf) NroActua 30.
39 Samai, exp. 25000-23-42-000-2020-00422-02, índice 30, 46_MemorialWeb_Respuesta-
pagosENE1995FEB(.pdf) NroActua 30.
40
Samai, exp. 25000-23-42-000-2020-00422-00, visualizar expediente,
32_RECIBEMEMORIALES_MEMORIAL_CERTIFICACION.pdf.
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Judicial
Cargo: juez municipal
Sueldo básico Gastos de Prima especial Total percibido Remuneración
percibido por el representación pagada al actor por el actor mensual Decreto
actor percibidos por el 43 de 1995
actor
$772.248 $257.416 $308.899 $1.338.563 $1.338.563
66. De este modo, el señor Alexander Kandia Ramírez sería beneficiario de la
prima especial de que trata el 14 de la Ley 4ª de 1992, pero a partir del 7 de enero de
1993 cuando entró en vigor el Decreto 57 de 1993, y, en adelante, hasta que
permanezca vinculado en el cargo de juez de la República. En este orden, como la
entidad demandada no cuestionó el fraccionamiento, se tiene por acreditado que en
estos períodos efectivamente se le pagaron al actor sus prestaciones sociales en un
70% de su asignación básica, al incluir dentro del 100% de esta la prima especial, que
debió haber sido un adicional.
67. Adicionalmente, la entidad demandada en su recurso afirmó que la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no tiene carácter salarial. Al
respecto, la sentencia de primera instancia precisó que las prestaciones sociales no
se reconocerían sobre el 30% de la prima, que no tiene carácter salarial, sino sobre
este porcentaje correspondiente al sueldo básico, que se disminuyó como
consecuencia de la errada interpretación de la normativa. En estos términos,
desacreditó la argumentación planteada por la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial en la contestación de la demanda.
68. En igual sentido, la providencia accedió al reconocimiento de la reliquidación de
los aportes pensionales durante todo el período, al considerar que la prima especial sí
tiene carácter salarial para esos efectos. No obstante, en la parte resolutiva precisó
que la prima era factor salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante
toda la relación laboral así para aportes a seguridad social en salud.
69. Aunque esté aspecto no se desprende de lo dispuesto en la sentencia del 2 de
septiembre de 2019, y no fue motivado expresamente en la providencia del Tribunal,
no se modifica dado que no fue apelado de forma concreta por la entidad demandada.
Por ende, la decisión se mantendrá inalterada frente a la referida precisión, y la
inclusión de la seguridad social en salud y pensión dentro de la orden de reliquidación
emitida por el Tribunal en el ordinal quinto de la sentencia.
70. Finalmente, en punto a la prescripción trienal, la Sala comparte el análisis del
Tribunal relativo a que esta operó respecto de las sumas reclamadas antes del 18 de
octubre de 2013, en atención a que la petición se radicó ese día y mes del 2016. En
punto a ello, se aclara que, pese a que el actor y la demandada en el curso del proceso
afirmaron que la reclamación administrativa se presentó el 20 de octubre de 2016, lo
cierto es que se tiene por cierta la fecha consignada en la parte superior de la solicitud
interpuesta por el actor, máxime porque en la respuesta suministrada por la DEAJ, como
consecuencia del auto proferido en segunda instancia41, esta relató que:
41
Samai, exp. 25000-23-42-000-2020-00422-02, índice 30, 36_MemorialWeb_Respuesta-
1Respuestarequerim(.pdf) NroActua 30.
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Judicial
Consultados los sistemas de correspondencia y archivo con los que cuenta la entidad,
me permito informar que reposan dos (2) peticiones en sede administrativa, con fechas
del 18 de octubre de 2016 y del 19 de octubre de 2016. adjunto copia de cada una de
ellas. […]
71. Lo anterior, lo acompañó con la copia de la petición fechada 18 de octubre de
201642, que es la que interesa a los fines del presente trámite, ya que la solicitud que
tiene fecha del 19 siguiente43 tuvo por objeto reclamar la bonificación judicial dispuesta
en el Decreto 0383 de 2013, y, por tanto, está fuera del objeto de la litis.
72. Además, a ello convendría agregar que la acreditación de que la petición se
radicó el 18 de octubre de 2016, en los términos de la sentencia de primera instancia,
no fue objeto de apelación por ninguna de las partes en este trámite, de suerte que la
figura de la prescripción operó respecto de los valores reclamados antes de día y mes
de 2013.
