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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00823-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00823-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FA L L A Primero. Revocar la sentencia proferida el tres (3) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso promovido por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se negarán las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00823-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

28 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00823-01 (4833-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Demandada: Cecilia Elorza Ruiz

Temas: Compatibilidad entre pensiones reconocidas en virtud de tiempos
de servicio públicos y privados. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el tres (3) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones instauró demanda en
contra de la señora Cecilia Elorza Ruiz en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, bajo la modalidad
de lesividad, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución 09928 del 26 de abril de 2004, a través
de la cual el Instituto de Seguros Sociales reconoció una pensión de vejez en favor
de la señora Cecilia Elorza Ruiz, por existir incompatibilidad con la prestación
otorgada por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada la devolución
de lo pagado por concepto de las mesadas, retroactivos y aportes de salud recibidas
entre el 30 de junio de 2003 y el 30 de noviembre de 2019, conforme lo señalado
en la Resolución SUB 345269 del 18 de diciembre de 2019. Que las sumas
adeudadas sean indexadas y se paguen los intereses a los que hubiere lugar. Que

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00823-01 (4833-2024)

se condene en costas a la accionada.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que por Resolución 21358 del 7 se septiembre de 2001, la Caja Nacional de
Previsión Social – Cajanal, hoy UGPP concedió una pensión de vejez a la señora
Cecilia Elorza Ruiz, efectiva desde el 1.° de enero de 2001, por un monto de
$3.544.720. Que dicha decisión fue modificada mediante Resolución 04573 del 22
de marzo de 2002.

Que el Instituto de Seguro Social, a través de Resolución 09928 del 26 de abril de
2004, reconoció pensión de vejez en favor de la demandada por $1.304.062,
efectiva a partir del 30 de junio de 2003, de conformidad con el régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Que el tiempo considerado para efectos de
otorgar dicha acreencia fue considerado por Cajanal.

Que la demandada actuó de mala fe al declarar bajo juramento, que no estaba
afiliada a otra administradora de pensiones, ni había tramitado ninguna prestación
económica, devolución de aportes o saldos que fuera incompatible con la pensión
de vejez reclamada ante el ISS.

Que, no era posible que a la señora Cecilia Elorza Ruiz se le reconociera la pensión
de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, porque, al
momento de este reconocimiento, ya percibía una pensión otorgada por la Caja
Nacional de Previsión Social, Cajanal, siendo ambas pensiones incompatibles.

Que, mediante el Auto de Pruebas APSUB 2104 del 19 de junio de 2018,
Colpensiones dio apertura a la etapa probatoria en la investigación administrativa
330-18 y ordenó el envío del expediente a la Gerencia de Prevención de Fraude.
Que la demandada no se pronunció, a pesar de que fue notificada el 19 de marzo
de 2019.

Que, por medio del Auto de Cierre No. 1596 del 3 de octubre de 2019, se concluyó
que el reconocimiento de la pensión de vejez a favor de la señora Elorza Ruiz se
realizó de manera indebida, dado que solicitó dos pensiones de vejez: una otorgada
por Cajanal y la otra por el ISS. Se determinó que, la accionada utilizó maniobras
fraudulentas con pleno conocimiento, al presentar un formato de "no pensión",
indicando que no percibía ninguna prestación pensional anterior, con el fin de
obtener un beneficio propio.

Que, a través de la Resolución SUB 305704 de 7 de noviembre de 2019,
Colpensiones revocó la Resolución 09928 de 26 de abril de 2004, por la cual
reconoció y reliquidó la pensión de vejez a favor de la demandada, con fundamento

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en las consideraciones de la investigación administrativa especial. Decisión
confirmada por Resoluciones SUB 102446 de 30 de abril y DPE 7918 de 15 de mayo
de 2020.

Que, mediante la Resolución SUB 345269 de 18 de diciembre de 2019,
Colpensiones informó que el valor girado a la señora Cecilia Elorza Ruiz, entre el
30 de junio de 2003 y el 30 de noviembre de 2019, correspondiente a mesadas,
retroactivos y aportes a salud derivados del reconocimiento de la pensión de vejez,
ascendía a la suma de $448.475.595.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 128 constitucional, 19 de la Ley 4ª de 1992 y 17
de la Ley 549 de 1999.

