República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00727-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00727-01 (0272-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Demandado: Diana Ilba Correa Correa
Vinculada: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección
Tema: acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra acto propio.
Subtema 1: pensión de vejez. Subtema 2: validez del retorno al Régimen de Prima
Media con Prestación Definida. Subtema 3: conservación régimen de transición —
15 años a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
el 21 de septiembre de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Síntesis del caso
La Administradora Colombiana de Pensiones1, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó declarar la nulidad de las
resoluciones VPB 14674 del 3 de septiembre de 2014, GNR 381046 del 15 de
diciembre de 2016 y SUB 109650 del 28 de junio de 2017, que reconocieron y
reliquidaron la pensión de vejez a la señora Diana Ilba Correa Correa; y ordenar a
esta devolver a Colpensiones la totalidad de los valores pagados por concepto del
reconocimiento pensional, el retroactivo y pagos al sistema de salud.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
declaró la nulidad de las resoluciones GNR 381046 de 2016 y SUB 109650 de 2017,
mediante las cuales Colpensiones reliquidó la pensión de vejez de la señora Diana
Ilba Correa Correa con fundamento en el Decreto 758 de 1990 y una tasa de
reemplazo del 90 %. En consecuencia, ordenó continuar pagando la prestación sin
solución de continuidad y reliquidarla conforme a las leyes 100 de 1993 y 797 de
1 En adelante Colpensiones.
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Diana Ilba Correa Correa
2003, con una tasa máxima del 80 % y efectos desde el 1 de enero de 2017.
Asimismo, negó la nulidad del acto que reconoció inicialmente la pensión y la
devolución de las sumas pagadas en exceso, porque no se desvirtuó la buena fe de
la beneficiaria.
Colpensiones, a través de apoderada, apeló la sentencia. Sostuvo que el traslado
de Diana Ilba Correa Correa al Régimen de Prima Media fue inválido, porque ocurrió
cuando le faltaban menos de diez años para pensionarse; por ello, afirmó que la
Administradora de Fondos Pensionales Protección S. A. 2 era la entidad competente
y solicitó acceder a las pretensiones de la demanda. Por su parte, la demandada
interpuso recurso de apelación parcial. Alegó que la sentencia vulneró el principio
de congruencia, al resolver asuntos no planteados por Colpensiones, al anular actos
y ordenar la reliquidación pensional con fundamento en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, ya que al presumirse válido el traslado, conservaba el régimen de
transición. También sostuvo que operaron la caducidad y la prescripción;
subsidiariamente, pidió que no se efectuaran los descuentos por diferencias
pensionales.
La Subsección confirmará la sentencia apelada, porque no operó la caducidad al
tratarse de actos que reconocen prestaciones periódicas; el retorno de la
demandada al Régimen de Prima Media, aunque se efectuó dentro de la prohibición
temporal del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, fue aceptado y materializado por el
ISS, sin que se acreditara su anulación ni una afectación concreta a la sostenibilidad
financiera del Sistema. Además, la nulidad de las resoluciones que reliquidaron la
pensión con fundamento en el Decreto 758 de 1990 no vulneró el principio de
congruencia, pues fueron expresamente demandadas y la pensionada no recobró
el régimen de transición al no acreditar quince años de servicios al 1 de abril de
1994. Finalmente, no procede recuperar las sumas pagadas, porque Colpensiones
no desvirtuó la buena fe de la demandada.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Colpensiones, a través de apoderada judicial, presentó demanda el 24 de
agosto de 20203 para lograr la nulidad de las resoluciones VPB 14674 del 3 de
septiembre de 2014, GNR 381046 del 15 de diciembre de 2016 y SUB 109650 del
28 de junio de 2017, por medio de las cuales dicha entidad reconoció y reliquidó la
pensión de vejez a la señora Diana Ilba Correa Correa.
2 En adelante Protección.
3 Ver acta de reparto. Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta « EXPDIG», archivo «
3_250002342000202000727001EXPEDIENTEDIGI202124185343», imagen 16.
2
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Diana Ilba Correa Correa
2.1.1. Pretensiones
2. La entidad demandante, además de solicitar la nulidad de los actos
demandados, pidió, a título de restablecimiento del derecho, condenar a la
demandada a la devolución de la totalidad de los valores pagados a la entidad, con
ocasión al reconocimiento de la pensión de vejez, de las reliquidaciones efectuadas
sobre esta prestación y del retroactivo que igualmente se reconoció y pagó en virtud
de las citadas resoluciones acusadas de nulidad, desde la fecha en que se dio la
inclusión en nómina. Asimismo, la indexación del valor de la condena y el pago de
los intereses moratorios que se causen.
2.1.2. Hechos
3. La señora Diana Ilba Correa Correa nació el 16 de marzo de 1958, según
consta en su registro civil de nacimiento.
4. El 19 de marzo de 2013, la señora Diana Ilba Correa Correa solicitó a
Colpensiones el reconocimiento y pago de una pensión de vejez. Para ese
momento, su historia laboral registraba 1.013 semanas cotizadas.
5. Colpensiones expidió la Resolución GNR 226895 del 3 de septiembre de
2013, mediante la cual negó el reconocimiento de la pensión de vejez, por
considerar que la interesada no acreditaba los requisitos establecidos en la Ley 797
de 2003.
6. Contra la anterior decisión, la señora Diana Ilba Correa Correa interpuso
recurso de reposición, al considerar que afectaba sus derechos adquiridos.
Colpensiones resolvió el recurso mediante la Resolución GNR 124870 del 11 de
abril de 2014, en el sentido de confirmar la decisión de negar la pensión.
7. El 6 de mayo de 2014, la señora Diana Ilba Correa Correa presentó una
nueva petición en la que manifestó su inconformidad con lo decidido y solicitó que,
para efectos del reconocimiento pensional, se tuvieran en cuenta las semanas
cotizadas en la Administrador de Fondos Pensionales Protección S.A.
8. En atención a dicha solicitud, Colpensiones efectuó correcciones a la historia
laboral e incorporó la información contenida en el certificado laboral expedido por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con lo cual estableció que la interesada
acreditaba 1.599 semanas.
9. Mediante la Resolución VPB 14674 del 3 de septiembre de 2014,
Colpensiones revocó la Resolución GNR 226895 del 3 de septiembre de 2013 y
reconoció a la señora Diana Ilba Correa Correa una pensión de vejez, en cuantía
de $798.159, con fundamento en la Ley 797 de 2003. El ingreso a nómina quedó en
suspenso hasta que acreditara el retiro del servicio.
3
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Diana Ilba Correa Correa
10. El 14 de septiembre de 2016, la señora Diana Ilba Correa Correa presentó
una nueva solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, identificada
con el radicado 2016_10798339.
11. Colpensiones expidió la Resolución GNR 381046 del 15 de diciembre de
2016, mediante la cual reliquidó la pensión de vejez con fundamento en el Decreto
758 de 1990, a partir del 1 de enero de 2017, fecha en la que habría sido aceptada
la renuncia de la interesada por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y fijó
la prestación en cuantía de $1.121.437.
12. El 5 de junio de 2017, la señora Diana Ilba Correa Correa interpuso recurso
de reposición con el propósito de obtener una nueva reliquidación de la prestación.
Colpensiones rechazó el recurso por extemporáneo, pero sometió el expediente a
un nuevo estudio.
13. Como resultado de esa revisión, Colpensiones profirió la Resolución SUB
109650 del 28 de junio de 2017, mediante la cual reliquidó la pensión de vejez a
partir del 1 de enero de 2017 y fijó su cuantía en $1.188.993.
14. El 17 de octubre de 2019, la señora Diana Ilba Correa Correa solicitó
nuevamente la reliquidación de su pensión de vejez.
15. Con el propósito de resolver esta última solicitud, Colpensiones consultó el
Sistema de Información de los Afiliados a los Fondos de Pensiones —SIAFP— y
estableció que la señora Diana Ilba Correa Correa había solicitado el traslado del
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media el 10 de
mayo de 2006. Asimismo, encontró registrados un traslado del ISS al RAIS el 28 de
marzo de 1996, un traslado del RAIS al ISS el 1 de julio de 2006 y la anulación de
este último el 2 de julio de 2006.
16. A partir de esa información, Colpensiones consideró que la señora Diana Ilba
Correa Correa solicitó el traslado al Régimen de Prima Media cuando le faltaban
menos de diez años para cumplir la edad requerida para acceder a la pensión de
vejez y que, por esa razón, el traslado efectuado en 2006 fue anulado por no reunir
los requisitos legales.
17. En consecuencia, Colpensiones estimó que el reconocimiento pensional
efectuado a favor de la señora Diana Ilba Correa Correa no se ajustaba a derecho,
pues, según la información consultada, su afiliación permanecía activa en el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y la administradora competente para
estudiar la prestación era Protección.
18. Por medio del auto APSUB 553 del 13 de marzo de 2020, Colpensiones
solicitó a la señora Diana Ilba Correa Correa su autorización para revocar las
Resoluciones VPB 14674 del 3 de septiembre de 2014, GNR 381046 del 15 de
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Demandado: Diana Ilba Correa Correa
diciembre de 2016 y SUB 109650 del 28 de junio de 2017, mediante las cuales se
reconoció y reliquidó su pensión de vejez.
19. La señora Diana Ilba Correa Correa, a través de apoderado y mediante
escrito radicado 2020_5751338, solicitó el archivo de la actuación administrativa
adelantada con el propósito de revocar directamente la prestación reconocida.
20. Mediante la Resolución SUB 138149 del 30 de junio de 2020, Colpensiones
resolvió no acceder a la revocatoria directa de los actos administrativos y remitió el
expediente a la Dirección de Procesos Judiciales para el inicio de las
correspondientes acciones contencioso-administrativas.
21. Finalmente, Colpensiones afirmó que la señora Diana Ilba Correa Correa
adeuda los valores pagados por concepto de mesadas pensionales y aportes a
salud desde el reconocimiento de la pensión de vejez hasta que se declare la
nulidad de los actos administrativos. Igualmente, señaló que los valores
descontados de la prestación y girados a la entidad promotora de salud deberán ser
restituidos a su favor.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
22. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
• El artículo 48 de la Constitución Política.
• Los artículos 12 y 16 de la Ley 100 de 1993.
• La Ley 797 de 2003.
• El Acto Legislativo 01 de 2005.
• El artículo 12 del Decreto 758 de 1990.
23. Al explicar el concepto de violación, la apoderada de Colpensiones sostuvo
que las resoluciones acusadas son contrarias al ordenamiento jurídico, porque
reconocieron y reliquidaron una pensión de vejez a favor de la señora Diana Ilba
Correa Correa, pese a que, según la información posteriormente verificada por la
entidad, no se encontraba válidamente afiliada al Régimen de Prima Media
administrado por Colpensiones.
24. Expuso que los regímenes de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y
de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) son excluyentes entre sí y que, de
conformidad con el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2
de la Ley 797 de 2003, el afiliado no puede trasladarse de régimen cuando le faltan
diez años o menos para cumplir la edad requerida para acceder a la pensión de
vejez.
25. Señaló que la demandada se trasladó del ISS al RAIS el 28 de marzo de
1996 y que, posteriormente, solicitó su regreso al Régimen de Prima Media en 2006,
cuando le faltaban menos de diez años para alcanzar la edad pensional. Agregó
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que dicho traslado fue anulado por incumplimiento de los requisitos legales y que,
por tanto, la afiliación de la señora Diana Ilba Correa Correa permaneció activa en
el RAIS.
26. Afirmó que, en esas condiciones, Colpensiones no era la entidad competente
para reconocer la pensión de vejez y que correspondía a Protección, como
administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, estudiar el
eventual reconocimiento de la prestación. Por ello, estimó que las resoluciones VPB
14674 del 3 de septiembre de 2014, GNR 381046 del 15 de diciembre de 2016 y
SUB 109650 del 28 de junio de 2017 fueron expedidas con infracción de las normas
que regulan la afiliación y el traslado entre regímenes pensionales.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. Diana Ilba Correa Correa
27. La señora Diana Ilba Correa Correa, a través de apoderada judicial, se opuso
a la totalidad de las pretensiones de la demanda y solicitó negar tanto la nulidad de
los actos administrativos acusados como el restablecimiento del derecho pretendido
por Colpensiones. Sostuvo que estos fueron expedidos conforme con la ley y la
jurisprudencia aplicables y que su anulación vulneraría, en particular, el derecho
fundamental a la seguridad social de la demandada.
28. Señaló que su representada solicitó oportunamente el traslado del régimen
de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida, el cual fue
aceptado por el entonces Instituto de Seguros Sociales a partir del 1 de julio de
2006. Agregó que Protección trasladó al ISS los recursos existentes en la cuenta
individual y que, desde entonces, la demandada continuó efectuando sus aportes a
esa entidad hasta cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez.
29. Frente a los hechos de la demanda, negó que el aplicativo SIAFP pudiera
constituir prueba suficiente para establecer que la solicitud de traslado se efectuó
por fuera del término legal. Recalcó que Colpensiones aceptó el traslado, recibió los
aportes y posteriormente reconoció y reliquidó la pensión, por lo que no podía
desconocer, después de más de quince años, sus propias actuaciones ni trasladar
a la afiliada las consecuencias de eventuales inconsistencias administrativas entre
esa entidad y Protección.
30. Como excepciones previas propuso la falta de jurisdicción y competencia, por
considerar que la controversia relacionada con la validez del traslado entre
regímenes pensionales corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral, y la falta de
integración del contradictorio, al estimar necesaria la vinculación de Protección S.
A4. Asimismo, formuló las excepciones de caducidad, la prescripción, la inexistencia
4 Las «excepciones de falta de jurisdicción y competencia» y «no comprender la demanda a todos los litis
consortes necesarios», fueron declaradas no probadas en auto del 14 de marzo de 2022. Ver Samai, expediente
6
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de la nulidad y la legalidad de los actos administrativos, la inexistencia de perjuicios
y del deber de devolver las mesadas pensionales, el cobro de lo no debido y la
buena fe.
31. Asimismo, se sostuvo que la señora Correa Correa era beneficiaria del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que podía
regresar al régimen de prima media y conservar sus beneficios, conforme al
precedente constitucional y del Consejo de Estado. Por ello, afirmó que cumplió los
requisitos para obtener la pensión de vejez, que siempre actuó de buena fe y que
no estaba obligada a devolver las mesadas recibidas. Subsidiariamente, señaló que
de considerarse que Colpensiones no era la entidad obligada al pago, las
consecuencias económicas corresponderían a Protección S.A. y no a la
pensionada5.
2.2.2. Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección
32. Contestó la demanda de manera extemporánea, tal y como da cuenta el
informe secretarial del 22 de abril de 20226.
2.3. Sentencia de primera instancia
33. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, mediante sentencia del 21 de septiembre de 20227, resolvió:
PRIMERO: Declarar la nulidad de los actos administrativos demandados:
resoluciones GNR 381046 del 15 de diciembre de 2016 y SUB 109650 del 28 de junio
de 2017, por medio de las cuales se reliquidó la pensión de la señora Diana Ilba
Correa Correa, con aplicación del decreto 758 de 1990 y con un porcentaje del 90%,
de conformidad con lo expuesto en las consideraciones.
SEGUNDO: Negar la pretensión de nulidad de la resolución VPB 14674 del 03 de
septiembre de 2014, a través de la cual Colpensiones reconoció la pensión de vejez
a la señora Diana Ilba Correa Correa, con fundamento en lo dispuesto en las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho se ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones,
digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento « ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua
2», carpeta «EXPDIG», archivo «213_250002342000202000727001AUTOINTERLOCUT20220314123610».
5 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«193_250002342000202000727003RECIBEMEMORIAL20210326174218».
6 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«234_250002342000202000727001ALDESPACHO20220422151138».
7 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«258_250002342000202000727001SENTENCIA20220921183022».
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Diana Ilba Correa Correa
continuar pagando sin solución de continuidad, a la señora Diana Ilba Correa Correa,
identificada con la cédula de ciudadanía 20.753.928, la pensión de vejez. Para tales
efectos deberá reliquidar la mesada en los términos y cuantía establecidos en los
artículos 33 y 34 de la ley 100 de 1993, modificados por la ley 797 de 2003, teniendo
en cuenta que adquirió el estatus pensional el 16 de marzo de 2013 y que cotizó un
total de 1,692 semanas. A partir de las 1.250 semanas reconocerá el porcentaje
adicional del 1.5% por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas
requeridas, llegando a un monto máximo de pensión del 80% si a ello hay lugar, con
efectos a partir del 1º de enero de 2017, previa aplicación de la fórmula decreciente
de que trata el artículo 34 de la ley 100 de 1993 modificado por la ley 797 de 2003.
CUARTO: Negar las pretensiones consecuenciales de restablecimiento del derecho
referidas a la devolución de las diferencias que resulten de la liquidación con
fundamento en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2004.
QUINTO: No condenar en costas.(Sic para la cita)
34. Como fundamento de la decisión, el Tribunal consideró que Colpensiones
tenía razón únicamente respecto de la improcedencia de aplicar el régimen de
transición a la señora Diana Ilba Correa Correa, pero no en cuanto a que su traslado
al Régimen de Prima Media careciera de efectos o que la pensión debiera quedar a
cargo de Protección S. A. Concluyó que la demandada había perdido el régimen de
transición al trasladarse voluntariamente al Régimen de Ahorro Individual sin
acreditar quince años de servicios al 1 de abril de 1994. Por ello, declaró la nulidad
de las resoluciones que reliquidaron la pensión con fundamento en el Decreto 758
de 1990 y una tasa del 90 %, pero mantuvo la legalidad del acto que inicialmente
reconoció la prestación conforme a las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
35. Para llegar a la anterior conclusión, precisó que la controversia se concentró
en establecer si la demandada podía conservar el régimen de transición después
de trasladarse al RAIS y regresar posteriormente al Régimen de Prima Media, y si
ese último traslado, aprobado en 2006, podía desconocerse años después. Para
resolverla, el Tribunal examinó el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las restricciones
al traslado establecidas en el artículo 13 de esa ley, modificado por la Ley 797 de
2003, y las reglas jurisprudenciales fijadas, entre otras, en las sentencias C-789 de
2002, C-1024 de 2004, SU-062 de 2010 y SU-130 de 2013. De ese marco dedujo
que solo quienes acreditaban quince años o más de servicios al entrar en vigor el
sistema podían regresar en cualquier tiempo al Régimen de Prima Media y
conservar la transición; quienes únicamente eran beneficiarios por edad la perdían
al trasladarse voluntariamente al RAIS.