73. Ahora bien, como se expuso, la prima especial prevista en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 constituye un factor que debe tenerse en cuenta para liquidar la pensión,
ya que los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones son irrenunciables44 e
imprescriptibles45. Esta circunstancia supone el deber en cabeza de los jueces de
instancia, de ordenar su reconocimiento, en consonancia con el restablecimiento del
derecho al que haya lugar en un determinado caso, para efectos de evitar que se
vulnerare el derecho fundamental a la seguridad social, y las garantías constitucionales
que lo protegen.
74. De acuerdo con esto, al margen de la prescripción trienal demostrada, esta no
se extiende a los aportes adeudados al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, derivados de: (i) la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992; y (ii) la diferencia salarial del 30% de la asignación básica, a favor del demandante
como consecuencia de que se probó en primera instancia, que dicha prima no fue
cancelada y que el salario se le liquidó sobre el 70% y no sobre el 100% como
correspondía.
75. En cuanto a los aportes derivados de la prima especial, es procedente su
reconocimiento a partir de la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, en la medida en
desde ese momento se consideró que dicha prestación es factor de cotización
únicamente para pensión; hasta su permanencia en el cargo de juez de la República
que le otorgue el reconocimiento, siempre que la entidad no los hubiere realizado.
42 Samai, exp. 25000-23-42-000-2020-00422-02, índice 30, 50_MemorialWeb_Respuesta-
ReclamacionAdministr(.pdf) NroActua 30.
43 Samai, exp. 25000-23-42-000-2020-00422-02, índice 30, 49_MemorialWeb_Respuesta-
ReclamacionAdministr(.pdf) NroActua 30.
44 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios
mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción
extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en
cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son
susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
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76. En cambio, para los aportes derivados de la diferencia salarial, hay lugar a
reconocerlos durante el tiempo en el que se canceló su asignación en un porcentaje
diferente al 100%. En este caso, desde el 7 de enero de 1993, cuando entró en vigor el
Decreto 57 de 1993, que le otorga el derecho. En este sentido, se adicionará el fallo
apelado para disponer de manera expresa que el pago de las cotizaciones a seguridad
social en pensiones se debe realizar con el 100% del salario, más el 30% de prima
especial, de conformidad con los extremos temporales señalados, y sin que en estos
casos opere la prescripción.
77. En igual sentido, se adicionará la sentencia para disponer que los pagos se harán
sin perjuicio de que la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial verifique lo cancelado con ocasión del
Decreto 272 de 2021. También se adicionará la parte resolutiva de la sentencia apelada
para disponer que los reconocimientos serán procedentes siempre y cuando las sumas
a pagar por concepto de las reliquidaciones aquí ordenadas no se hayan cancelado por
la entidad previamente. Finalmente, se dispondrá que no se podrán superar los topes
fijados por el Gobierno nacional.
78. Con todo, la Sala no pasa por alto que la sentencia de primera instancia ordenó
pagar, retroactivamente, el reajuste salarial que corresponde al 30% del salario, con
sus consecuencias prestacionales. De ahí se desprende que ordenó reajustar el salario
por la incidencia que esto representa en materia prestacional. También dispuso que se
hiciera el pago de la prima especial.
79. Sin embargo, en aras de darle mayor claridad a estas órdenes, la Sala modificará
la parte resolutiva de la sentencia apelada para volver a proferirlas, porque lo cierto es
que no resulta procedente el reajuste del salario, en atención a que si bien el 100% de
la remuneración mensual se fraccionó en un 70% al que se le denominó salario, y un
30% correspondiente a la prima especial, en últimas el actor percibió el 100% de la
remuneración prevista en los decretos salariales anuales.
80. Con fundamento en lo expuesto, debe disponerse con claridad que lo que
procede es el reconocimiento de la prima especial, en un 30%, sin carácter salarial,
como una adición respecto del salario legalmente percibido, y no como parte integrante
de este, así como la reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos,
ya que se demostró que estas se liquidaron con el 70% del salario y no con el 100% de
este como correspondía.
