Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00523-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00523-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00523-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
2 de febrero de 2023
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00523-01 (1707-2022)
Demandante: Luz Adriana Peña Castro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., dos (02) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00523-01 (1707-2022)
Demandante: LUZ ADRIANA PEÑA CASTRO
Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Temas: Régimen de cesantías aplicable a docentes estatales. Cesantías
retroactivas. Inaplicabilidad por vinculación posterior al 1.° de enero
de 1990.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
Sentencia O-10-2023
ASUNTO
La Subsección decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que denegó las pretensiones de
la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Luz Adriana Peña Castro, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 20111,
formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones2
1. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 1416 del 26 de febrero de 2020,
expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá en representación del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante la cual se reconoció y
ordenó el pago de las cesantías definitiva en favor de la demandante.
2. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la autoridad demandada a
reconocer y pagar el auxilio de cesantía definitivo de la señora Luz Adriana Peña
Castro de manera retroactiva, acorde con el último salario devengado de acuerdo
con la Ley 91 de 1989.
1
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante
CPACA.
2
Índice 2 del registro de actuaciones de SAMAI.
1
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00523-01 (1707-2022)
Demandante: Luz Adriana Peña Castro
3. Ordenar la indexación de las sumas adeudadas por concepto de los reajustes
solicitados acorde con el IPC, ello desde el momento del reconocimiento del auxilio
de cesantías y hasta que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin al proceso.
4. Condenar en costas y agencias en derecho a las entidades demandadas.
Supuestos fácticos relevantes3
1. La señora Luz Adriana Peña Castro laboró como docente del Magisterio, con
vinculación desde el 30 de mayo de 1988 y hasta el 1.° de enero de 2020 cuando
es aceptada su renuncia.
2. La demandante prestó sus servicios a la docencia oficial con vinculación temporal
tiempo completo desde el 26 de enero de 1990, sin solución de continuidad y de
manera ininterrumpida.
3. La libelista presentó escrito el 18 de febrero de 2020, a través del cual solicitó el
reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.
4. Mediante Resolución 1416 del 26 de febrero de 2020, se reconoció, liquidó y
ordenó el pago de la prestación a favor de la parte activa, ello bajo el régimen
anualizado y sin retroactividad.
SOBRE LA AUDIENCIA INICIAL
En el presente proceso no se celebró dicha diligencia, debido a que, conforme al auto
del 9 de junio de 2021 (índice 2 del registro de SAMAI), el a quo prescindió de esta en
aplicación del artículo 13 del Decreto Legislativo 806 de 2020, ello con el fin de correr
traslado para alegar de conclusión y proferir sentencia anticipada por tratarse de un
litigio de pleno derecho sin pruebas pendientes para practicar.
SENTENCIA APELADA4
El a quo profirió sentencia escrita el 10 de septiembre de 2021, en la cual negó las
pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones:
En primera medida, hizo referencia al marco normativo y conceptual que gobierna al
régimen de cesantías para el personal docente afiliado al Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio; en el sentido de precisar que la Ley 6ª de 1945, el Decreto
2767 del mismo año y la Ley 91 de 1989, fueron las normas que se encargaron de
prever la forma de atender las prestaciones sociales de los docentes y, de manera
específica, cómo deberían reconocerse las cesantías de dichos funcionarios.
En concordancia con lo anterior, el a quo advirtió que los docentes nacionalizados
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 conservarían el régimen retroactivo de
cesantías, mientras que los maestros vinculados a partir del 1.° de enero de 1990, así
como para los docentes de carácter nacional vinculados con anterioridad a esta última
fecha, se definió el régimen de liquidación anual de dicha prestación sin retroactividad
y sujeto al pago de intereses.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
2
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00523-01 (1707-2022)
Demandante: Luz Adriana Peña Castro
Ahora, en cuanto al sub iudice, efectuó un análisis del material probatorio de la
demanda para concluir que, si bien la señora Peña Castro estuvo vinculada de manera
interrumpida durante diferentes lapsos, antes de la expedición de la Ley 91 de 1989
(inicialmente desde el 20 de mayo de 1988), lo cierto es que no es viable tener en
cuenta dichas vinculaciones, pues aquellas fueron de carácter temporal, pues fue
hasta el 8 de febrero de 1993 cuando la docente fue nombrada en propiedad.
