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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00455-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00455-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Revocar el ordinal primero de la sentencia del 29 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F”, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en precedencia. En su lugar: SEGUNDO. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto, originado por la falta de respuesta a la petición presentada por el señor Jairo Rodrigo Alarcón Murcia el día 27 de junio de 2019, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías. TERCERO. En consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio, a reconocer y pagar en favor del señor Jairo Rodrigo Alarcón Murcia la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, por el periodo comprendido entre el 2 de marzo de 2018 y el 14 de mayo de 2019, para un total de 439 días, la cual deberá ser liquidada teniendo en cuenta la asignación básica devengada por el demandante al momento en que se causó la penalidad. CUARTO. Ordenar que las sumas sean ajustadas tomando como base el índice de precios al consumidor, conforme el artículo 187 del CPACA, a partir del día siguiente que cesó la causación de la sanción moratoria (15 de mayo de 2019, por ser este el día en que se dejó a disposición el pago) hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia. QUINTO. La sentencia se cumplirá, de conformidad con lo indicado en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, so pena de ser condenada la entidad demandada, al pago de los intereses previstos en el artículo 195 de la norma en comento. SEXTO. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2020-00455-01 Demandante: Jairo Rodrigo Alarcón Murcia SÉPTIMO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las motivaciones anteriores. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00455-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

27 de febrero de 2025

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00455-01
Demandante: Jairo Rodrigo Alarcón Murcia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00455-01 (3000-2023)
Demandante: Jairo Rodrigo Alarcón Murcia
Demandado: Nación - Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Régimen
retroactivo de cesantías. Revoca parcialmente la sentencia de
primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia del 29 de noviembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F”
que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones de la demanda.

2. El señor Jairo Rodrigo Alarcón Murcia por intermedio de apoderado y en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se
declare la nulidad del acto ficto o presunto negativo, producto de la petición del 27
de junio de 2019, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida
en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, desde el 13 de marzo de 2018 hasta el 15
de mayo de 2019, ii) la indexación de la condena, iii) el reconocimiento y pago de
los intereses de mora conforme a lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA, y iv)
se condene en costas a la entidad demandada.

1.1. Hechos

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00455-01
Demandante: Jairo Rodrigo Alarcón Murcia

4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes 1:

5. Por haber laborado como docente en los servicios educativos estatales, el señor
Jairo Alarcón el 13 de diciembre de 2017 presentó ante la Secretaría de Educación
de Cundinamarca – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
reclamación administrativa para obtener el reconocimiento y pago de las cesantías
a las que tenía derecho.

6. La precitada Secretaría mediante la Resolución 000322 del 18 de marzo de 2019,
reconoció y ordenó el pago de la prestación solicitada; la cual fue cancelada el 15
de mayo de ese mismo año.

7. El 27 de junio de 2019 el demandante reclamó la sanción moratoria; sin embargo,
no hubo pronunciamiento alguno por parte de la entidad demandada,
configurándose el acto administrativo ficto demandado.

1.2. Fundamentos de derecho y concepto de violación

8. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 25 y 53 de la
Constitución Política; 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995 y, 4
y 5 de la Ley 1071 de 2006.

9. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso
que la entidad demandada no cumplió con lo establecido en las normas que regulan
la materia, incurriendo de esa manera en la sanción moratoria.

1.3. Contestación de la demanda

10. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio 2 por intermedio de apoderada se pronunció sobre los
hechos de la demanda y se opuso a todas y cada una de las pretensiones,
conforme a lo siguiente:

11. En virtud de lo señalado en la Ley 1071 de 2006, el acto administrativo debió
expedirse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de solicitud de las cesantías,
situación que no ocurrió. Entonces, al haber un retardo por parte de la entidad
territorial debe responder proporcionalmente por una posible condena.

12. Propuso las excepciones de “término señalado como sanción moratoria a cargo
del FOMAG y la FIDUPREVISORA es menor al que señala la parte demandante”,

1 Si bien existen inconsistencias en las fechas de la reclamación administrativa, las mismas fueron empleadas por

la demandante en el libelo.
2 Páginas 58 a 63 del expediente digital.

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“improcedencia de la indexación de la sanción moratoria”, “imposibilidad de
indemnizar conjuntamente intereses moratorios y sanción moratoria”, “pago
oportuno de las cesantías” y “genérica”.