Sostuvo que el reconocimiento efectuado presenta una incompatibilidad evidente,
puesto que ambos beneficios tienen origen en la misma fuente y cubren un único
riesgo. Que dicha concesión contraviene lo estipulado en los artículos 128 de la
Constitución y 19 de la Ley 4ª de 1992, que prohíben recibir más de una asignación
del tesoro público, salvo excepciones que no son aplicables en este caso.

Que, conforme a la sentencia del 17 de abril de 2013, 1 si bien es posible recibir una
pensión de jubilación por servicios en el sector público y una pensión de vejez del
ISS por períodos trabajados en el sector privado, no ocurre lo mismo cuando la
segunda prestación incluye tiempos públicos, pues bajo ese supuesto se involucran
dineros que provienen del erario.

Que en el expediente pensional de la señora Cecilia Elorza Ruiz, se encuentra una
declaración en la que indicó que no recibía ninguna prestación incompatible con la
pensión de vejez solicitada y con base en esa manifestación fue que Colpensiones
le reconoció el derecho.

Que, en la investigación administrativa, se evidenció que la señora Elorza Ruiz
solicitó dos prestaciones económicas: una concedida por Cajanal y otra por el ISS,
omitiendo información relevante con el fin de obtener un beneficio propio, ya que en
el formulario de solicitud indicó que no percibía ninguna otra pensión.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 16 de septiembre de 2022 y notificada
a la demandada, quien señaló que adquirió su pensión conforme al artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992, pues la prestación concedida se ajusta a la excepción contemplada
en el literal e), que establece: literal e). «Los honorarios percibidos por concepto de
servicios profesionales de salud.», ya que prestó sus servicios como odontóloga desde

1 Radicación: 25000-23-25-000-2009-00274-01

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el 3 de mayo de 1982 hasta el 29 de junio de 2003 en Comfenalco, según
certificación expedida el 28 de julio de 2003. Que la demandante incurre en un error
al sostener que dicha norma fue violada, sin considerar la salvedad establecida en
el artículo 128 de la Constitución.

Que la entidad no puede refutar el principio de buena fe, ya que ignoró la
normatividad aplicable en el momento en que se solicitó el reconocimiento de la
pensión, el 26 de abril de 2004, cuando estaba vigente la mencionada ley, que
permite percibir honorarios por servicios profesionales de salud, lo cual justifica la
legalidad de la asignación otorgada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones al considerar que la señora Cecilia Elorza no tenía derecho al
reconocimiento de la pensión de vejez reconocida por Colpensiones, debido a que
está expresamente prohibido percibir más de una asignación proveniente del tesoro
público. En consecuencia, se declaró la nulidad de la Resolución 09928 del 26 de
abril de 2004, mediante la cual el ISS había concedido la pensión en disputa.

Sobre el material probatorio remitido indicó que, para el otorgamiento de la pensión
por parte del Instituto de Seguros Sociales, se consideraron cotizaciones tanto de
entidades públicas como privadas. Que, conforme a la jurisprudencia del Consejo
de Estado, 2 no es posible devengar dos acreencias del erario, lo que ocurre en este
caso, dado que las pensiones concedidas por Cajanal y el ISS involucran tiempos
laborales en el sector público.

Respecto a la Resolución SUB 345269 del 18 de diciembre de 2019, 3 precisó que
no era procedente que la demandante adelantara las actuaciones de cobro por lo
cancelado durante el período comprendido entre el 30 de junio de 2003 y el 30 de
noviembre de 2019, hasta que el juez decidiera si el acto pensional era nulo o no,
puesto que, sólo después de esa decisión se podría determinar si se habían
generado pagos indebidos.

Que no se comprende el comportamiento de la demandada, quien, habiendo
recibido su primera pensión el 7 de septiembre de 2001 (mediante la Resolución
21358), solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez ante Colpensiones en dos
ocasiones, el 30 de julio de 2003 (solicitud 1531) y el 20 de noviembre del mismo
año (solicitud 22874) afirmando que no percibía ninguna otra pensión. Actuaciones
de las que infirió que la señora Elorza Ruiz proporcionó información falsa a la
administración para obtener el reconocimiento pensional discutido, evidenciando así

2 Sentencia del 30 de octubre de 2020. Expediente: 2015- 00488-01(3544-2018).
3 Mediante la cual se determinó que el monto girado a la accionada por concepto de la pensión de vejez fue de

$448.475.595 y se ordenó remitir el acto a la Dirección de Procesos Judiciales para iniciar las acciones legales
correspondientes. Se advierte que, aunque este acto administrativo no fue objeto de demanda, el tribunal lo
analizó.

