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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00785-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00785-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 26 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Condenar en costas en esta instancia, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00785-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 25000-23-42-000-2020-00785-01 (4980-2023)
Demandante : Claudia Adriana del Pilar García Fino
Demandado : Nación (Fiscalía General de la Nación), Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses

Tema : Insubsistencia. Cargo de libre nombramiento y remoción
Decisión : Confirma sentencia de primera instancia. La decisión de retiro
obedeció al ejercicio razonable de la facultad discrecional
atribuida a los cargos de libre nombramiento y remoción.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
proferida el 26 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. La señora Claudia Adriana del Pilar García Fino, por intermedio de apoderado
judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se
declare la nulidad de la Resolución 0-0252 del 13 de febrero de 2020, mediante la cual el
fiscal general de la nación declaró insubsistente su nombramiento como directora general
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) su reintegro al cargo de
directora general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o en su
defecto a otro de igual o superior jerarquía; (ii) el pago de los salarios, prestaciones
sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde su desvinculación el 14 de
febrero de 2020 y hasta el cumplimiento del fallo, debidamente indexados y actualizados
conforme a lo previsto en el artículo 188 y siguientes del CPACA; (iii) el reconocimiento
de 100 SMLMV por concepto de perjuicios morales derivados de la afectación a su buen
nombre, dignidad y prestigio personal y profesional; (iv) la condena en costas procesales;
y (v) el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en los artículos 188, 189
y 192 del CPACA.

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00785-01 (4980-2023)
Demandante: Claudia Adriana del Pilar García Fino

3. Señaló que su primera vinculación al Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses se produjo el 14 de julio de 1995 y que desde entonces desempeñó
diversos cargos, siendo el último el de directora general, nombrada mediante la
Resolución 00087 del 29 de enero de 2019 y posesionada el 4 de febrero del mismo año.
Posteriormente, su nombramiento fue declarado insubsistente a través de la Resolución
0-0252 del 13 de febrero de 2020.

4. Afirmó que el acto de insubsistencia vulneró sus derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso, pues estuvo viciado por desviación de poder, falsa y/o falta
de motivación, e incurrió en una vía de hecho contraria a los principios de legalidad,
contradicción y defensa.

5. En cuanto a la desviación de poder, sostuvo que la administración ejerció sus
facultades con fines distintos a los previstos en derecho, apartándose del objetivo legítimo
de garantizar la adecuada prestación del servicio. A su juicio, la decisión no buscó mejorar
la gestión institucional, sino que respondió a motivaciones ajenas, desconociendo así los
principios de imparcialidad, objetividad y transparencia.

6. Sobre la motivación, indicó que el acto carecía de una causa real y legítima, pues
no contenía fundamentos objetivos y verificables que justificaran su desvinculación.
Aseguró que la decisión se basó en consideraciones erradas, contrarias a la realidad y
ajenas a su desempeño.

7. Destacó que su hoja de vida, con más de 25 años de experiencia en la entidad, su
idoneidad y los resultados de su gestión desvirtuaban cualquier justificación razonable
para su retiro. Enfatizó que la discrecionalidad del nominador no podía ejercerse de forma
caprichosa o arbitraria, sino conforme a criterios de congruencia, coherencia y
razonabilidad, lo que no ocurrió en su caso.

8. Agregó que las declaraciones públicas del fiscal general —quien anunció estar en
proceso de selección de “una persona pulcra” para dirigir la entidad— comprometieron
su honorabilidad y evidenciaron motivaciones subjetivas y desproporcionadas. Además,
resaltó que su retiro coincidió con las investigaciones sobre las ejecuciones
extrajudiciales de Dabeiba (Antioquia), en las que debía participar como directora, lo que
revelaba un trasfondo retaliatorio en la medida adoptada.

Contestación de la demanda

Fiscalía General de la Nación

9. Indicó que los hechos relatados en la demanda no guardaban relación con la
controversia ni con las pretensiones, pues se limitaban a describir la hoja de vida de la
actora.

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Demandante: Claudia Adriana del Pilar García Fino

10. La entidad se opuso a su prosperidad de las pretensiones y afirmó que obró en
cumplimiento de un deber legal. Destacó que no se desvirtuó la presunción de legalidad
de la Resolución 0-0252 de 2020, mediante la cual se declaró insubsistente el
nombramiento de la demandante, y no existe causal alguna de nulidad.

