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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00892-01

Fecha
24 de octubre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00892-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda presentada por Óscar Leonardo Ojeda Jiménez contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. Segundo. Sin condena en costas por esta instancia. Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Aclara voto JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. PTH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00892-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

24 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00892-01 (2423-2023)
Demandante: Óscar Leonardo Ojeda Jiménez
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional

Tema: Subsidio de vivienda familiar.

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

1. Óscar Leonardo Ojeda Jiménez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1, en

1 En adelante CPACA.

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00892-01 (2423-2023)
Demandante: Óscar Leonardo Ojeda Jiménez

orden a que se declarara la nulidad de los oficios del 10 de junio de 2019 y
20193131615311 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 del
22 de agosto de 2019 expedidos por el director de personal del Ejército Nacional.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió la liquidación y pago del subsidio
de vivienda familiar, al cual tenía derecho como empleado público civil no
uniformado del Ministerio de Defensa Nacional, conforme con lo previsto en el
Decreto 353 de 1994.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. En la demanda se narraron los siguientes hechos:

3.1. Ingresó al Ejército Nacional como empleado civil desde el 6 de septiembre de
1999, en el cargo de mecánico diésel, es decir que su situación jurídica estuvo
regida desde ese entonces por el Decreto 353 de 1994.

3.2. En el año 2005 fue afiliado sin su consentimiento a Cafam como caja de
compensación familiar, solamente en temas de recreación.

3.3. El 3 de mayo de 2019 solicitó el reconocimiento del subsidio de vivienda
familiar y el pago del valor total; sin embargo, «no ha podido acceder» a este.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Se citaron como tales los artículos 13 y 51 de la Constitución Política; 14.1 del
Decreto 353 de 1994; y la Ley 973 de 2005; en su concepto, porque:

5. El acto administrativo acusado fue expedido con desviación de poder y falsa
motivación, en razón a que se aplicaron indebidamente las normas procesales y
sustanciales como la Constitución Política, conforme con la cual todas las
personas tienen derecho a una vivienda digna; asimismo, se desconoció que la
norma especial otorgó la garantía de un subsidio especial a los civiles
denominados «afiliados forzosos».

1.2. Contestación de la demanda

6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en lo siguiente:

7. No existía certeza de si el actor fue beneficiario o adelantó algún trámite para la
adquisición del subsidio de vivienda familiar otorgado por el Fondo Nacional del
Ahorro; además, no demostró si este le ha desconocido o impedido el trámite
administrativo de desafiliación y el traslado de sus aportes por concepto de
cesantías a otra entidad administradora como es el caso de la Caja Promotora de

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Demandante: Óscar Leonardo Ojeda Jiménez

Vivienda Militar y de Policía.

8. Tampoco se demostró la vulneración de sus derechos a la vivienda digna y
debido proceso, por el contrario, existía la posibilidad de la afiliación extraordinaria
a la caja.

1.3. La sentencia apelada

9. Mediante sentencia proferida el 7 de diciembre de 2022, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas.

10. Para tal efecto, se detuvo en los hechos probados y el marco normativo y
jurisprudencial aplicable; a continuación, resolvió el caso concreto en los
siguientes términos:

11. Como él se vinculó el 6 de septiembre de 1999 le era aplicable la «Ley 353 de
1994», conforme con la cual, era afiliado forzoso el personal civil que careciera de
vivienda propia, lo cual se mantuvo hasta la Ley 1305 de 2009 que derogó el
requisito.

12. Aun cuando el actor manifestó ostentar la condición de afiliado forzoso, la
vinculación por sí sola no le otorgaba dicha calidad porque debía acreditar que no
tenía vivienda propia para que procediera su afiliación a la Caja de Vivienda Militar
y de Policía, después Caja Honor.

13. El actor no aportó prueba alguna que permitiera establecer que ostentaba la
condición de afiliado forzoso, es decir que, para la fecha en que se vinculó como
personal civil al Ministerio de Defensa, no contaba con una vivienda propia y que
por esta razón su vinculación a la caja era de carácter forzoso.

14. Asimismo, al momento de vincularse a la institución era conocedor de las
afiliaciones a salud, pensión, riesgos laborales, cesantías y caja de compensación,
las cuales fueron efectuadas con ocasión de su nombramiento como personal civil,
lo cual implicó que durante todo su vínculo laboral «fue consciente de su afiliación al
Fondo Nacional del Ahorro para efectos de la consignación de sus cesantías, en virtud de
las disposiciones previstas en la ley 432 de 1998; teniendo también el derecho de
trasladarse de fondo si era que así lo quería, máxime si se tiene en cuenta que la Caja
Honor, además de otorgar el subsidio de vivienda, [era] administrador de las cesantías de
sus afiliados».

15. Desde la expedición de la Ley 1305 de 2009 se eliminó el requisito de vivienda
propia a efectos de establecer el vínculo forzoso y se establecieron otras
prebendas que permitían la afiliación para obtener el subsidio de vivienda; es decir
que, aun cuando se hubiera afiliado con anterioridad podía optar por realizar

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aportes a esa entidad para ser beneficiario del subsidio.

1.4. El recurso de apelación

16.Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación y lo sustentó en los siguientes términos:

17. Se vinculó como empleado civil del Ejército Nacional el 6 de septiembre de
1999, pero su derecho para solicitar el subsidio de vivienda lo adquirió 14 años
después, es decir, en el año 2013 cuando ya regía la Ley 1305 de 2009 que
eliminó el requisito de vivienda propia, «razón por la que no se [entendía] porque se
esgrim[ió] en la sentencia, que debía probarse, si tenía o no vivienda propia, para acceder
a este subsidio» [sic].

18. En las consideraciones de la sentencia apelada, se indicó que (i) se retiró del
servicio el 29 de agosto de 2019; (ii) se le reconoció la pensión en los términos de
la Ley 100 de 1993; y (iii) recibió un reconocimiento de cesantías de carácter
definitivo, lo cual no era cierto.

19. Igualmente, se indicó que (i) la entidad encargada del reconocimiento del
subsidio de vivienda era la Caja de Honor; sin embargo, nada se dijo sobre la
omisión de la entidad de afiliarlo; y (ii) estaba afiliado al Fondo Nacional del Ahorro
y que no había tramitado traslado alguno, sin tener en cuenta que esa posibilidad
solo se dio hasta el año 2009, pues solo con la modificación de la Ley 1305 se
permitió que aquellos que estuvieran en otras entidades se afiliaran a la Caja de
Honor.

