Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00907-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00907-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00907-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00907-01 (5398-2023)
Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Litis consorte: Administradora Colombiana de Pensiones
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente, Ley
71 de 1988. Vinculación posterior Ley 812 de 2003
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 31 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Sonia Esperanza Quintero Cristancho presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones 1609 del 2 de marzo de
2020 y 2581 del 5 de mayo de 2020, por medio de las cuales la Secretaría de
1 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00907-01 (5398-2023)
Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
Educación del distrito de Bogotá le negó el reconocimiento de la pensión por aportes
y confirmó esa decisión al resolver el recurso de reposición, respectivamente.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley
71 de 1988, con la inclusión de los factores devengados en el año anterior al
cumplimiento del estatus, esto es entre el 15 de abril de 2017 y el 15 de abril de
2018; ii) el pago de los interés moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100
de 1993; iii) la indexación de las sumas de conformidad con el índice de precios al
consumidor; iv) la orden de no efectuar descuentos por aportes en salud sobre los
valores a reconocer; v) el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 192
y 195 del CPACA; y vi) la condena en costas a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Sonia Esperanza Quintero Cristancho nació el [1]6 de abril de 1963.
3.2. Laboró como docente al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá y de
entidades privadas, tiempo en el cual efectuó cotizaciones al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio2, a la Administradora Colombiana de
Pensiones3, a Protección y a Porvenir, conforme se evidencia a continuación:
Entidad Desde Hasta Total Días Acumulado Semanas
Colpensiones 17/04/1985 30/11/1985 228 228 32.57
06/03/1986 30/11/1986 270 498 38.57
Secretaria de 12/07/1988 25/07/1988 14 512 2.00
Educación de
Bogotá
Colpensiones 05/09/1989 28/02/1990 177 689 25.29
14/03/1990 01/02/1992 690 1.379 98.57
02/02/1992 21/07/1992 181 1.560 25.86
05/08/1992 01/03/1994 574 1.134 82.00
15/03/1994 01/08/1994 140 2.274 20.00
07/09/1994 31/12/1994 116 2.390 16.57
01/01/1995 30/06/1995 180 2.570 25.71
01/07/1995 25/07/1995 25 2.595 3.57
01/09/1995 31/10/1995 60 2.655 8.57
01/11/1995 28/11/1995 28 2.683 4.00
AFP Protección 01/01/1996 31/12/1996 360 3.043 51.43
01/01/1997 31/10/1997 300 3.343 42.86
01/12/1997 31/12/1997 30 3.373 4.29
01/01/1998 31/12/1998 360 3.733 51.43
2 En adelante Fomag
3 En lo que sigue Colpensiones
2
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Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
01/01/1999 31/12/1999 360 4.093 51.43
AFP Porvenir 01/09/2000 31//12/2001 480 4.663 65.87
01/01/2002 31/08/2002 240 4.903 34.29
01/09/2002 10/09/2002 10 4.913 1.43
01/01/2003 01/01/2003 1 4.914 0.14
01/02/2003 31/07/2003 180 5.094 25.71
01/08/2003 31/12/2004 510 5.604 72.86
01/01/2005 31/08/2005 240 5.844 34.29
Secretaría de 01/09/2005 06/06/2009 1.356 7.200 193.71
Educación de 07/06/2009 15/04/2018 3.189 10.389 455.57
Bogotá
Total cotizaciones DIAS 10.389 Semanas 1.484,14
3.3. El 11 de diciembre de 2019 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación
por aportes, de conformidad con la Ley 71 de 1988 y en concordancia con la Ley 91
de 1989, la cual fue negada a través de la Resolución 1609 del 2 de marzo de 2020
y confirmada por medio de la Resolución 2581 del 5 de mayo de 2020 que resolvió
el recurso de reposición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 13, 16, 25, 29, 48, 53, 58 y 228 de la
Constitución Política; y las leyes 71 de 1988, 91 de 1989, 4ª de 1992, 100 de 1993
y 812 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente4:
5.1. La negativa del reconocimiento pensional en los términos de la Ley 71 de 1988
vulneró los derechos a la igualdad, al debido proceso, a la protección y asistencia
de las personas de la tercera edad, así como el principio de favorabilidad en materia
pensional.
5.2. No se aplicó la normativa correspondiente al caso particular, esto es la Ley 71
de 1988 en virtud de la Ley 812 de 2003 según la cual el régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a su entrada en vigencia. Así pues, comoquiera que se
vinculó como docente antes del 27 de junio de 2003 (entrada en vigencia de la Ley
812) le era aplicable la Ley 71 de 1988 para acceder a la pensión solicitada. No
obstante, para tal efecto la entidad demandada desconoció que se inscribió en el
escalafón docente mediante la Resolución 31947 del 23 de agosto de 1985 que la
4 Índice 2 Samai del tribunal, archivo
69_69_250002342000202000907001ALDESPACHOPOR20230905083439, documento 2865
Demanda.
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Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
acreditó como licenciada en ciencias de la educación.
5.3. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado5 en lo que tiene que ver
con la reliquidación de las pensiones reconocidas bajo la Ley 71 de 1988
corresponden al «75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicios (salario base de liquidación)", y que "[ell salario base de liquidación
deberá estar constituido por aquellos factores que comporten salario sobre los cuales se
realizaron aportes o debiéndose efectuar no se hicieron por incuria del empleador, caso en
el cual la entidad de previsión social podrá hacer los respectivos descuentos y liquidará la
pensión de acuerdo con la ley» (sic). Luego, tenía derecho a que se le tuviera en cuenta
lo devengado de manera habitual y como retribución por su labor, salvo que se
tratara de un factor expresamente excluido por la ley.
5.4. Como consecuencia, tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación
por aportes al evidenciarse una vinculación con anterioridad a la Ley 812 de 2013 y
por encontrarse inscrita en el escalafón docente, según el Decreto 2277 de 1979,
para lo cual se le debió tener en cuenta los tiempos laborados y cotizados a las
cajas o fondos como Colpensiones, Protección y Porvenir, cotizaciones de origen
privado y que deben ser incluidas en el reconocimiento de la pensión de jubilación
por aportes.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente6:
6.1. De acuerdo con la fecha de vinculación de la demandante como docente oficial,
no le asistía el derecho a la pensión de jubilación con base en la Ley 71 de 1988,
puesto que no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 812 de 2003, una
posición en contrario desconocería la voluntad del legislador y su competencia para
configurar las cargas prestacionales de los servidores públicos.
6.2. Para el reconocimiento de la prestación debió cumplir con 57 años de edad y
haber cotizado 1300 semanas, requisitos que se encuentran taxativamente
enunciados en la ley, de acuerdo con el régimen general de pensiones previsto en
las leyes 33 y 62 de 1985, y 812 y 797 de 2003.
6.3. Propuso las excepciones de i) legalidad de los actos administrativos atacados
5 sección segunda – subsección A, en sentencia del 19 de febrero de 2015, radicado 25000-23-25-
000-2007-00612-01(2302-2013), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
6 Índice 14 de Samai del tribunal, archivo
14_250002342000202000907004RECIBEMEMORIAL20211004103904
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00907-01 (5398-2023)
Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
de nulidad; ii) ineptitud de la demanda por carencia de mérito jurídico; y iii) cobro de
lo no debido.
7. Mediante auto del 14 de diciembre de 20227 se tuvo por no contestada la demanda
por parte de Colpensiones, entidad que fue vinculada como litis consorte necesario8.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
profirió sentencia el 31 de marzo de 2023, mediante la cual negó las pretensiones
de la demanda. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos9:
8.1. De conformidad con el formato único para expedición de certificado de historia
laboral emitido por la Secretaría de Educación de Bogotá el 14 de noviembre de
2019, Sonia Esperanza Quintero Cristancho fue nombrada en periodo de prueba en
un cargo directivo docente (coordinador) por medio de la Resolución 3106 del 28 de
julio de 2005, a partir del 1º de septiembre de ese año, por lo que su vinculación a
la docencia oficial fue con posterioridad al 27 de junio de 2003, esto es después de
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
8.2. En cuanto a la certificación expedida el 28 de julio de 1988 por la directora de la
Escuela Distrital Santa Rosa, se advirtió que la demandante trabajó entre el 12 y el
25 de julio de 1988 como psicóloga en el centro de diagnóstico, sin que se hubiese
probado que fuera en calidad de docente. Tampoco se aportó una certificación de
funciones de la que se pudiese llegar a una conclusión diferente.