1.4. Sentencia de primera instancia

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F”
mediante sentencia del 29 de noviembre de 2022 3, negó las pretensiones de la
demanda, con base en las siguientes consideraciones:

14. En el presente asunto, comoquiera que el demandante ingresó al servicio docente
el 4 de abril de 1979, es claro que la prestación fue reconocida conforme el régimen
retroactivo, esto es antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.

15. Entonces, con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado no es viable el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, dado que esta penalidad se
estableció para los afiliados al régimen de cesantías anualizado cuando el
empleador realiza su pago por fuera del término dispuesto por ley.

1.5. Recurso de apelación

16. El apoderado de la parte demandante 4 inconforme con lo decidido interpuso
recurso de apelación contra la sentencia primera instancia, el cual sustentó así:

17. La Corte Constitucional al analizar casos similares al aquí tratado, llegó a la
conclusión de que todos los docentes tienen derecho a la aplicación de la Ley 1071
de 2006 para el reconocimiento y pago de las cesantías como para la generación
de la sanción moratoria.

18. Por lo que, las normas y la jurisprudencia en ningún momento hacen distinción
respecto del régimen de aplicación para el reconocimiento de la prestación. Al
contrario, la intención del legislador es y ha sido siempre la de unificar las
circunstancias requeridas para la causación de la sanción moratoria a fin de que
todos los servidores sean beneficiarios de ella.

19. Finalmente, precisó que negar su reconocimiento para aquellos vinculados con
anterioridad al 30 de diciembre de 1996, pero cuyos efectos irradian situaciones
posteriores, vulnera todos los principios constitucionales que conforman la
seguridad social y el derecho laboral.

1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia

3 PDF 02 del expediente digital.
4 PDF 04 del expediente digital.

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Demandante: Jairo Rodrigo Alarcón Murcia

20. Mediante auto del 15 de septiembre de 20235 se admitió el recurso de apelación.
Dentro del término previsto en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, modificado
por la Ley 2080 de 2021, las partes guardaron silencio.

21. En cambio, el agente del Ministerio Público al emitir su concepto 6 solicitó confirmar
la sentencia apelada, porque la indemnización moratoria solo procede para el tipo
específico de las cesantías anuales y por ende, era competencia del FNPSM pagar
el auxilio con liquidación retroactiva como se hizo en la Resolución 322 de 2019.

22. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2. Competencia

23. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto
de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo 7.

24. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos consignados
en el mismo.

2.1. Problema jurídico

25. Le corresponde a la Subsección determinar si, tal como alega la parte apelante, el
demandante como beneficiario del régimen retroactivo de cesantías, tiene derecho
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006 o si se encuentra ajustada a derecho la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.

26. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará los
siguientes temas: 2.2. Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción
moratoria, 2.3. Sanción moratoria en el régimen retroactivo de cesantías. 2.4
Hechos probados y 2.5. Caso concreto.

2.2. Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria.

5 Actuación visible en el índice 04 de la plataforma SAMAI.
6 Actuación visible en el índice 09 de la plataforma SAMAI.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Demandante: Jairo Rodrigo Alarcón Murcia

27. La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2007 8, establece
en su artículo primero, lo siguiente:

«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo
texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» (subraya
fuera del texto)

28. De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora
tendrá un plazo máximo para cancelar dicha prestación, veamos:

«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional
de Ahorro.»( Subraya fuera del texto)

29. Norma que también dispone una sanción cuando se incumplen los términos para
resolver la solicitud de cesantías, así como su pago, tal como se evidencia en el
parágrafo del artículo en comento:

«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra
el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a este». (subraya fuera del texto)

30. Esta Sección, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó
jurisprudencia frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se consideró
en esa oportunidad que:

8 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o

parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”

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Demandante: Jairo Rodrigo Alarcón Murcia

«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la
solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera
tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la
radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437
de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en
que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)

31. Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en
cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria se sintetizan así:

«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se puede
evidenciar en el siguiente cuadro:

TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
10 días, después de 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir el ejecutoria petición
RESPUESTA
acto
Aplica pero no se tiene
ACTO ESCRITO 10 días, después de
en cuenta para el 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir el
cómputo del término de ejecutoria petición
(después de 15 días) acto
pago
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Personal ejecutoria notificación
TIEMPO notificación
10 días, posteriores a 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al ejecutoria notificación
TIEMPO
acto
10 días, posteriores al 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del ejecutoria entrega del aviso
TIEMPO
aviso
ACTO ESCRITO EN Sin notificar o notificado 10 días, posteriores al intento 45 días posteriores a la 67 días posteriores a la
TIEMPO fuera de término de notificación personal 9 expedición del acto
ejecutoria
45 días después de la 45 días desde la
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la ejecutoria notificación del acto que
resuelve resuelve recurso
ACTO ESCRITO, 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días 45 días, a partir del interposición del
RESOLVER de interpuesto el recurso siguiente a la ejecutoria recurso
Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018

