Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00969-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00969-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00969-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
8 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00969-01 (5596-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandado: Cristina Gutiérrez de Ortiz
Temas: Sustitución pensional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones contra la
sentencia proferida el 9 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Colpensiones presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución SUB 4678 del 11 de enero de 2018 a
través de la cual le reconoció y ordenó el pago de la sustitución pensional a favor
de Cristina Gutiérrez de Ortiz en calidad de cónyuge supérstite del causante, Jesús
Eduardo Ortiz Agudelo.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el reintegro de la suma de $53.694.811 por concepto de mesadas
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00969-01 (5596-2023)
Demandante: Colpensiones
pensionales, retroactivo, aportes en salud y/o fondo de solidaridad en el período
comprendido entre el 1° de diciembre de 2017 y el 31 de enero de 2019 y las que
se continuaron causando; ii) la indexación de los valores reconocidos y las sumas
adeudadas y el pago de los intereses moratorios a que huya lugar; y iii) la condena
en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Mediante la Resolución 19151 del 27 de agosto de 2001 el Instituto de Seguros
Sociales1 reconoció una pensión de vejez a favor de Jesús Eduardo Ortiz Agudelo,
que «al retiro de la nómina» equivalía a la suma de $1.692.592.
3.2. Jesús Eduardo Ortiz Agudelo falleció el 30 de octubre de 2017.
3.3. El 23 de noviembre de 2017 Cristina Gutiérrez de Ortiz solicitó el reconocimiento
de la sustitución pensional por el fallecimiento de su cónyuge ante Colpensiones.
3.4. Por medio de la Resolución SUB 4678 del 11 de enero de 2018 Colpensiones
resolvió la anterior solicitud y accedió a la sustitución pensional. Contra esta
decisión Cristina Gutiérrez de Ortiz presentó recurso de apelación para que se
incluyera en nómina la novedad de la sustitución, el cual fue rechazado a través de
la Resolución SUB 39053 del 12 de febrero de 2018, por cuanto la sustitución
otorgada en la resolución recurrida fue expedida en el mes de enero y pagada en
febrero.
3.5. El 5 de mayo de 2018 Teresa de Jesús Arroyave, en calidad de compañera
permanente, solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional por el
fallecimiento de Jesús Eduardo Ortiz Agudelo.
3.6. A través de la Resolución SUB 177083 del 29 de junio de 2018 Colpensiones
negó la anterior petición con fundamento en una investigación administrativa
especial en la que, además, concluyó que el causante vivía solo y que Cristina
Gutiérrez de Ortiz había allegado documentación no verídica para acceder al
derecho. Como consecuencia de ello, emitió las resoluciones SUB 28268 del 30 de
enero de 2020 en la que se decidió revocar la Resolución SUB 4678 del 11 de enero
de 2018, SUB 102817 del 4 de mayo de 2020 que confirmó la anterior decisión, y
SUB 51374 del 24 de febrero de 2020 en la que se ordenó informar a la demandada
el valor desembolsado a su favor por el indebido reconocimiento pensional.
1 En adelante ISS
2
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Demandante: Colpensiones
3.7. Cristina Gutiérrez de Ortiz presentó recurso de reposición contra la Resolución
SUB 28268 del 30 de enero de 2018, resuelto por medio de la Resolución 102817
del 4 de mayo de 2020 que confirmó en todas sus partes la decisión recurrida.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 47 de la Ley 100 de 1993, modificada por
la Ley 797 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 2:
5.1. Con ocasión de la investigación administrativa especial 188-19 adelantada por
la Gerencia de Prevención del Fraude se logró comprobar que el causante, Jesús
Eduardo Ortiz Agudelo, vivió solo en la ciudad de Bogotá durante sus últimos años
de vida, esto es sin que hubiese convivido bajo igual techo con Cristina Gutiérrez
de Ortiz, ni con ninguna otra persona y, por ende, la sustitución pensional
reconocida a favor de aquella fue indebida.
5.2. La demandada allegó documentación no verídica con el fin de comprobar que
cumplía con los requisitos para ser beneficiaria de la sustitución pensional. Lo
anterior, indujo a que el reconocimiento se efectuara con fundamento en hechos
ajenos a la realidad puesto que ella y el causante no convivían juntos, razón por la
cual a través de la Resolución SUB 28268 del 30 de enero de 2020 revocó el acto
administrativo de reconocimiento [Resolución SUB 4678 del 11 de enero de 2018],
de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 555 de 2015 emitida por la
presidencia de Colpensiones que define el procedimiento administrativo para la
revocatoria directa total o parcial de resoluciones que reconocen prestaciones
económicas de manera irregular y el artículo 243 de la Ley 1450 de 2011.