36. En la valoración probatoria, el Tribunal tuvo por demostrado que la señora
Correa había nacido el 16 de marzo de 1958 y que, al 1 de abril de 1994, tenía 36
años de edad y 10 años, 9 meses y 24 días de servicios, por lo que inicialmente
estaba amparada por la transición solo en razón de su edad. También encontró
probado que se trasladó del Régimen de Prima Media al RAIS en marzo de 1996 y
que solicitó regresar al primero el 10 de mayo de 2006, traslado que el ISS hizo
8
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00727-01 (0272-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Diana Ilba Correa Correa
efectivo desde el 1 de julio de 2006. Lo anterior, según el certificado de información
laboral, la historia de cotizaciones, las comunicaciones de Protección sobre el
traslado de los recursos de la cuenta individual y las certificaciones del ISS y de
Colpensiones acerca de su afiliación.
37. A partir de esos elementos, el a quo8 consideró que el regreso al Régimen
de Prima Media se había solicitado cuando a la afiliada le faltaban menos de diez
años para cumplir la edad entonces exigida para pensionarse —55 años—, de modo
que, en principio, contravenía la prohibición introducida por la Ley 797 de 2003. Sin
embargo, observó que el propio ISS había autorizado el traslado y que,
posteriormente, tanto esa entidad como Colpensiones recibieron sus cotizaciones
durante más de diez años, incorporaron los recursos provenientes del RAIS y
terminaron reconociéndole la pensión. Además, Colpensiones no acreditó mediante
acto administrativo alguno la supuesta anulación del traslado y, por el contrario,
certificó que la demandada permanecía afiliada al Régimen de Prima Media. Para
el Tribunal, esas actuaciones generaron seguridad jurídica y confianza legítima, sin
que se hubiese probado mala fe de la pensionada. Por ello, conforme a la SU-130
de 2013, estimó que la consecuencia del traslado irregular no era su ineficacia, sino
la pérdida del régimen de transición.
38. En cuanto a las cuestiones procesales, el Tribunal recordó que previamente
se habían declarado no probadas las excepciones de falta de jurisdicción y
competencia y de indebida integración del contradictorio9. Frente al planteamiento
de caducidad relacionado con el acto de traslado efectuado en 2006, la sentencia
no adoptó una decisión expresa sobre este particular, solo indicó que el acto
mediante el cual se había autorizado ese traslado no fue demandado. Aplicó, en
cambio, el principio de congruencia para precisar que la nulidad de los actos de
reconocimiento y reliquidación pensional no podía extenderse, como consecuencia
automática, a una decisión distinta y anterior que no integraba el objeto del proceso.
De esta manera, mantuvo los efectos del traslado aprobado por el ISS.
39. En consecuencia, el Tribunal declaró nulas las resoluciones GNR 381046 de
2016 y SUB 109650 de 2017, porque habían reliquidado la prestación bajo el
Decreto 758 de 1990 y con una tasa de reemplazo del 90 % aplicando el régimen
de transición, dado que, si bien traslado no era ineficaz, si conllevaba a la pérdida
del régimen de transición. Por ello, negó la nulidad de la Resolución VPB 14674 de
8 Juez de primera instancia .
9 El Tribunal, en el auto del 14 de marzo de 2022, declaró no probadas las excepciones de falta de jurisdicción
y competencia y de indebida integración del contradictorio. Respecto de la primera, consideró que Diana Ilba
Correa Correa tuvo la calidad de empleada pública y que la controversia recaía sobre su seguridad social,
administrada por Colpensiones, entidad de derecho público. Además, precisó que se trataba de una acción de
lesividad mediante la cual una entidad pública demandó sus propios actos administrativos, asunto atribuido a la
Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, conforme con los artículos 97 y 104 del CPACA y el Auto 316 de
2021 de la Corte Constitucional. Por otro lado, en cuanto a la indebida integración del contradictorio, señaló
que, aunque inicialmente no se vinculó a Protección S. A., esa falencia fue subsanada de oficio mediante
providencia del 14 de mayo de 2021, en la que se ordenó su vinculación y notificación. Por ello, al momento de
resolver la excepción ya se encontraba debidamente integrado el contradictorio.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00727-01 (0272-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Diana Ilba Correa Correa
2014, que había reconocido la pensión conforme a las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003. Ordenó a Colpensiones continuar pagando la prestación sin solución de
continuidad y reliquidarla bajo los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, teniendo
en cuenta que la demandada había adquirido el estatus pensional el 16 de marzo
de 2013, había cotizado 1.692 semanas y podía alcanzar una tasa máxima del 80 %,
según la fórmula legal. Asimismo, negó la devolución de las sumas pagadas en
exceso, porque no se desvirtuó la buena fe con que fueron recibidas.
40. Finalmente, no condenó en costas. Consideró que el litigio había planteado
una controversia jurídica de buena fe y que la parte vencida no había desplegado
conductas temerarias ni dilatorias durante el proceso. Con fundamento en ese
criterio de valoración de la conducta procesal, estimó que no se justificaba imponer
las expensas y agencias derivadas de la actuación judicial.
2.4. Recursos de apelación
2.4.1. Demandante
41. Inconforme con la decisión de primera instancia, Colpensiones10 interpuso
recurso de apelación con fundamento en los siguientes razonamientos:
42. Sostuvo que la señora Diana Ilba Correa Correa se encontraba afiliada al
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por Protección,
y que se trasladó al Régimen de Prima Media (RPM) el 1 de julio de 2006, cuando
le faltaban menos de diez años para cumplir la edad mínima para acceder a la
pensión de vejez. Precisó que, al haber nacido el 16 de marzo de 1958, solo podía
efectuar válidamente el traslado hasta antes del 15 de marzo de «2005». Por ello,
consideró que el cambio de régimen efectuado en 2006 no era válido.
43. A partir de lo anterior, afirmó que la demandada no cumplía los requisitos
legales para trasladarse al RPM y que, por consiguiente, las resoluciones mediante
las cuales Colpensiones le reconoció la pensión de vejez eran contrarias a derecho.
Añadió que la competencia para estudiar y eventualmente reconocer dicha
prestación correspondía a Protección, como administradora del RAIS.
44. Manifestó que las pretensiones de restablecimiento del derecho debieron
concederse, pues, al advertir que la pensión había sido reconocida sin el
cumplimiento de los requisitos legales, mediante el auto APSUB 553 del 13 de
marzo de 2020 solicitó a la señora Correa Correa autorización para revocar
directamente las resoluciones VPB 14674 del 3 de septiembre de 2014, GNR
381046 del 15 de diciembre de 2016 y SUB 109650 del 28 de junio de 2017. Indicó
que dicha actuación fue notificada a la demandada, quien solicitó su archivo.
10 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«260_250002342000202000727001RECIBEMEMORIAL20220928135116».
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45. Recalcó que los actos demandados reconocieron una pensión de vejez sin
cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990 y pese a que
Colpensiones no era la entidad competente para efectuar ese reconocimiento. Por
esta razón, insistió en que debía declararse su ilegalidad.
46. Finalmente, señaló que mantener el pago de una prestación reconocida sin
el cumplimiento de los requisitos legales afectaba el principio de sostenibilidad
financiera del Sistema General de Pensiones, previsto en el Acto Legislativo 01 de
2005. Explicó que destinar recursos limitados al pago de una prestación sin sustento
legal comprometía la capacidad del sistema para atender a quienes sí acreditaban
el derecho pensional y afectaba los principios de progresividad y acceso a la
seguridad social. Con fundamento en ello, solicitó que se concedieran todas las
pretensiones de la demanda.
2.4.2. Demandada
47. Por otra parte, la señora Diana Ilba Correa Correa, mediante apoderada,
interpuso recurso de apelación parcial11 contra la sentencia de primera instancia,
concretamente los numerales primero y tercero de la sentencia, con el propósito de
que fueran revocados y, en su lugar, se negaran todas las pretensiones de la
demanda.
48. Sostuvo que, aunque el Tribunal acertó al negar la nulidad de la Resolución
VPB 14674 del 3 de septiembre de 2014, mediante la cual se reconoció la pensión
de vejez, no debió declarar la nulidad de las Resoluciones GNR 381046 del 15 de
diciembre de 2016 y SUB 109650 del 28 de junio de 2017, que reliquidaron la
prestación. A su juicio, esta determinación desconoció el principio de congruencia,
pues se sustentó en hechos y pretensiones diferentes de aquellos planteados por
Colpensiones en la demanda.
49. Explicó que la controversia propuesta por Colpensiones se circunscribió a
determinar la validez del traslado de la demandada del Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media, al considerar que este se
produjo cuando faltaban menos de diez años para cumplir la edad pensional.
Recalcó que no se discutió que estuviera amparada por el régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ni se solicitó que su pensión fuera reconocida
conforme a las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Por ello, estimó que el Tribunal
desbordó el marco del litigio al impartir esa orden.
50. Añadió que Colpensiones no demostró que el traslado efectuado el 1 de julio
de 2006 hubiese sido inválido o posteriormente anulado. Destacó que en el
expediente no obraba acto administrativo alguno que acreditara esa anulación y
que, por el contrario, existían certificaciones sobre el traslado a Colpensiones de los
11 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«262_250002342000202000727001RECIBEMEMORIAL20221011124209».
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recursos depositados en la cuenta de ahorro individual. Por esta razón, sostuvo que
debía presumirse la buena fe de la demandada y reconocerse validez al trámite de
traslado.
51. Asimismo, reprochó que el Tribunal no hubiese resuelto las excepciones de
caducidad y prescripción formuladas en la contestación de la demanda. Señaló que,
al tratarse de una acción de «lesividad» ejercida mediante el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, resultaba aplicable el término de caducidad
de cuatro meses previsto en el artículo 164, numeral 2, literal d), del CPACA. En
consecuencia, afirmó que tanto el acto que reconoció la pensión en 2014 como las
resoluciones de 2016 y 2017 fueron demandados por fuera de dicho término y
solicitó que se declararan probadas aquellas excepciones.
52. Por otra parte, argumentó que, aun si se considerara que el traslado no se
efectuó dentro de la oportunidad legal, la jurisprudencia del Consejo de Estado
había admitido que quienes cumplían el requisito de edad previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 podían conservar el régimen de transición pese al traslado al
RAIS y posterior regreso al Régimen de Prima Media. Con fundamento en ese
criterio, insistió en que la sentencia debía revocarse.
53. También manifestó que los traslados efectuados hacia los fondos privados
estuvieron afectados, en numerosos casos, por deficiencias en la información
suministrada a los afiliados. Invocó jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia sobre el deber de información, asesoría y buen
consejo de las administradoras.
54. Subsidiariamente, solicitó que de no prosperar los argumentos de la
apelación y de mantenerse la conclusión de que no era beneficiaria del régimen que
permitía una tasa de reemplazo del 90 % —esto es mantener acreencia con ley
100—, se dejara a salvo la posibilidad de acudir ante el juez competente para
controvertir la validez del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
por un eventual incumplimiento del deber de información, pues una eventual
declaratoria de ineficacia podría incidir en su situación pensional.
55. Finalmente, también pidió que, de no prosperar los argumentos dirigidos a
revocar la sentencia, se modificara el numeral tercero para precisar que
Colpensiones no podía descontar, compensar, deducir ni cobrar suma alguna por
las diferencias entre la pensión que venía percibiendo con fundamento en el
Acuerdo 49 de 1990 y la que se liquidara conforme a las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, en atención a la buena fe con la que, según afirmó, había actuado.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
56. Mediante auto del 8 de junio de 2023 12 , se admitieron los recursos de
12 Índice 9.
12
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apelación presentados por las partes, se concedió el término de 10 días para
presentar alegatos de conclusión y se ordenó notificar personalmente al procurador
delegado ante esta corporación de acuerdo con el artículo 198 del CPACA, y a las
partes según el artículo 205 ibidem, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de
2021. El Ministerio Público no emitió concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
57. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
58. Aclarado lo anterior, de acuerdo con los argumentos expuestos por las partes
en los recursos de apelación que presentaron y los fundamentos que sustentaron la
decisión de primera instancia, la Sala de Subsección deberá resolver si:
59. ¿Operó la caducidad del medio de control respecto de los actos que
reconocieron y reliquidaron la pensión de vejez de la demandada?
60. ¿La demandada tenía derecho a que Colpensiones le reconociera la pensión
de vejez, pese a que su traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
al Régimen de Prima Media se efectuó cuando le faltaban menos de 10 años para
alcanzar la edad pensional, o, por el contrario, debía permanecer afiliada al RAIS y
correspondía a Protección S. A. estudiar el reconocimiento de la prestación?
61. ¿La sentencia de primera instancia vulneró el principio de congruencia al
declarar la nulidad de las resoluciones que reliquidaron la pensión de la señora
Diana Ilba Correa Correa, con fundamento en la pérdida del régimen de transición,
pese a que la controversia planteada por Colpensiones se encontraba dirigida a
cuestionar la validez del traslado de la afiliada del Régimen de Ahorro Individual al
Régimen de Prima Media?
62. ¿Hay lugar a ordenar a la demandada la devolución de las sumas pagadas
en virtud de los actos de reconocimiento y reliquidación pensional, por haber sido
expedidos, según Colpensiones, sin el cumplimiento de los requisitos legales, pese
a que la beneficiaria no autorizó su revocatoria directa?
63. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes
temas: (a) marco normativo del Sistema General de Pensiones —Régimen Solidario
de Prima Media con Prestación Definida y Régimen de Ahorro Individual—, (b)
multiafiliación a diferentes regímenes pensionales, l, (c) hechos probados
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relevantes y (d) caso concreto.
3.3. El Sistema General de Pensiones
64. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones cuyos objetivos
son garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la
vejez, invalidez o muerte, mediante el reconocimiento de una pensión y
prestaciones determinadas en la ley. También busca la ampliación progresiva de
cobertura a los segmentos de población no cubiertos con el Sistema. Ahora bien, el
Sistema General de Pensiones está compuesto, fundamentalmente, por el
«Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida» y el «Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad», a los cuales se referirá la Sala a continuación.
3.3.1. Régimen Solidario de Prima Media
65. Es aquel mediante el cual, los afiliados o sus beneficiarios obtienen una
pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización,
previamente definidas. Inicialmente, la administración de este Régimen se radicó en
cabeza del ISS, hoy COLPENSIONES, y de las cajas, fondos o entidades de
seguridad social del sector público que existían hasta entonces, aspecto que se
precisará más adelante.
66. El RPM ha sido desde siempre un sistema de reparto y el monto de las
pensiones ha estado ligado al salario del afiliado, y no al ahorro efectuado en su
vida laboral. Así, por ejemplo, la Ley 100 estableció en su artículo 33 —original—
que accedería a una pensión de vejez solo quien (1) cumpliera 60 años de edad (en
el caso de los hombres) y 55 (en el caso de las mujeres); y, (2) cotizara 1.000
semanas en cualquier tiempo. En lo referido al monto de la pensión, en el artículo
34 —original— de la misma Ley, se indicó que este correspondía, en principio, al
65% del ingreso base de liquidación (últimos 10 años de cotizaciones, o toda la vida
laboral si el afiliado había cotizado más de 1.250 semanas). Ahora, se admitió que
la tasa de reemplazo aumentara de conformidad con el mayor número de semanas
cotizadas, posteriores a las primeras 1.000, pero dicho porcentaje no podía ser, en
ningún caso, superior a 85%.
67. Las reglas antedichas cambiaron con la Ley 797 de 2003. Allí se dispuso,
primero, que, a partir del 1 de enero de 2014, la edad de pensión sería de 62 años
(para hombres) y 57 (para mujeres). También, que las semanas mínimas necesarias
para pensionarse irían en aumento paulatino desde 2005 hasta 2015, año en el que
se exigirían, desde ahí y en adelante, 1.300. En lo referido al monto de la prestación,
se indicó que correspondería al 65% del IBL, y que aquel porcentaje aumentaría de
acuerdo al número de semanas que hubiere cotizado la persona. La norma precisó
que el monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas
mínimas de cotización requeridas, sería el equivalente al 65% del ingreso base de
liquidación de los afiliados, porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula: r =
65.50 - 0.50 s, donde «r» =porcentaje del ingreso de liquidación, y «s» = número de
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salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3.3.2. Régimen de Ahorro Individual
68. En el RAIS: «las cotizaciones efectuadas por una persona no serán dirigidas
a un fondo común, sino a una cuenta de naturaleza individual que, junto con sus
rendimientos, servirá de sustento económico al momento de reconocer y pagar la
pensión a la que tenga derecho el afiliado».
69. A diferencia de lo que ocurre con el RPM, en el RAIS, además de las
cotizaciones obligatorias previstas en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, una
persona puede efectuar cotizaciones voluntarias con el único propósito de que el
monto de su mesada pensional crezca, o que la prestación se pague antes de los
62 o de los 57 años. Así lo establece el artículo 62 de dicha Ley, al señalar que
«[l]os afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad podrán cotizar,
periódica u ocasionalmente, valores superiores a los límites mínimos establecidos
como cotización obligatoria, con el fin de incrementar los saldos de sus cuentas
individuales de ahorro pensional, para optar por una pensión mayor o un retiro
anticipado».