20. En el año 2010 compró vivienda y, cuando presentó la primera solicitud, le
pidieron pagar el crédito al Fondo Nacional del Ahorro y la hipoteca y afiliarse a la
Caja de Honor, «lo que significaría empezar de cero, es decir, después de 14 años de
estar trabajando pretendieron imponerle empezar de cero, empezar a ahorrar nuevamente
sus cuotas y después de otros 14 años le desembolsarían el subsidio, es decir sumaría
ilógicamente 28 años, y por supuesto a nadie se puede someter a este tratamiento por
demás imposible, de manera extraordinaria».

21. El a quo erró al señalar que el problema jurídico se circunscribía a determinar
si tenía derecho al subsidio de vivienda en los términos de la «Ley 353 de 1994»,
pues el derecho no lo adquirió al momento de su vinculación, sino cuando cumplió
168 cuotas de ahorro obligatorio, es decir, 14 años después [2013] cuando ya
estaba vigente la Ley 1305 de 2009.

22. No era cierto que, para que procediera la afiliación a la Caja de Vivienda
Militar y de Policía, hoy Caja de Honor, debía acreditarse no tener vivienda propia.
Esta condición no se verificaba al momento de la afiliación, sino cuando se
adquiría el derecho; en consecuencia, no era procedente afirmar que tenía la

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carga de probar que tenía o no vivienda, pues no se exigía dicho requisito.

23. Sí se demostró que (i) no se retiró ni recibió pensión y tampoco las cesantías
definitivas, «pues de ser así la contraparte lo hubiera así acreditado y ello no sucedió y
adicional a ello la Ley 1305 de 2009 eliminó el requisito de vivienda propia (a efecto de
establecer el vínculo forzoso)».

24.La responsabilidad y obligación legal de velar por el cumplimiento de las
normas y del derecho a obtener el subsidio de vivienda recaía en el nominador; en
consecuencia, sí existió un error en la afiliación y, por lo tanto, el Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional, debía responder por el valor del subsidio. Además, el
Fondo Nacional del Ahorro no otorgaba subsidios, sino créditos.

25.En el año 2005, el nominador lo afilió irregularmente a la Caja de
Compensación Familiar [Cafam], solamente en temas de recreación. «[S]i el
nominador hubiese efectuado correctamente la afiliación a su Caja de Honor y no a otra
como lo hizo, esta caja le hubiese otorgado el subsidio que le correspondía. De esta
manera se [demostraba] que el error sí existió y si [era] del nominador, y [era] por ello que
[debía] responder pagando el valor del subsidio de vivienda».

1.5. Trámite de la segunda instancia

26. En auto del 20 de octubre de 2023 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 7 de diciembre de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los términos de
la Ley 2080 de 2021.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

27. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as
salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

28.Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿Óscar Leonardo Ojeda
Jiménez tiene derecho al pago del subsidio de vivienda familiar previsto por el
Decreto 353 de 1994 y las Leyes 973 de 2005 y 1305 de 2009?

29. Para resolver los anteriores problemas jurídicos, se seguirá la siguiente

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estructura expositiva: primero, se abordará el marco normativo y jurisprudencial
aplicable y, segundo, se resolverá el caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

30. Mediante la Ley 87 de 1947 se creó, bajo la garantía del Estado, la Caja de
Vivienda Militar como una institución autónoma con personería jurídica para contratar
y patrimonio independiente del Tesoro Nacional [artículo 1]. Esta tenía como
finalidad «proveer a los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo, a
los Oficiales y Suboficiales en goce de sueldo de retiro y al personal de empleados civiles de
carácter permanente del ramo de guerra, de habitaciones higiénicas, cómodas y
económicas, bajo el doble aspecto de inquilinato y de la propiedad» [artículo 2] y su capital
estaba conformado por el ahorro obligatorio del 5% del sueldo.

31. Esta caja fue reorganizada con el Decreto 2767 de 1953 en consideración a
que por Decreto 3518 de 1949 se declaró turbado el orden público y en estado de
sitio todo el territorio de la República. En este se previó que, para gozar de los
beneficios, el solicitante debía reunir los siguientes requisitos: (i) no tener casa
propia; (ii) que la suma mensual que debiera pagar por amortización y seguros no
excediera de la tercera parte de su sueldo; y (iii) tener por lo menos 15 años de
servicio en las Fuerzas Militares, sin perjuicio de que el gobierno pudiera disminuir el
tiempo. Igualmente, se indicó que no se consideraban como socios de la caja y, por
lo tanto, no se les hacían descuentos a los militares o empleados civiles que
devengaran un sueldo que no excediera de los $200. En el artículo 24 dispuso
suspender la Ley 87 de 1947.

32. Luego, con el Decreto 3073 de 1968, modificado por el Decreto 2182 de 1984,
se reorganizó nuevamente la Caja de Vivienda Familiar. En esta oportunidad se
dispuso que serían afiliados forzosos -entre otros- los «Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Agentes y Empleados Públicos al servicio del
Ministerio de Defensa y la Policía Nacional». A su vez, en los artículos 24 y 28 se previó
que (i) para que un afiliado pudiera adquirir una vivienda por intermedio de la caja, se
requería que reuniera las condiciones de cotización determinadas por la junta
directiva; y (ii) para el pago de prestaciones sociales a los miembros militares o
civiles del Ministerio de Defensa o la Policía Nacional, se requería certificación
escrita de la caja, en la cual constara que se encontraba al día en las obligaciones
que hubieran contraído con la entidad. En el artículo 87 derogó la Ley 87 de 1947.

33. Posteriormente, el Decreto 2162 de 19922 «por el cual se reestructura el

2 Expedido por el presidente de la República en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
artículo transitorio 20 de la Constitución Política, cuyo tenor literal era el siguiente: «Artículo
transitorio 20. El Gobierno Nacional, durante el termino de dieciocho meses contados a partir de
la entrada en vigencia de esta Constitución y teniendo en cuenta la evaluación y recomendaciones
de una Comisión conformada por tres expertos en Administración Pública o Derecho Administrativo

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Ministerio de Defensa Nacional y otras entidades adscritas o vinculadas al mismo»,
estableció que el objetivo fundamental de la Caja de Vivienda Militar era ofrecer
soluciones de vivienda a sus afiliados y sus funciones eran -entre otras- (i)
[a]dministrar las cesantías de sus afiliados, para lo cual la Nación depositará
mensualmente en la Caja [...], el valor correspondiente a la parte de las cesantías que se
caus[aran] en favor de dicho personal, procurando cumplir con una distribución que
correspond[ía] a la terceava parte»; (ii) fomentar el ahorro con el fin de incrementar
los planes de vivienda; (iii) promover proyectos habitacionales destinados a los
afiliados que por razón de sus condiciones socioeconómicas pudieran ser
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda; y (iv) facilitar a los demás afiliados
la adquisición de vivienda a través de los sistemas disponibles en el mercado
[artículo 30].