5.3. En el reconocimiento de la sustitución pensional hubo fraude y la actuación de
la demandada «constituye varios tipos penales», tales como, «fraude procesal, por
inducir en error a la administración de justicia y consecuencialmente a la administradora
reconociendo una prestación pensional bajo supuestos falsos»; «estafa agravada ya que
se obtuvieron dineros del estado a través del engaño»; «[p]resuntamente se constituye
también el delito de falsedad documental, ya que hay indicios que nos llevan a concluir que
a la solicitud de pensión se radicaron documentos con información falsa».
2 Índice 2 de samai, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 carpeta EXPDIG,
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COLPNESIONES VS CRISTINA GUTIERREZ DE ORTIZ EXP 250002342000202000969.pdf
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Demandante: Colpensiones
5.4. Sin el consentimiento de la demandada, Colpensiones podía revocar el derecho
pensional, según lo establecido en la sentencia SU182 de 2019 proferida por la
Corte Constitucional; no obstante, para la devolución de los dineros percibidos de
buena fe era necesario acudir a la jurisdicción administrativa para la anulación de
los actos de reconocimiento.
1.2. Las contestaciones de la demanda
6. Cristina Gutiérrez de Ortiz se opuso a la prosperidad de las pretensiones con
fundamento en los siguientes argumentos3:
6.1. La resolución acusada fue proferida de conformidad con la ley, pues existió
convivencia y mantuvo su vínculo matrimonial vigente con el causante y no tenía
conocimiento de la existencia de una relación extramatrimonial. Además, lo auxilió
y asistió hasta último momento de su vida, se encargó de los gastos funerarios y «el
solo hecho de una separación por razones de trabajo» no implicaba la inexistencia del
requisito de convivencia.
6.2. Su vínculo matrimonial con el pensionado se mantuvo vigente, tal y como se
acreditó con el registro de matrimonio y el registro civil del pensionado, que aparece
sin notas marginales, por lo tanto, tenía una justa causa que motivó su actuación.
Asimismo, las declaraciones extrajuicio dieron cuenta de la existencia de una
relación de afecto, solidaridad, apoyo mutuo entre ella y su cónyuge.
6.3. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de: i) justa causa; ii)
inexistencia de la obligación; iii) cobro de lo no debido; iv) buena fe; v) compensación
de culpas; y vi) genérica.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en
sentencia proferida el 9 de mayo de 2023 negó las pretensiones de la demanda.
Para tal efecto, se pronunció en los siguientes términos4:
7.1. El problema jurídico se circunscribió a la legalidad del acto administrativo de
3 Índice 2 de samai, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 carpeta EXPDIG,
subcarpeta
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TotalItem133201761202501658.zip, documento contestación demanda Colpensiones.
4 Índice 2 de samai, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 carpeta EXPDIG, archivo
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Demandante: Colpensiones
reconocimiento pensional al ser la única decisión demandada, por lo tanto, careció
de competencia para pronunciarse respecto de las resoluciones 28268, 102817 y
51374 de 2020, esto es sobre la facultad de la administradora para revocar el acto
de reconocimiento, así como tampoco sobre la legalidad del acto que informó la
suma girada por concepto de pensión.
7.2. De las pruebas allegadas al proceso se tiene que i) Jesús Eduardo Ortiz Agudelo
contrajo matrimonio con Cristina Gutiérrez de Ortiz el 9 de febrero de 1963, vínculo
que estuvo vigente hasta cuando se produjo el fallecimiento del causante, pues no
tiene nota marginal, ni obra prueba de la disolución total o parcial, o, manifestación
en la que se indique que «la pareja se haya divorciado o haya liquidado la sociedad
conyugal»; ii) Mediante la Resolución 19151 del 2001, el ISS le reconoció pensión
de jubilación a Jesús Eduardo Ortiz Agudelo, quien falleció el 30 de octubre de 2017;
iii) Colpensiones adelantó una investigación administrativa especial 188-19 que se
cerró mediante el Auto 2185 del 27 de diciembre de 2019 (que obra incompleto) y
de la que concluyó que el causante convivió con Teresa de Jesús Arroyave en la
ciudad de Medellín entre los años 1995 y 2005, y que vivió solo en la ciudad de
Bogotá en una residencia diferente de la de Cristina Gutiérrez de Ortiz durante sus
últimos 5 años de vida.