11. Resaltó que los actos que declaran la insubsistencia de un cargo de libre
nombramiento y remoción no requieren motivación, en tanto obedecen a la facultad
discrecional del nominador, cuyo ejercicio se presume orientado al mejoramiento del
servicio público. Con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado y en normas
especiales de la Fiscalía, argumentó que la discrecionalidad está sustentada en la
confianza que caracteriza dichos cargos y que la demandante, al ser conocedora de la
naturaleza de su vinculación, no tenía derecho a estabilidad alguna.

12. Rechazó que la insubsistencia hubiera constituido desviación de poder, pues la
experiencia, idoneidad o trayectoria profesional no otorgan fuero de permanencia en un
cargo de libre nombramiento y remoción. Señaló que la carga de probar la desviación
recaía en la demandante y que esta no demostró que el retiro hubiera tenido un propósito
distinto al interés institucional. En ese sentido, insistió en que la resolución cuestionada
no presentó motivación falsa ni encubierta y que correspondía a una decisión legítima de
reorganización administrativa.

13. Finalmente, propuso la excepción de caducidad, al considerar que la acción fue
presentada de manera extemporánea. Precisó que la demandante fue notificada de la
resolución acusada el 14 de febrero de 2020 y que tenía hasta el 14 de junio de 2020
para radicar la solicitud de conciliación prejudicial. Sin embargo, esta se presentó el 23
de junio, cuando ya había vencido el término, por lo que estimó configurada la caducidad
del medio de control ejercido.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

14. Señaló que el fiscal general de la nación era el nominador competente para
designar y remover al director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, conforme a la Ley 938 de 2004. Recordó que el cargo de director tenía la
naturaleza de empleo de libre nombramiento y remoción, caracterizado por la especial
confianza y el ejercicio intuitu personae de sus funciones, de modo que no otorgaba
estabilidad ni período fijo.

15. En cuanto a la discusión sobre los requisitos del cargo, expuso que el actual
director encargado, Jorge Arturo Jiménez Pájaro, cumple con todas las exigencias
legales para acceder a la dirección, al acreditar título profesional, especializaciones y
experiencia superior a ocho años. Aportó un recuento detallado de su trayectoria en la
entidad, resaltando que había ocupado diversos cargos, muchos de ellos en encargo,
incluso en reemplazo de la propia demandante, lo cual acreditaba su idoneidad.

16. Frente a la acusación de desviación de poder, explicó que este vicio requería
prueba fehaciente de que la autoridad actuó con fines personales o contrarios al interés

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Demandante: Claudia Adriana del Pilar García Fino

público. Señaló que en el caso concreto no existían elementos de prueba que acreditaran
un “iter desviatorio” y que las afirmaciones de la actora se reducían a conjeturas. De igual
modo, sobre la supuesta falsa motivación, indicó que la jurisprudencia del Consejo de
Estado exigía demostrar que los hechos considerados por la administración no estaban
probados, o que se omitieron otros que habrían llevado a una decisión distinta. En todo
caso, reiteró que los actos de insubsistencia en cargos de libre nombramiento y remoción
no requerían motivación expresa, pues bastaba la confianza del nominador.

17. Enfatizó que la idoneidad profesional y el buen desempeño de la demandante no
le otorgaban fuero de estabilidad. La eficiencia y el cumplimiento del deber eran exigibles
a cualquier servidor público, pero no limitaban la facultad discrecional del nominador.

18. Finalmente, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
al considerar que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no era la
entidad llamada a responder, dado que no profirió el acto de insubsistencia ni tenía
competencia para nombrar o remover al director general.

Sentencia apelada

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
declaró no probadas las excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa por
pasiva, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante
por haber resultado vencida en el proceso.

20. La autoridad judicial concluyó que no se probó la desviación de poder en el acto
que declaró insubsistente el nombramiento de la señora Claudia Adriana del Pilar García
Fino. Indicó que la carga de demostrar que la medida fue usada como represalia recaía
en la demandante, pero no se allegaron pruebas que evidenciaran un móvil distinto al
buen servicio. Precisó que los artículos de prensa aportados solo acreditaban la
existencia de la noticia, mas no la veracidad de su contenido, por lo que no podían tenerse
como sustento de las afirmaciones de la actora.

21. Asimismo, valoró los testimonios que resaltaban la idoneidad y trayectoria de la
demandante, pero aclaró que el buen desempeño o las calidades personales no otorgan
fuero de estabilidad en un cargo de libre nombramiento y remoción. Por ello, resultaba
legítimo que el nominador decidiera relevarla, al contar con la potestad discrecional para
rodearse de funcionarios de su confianza.