70. Así las cosas, en el RAIS las personas podrán acceder a la pensión de vejez
a cualquier edad siempre que, como lo dispone el artículo 64 de la Ley 100 de 1993:
«el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una
pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la
fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. Para el
cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a
éste hubiere lugar».
71. Cuando los afiliados no logran reunir ese capital, tienen la opción de contar
con la garantía de pensión mínima si cumplen 62 o 57 años, dependiendo del sexo,
y cotizan un mínimo de 1.150 semanas. Si la persona no logra, finalmente,
pensionarse con ninguna de estas reglas, operará la devolución de saldos.
72. Ahora bien, en el RAIS, la pensión de vejez se puede pagar en una de tres
formas escogidas por el afiliado: (a) renta vitalicia inmediata, (b) retiro programado
o (c) retiro programado con renta vitalicia diferida. En cualquier caso, a diferencia
de lo que sucede en el RPM, el monto de la pensión en el RAIS depende
exclusivamente del ahorro acumulado. Por ejemplo, una persona puede tener un
monto elevado de ahorro y pensionarse a los 50 años con un salario mínimo. O
podría continuar cotizando voluntariamente a efectos de que su mesada aumente.
En este régimen, entonces, el valor de la mesada pensional no está directamente
ligado al promedio de los salarios percibidos en los últimos 10 años de vida laboral.
Y tampoco existe el concepto tasa de reemplazo.
73. La administración de este Régimen se encargó a las administradoras de
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Fondos de Pensiones y de cesantías (AFP), las cuales son entidades o sociedades
de servicios financieros, que se encuentran vigiladas por la Superintendencia
Financiera, creadas con el único fin de administrar fondos de pensiones obligatorias,
fondos de cesantías y fondos de pensiones voluntarias, es decir, su función
exclusiva y fundamental es la administración y manejo de fondos y planes de
pensiones del Régimen de Ahorro Individual con solidaridad y de fondo de
cesantías.
3.3.3. Multiafiliación a diferentes regímenes pensionales
74. La Ley 100 de 199313, ante la coexistencia de dos regímenes pensionales,
estableció de manera expresa su incompatibilidad, así:
Artículo 16. Incompatibilidad de regímenes. Ninguna persona podrá distribuir las
cotizaciones obligatorias entre los dos Regímenes del Sistema General de Pensiones.
Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad de los
afiliados para contratar o ser partícipes en planes de pensiones complementarios
dentro o fuera del Sistema General de Pensiones. […].
75. Esto implica que nadie puede estar afiliado y cotizando, de manera
simultánea, en ambos, pues ello está prohibido por la propia normatividad. El
Decreto 692 de 1994, en su artículo 17 (compilado en el Decreto único
Reglamentario 1833 de 2016), reiteró con contundencia lo ya dispuesto por la Ley
100 de 1993: «Está prohibida la múltiple vinculación (…)».
76. Como bien lo reseñó la Corte Constitucional en la sentencia SU-107 de 2024:
el hecho es que una vez expedida la Ley 100 de 1993, y debido a diversos
problemas administrativos, varias personas se trasladaron del RPM al RAIS sin
contar con los requisitos legales mínimos exigidos para ello. Recuérdese que,
inicialmente, el artículo 13, en su literal e, señaló que luego de seleccionar por
primera vez un régimen, la persona solo podría trasladarse al otro luego de que
hubieren trascurrido 3 años. Regla que fue modificada a partir de la Ley 797 de 2003
que, en su artículo 2, dispuso que el tiempo mínimo de permanencia sería de 5 años
(y no de 3), y que una persona no podría trasladarse si le hacían falta 10 años o
menos para adquirir la edad de pensión. Las administradoras de pensiones debían
conocer todas estas reglas y, por tanto, evitar el traslado de una persona que no
cumpliera con ellas. Precisamente, el artículo 12 del Decreto 692 de 1994 ordenó a
estas administradoras comunicar al afiliado y a su empleador “cuándo la vinculación
no [cumple] los requisitos mínimos establecidos”. Sin embargo, por sus propias
fallas técnicas y, especialmente, por la falta de comunicación entre las
administradoras, algunas personas pasaban de un régimen a otro, por ejemplo, sin
cumplir los 3 años mínimos de permanencia, con lo cual quedaban en estado de
multi afiliación, multi vinculación o afiliación múltiple fenómeno que entonces surgió
de forma atípica contra legem.
77. La multiafiliación consiste entonces, en la afiliación simultánea de una
13 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
16
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persona a los dos regímenes pensionales que coexisten, el Régimen de Prima
Media con Prestación Definida14, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
administrado por las sociedades administradoras de fondos de pensiones creadas
por autorización de la Ley 100 de 199315.
78. Por lo precedente, ninguna persona puede efectuar cotizaciones obligatorias
a dos regímenes del Sistema General de Pensiones, ello pese a la libertad de
escogencia que les asiste a los trabajadores; pues si bien, tienen la posibilidad de
elegir libremente aquel que consideren más conveniente a sus intereses, deben
optar por uno de los dos regímenes legales.
79. Con el objeto de solucionar estos inconvenientes, el artículo 17 del Decreto
692 de 1994 dispuso que, si la múltiple afiliación tenía lugar, sería válida solo «la
última afiliación efectuada dentro de los términos legales». Es decir, todas las
demás afiliaciones, realizadas sin el cumplimiento de los requisitos exigidos, eran
inválidas:
Artículo 17. Múltiples vinculaciones. Está prohibida la múltiple vinculación. El afiliado
sólo podrá trasladarse en los términos de que trata el artículo anterior, sin embargo,
cuando el afiliado cambie de régimen o de administradora antes de los términos
previstos, será válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales.
Las demás vinculaciones no son válidas y se procederá a transferir a la
administradora cuya afiliación es válida, la totalidad de saldos, en la forma y plazos
previstos por la Superintendencia Bancaria.
80. El Decreto 3800 de 2003, en su artículo 2, permitió a las personas que para
el 28 de enero de 2004 se encontraban multi vinculadas, elegir voluntariamente el
régimen al que querían pertenecer. En caso de que estas personas no tomaran una
decisión, se entenderían «vinculadas a la entidad a la que se [encontraban]
cotizando a 28 de enero de 2004 o a aquella que recibió la última cotización antes
de dicha fecha»16. Como se advierte, en este Decreto se les permitió a las personas
decidir voluntariamente entre los dos regímenes existentes, antes de optar por
asignarlos a uno determinado en razón de las cotizaciones que hubieren hecho.
81. Finalmente, el Decreto 3995 de 200817 proferido por el Gobierno nacional con
la intención de dar una solución definitiva a los casos de múltiple afiliación a los
regímenes de pensiones y resolver los casos de manera masiva y con privilegio de
la voluntad de los cotizantes; creó unos parámetros y fijó un ámbito de aplicación
14 Ley 100 de 1993, artículo 52. «El régimen solidario de prima media con prestación definida será administrado
por el Instituto de Seguros Sociales. // Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector
público o privado, administrarán este régimen respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan,
sin perjuicio de que aquéllos se acojan a cualesquiera de los regímenes pensionales previstos en esta Ley.
[…]».
15 Ley 100 de 1993, artículo 90. «Los fondos de pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
serán administrados por las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, cuya creación se autoriza
[…]».
16
Decreto 3800 de 2003, Artículo 2.
17 Por el cual se reglamentan los artículos 12, 13 y 16 de la Ley 100 de 1993.
17
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temporal a dicha norma18:
Artículo 1. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente
decreto se aplican a los afiliados al Sistema General de Pensiones que al 31 de
diciembre de 2007, se encuentren incursos en situación de múltiple vinculación entre
el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el de Ahorro Individual con
Solidaridad y señala algunas normas de traslados de afiliados, recursos e
información.
A las personas que, después de un año de entrada en vigencia la Ley 797 de 2003,
se trasladaron al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM)
faltándoles 10 años o menos para tener la edad exigida para tener derecho a la
pensión en este régimen, se les aplicará lo que establecen los artículos 7°, 8° y 12
del presente decreto.
Parágrafo. Se excluyen de la aplicación del presente decreto:
1. Las personas cuya situación de múltiple vinculación haya sido decidida conforme
a las normas vigentes antes de la entrada en vigencia del presente decreto.
2. Las personas a quienes a la entrada en vigencia del presente decreto se les haya
reconocido una pensión del Sistema General de Pensiones, o quienes tengan los
requisitos de pensión cumplidos en alguno de los dos regímenes.
3. Los afiliados que desempeñen actividades de alto riesgo de acuerdo con el
artículo 9 del Decreto-ley 2090 de 2003.
82. También es importante precisar la diferencia entre traslado y multiafiliación.
Los dos fenómenos se presentan a raíz de la implementación del nuevo Sistema de
Seguridad Social en Pensiones adoptado con la Ley 100 de 1993, que entró en vigor
el 1 de abril de 1994, —para el orden nacional— y el 30 de junio de 1995 —para el
orden territorial—, con el cual se crearon dos regímenes pensionales excluyentes
entre sí, como ya se explicó: (1) el de Prima Media con Prestación Definida
administrado por el Instituto de Seguros Sociales y, (2) el de Ahorro Individual con
Solidaridad a cargo de los fondos privados.
83. La ley no define exactamente el traslado de régimen, sin embargo, es la
misma Ley 100, entre otros, en su artículo 13, la que autorizó el denominado
traslado, que consiste básicamente en la posibilidad de pasarse de un régimen a
otro, es decir, que una vez hecha la selección inicial, el afiliado puede cambiarse
del RPM al RAIS o viceversa, lo que trae como consecuencia general que el afiliado
acepta y se somete a las condiciones propias del último régimen al que se afilia
válidamente para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes y
demás prestaciones económicas a las que haya lugar. Además, para los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100, implica que pierden dichos
18 En los considerandos del mismo se señaló que “los procesos de cruce de información (…), así como los
controles para la prevención en el futuro de la múltiple vinculación, solamente pudieron realizarse y finalizarse
con base en procesos tecnológicos de manera adecuada durante los años 2006 y 2007, lo que impidió que las
administradoras pudieran cumplir oportunamente con su obligación de informar a sus afiliados o cotizantes su
situación de múltiple vinculación o de cotizante no vinculado. Dicha situación generó, a su turno, que durante el
periodo transcurrido entre la entrada de vigencia del Sistema General de Seguridad Social de Pensiones y el
31 de diciembre de 2007, surgieran numerosos casos de personas con vinculaciones y/o cotizaciones
simultaneas a los dos regímenes pensionales (…)”.
18
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beneficios, de acuerdo con lo reglado por los incisos 4 y 5 del artículo 36.
84. Ahora, para que el traslado de régimen se materialice, de acuerdo con la
misma ley 100 y sus decretos reglamentarios, se requiere que se cumplan una serie
de requisitos, el primero de ellos, que se haga dentro de los términos otorgados por
la ley, pues se estableció inicialmente que el afiliado, después de la selección inicial,
solo se podía trasladar después de 3 años, limitación que fue ampliada
posteriormente por la Ley 797 de 2003 a 5 años, y adicionalmente se prohibió el
traslado a quienes les faltara menos de 10 años para pensionarse, quedando
reglado el término para hacer el traslado, de la siguiente manera:
Artículo 13. Características del sistema general de pensiones. El Sistema General
de Pensiones tendrá las siguientes características:
(…)
e. Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 2003: Los afiliados al Sistema
General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una
vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una
sola vez cada 5 años, contados a partir de la selección inicial. Después de 1 año de
la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le
faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de
vejez.
85. Por su parte, el Decreto 692 del 29 de marzo de 1994 –que reglamentó
inicialmente la Ley 100–, dispuso, entre otros aspectos, los términos y condiciones
para efectuar la afiliación inicial –incluyendo la de los que ya venían afiliados al
Instituto de Seguros Sociales– y para hacer los traslados, imponiendo, entre otras
obligaciones, al afiliado la de informar a su empleador el hecho a fin de que este
siguiera haciendo las cotizaciones al nuevo fondo y, a su vez, a la nueva
administradora el deber de hacer las gestiones necesarias para que el anterior fondo
le trasladara los aportes de su nuevo afiliado y/o le expidiera el bono pensional,
según el caso.
86. Así se desprende de lo establecido, entre otros, en los artículos 11, 15 y 16,
los cuales señalan:
Artículo 11: Diligenciamiento de la selección y vinculación.
(…)
Cuando el afiliado se traslade por primera vez del régimen solidario de prima media
con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad en el
formulario deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen
seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones. El
formulario puede contener la leyenda preimpresa en este sentido.
(…).
Articulo 15. Traslado de régimen pensional. Una vez efectuada la selección de uno
de cualquiera de los regímenes pensionales, mediante el diligenciamiento del
formulario, los afiliados no podrán trasladarse de régimen, antes de que hayan
transcurrido tres años contados desde la fecha de la selección anterior.
19
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00727-01 (0272-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Diana Ilba Correa Correa
Para el traslado del régimen solidario de prima media al régimen de ahorro individual
con solidaridad y de éste al de prima media, se aplicará lo siguiente:
a) Si el traslado se produce del régimen de prima media con prestación definida al
de ahorro individual con solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos
pensionales. La expedición de los bonos se regirá por lo dispuesto en el artículo 18
del presente Decreto y la reglamentación que al efecto se expida en uso de las
facultades extraordinarias de que trata el numeral 5 del artículo 139 de la Ley 100
de 1993.
b) Si el traslado se produce del régimen de ahorro individual con solidaridad al
régimen de prima media con prestación definida, se le acreditarán en este último el
número de semanas cotizadas en el primero y se transferirá el saldo de la cuenta
individual, incluidos los rendimientos y el bono pensional cuando sea del caso. Las
cotizaciones voluntarias cuyo retiro no se le haya efectuado al momento del traslado,
se devolverán al afiliado, previa solicitud efectuada seis (6) meses antes del
traslado.
Articulo 16. Cambio de administradora de fondos de pensiones. Quienes
seleccionen el régimen de ahorro individual con solidaridad, o se trasladen a éste,
deberán vincularse a la AFP o la AFPC que prefieran. Seleccionada la
administradora, sólo se podrá trasladar a otra AFP o AFPC cuando hayan
transcurrido por lo menos seis meses, contados desde la selección anterior, previa
solicitud presentada por el interesado con no menos de 30 días calendario de
anticipación a la nueva entidad administradora. Dicha solicitud se entenderá
cumplida con el diligenciamiento del formulario de traslado o vinculación, copia de
la cual deberá ser entregada por el afiliado al empleador.
Iguales términos se aplicarán a la transferencia del valor de la cuenta individual de
ahorro pensional a otro plano de capitalización o de pensiones.
La AFP o la AFPC a la cual se encontraba afiliado con anterioridad, en la forma que
establezca la Superintendencia Bancaria, fecha a partir de la cual, y dentro de los
30 días siguientes, se deberá trasladar los saldos respectivos de la cuenta individual.
87. En resumen, de acuerdo con las normas transcritas, puede decirse que el
traslado de régimen se configura cuando: (a) se suscribe el formulario dentro de los
términos legales permitidos —de 3 años si es en vigencia de la Ley 100 original o
de 5 años si es posterior a la reforma de la Ley 797 de 2003—, (b) el afiliado informa
la novedad a su empleador —lo que implica que de ahí en adelante se compromete
a hacer los aportes a la nueva administradora— y (c) se hace la transferencia de los
aportes o cotizaciones de la anterior administradora de pensiones a la nueva.
3.3.4. Régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
88. En su artículo 36, la Ley 100 de 1993 estableció un régimen de transición
como una medida especial para garantizar que ciertos afiliados al Sistema de
pensiones pudieran conservar las condiciones bajo las cuales venían cotizando
antes de la entrada en vigor de esa Ley. En estos términos quedó dispuesto:
Artículo 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez.
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es
decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
20
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00727-01 (0272-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Diana Ilba Correa Correa
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son
mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios
cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.
Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la
pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…].
89. Bajo ese contexto legal, para ser beneficiario de este régimen de transición,
el afiliado debe cumplir con uno de los siguientes requisitos a la fecha de entrada
en vigor de la Ley 100 de 199319:
→ Tener 35 años de edad si era mujer, o 40 años si era hombre.
→ Haber cotizado 15 años de servicio al sistema de pensiones.
90. El cumplimiento de uno de estos dos requisitos permite que el trabajador se
pensione bajo la normatividad anterior a la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, para
determinar si una persona es beneficiaria del régimen de transición, es
necesario verificar el cumplimiento de estas condiciones, garantizando así la
correcta aplicación de esta prerrogativa legal.
3.3.4.1. Contenido y alcance del Acto Legislativo 01 de 2005. Reiteración
jurisprudencial
91. Ahora bien, en virtud de la reforma constitucional introducida por el Acto
Legislativo 01 de 2005 20 al artículo 48 Superior, la aplicación del régimen de
transición no es indefinida. En efecto, en el parágrafo transitorio 4, el Congreso de
la República fijó un límite temporal en el anterior precepto así:
[E]l régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010;
excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada
en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho
régimen hasta el año 2014.
Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen
serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen.
92. De esta manera, el Acto Legislativo 01 de 2005 establece que la vigencia de
los regímenes pensionales especiales y de los exceptuados, así como cualquier otro
distinto al régimen contenido en la Ley 100 de 1993, expiraría el 31 de julio de 2010,
excepto para los trabajadores que estando en aquellos, además, tuvieran cotizadas
al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigor
del referido acto legislativo —25 de julio de 2005—, a quienes se les mantendría la
19 El 1 de abril de 1994 para los empleados del nivel nacional, o el 30 de junio de 1995 para los empleados del
nivel territorial.