8.3. Si bien la demandante fue inscrita en el grado séptimo del escalafón nacional
docente mediante la Resolución 31947 del 23 de agosto de 1985 expedida por la
Junta Seccional de Escalafón Nacional ante Bogotá, en virtud de lo dispuesto en el
Decreto Ley 2277 de 1979, y con fundamento en la acreditación del título de
licenciada en ciencias de la educación, con especialidad en psicología y pedagogía,
dicha prueba por sí sola no dio cuenta de haber ejercido como docente y haber
pertenecido a la docencia oficial. Además, para la inscripción antes referida bastaba
con acreditar el título de bachiller pedagógico y, en todo caso, dicho escalafón
también estaba regulado para educadores no oficiales, pues incluso la citada norma
previó que para el ascenso en grado eran válidos los tiempos laborados en
establecimientos educativos privados. Así pues, haber estado inscrita en el
escalafón nacional docente antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
7 Índice 42 Samai del tribunal.
8 A través del auto de 4 de marzo de 2021, visible a índice 7 Samai del tribunal.
9 Índice 52 Samai del tribunal, archivo
58_250002342000202000907001SENTENCIAQUEN20230331125459
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00907-01 (5398-2023)
Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
no implicaba que estuviera cobijada por la transición del artículo 81 ejusdem y que
en tal virtud se le aplicara la Ley 71 de 1988.
8.4. La demandante tampoco era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, puesto que a la entrada en vigencia de esta (1º de abril de 1994) tenía 31
años, pues nació el 16 de abril de 1963, y contaba con 3 años, 1 mes y 24 días de
servicio, es decir, no cumplió con los requisitos exigidos por la norma por lo que no
era posible acceder a la pensión de jubilación en los términos de la Ley 71 de 1988,
que reguló la denominada pensión por aportes.
8.5. No procede la condena en costas porque no se reunieron «los presupuestos
exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 365».
1.4. El recurso de apelación
9. Sonia
Esperanza Quintero Cristancho presentó recurso de apelación con
fundamento en lo siguiente10:
9.1. Tuvo una vinculación laboral antes del 26 de junio de 2003 lo que le otorgó el
derecho a pensionarse con 55 años de edad y 20 años de servicio, y a la
compatibilidad pensional, ya que fue inscrita en el escalafón docente por virtud del
Decreto 2277 de 1979.
9.2. La Ley 91 de 1989 debía aplicarse a quienes se vincularon antes de la Ley 812
de 2003, sin exigir continuidad en la vinculación y excluyéndolos de las leyes 100
de 1993 y 797 de 2003. Así pues, obra en el expediente administrativo certificación
en la que consta que fue escalafonada bajo el Decreto 2277 de 1979, por ende, no
le era aplicable el régimen general de pensiones sino el exceptuado del magisterio
y, comoquiera que efectuó cotizaciones de origen público y privado, debió acudirse
a la Ley 71 de 1988.
9.3. La decisión de primera instancia de no reconocer tiempos laborados en la
Secretaría de Educación de Cundinamarca por falta de evidencia de cotización fue
errada porque la norma solo exige haber laborado antes del 26 de junio de 2003,
sin que fuera necesario acreditar alguna cotización. Así lo ha reconocido el Consejo
de Estado en los casos de vinculación de docente en interinidad11 y por contratos
de prestación de servicios12, en los que ha señalado que lo determinante es la
10 Índice 55 de Samai del tribunal, archivo, 53_RECIBEMEMORIALES_2865ALEGATOSRECO(.pdf)
NroActua 55
11 Sección Segunda Subsección A, sentencia del 27 de junio de 2018, Radicado: 68001-23-33-000-
2014-00812-01 (3597-2015), C.P. Gabriel Valbuena Hernández
12 Sentencia de tutela del 17 de marzo de 2021, Radicado: 11001-03-15-000-2020-04600-01
6
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00907-01 (5398-2023)
Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
existencia de una vinculación anterior a la expedición de la Ley 812 de 2003.
9.4. Tenía derecho a que se liquidara la prestación con la inclusión de los factores
salariales devengados en el año anterior al estatus pensional sin que estuviera
supeditada al retiro definitivo del servicio.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar13.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio14.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia15, se circunscriben a
establecer lo siguiente:
12.1. ¿Sonia Esperanza Quintero Cristancho era beneficiaria de la transición prevista
en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 que permite la aplicación de la Ley 71 de
1988 a los docentes oficiales?
13 Tal y como se indicó en el auto del 19 de febrero de 2024. Índice 6 de Samai.
14 Índice 9 de Samai.
15 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
12.2. De ser negativa la respuesta anterior se determinará ¿si era beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y si, en consecuencia, cumplió con los
requisitos para el reconocimiento pensional en los términos de la Ley 71 de 1988
por haber acumulado tiempo de servicio en el sector público y privado?
12.3. De ser negativa la respuesta anterior se determinará ¿si cumplió con los
requisitos para pensionarse en los términos de la Ley 100 de 1993? y
12.4. ¿Si la pensión era compatible con el salario percibido en ejercicio de la docencia
o para recibirla el docente debe retirarse del servicio?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
13. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte16. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas17.
14. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción18. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»19. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
15. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
16 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
17 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
18 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
19 Preámbulo y artículo 6.
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Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos20. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
16. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
17. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].
20 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público, así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00907-01 (5398-2023)
Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
18. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200321.
19. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
20. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Vinculados por Las causadas hasta 29 de La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del diciembre de 1989 y en Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional adelante, los reajustes y la hicieren sus veces.
Nacional sustitución de pensiones
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
Las causadas hasta el 31 de Las respectivas entidades
diciembre de 1975 y en territoriales o las cajas de
adelante, los reajustes y la previsión, o las entidades que
sustitución de pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Vinculados por venía vinculado este personal
nombramiento de Las causadas en el período La Nación o las respectivas
entidad territorial de nacionalización (1 de entidades territoriales o las
antes y después del enero de 1976 – 31 de cajas de previsión, o las
1/1/1976 (Ley 43/75) diciembre de 1980), los entidades que hicieren sus
reajustes y la sustitución de veces (estas entidades deben
pensiones contribuir en los porcentajes
establecidos en el artículo 3 de
Nacionalizado la Ley 43 de 1975).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1 de enero de 1981 y territoriales o las cajas de
el 29 de diciembre de 1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
21 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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21. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
22. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
23. La Ley 60 de 199322 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
24. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
22 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
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«De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen
a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas
en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria
o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se
dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos
a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben
demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para
los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen
constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de
un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de
1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia
de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993
consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara
que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo
115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido
de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de
pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33
de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley
6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones
‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de
‘especiales’.»
25. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
26. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.2.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988
27. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
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de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:
28. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:
«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes, a
partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de cesantías
aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15
habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de
jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al
beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo
permite»23 (se destaca).
29. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.
30. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
23 Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la República
del 17 de octubre de 1989.
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carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.
24
31. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.
32. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.
33. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»25 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
34. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
24 Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
25El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
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provecho otorgue al trabajador26. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
35. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».
36. En este sentido, se debe destacar que la expresión « derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.
37. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
26 «[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre
cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de
este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de
causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho
al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse
este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá
de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-
15) CE-SUJ2-010-18.
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favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación27.
38. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:
38.1. desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el derecho
a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace parte de
los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público nacional»
a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;
38.2. contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;
38.3. impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por aportes
que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y
38.4. desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior28.
39. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
27 En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas
sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la enseñanza en
planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo 104 los define
como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza
y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales
de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan labores académicas
directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso
enseñanza aprendizaje […]».
28 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.
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referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1° de enero de 1981 o del 1° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.
40. Si bien el numeral aludido indicó que «cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
con la que señala a continuación la norma y que reza que « [e]stos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor.
41. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.
42. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.
43. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.
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44. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.
45. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.
2.2.3. Régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988
46. La Ley 71 de 1988 creó la «pensión de jubilación por aportes», por la cual se
permitía que las personas que hubieran efectuado cotizaciones durante el tiempo
laborado como empleados públicos y privados pudieran obtener la pensión de
jubilación sumando tiempos del uno y del otro. Lo anterior, respondió a la dificultad
que imponían las normas que se habían expedido con antelación y que regulaban
en forma separada el régimen pensional de cada uno de estos sectores.
47. Así, el artículo 7 de la norma, permitió que la prestación se obtuviera con la suma
de los tiempos de cotización y de servicios de los «empleados oficiales y trabajadores
que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en
una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros
Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60)
años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer».
48. Ahora bien, la Ley 71 fue reglamentada inicialmente por el Decreto 1160 de 1989
y posteriormente por el Decreto 2709 de 1994, que señaló lo siguiente:
«Artículo 6°. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las
excepciones contenidas en la ley.
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Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.
Artículo 8°. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la
ley».
49. La anterior disposición fue expresamente derogada por el artículo 24 del Decreto
1474 de 199729. Sin embargo, dicha derogatoria fue anulada por esta Sección
mediante la sentencia del 15 de mayo de 201430, por considerar que desconocía la
finalidad del régimen de transición como mecanismo de protección ante el cambio
legislativo. Como argumentos para tal decisión se expusieron los siguientes:
«Así, en el presente caso, tratándose de una situación análoga a nivel reglamentario, se
destaca que la norma que disponía el salario base para la liquidación de la pensión por
aportes fue derogada, situación que originó un vacío normativo y obligó a remitirse a la
Ley 100 de 1993, aun cuando el legislador dispuso que el Gobierno Nacional debía
reglamentar las condiciones para el reconocimiento y pago de la pensión por aportes
(inc. 2, art. 7, Ley 71 de 1988).
Visto lo anterior, la derogatoria del artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, desconoció no
solamente la Ley 71 de 1988; sino también la Ley 100 de 1993, ya que ésta previó un
régimen de transición, como un mecanismo de protección ante un tránsito legislativo
para las personas que tenían la expectativa de adquirir su derecho pensional bajo una
normatividad anterior, en este sentido no puede el ejecutivo en virtud del ejercicio de la
facultad reglamentaria reducir de manera desproporcionada e irrazonable los beneficios
de la normatividad pensional anterior, pues dejaría sin eficacia la finalidad del régimen
de transición pensional».
50. Así las cosas, comoquiera que la norma había cobrado vigencia a partir del tal
declaratoria de nulidad, la Sección Segunda consideraba que la regla jurídica para
determinar el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen
de transición y que tenían derecho a la pensión de jubilación por aportes era la
establecida en el referido artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994, esto es que se
debía liquidar con el 75 % del salario promedio que había servido de base para los
aportes durante el último año de servicio.
51. El criterio de la corporación era congruente con la sentencia de unificación de la
Sección Segunda del 4 de agosto de 2010, que señalaba que la liquidación de la
pensión correspondía al 75 % de lo devengado por el trabajador en el último año de
29 por el cual se derogan, modifican y/o adicionan algunos artículos del Decreto reglamentario 1748
de 1995 y se dictan otras disposiciones.
30 Sentencia del 15 de mayo de 2014, radicado: 11001-03-25-000-2011-00620-00 (2427-2011), C.P.
Gerardo Arenas Monsalve
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00907-01 (5398-2023)
Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
servicio. No obstante, esta postura ha sido recogida, ajustada e interpretada
armónicamente, en todo, con lo dispuesto en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201831, a partir de la cual el Consejo de Estado se inclinó por la taxatividad
de los factores de salario y concluyó que el ingreso base de liquidación del inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para
aquellas personas que se benefician de este.
52. Así, a efectos de determinar el IBL de las personas beneficiarias de la transición
prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplica como
régimen anterior la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, se deben
seguir la regla y las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 proferida por la Sala Plena de la Corporación,es decir, que el IBL
debe establecerse en los términos del inciso 3.º del artículo 36 o del artículo 21 de
la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994, y no con fundamento en el artículo
6.° del Decreto 2709 de 1994.
53. Respecto de la entidad competente para el pago de la pensión de jubilación bajo
el régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988, el Decreto 2709 de 1994
dispuso:
«Artículo 10. Entidad de previsión pagadora. La pensión de jubilación por aportes será
reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que se efectuaron aportes,
siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo en ellas haya sido
mínimo de seis (6) años. En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será
reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor
tiempo de aportes.
Parágrafo. Si la entidad de previsión obligada al reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes es la Caja Nacional de Previsión Social, el pago de dicha
prestación lo asumirá el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional a partir de 1995.
Si las entidades de previsión obligadas al reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes son del orden territorial, dicha prestación, en el evento de liquidación de las
mismas, estará a cargo de la entidad que las sustituya en el pago».
54. De acuerdo con lo anterior, la regla especial de competencia para el
reconocimiento y pago de las pensiones de jubilación por aportes recae en la última
entidad de previsión social a la que el trabajador estuvo afiliado, siempre y cuando
el tiempo de vinculación hubiese sido igual o mayor 6 años, continuos o
discontinuos. De lo contrario, dicho reconocimiento corresponderá a la entidad o
fondo en el cual se haya realizado el mayor aporte.
31Radicado: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
20
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00907-01 (5398-2023)
Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
2.2.4. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso de
los docentes
55. El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía recibir
dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinaran las
leyes. De esta manera, el constituyente previó la posibilidad de que se establecieran
excepciones a la prohibición, las cuales inicialmente fueron «determinadas» por el
presidente de la República, quien en ejercicio de facultades extraordinarias expidió
el Decreto-ley 1317 de 196032, dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que
provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de
profesorado de tiempo completo33». Asimismo, el artículo 5 del Decreto 224 de 197234
señalaba que «el ejercicio de la docencia no ser[ía] incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario est[uviera] mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretar[ía el] retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco
(65) años de edad».
56. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida
en el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos:
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas» [Se resalta].
57. La anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a través de la
Ley 4ª de 1992, que en su artículo 19, dispuso lo siguiente:
«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes
asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]». [Se resalta].
58. Deacuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
32 Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo
64 de la Constitución.
33 Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
34 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00907-01 (5398-2023)
Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó35:
«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]
Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Se resalta].
59. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:
59.1. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].
59.2. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que « [e]l régimen prestacional aplicable
a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y
59.3. El artículo 19 de Ley 344 de 199636 dispuso:
«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003, radicado
05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
36 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
22
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115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»
60. Así pues, la disposición contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se
advierte que el legislador preservó la compatibilidad de la pensión de jubilación con
el salario devengado por el docente, compatibilidad de la cual pueden ser
beneficiarios aquellas personas que acrediten los requisitos para que les sea
reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios como docentes
oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben ser afiliados al
Fomag.
61. Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
Fomag serían compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración», es
decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los
requisitos de un régimen determinado.
62. Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de 1996
se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente la
compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes. Es decir,
mediante dicha disposición señaló que una vez los servidores públicos adquieran el
derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, tendrían la posibilidad de optar
por una de 2 opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta que cumpla
la edad de retiro forzoso. Esto es que podrían disfrutar de la pensión, pero solo
hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de manera
expresa excluyó a los docentes oficiales. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de
prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994.
