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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00630-01

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00630-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE 3 Folio 37, índice 2 del aplicativo Samai del Tribunal. 4 Folio 57 índice 2 del aplicativo Samai del Tribunal. 5 Folio 57 índice 2 del aplicativo Samai del Tribunal. 6 Folio 57 índice 2 del aplicativo Samai del Tribunal. 7 Folio 57, índice 2 del aplicativo Samai del Tribunal. 8 Folio 58, índice 2 del aplicativo Samai del Tribunal. 9 Folio 57, índice 2 del aplicativo Samai del Tribunal. 5 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 25000-23-42-000-2020-00630-01 (5390-2023) Demandante: Merardo Gómez Varela PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de mayo de 2023, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00630-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00630-01 (5390-2023)
Demandante: Merardo Gómez Varela
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente –
confirma sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte
demandada contra la sentencia dictada el 19 de mayo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió a las pretensiones
de la demanda.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones

2. El señor Merardo Gómez Varela interpuso demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se
declare la nulidad de la Resolución 11562 del 30 de diciembre de 2019, por medio
del cual se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) reconocer y pagar la
pensión de jubilación equivalente al 75% de los salarios y primas percibidas en
el año anterior al 6 de junio de 2019, fecha en la que adquirió el estatus pensional,
sin que se le exija el retiro definitivo del servicio; (ii) indexar las sumas objeto de
condena; (iii) incluir los intereses moratorios sobre estas; y (iv) condenar en
costas a la parte demandada.

4. Como concepto de violación, argumentó que el actor se vinculó como
docente interino en la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá el 21 de enero
de 20221, es decir, antes de que entrara en vigor la Ley 812 de 2003, por lo que

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Se advierte que esta es la fecha correcta y no la anunciada en la demanda «1º de marzo de
2003».
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00630-01 (5390-2023)
Demandante: Merardo Gómez Varela

el régimen aplicable para el reconocimiento y pago de su pensión de vejez es el
previsto en la Ley 33 de 1985.

Contestación de la demanda

5. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda
al considerar que el régimen pensional aplicable al señor Merardo Gómez Varela
correspondía al establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, debido a
que se vinculó a la docencia oficial con posterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003.

6. Como excepciones propuso: (i) legalidad del acto administrativo acusado;
(ii) ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico; y (iii) cobro de
lo no debido.

La sentencia de primera instancia

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la sentencia del 19
de mayo de 2023 accedió a las pretensiones de la demanda, y en consecuencia,
declaró la nulidad de la Resolución 11562 del 30 de diciembre de 2019 y condenó
a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio a reconocer y pagar la pensión de jubilación bajo las disposiciones
de la Ley 33 de 1985.

8. Como fundamento principal, indicó que el régimen pensional aplicable a
los docentes oficiales se define con base en la fecha de su vinculación al servicio
público. Así, los docentes que ingresaron antes del 27 de junio de 2003, fecha de
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, se rigen por el régimen previsto en la
Ley 33 de 1985, mientras que aquellos que lo hicieron con posterioridad les
resultan aplicables las disposiciones del régimen de prima media con prestación
definida, previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

9. Al analizar el caso concreto, estableció que el señor Merardo Gómez
Varela se vinculó al servicio público docente el 21 de enero de 2002, es decir,
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. En consecuencia,
el régimen aplicable era el consagrado en la Ley 33 de 1985, que exige como
requisitos para adquirir el derecho pensional: (i) haber cumplido 55 años de edad,
y (ii) acreditar 20 años de servicio.

10. De acuerdo con el material probatorio, observó que el actor nació 6 de
junio de 1964, por lo que cumplió la edad exigida el 6 de junio de 2019; además,
para esa misma fecha contaba con un tiempo de servicio como docente de «31
años, 11 meses y 16 días», lo que lo hacía beneficiario del régimen pensional
consagrado en la Ley 33 de 1985.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00630-01 (5390-2023)
Demandante: Merardo Gómez Varela

11. En cuanto a la supuesta incompatibilidad entre el salario y la pensión,
aclaró que si bien el artículo 128 de la Constitución Política prohíbe percibir más
de una asignación del tesoro público, dicha norma contempla excepciones
legales, como lo establece el literal g del artículo 19 de la Ley 4 de 1992 respecto
de las pensiones de los docentes oficiales, por lo que la prestación solicitada es
compatible con el salario que percibe el como maestro.

12. Adicionalmente, señaló que de conformidad con la sentencia de
unificación del 24 de abril de 2019, la base de liquidación de la pensión de
jubilación de los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003 debe estar constituida por los factores establecidos en el
artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

13. Al analizar la prescripción el Tribunal encontró que no se había
configurado por cuanto el demandante adquirió el status el 6 de julio de 2019, la
solicitud de reconocimiento de la pensión de radicó el 25 de noviembre de 2019,
y la demanda se presentó el 14 de agosto de 2020.

14. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandada.

El recurso de apelación

15. La apoderada de la demandada apeló la sentencia de primera instancia
porque a su juicio no se tuvo en cuenta que el docente Merardo Gómez Varela
«se posesionó en provisionalidad el día 16 de enero de 2004» en la Secretaría
de Educación Distrital de Bogotá, por tanto, el régimen pensional aplicable era el
previsto en la Ley 100 de 1993.