20 «Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política».
21
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00727-01 (0272-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Diana Ilba Correa Correa
aplicación de las normas especiales hasta el año 2014, porque con posterioridad
sus pensiones serían reconocidas conforme a los requisitos del régimen general de
pensiones establecido en la Ley 100 de 1993.
93. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Sección de manera uniforme y
reiterada21 ha concluido que una persona puede acceder a su derecho prestacional
bajo el régimen de transición al cual se encontraba afiliado, si logra demostrar los
siguientes supuestos fácticos: (a) que al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía 35 o más años para mujeres, 40 o más años
para hombres; o (b) que independientemente de la edad, realizó cotizaciones por
más de 15 años; (c) que a la fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de
2005, contara al menos con las 750 semanas de cotización para conservar el
régimen de transición hasta el año 201422; y (d) que para el 31 de diciembre de 2014
—fecha de finalización del régimen de transición de la Ley 100 de 1993—, consolide
su estatus pensional, con la edad y el tiempo de servicio exigido en el respectivo
régimen especial.
94. Por otro lado, respecto al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de las
personas beneficiarias del aludido régimen de transición, en virtud del inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo de esta corporación profirió sentencia de unificación el 28 de agosto
de 201823, en la que se fijaron las siguientes reglas:
Sentar como jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la interpretación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el régimen de transición pensional,
lo siguiente:
1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.
21 Sobre el particular, se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias de las subsecciones A y B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado: (i) fallo del 4 de febrero del 2021, exp. 2015-00445-01/2448-2018,
(ii) fallo del 13 de mayo de 2021, exp. 2016-00596-01/6482-2019, (iii) fallo del 11 de noviembre de 2021, exp.
2014-00140-01/2741-2017, y (iv) fallo del 13 de abril de 2023, exp. 2017-01340-01/1024-2021.
22 Al respecto, se pueden consultar sentencias C-258 de 2013 y SU-210 de 2017 de la Corte Constitucional.
23 Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013), M. P. César Palomino Cortés.
22
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Demandado: Diana Ilba Correa Correa
3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de
los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre
los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.
95. En razón a lo anterior, las personas beneficiarias del régimen de transición
establecido por la Ley 100 de 1993 tienen salvaguardados elementos del régimen
anterior; no obstante, el ingreso base de liquidación de la pensión es el indicado en
la Ley 100, que permite optar por (a) el promedio de lo cotizado durante el tiempo
que le hiciere falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 y la adquisición del estatus
pensional, si fuere inferior a 10 años; (b) el promedio de lo aportado durante todo el
tiempo, si el monto es superior, actualizado anualmente con el índice de precios al
consumidor (IPC); o (c) el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años,
conforme al artículo 21 ibidem.
3.4. Hechos probados
96. En el expediente obran las pruebas relevantes que se relacionan a
continuación
97. La señora Diana Ilba Correa Correa nació el 16 de marzo de 1958, tal y como
da cuenta su cédula de ciudadanía. Para el momento de la expedición de la
Resolución VPB 14674 del 3 de septiembre de 2014 —acto de reconocimiento
pensional—, contaba con 56 años de edad24.
98. Se aportó certificado de información laboral del 8 de febrero de 201325, según
el cual la señora Diana Ilba Correa Correa prestó sus servicios en el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi [no se indica fecha de retiro]. Según dicho documento,
la demandada realizó las siguientes cotizaciones:
Desde Hasta Entidad donde se realizaron los aportes
18/09/1989 30/03/1996 Cajanal
01/04/1996 31/10/2003 Santander
01/11/2006 30/09/2012 ISS
01/10/2012 ---------------- Colpensiones
Tabla 1. Contenido certificación laboral.
99. A través de la Resolución 1185 del 9 de septiembre de 2016, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi aceptó la renuncia de la señora Diana Ilba Correa
Correa, a partir del 1 de enero de 201726.
24 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«4_250002342000202000727001EXPEDIENTEDIGI202124185548», imagen 119.
25 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«4_250002342000202000727001EXPEDIENTEDIGI202124185548», imagen 126.
26 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«4_250002342000202000727001EXPEDIENTEDIGI202124185548», imagen 199.
23
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00727-01 (0272-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Diana Ilba Correa Correa
100. De acuerdo con las certificaciones laborales aportadas al proceso y la
información consignada en la Resolución GNR 381046 del 15 de diciembre de
201627, expedido por Colpensiones para la reliquidación pensional, la demandada
contaba con las siguientes semanas cotizadas al 30 de noviembre de 2016, en los
siguientes términos:
ENTIDAD EN LA QUE LABORÓ DESDE HASTA NOVEDAD DÍAS
1 CORVEICA 19790813 19800630 TIEMPO SERVICIO 323
1 CORVEICA 19800701 19800831 TIEMPO SERVICIO 62
1 CORVEICA 19800901 19820831 TIEMPO SERVICIO 730
1 CORVEICA 19820901 19830331 TIEMPO SERVICIO 212
1 CORVEICA 19830401 19840130 TIEMPO SERVICIO 305
HOGAR INFANTIL EL CORTIJO 19871109 19880229 TIEMPO SERVICIO 113
HOGAR INFANTIL EL CORTIJO 19880301 19881231 TIEMPO SERVICIO 306
HOGAR INFANTIL EL CORTIJO 19890101 19890331 TIEMPO SERVICIO 90
HOGAR INFANTIL EL CORTIJO 19890401 19890930 TIEMPO SERVICIO 183
CODAZZI 19890918 19940630 TIEMPO SERVICIO 1723
INST.GEOGRAF.AGUSTIN CODAZZ 19940701 19940731 TIEMPO SERVICIO 31
INST.GEOGRAF.AGUSTIN CODAZZ 19940801 19940831 TIEMPO SERVICIO 31
INST.GEOGRAF.AGUSTIN CODAZZ 19940901 19940930 TIEMPO SERVICIO 30
INST.GEOGRAF.AGUSTIN CODAZZ 19941001 19941031 TIEMPO SERVICIO 31
INST.GEOGRAF.AGUSTIN CODAZZ 19941101 19941130 TIEMPO SERVICIO 30
CODAZZI 19950701 19960322 TIEMPO SERVICIO 262
CODAZZI 19960401 19990723 TIEMPO SERVICIO 1193
CODAZZI 19991001 20130329 TIEMPO SERVICIO 4859
CODAZZI 20130401 20160129 TIEMPO SERVICIO 1019
CODAZZI 20160201 20161130 TIEMPO SERVICIO 300
CODAZZI 29 DIAS INTERRUPCION 29
Tabla 2. Cotizaciones según acto de reliquidación pensional.
101. De los considerandos de la Resolución VPB 14674 del 3 de septiembre de
2014,28 se extrae que mediante la Resolución 226895 del 3 de septiembre de 2013,
Colpensiones negó a la señora Diana Ilba Correa Correa el reconocimiento de la
pensión de vejez. Contra esta decisión, la interesada interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación, en los que solicitó que, para efectos del
reconocimiento pensional, se contabilizaran las semanas cotizadas al Fondo de
Pensiones Protección entre marzo de 1996 y octubre de 2006. A través de la
Resolución 124870 del 11 de abril de 2014, Colpensiones resolvió el recurso de
reposición y confirmó íntegramente la decisión inicial. No obstante, el 6 de mayo de
2014, la interesada presentó una nueva solicitud de reconocimiento pensional.
102. Colpensiones, en la Resolución VPB 14674 del 3 de septiembre de 2014,
resolvió el recurso de apelación pendiente de resolución y la nueva solicitud de
27 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«4_250002342000202000727001EXPEDIENTEDIGI202124185548», imagen 202.
28 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«4_250002342000202000727001EXPEDIENTEDIGI202124185548», imagen 474.
24
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00727-01 (0272-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Diana Ilba Correa Correa
reconocimiento del 6 de mayo de 2014. En dicho acto se indicó que la señora Diana
Ilba Correa Correa acreditó tiempos de servicio en Corveica, entre el 13 de agosto
de 1979 y el 30 de enero de 1984; en el Hogar Infantil El Cortijo, del 9 de noviembre
de 1987 al 30 de septiembre de 1989; y en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
del 18 de septiembre de 1989 al 31 de julio de 2014, para un total de 11.198 días,
equivalentes a 1.599 semanas. En virtud de lo anterior, la pensión fue reconocida
conforme a la Ley 797 de 2003, con un IBL de $798.159 y una tasa de reemplazo
del 73,62 %.
103. Asimismo, se precisó lo relativo al traslado de la demandada en los siguientes
términos: «una vez verificados los sistemas de información se logró evidenciar que
la señora CORREA CORREA DIANA ILBA presentó un traslado del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida para el 01 de abril de 1996 a SANTANDER
AFP hoy PROTECCIÓN AFP; devolviéndose a Colpensiones para el 01 de julio de
2006».
104. Posteriormente, con ocasión de la renuncia de la demandada al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, Colpensiones, mediante la Resolución GNR 381046
del 15 de diciembre de 201629, dispuso el pago de la pensión de vejez a partir del 1
de enero de 2017. En el mismo acto, reliquidó la prestación con fundamento en el
régimen previsto en el Decreto 758 de 1990, en aplicación del régimen de transición,
con una tasa de reemplazo del 90 % sobre el IBL, para una mesada mensual de
$1.121.437. Para ello tuvo en cuenta un total de 1.684 semanas.
105. Luego, Colpensiones expidió la Resolución SUB 109650 [2017_5816928] del
28 de junio de 201730, por medio de la cual fijó nuevamente el monto de la pensión
de vejez de la señora Correa Correa en $1.188.993, con efectos a partir del 1.º de
enero de 2017. Para determinar esa cuantía aplicó el régimen previsto en el Decreto
758 de 1990 y contabilizó 11.844 días de cotización, equivalentes a 1.692 semanas,
sobre los cuales reconoció una tasa de reemplazo del 90 %.
106. Mediante constancia del 27 de junio de 2013 31 , la vicepresidencia de
operaciones y servicios de Protección S.A. certificó el periodo durante el cual la
demandada estuvo afiliada a ese fondo, la fecha de su traslado a Colpensiones y la
remisión a esta última de los aportes correspondientes:
Para dar trámite a su requerimiento, mediante el cual nos solicita información
relacionada con los aportes pagados a la entidad de traslado, nos permitimos
informar lo siguiente:
29 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«4_250002342000202000727001EXPEDIENTEDIGI202124185548», imagen 202
30 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«4_250002342000202000727001EXPEDIENTEDIGI202124185548», imagen 498
31 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«4_250002342000202000727001EXPEDIENTEDIGI202124185548», imagen 178
25
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00727-01 (0272-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Diana Ilba Correa Correa
De acuerdo con nuestra base de datos usted presentó afiliación en
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN
S.A desde el 28 de Marzo de 1996 hasta el 10 de Mayo de 2006, fecha en la cual
firmó solicitud de traslado de salida a ADMIN. COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES
Durante su permanencia en el Fondo de Pensión Obligatoria, presentó un total de
543.29 semanas acreditadas y se recibieron en su nombre aportes al Sistema
General de Pensiones, los cuales fueron trasladados a la entidad en mención,
relacionamos a continuación la información de su pago:
Fecha de Pago Fondo seleccionado Valor Pagado
2013-04-15 CONSERVADOR $25.220.709
2013-04-15 MODERADO $7.287.642
Total Pagado
$32.508.351
Tabla 3. Contenido extraído de la certificación.
107. Al proceso fue allegada certificación del 23 de mayo de 202232, a través de
la cual la Dirección de Afiliaciones de Colpensiones acreditó que la señora Diana
Ilba Correa Correa se encuentra afiliada al Régimen de Prima media con Prestación
Definida administrado por esa entidad, desde el 2 de julio de 2006.
108. Asimismo, se aportó oficio BZ. 2022_6305910-2022_6648803 del 23 de
mayo de 2022 33 , en el que indicó que la señora Diana Ilba Correa Correa se
encontraba afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida y allegó
una imagen respecto del estado novedad de la pensión, según el histórico de
traslado, así:
Nombre entidad
Novedad Entidad Fecha
definitiva
Traslado Aprobado del Iss a un Fondo mar. 28 de
8 SANTANDER
de Pensión 1996
Traslado Aprobado de un Fondo de COLPENSIONES -
23 jul. 01 de 2006
Pensión al Iss Antes ISS
COLPENSIONES -
Anulación Traslado Ingreso o Egreso 23 jul. 02 de 2006
Antes ISS
Tabla 4. Contenido extraído de la certificación.
Efectivamente el traslado hacia Colpensiones con fecha de efectividad 01 de Julio
de 2006 no es procedente, teniendo en cuenta que la señora DIANA ILVIA CORREA
CORREA al momento de realizar solicitud de retorno al RPM, presentaba error en
la fecha de nacimiento en la base de datos de Sistema de Información de
Administradoras de Fondos de Pensiones – SIAFP, con fecha 17 de Marzo de 1959,
32 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«243_250002342000202000727001RECIBEMEMORIALRESPREQJ20220526092052 (1)».
33 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«244_250002342000202000727002RECIBEMEMORIALRESPREQJ20220526092054».
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siendo correcta 16 de marzo de 1958, la cual se encuentra actualizada a la fecha
(Sic para la cita).
109. Por escrito del 15 de abril de 201334, la Dirección de Pensión Obligatoria de
Protección S.A. indicó que el pago de los aportes acreditados a la cuenta de ahorro
individual de la señora Diana Ilba Correa Correa se efectuó «el día de hoy», por el
valor de $32.508.351.
110. En estos mismos términos, mediante certificación del 13 de diciembre de
2013 35 , Protección S. A. informó que el 22 de noviembre de ese año remitió a
Colpensiones la información correspondiente a la historia laboral de la señora Diana
Ilba Correa Correa, registrada en la base de datos de afiliados al Régimen de Ahorro
Individual.
111. Por otro lado, obra oficio del 26 de enero de 200736, expedido por el jefe del
departamento nacional de afiliación y registro del Instituto de Seguros Sociales, en
el que se comunica a la señora Diana Ilba Correa Correa sobre la efectividad del
traslado a dicha entidad, a partir del mes de julio de 2006.
112. Se allegó el reporte de semanas cotizadas en pensiones 37 expedido por
Colpensiones, actualizado al 21 de julio de 2020, correspondiente a la señora Diana
Ilba Correa Correa. En este documento se registraron los aportes efectuados entre
el 13 de agosto de 1979 y el 31 de diciembre de 2013, equivalentes a un total de
1.448,71 semanas.
113. En dicho reporte obra un acápite denominado «detalle de pago efectuados
partir de 1995»; en él se registran los aportes efectuados por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi a favor de la señora Diana Ilba Correa Correa entre julio de 1995
y diciembre de 2016. En particular, respecto de los ciclos comprendidos entre julio
de 1995 «199507», cuyo pago se efectuó el 1 de agosto de 1995, y octubre de 2006
«200610», pagado el 3 de noviembre de 2006, se consignó de manera uniforme la
observación «[p]ago recibido del Régimen de Ahorro Individual por traslado». A
partir del ciclo de noviembre de 2006 «200611», pagado el 5 de diciembre de 2006,
y hasta diciembre de 2016 «201612», cuyo pago se registró el 2 de enero de 2017,
la anotación cambió a «[p]ago aplicado al periodo declarado».
34 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«194_250002342000202000727004RECIBEMEMORIAL20210326174218».
35 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«4_250002342000202000727001EXPEDIENTEDIGI202124185548», imagen 196.
36 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«195_250002342000202000727005RECIBEMEMORIAL20210326174219».
37 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«4_250002342000202000727001EXPEDIENTEDIGI202124185548», imagen 55.
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114. Mediante auto APSUB 553 [2019_14028470] del 13 de marzo de 202038,
Colpensiones verificó en el SIAFP la situación de afiliación de la señora Diana Ilba
Correa Correa. Encontró que el traslado del ISS a Santander AFP fue aprobado el
28 de marzo de 1996 y que, posteriormente, el 10 de mayo de 2006, la afiliada
solicitó retornar al Régimen de Prima Media. Este último traslado fue registrado con
efectos a partir del 1 de julio de 2006 y aparece anulado desde el 2 de julio de 2006.
115. En el referido auto, Colpensiones advirtió que para el 1 de abril de 1994 la
señora Correa Correa no acreditaba 750 semanas de cotización y que cuando
solicitó su retorno al Régimen de Prima Media le faltaban menos de 10 años para
cumplir la edad pensional, pues formuló la petición el 10 de mayo de 2006 y alcanzó
los 57 años el 16 de marzo de 2015. Asimismo, indicó que al validar internamente
el traslado efectuado en 2006, Colpensiones estableció que este no resultaba
procedente, debido a una inconsistencia en la fecha de nacimiento registrada en el
SIAFP. Precisó, además, que una vez corregida dicha información, la señora Correa
Correa continuaba reportando una afiliación activa al Régimen de Ahorro Individual.
116. Con fundamento en lo anterior, Colpensiones consideró que no era la
administradora competente para reconocer ni reliquidar la pensión de vejez de la
señora Correa Correa y que dicha obligación correspondía al fondo privado al cual
permanecía afiliada. En consecuencia, requirió a la señora su autorización para
revocar las Resoluciones VPB 14674 del 3 de septiembre de 2014, GNR 381046
del 15 de diciembre de 2016 y SUB 109650 del 28 de junio de 2017.
117. Como la señora Correa Correa no otorgó su consentimiento para la
revocatoria directa de los anteriores actos, mediante Resolución SUB 138149
[2020_5751338] del 30 de junio de 202039, Colpensiones remitió las actuaciones a
su Dirección de Procesos Judiciales para promover la correspondiente acción
judicial.