22. Desestimó el argumento según el cual el servicio se desmejoró con la designación
del nuevo encargado, al señalar que la comparación de perfiles no es relevante en este
tipo de decisiones y que lo único exigible es que el reemplazo cumpla con los requisitos
mínimos para el cargo, lo que en este caso se acreditó. También precisó que los
señalamientos de prensa sobre el nuevo funcionario no constituyen un medio probatorio
válido para demostrar que carecía de idoneidad para el cargo.

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Demandante: Claudia Adriana del Pilar García Fino

23. Finalmente, el Tribunal no analizó los cuestionamientos introducidos en alegatos
de conclusión relacionados con la permanencia del encargo, pues no habían sido
planteados en la demanda, y hacerlo en esa etapa desconocería el derecho de
contradicción. En suma, al no acreditarse que el acto discrecional se apartó de la finalidad
del buen servicio, se concluyó que no existió desviación de poder.

Recurso de apelación

24. La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, argumentando que esta no valoró adecuadamente los hechos ni las pruebas
obrantes en el proceso. Insistió en que la resolución mediante la cual el fiscal general de
la nación declaró insubsistente su nombramiento como directora general del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, adolece de un vicio de desviación de
poder.

25. Sostuvo que dicho acto, aunque expedido por una autoridad competente y
cumpliendo las formalidades legales, no persigue el interés general ni el buen servicio
público, sino fines personales, políticos o arbitrarios, lo cual vulnera el elemento
teleológico del acto administrativo. Argumentó que su retiro no respondió a razones
objetivas ni de mejoramiento del servicio, sino a motivaciones ajenas al orden jurídico,
con lo cual se desconoció el mérito profesional y la trayectoria.

26. Resaltó que se desempeñó con éxito en el cargo, ejecutando proyectos
institucionales relevantes y presentando resultados positivos en su gestión, como se
desprende del informe de labores correspondiente. Además, afirmó que el funcionario
designado en su reemplazo no cuenta con la misma idoneidad técnica, lo que demuestra
que no se buscó mejorar el servicio público, sino reemplazarla por motivos personales.

27. Adicionalmente, cuestionó que el cargo que ejercía se encuentre en encargo
indefinido desde su desvinculación, lo que desnaturaliza dicha figura temporal y
contribuye a reforzar la ilegalidad del acto demandado.

28. Finalmente, reiteró que el acto administrativo debe anularse por desviación de
poder, en tanto que la supuesta finalidad institucional encubría un propósito ajeno a la
ley, lo que también se refleja en manifestaciones públicas del fiscal general, que sugerían
motivaciones subjetivas en el retiro.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

29. Mediante auto proferido el 29 de agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la demandante.

30. Durante la oportunidad procesal, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses se pronunció frente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora,
señalando que dicha entidad no causó perjuicio alguno ni lesionó derecho subjetivo
amparado en norma jurídica. Aclaró que, de existir algún quebrantamiento normativo o

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Demandante: Claudia Adriana del Pilar García Fino

vicio en el acto demandado, ese sería atribuible exclusivamente al fiscal general de la
nación por ser la autoridad competente para la designación y retiro del director general
de ese instituto.

31. El Ministerio Público sugirió confirmar la sentencia de primera instancia, al
considerar que los argumentos de la demandante no eran suficientes para desvirtuar la
potestad discrecional del nominador. Recordó que los cargos de libre nombramiento y
remoción, como el que ella ocupaba, no otorgan estabilidad, pues su permanencia
depende exclusivamente de la confianza del nominador. Señaló que, si bien la actora
desempeñó sus funciones de manera adecuada, ello no limita la facultad del nominador
para designar colaboradores de su confianza, especialmente ante un cambio de
administración. Concluyó que no se acreditó que el fiscal general de la nación hubiera
actuado con un propósito distinto al buen servicio público o con fines políticos, ya que no
se aportaron pruebas que evidenciaran de forma clara una intención desviada.

32. La Fiscalía General de la Nación guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES.

Competencia

33. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.

Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
acertó al concluir que no se demostró la desviación de poder en la resolución mediante
la cual la Fiscalía General de la Nación declaró la insubsistencia del nombramiento de la
señora Claudia Adriana del Pilar García Fino como directora general del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, considerando que se trataba de un cargo de libre
nombramiento y remoción y que no se aportaron pruebas idóneas que evidenciaran un
propósito distinto al buen servicio público.