34.Con el Decreto 353 de 19943 se dispuso que la Caja de Vivienda Militar se
denominaría Caja Promotora de Vivienda Militar, cuyo objeto era «facilitar a sus
afiliados la adquisición de vivienda propia, mediante la realización o promoción de todas las
operaciones del mercado inmobiliario, incluidas las de intermediación, la captación y
administración del ahorro de sus afiliados y el desarrollo de las actividades administrativas,
técnicas, financieras y crediticias que [fueran] indispensables para el mismo efecto» [artículo
1]. Asimismo, sus funciones eran, entre otras:

34.1. Fomentar el ahorro voluntario de sus afiliados y vinculados por contrato de
prestación de servicios.

34.2. Organizar sistemas especiales de administración de los ahorros y subsidios
de los afiliados y vinculados por contrato de prestación de servicios, a través
de entidades fiduciarias, corporaciones de ahorro y vivienda u otras
entidades del sector financiero vigiladas por la Superintendencia Bancaria.

34.3. Recibir y administrar los aportes de sus afiliados y vinculados por contrato de
prestación de servicios.

34.4. Llevar el registro de los aportes de sus afiliados y vinculados por contrato de
prestación de servicios, a través de cuentas individuales.

34.5. Asociarse o vincularse patrimonialmente a sociedades administradoras de
fondos de cesantías, fondos de capitalización y sociedades fiduciarias.

34.6. Gestionar la consecución de subsidios y apoyos de carácter técnico y

designados por el Consejo de Estado; tres miembros designados por el Gobierno Nacional y uno
en representación de la Federación Colombiana de Municipios, suprimirá, fusionará o
reestructurará las entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas
industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden nacional, con el fin de
ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente reforma constitucional y, en especial,
con la redistribución de competencias y recursos que ella establece.»
3 «[P]or el cual se modifica la Caja de Vivienda Militar y se dictan otras disposiciones».

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financiero que contribuyeran a mejorar el acceso a la vivienda de los
afiliados y vinculados por contrato de prestación de servicios.

35. A su turno, los recursos de la caja estarían constituidos por los aportes que se
incluyeran en el presupuesto nacional; la porción de los rendimientos financieros
determinada por la Junta Directiva; los rendimientos financieros producto de
operaciones con los activos de la caja; los recursos que alimentaban las cuentas
individuales de los afiliados y por contrato de prestación de servicios; y los demás
reconocidos legalmente [artículo 13].

36. En el artículo 14 dispuso que sería afiliado forzoso «el [...] personal que carezca de
vivienda propia», es decir, los oficiales, suboficiales, el personal civil al servicio del
Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares y los servidores públicos de la caja.
Además, los recursos que constituían los aportes de los afiliados eran (i) el ahorro
del 7% de la asignación básica mensual de los afiliados en servicio activo, siempre y
cuando la afiliación hubiera sido anterior a la promulgación del decreto; y (ii) el
ahorro por concepto de cesantías causadas y liquidadas a favor de los afiliados y
vinculados por contrato de prestación de servicios que la Nación apropiara
anualmente para ser transferido a la Caja, entre otros.

37. En lo que respecta a los subsidios, en el artículo 24 estableció que el gobierno
nacional apropiaría anualmente un valor equivalente al 4% de la nómina anual del
personal vinculado al Ministerio de Defensa y Policía Nacional con carácter de
subsidio para vivienda. Para acceder a este, se requería (i) carecer de vivienda
propia al momento de afiliarse a la Caja; (ii) a partir de la expedición del decreto, no
haber efectuado retiros parciales o totales de cesantías hasta el momento de la
adjudicación del subsidio y obtener solución de vivienda [artículo 25].

38. El decreto citado fue modificado por la Ley 973 de 20054. En esta, se varió el
nombre a Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía y, en lo que respecta a los
recursos, incluyó las «cesantías y el ahorro que los afiliados compromet[ieran] con cargo a
la obligación hipotecaria con la [caja], así como las cuotas de amortización mensuales o
abonos que realicen para pago de dichos créditos» y, en el artículo 14 se detuvo en los
afiliados forzosos para mantener el requisito de que sería el personal que «careciera
de vivienda propia», pero agregó las expresiones «al momento de afiliarse» y «en todo
tiempo»; también incluyó al personal civil del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas
Militares.

39. A su turno, en los artículos 22, 25 y 27 estableció que (i) para todos los efectos,

4 En el artículo 29 también dispuso: «Artículo 29. Denominación. Para todos los efectos a partir de

la vigencia de la presente ley, en todas las disposiciones del Decreto-ley 353 de 1994, en las
cuales se haga referencia a la Caja Promotora de Vivienda Militar, se entenderá Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía. Asimismo, se suprime en todo el articulado del citado decreto-ley la
expresión "vinculados por contrato de prestación de servicio".»

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la antigüedad del afiliado se definía por el número de cuotas mensuales de ahorro
obligatorio forzoso que hubiera aportado y, las cuotas de ahorro voluntario solo
tendrían el carácter de aporte incrementando los valores de la cuenta individual, pero
no se adicionaban para efectos de esta [la antigüedad]; (ii) para acceder al subsidio,
debía cumplirse con los siguientes requisitos: a) carecer de vivienda propia al
momento de afiliarse a la caja, b) no haber efectuado retiros parciales o totales de
cesantías hasta el momento de la adjudicación del subsidio y obtención de la
vivienda, y c) no haber recibido subsidio por parte del Estado; y (iii) a quien debiendo
ser afiliado no se le hubiere efectuado descuento alguno por concepto de ahorro
obligatorio, podría admitírsele su afiliación extemporánea; sin embargo, la
antigüedad iniciaba a partir de la fecha de afiliación y, por lo mismo, no se le
recibirían cuotas comprendidas en el lapso de omisión del descuento.

40. Con la Ley 1305 de 2009 se modificó el Decreto 353 de 1994 y se adicionó la
Ley 973 de 2005 en los siguientes asuntos relevantes: (i) afiliados forzosos: eliminó
la expresión «el siguiente personal que al momento de afiliarse carezca de vivienda propia,
en todo tiempo» y mantuvo al personal civil al servicio del Ministerio de Defensa
Nacional y de las Fuerzas Militares; (ii) requisitos para acceder al subsidio: suprimió
el de «carecer de vivienda propia al momento de afiliarse a la Caja».