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una mala intención de su parte.

Que el proceder de la pensionada no se rigió por el principio de buena fe, lo que
justifica la devolución de dineros. 4 Sin embargo, también destacó que la
administración permitió que transcurriera un tiempo considerable sin iniciar la acción
correspondiente, lo que generó una legítima confianza por parte de la demandada
en la percepción de su pensión. Por lo que declaró la prescripción de las mesadas
pensionales canceladas del 26 de abril de 2004 al 1.° de octubre de 2017, teniendo
en cuenta que el medio de control se radicó el 1.° de octubre de 2020.

En consecuencia, ordenó el reintegro de las sumas canceladas indebidamente, a
partir del 1.° de octubre de 2017 hasta que cesó el pago de la prestación. Que, para
el efecto, Colpensiones deberá suscribir con la demandada un acuerdo de
reembolso que preste mérito ejecutivo, asegurando que los montos y plazos
pactados no pongan a la obligada en una situación de indignidad, considerando sus
condiciones socioeconómicas actuales, al ser una persona de 79 años.

RECURSO DE APELACIÓN

La señora Cecilia Elorza Ruíz señaló que prestó sus servicios tanto en entidades
públicas como privadas, y que, en las fechas en que adquirió sus derechos
pensionales, estaba vigente la Ley 4ª de 1992. Que según el literal e) de dicha ley,
su condición de profesional de la salud le permitía acceder a ambas prestaciones
económicas. Que el daño causado por la administración podría haberse evitado si
se hubiera reconocido esta circunstancia.

Que la Resolución 09928 del 26 de abril de 2004, mediante la cual el ISS otorgó la
pensión, estaba conforme con la normativa vigente (Decreto 758 de 1990). Que para
el 30 de julio de 2003, fecha en que solicitó la pensión, ya cumplía con los requisitos
exigidos por el régimen de transición, pues tenía 58 años y 500 semanas dentro de
los últimos 20 años.

Que, en relación con la pensión otorgada por el ISS, el juez presentó una relación
de 5.478 días cotizados, de los cuales 71 días corresponden a la Caja Seccional de
Seguros Sociales y 143 días al Instituto Nacional de Vías, instituciones públicas.
Que, al excluir estos 214 días, el total resultante es de 5.264 días, que equivale a
752 semanas, superando la exigencia legal de 500 semanas en el sector privado,
lo que valida la legitimidad del reconocimiento de la pensión. Que el error cometido
por el Instituto de Seguros Sociales al contabilizar los aportes de entes oficiales no
afecta el cumplimiento del referido supuesto.

Que en la sentencia se hizo un análisis de los tiempos reportados ante la Caja
Nacional de Previsión Social, bajo la «Resolución 27041 de 6 de agosto de 2000», la
cual no se encuentra en el expediente, pues el acto de reconocimiento es la

4 Decisión para la cual tuvo en cuenta la sentencia C-1194 de 2008 proferida por la Corte Constitucional.

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Resolución 21358 de 7 de septiembre de 2001, que fue modificada por la
Resolución 04573 de 22 de marzo de 2002, debido a las imprecisiones en las
cotizaciones, en particular las correspondientes a Comfenalco, que fueron
suprimidas en el último acto, hecho que no fue tenido en cuenta por el tribunal al
valorar los aportes realizados.

Que existe confusión en el marco de la concesión prestacional, ya que se presumió
la mala fe, ante la no declaración de la existencia de la pensión de Cajanal, cuando
esa situación no afecta el derecho a recibir la acreencia por parte del ISS, dado que
se encontraba amparada por las excepciones previstas en la legislación. Que,
según la sentencia del 18 de septiembre de 2020 del Consejo de Estado,5 es posible
devengar simultáneamente una pensión de jubilación por servicios en el sector
público y una pensión de vejez por períodos laborados en instituciones privadas.