7.3. Colpensiones en su análisis no tuvo en cuenta que, tal y como lo ha reconocido
la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado, la existencia del vínculo matrimonial habilita al
cónyuge sobreviviente para acreditar la convivencia de 5 años en cualquier tiempo,
es decir, que estos no tienen que ser los inmediatamente anteriores al fallecimiento
del causante y que, por lo menos desde la fecha en que Jesús Eduardo Ortiz
Agudelo y Cristina Gutiérrez de Ortiz contrajeron matrimonio y hasta el nacimiento
de su último hijo el 17 de abril de 1977, existió convivencia efectiva con la vocación
de estabilidad y permanencia, tiempo con el cual se acreditó el requisito.
7.4. Asimismo, el argumento sobre la existencia de una convivencia por parte del
causante con Teresa de Jesús Arroyave no implicaba la pérdida del derecho de la
cónyuge supérstite, pues en todo caso la prestación se dividiría entre ellas en
proporción al tiempo de convivencia con el fallecido, según lo disponen los artículos
13 de la Ley 797 de 2003 y 47 de la Ley 100 de 1993.
7.5. No procede la condena en costas puesto que no se evidenció que la parte
vencida hubiese actuado con temeridad o mala fe. Lo anterior, en atención a la
posición de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado según
la cual se debe analizarse la conducta procesal desplegada por las partes durante
el transcurso del proceso, pues aplicar otro criterio afectaría el derecho de acceso
a la administración de justicia y a utilizar los mecanismos procesales previstos en el
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ordenamiento jurídico.
1.4. El recurso de apelación
8. Colpensiones interpuso recurso de apelación con fundamento en lo siguiente5:
8.1. El acto administrativo demandado fue expedido teniendo en cuenta el material
probatorio insuficiente e improcedente para el reconocimiento pensional, por cuanto
la demandada accedió a la prestación con declaraciones extrajuicio que carecían
de veracidad, en tanto que, en ellas se afirmó que la demandada convivió con el
pensionado de forma ininterrumpida y que dependió económicamente de aquel
hasta su muerte. Lo anterior, teniendo en cuenta que el material probatorio
recaudado en la investigación administrativa especial logró determinar que no
convivieron durante los últimos 5 años de vida de Jesús Eduardo Ortiz Agudelo,
pues él vivió solo. Además, hubo contradicción entre la declaración de Cristina
Gutiérrez de Ortiz y una de sus testigos, quien afirmó que aquella había cuidado del
causante en la clínica mientras que ella señaló que no estuvo presente por
inconvenientes de salud.
8.2. Noexistió un grado de certeza respecto de la convivencia. Aunque se ha
determinado que la cohabitación no solo acredita el requisito material de
convivencia, sino también el ánimo de conformar familia, lo cierto es que «hay un
criterio sospechoso al tener una separación acreditada en plenario, sin que se logre
acreditar que se haya logrado convivir con los últimos 5 años de manera ininterrumpida».
Requisito de convivencia que la Corte Suprema de Justicia ha señalado como
indispensable para acceder al derecho pensional y al que no solo se accede con la
demostración de la vigencia del vínculo matrimonial6.
8.3. La negativa de las pretensiones de la demanda atenta contra la estabilidad
financiera y ocasionan un detrimento del sistema general de pensiones porque la
demandada se benefició del pago de dineros sin tener un derecho a ello, amparada
en un acto sin asidero jurídico. Lo anterior, fue de su conocimiento desde el
momento en el que se le solicitó el consentimiento para revocar la decisión y este
no se otorgó, lo que evidencia una actuación de mala fe.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
5 Índice 2 de samai, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 carpeta EXPDIG, archivo
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6 sentencia 40309 de 2011
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Demandante: Colpensiones
hubo traslado a las partes para alegar7.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se confirmara la
sentencia recurrida toda vez que la investigación administrativa adelantada por la
administradora de pensiones no probó que Cristina Gutiérrez de Ortiz no tuviese
derecho al goce de la sustitución pensional porque esta había acreditado un vínculo
matrimonial vigente con el causante [sin que se hubiese disuelto la sociedad
conyugal] y por lo menos 15 años de convivencia efectiva traducida en la
procreación, educación y mantenimiento de los hijos habidos. Asimismo, según la
jurisprudencia de las altas cortes para acceder al derecho pensional el o la cónyuge
supérstite puede acreditar los 5 años de convivencia en cualquier tiempo diferente
a lo que ocurre con el o la compañera permanente, caso en el cual los 5 años deben
ser los inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante8.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
11. Se circunscribe a establecer ¿es procedente la nulidad del acto administrativo
que reconoció la sustitución pensional a favor de Cristina Gutiérrez de Ortiz, por
presuntamente haber accedido al beneficio pensional con declaraciones que
carecían de veracidad y no haber acreditado 5 años de convivencia con el causante
anteriores a su fallecimiento?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. De la sustitución pensional
12. Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de
una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas
de vida de aquellos9.