41.Tanto las disposiciones del Decreto 353 de 1994 como las modificaciones de las
Leyes 973 de 2004 y 1305 de 2009 se pueden condensar en el siguiente cuadro:

Ley 1305 de 2009
Ley 973 de 2005 «por medio de la cual se
Decreto 353 de 1994
«por la cual se modifica el modifica el Decreto-ley 353
«por el cual se modifica la
Decreto-ley 353 del 11 de del 11 de febrero de 1994, se
caja de Vivienda Militar y se
febrero de 1994 y se dictan adiciona la Ley 973 del 21 de
dictan otras disposiciones»
otras disposiciones» julio de 2005, y se dictan
otras disposiciones»
«Artículo 1. A partir de la «Artículo 1º. Definición y «Artículo 1°. Definición y
vigencia del presente Decreto, objeto. A partir de la vigencia objeto. A partir de la vigencia
la Caja de Vivienda Militar, de la presente ley, la Caja de de la presente ley, la Caja de
creada por la Ley 87 de 1947 y Vivienda Militar creada por la Vivienda Militar creada por la
reorganizada por los Decretos Ley 87 de 1947 y reorganizada Ley 87 de 1947, y
3073 de 1968, 2351 de 1971, por los Decretos 3073 de 1968, reorganizada por los Decretos
2182 de 1984 y 2162 de 1992, 2351 de 1971, 2184 de 1984, 3073 de 1968, 2351 de 1971,
se denominará Caja Promotora 2162 de 1992, se denominará 2182 de 1984, 2162 de 1992,
de Vivienda Militar. [...]» Caja Promotora de Vivienda se denominará Caja Promotora
Militar y de Policía. [...]» de Vivienda Militar y de
Policía”. [...]»

«Artículo 13. Recursos. Los «Artículo 8º. El artículo 13 del
recursos de la Caja Promotora Decreto-ley 353 de 1994,
de Vivienda Militar estarán quedará así:
constituidos por:
"Artículo 13. Recursos. Los
1. Los aportes que se incluyan recursos de la Caja Promotora
en el presupuesto nacional. de Vivienda Militar y de Policía
estarán constituidos por:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00892-01 (2423-2023)
Demandante: Óscar Leonardo Ojeda Jiménez

2. La porción de los
rendimientos financieros 1. Los aportes que se incluyan
determinada por la Junta en el Presupuesto Nacional.
Directiva, según lo previsto en
el artículo 22 de este Decreto. 2. Los rendimientos
financieros, producto de
3. Los rendimientos operaciones con los activos de
financieros, producto de la Caja.
operaciones con los activos de
la Caja. 3. Los recursos que alimentan
las cuentas individuales de los
4. Los recursos que alimentan afiliados. El conjunto de
las cuentas individuales de los cuentas individuales constituirá
afiliados y vinculados por patrimonio autónomo de
contrato de prestación de propiedad de los afiliados,
servicios. El conjunto de independiente del patrimonio
cuentas individuales constituirá de la Caja Promotora de
patrimonio autónomo Vivienda Militar y de Policía.
propiedad de los afiliados y
vinculados por contrato de
prestación de servicios, 4. Las cesantías y el ahorro
independiente del patrimonio que los afiliados comprometan
de la Caja Promotora de con cargo a la obligación
Vivienda Militar. hipotecaria con la Caja
Promotora de Vivienda Militar y
5. Los demás ingresos que le de Policía, así como las cuotas
sean reconocidos legalmente.» de amortización mensuales o
abonos que realicen para pago
de dichos créditos.

5. Las cesantías de los
miembros de la Fuerza Pública
en los términos de la presente
ley.

6. Los demás ingresos que le
sean reconocidos
legalmente".»

«Artículo 14. Afiliados «Artículo 9º. El artículo 14 del «Artículo 1°. Modifíquese el
Forzosos. Es afiliado forzoso Decreto-ley 353 de 1994, artículo 9° de la Ley 973 de
de la Caja Promotora de quedará así: 2005, que modificó el artículo
Vivienda Militar, el siguiente 14 del Decreto-ley 353 de
personal que carezca de "Artículo 14. Afiliados forzosos. 1994, el cual quedará así:
vivienda propia: Es afiliado forzoso de la Caja
Promotora de Vivienda Militar y Artículo 9°. El artículo 14 del
1. Los oficiales y suboficiales de Policía, el siguiente Decreto-ley 353 de 1994,
de las Fuerzas Militares y el personal que al momento de quedará así:
personal civil al servicio del afiliarse carezca de vivienda
Ministerio de Defensa Nacional propia, en todo tiempo. Artículo 14. Afiliados forzosos.
y de las Fuerzas Militares. Es afiliado forzoso de la Caja
1. Los Oficiales, Suboficiales, Promotora de Vivienda Militar y
2. El personal indicado en el Soldados Profesionales de las de Policía, el siguiente
numeral anterior, cuando se Fuerzas Militares y el personal personal.
encuentre devengando civil al servicio del Ministerio de
asignación de retiro o pensión. Defensa Nacional y de las 1. Los Oficiales, Suboficiales,
Fuerzas Militares. Soldados Profesionales de las
3. Los servidores públicos de Fuerzas Militares y el personal
la Caja Promotora de Vivienda 2. El personal indicado en el civil al servicio del Ministerio de
Militar. numeral anterior, cuando se Defensa Nacional y de las
encuentre devengando Fuerzas Militares.

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asignación de retiro o pensión.
2. El personal indicado en el
3. Los Oficiales, Suboficiales, numeral anterior, cuando se
miembros del nivel ejecutivo, encuentre devengando
agentes y personal no asignación de retiro o pensión.
uniformado de la Policía
Nacional. 3. Los Oficiales, Suboficiales,
miembros del nivel ejecutivo,
4. El personal indicado en el agentes y personal no
numeral anterior, cuando se uniformado de la Policía
encuentre devengando Nacional.
asignación de retiro o pensión.
4. El personal indicado en el
5. Los servidores públicos de la numeral anterior, cuando se
Caja Promotora de Vivienda encuentre devengando
Militar y de Policía. asignación de retiro o pensión.