2.3. Sanción moratoria en el régimen retroactivo de cesantías.

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32. Esta Subsección en la sentencia del 5 de noviembre de 2020 9 realizó un estudio
de las diferentes posturas al interior de la Corporación, frente al reconocimiento y
pago de la sanción moratoria a los beneficiarios del régimen con retroactividad de
las cesantías.

33. Las diferentes posturas eran las siguientes:

• No procede el reconocimiento de la sanción moratoria respecto del régimen de
cesantías liquidadas con retroactividad, debido a la onerosidad de la liquidación
de la prestación bajo ese sistema.

• No procede el reconocimiento de la sanción moratoria, porque no fue concebida
para el régimen de retroactividad.

• Sí procede la sanción moratoria respecto del reconocimiento de las cesantías
definitivas liquidadas con base en el régimen de retroactividad.

• No procede la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995 respecto del
reconocimiento de las cesantías definitivas liquidadas con base en el régimen
de retroactividad, porque esa penalidad fue concebida para el sistema de
liquidación anual.

• No procede la sanción moratoria respecto de cesantías parciales, al tenor de
la Ley 244 de 1995, porque ella tan solo previó ese derecho para las cesantías
definitivas y porque se reclamó respecto de un periodo anterior a la entrada
en vigencia de la Ley 1071 de 2005.

34. Entonces, al realizar un análisis exhaustivo sobre cada una de las posiciones antes
mencionadas, esta Subsección concluyó:

• «No es viable reconocer la sanción moratoria por la inoportuna consignación de las
cesantías, en el régimen de retroactividad, prevista en la Ley 344 de 1996,
artículo 13, y su decreto reglamentario 1582 de 1998, así como la Ley 50 de 1990,
artículo 99, comoquiera que tales previsiones son exclusivas del sistema de
liquidación anual de la prestación.

• Sí es viable reconocer la sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías
definitivas en el régimen de retroactividad con sustento en la Ley 244 de 1995.

• No es viable reconocer la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las
cesantías parciales, con invocación de la Ley 244 de 1995, para la prestación
parcial reclamada antes de la entrada en vigencia de la Ley 1071 de 2006, pues
la primera ley no preveía tal penalidad, respecto del pago parcial del auxilio. Sin

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “A”, C.P: Rafael

Francisco Suárez Vargas, sentencia del 5 de noviembre de 2020 con radicado 76001-23-33-000-2016-00773-01.

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embargo, si se reclama con posterioridad a la entrada en vigencia de esta última
disposición10, con invocación exclusiva de la Ley 244 de 1995 sí es viable
reconocerla, en la medida en que se demuestren los supuestos de hecho exigidos
para su causación.

• Sí es viable reconocer la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las
cesantías parciales y/o definitivas, en el régimen de retroactividad, con
invocación de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 -en cuanto a esta última, con
la salvedad hecha en el punto anterior-, pues estas leyes prevén esa penalidad sin
distinción del régimen de liquidación de la prestación. Se aclara que aunque la
primera de ellas solo la previó para el retiro definitivo del servicio, la segunda es
modificatoria de la anterior y la hizo extensiva a la tardanza en el pago de las
cesantías parciales».

35. De lo expuesto, es claro que la sanción moratoria sí se aplica a los beneficiarios
del régimen retroactivo de cesantías, siempre y cuando la reclamación
administrativa se haya realizado con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 1071 de 2006, puesto que esta norma no distinguió entre regímenes para su
aplicación, y tampoco si se trata de cesantías parciales o definitivas.