7 Obra notificación a índice 9 de Samai
8 Índice 10 de Samai
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de
octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
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Demandante: Colpensiones
13. En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de
un pensionado cuando ocurre su deceso; mientras que la pensión de sobreviviente
es aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para ello, pero fallece; o del afiliado no pensionado
que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la prestación 10.
14. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley
100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del
beneficiario de la prestación que fallezca, en el siguiente orden:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha
pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo11. Si no existe convivencia
10 Sentencia T-564 de 2015.
11 Aparte declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia
C-1035 de 2008, bajo el siguiente tenor literal:
«[…] PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la expresión "En
caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre
un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión
de sobreviviente será la esposa o el esposo" contenida en el literal b del artículo 13 de la Ley 797 de
2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que además de la esposa
o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión
se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido» [se resalta]
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Demandante: Colpensiones
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente;
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que
establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del
causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las
condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio
previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y
absoluta de este;
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente
de éste.
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo
o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil».
15. A su vez, de la norma en cita se advierte que existen tres grupos de beneficiarios
excluyentes entre sí, toda vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: i) cónyuge
o compañera permanente, hijos con derecho y/o inválidos; ii) padres con derecho; y
iii) hermanos con derecho.
16. Frente al primer grupo, específicamente, cónyuge o compañera permanente fue
regulado en los literales a) y b) que prevé los siguientes eventos12:
Modalidad
Beneficiario Causante de la Condiciones
pensión
Cónyuge o Edad cumplida al
Compañero Afiliado o momento del
Vitalicia
permanente pensionado fallecimiento y
mayor de 30 demuestre vida marital
En esa oportunidad, la Corporación consideró que no existe razón alguna para privilegiar, en casos
de convivencia simultánea, la pareja conformada por medio de un vínculo matrimonial, sobre aquella
que se formó con base en un vínculo natural.
12 Sobre el particular ver las sentencias de la Corte Constitucional C-336 del 2014 y del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 27 de septiembre del 2018, radicado 25000-23-42-000-
2013-00618-01(3232-17), C.P. William Hernández Gómez
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00969-01 (5596-2023)
Demandante: Colpensiones
años de y convivencia durante
edad. los 5 años anteriores a
la muerte.
Cónyuge o
Compañero
permanente Afiliado o Temporal- No haber procreado
menor de 30 pensionado 20 años- hijos con el causante.
años de
edad.
Cónyuge o
Haber procreado hijos
Compañero
con el causante y
permanente Afiliado o
Vitalicia demuestre vida marital
menor de 30 pensionado
durante los 5 años
años de
anteriores a la muerte.
edad.
Compañero Cuota Sociedad anterior
Pensionado
permanente parte conyugal no disuelta
Cónyuge y Convivencia simultánea
Afiliado o Partes
Compañero durante los 5 años
pensionado iguales
permanente13 anteriores a la muerte.
Cónyuge con Inexistencia de
unión convivencia simultánea,
conyugal acreditación por parte
vigente, pero del cónyuge de la
Afiliado o Cuota
con separación de hecho;
pensionado parte
separación compañero permanente
de hecho y con convivencia
compañero durante los 5 años
permanente anteriores a la muerte
17. Hasta este punto, en lo que tiene que ver con el sub judice, lo aquí debatido es
sí Cristina Gutiérrez de Ortiz, en calidad de cónyuge supérstite, tenía derecho a que
se le reconociera la sustitución de la pensión del causante, Jesús Eduardo Ortiz
Agudelo, quien percibía dicha prestación de acuerdo con la Resolución 19151 del
13 Es pertinente tener en cuenta que si bien en el inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley
100 señala que en caso de convivencia simultánea los últimos 5 años, será beneficiario de la pensión
de sobrevivientes el esposo o la esposa, ese aparte fue declarado condicionalmente exequible por
la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1035 de 2008, bajo el siguiente tenor literal:
«[…] PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la expresión "En
caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante
entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo" contenida en el literal b del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que
además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero
permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia
con el fallecido […]» (Subraya la Sala).