3.5. Caso concreto
118. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), al no obtener
autorización para revocar los actos administrativos que reconocieron y reliquidaron
la pensión de vejez de la señora Diana Ilba Correa Correa, acudió a la jurisdicción
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con la
pretensión de nulidad de las resoluciones VPB 14674 del 3 de septiembre de 2014,
GNR 381046 del 15 de diciembre de 2016 y SUB 109650 del 28 de junio de 2017.
119. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró la nulidad de las
resoluciones que reliquidaron la pensión de Diana Ilba Correa Correa con
38 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«4_250002342000202000727001EXPEDIENTEDIGI202124185548», imagen 102.
39 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», carpeta «EXPDIG», archivo
«4_250002342000202000727001EXPEDIENTEDIGI202124185548», imagen 106.
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fundamento en el Decreto 758 de 1990 y una tasa del 90 %, al concluir que perdió
el régimen de transición cuando se trasladó voluntariamente al RAIS sin acreditar
15 años de servicios al 1.º de abril de 1994. No obstante, mantuvo la validez del
traslado de regreso al Régimen de Prima Media, pese a haberse efectuado cuando
faltaban menos de 10 años para cumplir la edad de pensión, porque fue autorizado
por el ISS y consolidado mediante la recepción prolongada de cotizaciones y
recursos, sin prueba de mala fe. En consecuencia, conservó el reconocimiento
pensional efectuado bajo las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, ordenó reliquidar la
prestación con base en 1.692 semanas cotizadas y una tasa máxima del 80 %, y
negó la devolución de las sumas pagadas en exceso.
120. Inconforme con la decisión, Colpensiones interpuso recurso de apelación en
el que insistió en que el traslado de la señora Diana Ilba Correa Correa del Régimen
de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media, efectuado el 1 de
julio de 2006, no era válido, pues para ese momento le faltaban menos de diez años
para cumplir la edad de pensión. En consecuencia, sostuvo que la entidad no era
competente para reconocer la prestación y que los actos demandados eran
contrarios a derecho, por lo que debían anularse. Agregó que mantener el pago de
una pensión reconocida sin el cumplimiento de los requisitos legales afectaba la
sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones y, por ello, solicitó
acceder a las pretensiones de la demanda.
121. A su turno, la demandada interpuso recurso de apelación parcial en el que
solicitó revocar los numerales primero y tercero de la sentencia y negar las
pretensiones de la demanda. Alegó que el Tribunal desconoció el principio de
congruencia al anular las resoluciones que reliquidaron la pensión con fundamento
en aspectos ajenos a la controversia planteada por Colpensiones, circunscrita a la
validez del traslado al Régimen de Prima Media. Sostuvo, además, que no se
acreditó la invalidez, ni la anulación de dicho traslado, por ello, defendió la
conservación del régimen de transición y reprochó que no se resolvieran las
excepciones de caducidad y prescripción. Subsidiariamente, pidió que no se
ordenara descontar o recuperar suma alguna, en atención a la buena fe con la que
afirmó haber actuado.
122. Ahora bien, con el objeto de resolver los recursos de apelación se estudiarán
en primer lugar lo relativo a la caducidad del medio de control alegada por la parte
demandada.
3.5.1. Caducidad del medio de control
123. Advierte la Sala que en el recurso de apelación la parte demandada adujo la
caducidad y prescripción, en los siguientes términos:
De acuerdo a lo anterior, como el acto administrativo que reconoció la pensión de
vejez a la señora DIANA ILBA CORREA CORREA, se hizo el 3 de septiembre de
2014, mediante resolución VPB 14674 del 3 de septiembre de 2014, incluso los
actos administrativo que fueron declarados NULOS por el H. Tribunal “GNR 381046
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del 15 de diciembre de 2016 y SUB 109650 del 28 de junio de 2017” se encuentran
prescritos ya que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debió
presentarse dentro de los cuatro meses siguientes a su ejecutoria, como no se hizo
así, solicito al despacho declarar la excepción propuesta de CADUCCIDAD Y
PRESCRIPCCION.
124. Según la redacción expuesta en el párrafo precedente, se aclara que la
demandada alude indistintamente a la caducidad y a la prescripción. Sin embargo,
los argumentos formulados se refieren a aspectos de índole procesal relacionados
con la interposición oportuna del medio de control dentro de los cuatro meses
siguientes a la ejecutoria del acto. Por lo tanto, materialmente, el medio exceptivo
propuesto corresponde a la caducidad del medio de control y no a la prescripción
del derecho, razón por la cual se procederá a su estudio conforme a la figura
procesal que corresponde.
125. Precisado lo anterior, sobre el particular se recuerda, en primer lugar, que
dicho medio exceptivo fue planteado inicialmente en la contestación de la demanda,
pero respecto del acto de traslado del RAIS al Régimen de Prima Media —no de
reconocimiento—. Sin embargo, en la sentencia de primera instancia se señaló
sobre este aspecto que: «Y la decisión de aprobar y/o autorizar el traslado tampoco
fue demandada en este proceso, si se tiene en cuenta que las pretensiones se
limitan a la nulidad de las resoluciones que reconocieron y reliquidaron la pensión,
cuya nulidad ya fue analizada y no tiene el alcance que Colpensiones reclama de
cara a la validez del traslado». Es decir, el Tribunal no emitió pronunciamiento
alguno sobre este particular, sino que se limitó a recordar que las pretensiones de
nulidad recayeron exclusivamente sobre los actos administrativos demandados de
reconocimiento y reliquidación pensional, mas no el del traslado.
126. En segundo lugar, el argumento expuesto en la apelación concierne en la
caducidad del medio de control, pero en esta oportunidad, respecto del acto
administrativo demandado a través del cual reconoció la pensión. Ahora bien, sin
perjuicio que la etapa procesal para alegar dicho medio exceptivo era la
contestación de la demanda, lo cierto es que el acto respecto del cual aduce
caducado el medio de control, como se indicó en líneas anteriores, consiste en la
resolución a través de la cual se reconoció una pensión de vejez. Por lo tanto,
conviene recordar lo dispuesto en el artículo 164, numeral 1, literal C de la Ley 1437
de 2011, que expresamente sobre estos asuntos precisó:
ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda
deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
(…)
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe;
127. Por lo tanto, al tratarse de un acto administrativo que reconoce una prestación
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periódica, este podrá ser demandado en cualquier tiempo, de conformidad con la
norma en comento. Por las razones expuestas no habrá lugar a declarar dicho
medio exceptivo en la presente decisión.
128. Resuelto el primero de los problemas jurídicos se procederá al estudio de la
validez del traslado efectuado en el caso bajo estudio.
3.5.2. Sobre la validez del retorno al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida
129. Como se precisó en el marco de la presente decisión, la Ley 100 de 1993, en
su artículo 13, autorizó el denominado traslado, que consiste básicamente en la
posibilidad de pasarse de un régimen a otro, es decir, que una vez hecha la
selección inicial, el afiliado puede cambiarse del RPM al RAIS o viceversa, lo que
trae como consecuencia general que el afiliado acepta y se somete a las
condiciones propias del último régimen al que se afilia válidamente para acceder a
las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes y demás prestaciones
económicas a las que haya lugar. Además, conlleva para los beneficiarios del
régimen de transición, que pierden dichos beneficios, de acuerdo con lo reglado por
los incisos 4 y 5 del artículo 36.
130. Ahora, para que el traslado de régimen se materialice, de acuerdo con la
misma Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se requiere que se cumplan
una serie de requisitos. El primero de ellos, que se haga dentro de los términos
otorgados por la ley, pues se estableció inicialmente que el afiliado, después de la
selección inicial, solo se podía trasladar después de 3 años, limitación que fue
ampliada por la Ley 797 de 2003 a 5 años. Adicionalmente, se prohibió el traslado
a quienes les faltara menos de 10 años para pensionarse, quedando establecido el
término para hacer el traslado, de la siguiente manera:
Artículo 13. Características del sistema general de pensiones. El Sistema General
de Pensiones tendrá las siguientes características:
(…)
e. Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 2003: Los afiliados al Sistema
General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una
vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una
sola vez cada 5 años, contados a partir de la selección inicial. Después de 1 año de
la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le
faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de
vejez.
131. Ahora bien, tal y como lo ha precisado la Subsección 40 en este tipo de
asuntos, se advierte que la restricción prevista en el literal e) del artículo 13 de la
Ley 100 de 1993, relativa a la imposibilidad de trasladarse de régimen cuando al
afiliado le faltaren diez años o menos para cumplir la edad de pensión, no resultaba
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de mayo de 2024, rad. 13001-23-33-
000-2017-00871-01 (4416-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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aplicable a quienes conservaron el régimen de transición por acreditar quince años
o más de servicios a la entrada en vigor del sistema —1 de abril de 1994—. Así se
desprende de la interpretación efectuada por la Corte Constitucional en la sentencia
C-1024 de 2004, de acuerdo con la cual estos afiliados podían retornar al Régimen
de Prima Media con Prestación Definida en cualquier tiempo, siempre y cuando, se
itera, para las personas que habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o
más de servicios cotizados al momento de entrar en vigor del sistema de seguridad
social en pensiones.
132. A partir de los anteriores supuestos, la Sala advierte, con fundamento en los
antecedentes administrativos allegados al expediente, que la señora Diana Ilba
Correa Correa nació el 16 de marzo de 1958. Por consiguiente, de acuerdo con la
edad prevista en la Ley 100 de 1993, cumplió los 55 años el 16 de marzo de 2013.
En ese contexto, y conforme con la restricción prevista en el literal e) del artículo 13
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, en
principio, el traslado del RAIS al RPM solo podía efectuarse hasta el 16 de marzo
de 2003, esto es, antes de que le faltaran diez años para alcanzar la edad pensional.
No obstante, las pruebas obrantes en el expediente dan cuenta de que el traslado
se solicitó el 10 de mayo de 2006 y se hizo efectivo el 1 de julio de 2006, por lo que,
inicialmente no se cumpliría uno de los requisitos para la validez de este.
133. En segundo lugar, respecto de la excepción explicada en los párrafos
precedentes, —esto es, la posibilidad de trasladarse de régimen aun cuando al
afiliado le faltaran menos de diez años para cumplir la edad pensional—, resulta
aplicable a quienes conservaron el régimen de transición por acreditar quince años
o más de servicios a la entrada en vigor del sistema. En el caso concreto, de acuerdo
con las certificaciones y los actos administrativos allegados al expediente, para el 1
de abril de 1994 la demandada contaba con aproximadamente 566 semanas
cotizadas —a partir del reporte contenido en la tabla 2—, por lo que no alcanza los
quince años de servicios. En consecuencia, no se encontraba comprendida dentro
del supuesto que le permitía efectuar el traslado en cualquier tiempo.
134. Así, la Sala advierte que si bien la demandada solicitó el traslado de régimen
cuando le faltaban menos de diez años para cumplir la edad de pensión, las pruebas
allegadas al proceso también demuestran que dicha solicitud, presentada el 10 de
mayo de 2006, fue aceptada expresamente por la administradora. En efecto,
mediante el oficio del 26 de enero de 2007, el entonces Instituto de Seguros
Sociales informó a la señora Diana Ilba Correa Correa que su traslado a esa entidad
se había hecho efectivo a partir de julio de 2006, en los siguientes términos:
Para el SEGURO SOCIAL PENSIONES es muy grato darle la bienvenida, al
escogernos como su Administradora de Pensiones.
Su traslado se hace efectivo a partir del DÍA 1 MES JULIO AÑO 2006 por lo tanto
su cotización deberá ser cancelada al ISS a partir del mes de JULIO.
Por lo que le agradecemos entregar copia de la presente comunicación a su
empleador para que realice oportunamente el pago de sus aportes.
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135. Por lo tanto, desde el 2007 la señora Diana Ilba Correa Correa tenía razones
objetivas para considerar que su traslado al Régimen de Prima Media se había
perfeccionado, pues contaba con una comunicación expresa del entonces Instituto
de Seguros Sociales en la que se le informó que aquel había sido aceptado y se
encontraba vigente desde julio de 2006.
136. Esta conclusión encuentra respaldo en las demás pruebas allegadas al
proceso, donde se advierte la materialización del traslado. En efecto, se advierte
que: (a) mediante certificación del 23 de mayo de 2022, aportada por Colpensiones,
con ocasión de este proceso, la entidad hizo constar que la señora Diana Ilba Correa
Correa se encontraba afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida
desde el 2 de julio de 2006; (b) en constancia del 27 de junio de 2013, Protección
S. A. certificó el periodo durante el cual la demandada estuvo afiliada a ese fondo,
la fecha de su traslado a Colpensiones y la remisión a esta última de los aportes
correspondientes; y (c) en el reporte de semanas cotizadas expedido por
Colpensiones, actualizado al 21 de julio de 2020, respecto de los ciclos
comprendidos entre julio de 1995 y octubre de 2006, se registró de manera uniforme
la observación «[p]ago recibido del Régimen de Ahorro Individual por traslado».
137. Contrario a lo sostenido por la entidad en el auto APSUB 553
[2019_14028470] del 13 de marzo de 2020, proferido dentro de la actuación
administrativa, no obra prueba de que el traslado hubiera sido anulado desde el 2
de julio de 2006 ni de que una eventual decisión en ese sentido hubiese sido
comunicada a la demandada. Por el contrario, con fundamento en la efectividad del
traslado ocurrido en julio de 2006, Colpensiones le reconoció la pensión de vejez
aproximadamente ocho años después, mediante la Resolución VPB 14674 del 3 de
septiembre de 2014.
138. Así, aunque la entidad aceptó el traslado cuando la afiliada se encontraba
dentro de los diez años anteriores al cumplimiento de la edad pensional, la infracción
de esa restricción no conduce, por sí sola, a desconocer posteriormente los efectos
de la afiliación, so pena de afectar los derechos al debido proceso, a la seguridad
social y a la confianza legítima.
139. En estos eventos, como lo ha precisado la Corte Constitucional, la situación
no puede examinarse de manera aislada, sino a partir de una valoración conjunta
de las circunstancias del caso, entre ellas, el momento en que se produjo el traslado
y su proximidad con la edad de pensión; la conducta asumida por la administradora
frente a la solicitud —manifestación de la entidad en advertir el incumplimiento de
requisitos—, y la recepción de cotizaciones con posterioridad, todo ello, siempre
que el reconocimiento de los efectos del traslado no implique una afectación
desproporcionada de la sostenibilidad financiera del Sistema41.
41 En la sentencia T-266 de 2023, la Corte Constitucional concluyó: «[e]n consecuencia, corresponderá al juez
constitucional, en cada caso concreto, estudiar (i) el momento en que se dio el traslado, y la cercanía o lejanía
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140. Varias de estas circunstancias fueron examinadas en apartados anteriores,
sin embargo, la Sala profundizará en particular la conducta asumida por la
administradora frente a la solicitud de traslado y la sostenibilidad financiera. Al
respecto, se reitera que el entonces Instituto de Seguros Sociales informó a la
demandada que el traslado había sido aceptado y se hizo efectivo a partir de julio
de 2006. A su vez, en certificación del 23 de mayo de 2022, aportada dentro de este
proceso, Colpensiones hizo constar que la señora Diana Ilba Correa Correa se
encontraba afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida desde el 2
de julio de 2006, sin registrar anotación alguna sobre la anulación del traslado ni
acreditar que una eventual decisión en ese sentido hubiera sido comunicada a la
afiliada.
141. Así, la afirmación relativa a la supuesta anulación del traslado el 2 de julio de
2006 resulta incompatible con los demás elementos de prueba obrantes en el
expediente. En efecto, con posterioridad a esa fecha, mediante oficio del 26 de
enero de 2007, la propia entidad informó expresamente a la demandada que el
traslado de régimen se había hecho efectivo. A ello se suma que, en el reporte de
semanas cotizadas, se registró hasta octubre de 2006 la observación «[p]ago
recibido del Régimen de Ahorro Individual por traslado» y, a partir de noviembre de
ese mismo año, aparecen aportes efectuados directamente a Colpensiones.
142. Por lo tanto, el entonces ISS convalidó y aceptó dicho traslado de la señora
Correa Correa, la recibió como su afiliada y aceptó los recursos provenientes de la
AFP Protección, tal y como dan cuenta las pruebas allegadas, y solo con ocasión
de las posteriores reliquidaciones de la prestación reconocida, la entidad advirtió la
irregularidad que ahora invoca en el presente medio de control; esto es, seis años
después del reconocimiento pensional y cerca de catorce del traslado que la propia
administradora había tenido por efectivo, lo que materialmente generó una
expectativa legítima en la parte accionada. Sobre la conducta de la entidad en este
tipo de eventos, la Corte Constitucional en la sentencia T-266 de 2023 consideró lo
siguiente:
62. Así las cosas, si una administradora advierte que el traslado requerido por una
persona no cumple con los requisitos exigidos para producirse, así debe
manifestarlo. Pero debe hacerlo de manera inmediata y no años después. Si la
administradora no informa inmediatamente al afiliado sobre la imposibilidad de
aceptar el traslado requerido y, en contraste, acepta las cotizaciones que este haga,
surge para el trabajador la firme creencia de estar debidamente afiliado a la
administradora que escogió. Por ello espera que, cuando se presente una eventual
contingencia, dicha administradora se haga cargo ella y le reconozca la prestación
en que se encontraba la persona de cumplir la edad de pensión (en los términos establecidos en el literal e) del
artículo 13 de la Ley 100 de 1993); (ii) la actitud de la administradora de pensiones frente a la solicitud de
traslado, y si hubo una aceptación de este; y (iii) el número de cotizaciones que el afiliado aportó a la
administradora con posterioridad al traslado aparentemente irregular. Revisado esto, el juez deberá analizar si
hubo una “afiliación tácita”, y si, en consecuencia, amparar el derecho a la seguridad social del actor no supone
un desconocimiento desproporcionado y absoluto del principio de la sostenibilidad financiera, también
reconocido en el artículo 48 de la Constitución».