De conformidad con ello, arguyó que la presunción de legalidad que ampara al acto
administrativo demandado no ha sido desvirtuada, por tanto, este debe permanecer
incólume en el ordenamiento jurídico, pues es claro que el FNPSM a través de la
Secretaría de Educación de Bogotá liquidó correctamente las cesantías de la docente,
toda vez que como se expuso, no tenía por qué incluir entre los periodos laborados
aquellos que fueron producto de vínculos temporales que terminaron y que confirieron
el derecho de dicho auxilio.
Condenó en cosas de primera instancia a la parte activa del litigio por haber resultado
vencida dentro del proceso.
RECURSO DE APELACIÓN5
La parte demandante presentó recurso de apelación contra la decisión anteriormente
reseñada y solicitó que esta sea revocada para acceder a las pretensiones de la
demanda. Al respecto, citó el marco legal y jurisprudencial que regula las cesantías
retroactivas de los docentes oficiales. En este punto, citó específicamente la
providencia del 23 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la que, en un caso de una docente oficial, se avaló la procedencia
de contabilizar los lapsos laborados bajo la vinculación de temporal, al considerar que
estos no fueron especificados por el legislador para su inobservancia frente al cálculo
de prestaciones.
Bajo dicha intelección, esbozó que la señora Luz Adriana Peña Castro, al haberse
vinculado con anterioridad al 29 de diciembre de 1989 como docente financiada con
recursos propios del distrito, tiene derecho a que su auxilio de cesantías definitivas sea
reliquidado en aplicación del régimen retroactivo, conforme a lo señalado en el artículo
17 de la Ley 6ª de 1945 y demás normas concordantes.
SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandante, al estar dentro
del término procesal correspondiente, el Despacho ponente mediante auto del 6 de
abril de 2022, admitió el recurso de alzada y, en concordancia con el artículo 212 del
CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 a través del cual se
modificó el artículo 247 del CPACA, dispuso que por Secretaría, dentro de los 10 días
siguientes a la ejecutoria de mencionada providencia, pasara el expediente al
Despacho para dictar sentencia, salvo que las partes presenten solicitud probatoria.
En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 1.° de junio de 2022,
proferida por la Secretaría, visible a índice 9 del registro de SAMAI, en la cual se indicó
que no hubo solicitud de pruebas, se procede a decidir de fondo el asunto.
CONSIDERACIONES
5
Ibidem.
3
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Demandante: Luz Adriana Peña Castro
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto por la demandante. De igual forma, acorde con lo
previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, el cual en el presente caso únicamente fue formulado por la parte
demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se
circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, el cual se resume
en la siguiente pregunta:
¿La demandante en su calidad de docente tiene derecho o no a la reliquidación de sus
cesantías parciales conforme al régimen retroactivo, pese a que su vinculación en
propiedad y al magisterio fue posterior a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: a la demandante no le asiste el
derecho a la reliquidación de sus cesantías definitivas con base en el régimen
retroactivo, por los fundamentos que a continuación se esbozan.
Régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos
La Ley 6.ª de 1945 en el artículo 17, señaló que los empleados y obreros nacionales
de carácter permanente, gozarían, entre otras prestaciones, de un auxilio de cesantía
a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, para lo cual solamente
se tendría en cuenta el tiempo de servicio prestado con posterioridad al 1.º de enero
de 19426.
A su turno, mediante el artículo 1.° del Decreto 2767 de 1945 se extendieron la
totalidad de las prestaciones sociales consagradas en el artículo 17 de la Ley 6.ª de
1945 a los empleados de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios,
que incluyó el auxilio de cesantía7.
Posteriormente, la Ley 65 del 20 de diciembre de 1946 modificó las disposiciones
sobre cesantías, beneficios que también fueron extendidos a los trabajadores de los
departamentos, intendencias, comisarías y municipios. A su turno el Decreto 2567 de
31 de agosto de 1946 definió los parámetros para su liquidación8, y el Decreto 1160
6
«ARTICULO 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes
prestaciones:
a).Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este
auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1o. de enero de 1942.
[…]».
7
«Artículo 1.º Con las solas excepciones previstas en el presente decreto, los empleados y obreros al servicio de
un Departamento, Intendencia, Comisaría o Municipio tiene derecho a la totalidad de las prestaciones señaladas
en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, y el artículo 11 del Decreto 1600 del mismo año para los empleados y obreros
de la Nación. A la entidad que alegue estar comprendida en uno de los casos de excepción, de corresponderá
probarlo.»
8
El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al servicio de la Nación, los Departamentos
y los Municipios, se liquidará de conformidad con el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o
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Demandante: Luz Adriana Peña Castro
de 28 de marzo de 1947 previó que tendría derecho a dicho auxilio, el empleado
inscrito o no en carrera administrativa, sea cual fuere la causa de su retiro, con la
aclaración de que el monto de la prestación era equivalente a un mes de salario por
cada año de servicio o proporcionalmente al tiempo laborado, si era inferior a ese
lapso.