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00969-01 (5596-2023)
Demandante: Colpensiones
27 de agosto de 2001, y de no ser así, si estaría obligada a reintegrar todas las
sumas de dinero pagadas como consecuencia del aludido reconocimiento.
18. Respecto de la exigencia de los 5 años de convivencia, la Corte Constitucional
en sentencia C- 1094 del 19 de noviembre de 200314 precisó:
«La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos
por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes
mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia
como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían
económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de
subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en
vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación
de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían
del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus
necesidades.
En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia. Para esa
Corporación, ‹no puede hacerse abstracción del sentido mismo y finalidad de la
institución de la pensión de sobrevivientes que busca precisamente impedir que quien
haya convivido permanente, responsable y efectivamente, y prestado apoyo afectivo a
su pareja al momento de su muerte, se vea abocado a soportar aisladamente las cargas,
tanto materiales como espirituales, que supone su desaparición›
[…]
En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la norma
persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En primer lugar,
el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso de los pensionados y,
como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo que se pretende es evitar las
convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la
pensión de sobrevivientes
Además, según el desarrollo de la institución dado por el Congreso de la República, la
pensión de sobrevivientes es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes
beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de
exigencias frente a la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito dentro del ámbito
de competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social». [Se resalta].
19. De los anteriores escenarios, se tiene que la Corte Constitucional examinó la
constitucionalidad de la expresión «[l]a otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge
con la cual existe la sociedad conyugal vigente» del inciso final del literal b) del artículo
13 de la Ley 797 de 2003 contenida en esta norma y encontró justificada la
diferencia establecida en el requisito de la convivencia que se exige para el cónyuge
14 Corte Constitucional, sentencia del 19 de noviembre de 2003, expediente D-4659, C.P. Jaime
Córdoba Triviño.
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supérstite separado de hecho con sociedad conyugal vigente y la compañera
permanente, quien sí debe convivir con el causante los últimos 5 años de su vida.
20. En aquella oportunidad la Corte analizó la diferencia entre el matrimonio y la
unión marital de hecho y concluyó que son figuras normativas disímiles que se
diferencian también en sus efectos patrimoniales, por lo que no pueden equipararse.
En ese sentido, manifestó que no existe un trato discriminatorio, pues la cónyuge
tiene una sociedad conyugal vigente en virtud de la ley y sus efectos impiden que
se cree la sociedad de hecho con la compañera permanente. Al respecto precisó lo
siguiente15:
«4.8.4.1. En lo atinente al criterio de comparación, la jurisprudencia de esta Corte ha
diferenciado los efectos de la unión marital de hecho con los del matrimonio,
concluyendo que se trata en principio de figuras normativas diferentes. Razón por la cual,
no son sujetos de la misma naturaleza, y por ello no podría predicarse en principio un
trato diferente frente a iguales.
4.8.4.2. No obstante lo anterior, si en gracia discusión se estudiara la finalidad de la
diferencia de trato otorgada al cónyuge con sociedad vigente pero con separación de
hecho, resulta constitucionalmente justificada la medida adoptada, en tanto que ambos
beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de hecho cumplen con
el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos patrimoniales de cada
institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos
ya que la separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial existente
entre el causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que pese a que el de cujus
conviviera por el término mínimo de cinco años con un compañero permanente, la
sociedad de hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del matrimonio. Es
así, como en protección y reconocimiento del tiempo de convivencia y apoyo mutuo
acreditado por el miembro sobreviviente de la unión marital de hecho, que el legislador
le otorgó el beneficio de una cuota parte de la pensión frente a la existencia de una
sociedad conyugal. En conclusión, la norma busca equilibrar la tensión surgida entre
el último compañero permanente y la del cónyuge con el cual a pesar de la no
convivencia no se disolvieron los vínculos jurídicos. Por todo lo anterior, la norma
acusada es constitucional y será declarada exequible» (sic) [Se resalta].
21. Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia C-515 de 2019, al estudiar otra
demanda de inconstitucionalidad del citado inciso, específicamente, de la expresión
«con la cual existe la sociedad conyugal vigente» por la presunta vulneración del
derecho a la igualdad, en tanto, los demandantes consideraron que no existían
razones suficientes para que se reconociera el derecho a la pensión de
sobrevivientes a los cónyuges separados de hecho con sociedad conyugal vigente,
pero se excluyera de sus efectos a los que, estando en igual circunstancia,
disolvieron de manera voluntaria dicho vínculo patrimonial, expresó que dichos
grupos se encontraban en situaciones de hecho y de derecho diferentes debido a la
inexistencia de vínculos afectivos o económicos entre cónyuges separados de
15 sentencia C-336 de 2014
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hecho y con sociedad conyugal disuelta. Por lo que, encontró que no se superaba
el criterio de comparación del juicio de igualdad, para llegar a tal conclusión señaló
las siguientes razones:
«En primer lugar, señala la Corte que estos dos grupos de sujetos están en un diferente
plano jurídico y fáctico. Por un lado, el cónyuge separado de hecho con sociedad
conyugal vigente mantiene en su totalidad los efectos de orden patrimonial. Si bien
existe una ruptura de la cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber
existido por lo menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por
terminada su sociedad conyugal, al punto que preservan el vínculo económico y los
derechos que de este se derivan. Por otro lado, en el caso del cónyuge separado de
hecho con sociedad conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se
extinguen los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación
de hecho, por lo que, no existen en este caso vínculos afectivos o económicos que
permitan inferir su calidad de beneficiario.
73. En segundo lugar, los grupos cuya comparación se propone no pueden ser
considerados equiparables en el supuesto previsto en la disposición acusada –
convivencia no simultánea-, en razón a que el requisito de la vigencia de la sociedad
conyugal tiene la finalidad de concretar el objeto de la pensión de sobrevivientes, esto
es, proteger el núcleo familiar del causante que resulta afectado por su deceso (ver
supra, numerales 54 y 55). La configuración normativa de esta prestación económica
tiene como base el requisito de convivencia efectiva con el causante. Sin embargo, en
los supuestos de convivencia no simultánea entre el cónyuge y la compañera o
compañero permanente, la ausencia de una convivencia efectiva dentro de los 5 años
anteriores a la muerte del causante, justifica que el legislador, en ejercicio del amplio
margen de configuración en materia pensional (ver supra, numerales 56 y 57),
establezca la vigencia de la sociedad conyugal como una condición necesaria para
reconocer este derecho pensional al cónyuge supérstite, que separado de hecho,
mantuvo el vínculo patrimonial con el causante, guiada por los principios que definen la
pensión de sobrevivientes. Por lo anterior, es dado concluir que le asisten razones al
legislador para distinguir en situaciones donde no es posible que el cónyuge acredite la
convivencia hasta la muerte del causante –convivencia no simultánea-, que el cónyuge
supérstite acredite la vigencia del vínculo patrimonial –sociedad conyugal-, que de
manera voluntaria decidieron mantener con el causante, pese a la separación de hecho.
74. En tercer lugar, la condición acusada de inconstitucional contenida en la norma bajo
estudio es determinante para verificar la calidad de beneficiario respecto del causante,
no solo desde la perspectiva del régimen pensional sino también en consideración a los
efectos que produce la disolución de la sociedad conyugal. En este punto, el artículo
1781 del Código Civil establece que mientras que la comunidad de bienes subsista, y a
falta de capitulaciones, el haber social se entiende conformado por los bienes
establecidos en el mencionado artículo. La sociedad conyugal se integra por dos tipos
de haberes: el haber absoluto y el haber relatico. Los bienes del haber absoluto incluyen
las “pensiones” (numeral 2° del artículo 1781), así como todos los salarios, honorarios,
prestaciones sociales, utilidades, remuneraciones, indemnizaciones y, en general, todos
aquellos otros dineros derivados del trabajo o de las actividades productivas (numeral 1°
del mencionado artículo). Luego, cuando la sociedad conyugal se disuelve, los
haberes del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial,
razón por la que se extingue el derecho para sustituir al causante respecto de su pensión
o cesa la expectativa de recibir una eventual prestación pensional, según corresponda.
13
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Por ello, no es posible que, en materia de acceso a la pensión de sobrevivientes, el
cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta esté en el mismo plano
jurídico y fáctico que el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente.»
(sic) [Se resalta].