2.4. Hechos probados

36. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:

i) Conforme el formato único para la expedición de certificado de historia laboral
con consecutivo 2017152475 del 17 de noviembre 2017 11, el docente Jairo
Rodrigo Alarcón Murcia labora al servicio de la Secretaría de Educación de
Cundinamarca desde el 4 de abril de 1979 y a la fecha, continuaba activo.

ii) Mediante la Resolución 000322 del 18 de marzo de 2019 12 la secretaria de
Educación de Cundinamarca, en nombre y representación del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio «reconoció y ordenó el pago al señor Jairo
Rodrigo Alarcón Murcia de 186.819.959 COP por concepto de liquidación
parcial de cesantías». En las consideraciones de este acto, se plasmó «que
mediante petición radicada bajo el número 2017-CES-514724 del 13 de
diciembre de 2017, el (la) señor (a) JAIRO RODRIGO ALARCÓN MURCIA
solicita el pago de una cesantía parcial».

iii) Por su parte, desde la oficina de vicepresidencia del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora SA., fue certificado que el

10 Ley 1071 de 2006.
11 Páginas 16 a 18 del PDF 14 del expediente digital.
12 Páginas 19 a 23 del PDF 02 del expediente digital.

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dinero estuvo a disposición el 15 de mayo de 2019 13 y que se realizó un
reintegro por no cobro.

iv) El 27 de junio de 201914, el señor Alarcón Murcia por intermedio de apoderado,
solicitó ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías; sin embargo,
la entidad territorial guardó silencio configurándose el acto ficto acusado.

2.5. Caso concreto

37. En esta instancia no es objeto de discusión que el señor Jairo Rodrigo Alarcón
Murcia es beneficiario del régimen retroactivo de cesantías, conclusión a la que se
llegó en la sentencia de primera instancia al estar vinculado al servicio docente de
manera ininterrumpida desde el 4 de abril de 1979 15. Aspecto que no fue objeto de
reparo por parte de la apelante.

38. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio alegó que la entidad territorial debe responder por la sanción
moratoria, comoquiera que expidió el acto administrativo de reconocimiento de
cesantías por fuera de la oportunidad legal para ello.

39. Sin embargo, considera la Sala que conforme a lo dispuesto en la Ley 91 de 1989
y el Decreto 1272 de 2018 16, vigentes para la fecha de reconocimiento de las
cesantías de la parte demandante, la gestión a cargo de la entidad territorial se
limitaba exclusivamente a: i) recepcionar y radicar las solicitudes de
reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, ii) elaborar proyecto de acto
administrativo, iii) enviarlo a la fiduciaria para su aprobación, y iv) expedir el acto
definitivo y comunicarlo al docente y a la fiduciaria. Actuaciones que realiza en
nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

40. En relación con el pago de la prestación, el artículo 5 de la Ley 91 de 1989
estableció como objetivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio «efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado»,
actividad que realiza la entidad fiduciaria – Fiduprevisora S.A., como encargada
de sus recursos.

13 Página 25 del PDF 02 del expediente digital.
14 Páginas 27 a 31 del PDF 02 del expediente digital.
15 Así se reconoció en la Resolución 000322 del 18 de marzo de 2019.

16 «Artículo 56. Racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas
por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el
cual debe ser elaborado por el secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la
que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que
llevará la firma del secretario de Educación de la entidad territorial».

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00455-01
Demandante: Jairo Rodrigo Alarcón Murcia

41. Por lo tanto, para la Sala no le asiste razón a la parte apelante cuando afirma que
la entidad territorial debe responder por el interregno en mora, dado que la
actuación de las Secretarías de Educación se limitaba a la gestión en sede de la
administración en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. En consecuencia, no es la encargada de pagar las
prestaciones económicas de los docentes y mucho menos la sanción moratoria.
Situación que tuvo una modificación con la expedición de la Ley 1955 de 2019,
que dispuso la responsabilidad del ente territorial frente al pago de la sanción
moratoria en las hipótesis consagradas en la norma.

42. En ese contexto, dado que la radicación de la solicitud -conforme el acto
administrativo que reconoció las cesantías-, fue el 13 de diciembre de 2017 la
entidad territorial no está llamada a responder por la sanción moratoria y en
consecuencia no era necesaria su vinculación al proceso.

43. De otra parte, a diferencia de lo planteado por el tribunal de primera instancia,
considera la Sala que a los beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías sí
les resulta aplicable la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006. Pues, esta Subsección desde la sentencia del 5 de noviembre de 2020 17,
ha considerado que la Ley 1071 de 2006 no distinguió entre regímenes para su
aplicación y tampoco si se trata de cesantías parciales o definitivas, sino que
simplemente consagró su ámbito de aplicación a todos los servidores públicos.

44. Por lo que, le corresponde a la Sala analizar si en este caso se consolidó la
penalidad.

45. Para realizar el conteo, se tendrán en cuenta las reglas establecidas en la
sentencia de unificación SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018, ratificadas en la
providencia SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023.