Visto lo anterior, este régimen de cesantías era de carácter retroactivo, por cuanto para
su liquidación se tenía en cuenta todo el tiempo de servicio y el último salario
devengado.
Luego, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), como un
establecimiento público vinculado al otrora Ministerio de Desarrollo Económico, que
dentro de sus objetivos, en el artículo 2.º señaló:
« […]
a. Pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores
oficiales;
b. Proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria, mediante el reconocimiento
de intereses sobre las sumas acumuladas a favor del empleado o trabajador;
c. Contribuir a la solución del problema de vivienda de los servidores del Estado;
d. Contribuir a la mejor organización y funcionamiento de los sistemas de seguridad
social y a la futura unificación de sus servicios;
e. Saldar el déficit actual por concepto de cesantías del sector público y establecer
sistemas adecuados y reservas suficientes para atender oportunamente el pasivo a
cargo del Estado por tal concepto, y
f. Promover el ahorro nacional y encauzarlo hacia la financiación no inflacionaria
de proyectos de especial importancia para el desarrollo económico y social. […]»
Dicho precepto (Decreto 3118 de 1968) también ordenó que se debían liquidar y
entregar al Fondo Nacional del Ahorro las cesantías de los empleados públicos y
trabajadores oficiales de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales
del estado del orden nacional, con excepción de las de los miembros de las cámaras
legislativas y de sus empleados, los miembros de las Fuerzas Militares, la Policía y el
personal civil del ramo de la defensa nacional.
En relación con la liquidación de las cesantías, el artículo 27 del citado Decreto 3118
de 1968, determinó:
«[…] Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de enero de
1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán
la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.
jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de
lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio, si éste fuero menor de doce meses.
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Demandante: Luz Adriana Peña Castro
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador. […]»
Por lo tanto, con la expedición del referido Decreto 3118 de 1968, empezó en el sector
público el desmonte de la retroactividad de la prestación referida, para dar paso al
sistema de liquidación anualizado, que en principio no era aplicable a los servidores
públicos del orden territorial, quienes se encontraban sujetos al régimen de cesantías
dispuesto en las Leyes 6.ª de 1945 y 65 de 1946, esto es, al retroactivo, no obstante,
con las disposiciones que modificaron su naturaleza y cobertura, permitieron la
afiliación a este de los empleados de las entidades territoriales y sus entes
descentralizados (Ley 432 de 1998 y Decreto 1453 de 1998).
Por otra parte, la Ley 50 de 1990 cambió el régimen de cesantías en el sector privado
al anualizado, cuyas características fueron explicadas en su artículo 99 de la siguiente
manera:
«[…] El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día
de salario por cada retardo. […]»
Por otro lado, el artículo 13 de la Ley 344 de 27 de diciembre de 19969, extendió el
régimen de cesantías fijado en la Ley 50 de 1990 a los servidores públicos vinculados
con posterioridad a su entrada en vigencia (31 de diciembre de 1996), en virtud del
cual, la liquidación definitiva debía realizarse el 31 de diciembre de cada año.
Posteriormente, se expidió el Decreto 1582 del 5 de agosto de 199810 que amplió el
régimen de cesantías de que trata la Ley 50 de 1990 (anualizado) a los servidores
públicos del orden territorial, así:
«[…] El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del
nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los
fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás
normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo
nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y
demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998. […]»
En el caso de aquellos que se hubieran vinculado con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad y que decidieran acogerse
9
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
10
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en
relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia».
6
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00523-01 (1707-2022)
Demandante: Luz Adriana Peña Castro
al previsto en la precitada Ley 344 de 1996, el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998
previó el siguiente procedimiento:
«[…]
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la
solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la seleccionada por el
trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir
a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título
de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características
que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales
necesarios para su expedición. […]»
Lo anterior, fue acogido por esta Corporación, que en sentencia de unificación
jurisprudencial del 25 de agosto de 201611, en la cual se señaló:
«[…] En ese orden, se puede decir que los empleados que ingresaron a la
administración pública con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de
1996, están cobijados por el régimen anualizado de liquidación de cesantías, al igual
que los vinculados con anterioridad pero que se hubieran acogido al régimen
anualizado, y para efecto de la liquidación y pago de esa prestación se rigen por lo que
en esa materia consagra la Ley 50 de 1990 y normas concordantes, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998. […]»
Visto ello, coexisten dos regímenes de cesantías, las retroactivas que son viables para
quienes se vincularon a la administración pública hasta el 30 de diciembre de 1996 y
las anualizadas creadas por la Ley 50 de 1990, inicialmente para el sector privado y
que la Ley 344 de 1996 extendió a los servidores públicos vinculados con posterioridad
a su entrada en vigencia (31 de diciembre de 1996), incluidos los del nivel territorial.