Que tratándose de un derecho fundamental que garantiza la subsistencia de una
persona de la tercera edad, debe prevalecer el derecho sustancial, tal como lo
dispone el artículo 228 de la Constitución.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 7 de octubre de 2024 se admitió el recurso. Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe determinar si la pensión otorgada a la señora Cecilia Elorza Ruiz por
el extinto ISS, mediante la Resolución 09928 del 26 de abril de 2004 es incompatible
con la prestación reconocida por Cajanal, a través de la Resolución 21358 de 7 de
septiembre de 2001.

Igualmente, deberá analizar si procede declarar la nulidad del acto administrativo
inicial, por estar presuntamente acreditado que, la demandada incurriendo en
fraude, hizo que Colpensiones le concediera la pensión discutida y, si en
consecuencia, hay lugar a ordenar la devolución de los dineros pagados por dicho
concepto.

Marco normativo y jurisprudencial

El artículo 128 de la Constitución Política de Colombia reza lo siguiente:

«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público
ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.

5 Expediente: 47001-23-33-000-2014-00205-01 (3776-2015).

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Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.».

Esta norma fue desarrollada a través de la Ley 4.ª de 1992, en la cual se regularon
las respectivas excepciones a la prohibición citada en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público,
ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las siguientes
asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de
la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de
la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados.

PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de
ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.».

La Corte Constitucional a través de la sentencia C133 de 1993 declaró la
exequibilidad de la anterior norma, al considerar que esta se ajusta al postulado
supralegal de la incompatibilidad entre dos o más asignaciones del erario.

La prohibición constitucional para recibir dos o más pagos con fuente de financiación
de recursos públicos abarca también a las pensiones, en términos generales, desde
el concepto amplio de asignación, ello siempre y cuando su causa u origen sea
común mientras provengan de aportes derivados de sendas vinculaciones con el
Estado.

La Sala precisa que el hecho de que una de las prestaciones sometidas a examen
de compatibilidad haya sido reconocida por el Instituto de Seguros Sociales no
conlleva por sí misma la naturaleza de erogación del erario; aun si el artículo 49 del
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, preveía la
improcedencia de devengar las pensiones reconocidas por dicha institución con las
demás contempladas para el sector público.

Se destaca que, en sentencia del 2 de diciembre de 2019, 6 esta Subsección señaló:

«[…] Pues bien, como quedó expuesto, el Consejo de Estado aclaró que el Instituto
de Seguros Sociales se convirtió en un mero administrador de los dineros que
aportaban asalariados y empleadores con el compromiso de manejarlos, lo cual

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2
de diciembre de 2019. Radicado: 25000-23-42-000-2012-01293-01(0775-15).

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significa que no todas las pensiones pagadas por ese instituto denoten per se
la calidad de públicas o provenientes del tesoro público, pues muchas de ellas
son sufragadas con dineros provenientes de patronos particulares.

Por eso, la naturaleza jurídica de las pensiones debe ser determinada por la calidad
del patrono o de quien realice los aportes, pues dependiendo del origen o la fuente
de los dineros con que se hayan hecho los aportes se denominará si es pública o
privada. […]» (Negrilla del texto original. Líneas intencionales).

Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado 7 precisó que tal afirmación
tenía fundamento respecto de las situaciones pensionales configuradas antes de
que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, pues al entrar en vigor, esta implementó
un sistema integral que se acompasaba con el canon constitucional precitado, en el
entendido de que no era posible devengar dos prestaciones destinadas a contener
el mismo riesgo de vejez, tal como se adujo de la siguiente forma:

«Bajo estas consideraciones, puede concluirse, que no es acertada la decisión de
la Administración relativa a la negativa del derecho pensional reclamado,
fundada en la incompatibilidad pensional, máxime si, como en el presente
asunto, la pensión reconocida por el ISS es resultado de aportes
eminentemente privados, efectuados con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993. […]

(i) De la compatibilidad pensional. Al respecto, establece el artículo 128 de la
Constitución Política que: "Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un
empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o
de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo
los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el
de las descentralizadas.".