16. En consecuencia, solicitó que sea revocada y que se nieguen las
pretensiones.

Intervención en segunda instancia

17. Ni las partes procesales ni el Ministerio Público presentaron alegatos de
conclusión en esta instancia.

III. CONSIDERACIONES

Problema jurídico:

18. Le corresponde a la Sala determinar si el régimen aplicable para el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez del actor es el previsto en la Ley
33 de 1985, teniendo en cuenta que su vinculación a la docencia oficial se produjo
el 16 de enero de 2004, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00630-01 (5390-2023)
Demandante: Merardo Gómez Varela

El caso concreto

19. En primer lugar, corresponde a la Sala establecer si el Tribunal omitió
valorar que el señor Merardo Gómez Varela se vinculó a la docencia oficial el 16
de enero de 2004, cuando se posesionó en provisionalidad en la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá, lo que en criterio la apelante, conllevaría la
aplicación del régimen pensional general de prima media, previsto en la Ley 100
de 1993 y no del consagrado en la Ley 33 de 1985.

20. Sobre este particular, conviene reiterar que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por
el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, y la Sentencia de Unificación SUJ-
014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, el régimen pensional aplicable a los
docentes vinculados al servicio oficial depende de la fecha de su vinculación
inicial.

21. Así, quienes ingresaron al servicio docente antes del 27 de junio de 2003,
fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, se rigen por el régimen
contenido en la Ley 33 de 1985; en tanto que aquellos cuya vinculación ocurrió
con posterioridad se encuentran cobijados por el régimen general de prima media
consagrado en la Ley 100 de 1993.

22. A su vez, el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 señala que los docentes
oficiales tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación equivalente al 75%
del salario promedio del último año de servicio, siempre que acrediten (i) haber
cumplido 55 años y (ii) 20 años de servicios, «continuos o discontinuos».

23. En el presente asunto, se encuentra acreditado que el señor Merardo
Gómez Varela se vinculó al servicio público docente el 21 de enero de 2002, esto
es, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de
2003), por lo que resulta aplicable el régimen contenido en la Ley 33 de 1985.

24. Cabe aclarar que la vinculación inicial del actor a la docencia oficial se dio
bajo la modalidad de interinidad, la cual se utilizó «como mecanismo mediante el
cual la [A]dministración, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera,
designaba con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la
referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva
prestación de los servicios educativos»2.

25. En ese contexto y contrario a lo alegado por la entidad demandada, la
primera vinculación del actor a la docencia oficial no fue cuando se posesionó en
provisionalidad, sino el 21 de enero de 2002, cuando ingresó como docente en
interinidad.

26. Así mismo, está demostrado que el demandante nació el 6 de junio de
1964, y según consta en los certificados de historia laboral, prestó sus servicios

2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 30 de octubre de 2024, expediente 25000-23-25-000-2012-01551-01 (1135-2018).

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Demandante: Merardo Gómez Varela

en la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá durante los siguientes
periodos:

Vinculación Desde - Hasta Labor Tiempo de
servicios
Empleado público 27/03/85 al 28/02/01 Servicios generales 5,817 días
(CETIL)3
Resolución 5044 21/01/02 al 24/02/02 Docente en interinidad 34 días
Resolución 11955 25/02/02 al 22/03/02 Docente en interinidad 25 días
Resolución 9426 14/02/03 al 11/04/03 Docente en interinidad 56 días
Resolución 12877 21/04/03 al 27/06/03 Docente en interinidad 67 días
Resolución 21478 14/07/03 al 12/12/03 Docente en interinidad 151 días
Resolución 0319 16/01/04 al 06/06/19 Docente en 5,620 días
provisionalidad
11,770 días

27. Lo anterior permite concluir que, acertó el Tribunal al determinar que el
docente Merardo Gómez Varela tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de vejez en los términos del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, pues (i)
acreditó más de 20 años de servicio y (ii) cumplió los 55 años el 18 de agosto de
2019.

28. Por lo expuesto, se confirmará íntegramente la sentencia apelada.

Costas

29. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, la condena al
respecto se impondrá «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».

30. Al revisar el caso concreto se considera que los razonamientos expuestos
por la demandada en el recurso de apelación no carecen de fundamento legal,
sino que comportan argumentaciones válidas y coherentes dirigidas a defender
sus intereses, lo que lleva a no imponer condena en costas de segunda instancia.

31. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

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Folio 37, índice 2 del aplicativo Samai del Tribunal.
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Folio 57 índice 2 del aplicativo Samai del Tribunal.
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Folio 57 índice 2 del aplicativo Samai del Tribunal.
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Folio 57 índice 2 del aplicativo Samai del Tribunal.
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Folio 57, índice 2 del aplicativo Samai del Tribunal.
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Folio 58, índice 2 del aplicativo Samai del Tribunal.
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Folio 57, índice 2 del aplicativo Samai del Tribunal.

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Demandante: Merardo Gómez Varela

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de mayo de 2023, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes
y devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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