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correspondiente.
63 Las administradoras, a su turno, están llamadas a respetar en la mayor medida
de lo posible dicha confianza. Este deber surge, como se ha mencionado, del
principio protector que obliga a amparar al usuario del sistema de seguridad social
en tanto es la parte débil de la relación. Es por eso que los principios de buena fe y
de confianza legítima se erigen como un límite para las administradoras que,
precisamente por tener que guardar un debido respeto a estos, no pueden modificar
intempestivamente y de manera inconsulta una situación jurídica determinada.
64. Estos dos principios se hallan reconocidos en el artículo 86 de la Constitución
Política. Este artículo indica que “las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe (…)”.
143. Este tipo de actuaciones podría conducir al desconocimiento del derecho a
la seguridad social. Aunque el traslado al Régimen de Prima Media estaba
legalmente restringido, el ISS lo aceptó, recibió los recursos provenientes de la AFP
y, junto con Colpensiones, continuó recibiendo las cotizaciones. Por ello, resultaba
desproporcionado desconocer posteriormente la afiliación y trasladar a la
demandada las consecuencias de un error imputable a la administradora. En esa
misma decisión, cuyos supuestos fácticos son similares a los del presente caso, se
destacó:
105. A su turno, se configuró en este caso un desconocimiento del derecho a la
seguridad social. La Corte reconoce que la accionante no podía solicitar el traslado
al RPM por haber tenido 47 años y 2 meses en ese momento, y haber sido objeto
de la prohibición prevista en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. Sin
embargo, no puede desconocerse que inicialmente el ISS convalidó y aceptó dicho
traslado, recibió a la señora Gallo Gallo como su afiliada y aceptó los recursos
provenientes de la AFP. Luego, de ahí en adelante, tanto el ISS como Colpensiones,
mes a mes, recibieron las cotizaciones hechas en nombre de la actora.
106. Es por ello que, en este caso, es desproporcionado argumentar que el traslado
efectuado por la actora al ISS, en el año 2009, debe revertirse. Y es
desproporcionado porque sostener lo anterior, sería tanto como decir que las
consecuencias del yerro en que incurrió la administradora del RPM, al aceptar el
traslado referido, deben recaer única y exclusivamente en la afiliada que, como se
sostuvo en otro aparte de esta providencia, es la parte débil de la relación y quien,
en términos generales, conocía en menor medida las complejas reglas del sistema
pensional colombiano.
107. En contraste, de revertirse el traslado, ello equivaldría a exonerar a las
administradoras que incurren en equívocos como estos y admitir que, aunque
cometan este tipo de errores, pueden siempre enmendarlos sin siquiera sufrir el más
mínimo juicio de reproche. Recuérdese, a propósito de este argumento, que los
artículos 12 del Decreto 3995 de 2008 y 2.2.2.1.10 del Decreto 1833 de 2016,
imponen a las administradoras el deber de estudiar si un traslado es posible de
acuerdo con las reglas que rigen la materia porque, de no serlo, deben rechazar, a
tiempo, la solicitud.
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Diana Ilba Correa Correa
144. En términos similares, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia42
consideró lo siguiente:
En este orden se equivocó el ad quem, al concluir que la afiliación válida de la
demandante al sistema general de pensiones era la efectuada al RAIS, a través de
Porvenir S.A, pues como se precisó en precedencia, la actora reanudó el pago de
aportes al régimen de prima media a partir de octubre de 2007, fecha para la
cual, le faltaban menos de 10 años para arribar a la edad pensional, pues nació
el 4 de diciembre de 1959.
De esta suerte si bien en principio le era aplicable la excepción prevista en el
literal e) del artículo 2 de la Ley 797 de 2003, dicho traslado fue admitido por
el ISS hoy Colpensiones al aceptar nuevamente la suscripción del formulario
de afiliación previo al pago de los aportes por parte de su empleadora, por lo
que no existe duda de que se presentó la «aceptación tácita de la afiliación», pues
la administradora del régimen de prima media no objetó los pagos que le realizaron
entre octubre de 2007 y diciembre de 2014, en los términos consagrados en el inciso
2 del artículo 12 del Decreto 692 de 1994.
De esta manera, la Sala encuentra que, en efecto, el juzgador plural erró al colegir
que existía un conflicto de múltiple vinculación y encontrar que la afiliación válida de
la actora, era la realizada al RAIS en agosto de 1996, y no la efectuada al ISS hoy
Colpensiones en el año 2007 con el recibimiento no objetado de los pagos, lo que
resulta suficiente para dar prosperidad a las acusaciones, por lo que resulta
irrelevante estudiar los restantes cargos.(Destaca la Sala)
145. Ahora bien, precisada la actuación de la entidad frente al traslado,
corresponde examinar su incidencia en la sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional43 recordó que «la razón por
la cual la Ley 797 de 2003, en su artículo 2, introdujo una modificación al literal e)
del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, consistió en la necesidad de proteger la
sostenibilidad financiera del sistema pensional». Sin embargo, en el caso concreto,
las pruebas valoradas no permiten advertir una afectación de dicho principio. Por el
contrario, obran certificaciones que acreditan la remisión a Colpensiones de la
información correspondiente a la historia laboral de la demandada registrada en el
Régimen de Ahorro Individual, así como el traslado de los aportes acumulados en
su cuenta, sin que se hubiera acreditado objeción alguna respecto de su recepción
o suficiencia.
146. De igual manera, como se relacionó en el respectivo acápite de hechos
probados, en el reporte de semanas cotizadas en pensiones, expedido por
Colpensiones, actualizado al 21 de julio de 2020, obra un acápite denominado
«detalle de pago efectuados partir de 1995». En este registra aportes realizados por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a favor de la señora Diana Ilba Correa
42 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 3, sentencia del 21 de
junio de 2023, radicación 94879, SL1431-2023. M.P. Donald José Dix Ponnefz.
43 Corte Constitucional, sentencia T-266 de 2023.
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Correa, entre julio de 1995 y diciembre de 2016. En particular, respecto de los ciclos
comprendidos entre julio de 1995 «199507», cuyo pago se efectuó el 1 de agosto
de 1995, y octubre de 2006 «200610», pagado el 3 de noviembre de 2006, se
consignó de manera uniforme la observación «[p]ago recibido del Régimen de
Ahorro Individual por traslado». A partir del ciclo de noviembre de 2006 «200611»,
pagado el 5 de diciembre de 2006, y hasta diciembre de 2016 «201612», cuyo pago
se registró el 2 de enero de 2017, la anotación cambió a «[p]ago aplicado al periodo
declarado». Es decir, desde noviembre de 2006 a diciembre de 2016 —
aproximadamente 10 años—, se efectuaron cotizaciones directamente a
Colpensiones.
147. En ese contexto, la Sala considera que los elementos de juicio obrantes en
el expediente no permiten concluir que el traslado de la señora Diana Ilba Correa
Correa hubiera generado una afectación concreta de la sostenibilidad financiera del
sistema pensional. En efecto, Colpensiones recibió los recursos acumulados en la
cuenta de ahorro individual durante la permanencia de la afiliada en el RAIS y,
además, a partir del traslado que produjo efectos en julio de 2006, recibió
directamente las cotizaciones efectuadas a su favor hasta diciembre de 2016. Estas
circunstancias, valoradas en conjunto, permiten advertir que el cambio de régimen
estuvo acompañado del traslado de los recursos provenientes de la AFP y del
recaudo posterior de aportes pensionales, sin que en el proceso se hubiera
acreditado un desequilibrio financiero derivado específicamente de dicha afiliación.
148. Además, la decisión que se adopta procura garantizar los derechos
fundamentales comprometidos en el asunto, particularmente frente a una situación
que se consolidó como consecuencia de las propias actuaciones de la entidad. En
este sentido, si bien Colpensiones invocó la sostenibilidad financiera del Sistema
General de Pensiones, debe recordarse que el parágrafo del artículo 334 de la
Constitución Política dispone que «bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de
naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal
para menoscabar [los] derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su
protección efectiva». Por ello, dicho principio no puede servir de fundamento para
trasladar a la afiliada las consecuencias de una situación que fue aceptada y
materializada por la propia administradora pensional.
3.5.3. Principio de congruencia frente al análisis del régimen de transición
149. La Sala recuerda que, en su recurso de apelación, la demandada sostuvo
que la controversia planteada por Colpensiones se circunscribía a determinar la
validez de su traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen
de Prima Media. Por ello, afirmó que no se discutía la conservación del régimen de
transición ni se había solicitado el reconocimiento de la pensión conforme a las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003.
150. Por estas razones, la demandada sostuvo que el Tribunal vulneró el principio
de congruencia al anular las resoluciones de reliquidación pensional con
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fundamento en razones que, a su juicio, excedían la controversia planteada sobre
la validez del traslado al Régimen de Prima Media. En ese sentido, afirmó que, al
no haberse demostrado la invalidez de dicho traslado, debía mantenerse el régimen
de transición que sirvió de fundamento para reliquidar su prestación.
151. Sobre el particular, en primer lugar, la Sala advierte que Colpensiones solicitó
expresamente, en sus pretensiones, la nulidad de las resoluciones VPB 14674 del
3 de septiembre de 2014, GNR 381046 del 15 de diciembre de 2016 y SUB 109650
del 28 de junio de 2017. Como se expuso en el acápite de hechos probados,
mediante la primera se reconoció la pensión de vejez con fundamento en la Ley 100
de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003. A través de las dos restantes, la entidad
aplicó el régimen previsto en el Decreto 758 de 1990, en virtud del régimen de
transición, y fijó la prestación con una tasa de reemplazo del 90 %; además, dispuso
su pago a partir del 1 de enero de 2017.
152. En ese sentido, dentro de las pretensiones de la demanda también se solicitó
expresamente la nulidad de los actos administrativos que reliquidaron la pensión de
la señora Diana Ilba Correa Correa con fundamento en el Decreto 758 de 1990, bajo
el entendido de que conservaba el régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993. Por esta razón, la Sala no advierte que el Tribunal hubiera
desconocido el principio de congruencia al examinar la legalidad de dichas
decisiones y pronunciarse sobre el régimen pensional que sirvió de fundamento
para su expedición.
153. Además, el cuestionamiento de Colpensiones sobre la validez del retorno al
Régimen de Prima Media no podía examinarse de manera aislada de los efectos
que los traslados produjeron sobre el régimen de transición. En efecto, al sostener
que la demandada debía permanecer afiliada al RAIS y solicitar, con fundamento
en esa premisa, la nulidad de las resoluciones que reconocieron y reliquidaron su
pensión, la entidad sometió a discusión el fundamento jurídico que permitió aplicar
el Decreto 758 de 1990. De prosperar esa tesis, la consecuencia no se habría
limitado a establecer que la administradora competente era la correspondiente al
Régimen de Ahorro Individual, sino que, además, habría impedido reconocer a la
afiliada los beneficios derivados del régimen de transición y, con ello, la aplicación
del régimen pensional anterior.
154. Por lo tanto, el Tribunal no introdujo una controversia distinta al verificar si la
señora Correa Correa conservaba dicho régimen, sino que examinó una
consecuencia jurídica directamente vinculada con los hechos y las pretensiones de
la demanda, máxime cuando los actos de reliquidación sustentados en ese régimen
fueron expresamente acusados de nulidad, como se indicó en líneas anteriores.
155. En efecto, la relación entre ambas cuestiones no obedece a una construcción
argumentativa del juez de primera instancia, sino que se desprende directamente
de la propia arquitectura normativa de la Ley 100 de 1993. El artículo 13 prevé el
derecho de seleccionar y/o trasladarse a cualquiera de los regímenes pensionales,
mientras que el artículo 36, incisos 4.° y 5.°, dispone la consecuencia que ese
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traslado produce sobre el régimen de transición, concretamente, su pérdida para
quien se afilia al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, salvo que acredite
los quince años de servicios exigidos (como lo precisó la Corte Constitucional —
SU-107 de 2024—). Se trata, por tanto, de dos preceptos que operan en cadena
sobre un mismo supuesto de hecho —el traslado de la demandada—: el primero
regula su validez y las condiciones para que se produzca; el segundo, la
consecuencia legal que de él se deriva sobre la transición.
156. Por consiguiente, cuando se examina los efectos del traslado sobre el
régimen de transición, no se está introduciendo una controversia ajena al debate,
sino aplicando la consecuencia que el propio legislador anudó a esa situación de
hecho. Así lo reconoció, incluso, el a quo al resolver el caso, al precisar que la
irregularidad del traslado no acarreaba su ineficacia, sino la pérdida del régimen de
transición —conclusión que presupone, precisamente, que ambas cuestiones están
normativamente entrelazadas y no son asuntos independientes entre sí—.
157. En segundo lugar, debe precisarse que, aunque se está ante dos escenarios
—por una parte, el derecho al traslado del Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad ―RAIS― al Régimen de Prima Media con Prestación Definida
―RPM― y la consecuente validez de dicho traslado; y, por otra, el derecho a
conservar el régimen de transición—, esa distinción no equivale a independencia.
La Sala advierte que la controversia relacionada con el traslado entre regímenes
pensionales guarda una relación directa —y no meramente incidental— con la
conservación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, en tanto ambas cuestiones comparten la misma causa fáctica (el traslado de
la demandada entre regímenes) y responden a preceptos de la misma ley que
regulan, en cadena, ese hecho y sus consecuencias (con la precisiones hechas por
las por la Corte Constitucional44).
158. Por esa razón, examinar lo atinente al régimen de transición de la Ley 100 de
1993 al resolver la validez del Régimen de Prima Media no representa una decisión
sorpresiva para las partes ni la introducción de un extremo litigioso nuevo, sino el
desarrollo de una consecuencia que era previsible y exigible a partir de los propios
términos en que Colpensiones formuló sus pretensiones —dirigidas, se recuerda,
contra las resoluciones que reliquidaron la pensión con fundamento, justamente, en
el régimen de transición—. Sostener lo contrario supondría exigir del juez que se
pronuncie sobre la validez del traslado en abstracto, prescindiendo de sus efectos
legales expresos, lo que equivaldría a vaciar de contenido la pretensión anulatoria
efectivamente planteada.
159. Por lo tanto, en el presente asunto, como se explicó en apartados
precedentes, la señora Diana Ilba Correa Correa contaba con aproximadamente
566 semanas cotizadas al 1 de abril de 1994, por lo que no acreditaba los quince
años de servicios exigidos para conservar el régimen de transición después de su
traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En consecuencia, si bien
44 Corte Constitucional C-789 de 2002, C-1024 de 2004 y SU-062 de 2010.
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la validez del posterior retorno al Régimen de Prima Media produjo efectos en los
términos señalados en esta providencia, esa circunstancia no implicaba recuperar
los beneficios de la transición ni la exoneraba de las consecuencias derivadas de
su decisión de trasladarse. De ahí que, al examinar la legalidad de las resoluciones
GNR 381046 de 2016 y SUB 109650 de 2017, expresamente demandadas y
mediante las cuales se reliquidó la pensión con fundamento en el Decreto 758 de
1990, resultara necesario determinar si la demandada conservaba el régimen de
transición que permitía aplicar dicha normativa.
160. En cuanto al argumento relacionado con las eventuales deficiencias en la
información suministrada al momento del traslado al Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad y la posibilidad de acudir ante el juez competente para controvertir
la validez del traslado, la Sala advierte que este aspecto excede el marco de la
controversia planteada en el presente proceso. En efecto, la demanda estuvo
dirigida a controvertir la eficacia por la temporalidad del traslado, no por el
incumplimiento del deber de información, ni esa cuestión integró las pretensiones,
los fundamentos de la demanda o fue objeto de reconvención por la demandada.
Por consiguiente, no correspondería emitir un pronunciamiento sobre ese particular
en sede de apelación, pues ello implicaría incorporar una controversia distinta de la
sometida a conocimiento del juez.
161. No obstante, la Sala reconoce que, en un pronunciamiento reciente referido
a un asunto similar45, esta Subsección examinó la eficacia del traslado inicial del
Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, con el
propósito de determinar la conservación del beneficio del régimen de transición. Sin
embargo, en esta oportunidad la Sala considera necesario precisar el alcance de
dicho antecedente por dos razones esenciales: la primera, porque la eficacia del
traslado y, en particular, las condiciones en que se otorgó el consentimiento no
hicieron parte del litigio en primera instancia; y la segunda, porque el análisis
efectuado en aquella decisión sobre el consentimiento y el cumplimiento del deber
de información debe armonizarse con los recientes pronunciamientos de la Corte
Constitucional, conforme a los cuales, las consecuencias del traslado deben integrar
el debate procesal y su eventual ineficacia debe demostrarse atendiendo la etapa
de evolución del deber de información aplicable al momento en que se produjo el
cambio de régimen.
162. Así, con el propósito de sustentar las razones que justifican las precisiones
del antecedente citado, la Sala examinará, a continuación, los efectos que produce
el traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad sobre la conservación de los beneficios del régimen de transición.
3.5.4. Relación entre los efectos del traslado y los beneficios de la transición
163. La jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en señalar que, al
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2026, expediente 08001-
23-33-000-2018-00825-01 (2966-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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examinar la legalidad de los actos de reconocimiento o reliquidación pensional, no
pueden desconocerse los efectos que el traslado del Régimen de Prima Media con
Prestación Definida al de Ahorro Individual produce sobre la conservación de los
beneficios del régimen de transición.