Consagra el anterior precepto constitucional la imposibilidad de (I) desempeñar más
de un empleo público y (II) percibir más de una asignación que provenga del (a)
tesoro público o (b) de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado.

Dentro de esta prohibición ha de entenderse no sólo la percepción de más de un
"sueldo" que provenga de más de un empleo público, sino la de otras
remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente, tales como pensiones,
entre otros.». (Negrita de la Sala).

Esta aclaración de la compatibilidad cuando una de las pensiones proviene de
aportes privados, halla sustento en la medida en que el fin del Sistema General de
Seguridad Social implementado con la promulgación de la Ley 100 de 1993, es
unificar las condiciones y exigencias para toda la población, en orden de acceder

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 22

de octubre de 2009. Radicado: 05001233100020010042301 (0262-2008).

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en clave de igualdad e integralidad a todas las prestaciones que este consagra, y
de aquella forma suplir las contingencias derivadas de la actividad laboral.

Esta Sección ha manifestado que el contenido del artículo 128 superior, al referirse
a la noción de asignación del tesoro público, debe entenderse de manera irrestricta
y, en consecuencia, los aportes al mentado sistema no podían hacer parte de este
criterio.

En sentencia del 19 de febrero de 2015 8 se indicó en un caso similar, en el que
había cotizaciones del sector privado y del sector público, que, en definitiva, no es
posible devengar dos pensiones de vejez consolidadas por tiempos prestados al
servicio del Estado; pero que sí resultaba viable la compatibilidad cuando una
tuviera como base aportes del sector privado y, la otra, aportes de empleadores de
derecho público:

«De lo anterior se concluye que es viable percibir una pensión de jubilación por
servicios prestados en el sector público y a la vez recibir una pensión de vejez por
parte del ISS siempre que ésta se reconozca por servicios prestados a patronos
particulares.

No sucede lo mismo cuando la pensión que reconoce el Instituto del Seguro Social
incluye tiempos laborados en el sector público porque en ese caso se involucran
dineros que provienen del "tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que
tenga parte mayoritaria el Estado" y en tal sentido sería incompatible con la pensión de
jubilación reconocida por servicios prestados en el sector público.». (Negrita fuera de
texto).

Bajo este contexto, el ordenamiento jurídico y la línea jurisprudencial vigentes
habilitan la compatibilidad entre dos pensiones de vejez en favor de un mismo
beneficiario, aun cuando estas busquen proteger el mismo riesgo o compartir un
objeto análogo, siempre y cuando sus fuentes de financiación en materia de aportes
sean diferentes en punto a la esencia de los vínculos laborales que sustentan ambas
prestaciones, esto es, que se trate de cotizaciones derivadas en cada caso
exclusivamente de tiempos de servicio a diferentes empleadores del sector público
y privado, respectivamente.

Resolución del caso concreto

Con relación al primer motivo de apelación, relativo a la imposibilidad de devengar
las dos prestaciones en discusión, la Sala advierte que es pertinente precisar que
la condición de profesional de la salud de la accionada constituye una de las
excepciones9 que le permite recibir más de una asignación proveniente del tesoro
público y es precisamente atendiendo a esa disposición que el estudio en este
asunto debe tener en consideración las vinculaciones laborales y la fuente u origen

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19

de febrero de 2015. Radicado: 25000-23-25-000-2008-00147-01(0882-13).
9 «e. Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud.».

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de los recursos, pues de acreditarse que la demandada efectivamente prestó sus
servicios en diversas entidades, públicas y privadas, ello explicaría la razón de las
dos prestaciones económicas reconocidas.

En la demanda, Colpensiones sostuvo que debe revocarse la resolución
demandada, dado que, al otorgar la prestación, incluyó tiempos previamente
reconocidos por CAJANAL para la concesión de una pensión de jubilación, lo que
en su criterio generaría incompatibilidad. Al respecto, la Sala precisa que la
demandante se limitó a afirmar que existía duplicidad de tiempos sin hacer
referencia específica a dichos períodos, lo que dificulta un análisis detallado del
punto, especialmente considerando que el acto administrativo de reconocimiento de
pensión por parte de Cajanal no fue demandado.