3.6. Conclusión
81. La Sala concluye que, en el presente asunto, la Nación, Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no se encuentra exonerada de asumir
el cumplimiento del restablecimiento del derecho ordenado en primera instancia, ante
la falta de presupuesto para ello. En igual sentido, operó la prescripción respecto de
las sumas anteriores al 18 de octubre de 2013, esto es, tres años hacia atrás contados
a partir de la reclamación administrativa.
82. Por esta razón, la Subsección confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia, en cuanto ordenó estarse a lo resuelto en las sentencias del 29 de abril de
2014 y del 2 de septiembre de 2019, declaró la prescripción extintiva de los valores
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reclamados por el demandante antes del 18 de octubre de 2013, declaró la nulidad del
acto ficto derivado del silencio frente a la petición interpuesta por el actor, condenó a
la entidad al pago de la prima especial así como a la reliquidación de las prestaciones
sociales y demás emolumentos, «con la precisión de ser factor salarial para la
reliquidación de la pensión de jubilación así para aportes a seguridad social en salud»,
ordenó la actualización de los valores, el pago de los intereses comerciales y dispuso
darle cumplimiento a la sentencia.
83. En particular, modificará el ordinal quinto para volver a dictar las órdenes en
punto al restablecimiento del derecho, para disponer con claridad que solo hay lugar a
reconocer la prima especial, sin carácter salarial, en un 30% adicional, así como la
reliquidación prestacional correspondiente y de los demás emolumentos, por haber
tenido en cuenta solo el 70% del salario y no el 100% de este.
84. Por su parte, adicionará la providencia en cuanto al reconocimiento de los
aportes pensionales, para disponer de forma expresa que estos se deben hacer con
el 100% del sueldo, desde la vigencia del Decreto 57 de 1993, más el 30% de prima
especial a partir de la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, la verificación de los
pagos con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021 y la no cancelación
previa. Igualmente, dispondrá que no se podrán superar los topes fijados por el
Gobierno nacional.
4. Costas
85. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 46 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en que para
decretar la condena en costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio se imponga
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas. En igual sentido, se confirmará la sentencia de primera instancia
en cuanto se abstuvo de imponer condena en costas.
46 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-14).
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por la Sala Transitoria de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 15 de diciembre
de 2023, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. Modificar el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida
por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 15 de diciembre de 2023, el cual quedará así:
QUINTO.- Condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial a reconocer y pagar, a favor del señor Alexander Kandia
Ramírez, retroactivamente, lo siguiente:
• La prima especial, sin carácter salarial, equivalente al 30%, como un
adicional al 100% del salario básico, del 18 de octubre de 2013, en adelante,
hasta que ejerza el cargo de juez de la República que le otorga el derecho a
percibir la prima especial, «con la precisión de ser factor salarial para la
reliquidación de la pensión de jubilación así para aportes a seguridad social en
salud».
• La reliquidación de las prestaciones sociales, de la seguridad social en
salud y pensión, y de los demás emolumentos, sobre la base del 100% del
salario básico, causados del 18 de octubre de 2013, en adelante, hasta que
ejerza el cargo de juez de la República que le otorga el derecho a percibir la
prima especial.
TERCERO. Adicionar a la anterior providencia que la Nación, Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, deberá reliquidar y pagar las
cotizaciones o aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
en favor del señor Alexander Kandia Ramírez, durante su permanencia en el cargo
que le otorgó el derecho a este reconocimiento, siempre que la entidad no los hubiera
realizado.
La entidad accionada debe reliquidar y pagar los aportes a seguridad social en
pensión: (i) desde el 7 de enero de 1993, hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de
1996, teniendo como base el 100% de la remuneración básica mensual; y (ii) desde la
entrada en vigor de la referida norma hasta que el actor ocupe el cargo que le otorga
el derecho, con base en la anterior asignación, más el 30% correspondiente a la prima
especial.
Adicionalmente, los reconocimientos efectuados deberán tener en cuenta que no se
supere el tope fijado por el Gobierno nacional para cada anualidad. Asimismo, los
reconocimientos ordenados en esta providencia se harán sin perjuicio de que la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial verifique los
pagos realizados con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021.
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Demandante: Alexander Kandia Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Por último, los reconocimientos ordenados en esta providencia serán procedentes
siempre y cuando las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones aquí
ordenadas no se hayan cancelado por la entidad previamente. Por lo que corresponde
a esta hacer la verificación correspondiente.
CUARTO. No condenar en costas en segunda instancia.
QUINTO. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
VMP/SEJV
22
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