164. Al respecto, la Subsección B de esta Sección, mediante sentencias del 13 y
26 de agosto de 2021, confirmó la decisión apelada que negó las pretensiones de
nulidad de los actos que denegaron el reconocimiento de la pensión, al encontrar
acreditado que los demandantes perdieron las prerrogativas del Régimen de
transición previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al trasladarse al Régimen
de Ahorro Individual sin posibilidad de mantener dichos beneficios en atención a
que accedieron por edad, no por tiempo de servicio46.
165. Igual criterio aplicó la Subsección A de la Sección Segunda de esta
corporación en sentencia del 14 de octubre de 2021, al concluir que la afiliada perdió
el beneficio de la transición que adquirió por edad, con motivo del traslado al
Régimen de Ahorro Individual47. Esta tesis fue reiterada por dicha Subsección en
decisión del 13 de noviembre de 2025, mediante la cual confirmó la providencia que
declaró la nulidad del acto de reliquidación bajo la consideración de que la
pensionada no conservó el beneficio de la transición por motivo del traslado de
régimen, dado que no contaba con 15 años de servicio al 1.° de abril de 199448.
166. Por otra parte, la Subsección A, en sentencia del 22 de julio de 2021, en un
caso en el que se cuestionó la eficacia del traslado de regímenes y el consecuente
efecto en la preservación del beneficio de la transición en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido por la UGPP contra el
acto de reconocimiento pensional, se pronunció sobre el cumplimiento del deber de
información por formar parte de los reparos de la entidad frente a la decisión que
puso de presente «la ausencia de conocimiento pleno que tenía la interesada sobre
las implicaciones que este traslado conllevaba»49.
167. En este marco, la Subsección citada confirmó la decisión que negó las
pretensiones al considerar que la entidad administradora de pensiones que aceptó
el traslado «incumplió el deber de información en cuanto a explicar las ventajas y
desventajas de ambos regímenes» y desconoció el deber de «buen consejo»50,
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
13 de agosto de 2021, expediente 25000-23-25-000-2012-01516-01 (3145-16), M.P. César Palomino Cortés.
Sentencia del 26 de agosto de 2021, expediente 76001-23-31-000-2011-00270-01 (5992-19), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
14 de octubre de 2021, expediente 25000-23-42-000-2018-01127-01 (1898-20), M.P. William Hernández
Gómez.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
13 de noviembre de 2025, expediente 73001-33-33-006-2018-00191-01 (1357-2021), M.P. Luis Eduardo Mesa
Nieves.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
22 de julio de 2021, expediente 68001-23-33-000-2013-00253-01 (2764-2017), M.P. William Hernández Gómez.
50 Sobre la obligación de información suficiente, buen consejo y asesoría, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, sentencia SL170-2026 del 4 de febrero de 2026, M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz.
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Demandante: Colpensiones
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pues en el caso concreto observó que la afiliada se retractó «al retornar en cuestión
de meses al régimen de prima media con prestación definida y cotizar de nuevo a
Cajanal, lo cual comporta su voluntad de no haber tomado la decisión correcta sobre
su afiliación al fondo privado»51.
168. Posteriormente, esta Subsección, mediante sentencia del 27 de junio de
2024, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones en un asunto
al que fue vinculado el fondo privado en condición de litisconsorte, confirmó la
decisión que negó las pretensiones de nulidad del acto de reconocimiento pensional
al encontrar acreditado que el afiliado conservó los beneficios de la transición
después del traslado al régimen de ahorro individual y el retorno al régimen de prima
media, porque contaba con más de 15 años de servicio al momento de la entrada
en vigor de la Ley 100 de 199352.
169. La Subsección B precisó en dicha providencia que el afiliado «no tenía
vocación de permanecer en el RAIS pues allí solo se hicieron cotizaciones por un
mes, a más que de acuerdo con lo certificado por Porvenir, su afiliación no se
encuentra vigente. Aunado a lo anterior, al momento de su traslado no contaba con
los elementos útiles y consejos profesionales para hacer su elección, lo que impone
considerar que no fue efectivo el traslado». Al sustentar la decisión, señaló que la
carga probatoria relacionada con la información suministrada correspondía a la
administradora «sobre todo en lo que atañe a la pérdida del régimen de transición
del que es beneficiario el demandado, dado que contaba con el requisito de tiempo
de servicios [(15 años de servicio)] exigido en el aludido artículo 36 de la Ley 100
de 1993 para aducir que tenía una expectativa legítima».
170. En síntesis, se observa que los antecedentes de las subsecciones de la
Sección Segunda de esta corporación han aplicado de manera uniforme la
consecuencia prevista en los incisos 4.° y 5.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
frente al afiliado que accedió a la transición por razón de la edad. De manera
particular, en los casos en los que la controversia incluye el cuestionamiento sobre
la eficacia del traslado y la administradora del Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad concurrió al proceso con la carga probatoria que dicha condición le
impone frente al cumplimiento del deber de información al momento del traslado, se
ha definido tal aspecto, con las consecuencias sobre la conservación de las
prerrogativas de la transición.
«Desde los inicios del Sistema General de Pensiones existe tal obligación, que se ha refinado, detallado e
incrementado, según la sucesión normativa». Etapa acumulativa: «Deber de información», «Deber de
información, asesoría y buen consejo» y «Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría».
51 Al sustentar la decisión, transcribió apartes de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 21 de febrero
de 2018, radicado 52704, en la que definió los «actos de relacionamiento de los afiliados» como las acciones
concretas de los afiliados que evidencian la voluntad de continuar en dicho régimen, «tales como las solicitudes
de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves (…) Lo importante es que
exista correspondencia entre voluntad y acción, es decir, que la realidad sea un reflejo de lo que aparece
firmado, de modo tal que no quede duda del deseo de trabajador de permanecer a un régimen pensional
determinado».
52 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de 2024, expediente 25000-
23-42-000-2020-00658-02 (5324-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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171. A su vez, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-107 del 9 de abril de
2024, precisó en cuanto al deber de información en el traslado de regímenes,
analizados en los procesos laborales de ineficacia, que se presentan tres etapas de
evolución en dicha obligación, así: «(i) de 1993 a 2009, (ii) de 2010 a 2014, y (iii) de
2015 en adelante», durante las cuales las exigencias se hicieron más rigurosas.
Respecto del primer periodo afirmó que no existía el deber de consignar en medios
verificables la asesoría suministrada, dicha previsión solo apareció con el artículo
7.° del Decreto 2241 de 2010, de modo que su acreditación directa «puede ser una
carga irrazonable».
172. Bajo este marco, precisó que la inversión de la carga de la prueba en
estos casos no constituye una regla53, por lo que «con la flexibilización que se
hace en esta sentencia de unificación, sobre el precedente de la Corte Suprema de
Justicia, se reconoce que la Constitución y la ley procesal no permiten imponer
cargas probatorias imposibles de cumplir para ninguna de las partes (ni al afiliado,
ni a la AFP)», ámbito en el que destacó el papel del juez como director del proceso
y su autonomía para decretar y practicar pruebas.
173. A partir de lo anterior, la sentencia de unificación SU-107 de 2024 señaló lo
siguiente: (1) el deber de información evolucionó por etapas, de modo que el nivel
de exigencia y la forma de acreditarlo dependen del momento en que se produjo la
afiliación; (2) la inversión de la carga de la prueba no opera como regla automática,
porque corresponde al juez, en condición de director del proceso, decretar y valorar
los medios de convicción que permitan establecer si la asesoría fue suministrada.
Bajo este marco, la ineficacia del traslado no se infiere de la fecha de la afiliación al
Régimen de Ahorro Individual con solidaridad, pues se requiere un ejercicio
probatorio que atienda la etapa de evolución del deber de información y la posición
de cada parte para demostrar su cumplimiento.
174. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que la ineficacia
del traslado implica la conservación de los beneficios de la transición bajo la ficción
de que el afiliado nunca se vinculó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Por lo anterior, señala que los efectos de la declaratoria de ineficacia comprenden
53 Corte Constitucional, sentencia SU-107 del 9 de abril de 2024. «247. El precedente de la Corte Suprema de
Justicia hace de la inversión de la carga de la prueba la única herramienta disponible, a pesar de que el
ordenamiento jurídico la reconoce como una herramienta más a la que el juez laboral puede acudir -pero no la
única- // 248. Estas razones permiten establecer que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en lo
referido a la ineficacia de los traslados, está modificando las reglas relativas a la carga de la prueba. Así, este
precedente hace que, en últimas, baste a los demandantes expresar genéricamente en la demanda que no
fueron informados al momento del traslado de régimen pensional y, por lo tanto, no se les exige aportar prueba
alguna para demostrar los supuestos de hecho que sirven de causa a sus pretensiones. Así pues, dado que las
AFP, especialmente en el periodo comprendido entre 1993 y 2009, encuentran dificultades para demostrar que
sí informaron a los demandantes -a partir de pruebas directas-, casi la totalidad de estos casos culmina con una
sentencia condenatoria. Con dicha regla, aparte de desbalancear la actividad probatoria de las partes, se
desconoce que el juez es el director del proceso judicial, se afecta la autonomía e independencia de este para
decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes y se altera la regla acerca
de la apreciación y valoración de las mismas conforme a la sana crítica. Precisamente por la dificultad probatoria
que comportan este tipo de casos, sería deseable una posición más activa en materia de pruebas, tanto por
parte del demandante y del demandado, como por parte del juez».
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Demandado: Diana Ilba Correa Correa
la devolución de las cotizaciones y, además, los porcentajes correspondientes a los
gastos de administración, las primas de los seguros previsionales de invalidez y
sobrevivencia y el valor destinado al fondo de garantía de pensión mínima,
debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos54.
175. La orden de restitución descrita en precedencia fue reiterada por la Corte
Suprema de Justicia mediante sentencia del 26 de marzo de 202555, que se apartó
de la SU-107 de 2024 en cuanto excluyó la devolución de dichas partidas, al
considerar que aplicar dicha regla a los procesos en curso implicaría «alterar de
manera grave el procedimiento laboral ordinario», porque el juez de primera
instancia decide con sujeción al principio de congruencia y el tribunal en segunda
instancia conforme al principio de consonancia, según el cual solo puede conocer y
resolver aquello que haya sido apelado y sustentado, reglas que se armonizan con
la facultad de fallar extra56 y ultra petita57 58.
176. Las decisiones de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia
permiten concluir que la ineficacia del traslado no opera de pleno derecho ni se
presume por haber ocurrido en la etapa inicial (1993-2009), en la que el rigor del
deber de información era menor al establecido con posterioridad, pues, si bien las
administradoras tenían la obligación de informar los beneficios y las consecuencias
del cambio de régimen, la ley no exigía dejar constancia de la asesoría suministrada
en medios específicos o verificables, razón que influye en el equilibrio de las cargas
probatorias. Lo anterior, en el entendido de que el fondo privado ocupa la mejor
posición para probar la asesoría suministrada, con la consecuente garantía de
controvertir los hechos que sustentan la pretensión y, eventualmente, asumir las
restituciones procedentes59.
177. En síntesis, la competencia de esta jurisdicción para analizar la eficacia del
traslado ha procedido cuando concurren los siguientes presupuestos: (1) el debate
sobre las consecuencias del traslado forma parte del litigio; (2) la administradora del
54 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL2929-2022 del 18 de mayo de 2022, M.P.
Iván Mauricio Lenis Gómez. En igual sentido, sentencia SL2877 del 29 de julio de 2020, M.P. Clara Cecilia
Dueñas Quevedo.
55 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL1048-2025 del 26 de marzo de 2025, M.P.
Luis Benedicto Herrera Díaz.
56 Según el diccionario Panhispánico del Español Jurídico (https://dpej.rae.es/), significa: «[…]cuando el órgano
judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por
los litigantes[…]».
57 Según el diccionario Panhispánico del Español Jurídico (https://dpej.rae.es/), significa: «[…] que una
sentencia […] conceda […] más de lo pedido […]».
58 CPTSS (Decreto-ley 2158 de 1948), art. 50. Fallo extra y ultra petita. El Juez de primera instancia podrá
ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que
los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas
mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que
corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas.
Modificado por el artículo 6 de la Ley 2452 de 2025. El juez de primera instancia ordenará el pago de salarios,
prestaciones, indemnizaciones, y demás derechos laborales o de la seguridad social distintos de los pedidos,
cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o
condenará al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que estas
son inferiores a las que corresponden al trabajador, afiliado, pensionado o beneficiario, siempre que no hayan
sido pagadas. Este deber se extenderá al juez de segunda instancia, siempre y cuando se trate de derechos
mínimos e irrenunciables y se cumplan las condiciones del inciso anterior.
59 Corte Constitucional, sentencia SU-107 del 9 de abril de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que ocupa la mejor posición
probatoria para demostrar la información suministrada al afiliado, ha sido vinculada
al proceso, con respeto de la garantía del derecho de defensa y de contradicción;
[conformación del litisconsorcio, artículo 61 Código General del Proceso]60 (3) la
ineficacia resulta demostrada de acuerdo con la etapa de evolución del deber de
información que regía al momento del cambio de régimen, de la siguiente manera61:
Etapa Periodo Fundamento normativo Alcance exigible
Deber de Desde Ley 100 de 1993, artículos 13, Información sobre las
información 1993 hasta literal b), 271 y 272; Decreto 663 características, las
2009 de 1993 —Estatuto Orgánico del condiciones, el acceso, los
Sistema Financiero— artículo 97, efectos y los riesgos de cada
modificado por el artículo 23 de la uno de los regímenes
Ley 795 de 2003. pensionales; la existencia del
Disposiciones constitucionales régimen de transición y la
sobre el derecho a la información, eventual pérdida de
el no menoscabo de los derechos beneficios pensionales.
laborales y la autonomía personal.
Deber de Desde Ley 1328 de 2009, artículo 3, literal Análisis previo, calificado y
información, 2009 hasta c) y Decreto 2241 de 2010. global de los antecedentes
asesoría y 2014 del afiliado y de los
buen consejo pormenores de los
regímenes pensionales, para
que el asesor o promotor
emita un consejo, una
sugerencia o una
recomendación acerca de lo
que más le conviene y de lo
que podría perjudicarle
Deber de De 2014 Ley 1748 de 2014 y Decreto 2071 Derecho a obtener asesoría
información, en de 2015. de los representantes de
asesoría, adelante
60 Artículo 61. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. Cuando el proceso verse sobre
relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse
de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos
de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse
contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de
esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos
para el demandado.
En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las
mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera
instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante
dicho término.[…]
61 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL1048-2025 del 26 de marzo de 2025, M.P.
Luis Benedicto Herrera Díaz, radicación 13001-31-05-009-2022-00227-01. En dicha providencia la Sala señaló
que «fue la legislación la que estableció en el literal k) de la Ley 100 de 1993, desde su versión original, que las
entidades administradoras de cada uno de los regímenes del Sistema General de Pensiones estarían sujetas
al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, hoy Financiera, quedando por supuesto las AFP
sometidas de manera automática al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, es decir, al Decreto 663 de 1993
y, por tanto, obligadas al cumplimiento del deber de información a favor del consumidor financiero, calidad que
ostentan los afiliados del sistema general de pensiones, todo ello en desarrollo del artículo 48 de la CP». Con
cita de la sentencia SL4262-2021, precisó que «desde la creación de las AFP, el Decreto 663 de 1993, “Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero”, prescribió en el numeral 1.° del artículo 97 la obligación de las mismas de
“suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor
transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros
y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado” y la Ley 795 de 2003, “Por la cual se ajustan algunas
normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones”, recalcó (…) este deber
preexistente de información a cargo de las AFP, en el sentido que la información suministrada tenía como
propósito no solo evaluar las mejores opciones del mercado sino también la de “poder tomar decisiones
informadas”». Al describir las etapas, citó la sentencia SL1452-2019 del 3 de abril de 2019, M.P. Clara Cecilia
Dueñas Quevedo.
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buen consejo ambos regímenes
y doble pensionales
asesoría
Tabla 5. Etapas del deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones.
178. Conforme a lo expuesto, al descender al caso concreto, la Sala advierte que
no concurren los presupuestos primero y tercero señalados en el párrafo anterior
para examinar la eficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad. En efecto, aunque para el 1.º de abril de 1994 la titular del derecho
cumplía el requisito de edad para beneficiarse del régimen de transición, contaba
con aproximadamente 566 semanas cotizadas y, por tanto, no acreditaba los 15
años de servicios exigidos para conservar ese beneficio después del cambio de
régimen, la eficacia del traslado inicial al RAIS no hizo parte del litigio, pues, dicho
aspecto ni siquiera fue invocado en la demanda y al contestarse esta la interesada
no alegó que su consentimiento hubiera estado viciado ni cuestionó el cumplimiento
del deber de información a cargo de la administradora privada; por el contrario, limitó
su defensa a sostener la validez del posterior retorno al Régimen de Prima Media.
179. Por lo anterior, tampoco se satisface el tercer presupuesto, ya que, al no
haberse controvertido las condiciones en que se produjo aquel traslado, la actividad
probatoria no estuvo dirigida a establecer qué información recibió la afiliada, si esta
resultaba suficiente conforme al deber exigible para ese momento o si existió alguna
circunstancia que afectara su consentimiento. En consecuencia, el expediente no
contiene elementos que permitan tener por demostrada la ineficacia del traslado por
alguna de esas circunstancias.