Sin embargo, de las pruebas allegadas se encuentra que mediante Resolución
00928 de 2004, el extinto ISS concedió pensión de vejez a la señora Cecilia Elorza
Ruiz, con base en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo
año, considerando 1197 semanas cotizadas al Instituto de Seguros Social a lo largo
de su relación laboral. Aunque la administración no hizo referencia a las entidades
y períodos estimados, en la historia laboral expedida el 25 de enero de 2001 10 se
relacionó lo siguiente:

Entidad Desde Hasta Días Semanas Observación
Caja Seccional Cund Seg Sociales 23/10/1972 01/01/1973 71 0
Instituto Zoraida Cavides 01/07/1980 20/04/1982 659 0 659
Caja Compensación Familiar de Fenalco 24/05/1982 31/12/1994 4605 0 4605
Instituto Nacional de Vías 11/08/1994 31/12/1994 143 143
Total días cotizados: 5478 143 5335
Semanas cotizadas: 762.1429

Se encuentra también que la demandada prestó su servicio tanto en entidades
públicas: 11(Departamento de Cundinamarca, Instituto Nacional de Transporte,
INPEC) como en instituciones privadas: 12 (Instituto Zoraida Cavides y Comfenalco),
de forma simultánea, en su calidad de empleada del sector salud.

Ahora bien, de la lectura integral del acto administrativo cuya legalidad se estudia,
se concluye que tuvo en cuenta para conceder la pensión en el año 2004 el número
de semanas (1.197), el cual si se confronta con el certificado expedido por

10 Si bien se aludió al período laborado en el Instituto Nacional de Invias, lo cierto es que no fue tenido en cuenta

en esa época para contabilizar las semanas, pues en principio se totalizó 5.478 días y se restaron los 143 días
laborados en dicha entidad, lo que finalmente dio 5335 días equivalentes a 762.14 semanas. SAMAI. Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Índice 33. Archivo (2023111002964321_1686325586378_41346535
UNIFICADO.pdf). Página 34.
11 SAMAI. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Índice 33. Archivo
(2023111002964321_1686325586378_41346535 UNIFICADO.pdf). Páginas 6 y 7, 9 a 24, 37 a 41.
12
SAMAI. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Índice 19. Archivo
(35_RECIBEMEMORIALES_20230111105213677PD(.pdf) NroActua 19) Página 7. Certificación expedida el 28
de julio de 2003 por la Caja de Compensación Familiar, en la que consta que la señora Cecilia Elorza laboró en
Comfenalco, como odontóloga, en la modalidad de contrato a término indefinido desde el 3 de mayo de 1982
hasta el 29 de junio de 2003.

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Comfenalco el 28 de julio de 2003, que indica que laboró en dicha institución entre
el 3 de mayo de 1982 y el 29 de junio de 2003, se deduce que la Administradora
Colombiana de Pensiones solo tomó los aportes realizados en el sector privado,
sumando las cotizaciones del Instituto Zoraida Cavides, para alcanzar un total de
8.359 días, equivalentes a 1.194 semanas, un número muy cercano al que figura en
la resolución (1.197 semanas). Veamos:

Entidad Desde Hasta Días Semanas
Instituto Zoraida Cavides 01/07/1980 20/04/1982 658 94
Caja Compensación Familiar de Fenalco 3/05/1982 29/06/2003 7701 1100
Total días y semanas cotizadas: 8359 1194

Se precisa que, si los argumentos de la actora se basan en los lapsos mencionados
en la primera tabla, conforme con la historia laboral de 2001, en la que se relacionan
dos entidades públicas, se advierte que, incluso excluyendo esas cotizaciones, la
señora Cecilia Elorza cumple con el derecho a la pensión por haber cotizado las
500 semanas de que trata el referido decreto, cifra que se supera ampliamente con
los aportes efectuados en Comfenalco, tal como se procede a explicar:

La demandante reunió los requisitos previstos en el Decreto 758 de 1990, pues
antes de cumplir la edad requerida (55 años), 13 contaba con las 500 semanas
exigidas, según los aportes realizados exclusivamente a entes privados: en el
Instituto Zoraida Cavides, desde el 1.° de julio de 1980 hasta el 20 de abril de 1982,
para un total de 658 días (94 semanas), y en la Caja de Compensación Familiar de
Fenalco (Comfenalco), del 24 de mayo de 1982 al 31 de diciembre de 1994, por
4.605 días (657 semanas). Datos que se extraen de la historia laboral previamente
mencionada, visible en la página 34, índice 33 del aplicativo SAMAI,14 que señala
762 (sic) 15 semanas cotizadas.