[...] 5. Los servidores públicos de la
Caja Promotora de Vivienda
Este Fondo se nutrirá en lo Militar y de Policía.
sucesivo con:
[...]
1. Un aporte del siete por
ciento (7%) de la asignación Además de los aportes ya
básica de quienes se afilien realizados y actualmente
con posterioridad a la entrada disponibles en el Fondo
en vigencia de esta ley. constituido por el parágrafo 2°
del artículo 9° de la Ley 973 de
2. Un aporte del siete por 2005, que en adelante se
ciento (7%) de la asignación denominará Fondo de
básica de quienes les sea Solidaridad, se nutrirá en lo
aplicado el subsidio de sucesivo con:
vivienda.
1. Un aporte del siete (7%) por
3. Un porcentaje adicional ciento de la asignación básica
establecido por la Junta de quienes se afilien con
Directiva del total de los posterioridad a la entrada en
excedentes financieros de la vigencia de esta ley.
Caja Promotora de Vivienda
Militar y de Policía. 2. Un aporte del siete (7%) por
4. Los demás aportes que ciento de la asignación básica
determine la ley. de quienes accedan al subsidio
de vivienda.
[...].»
[...]

5. Los demás aportes que
determine la ley o el Gobierno
Nacional.

[...]»

Artículo 25. Requisitos para «Artículo 15. El artículo 25 del «Artículo 3°. Modifíquese el
acceder al subsidio. Decreto-ley 353 de 1994, artículo 15 de la Ley 973 de
quedará así: 2005, el cual modificó el
1. Carecer de vivienda propia. artículo 25 del Decreto-ley 353
"Artículo 25. Requisitos para de 1994, el cual quedará así:
2. A partir de la expedición de acceder al subsidio:
este Decreto, no efectuar Artículo 25. Requisitos para
retiros parciales o totales de 1. Carecer de vivienda propia acceder al subsidio:

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cesantías, hasta el momento al momento de afiliarse a la
de la adjudicación del subsidio Caja. 1. A partir de la expedición del
y obtener solución de Decreto 353 de 1994, no haber
vivienda.» 2. A partir de la expedición del efectuado retiros parciales o
Decreto 353 de 1994, no haber totales de cesantías, hasta el
efectuado retiros parciales o momento de la adjudicación
totales de cesantías, hasta el del subsidio y obtención de
momento de la adjudicación vivienda.
del subsidio y obtención de
vivienda. 3. No haber recibido subsidio
por parte del Estado.
3. No haber recibido subsidio
por parte del Estado".» Parágrafo 1°. No obstante lo
previsto en el numeral 1 del
presente artículo, en caso de
retiro parcial o total de las
cesantías, procederá el
otorgamiento de subsidio a
favor del afiliado, únicamente
cuando dichas sumas se
destinaren específicamente
como parte de pago de la
vivienda escogida por el
afiliado, bajo el esquema de
solución anticipada de vivienda
ofrecido por la Caja, la cual
será reglamentada por la Junta
Directiva de la Caja de acuerdo
con la ley. En todo caso, la
escogencia de la solución
anticipada de vivienda por
parte del afiliado será optativa,
y deberá este mantener su
afiliación hasta el cumplimiento
de las cuotas de aporte o
tiempo de servicio requeridos
para acceder al subsidio,
determinados estos por la
Junta Directiva de la Caja
Promotora de Vivienda Militar y
de Policía.

[...]»
«Artículo 27. Afiliación
extemporánea. A quien
debiendo ser afiliado de la Caja
Promotora de Vivienda Militar y
de Policía no se le hubiere
efectuado descuento alguno
por concepto de ahorro
obligatorio, podrá admitírsele
su afiliación extemporánea. Su
antigüedad inicia a partir de la
fecha de afiliación y por lo
mismo, no se le recibirán
cuotas comprendidas en el
lapso de omisión del
descuento.»
«Artículo 22. Antigüedad de
afiliación. Para todos los
efectos la antigüedad del

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afiliado en la Caja Promotora
de Vivienda Militar y de Policía
se define por el número de
cuotas mensuales de ahorro
obligatorio forzoso que haya
aportado. Las cuotas de ahorro
voluntario únicamente tendrán
el carácter de aporte
incrementando los valores de
la cuenta individual, pero no se
adicionan para efectos de la
antigüedad de afiliación.»

2.4. Hechos probados

42. En el expediente se encuentran demostrados los siguientes hechos:

42.1. Óscar Leonardo Ojeda Jiménez prestó el servicio militar obligatorio desde el
29 de enero de 1993 al 31 de enero de 1994 y laboró en el Ejército Nacional como
«civil tiempo continuo» desde el 6 de septiembre de 19995.

42.2. Según la hoja de servicios 3-79695117, para el 29 de agosto de 2019 se
encontraba «laborando». También se consignó:

«A.F.C. : CAUSACIÓN FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Fundamento Legal: LEY 100 – 344 – PENSION A CARGO LEY 100 SIN
RETROACTIVIDAD.

Tipo de Reconocimiento: CESANTÍAS DEFINITIVAS»

42.3. El 3 de mayo de 2019 solicitó al ministro de defensa nacional el
reconocimiento del subsidio de vivienda familiar y el pago del valor total por ser
empleado civil del Ejército Nacional y miembro activo del Ministerio de Defensa.

42.4. En oficio del 10 de junio de 2019 se dio respuesta a la petición en los
siguientes términos:

«Así las cosas, previendo que su ingreso a la institución fue en el mes de
septiembre de 1999, se dio aplicación y cumplimiento a lo previsto en la
referida norma [Ley 432 de 1998, artículo 5º], es decir el deber de afiliación
al Fondo Nacional del Ahorro para la administración de sus cesantías, tal
como se refleja en certificación de antecedentes prestacionales emitido por
la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional.

Ahora bien, su pretensión se encuentra dirigida a que se reconozca pague el
subsidio de vivienda, siendo preciso señalar que la Fuerza como Institución
no puede acceder a su pretensión púes escapa de su resorte funcional,

5 En la certificación de tiempo de servicio se incluyó como fecha de corte el 26 de noviembre de

2019, pero se incluyó lo siguiente: «actualmente es orgánico en el (la) ESCUELA LOGÍSTICA».

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debiendo la Caja Honor manifestarse, como ciertamente lo hizo con
radicado N° 03-01-20170913037454 del 13 de septiembre de 2017, entidad
a la cual corresponde facilitar a sus afiliados la adquisición de vivienda
propia, mediante la realización o promoción de todas las operaciones del
mercado inmobiliario, incluidas las de intermediación, la captación y
administración del ahorro y el desarrollo de las actividades administrativas,
técnicas, financieras y crediticias que sean indispensables para el mismo
efecto.