22. Lo anterior concuerda con la interpretación que se ha hecho del literal a) según
la cual tanto el o la cónyuge como la compañera o compañero permanente deben
probar la «convivencia» por lo menos 5 años antes del fallecimiento del pensionado
para adquirir la sustitución pensional. Sin embargo, se ha exceptuado de probarla
en este tiempo específico al cónyuge supérstite que conserva el vínculo jurídico
conyugal vigente con el causante. En cuyo caso, la convivencia válida para reclamar
el derecho pudo haber ocurrido en cualquier tiempo porque la separación de hecho
o la interrupción temporal de la cohabitación, no son causales legales de
terminación, disolución o cesación del vínculo matrimonial y, por tanto, no extingue
el derecho a la sustitución pensional.
23. Sobre el particular, se ha explicado que la separación de hecho no disuelve la
sociedad conyugal, pues para que esto suceda el numeral 2 del artículo 1820 del
Código Civil indicó las causales, así:
«1.) Por la disolución del matrimonio.
2.) Por la separación judicial de cuerpos, salvo que fundándose en el mutuo
consentimiento de los cónyuges y siendo temporal, ellos manifiesten su voluntad de
mantenerla.
3.) Por la sentencia de separación de bienes.
4.) Por la declaración de nulidad del matrimonio, salvo en el caso de que la nulidad haya
sido declarada con fundamento en lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 140 de
este Código. En este evento, no se forma sociedad conyugal, y
5.) Por mutuo acuerdo de los cónyuges capaces, elevado a escritura pública, en cuyo
cuerpo se incorporará el inventario de bienes y deudas sociales y su liquidación.
No obstante, los cónyuges responderán solidariamente ante los acreedores con título
anterior al registro de la escritura de disolución y liquidación de la sociedad conyugal.
Para ser oponible a terceros, la escritura en mención deberá registrarse conforme a la
ley.
Lo dispuesto en este numeral es aplicable a la liquidación de la sociedad conyugal
disuelta por divorcio o separación de cuerpos judicialmente decretados.»
24. En ese sentido, cuando la separación de cuerpos es de hecho, los efectos
14
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patrimoniales del vínculo matrimonial persisten16 y, en consecuencia, el cónyuge no
pierde el derecho a sustituir la prestación del pensionado fallecido, mucho más
cuando la separación de hecho ha sido justificada17.
25. Sobre la justificación aludida se ha precisado que «[c]onforme a la jurisprudencia
constitucional y laboral, constituye justa causa de la interrupción de la convivencia, entre
otras, la fuerza mayor, impedimentos de salud de alguno de los cónyuges o situaciones no
imputables al cónyuge supérstite, tales como escenarios “en los que el presunto beneficiario
ha sido sometido a maltrato físico o psicológico”»18. En tales situaciones, y con el fin de
proteger al cónyuge supérstite afectado por el actuar del pensionado fallecido, se
ha señalado que conserva su derecho a la sustitución pensional, pues no fue su
culpa la ruptura de la convivencia.
26. Esta Corporación ha indicado que a efectos de determinar si el o la cónyuge es
beneficiaria del derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución pensional
se requiere que la sociedad conyugal esté vigente, pues su liquidación y disolución
implicaría, en principio, la pérdida del derecho, incluso aun cuando el vínculo
matrimonial permaneciera activo, porque una vez realizada la separación de
bienes, los haberes del pensionado o afiliado dejan de ser parte de la masa
patrimonial que alguna vez conformaron19. No obstante, se ha admitido la
posibilidad de reconocer el derecho, pese a la liquidación y disolución de la
sociedad conyugal, siempre que se pruebe la convivencia con el causante durante
los 5 años anteriores al fallecimiento, considerando que tal escenario, no impide
que la vida en común continúe20.
16 C-746 de 2011. En esta providencia se explicó que «[l[a separación de cuerpos entraña la
suspensión de la vida en común de los cónyuges, pudiendo ser declarada judicialmente o darse de
hecho. La separación judicial procede invocando alguna de las causales de divorcio, solo alegables
por el cónyuge inocente en cuanto causales subjetivas; y por el mutuo consentimiento de los
cónyuges manifestado ante el juez competente (Art. 165 C.C.). Por otro lado, la separación de hecho
se da cuando se rompe la convivencia conyugal, sea acordada por ambos cónyuges o decidida por
uno de ellos, sin que haya intervenido un juez (Corte Constitucional, C-1495/00)»
17 En la C-336 de 2014 en la que se estudió la constitucionalidad del inciso final del literal b) del
artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que regulaba el beneficio compartido entre la compañera
permanente y la cónyuge supérstite separado de hecho de la pensión de sobrevivientes avaló esta
prerrogativa dada en favor del segundo pese a la no convivencia bajo el argumento de que «los
haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos ya que la separación de hecho no resta
efectos a la sociedad patrimonial existente entre el causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir,
que pese a que el de cujus conviviera por el término mínimo de cinco años con un compañero
permanente, la sociedad de hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del matrimonio»
18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL 2010-2019, radicación no. 45045
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 28 de octubre de 2016, radicado: 2014-019-
0501 (2650-2015); del 27 de septiembre de 2018, radicado: 2013-00618-01 (3232-2017; del 19 de
marzo de 2020, radicado: 2014-03649-01 (0544-2018).