46. Del acápite «hechos probados», observa la Sala que la petición en sede
administrativa encaminada a obtener el reconocimiento de las cesantías
retroactivas, se radicó el 17 de noviembre de 2017, de modo que los 15 días con
que la administración contaba para expedir el acto administrativo pertinente,
vencían el 11 de diciembre de 2017, lo que conlleva afirmar que la Resolución
000322 del 18 de marzo de 2019, a través de la cual se reconoció la prestación a
favor del demandante, fue expedida en forma extemporánea.

47. En ese contexto, de haberse expedido oportunamente el acto, esto es, antes del
12 de diciembre de 2017, su ejecutoria se hubiera producido a los 10 días
siguientes, es decir, el 26 de diciembre de 2017; por lo tanto, los 45 días para el
pago oportuno vencían el 1° de marzo de 2018; no obstante, tan solo se produjo

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, C.P: Rafael Francisco Suárez Vargas, sentencia del 5 de

noviembre de 2020, con radicado 76001-23-33-000-2016-00773-01 (0871-2018).

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el 15 de mayo de 2019, lo que corrobora la extemporaneidad en la cancelación de
la prestación. De manera que la entidad demandada incurrió en mora, entre el 2
de marzo de 2018 y el 14 de mayo de 2019.

48. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la reclamación en sede administrativa
dirigida a obtener la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías,
la Sala observa que esta se radicó el 27 de junio de 2019, lo que quiere decir que
la petición se formuló antes de que se configurara la prescripción extintiva.

49. Así las cosas, concluye la Sala que le asiste razón al demandante cuando afirma
que se ha configurado la sanción moratoria prevista en el artículo 5 de la Ley 1071
de 2006, razón por la cual se revocará el ordinal primero de la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda y en su lugar se dispondrá lo
siguiente:

1. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto, originado por la falta de
respuesta a la petición presentada por el señor Jairo Rodrigo Alarcón Murcia
el día 27 de junio de 2019, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

2. En consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la
Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del magisterio, a reconocer y pagar en favor del señor Jairo Rodrigo Alarcón
Murcia la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por
la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo,
por el periodo comprendido entre el 2 de marzo de 2018 y el 14 de mayo de
2019, para un total de 439 días, la cual deberá ser liquidada teniendo en
cuenta la asignación básica devengada por el demandante al momento en
que se causó la penalidad.

3. Ordenar que las sumas sean ajustadas tomando como base el índice de
precios al consumidor, conforme el artículo 187 del CPACA, a partir del día
siguiente que cesó la causación de la sanción moratoria (15 de mayo de
2019, por ser este el día en que se dejó a disposición el pago) hasta la fecha
de ejecutoria de la sentencia.

50. En lo demás, será confirmada la sentencia apelada.

2.6. Condena en costas

51. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de

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la Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de apelación se presentó
con carencia de fundamento legal.

52. Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los
argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se avizora
la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por lo que, se
repite, no se condenará en costas a la parte vencida.

53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. Revocar el ordinal primero de la sentencia del 29 de noviembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “F”, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de
acuerdo con lo expuesto en precedencia. En su lugar:

SEGUNDO. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto, originado por la falta de
respuesta a la petición presentada por el señor Jairo Rodrigo Alarcón Murcia el día 27
de junio de 2019, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías.

TERCERO. En consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, condenar a
la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
magisterio, a reconocer y pagar en favor del señor Jairo Rodrigo Alarcón Murcia la
sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006,
equivalente a un día de salario por cada día de retardo, por el periodo comprendido
entre el 2 de marzo de 2018 y el 14 de mayo de 2019, para un total de 439 días, la
cual deberá ser liquidada teniendo en cuenta la asignación básica devengada por el
demandante al momento en que se causó la penalidad.

CUARTO. Ordenar que las sumas sean ajustadas tomando como base el índice de
precios al consumidor, conforme el artículo 187 del CPACA, a partir del día siguiente
que cesó la causación de la sanción moratoria (15 de mayo de 2019, por ser este el
día en que se dejó a disposición el pago) hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia.

QUINTO. La sentencia se cumplirá, de conformidad con lo indicado en el artículo 192
de la Ley 1437 de 2011, so pena de ser condenada la entidad demandada, al pago de
los intereses previstos en el artículo 195 de la norma en comento.

SEXTO. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.

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Demandante: Jairo Rodrigo Alarcón Murcia

SÉPTIMO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las
motivaciones anteriores.

OCTAVO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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