En consecuencia y previendo que su administración de cesantías por los
motivos antes expuestos está a cargo del Fondo Nacional del Ahorro, de
mantener su deseo de afiliarse a CAJA HONOR, será solo esta entidad la
indicada para definir si es viable o no trasladar la administración de sus
cesantías para tal fin y seguir los parámetros que le sean señalados por la
misma para acceder al subsidio de vivienda.»

42.5. El 21 de junio de 2019 presentó recurso de apelación contra el acto
anterior, el cual fue resuelto desfavorablemente en el Oficio 20193131615311
MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 del 22 de agosto de
2019, con sustento en lo que se transcribe:

«De los hechos descritos y de las actuaciones referidas por la
administración si bien es cierto no existe vulneración alguna frente a la
aplicación de la Ley 432 de 1998 toda vez que se efectuó la afiliación al
Fondo Nacional del Ahorro con el fin de acumular un ahorro para la
adquisición de vivienda.

Es así como es de su conocimiento que desde el momento de su vinculación
con la Fuerza hasta la fecha se han efectuado las causaciones mensuales al
Fondo Nacional del Ahorro; también es cierto que no se encontró documento
alguno suscrito por el servidor público que manifestara la voluntad de la
afiliación a este fondo; tampoco es menos cierto que se encuentre solicitud
diferente que manifieste lo contrario entendiendo con esto la aceptación de
permanencia en el mismo, y no cuando han transcurrido aproximadamente
20 años para aducir voluntad contraria aduciendo la presunta vulneración de
derecho fundamental y pretenda que se efectúe doble causación por una
misma prestación; máxime cuando no ha existido desconocimiento por parte
del empleador, por el contrario se efectuaron todas las obligaciones que se
derivan desde el momento mismo de la posesión y toma del cargo.

En este orden de ideas, las cesantías constituyen parte considerable de los
aportes propios de los trabajadores que demandan soluciones
habitacionales, al tiempo que le permiten al Fondo Nacional de Ahorro con
su recaudo y administración, obtener recursos para otorgar créditos de
vivienda. A la cual el funcionario puede acceder, con ello demostrando que
no se ha quebrantado algún derecho como lo aduce.

Por los argumentos de la precedencia se mantiene incólume la respuesta
otorgada con código No. 390789 del 10 de junio de 2019 otorgada a través
de la página de atención al ciudadano sin que medie razón fáctica ni jurídica
para acceder en forma favorable a su solicitud.» [sic]

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2.5. Análisis de la Sala

43. El actor solicitó el reconocimiento y pago del subsidio familiar «al cual tiene
derecho [...] como empleado público civil no uniformado del Ministerio de Defensa
Nacional, conforme lo establece el Decreto 353 de 1994». A su vez, en el acápite de
«normas violadas» de la demanda se citaron los artículos 13 y 51 de la Constitución
Política; 14.1 del Decreto 353 de 1995 y la Ley 973 de 2005 y, en el «concepto de
la violación», argumentó la vulneración de dichas normas así:

«Con el acto acusado, incurrió la demandada en el vicio de desvío de poder
y falsa motivación, por lo que se hacen nulos; además quebrantaron las
disposiciones de superior jerarquía normativas que se dejaron anotadas, e
igualmente existió aplicación indebida de las normas procesales y en otras
faltas de aplicación de normas sustanciales como pasa a explicarse:

No se puede perder de vista que la Constitución Política Nacional otorga
garantías y derechos de sus asociados entre ellos el derecho a vivienda
digna, y norma especial que otorga la garantía de un subsidio especial a los
civiles que formen parte de la institución castrense, denominados
AFILIADOS FORZOSOS, donde los altos funcionarios de la misma en un
desvió de poder determinaron hacer a un lado la norma y en su lugar
determinar que los empleados civiles carecían del derecho, a sabiendas que
no serían increpados so pena de pérdida del empleo, en un ejercicio de
abuso de las funciones de los funcionarios.

La norma especial es clara en otorgar el derecho y aún hoy tiene plena
vigencia, ubi lex distinguit, necnostrum est distinguere, no es de recibo que
la decisión de unos funcionarios con poder arrebaten los derechos de
empleados por que sí, o tal vez con oscuras intenciones desconocidas por
mi representado.

Salvo la existencia de una norma modificatoria respecto del derecho del
subsidio, daría al traste con las pretensiones aquí reclamadas.

ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL

Señor Juez, el Artículo 13 que da a todas las personas la igualdad ante la
ley no excluye a mi poderdante y si una norma le da el status de AFILIADO
FORZOSO, deberá obtener de los funcionarios la protección y el derecho de
gozar de los derechos, sin ninguna discriminación, el anterior mandato
constitucional, desconocido cuando no aplicaron la afiliación forzosa y sin
conocer la causa y menos la norma dejaron al personal civil entre ellos a mi
poderdante sin el derecho que la norma le otorga.

DE LOS ARGUMENTOS FRENTE A LA JURISPRUDENCIA

Señor Juez, haciendo igualmente míos, respetuosamente, los argumentos
de las altas corporaciones constitucional y de lo contencioso administrativo,
antes enunciados y anexos a esta demanda, los cuales corresponden a
casos similares – vivienda digna, solo me resta decir que pueden no tomar
en cuenta mis apreciaciones, pueden prescindir de mis argumentos, no
obstante que los considero inexpugnables; pueden ser indiferentes a su
claridad como a mi empeño. Eso y más se puede hacer o dejar de hacer.

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Pero lo que sí, no puede es cerrar los ojos a la luz de la verdad plasmada en
las pruebas aportadas que son incólumes y a los argumentos inconcusos de
las Corporaciones Contenciosas Administrativas, al igual que los de la
Honorable Corte Constitucional, por lo que se debe despachar como se
solicita, favorablemente las pretensiones de la demanda.» [sic]

44. De acuerdo con lo anterior, en la audiencia inicial desarrollada el 17 de mayo
de 2022, el a quo estableció que el problema jurídico consistía en «determinar si los
actos administrativos acusados se [encontraban] viciados de nulidad que amerit[ara] su
declaratoria. En caso afirmativo, se [estudiaría], si el señor Óscar Leonardo Ojeda
Jiménez [tenía] derecho a que se le recono[ciera] el subsidio de vivienda familiar como
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional en los términos de la Ley 353 de 1994»
[sic]. Contra esta decisión no se presentó recurso alguno y en esos términos se
resolvió el fondo del asunto.