Sin embargo, para aquellos servidores con vinculación anterior a la Ley 344 de 1996
y beneficiarios del régimen retroactivo, el Decreto 1582 de 1998 les concedió la
posibilidad de acogerse u optar por el régimen anualizado de cesantías, previa
solicitud, liquidación total de la prestación y entrega del emolumento al fondo de su
elección, tal como lo previó en su artículo 3.°, como procedimiento necesario para el
precitado cambio.
Por otra parte, el Decreto 1252 del 30 de junio de 2000, en el artículo 2.°, conservó el
régimen de cesantías retroactivas para los servidores públicos que a 25 de mayo de
2000 lo disfrutaban, hasta la terminación de la relación laboral.
Y en el mismo sentido, el Decreto 1919 del 27 de agosto de 2002, que extendió el
régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos de la rama ejecutiva
del poder público del orden nacional a los servidores del orden territorial, en el artículo
3.° previó que: «[…] Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de
retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la
Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000 […]».
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 25 de agosto de
2016. Radicación 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00523-01 (1707-2022)
Demandante: Luz Adriana Peña Castro
Régimen de cesantías de los docentes oficiales
Conforme a lo señalado por esta Subsección12, el artículo 1.º de la Ley 91 del 29 de
diciembre de 1989, «por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio» distinguió entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, de la
siguiente forma:
«[…] Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1. de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]»
Asimismo, en el parágrafo del artículo 2.° ibidem estipuló cómo se reconocerían y
pagarían las prestaciones sociales causadas hasta la fecha de promulgación de la
mencionada Ley 91 de 1989, así:
«[…] Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el
personal docente, de la siguiente manera:
[…]
Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las
normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad
con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en
vigencia la Ley 43 de 1975. […]»
Ahora bien, pese a que allí no se indicó el régimen de cesantías aplicable a los
docentes que dicha norma calificó como territoriales, lo cierto es que el legislador creó
el Fondo Nacional del Prestaciones Sociales del Magisterio para atender las
prestaciones sociales de los maestros nacionales y nacionalizados que se encuentren
vinculados a la fecha de la promulgación de esta ley (91 de 1989), con observancia
del régimen ya referido y «de los que se vinculen con posterioridad a ella» (subrayado
fuera de texto), tal como lo previó el artículo 4.° ejusdem.
En similar sentido, esto es, el régimen prestacional de los docentes nacionalizados,
nacionales y aquellos que se vinculen a partir del 1.º de enero de 1990, el artículo 15
de la Ley 91 de 1989, reza:
«[…] Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
12
Sentencias de la Sección Segunda, Subsección A: (i) de 19 de octubre de 2017 (número interno 5010-2015) y
27 de noviembre de 2017 (número interno 0472-2016), y (ii) de 19 de enero de 2015 (número interno 4400-2013) y
25 de marzo de 2010 (número interno 0620-2009).
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00523-01 (1707-2022)
Demandante: Luz Adriana Peña Castro
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con
las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones
consagradas en esta Ley. […]»
De manera particular, en lo que atañe a las cesantías, el numeral 3.° de este mismo
artículo reguló:
«[…] A.- Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
B.- Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto
a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que
de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías
del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que
pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden
nacional-.[…]»
Visto lo anterior, se concluye:
(i) que los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad
territorial, es decir, el sistema de retroactividad y;
(ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1.º de enero de 1990, lo
que según la tesis contenida en los artículos 1.º y 2.º, corresponde a los nacionales o
territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad, sin hacer
distinción entre nacionales y territoriales, se les aplicarán las disposiciones vigentes
para los empleados públicos del orden nacional, esto es, un sistema anualizado de
cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses.