180. Son precisamente las anteriores circunstancias, que se destacan en el
presente asunto, las que permiten tener una perspectiva distinta a la desarrollada
en el pronunciamiento reciente de esta Subsección 62 , en el que se examinó la
eficacia del traslado inicial del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, con el propósito de determinar la conservación del
beneficio de la transición y, para ello, se analizó si al momento de efectuarse dicho
traslado se habían cumplido los deberes de información y asesoría exigibles a la
administradora de pensiones, estudió que solo se emprendió en sede de segunda
instancia, por lo que con anterioridad, no se había adelantado la controversia sobre
tal aspecto, lo que a su vez supone una restricción de los elementos de juicio y
probatorios para establecer con certeza la existencia o no de un vicio del
consentimiento en los términos expuestos en la sentencia SU-107 de 2024 de la
Corte Constitucional, que estableció parámetros razonables para realizar dicha
verificación, sin que pueda considerarse que en todos los eventos se invierte la
carga de la prueba en contra de las administradoras de los fondos de pensión.
181. En efecto, aunque el antecedente citado y el presente asunto comparten
algunos elementos, lo cierto es que el aspecto determinante para definir, en aquella
oportunidad, la conservación del régimen de transición consistió en establecer si
62 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2026, expediente 08001-
23-33-000-2018-00825-01 (2966-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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existían medios de convicción suficientes para acreditar que, al momento del
traslado, se suministró al afiliado información clara y precisa sobre «las
características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen». Si
bien ese razonamiento podría proyectarse al caso bajo estudio, máxime cuando la
demandada invocó dicha circunstancia en el recurso de apelación (como también
ocurrió en el caso antecedente), la Sala considera necesario precisar el alcance el
criterio adoptado en esa providencia, específicamente en lo relativo a la valoración
probatoria exigible para tener por demostrado el cumplimiento de ese deber de
información.
182. Sobre el particular, en la decisión citada se concluyó que se «echa de menos
una prueba a través de la cual se demostrara esa afiliación libre y voluntaria,
acompañada de la asesoría que se exige al momento de incorporarse a la referida
administradora de pensiones». Tal razonamiento implicó, atribuir a la
administradora o al fondo de pensiones la carga de acreditar el cumplimiento del
deber de información, pues la ausencia de ese medio de convicción produjo
consecuencias favorables para el afiliado en cuanto a la conservación del régimen
de transición. En esa medida, la valoración probatoria efectuada en aquella
oportunidad se concentró en la exigencia de que la administradora demostrara que
el traslado estuvo precedido de información clara, suficiente y precisa sobre sus
efectos, por lo que la distribución de la carga de la prueba según las particularidades
del caso no constituyó un aspecto central del análisis. Ese razonamiento se expresó
en los siguientes términos:
55. Lo anterior es así, pues la asesoría y buen consejo al momento del traslado,
supone una mayor carga probatoria por parte de las administradoras, a fin de
evidenciar que el trabajador fue acompañado por personas expertas en la materia,
que le hubieren permitido tomar la decisión aún bajo los posibles resultados
adversos a sus intereses. En tal sentido, no es suficiente la simple suscripción del
formulario, sino el cotejo con la información brindada, de allí que se imponga el deber
a las administradoras de pensiones de documentar el asesoramiento claro y
suficiente sobre los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar
la invalidez de dicho tránsito.
54. En ese orden, el deber de información al momento del traslado de regímenes se
configura como una obligación a cargo de las administradoras de pensiones, lo que
de acuerdo con lo señalado por esta corporación, impone la inversión de la carga
de la prueba en favor del afiliado a efectos de que sea la entidad de previsión la que
demuestre, de un lado, que el trabajador firmó de manera libre y voluntaria el
formulario de afiliación para trasladarse al RAIS y, de otro, que esto lo hubiera
realizado luego de que tuviera un conocimiento pleno de los alcances positivos y
negativos que esa decisión traía consigo (…)
183. Aunque la Sala comparte parcialmente este razonamiento para casos
particulares y excepcionales63, la regla de distribución de las cargas probatorias
63 SU-107 de 2024: «(viii) Finalmente, el juez también podría, excepcionalmente, invertir la carga de la prueba,
más no como único recurso. La inversión de la carga de la prueba no puede ser una regla de obligatorio uso en
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expuesta en el precedente citado debe armonizarse con el pronunciamiento de la
Corte Constitucional sobre la materia, concretamente la sentencia SU – 107 de
2024.
184. Como se indicó en apartados anteriores, la sentencia SU-107 de 2024
estableció que, para acreditar el cumplimiento del deber de información en los
traslados de régimen examinados dentro de los procesos de ineficacia, deben
considerarse, entre otros, los siguientes aspectos: (a) la evolución que ha tenido
dicho deber y las exigencias aplicables en cada una de sus etapas; (b) que la
inversión de la carga de la prueba no constituye una regla general ni opera de
manera automática; y (c) que las consecuencias jurídicas derivadas del traslado
deben ser objeto de debate dentro del trámite procesal, de modo que las falencias
atribuidas al deber de información sean oportunamente alegadas y que la
administradora o fondo de pensiones respecto del cual se formulen sea
debidamente vinculado al proceso, con plena garantía de sus derechos de defensa
y contradicción.
185. En ese sentido, tales aspectos deben analizarse en cada caso concreto. Para
ello, es necesario que la parte que alegue la afectación derivada del incumplimiento
del deber de información exponga oportunamente esa circunstancia y que se vincule
al proceso a quienes intervinieron en el traslado. A partir de allí, y atendiendo las
particularidades del asunto y la fecha en que se produjo el cambio de régimen —
según la evolución del deber de información—, corresponderá al juez, como director
del proceso, distribuir las cargas probatorias y decretar y valorar los medios de
convicción necesarios para establecer si la asesoría fue efectivamente
suministrada. Prescindir de ese debate procesal o definir sus consecuencias sin
garantizar la intervención de los sujetos concernidos implicaría poner en riesgo sus
derechos de defensa y contradicción.
186. Por estas razones, la Sala estima que el criterio adoptado en dicho
antecedente requiere ser armonizado con las particularidades del presente asunto
y con la jurisprudencia constitucional, específicamente en lo relacionado con la
distribución de las cargas probatorias y la valoración del cumplimiento del deber de
información, así como el hecho que este aspecto debe ser objeto de la litis64 y no
ventilarse únicamente en sede de segunda instancia, en la etapa final de
controversia, lo que propende por un margen mayor de garantía del debido proceso.
Esta determinación obedece a la necesidad de armonizar dicha línea con las reglas
fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-107 de 2024, a las cuales esa
este tipo de procesos (como lo ordena la Corte Suprema de Justicia), pero, al mismo tiempo, tampoco puede
ser prohibida. En efecto, no se debe usar esa posibilidad cuando con las pruebas debidamente aportadas,
decretadas, practicadas y valoradas se logra demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones de
la demanda. Pero puede suceder que, en casos excepcionales, el juez esté ante un demandante que se
encuentra en la imposibilidad de probar los hechos que le sirven de causa a sus pretensiones o en un proceso
en el cual a pesar de los esfuerzos de las partes y de la facultad oficiosa desplegada por el juez no sea posible
desentrañar por completo la verdad».
64 Según el diccionario Panhispánico del Español Jurídico (https://dpej.rae.es/), significa: «Pleito».
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corporación atribuyó efectos inter pares65 respecto de los asuntos que presenten
supuestos jurídicos y fácticos semejantes, con el propósito de garantizar un
tratamiento uniforme de las controversias66.
187. Finalmente, en lo que concierne al caso bajo estudio, la Sala advierte que el
eventual incumplimiento del deber de información al momento del traslado de
régimen, y su incidencia en la conservación del régimen de transición, no fue
planteado durante el trámite de primera instancia. En efecto, ese aspecto no fue
alegado por Colpensiones en la demanda ni fue introducido en las contestaciones
presentadas por la señora Diana Ilba Correa Correa y Protección S.A.; por
consiguiente, tampoco quedó comprendido en la fijación del litigio. Es decir, dicho
planteamiento, al ser alegado tanto en las pretensiones como excepciones tienen
incidencia en el debate probatorio, todo ello en el marco de las facultades del juez
como director del proceso. El anterior razonamiento se extrae de la citada sentencia
SU -107 de 2024:
328 […]Para esta Corte es sumamente importante no despojar al juez de su papel
de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las
pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes para analizar las
pretensiones o las excepciones propuestas y de su facultad para, conforme a las
reglas de la sana crítica, valorar las pruebas con el objeto de resolver los casos de
ineficacia de traslados de los afiliados del RPM al RAIS. (Destaca la Sala)
188. En esas condiciones, dicha cuestión no integró el debate procesal y
probatorio dentro del cual el juez, podía en ejercicio de sus facultades como director
del proceso, decretar y valorar los medios de convicción necesarios para establecer
si la administradora cumplió el deber de información exigible al momento del
traslado. Por la misma razón, este aspecto tampoco fue objeto de pronunciamiento
en la sentencia de primera instancia; por lo que la demostración de los vicios en el
consentimiento en estos asuntos no puede operar de pleno de derecho o a partir de
presunciones, ya que debe obedecer a los presupuestos ya referidos a lo largo de
la presente decisión, con sujeción a los derechos al debido proceso.
189. En consecuencia, en el caso de autos no resulta posible efectuar el análisis
sobre la validez del consentimiento otorgado al momento del traslado inicial al RAIS
ni sobre el eventual incumplimiento del deber de información. Ello es así porque
esas circunstancias no integraron la litis desde la primera instancia y, por esa misma
razón, tampoco fueron objeto de debate ni de actividad probatoria encaminada a
establecer las condiciones en que se produjo el cambio de régimen. En
consecuencia, al no satisfacerse los presupuestos primero y tercero señalados en
65 Según el diccionario Panhispánico del Español Jurídico (https://dpej.rae.es/), significa: «loc. adj. Primero entre
sus iguales, más destacado e importante entre otras personas o cosas de la misma condición o dignidad. U. t.
c. loc. Sust».
66 SU-107 de 2024: «Estas reglas probatorias debe usarse en todos aquellos procesos que siguen su curso
actualmente, y en todos aquellos que se inicien con posterioridad[…]para la Sala Plena, las reglas contenidas
en el acápite anterior deberán ser aplicadas a los procesos ordinarios laborales que se encuentren en curso, ya
sea en primera, segunda instancia e incluso en sede de casación y los que susciten en sede de tutela.».
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el párrafo 177 de esta sentencia para hacer el análisis del consentimiento en este
proceso, la Sala no puede abordar en segunda instancia un examen que no fue
planteado oportunamente dentro del proceso.
3.5.5. Devolución de las sumas pagadas en virtud de los actos de
reconocimiento y reliquidación pensional
190. Finalmente, existe un punto convergente en los argumentos expuestos tanto
por la demandante como por la demandada, relativo a la devolución de las sumas
pagadas con ocasión del reconocimiento y la reliquidación pensional. De un lado,
Colpensiones sostuvo que las pretensiones de restablecimiento del derecho
debieron prosperar, pues, al considerar que la prestación había sido reconocida sin
el cumplimiento de los requisitos legales, mediante el Auto APSUB 553 del 13 de
marzo de 2020 solicitó a la señora Correa Correa autorización para revocar
directamente las resoluciones VPB 14674 del 3 de septiembre de 2014, GNR
381046 del 15 de diciembre de 2016 y SUB 109650 del 28 de junio de 2017;
actuación que, según indicó, fue notificada a la interesada, quien solicitó su archivo.
De otro lado, la demandada pidió que Colpensiones se abstuviera de descontar,
compensar, deducir o cobrar suma alguna por concepto de las diferencias entre la
pensión que venía percibiendo con fundamento en el régimen de transición y aquella
reconocida conforme a la Ley 100 de 1993.
191. Sobre el particular, se advierte que el fallo de primera instancia dispuso
expresamente «negar las pretensiones consecuenciales de restablecimiento del
derecho referidas a la devolución de las diferencias que resulten de la liquidación
con fundamento en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y que pagó de más a la
demandada, porque no se desvirtuó su buena fe, en sujeción a lo ordenado en el
artículo 164, numeral 1, literal c) del CPACA». En consecuencia, la solicitud de la
demandada de que no se efectúen dichos descuentos, no se torna congruente, dado
que esa orden no fue comprendida en esa decisión.
192. En todo caso, recuerda la Sala que el legislador expresamente dispuso que,
en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que
profiere la misma administración, no habrá lugar a la recuperación de las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe; ello, guardando correspondencia
con la presunción contenida en el canon 83 de la Constitución Política.
193. Esta Corporación, ha sido de tal criterio, y lo ha explicado así:
«Es necesario precisar que en situaciones como las que ocupa la atención de la
Sala, es carga de la administración cuando impugna su propio acto, y en tanto invoca
como tema de la controversia un error que le es imputable, no solo demostrar el
fenómeno de la ilegalidad dentro del que se contextualiza el error que hace anulable
el acto, sino además la ausencia de la buena fe en el sujeto del derecho que a la
sazón se beneficia del error; no cabe duda que le (sic) presunción constitucional del
artículo 83 citada es de aquellas que la doctrina denomina iuris tantum, cuestión que
evidencia la imposibilidad de su información, claro siempre que milite la prueba o el
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argumento que de manera suficientemente explícita permita la convicción en torno
a la ausencia de la buena fe de quien en su condición de titular del derecho
establecido en el acto demandado concurre al plenario como parte pasiva de la
acción.
En consecuencia para la prosperidad de la demanda, las cargas que sume la
administración demandante no se agotan solo con la prueba de la ilegalidad del acto
sino además en y en conjunto aquella que toca con los elementos que logren infirmar
la presunción a que se refiere el artículo 83 Constitucional67».
194. Por lo anterior, en orden de hacer viable el reembolso de las sumas de dinero
perseguidas en esta demanda, la demandante debe centrar su esfuerzo procesal
en demostrar no solo la ilegalidad de la liquidación pensional, sino también, en
acreditar que la obtención de tal derecho por parte de la demandada se hizo con
desconocimiento de los postulados de la buena fe, que como hemos precisado son
presumibles.
195. En otros términos, tratándose del ejercicio de la «lesividad» contra actos que
versan sobre prestaciones periódicas, no opera de manera automática el
consecuencial restablecimiento del derecho, que permite retrotraer las cosas al
estado anterior, sino que debe desvirtuarse la presunción de buena fe en cuanto a
la consecución del derecho inicialmente obtenido.
196. Así, el hecho de que la señora Diana Ilba Correa Correa no hubiese otorgado
su consentimiento para revocar los actos administrativos de reconocimiento y
reliquidación pensional no constituye un elemento demostrativo de mala fe de la
administrada. Por el contrario, se trata del ejercicio de un derecho que le asistía
para conservar su pensión, amparada en la expectativa y confianza legítima que
mantuvo durante años respecto de la eficacia de su traslado y del derecho al
reconocimiento pensional. Este aspecto, incluso, solo fue dilucidado en el curso del
proceso y a partir de lo decidido en ambas instancias judiciales. Por tanto, la
imprecisión administrativa resulta imputable a la propia administradora, sin que se
hubiese demostrado una conducta dolosa de la demandada en la configuración de
ese error.
197. Por lo tanto, como la Sala no encuentra prueba de que la pensionada hubiese
desplegado una conducta fraudulenta, deshonesta o maliciosa para lograr que la
entidad demandante accediera al reconocimiento y posterior reliquidación
pensional, confirmará la negativa del reembolso o la devolución de las sumas
pagadas por concepto de la diferencia entre la prestación reconocida conforme a la
Ley 100 de 1993 y aquella liquidada con fundamento en el régimen de transición.
3.6. Conclusión
198. La Sala confirmará la sentencia apelada. No operó la caducidad, porque los
67 Sentencia del 20 de mayo de 2010, Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente: 0807-2008.
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Diana Ilba Correa Correa
actos demandados reconocieron y reliquidaron una prestación periódica. Asimismo,
aunque el retorno de la señora Diana Ilba Correa Correa al Régimen de Prima Media
se efectuó dentro de la restricción de los diez años anteriores a la edad pensional,
el ISS lo aceptó y materializó, recibió los recursos provenientes del RAIS y las
cotizaciones posteriores. Además, no se acreditó que su anulación hubiera sido
comunicada a la afiliada ni una afectación concreta a la sostenibilidad financiera del
Sistema.
199. Sin embargo, la validez del retorno al Régimen de Prima Media no permitió
recuperar el régimen de transición, porque la señora Correa Correa no acreditaba
quince años de servicios al 1 de abril de 1994. Por ello, las resoluciones que
reliquidaron la pensión con fundamento en el Decreto 758 de 1990 carecían de
sustento jurídico. Su anulación no vulneró el principio de congruencia, pues fueron
expresamente demandadas y su control de legalidad comprendía determinar si se
conservó el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Por su parte, el eventual
incumplimiento del deber de información en el traslado al RAIS excede el objeto de
este proceso, al no haber integrado la controversia planteada.
200. No procede recuperar las diferencias pagadas, porque Colpensiones no
desvirtuó la buena fe de la pensionada. Su negativa a consentir la revocatoria
directa constituyó el ejercicio legítimo de un derecho y no una conducta fraudulenta,
deshonesta o maliciosa.
201. Por las razones expuestas, esta Subsección confirmará la sentencia apelada,
que declaró la nulidad de las resoluciones GNR 381046 del 15 de diciembre de 2016
y SUB 109650 del 28 de junio de 2017, mediante las cuales se reliquidó la pensión
de la señora Diana Ilba Correa Correa, conforme al régimen de transición; y
mantuvo la legalidad del acto de reconocimiento, Resolución VPB 14674 del 03 de
septiembre de 2014, que reconoció la prestación conforme a la Ley 100 de 1993.
3.7. Costas
202. Al respecto, la presente providencia acoge el criterio de interpretación
mayoritario 68 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
68 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido:
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Demandado: Diana Ilba Correa Correa
consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse que la parte
vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Bajo ese entendido, la Subsección
considera que no hay lugar a imponer condena en costas, en atención a que no se
advierte que la parte vencida haya incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, el 21 de
septiembre de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en segunda instancia.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Con salvamento de voto parcial
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de
abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-2014).
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