[…]
La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere
a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente,
la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la profesionalización y
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Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es claro el interés
constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido
con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la mejor
formación de los educandos. Así, advierte la Corporación que existe una razón
constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro forzoso,
para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se estudia, y
que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido» [Se resalta].
63. Resulta claro entonces que los servidores públicos podrán disfrutar de la pensión
solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; no obstante, la Ley 344 de 1996
dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente.
64. Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de
200237 en cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en
el sector educativo estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de jubilación,
vejez, gracia o similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones docentes o
directivos docentes de los educadores estatales se produciría, entre otros, por
obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.
65. Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63
literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se
precisó que «la norma acusada no estaba modificando el régimen propio de las pensiones
de vejez, gracia o invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a los cuales
deba sujetarse el gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes - los cuales
como ya se explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe
remitirse el Gobierno» [Se resalta].
66. En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la remuneración
de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles
de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial
para el sector educativo estatal, prevén que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga
del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de la ley
4ª de 1992»38.
67. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso
de los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con la
37 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente»
38 Al efecto ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023.
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Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
regulación expedida con posterioridad a ella y las interpretaciones jurisprudenciales
expuestas.
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
68. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
68.1. Sonia Esperanza Quintero Cristancho nació el 16 de abril de 196339.
68.2. Mediante Resolución 31947 del 28 de mayo de 1985 la Junta Seccional de
Escalafón Nacional ante Bogotá, Ministerio de Educación Nacional «en uso de las
facultades legales que le confieren los artículos 19 y 20 del Decreto Extraordinario 2277 del
14 de septiembre de 1979, y en concordancia con el Decreto reglamentario 259 del 6 de
febrero de 1981» la inscribió en el grado séptimo del escalafón con el título de
licenciada en ciencias de la educación en la especialidad de psicología y
pedagogía40.
68.3. Por medio de certificado del 18 de noviembre de 2019 el jefe del escalafón
docente de la Secretaría de Educación del distrito Capital hizo constar que la
demandante «fue INSCRITO (A) en el grado SEPTIMO (7) del Escalafón Nacional
Docente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley 2277 de 1979, mediante Resolución
No. 31947 del 23 de agosto de 1985, expedida por la Junta Seccional de Escalafón Nacional
ante Bogotá, D.E., con la acreditación del título de LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA
EDUCACION con Especialidad en PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA; acto administrativo que
a la fecha se encuentra vigente. De igual forma, revisadas las bases de datos de esta
Oficina, así como el expediente administrativo de Escalafón del (la) educador (a), se verificó
que el (la) mismo (a), no ha sido excluido(a) del Escalafón Nacional Docente» (sic)41.
68.4. Con certificado del 28 de julio de 1988, la directora de la Escuela Distrital Santa
Rosa hizo constar que Sonia Esperanza Quintero Cristancho «trabajó como psicóloga
en el centro de diagnóstico del 12 de julio al 25 de julio de 1988. Según orden 0406»42.
68.5. Según consta en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral expedido el 14 de noviembre de 2019 por la Secretaría de Educación de
39 Índice 2 Samai del tribunal, archivo
69_69_250002342000202000907001ALDESPACHOPOR20230905083439, documento 2865
Demanda, según consta en el registro civil de nacimiento y en su cédula de ciudadanía visible en las
páginas 85 y 87, respectivamente.
40 Ibidem, página 43.
41 Ibidem, página 41.
42 Ibidem, página 5.
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Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
Bogotá, la docente acreditó el siguiente tiempo de servicio en el magisterio oficial
en cargo directivo y con nombramiento en propiedad así43:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta Entidad de
previsión
Resolución 3106 del 28
Bogotá 1/09/2005 - Fomag
de julio de 2005
Resolución 2221 del 31
Bogotá 31/05/2007 Fomag
de mayo de 2007
Decreto 714 del 6 de
Bogotá 1/01/2008
marzo de 2008
Resolución 5939 del 18
Bogotá 18/05/2010
de mayo de 2010
Resolución 15929 del
Bogotá 26/12/2011
26 de diciembre de 2011
Resolución 4586 del 24
Bogotá 10/05/2016
de mayo de 2016
Resolución 13766 del
Bogotá 28 de diciembre de 26/12/2017
2017
68.6. A través del formato único para la expedición de certificado de salarios emitido
el 14 de noviembre de 2019 por la Secretaría de Educación de Bogotá se certificaron
los factores salariales devengados desde el 1° de enero de 2009 hasta el 30 de
diciembre de 201044; desde el 1° de enero de 2011 hasta el 30 de diciembre de
201245; y desde el 1° de enero de 2013 hasta el 30 de diciembre de 201446.
68.7. De conformidad con el reporte de semanas cotizadas en pensiones 47 entre el
17 de abril de 1985 y el 30 de noviembre de 1995 cotizó un total de 381,29 semanas
a Colpensiones48.
68.8. De acuerdo con la historia laboral consolidada expedida por Porvenir el 22 de
agosto de 2018, cotizó en Colpensiones 360 semanas [entre el 17 de abril de 1985
y el 30 de noviembre de 1995], en Protección 215 [ noviembre de 1995 y marzo del
43 Ibidem, páginas 57 a la 59.
44 Ibidem, página 47.
45 Ibidem, página 49.
46 Ibidem, página 51.
47 Actualizado al 5 de noviembre de 2019
48 Índice 2 Samai del tribunal, archivo
69_69_250002342000202000907001ALDESPACHOPOR20230905083439, página 63.
26
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Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
2000] y en Porvenir 689 [entre septiembre del año 2000 y noviembre de 2017], para
un total de 1264 semanas49.
68.9. El 11 de diciembre de 2019 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación
por aportes50, la cual fue negada a través de la Resolución 1609 del 2 de marzo de
202051 y confirmada por medio de la Resolución 2581 del 5 de mayo de 202052 que
resolvió el recurso de reposición con fundamento en que la demandante «fue
nombrada en periodo de prueba a partir del 01/09/2005 mediante Resolución No. 3106 del
28/07/2005, y nombrada en propiedad el 31/05/2007 mediante Resolución No. 2221 del
31/05/2007, con efectos fiscales a partir del 01/09/2005, con vinculación DISTRITAL -
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, razón por la cual es aplicable el régimen
establecido en la Ley 812 de 2003. Que, de acuerdo con lo anterior, la docente se vinculó
con la Secretaría de Educación, estando vigente la norma ya citada, por lo cual la señora
SONIA ESPERANZA QUINTERO CRISTANCHO, identificada con C.C. 51.696.765, se
acoge a los derechos pensionales del régimen de prima media establecido en la ley 100 de
1993, con los requisitos previstos para su goce. Razón por la cual a la docente no le es
aplicable la ley 71 de 1988, que establece los parámetros para la pensión por aportes»
(sic).
2.3.2. Análisis sustancial
2.3.2.1. En torno al régimen de transición de la Ley 812 de 2003
69. La Sala abordará el primer problema jurídico planteado, esto es si Sonia
Esperanza Quintero Cristancho era beneficiaria de la transición prevista en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 que permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a
los docentes oficiales.
70. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
negó las pretensiones de la demanda al considerar que la demandante fue
nombrada en periodo de prueba como coordinadora docente el 1º de septiembre de
2005, es decir, después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y aunque
trabajó como psicóloga en el año de 1988, no se probó que fuera en calidad de
docente. También señaló que la inscripción en el escalafón nacional docente en el
año 1985 no demostró que la demandante hubiese ejercido como docente en la
educación oficial, pues no se evidenció vinculación alguna especifica o que se
hubiese aportado un nombramiento y que, en todo caso, dicho escalafón también
aplicaba a educadores no oficiales. Por tanto, no podía acogerse a la transición del
49 Ibidem, páginas de la 65 a la 75
50 Ibidem, página 29 a la 31.
51 Ibidem, páginas 35 y 36.
52 Ibidem, páginas 37 y 38.
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Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 ni a los beneficios de la Ley 71 de 1988 por tal
virtud.