Análisis del problema jurídico

35. En el presente caso, la Sala confirmará la sentencia apelada, dado que no se
acreditó la existencia de desviación de poder en la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento de la actora, quien ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción.
Aunque demostró un buen desempeño en sus funciones, no se desvirtuó la presunción
de legalidad del acto administrativo demandado, ni se probó que el nominador actuara

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Demandante: Claudia Adriana del Pilar García Fino

con fines distintos al interés general o al buen servicio, conforme a las razones que se
expondrán a continuación.

36. La demandante reiteró en el recurso de apelación que la resolución cuestionada
está viciada por desviación de poder, al no haber sido adoptada por razones objetivas ni
orientadas al mejoramiento del servicio. A su juicio, la decisión obedeció a motivaciones
ajenas al orden jurídico, lo que implicó desconocer su trayectoria profesional y su
desempeño como directora general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses. Además, señaló que el funcionario designado en su reemplazo carece de la
misma idoneidad técnica.

37. Es preciso aclarar que el cargo desempeñado por la actora —directora general del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses— corresponde a un empleo de
libre nombramiento y remoción. En virtud de ello, la declaración de insubsistencia no
requería motivación expresa.

38. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación1, los empleos de libre
nombramiento y remoción se caracterizan por la especial relación de confianza con el
nominador y por el rol directivo o asesor que implican. Esta modalidad de vinculación
otorga a la administración una facultad discrecional tanto para el nombramiento como
para la remoción de quienes los ocupan, sin que se requiera motivación formal, aunque
dicha potestad no es ilimitada.

39. En efecto, aunque el retiro de funcionarios en estos cargos no exige una causal
disciplinaria ni la acreditación de ineficiencia, la facultad debe ejercerse en el marco de
los principios de razonabilidad, proporcionalidad y finalidad del servicio público. La
discrecionalidad no puede entenderse como sinónimo de arbitrariedad ni emplearse para
encubrir decisiones discriminatorias, especialmente cuando están en juego derechos
fundamentales.

40. En ese sentido, el nombramiento de una persona que no cumpla con los requisitos
legales mínimos puede generar un desmejoramiento del servicio, pues se presume que
no posee las competencias necesarias para el ejercicio del cargo. Por tanto, corresponde
a la administración garantizar que los funcionarios designados cumplan con los requisitos
establecidos en la ley y en los manuales específicos de funciones.

41. En el caso concreto, se acreditó mediante la hoja de vida obrante en el expediente
que el señor Jorge Arturo Jiménez Pájaro —quien reemplazó a la actora— cumplía con
los requisitos legales y la experiencia exigida para ocupar el cargo, conforme a lo
dispuesto en el artículo 41 de la Ley 938 de 2004. Este aspecto no fue controvertido por
la demandante, y no se probó que las calidades del nuevo funcionario fueran inferiores o
inadecuadas para el desempeño del cargo. Por consiguiente, no se configuró una

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia
del 15 de febrero de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2018-01641-02 (661-2023).

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Demandante: Claudia Adriana del Pilar García Fino

desviación de poder o un uso indebido de la potestad discrecional por parte de la
autoridad nominadora.

42. En consonancia con lo anterior, no se acreditó en el proceso que el acto
administrativo demandado respondiera a fines distintos a los propios de la función
pública. Tampoco se demostró que el retiro de la demandante obedeciera a motivaciones
políticas, personales o contrarias al interés general.

43. En este tipo de casos, las cualidades profesionales de la actora o su adecuado
desempeño, aunque relevantes, no son suficientes para limitar la potestad discrecional
del nominador, tratándose de un cargo de libre nombramiento y remoción. La decisión de
declarar insubsistente su nombramiento obedece, esencialmente, a la pérdida de
confianza, un criterio que solo corresponde evaluar al nominador, conforme a la ley.

44. En conclusión, las afirmaciones de la apelante no permiten acreditar la existencia
de desviación de poder, pues no se allegaron pruebas que permitan concluir, sin lugar a
duda, que la decisión fue contraria al buen servicio público o que produjo un
desmejoramiento en la función desempeñada. Por ello, no se desvirtuó la presunción de
legalidad del acto administrativo acusado y se confirmará la sentencia de primera
instancia.

Condena en costas

45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

46. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

47. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

48. En consecuencia, se impondrán costas a la demandante, por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente

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Demandante: Claudia Adriana del Pilar García Fino

de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

49. En relación con la condena en costas impuesta en primera instancia, la Sala se
abstendrá de pronunciarse por cuanto no fue objeto de reparo concreto en el recurso de
apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 26 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que negó las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Condenar en costas en esta instancia, de acuerdo con lo expuesto en esta
providencia.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

9

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