(iii) Posteriormente, el artículo 6.° de la Ley 60 de 1993, evidenció que el régimen
prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a
las plantas departamentales o distritales, sin solución de continuidad, y los de las
nuevas vinculaciones, será el reconocido por la Ley 91 de 1989.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00523-01 (1707-2022)
Demandante: Luz Adriana Peña Castro
Sobre el punto es válido resaltar que la aludida falta de distinción efectuada por el
Legislador en cuanto a la calidad de los docentes nombrados y posesionados a partir
del 1.° de enero de 1990, es el criterio fundamental para verificar en sede
administrativa y judicial cada caso presentado por los docentes oficiales que solicitan
la aplicación de uno u otro régimen de liquidación de cesantías, por cuanto la finalidad
de la norma para el sector educativo era precisamente unificar la situación jurídica
prestacional de sus empleados, y de manera especial dicho auxilio en razón de la
creación de un solo fondo de cubrimiento nacional para responder por estas
contingencias.
Al respecto se observa que el artículo 6.° de la Ley 60 de 1993, señaló que el régimen
prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a
las plantas departamentales o distritales, sin solución de continuidad, y los de las
nuevas vinculaciones, será el reconocido por la Ley 91 de 1989.
En este sentido, el personal docente que continuaba con vinculación departamental,
distrital y municipal13 sería incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio y se les respetaría el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad
territorial.
Por tanto, la obligación de incorporar a los docentes departamentales, distritales y
municipales financiados con recursos propios de las territoriales al FNPSM surgió con
el Decreto 196 de 1995, que en el artículo 5.° determinó que se debía respetar el
régimen prestacional que tuvieran los docentes al momento de su vinculación, y
conforme a lo previsto en el artículo 7.° ibidem el reconocimiento de las cesantías y los
intereses sobre estas, quedaba a cargo de la entidad territorial, cuando no se realizara
dicho traslado.
De acuerdo con las consideraciones previamente planteadas, en el asunto sub
examine se observa lo siguiente:
1. Formato único para expedición de certificado de historia laboral (índice 2 del
registro de SAMAI), el cual da cuenta que la demandante prestó sus servicios como
docente temporal en la Secretaría de Educación de Bogotá, de la siguiente forma:
• Del 30 de mayo de 1988 al 1.° de diciembre del mismo año;
• Del 16 de enero de 1989 al 3 de diciembre del mismo año;
• Del 26 de enero de 1990 al 30 de noviembre del mismo año;
• Del 18 de enero de 1991 al 13 de marzo del mismo año;
• Del 14 de marzo de 1991 al 2 de diciembre del mismo año;
• Del 21 de enero de 1992 al 1.° de diciembre del mismo año.
2. Comunicación del 26 de mayo de 1988 (ibidem) por medio de la cual la Secretaría
de Educación de Bogotá informa a la libelista de su ubicación como maestra en la
Escuela Vicente Sur Oriental, mediante Decreto 0381 del 24 de mayo del mismo
año, ello a partir de la primera de las citadas calendas.
13 Docentes designados por los entes territoriales sin el cumplimiento de las previsiones del artículo 10 de la Ley 43
de 1975, esto es, en plazas nuevas que no contaran con el aval de la Nación, los que conservaban el régimen
prestacional de cada entidad territorial.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00523-01 (1707-2022)
Demandante: Luz Adriana Peña Castro
3. Comunicación signada por el jefe de división de personal del mentado ente
territorial (ibidem), que puso de presente a la señora Peña Castro de su ubicación
como docente temporal en la Escuela Vicente Sur Oriental, a través de Resolución
0107 del 24 de enero de 1989.
4. Resolución 0107 del 24 de enero de 1989 expedida por el alcalde mayor de Bogotá
(ibidem), por medio de la cual vinculó a un personal en calidad de maestros
temporales, entre ellos, la señora Luz Adriana Peña Castro, durante el año lectivo
1989.
5. Comunicación del 18 de enero de 1991 (ibidem), a través de la cual el jefe de
división de personal de la Secretaría de Educación de Bogotá informa a la libelista
acerca de su vinculación como docente temporal durante el año lectivo 1991,
conforme lo estipuló la Resolución 14910 del 25 de octubre de 1990.
6. La señora Luz Adriana Peña Castro fue nombrada como docente en propiedad al
servicio del Distrito Capital de Bogotá conforme a la Resolución 202 del 1.° de
febrero de 1993, (ibidem), expedida por el alcalde mayor de la referida entidad
territorial.
7. La libelista se posesionó en este cargo el 5 de febrero de 1993 con efectos a partir
del 8 de febrero del mismo año, tal como se extrae del acta de posesión (ibidem).
8. Mediante Resolución 1416 del 26 de febrero de 2020 (ibidem), la Secretaría de
Educación Bogotá, en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, reconoció a favor de la demandante un monto de $31.871.222 por
concepto de liquidación de cesantías definitivas, conforme a su solicitud.