En todo caso, de encontrar coincidencias en las fechas relacionadas en la primera
pensión concedida, corresponde a las entidades involucradas resolver ese aspecto
bajo el principio de coordinación y colaboración, sin que sea aceptable imponer una
carga desproporcionada a la parte más débil del sistema, respecto de quien quedó
plenamente acreditado los requisitos para ser acreedora de la pensión otorgada por
el ISS.

Así las cosas, se concluye que no se configura la incompatibilidad alegada por
Colpensiones, pues las cotizaciones provienen de diferentes empleadores, incluso
en su naturaleza. Lo anterior, en consideración a que se demostró que la señora
Elorza Ruíz laboró con entes públicos y tuvo una relación contractual en el sector
privado como profesional de la salud, en la que efectuó los aportes
correspondientes, tal como era su obligación, para beneficiarse de la prestación

13 Al 3 de abril de 2000, teniendo en cuenta que nació el 3 de abril de 1945. Archivo
(2023111002964321_1686325586378_41346535 UNIFICADO.pdf). Página 5.
14 Archivo (2023111002964321_1686325586378_41346535 UNIFICADO.pdf).
15 Según cálculo realizado por la Sala el total de semanas es de 751.

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reconocida bajo el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma
anualidad.

Finalmente, la Subsección cuestiona la decisión del tribunal, que partió del análisis
de un acto preparatorio expedido por Cajanal (proyecto de Resolución 27041 del 6
de agosto de 2000),16 con el fin de comparar el tiempo de servicios considerado por
las administradoras de pensiones, cuando en el proceso es claro que el acto
definitivo de reconocimiento es la Resolución 21358 del 7 de septiembre de 2001, 17
modificada por la Resolución 04573 del 22 de marzo de 2002, 18 sobre la cual la
pensionada insistió en que se excluyó el lapso correspondiente a Comfenalco.

Tal inobservancia condujo a conclusiones erróneas, en un caso especial en el que
se estudia la incompatibilidad en el marco de un presunto fraude, pues, además de
considerar ilegal la concesión del ISS, ordena a la demandada la devolución de unas
sumas bajo el argumento de que proporcionó información falsa al manifestar que no
percibía otro beneficio. Este razonamiento resulta desproporcionado, ya que la
señora Cecilia Elorza, invocando su condición de profesional de la salud, actuó bajo
la convicción de tener derecho a la pensión por haber laborado en instituciones
privadas, de hecho, la misma demandada en el concepto de violación manifestó que
lo declarado por ella al solicitar la prestación económica fue “que no recibía ninguna
prestación incompatible con la pensión de vejez solicitada” situación que fue
ignorada por el juez.

Por lo expuesto, se estima que no está acreditado que los períodos relacionados
como cotizados a Cajanal hayan sido tenidos en cuenta por el ISS para efectos
pensionales, como se explicó. En consecuencia, se revocará la sentencia que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el
criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando
encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria,
malintencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte vencida obró con
manifiesta carencia de fundamento legal.

16 Archivo (2023111002964321_1686325586378_41346535 UNIFICADO.pdf). Páginas 44 a 48.
17 Archivo (2023111002964321_1686325586378_41346535 UNIFICADO.pdf). Páginas 64 a 68.
18 Archivo (2023111002964321_1686325586378_41346535 UNIFICADO.pdf). Páginas 223 a 228.

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Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A de esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual,
se deberá analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme
al inciso 2 del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya
ha venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha
situación a la luz de la normativa vigente.

En el presente caso, se observa de las actuaciones de primera instancia y del
recurso de apelación, que no hay lugar a la condena en costas, pues no se advierte
carencia de fundamentación jurídica, por el contrario, la parte demandante expuso
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no
se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FA L L A

Primero. Revocar la sentencia proferida el tres (3) de mayo de dos mil veinticuatro
(2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso promovido
por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se negarán las
pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previo a realizar las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

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