71. Sonia Esperanza Quintero Cristancho insistió en que como fue inscrita en el
escalafón docente por virtud del Decreto 2277 de 1979 tuvo una vinculación laboral
antes del 27 de junio de 2003 lo que le otorgó el derecho a pensionarse con 55 años
de edad y 20 años de servicio y a la compatibilidad pensional en los términos de la
Ley 71 de 1989. Asimismo, que la decisión de primera instancia fue errónea al no
reconocer los tiempos laborados en la Secretaría de Educación de Cundinamarca
por falta de evidencia de cotización, pues la norma solo exige haber trabajado antes
del 27 de junio de 2003.
72. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el legislador a través de la Ley 100 de 1993 creó «el sistema de seguridad
social integral» con el fin de «unificar la normatividad y la planeación de la seguridad
social» el cual se aplicaría a «todos los habitantes del territorio nacional», con excepción
de, entre otros, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, esto es los docentes oficiales.
73. La anterior excepción se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, con la cual los maestros oficiales fueron incorporados al sistema del régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin
embargo, el legislador, con el fin de proteger las expectativas de quienes hasta ese
momento habían prestado sus servicios al magisterio, estableció un régimen de
transición, según el cual, esta reforma solo le sería aplicables a quienes a partir del
27 de junio de 2003 se vincularan al servicio público educativo oficial.
74. El anterior régimen de transición fue reiterado por el constituyente derivado, a
través del Acto legislativo 1 de 2005, al señalar que «[e]l régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» [se resalta].
75. Así las cosas, se advierte que el querer del legislador y el constituyente derivado
fue incorporar a los docentes oficiales al sistema regulado en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, quienes, hasta ese momento, se encontraban excluidos por
disposición expresa. Por lo que, debe entenderse que el régimen de transición
referido solo estaba dirigido a quienes, antes del 27 de junio de 2003, habían
prestado sus servicios como docentes oficiales.
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Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
76. En esa línea, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia SUJ-014 -
CE-S2 del 25 de abril de 2019, precisó que para efectos de establecer el régimen
prestacional aplicable a los docentes se debía tener en cuenta la fecha de
vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido de que:
i) quienes se hubiesen vinculado con anterioridad al 27 de junio de 2003 [fecha de
entrada en vigencia de la Ley 812] se les aplicaría aquellas disposiciones que regían
a los servidores públicos del orden nacional; y ii) quienes se vincularan con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción del requisito de la edad.
77. Ahora bien, de acuerdo con lo probado en el proceso, se encuentra que la
demandante se vinculó como docente oficial el 1° de septiembre de 200553
y
aunque acreditó aportes previos a esta fecha, de acuerdo con los documentos
aportados, estos no tuvieron origen en la prestación del servicio educativo oficial.
Así las cosas, en principio le asiste razón al a quo en el sentido de negar el
reconocimiento de la prestación reclamada, toda vez que no acreditó una
vinculación como docente oficial anterior al 27 de junio de 2003, por cuanto, este es
el único requisito establecido por el legislador para ser beneficiario de la transición
de la Ley 812 y como consecuencia pretender el reconocimiento pensional bajo las
disposiciones que le eran aplicables a los servidores públicos del orden nacional
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
78. Por otra parte, en el recurso de apelación, la demandante sostuvo que era
beneficiaria de la mencionada transición por cuanto se inscribió en el escalafón
nacional docente en el año 1985. Sobre el particular, se tiene que la Junta Seccional
de Escalafón Nacional ante Bogotá efectuó dicho trámite en uso de las facultades
otorgadas mediante el Decreto 2277 de 197954.
79. Ahora bien, el aludido decreto estableció «el régimen especial para regular las
condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de las personas que
desempeñan la profesión docente en los distintos niveles y modalidades que integran el
Sistema Educativo Nacional, excepto el nivel superior que se regirá por normas
especiales»55 y que los educadores no oficiales estarían sujetos a la citada norma en
lo referente al escalafón nacional docente, capacitación y asimilaciones, mientras
que en los aspectos laborales se regirían por el Código Sustantivo del Trabajo y
normativas específicas [artículo 4]. Es decir que, en relación con el escalafón, el
53 Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 14 de noviembre
de 2019
54 «[p]or el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
55 Artículo 1
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decreto le era aplicable tanto a los docentes oficiales como a los no oficiales.
80. Por su parte, el artículo 8 ejusdem se encargó de definir lo que se entendía por
escalafón docente como «el sistema de clasificación de los educadores de acuerdo con
su preparación académica, experiencia docente y méritos reconocidos. La inscripción en
dicho Escalafón habilita al educador para ejercer los cargos de la carrera docente» [se
resalta] y que tal clasificación está constituida por catorce grados en orden
ascendente, del 1 al 14 [artículo 9]. Asimismo, se establecieron los requisitos de
ingreso y ascenso [artículo 10 y 11].
81. En cuanto a la carrera docente los artículos 26 y 27 del citado decreto la
definieron como el régimen legal que regula y ampara la profesión en el sector
oficial, y que garantiza la estabilidad laboral, la profesionalización y la capacitación.
Para ingresar a ella y gozar de los derechos y garantías los educadores oficiales
beneficiarios serán los «que estén inscritos en el Escalafón Docente, [y] sean
designados para un cargo docente en propiedad y tomen posesión del mismo» [se
resalta]. Lo anterior, permite evidenciar que apenas uno de los requisitos para el
ingreso a la carrera era estar inscrito en el escalafón, esto es que no por el solo
hecho de estar inscrito el docente ingresaría a tal régimen.
82. No obstante, la anterior apreciación no quiere decir que el docente debía ostentar
derechos de carrera ni que su vinculación debía ser continua para que se
beneficiara de las prerrogativas de la Ley 812 de 2003, sino que debía acreditar el
requisito enunciado en el artículo 81 de la referida ley, esto es haber estado
vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a su entrada en
vigencia, esto es al 27 de junio de 2003.
83. En consecuencia, tal y como lo adujo el a quo, la inscripción en el escalafón
nacional docente antes del 27 de junio de 2003 no prueba la existencia de una
vinculación anterior a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de ello no se advierte el
ejercicio de la docencia y menos en el sector oficial, máxime, si tal escalafonamiento
también aplicaba para clasificar a los docentes no oficiales.
84. En cuanto, a la vinculación entre el 12 y el 25 de julio de 1988 en la Escuela
Distrital Santa Rosa, la directora de la institución certificó específicamente que Sonia
Esperanza Quintero Cristancho «trabajó como psicóloga en el centro de diagnóstico»;
sin embargo, no se puede advertir de ello que su desempeño fuera en calidad de
docente, y lo cierto es que para acreditar el requisito bajo estudio no se trataba de
cualquier vinculación, sino que esta fue calificada de manera expresa por el
legislador, esto es, debe ser al servicio público educativo oficial como docente
[en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003] lo cual no fue demostrado en
el sub judice.
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85. De otra parte, el reconocimiento de la pensión por aportes también procede para
los beneficiarios de la transición de la Ley 100 de 1993, esto es, para quienes de
acuerdo con el artículo 36 «al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y
cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados». Sin embargo, la demandante
tampoco era beneficiaria de este, puesto que al 1° de abril de 1994 [fecha de entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993] tenía 30 años de edad y había cotizado alrededor
de 8 años.
86. En suma, de acuerdo con la fecha en la que la demandante se vinculó al servicio
público educativo oficial, su derecho pensional debe analizarse con base en el
régimen de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
los requisitos previstos en allí, con excepción de la edad que para el caso de los
docentes es de 57 años para hombres y mujeres.
87. Por lo expuesto, esta Subsección concluye que la demandante no era
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 812 de 2003 ni el de la Ley 100 de
1993, por lo que, el régimen pensional al que se debe acudir es el previsto en la Ley
100 de 1993.