Para tal efecto, la entidad demandada tuvo en cuenta como fecha de vinculación al
servicio docente de la demandante el 8 de febrero de 1993, y sus cesantías fueron
liquidadas conforme al régimen anualizado previsto en la Ley 91 de 1989, tal como
lo precisó en el referido acto, teniendo en cuenta los periodos laborados desde
1993 hasta 2019, y con el descuento de las cesantías parciales previamente
reconocidas en favor de aquella mediante Resolución 7340 del 31 de octubre de
2014, el 29 de enero de 2015 por un valor de $26.150.504.
En virtud de los supuestos fácticos del presente caso, se colige que si bien la señora
Luz Adriana Peña Castro prestó sus servicios como docente con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 91 de 1989, tal como se indicó en los numerales 1 y
subsiguientes de la relación probatoria que precede, lo cierto es que dichas
vinculaciones fueron de carácter temporal; adjetivo el cual, según el Diccionario de la
Real Academia Española, se define como aquella situación «que dura por algún
tiempo», la cual a su vez puede ser entendida como algo «que pasa con el tiempo,
que no es eterno».
Bajo la anterior aclaración, en el sub lite el citado término indica que la vinculación de
la interesada no obedece necesariamente a la permanencia en el cargo de manera
ininterrumpida y perpetua.
En concordancia con ello, es pertinente aclarar que, si bien los cargos temporales o
interinos no traen por sí solos consigo la negativa de tener en cuenta dichos tiempos
laborados para liquidar con retroactividad las cesantías parciales de la docente, como
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00523-01 (1707-2022)
Demandante: Luz Adriana Peña Castro
se depreca en la demanda; debe tenerse en cuenta que, en el presente caso, las
vinculaciones temporales de la libelista fueron discontinuas, por tanto, es claro que
existió una solución de continuidad de la relación laboral.
En resumen, la interrupción del tiempo de servicio prestado resulta óbice para la
inclusión de dichos periodos en la liquidación del auxilio de cesantías, pues si bien el
legislador ha sido diáfano en prever que el trabajador tiene derecho al pago de este
beneficio por el tiempo laborado de manera continua o discontinuamente, mal se haría
al extender esta posibilidad cuando la relación legal y reglamentaria se ha disuelto por
la ausencia de los elementos materiales y formales que configuran el vínculo laboral.
Aspecto que ha sido desarrollado por esta Sección Segunda14, al sostener que:
«[…] El mentado derecho no es dable deprecarse cuando ocurran situaciones de
rompimiento del vínculo laboral por retiro del servicio y reingreso al mismo. Precisamente,
el artículo 5° del decreto 1160 de 1947 define como “servicio discontinuo” para los efectos
del auxilio de cesantía a que se refieren los artículos 1º y 2º de la ley 65 de 1946, aquel que
realiza el empleado oficial dentro de una misma relación jurídica de trabajo aunque haya
suspensiones o interrupciones en la labor autorizada por la ley, como licencias,
incapacidades, servicio militar, enfermedad, accidente de trabajo y demás situaciones
laborales que no impliquen terminación del vínculo laboral, de modo que opera la
presunción legal de que no ha existido solución de continuidad. […]».
Colofón de lo anterior, la Sala considera que la señora Luz Adriana Peña Castro, en
su calidad de docente oficial, no tiene derecho a beneficiarse del régimen retroactivo
de cesantías, en cuanto la liquidación anual se aplica a todos los docentes designados
después de la vigencia de la Ley 91 de 1989, como es el caso de la demandante.
Además, en gracia de discusión, en el sub examine no quedó demostrado que las
suspensiones o interrupciones en la labor temporal de la trabajadora hayan sido en
ocasión a licencias, enfermedad, accidente de trabajo o cualquier otra situación laboral
que no conlleve de manera inexorable a la solución de continuidad de dicha relación.
Más aún, cuando del acto administrativo demandado se dilucida que el auxilio de
cesantías reconocido a favor de la docente fue liquidado con un periodo comprendido
entre 1993 y 2016, esto es, de manera posterior a la entrada en vigor de la Ley 91 de
1989. Por tanto, el sistema que corresponde para el cálculo de su prestación no es
otro que el anualizado; lo cual coincide con la tesis sostenida en el caso de marras en
cuanto a la imposibilidad de tener en cuenta las vinculaciones laborales anteriores de
la demandante, las cuales se presentaron bajo la modalidad de contratos temporales
de trabajo y licencias interinas, de conformidad con los argumentos expuestos en
precedencia.