45. Sin embargo, en el recurso de apelación, la parte demandante incluyó otros
argumentos como los siguientes: (i) adquirió el derecho para solicitar el subsidio
de vivienda en el año 2013 cuando ya regía la Ley 1305 de 2009, la cual eliminó el
requisito de vivienda propia, a efectos de establecer el vínculo forzoso; (ii) el
empleador, Ministerio de Defensa Nacional, omitió afiliarlo a la caja, conducta
susceptible de ser sancionada; (iii) en el año 2010 compró vivienda y, cuando
presentó la primera solicitud, le requirieron el pago del crédito al Fondo Nacional
del Ahorro y afiliarse a la caja, lo cual significaba «empezar de cero, empezar a
ahorrar nuevamente sus cuotas y después de otros 14 años le desembolsarían el
subsidio, es decir sumaría ilógicamente 28 años, y por supuesto a nadie se puede
someter a este tratamiento por demás imposible, de manera extraordinaria», entre otros.

46. Ahora bien, el artículo 320 del Código General del Proceso6 prevé que «[e]l
recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión». Igualmente, el artículo 328 ibidem estableció que el
«juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley».

47. Este acto procesal exige que, al momento de presentar y sustentar el recurso
de apelación, se argumenten con claridad y suficiencia las razones por las cuales
la providencia [auto o sentencia] debe modificarse o revocarse, ya sea por razones
de hecho o de derecho, en cuanto a la valoración probatoria, la interpretación o
aplicación de una norma. En este escenario, los extremos que analiza el ad quem
se circunscriben a la providencia que resolvió el litigio o la solicitud y a la
estructura argumentativa que exponga el sujeto procesal perjudicado con la
decisión.

6 En adelante CGP.

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48. En otros términos, el recurso de apelación tiene como fin que se revise la
sentencia de primera instancia; sin embargo, no es una oportunidad para invocar
aspectos ajenos al debate planteado con la demanda y analizado en la sentencia,
pues incluir nuevos elementos diferentes de los que fueron oportunamente
alegados, quebranta el deber de lealtad de las partes y desnaturaliza el objeto de
dicho medio de impugnación.

49. Al respecto, esta corporación señaló en sentencia del 18 de octubre de 2019
lo siguiente7:

«61. Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como finalidad
controvertir las decisiones proferidas, en primera instancia, es decir, su
contenido y análisis jurídico y probatorio, para que el superior funcional las
revoque, modifique o adicione. En esa medida, no es un mecanismo en el
que puedan incluirse nuevos cargos en contra del acto acusado, porque ello
iría en contravía de los principios de lealtad procesal, contradicción, defensa
y congruencia que debe existir entre el recurso y la sentencia apelada.

62. Por tanto, conforme a lo señalado supra sobre el principio de
congruencia de la sentencia, esta Sala no puede abordar materias o
cuestiones que se plantean en el recurso de apelación, pero que no hacen
parte del concepto de violación de la demanda o de su respectiva
contestación, ni mucho menos cuando la sentencia proferida, en primera
instancia no estudió dichos argumentos.» [se resalta]

50. Criterio que también se expuso en la sentencia proferida el 5 de diciembre de
2019, cuando se puntualizó que, si los cargos de apelación no fueron debatidos en
la demanda o su contestación «ni en las oportunidades procesales previstas en la
primera instancia y que, por ende, no fueron examinados por el Tribunal Administrativo en
la sentencia recurrida, [...] un pronunciamiento sobre los mismos desbordaría el ámbito de
su competencia funcional y desconocería las garantías constitucionales de contradicción y
defensa»8.

51.En el mismo sentido, esta Subsección también se ha pronunciado sobre la
improcedencia de incluir argumentos nuevos en el recurso de apelación, así9:

«Conviene tener de presente que el recurso de apelación, es una expresión
del principio de la doble instancia. Sobre el particular resulta ilustrativo el
siguiente aporte de la Subsección A de esta misma Sección, en el que se
dijo10:

“El principio de la doble instancia, elevado a canon constitucional en el
artículo 31 de la Carta Política, prevé que toda sentencia judicial podrá ser
apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley; esta

7 Sección Primera, radicación 68001-23-31-000-2011-01021-01.
8 Sección Primera, radicación 13001-23-31-000-2011-02211-01.
9 Sentencia del 30 de octubre de 2020, radicación 05001-23-33-000-2012-00470-01(3362-14).
10 Sentencia de 11 de febrero de 2015 radicación número: 05001-23-31-000-2002-00382-01 (0193-

12) M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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garantía del derecho de impugnación, como posibilidad de controvertir una
decisión judicial, exige la presencia jerárquica del superior, quien participa
como autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría en la
revisión de una actuación previa. De otra parte, la normatividad procesal
define los fines y el alcance de la apelación, como también el interés para
interponerla, al precisar en el inciso 1º del artículo 350 del C.P.C., aplicable
al procedimiento contencioso administrativo por remisión del artículo 267 del
Decreto 01 de 1984 que el recurso de apelación «… tiene por objeto que el
superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la
revoque o la reforme...». Una lectura sistemática de las anteriores normas
lleva a concluir que al sustentar la apelación, el recurrente debe señalar
al ad quem las inconformidades frente a la decisión del a quo para que el
superior revise los posibles errores en que haya incurrido la primera
instancia.”

Además de compartir la anterior línea jurisprudencial, aprovecha la Sala el
presente examen de legalidad para adicionar también, que el apelante no
puede introducir cargos nuevos en la apelación, por cuanto precisamente se
pretermitiría el principio constitucional de la doble instancia, toda vez que de
pronunciarse estaría ocupando el lugar del fallador de primera instancia,
argumento a toda costa insostenible jurídicamente.» [se resalta]

52. Ahora bien, como el argumento de la demanda se circunscribió al
reconocimiento del subsidio de vivienda familiar al tenor del Decreto 353 de 1994,
la entidad demandada estructuró la defensa en que «no se han dado por culminadas
las opciones por vía ordinaria de la afiliación a la Caja de Honor Militar y de la Policía,
pues a la presente se encuentra la posibilidad de realizar la afiliación de manera
extraordinaria, con el simple hecho del diligenciamiento de un formato, tal y como se le
informó al actor en respuesta a la solicitud elevada a la entidad», lo cual guardaba
relación con lo sostenido en la demanda.