2.3.2.2. En cuanto a la verificación de los requisitos previstos del régimen de
prima media
88. Si bien la demandante pretendió el reconocimiento pensional con fundamento en
la Ley 71 de 1988, régimen del cual, como se explicó, no era beneficiaria, la Sala
no pasa por alto la obligación de estudiar la solicitud pensional con base en las
disposiciones que le eran aplicables.
89. Sobre el particular, esta Corporación56 ha expresado que el juez administrativo
está en el deber de interpretar la relación jurídico procesal trabada por las partes y
no simplemente aplicar el principio de justicia rogada lo que es consecuente con el
deber de administrar justicia dispuesto en la Constitución Política, con el principio
de prevalencia del derecho sustancial y con el derecho de acceder a la
administración de justicia57.
90. Si bien, el litigio no giró alrededor de la aplicación del régimen de prima media
56 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de marzo de 2018, radicado: 11001-03-25-000-
2013-00171-00(0415-13), C.P. Sandra Lisseth Ibarra
57 Sobre el particular se pueden consultar las sentencias de 27 de enero de 2000, proferida en el
expediente 10867; de 20 de enero de 2006, proferida por la Sección Quinta, en el expediente 3836;
de 23 de febrero de 2010, proferida en el expediente 2066; de 11 de septiembre de 2013, proferida
en el expediente 20601.
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creado con la Ley 100 de 1993, lo cierto es que sí se pretendió el reconocimiento
de una pensión, lo que, a juicio de esta Subsección impone el deber de analizar la
situación del peticionario a la luz de las normas que le sean aplicables con miras a
establecer si podía o no beneficiarse de la prestación que fue reclamada. No puede
desconocerse entonces que se trata del reconocimiento de una pensión de
jubilación que se constituye en la materialización de derechos fundamentales a la
seguridad social y la vida digna. A juicio de la Corte Constitucional «los artículos 48 y
49 de la Carta Política establecen la seguridad social por un lado, como un derecho
irrenunciable, y por otro lado, como un servicio público, de tal manera que, por la estructura
de este derecho, es el Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva
ejecución»58, lo que se traduce en un deber para las autoridades administrativas y
judiciales de atender y, como consecuencia, retirar los obstáculos formales que le
impidan su satisfacción.
91. En igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional para indicar que la
aplicación de tal principio no significa la imposición de un «límite a la labor
interpretativa del juez, cuando su aplicación al caso concreto restringe la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2), la prevalencia del
derecho sustancial sobre lo meramente adjetivo (art. 228) y el acceso a la administración
de justicia (art. 229)» pues lo contrario conduciría a la adopción de decisiones
judiciales incompatibles con el ordenamiento jurídico, especialmente, cuando con
su aplicación irrestricta se afecta el goce efectivo de los derechos fundamentales,
de normas y principios constitucionales, la real relación jurídico procesal entre las
partes, los derechos humanos y normas de derecho internacional humanitario y, en
general la aplicación de normatividad relevante para la resolución de los asuntos
que competen a la jurisdicción59. Maxime cuando en los asuntos bajo análisis están
en juego la protección de los derechos constitucionales a la seguridad social, la
protección y asistencia a las personas de la tercera edad y la vida digna.
92. En efecto, en estos asuntos cobra mayor relevancia el análisis cuidadoso de la
normativa y jurisprudencia aplicable al asunto del peticionario que espera acceder
al beneficio pensional, deber que impone a las autoridades administrativas como
judiciales de examinar su historia laboral de cara a determinar el régimen que le
permita acceder a una prestación que proteja el riesgo al que se está enfrentando,
en este caso, la vejez. No puede desconocerse entonces que la seguridad social es
un servicio de carácter obligatorio [en los términos del artículo 48 Constitucional]
que debe proporcionarse bajo la dirección, coordinación y control del Estado, «en
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley»; lo que se traduce en un imperativo para todos los servidores
públicos de garantizar su prestación que, además, se constituye en un derecho
58 Sentencia T-164 de 2013
59 Sentencia SU061 de 2018
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irrenunciable, por lo que la falta de mención del régimen aplicable al asunto, no
puede servir como excusa para dejar de analizar y, si es del caso, reconocer a fin
de otorgarle garantía a este derecho fundamental.
93. De acuerdo con lo anterior, la omisión de la peticionaria en señalar el régimen
que a la postre le resulte aplicable, no es óbice para dejar de examinarlo y, si es del
caso, reconocerlo. Lo anterior de manera alguna desconoce derechos y garantías
procesales, ni implica desatender el privilegio previo de un pronunciamiento de la
administración, pues desde la petición inicial reclamó el reconocimiento de una
pensión de jubilación.
94. Así pues, esta Subsección ha considerado que la administración está en la
obligación de garantizar la protección de los derechos fundamentales, teniendo en
cuenta la totalidad del ordenamiento jurídico y no solo las normas a que aluda el
solicitante, por lo que en el instante en el que se le pone de presente una situación
pensional antes de acudir al juez, no solo se le da la oportunidad de pronunciarse
de manera previa, sino que se le reclama su análisis a la luz de la normatividad que
le sea aplicable60.
95. En tal sentido, también ha considerado que no se desconoce el principio de
justicia rogada ni el privilegio previo de la administración al analizar la situación del
peticionario de acuerdo con disposiciones que no fueron alegadas en sede
administrativa cuando se reclama el reconocimiento de una pensión, pues es un
deber del Estado en general, proteger el derecho fundamental a la seguridad social,
sin establecer talanqueras que impidan su materialización.
96. Así las cosas, es del caso proceder a verificar si Sonia Esperanza Quintero
Cristancho acreditó los requisitos previstos para el reconocimiento pensional de
conformidad con el régimen de prima media, los cuales se encuentran contenidos
en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797
de 2003, así: i) 57 años de edad (de acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de
2003); y ii) haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo, las
cuales, a «partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en
50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300
semanas en el año 2015».
Año Semanas
2003 1000
60 Sentencia del 6 de febrero de 2025, radicado: 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024), C.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00907-01 (5398-2023)
Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
2004 1000
2005 1050
2006 1075
2007 1100
2008 1125
2009 1150
2010 1175
2011 1200
2012 1225
2013 1250
2014 1275
2015 1300
97. En cuanto al requisito de la edad: Sonia Esperanza Quintero Cristancho nació el
16 de abril de 1963, por lo que, si bien para la fecha de expedición de la Resolución
1609 del 2 de marzo de 2020 aún no contaba con 57 años de edad, al resolverse el
recurso de reposición contra la anterior decisión sí los alcanzó.
98. En relación con las semanas cotizadas: de acuerdo con los mencionados
requisitos, en la medida en que adquirió la edad exigida para efectos del
reconocimiento en el año 2020, deberá verificarse si acreditó haber cotizado un
mínimo de 1300 semanas. Al respecto en el expediente se observa que cotizó: i) a
Colpensiones 381 semanas [entre el 17 de abril de 1985 y el 30 de noviembre de
1995]; ii) en otras administradoras 215 semanas [entre noviembre de 1995 y marzo
del 2000]; iii) en Porvenir 689 semanas [entre septiembre del año 2000 y noviembre
de 2017]; y iv) en el Fomag alrededor de 14 años, 2 meses y 13 días, que equivalen
a 740 semanas [entre la fecha de vinculación a la docencia oficial el 1° de
septiembre de 2005 y la expedición del formato único para la expedición de
certificado de historia laboral en el cual se indicó que al 14 de noviembre de 2019 la
docente se encontraba activa en el servicio].
99. De acuerdo con lo anterior, cuando cumplió 57 años de edad [de acuerdo con el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003] y hasta cuando consta que estuvo activa en el
servicio docente contaba con más de 1300 semanas cotizadas [alrededor de 1336
semanas sin computar las cotizadas a Porvenir por ser concomitantes con las del
Fomag] por lo que acreditó los requisitos previstos en el régimen de prima media
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para efectos del reconocimiento pensional.