No puede perderse de vista que, según la relación probatoria que antecede, se
observa que la Secretaría de Educación de Bogotá mediante Resolución 7340 del 31
de octubre de 2014 reconoció y ordenó el pago de un auxilio de cesantías parciales a
favor de la señora Peña Castro por un valor de $26.150.504. Dicha situación le permite
a esta Subsección concluir que a la parte activa le había sido liquidado con anterioridad
el referido rubro correspondiente a su cesantía parcial, y en ese orden, no se evidencia
elemento probatorio alguno que demuestre alguna objeción o devolución de dineros
frente a dicha consignación por el concepto prestacional aludido.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 19
de agosto de 2010. Número interno: 1004-2007.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00523-01 (1707-2022)
Demandante: Luz Adriana Peña Castro
En línea con lo desplegado, esta Subsección15 ha sido enfática en señalar con
anterioridad que, a efectos de determinar el sistema de liquidación del auxilio de
cesantías de los docentes, bien sean nacionales, nacionalizados o territoriales, para
ello resulta indispensable verificar la fecha de vinculación de estos al Magisterio, pues
aquellos docentes que ingresaron con posterioridad al 1.° de enero de 1990, su
régimen de cesantías será el establecido en el literal b) numeral 3 del artículo 15 de la
Ley 91 de 1989, esto es, el de liquidación anualizada, sin derecho a la retroactividad y
sujeto al reconocimiento de intereses.
A su turno, en casos con contornos similares al de la presente causa judicial, cuya
pretensión radicaba en la reliquidación de las cesantías parciales o definitivas con base
en el régimen de retroactividad de los docentes oficiales y en los cuales se presentaba
alguna una vinculación anterior al 1.° de enero de 1990, esta Sala ha indicado lo
siguiente:
«[…] A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar
que tal como se demostró con las pruebas referidas previamente, la última vinculación
laboral de la demandante, y de la cual hace derivar la reclamación de cesantías con base
en el régimen de retroactividad, ocurrió el 8 de junio de 2000, como docente adscrita a la
institución educativa El Placer, de Marquetalia, Caldas. Valga aclarar que aunque obra acta
de posesión en otra institución de ese municipio, realizada en una fecha anterior, no hay
prueba de que hubiera habido continuidad entre esa vinculación y la que se señaló
previamente […]
Para efectos de determinar el sistema de liquidación del auxilio de cesantías a favor de la
demandante, es forzoso concluir que como su ingreso a la docencia oficial se produjo
después del 31 de diciembre de 1989, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 91 de 1989, su régimen de cesantías es el establecido en el artículo 15, numeral
3, literal B, de esa disposición, es decir, el de liquidación anual. […]»16 (Subraya la Sala).
En el presente caso se observó que las cesantías cuya reliquidación con dicho sistema
se solicitan en sede administrativa y en el proceso judicial, obedecen exclusivamente
a las causadas en el tiempo que se vinculó oficialmente al Magisterio, esto es, desde
el 8 de febrero de 1993, pues es claro que, respecto a las vinculaciones anteriores bajo
la modalidad de contratos temporales, el auxilio de cesantías ya fue debidamente
reconocido y liquidado una vez finiquitó cada periodo.
De otro lado, en lo que atañe al argumento de inconformidad esgrimido por la apelante
respecto al desconocimiento de la sentencia del 23 de agosto de 2018 por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que las vinculaciones
temporales sí deben tenerse en cuenta para calcular la fecha de iniciación del ejercicio
de la labor docente, se pone de presente que esta Subsección17 en casos similares ha
resuelto la improcedencia de liquidar con retroactividad el auxilio de cesantías del
docente que, si bien se prestó sus servicios en dicha calidad con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, lo cierto es que tales vinculaciones fueron
de carácter temporal, es decir, que existió solución de continuidad de la relación
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 28 de marzo de 2019, radicación:
54001233300020160040401 (4015-2017), demandante: Jorge Enrique Acevedo Pérez; 4 de abril de 2019,
radicación: 54001233300020160038501 (4023-2017), demandante: Ruth Socorro Albarracín de Machuca.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 4 de abril de 2019, radicación:
17001233300020150077701 (4855-2016), demandante: María Esneda Cardona Zuluaga.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 11 de febrero de 2021, radicación:
25000234200020150377501(4305-2017), demandante: Alba Inés Pinzón Díaz; y del 4 de marzo de 2021,
radicación: 25000234200020170124101(0189-2019), demandante: Ana Verónica Latorre Malaver.