53.Incluso, para la Sala no tiene vocación de prosperidad el argumento de
apelación relativo a que el a quo erró al plantear el problema jurídico porque «su
derecho para solicitar el subsidio de vivienda no lo adquiere la persona al momento de su
vinculación si no una vez ha cumplido con el requisito administrativo de cumplir 168
cuotas de ahorro obligatorio, es decir 14 años después, esto sería en el año 2.013 cuando
ya regía la Ley 1305 de 2009», norma que debía aplicarse. Ello, por cuanto -se
reitera- la pretensión se contrajo al reconocimiento del subsidio de vivienda
familiar al tenor del Decreto 353 de 1994 y así fue analizado; además, téngase
presente que, en las normas quebrantadas y concepto de violación, ni por asomo
se citó dicha ley y, si bien es cierto que en el hecho 4) de la demanda fue
mencionado, también lo es que a continuación se indicó que «mantuvo vigente el
derecho a afiliación a la caja promotora de vivienda militar», nada más.

54. Y es que, aun si se comprendiera que ello bastaba para realizar un análisis y
que la entidad guardó silencio respecto de la aplicación de esa norma, la
conclusión a la que se llega coincide con la del a quo, esto es que el solicitante no
tiene derecho al pago del subsidio familiar por las razones que se exponen a
continuación:

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55. Como lo sostuvo el a quo, el Decreto 353 de 1994 estableció que los afiliados
forzosos serían los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y el personal
civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares
[numeral 1 del artículo 14]; sin embargo, también estableció una condición para
que dicha afiliación se concretara, la cual era carecer de vivienda propia.

56. Ciertamente, esta condición fue mantenida en la Ley 923 de 2005 cuando se
modificó el artículo 14 en el sentido de que el personal sería afiliado forzoso
siempre «que al momento de afiliarse [careciera] de vivienda propia, en todo tiempo».
Luego, se suprimió con la expedición de la Ley 1305 de 2009 por las razones
expuestas en la ponencia para el primer debate en la Cámara de Representantes
que son:

«Se requiere retirar la condición de carecer de vivienda propia al momento de
afiliación del personal descrito anteriormente, teniendo como fundamento que
con la entrada en vigencia de la Ley 973 de 2005, se estableció que no es un
impedimento, para acceder al subsidio, el ser propietario de vivienda, razón por
la cual no es consistente el determinar como requisito de afiliación el no ser
propietario de vivienda.»

57. Así las cosas, aunque el subsidio se implementó como un incentivo para
facilitar la adquisición de vivienda propia, la afiliación a la Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía no era automática, pues se debía acreditar el requisito
de carecer de vivienda propia; sin embargo, en el expediente no obra prueba
alguna que dé cuenta del cumplimiento de este requisito y, por consiguiente, de la
omisión de la entidad de afiliarlo a dicha caja.

58. A más de lo anterior, si bien con la Ley 1305 de 2009 se eliminó el requisito de
«carecer de vivienda propia» para ser afiliado forzoso, para ser beneficiario del
subsidio debía cumplirse con 2 requisitos: (i) no haber recibido subsidio por parte
del Estado; y (ii) no haber efectuado retiros parciales o totales de cesantías, hasta
el momento de la adjudicación del subsidio y obtención de vivienda [artículo 3].

59. Entonces, aun si se partiera del cumplimiento del requisito de «carecer de
vivienda propia» y, por lo tanto, de las premisas de que sí era afiliado forzoso y se
debía tener en cuenta su antigüedad, lo cierto es que tampoco tendría derecho al
subsidio en razón a que, según los reportes expedidos por el Fondo Nacional del
Ahorro, en septiembre de 2010 se realizó un «pago de cesantías» por valor de
$10.199.276, lo cual impediría el reconocimiento del subsidio solicitado.

60. A más de ello, en el parágrafo del artículo 3 de la Ley 1305 de 2009 se
dispuso que «[n]o obstante lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, en caso de
retiro parcial o total de las cesantías, procederá el otorgamiento de subsidio a favor del
afiliado, únicamente cuando dichas sumas se destinaren específicamente como parte de
pago de la vivienda escogida por el afiliado, bajo el esquema de solución anticipada de

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Demandante: Óscar Leonardo Ojeda Jiménez

vivienda ofrecido por la Caja», lo cual tampoco se cumple en el sub examine, pues
no se demostró que la solicitud se dirigiera exclusivamente para la adquisición de
la vivienda y que los dineros se destinarían para tal fin.

61. Lo expuesto, sin dejar de lado que, desde el año 2005, el demandante podía
demostrar que no gozaba de vivienda propia y afiliarse extemporáneamente a la
Caja para ser destinatario de los beneficios que ello comprende como la obtención
del subsidio, apoyos de carácter técnico y financiero con destino a la adquisición
de inmueble propio y la administración de sus cesantías.

62. En suma, aun si se partiera del derecho a la afiliación forzosa, era
indispensable que el actor demostrara el cumplimiento de los requisitos para ser
beneficiario del subsidio, pues esta Sección ha señalado que la prerrogativa aquí
solicitada «se encuentra supeditada al cumplimiento pleno de los requisitos previstos en
la ley, de modo que, si estos no se satisfacen en su totalidad, se pierde la expectativa de
acceder al subsidio [...]»11. A esto se agrega lo que sigue:

«En relación con la protección del derecho a la vivienda digna que se invoca
en el recurso de alzada, es necesario señalar que, si bien es una modalidad
de los derechos de contenido social, no otorga per se a la persona la
facultad de exigirlo en forma inmediata y directa del Estado -o de las
entidades encargadas para su realización-, pues se requiere del
cumplimiento de condiciones jurídico-materiales que lo hagan posible12.

Sin olvidar que su aplicación exige cargas recíprocas para el Estado y para
los asociados que busquen beneficiarse de los programas y subsidios,
[...].»13

63. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda.

2.6. Costas

64. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil, hoy Código General del Proceso.

65. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201614, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:

11 Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2021, radicación 25000-23-42-000-2014-
04441-01(4770-19).
12 Al respecto se puede consultar la sentencia de la Corte Constitucional T-791 de 2004, referencia:

expediente T-869210.
13 Óp.. Cit. 11.
14 Subsección B, expediente 1908-2014.

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«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la
sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per
se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean
impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su
liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se
entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»

66. No evidencia la Sala que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal,
razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas por esta instancia.

2.7. Conclusión

67. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia que
negó las pretensiones de la demanda, en razón a que, si bien los argumentos del
recurso de apelación no fueron resueltos en la primera instancia, si se
comprendiera que al citar la Ley 1309 de 2009 debía efectuarse un análisis
respecto del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario del subsidio de
vivienda familiar, la conclusión sería la misma, esto es que no tiene derecho al
pago de dicho incentivo porque no cumplió con los requisitos exigidos por la ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la
demanda presentada por Óscar Leonardo Ojeda Jiménez contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

Segundo. Sin condena en costas por esta instancia.

Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Aclara voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
PTH

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