100. Ahora bien, la Sala advierte que si bien hubo tiempos de servicio concomitantes
entre septiembre de 2005 y noviembre de 2017 en los que se cotizó tanto al Fomag
como a Porvenir y que para efectos del anterior cálculo no se contabilizaron dobles,
también lo es que ello no implicó que la demandante hubiese cambiado del régimen
de prima media al de ahorro individual con solidaridad, por las razones que se
exponen a continuación.
101. Con el fin de analizar esta situación, es importante poner de presente que dentro
de las características del Sistema General de Pensiones se destacan las
siguientes61: i) la afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes
e independientes, ii) la selección de cualquiera de los regímenes que lo integran es
voluntaria, iii) la afiliación implica la obligación de efectuar aportes; y iv) para el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones previstas en los 2 regímenes « se
tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a cualesquiera de ellos». Asimismo,
el Estado tiene la obligación de controlar la «destinación exclusiva» de los recursos
pensionales aportados por los afiliados, la cual no podrá ser diferente [en el sistema
pensional] a «garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de
la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones62».
102. En línea con lo anterior, el presidente de la república reglamentó parcialmente
la Ley 100 de 1993, a través del Decreto 692 de 1994 en el que reiteró que « [d]e
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 100 de 1993, ninguna persona podrá
estar simultáneamente afiliado a los dos regímenes del Sistema» y en el artículo 5
dispuso:
«Artículo 5. Régimen de ahorro individual con solidaridad. En el régimen de ahorro
individual con solidaridad, los afiliados tienen una cuenta individualizada, en la cual se
abona el valor de sus cotizaciones y las de su empleador, las cotizaciones voluntarias,
los bonos pensionales y los subsidios del Estado si hubiere lugar a ellos, más todos los
rendimientos financieros que genere la cuenta individual. El monto de la pensión es
variable y depende entre otros factores, del monto acumulado en la cuenta, de la edad
a la cual decida retirarse el afiliado, de la modalidad de la pensión, así como de las
semanas cotizadas y la rentabilidad de los ahorros acumulados.
Podrán seleccionar este régimen todos los trabajadores actuales del sector privado y
los servidores públicos, que tengan vinculación contractual, legal o reglamentaria, los
trabajadores independientes, las personas que se vinculen laboralmente con
posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones previsto en la ley 100 de
1993, y en general cualquier persona natural que no haya sido expresamente excluida
61 Artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
62 Artículo 10 de la Ley 100 de 1993.
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de este régimen.
[…]
Están excluidos de este régimen quienes se encuentren pensionados por invalidez
por el ISS o por cualquier fondo, caja o entidad de previsión del sector público.» [Se
resalta]
103. Ahora bien, el mencionado decreto reglamentario, en relación con los docentes
afiliados al Fomag, dispuso:
«Artículo 31. Posibilidad de acumular cotizaciones en el caso de profesores. Las
personas actualmente afiliadas o que se deban afiliar en el futuro, al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, que adicionalmente
reciban remuneraciones del sector privado, tendrán derecho a que la totalidad de los
aportes y sus descuentos para pensiones se administren en el mencionado Fondo, o
en cualquiera de las administradoras de los regímenes de prima media o de ahorro
individual con solidaridad, mediante el diligenciamiento del formulario de vinculación. En
este caso, le son aplicables al afiliado la totalidad de condiciones vigentes en el régimen
seleccionado.» [Se resalta]
104. De acuerdo con las anteriores disposiciones, los docentes afiliados al Fomag,
quienes por disposición expresa de la Ley 100 de 1993 se encontraban excluidos
del sistema integral de seguridad social contenido en esta norma [hasta la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003] no podían afiliarse al régimen de ahorro individual
con solidaridad, salvo que recibieran remuneraciones del sector privado, caso en el
cual, de conformidad con la excepción contenida en el artículo 31 de Decreto 692
de 1994, tendrían derecho a que la totalidad de los aportes pensionales fueran
administrados por el fondo del magisterio o cualquiera de las administradoras de los
regímenes de prima media o de ahorro individual con solidaridad, con la precisión
de que le serían aplicables la totalidad de las condiciones vigentes en el régimen.
Lo anterior, tiene explicación en tanto este último régimen fue implementado en el
Estado colombiano con el sistema de seguridad social integral del cual no eran
beneficiarios.
105. En tal sentido, aun cuando Sonia Esperanza Quintero Cristancho efectuó
cotizaciones para pensión en Porvenir SA por 689 semanas entre septiembre de
2000 y noviembre de 2017, y tuvo empleadores privados, lo cierto es que también
se encontraba afiliada al Fomag. Además, por disposición del Decreto 692 de 1994
podía seleccionar uno u otro régimen y lo cierto es que, por ser una docente oficial
con cotizaciones del sector privado, tenía derecho a que la totalidad de los aportes
y sus descuentos para pensiones las administrara el mencionado fondo.
106. Así las cosas, la totalidad de los aportes efectuados por la docente durante su
vida laboral deberán financiar la prestación que le sea reconocida para efectos de
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amparar la contingencia derivada de la vejez.
107. Lo anterior justifica que se ordene al Fomag adelantar las gestiones
administrativas necesarias para obtener el traslado del bono pensional o la cuota
parte a cargo de Porvenir, en virtud de lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del
artículo 5 de la Ley 91 de 1989, toda vez que se constituye en un deber de la entidad
acudir a los mecanismos legales para recaudar esas sumas de dinero, pues así se
desprende de la lectura de los artículos 2 de la Ley 33 de 1985 y 24 y 57 de la Ley
100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003.
108. Valga advertir que ese trámite no podría afectar el reconocimiento prestacional,
de conformidad con el inciso final del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de
1993.
109. En ese orden, en el caso en estudio, Sonia Esperanza Quintero Cristancho tenía
derecho al reconocimiento y pago de la pensión, de acuerdo con las disposiciones
contenidas en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2002, a partir de la fecha en la que
adquirió el estatus pensional, esto es a partir del 16 de abril de 2020 [fecha en la
que cumplió 57 años y contaba con más de 1300 semanas cotizadas], sin que deba
acreditar el retiro del servicio, por las razones que se explicarán más adelante.
110. En consecuencia, por un lado, se impone revocar la sentencia apelada que negó
el reconocimiento pensional y, en su lugar, acceder a la prestación en los términos
de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2002, a partir del 16 de abril de 2020.
111. Por otro lado, resulta oportuno precisar que comoquiera que la demandante
adquirió el estatus pensional el 16 de abril de 2020, es decir, con posterioridad a la
petición de reconocimiento pensional el 11 de diciembre de 2019 no operó el
fenómeno prescriptivo de mesadas pensionales, de conformidad con el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968.
112. Ahora bien, la sala advierte que cuando se expidió la Resolución 1609 del 2 de
marzo de 2020, Sonia Esperanza Quintero Cristancho no había completado los
requisitos para beneficiarse de la prestación analizada, pues tal y como se expuso,
cumplió los 57 años de edad requeridos el 16 de abril de 2020. No obstante, al emitir
la Resolución 2581 del 5 de mayo de 2020 ya había adquirido el estatus pensional,
por lo que la entidad en esa oportunidad al concluir que como consecuencia de la
fecha de vinculación de la docente podía beneficiarse de «los derechos pensionales
del régimen de prima media establecido en la Ley 100 de 1993», omitió analizar su
situación de conformidad con ese régimen que aludía le era aplicable.
113. De haberlo hecho, habría advertido que para esa data [el 5 de mayo de 2020] la
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solicitante ya era beneficiaria de la pensión prevista en la Ley 100 de 1993 y habría
procedido a reponer la decisión recurrida y reconocer la prestación.
114. Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de la Resolución 2581 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Secretaría de
Educación del distrito de Bogotá que confirmó la Resolución 1609 del 2 de marzo
de 2020 por la cual negó la pensión solicitada; y, a título de restablecimiento del
derecho se i) se condenará a la nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag
al reconocimiento y pago de la pensión de vejez conforme con lo establecido en los
artículos 33 y siguientes de la Ley 100 de 1993 y con los factores salariales
establecidos en el Decreto 1158 de 1994, a partir del 16 de abril de 2020, sin que
hubiese operado el fenómeno de prescripción de mesadas pensionales.
2.3.2.3. En torno a la compatibilidad entre el salario y la pensión
115. Al respecto, la Sala se permite reiterar que el propósito del legislador ha sido
permitir que aquellas personas con derecho a una pensión de vejez y que se
desempeñen como docentes oficiales, puedan seguir ejerciendo el empleo, sin que
por ello deba restringirse la efectividad de la pensión. Por tal razón, no es dable
condicionar el reconocimiento de la prestación a la desvinculación del servicio.
116. A tal conclusión ha llegado esta Subsección en asuntos similares en los que ha
señalado63 que «si bien la letra g del artículo 19 de la mencionada Ley 4ª se refiere a las
asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los docentes oficiales
pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a quienes se jubilen con
posterioridad, habida cuenta de que la norma hace alusión a las disposiciones que para esa
época favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda armonía con la
regulación vigente a la promulgación de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual no es dable
condicionar la pensión de jubilación del demandante a la desvinculación del servicio,
máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás
normas concordantes»64.
117. En efecto, esta interpretación se ha estructurado en antecedentes de esta
corporación en los que se ha concluido que la excepción prevista en el literal g) del
artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992 «no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión
63 En igual sentido, ver las siguientes sentencias de esta Subsección: i) del 8 de agosto de 2019,
expediente 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y ii) del
25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César
Palomino Cortés.
64 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicado
05001-23-33-000-2021-01482-01 (3388-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
ordinaria y/o gracia con posterioridad»65 [Se resalta].
118. Lo
anterior guarda correspondencia con lo expuesto en esta decisión, de
manera que el disfrute de la prestación no debe condicionarse al retiro del servicio
«dado que es precisamente su condición de pensionados la que les permite acceder a los
beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del
Decreto 224 según el cual ‘el ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce
de la pensión de jubilación’»66.
119. En este punto resulta necesario precisar que el artículo 15, numeral 3, literal b),
de la aludida Ley 91 dispuso que i) a los docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional que habían gozado en cada
entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes; y ii) aquellos que
ingresaron a partir del 1° de enero de 1990, nacionales y nacionalizados, tendrían
derecho a una pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de
pensiones del sector público nacional, de acuerdo con los artículos 17 de la Ley 6ª
de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de
la Ley 33 de 1985.
120. Además, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 67 dispuso la incorporación del
personal docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así
como la conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del indicado
fondo. Sobre el particular, el Consejo de Estado68 precisó que «los docentes
nacionales y nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales y distritales
de educación en las condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en
65 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2009,
radicado 05001-23-31-000-2004-03824-01 (2170-08), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
66 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado
05001-23-33-000-2014-00331-01(0509-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
67 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
68 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2006,
radicado 19001-23-31-000-2002-00594-01(5198-04), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
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Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a
la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente
(salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las autoridades locales
no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones
dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales
resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-
1 de la Ley 100/93».
121. Ahora bien, la Ley 344 de 1996 mantuvo la vigencia de la aludida compatibilidad
pues aun cuando ordenó que la asignación pensional se pagara después de
haberse producido la terminación de los servicios, advirtió que esto se daría «[s]in
perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994» que, como
se dijo, permiten la compatibilidad entre el salario y la pensión; y de acuerdo con la
Real Academia Española, la expresión sin perjuicio de significa «dejando a salvo»69.
122. La Sala advierte que incluso esa lectura se deriva del Decreto 2709 de 1994,
por el cual se reglamentó el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, que en su artículo 2
establece:
«Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación por
aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del servicio.
Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de invalidez,
vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las excepciones
previstas en la ley».
123. La disposición transcrita al expresar «salvo las excepciones previstas en la ley»
reconoció la existencia de situaciones en las que un pensionado bajo ese régimen
podía recibir mesada pensional sin necesidad de acreditar su retiro del servicio,
como en efecto lo estableció el legislador a favor de los docentes oficiales, desde el
año 1972, razón por la cual no es dable condicionar la pensión de jubilación de los
docentes a la desvinculación del servicio.
124. Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario y pensión
de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con
posterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al
Fomag al régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se
estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales, esto
es en razón de la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional
determinado. Por lo que, no es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones
69 https://dle.rae.es/perjuicio#31keUjC
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Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue un requisito o límite
establecido por el legislador70.
125. Así pues, el personal docente se encuentra exceptuado de la prohibición de
devengar doble asignación del erario, en el entendido de que el reconocimiento y
disfrute de la pensión no se encuentra supeditado al retiro del servicio, es decir,
están habilitados para percibir la mesada pensional y continuar ejerciendo el cargo
de docente hasta que llegue a la edad de retiro forzoso.
126. En tal medida, la demandante tiene derecho a que se le reconozca el derecho
pensional con efectividad desde el momento en que adquirió el estatus jurídico, sin
que se le condicione al retiro del servicio por no ser incompatible con el ejercicio
de la docencia.
127. Por consiguiente, la pensión aquí reconocida es compatible con el salario que
devenga Sonia Esperanza Quintero Cristancho mientras continúe en el ejercicio de
la docencia oficial, no lo será en otro tipo de empleos. Lo anterior, toda vez que se
pudo verificar que al 14 de noviembre de 2019 se encontraba afiliada al Fomag y
como «[a]ctivo cotizante».
2.4. Costas
128. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
129. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
130. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
70 sentencia del 18 de abril de 2024, radicado 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022), C.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar
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Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma71.
131. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
132. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
3. Conclusión
133. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que, si bien Sonia Esperanza
Quintero Cristancho no era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 812 de
2003, ni lo era del contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, le asiste el
derecho al reconocimiento pensional con base en el régimen de prima media
establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en
dicho régimen, con excepción de la edad que para el caso de los docentes es de 57
años para hombres y mujeres.
134. Asimismo, se declarará que la demandante tenía derecho a que se le
reconociera el derecho pensional con efectividad desde el momento en que adquirió
el estatus jurídico, sin que se le condicione a su retiro del servicio por no ser
incompatible con el ejercicio de la docencia. En consecuencia, se revocará la
sentencia proferida el 31 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con lo expuesto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
71En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
FALLA:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 31 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la
cual negó las pretensiones de la demanda presentada por Sonia Esperanza
Quintero Cristancho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y, en su lugar, se
dispone:
Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 2581 del 5 de mayo de 2020
expedidas por la directora de Talento Humano de la Secretaría de Educación del
distrito de Bogotá, por la cual confirmó la Resolución 1609 del 2 de marzo de 2020
que negó el reconocimiento de una pensión de jubilación a favor de Sonia
Esperanza Quintero Cristancho.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, condenar a la nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) al reconocimiento y pago de la
pensión de vejez a favor de Sonia Esperanza Quintero Cristancho, conforme con lo
establecido en los artículos 33 y siguientes de la Ley 100 de 1993 y con los factores
salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994 y demás normas que hayan
creado factores salariales a favor de los docentes, a partir del 16 de abril de 2020,
con efectos fiscales de igual fecha.
Cuarto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Quinto. La pensión de vejez reconocida es compatible con el salario que devengue
Sonia Esperanza Quintero Cristancho mientras continúe en el ejercicio de la
docencia oficial. No lo será en otro tipo de empleos.
Sexto. La nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), podrá reclamar la cuota parte a las
demás entidades de previsión social o fondos pensionales en los que Sonia
Esperanza Quintero Cristancho realizó cotizaciones de conformidad con lo expuesto
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Demandante: Sonia Esperanza Quintero Cristancho
en esta decisión.
Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
Octavo. No condenar en costas en esta instancia.
Noveno. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Décimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024).
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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