13
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00523-01 (1707-2022)
Demandante: Luz Adriana Peña Castro
laboral, lo cual es óbice para tener en cuenta dichos periodos y, por tanto, para que su
prestación sea calculada en observancia del régimen retroactivo.
En resumen, el material probatorio y las consideraciones anteriores son suficientes
para demostrar que la vinculación laboral continua y de la cual se derivan las cesantías
objeto de la liquidación en litigio, de la señora Peña Castro, como docente al servicio
del Distrito Capital de Bogotá, ocurrió el 8 de febrero de 1993, es decir, con
posterioridad al 1.° de enero de 1990, fecha prevista en el artículo 15 de la Ley 91 de
1989 para que entrara en vigor el sistema de liquidación de cesantías allí contemplado,
y que regía en caso de nuevas vinculaciones docentes; por lo tanto, es forzoso concluir
que la demandante se debe someter al régimen anualizado allí establecido.
En consecuencia, es necesario destacar que la demandante se vinculó como docente
del Distrito de Bogotá en el año 1993 y que este nombramiento se realizó:
i) Con posterioridad al proceso de nacionalización desarrollado por la Ley 43 de 1975,
que inició el 1.º de enero de 1976 y finalizó el 31 de diciembre de 1980, y, en esa
medida, se le aplica el régimen prestacional y salarial de los docentes del orden
nacional trazado en la Ley 91 de 1989, toda vez que las Leyes 60 de 1993 y 115 de
1994 mantuvieron las previsiones contempladas en la Ley 91 de 1989 para todos los
docentes que se incorporen sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones a
las plantas departamentales y distritales a partir del 1.º de enero de 1990.
ii) Con las facultades legales otorgadas por el artículo 9.° de la Ley 29 de 1989 a los
alcaldes y gobernadores para nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general
administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos
nacionales o nacionalizados y cuyo nombramiento contaba con el aval del ministerio
de Educación Nacional.
iii) De igual manera, no es posible equiparar las condiciones salariales y prestacionales
de docentes a la de los demás empleados del régimen general territorial o a aquellos
que conservaron esta condición con anterioridad a la Ley 91 de 1989, en tanto, que
los docentes ostentan un régimen especial y en esa medida gozan de unas previsiones
especiales en cuanto a ingreso, ascenso y prestaciones, independientemente de su
condición de empleado público.
iv) Por lo tanto, en el aspecto puntual de la liquidación de cesantías de los docentes
vinculados con posterioridad al 1.º de enero de 1990 el régimen de cesantías aplicable
es el anualizado, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 numeral 3 literal b.
de la Ley 91 de 1989.
En este sentido, dado que la Ley 91 de 1989 planteó que las cesantías para los
docentes vinculados a partir del 1.º de enero de 1990 se liquidan anualmente y sin
retroactividad, no es procedente el reconocimiento de la prestación deprecada de
forma retroactiva, pues como quedó estudiado en precedencia, se le debe cancelar a
la demandante de forma anualizada.
En conclusión: en el caso sub examine, la señora Luz Adriana Peña Castro se vinculó
como docente el 8 de febrero de 1993, a través de la Resolución 202 del 1.° de febrero
de 1993, por la cual fue nombrada como docente en la Secretaría de Educación de
Santafé de Bogotá, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de
1989, por consiguiente, el reconocimiento de sus cesantías se rige por las normas
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00523-01 (1707-2022)
Demandante: Luz Adriana Peña Castro
vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, el régimen
anualizado, sin retroactividad y sujeto a intereses.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden, la Subsección confirmará la sentencia de primera
instancia que denegó las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que no
prosperan los argumentos del recurso de apelación presentado por la parte activa.
De la condena en costas
Esta subsección sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA,
en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición
de condena en costas por lo siguiente:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar
de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas,
es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse,
según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el
juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del
abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se
incluye la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el
empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de
escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo
núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por
lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho
de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP , previa elaboración del secretario y
aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva
valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes.
En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que tratándose de costas en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación
de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se
ventile un interés público.
Bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará en costas a la parte
demandante pese a haber resultado vencida en esta instancia, en atención a que no
se observa su causación, de conformidad con el numeral 8.º del artículo 365 del CGP,
ello al no haberse surtido la etapa de alegatos de conclusión en sede de apelación.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00523-01 (1707-2022)
Demandante: Luz Adriana Peña Castro
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 10 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que denegó las
pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho instauró la señora Luz Adriana Peña Castro
contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen
y háganse las anotaciones pertinentes en la plataforma «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
16
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