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de abril de 2018.
Expediente: 2010-00295-01(2564-2014). Demandante: Clara Esther Narváez Ordoñez; sentencia del
2 de julio de 2020. Expediente: 2015-01982-01 (3633-2019). Demandante: Ángel María Salazar;
sentencia del 9 de septiembre de 2021. Expediente: 2014-02561-01 (1598-2019). Demandante: Libia
15
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00969-01 (5596-2023)
Demandante: Colpensiones
27. En otras palabras, la disolución de la sociedad conyugal es una circunstancia
determinante para que se pierda el derecho que otorga la Ley 100 de 1993, a
menos de que se demuestre el apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la
comprensión y la vida en común durante los últimos 5 años a la muerte del
pensionado o afiliado, o, en su defecto, que pruebe que la sociedad conyugal que
se conformó, producto del matrimonio, no ha perdido los efectos patrimoniales21.
2.3. Caso en concreto
28. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
2.3.1. Reconocimiento pensional al causante
29. Jesús Eduardo Agudelo Ortiz nació el 8 de abril de 194122.
30. Por medio de la Resolución 19151 del 27 de agosto de 2001, el ISS le reconoció
una pensión mensual vitalicia de vejez en cuantía de $786.486, a partir del 1° de
septiembre de 200123.
31. Falleció el 30 de octubre de 2017, según consta en el Registro Civil de
Defunción24.
2.3.2. En torno a la solicitud de sustitución pensional presentada por Cristina
Gutiérrez de Ortiz
32. Cristina Gutiérrez de Ortiz y Jesús Eduardo Ortiz Agudelo contrajeron matrimonio
el 9 de febrero de 196325 y de dicha unión nacieron Carlos Eduardo el 15 de
noviembre de 1963, Isabel Cristina el 12 de enero de 1965, Rocío del Pilar el 1° de
Guzmán de Ñungo; sentencia del 10 de febrero de 2022. Expediente: 2015-00814-01 (5017-2019).
Demandante: Betsy Mabel Buitrago Ordóñez y otra; sentencia del 21 de septiembre de 2023.
Expediente: 2019-01567-01 (4358-2022). Demandante: Beatriz Bonilla de Arciniegas.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020,
Radicado: 13001-23- 33-000-2014-00028-01(0791-18), consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra
Vélez
22 Índice 2 de samai, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 carpeta EXPDIG,
subcarpeta Nueva carpeta, 05Anexo2expediente administrativo, archivo GEN-REQ-IN-
2020_2923887-20200309031101.pdf, página 22
31101.pdf
23 Ibidem, páginas 2
24 Índice 2 de samai, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 carpeta EXPDIG,
subcarpeta Nueva carpeta, 05Anexo2expediente administrativo, archivo GEN-RCD-PE-
2018_702882-20180122120544.pdf
25 Ibidem, documento GEN-RCM-CO-2017_12435266-2017112
3011745.pdf
16
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00969-01 (5596-2023)
Demandante: Colpensiones
noviembre de 1972, Javier Arturo el 30 de noviembre de 1975 y Raúl Enrique Ortiz
Gutiérrez el 17 de abril de 197726.
33. Se aportaron las siguientes declaraciones extraprocesales:
33.1. El 8 de noviembre de 2017, ante la Notaría 66 de Bogotá Luz Ena Ardila de
Franco declaró ser testigo de unión matrimonial entre Cristina Gutiérrez de Ortiz y
Jesús Eduardo Ortiz Agudelo desde el 9 de febrero de 1963 hasta el 30 de octubre
de 2017 fecha en la que aquel falleció, en la que compartieron «techo lecho y mesa
de forma permanente e ininterrumpidamente»27.
33.2. El 23 de noviembre de 2017 ante la Notaría 23 de Bogotá, Rosalía Buitrago
Saavedra declaró que Cristina Gutiérrez de Ortiz y Jesús Eduardo Ortiz Agudelo
estuvieron casados por 54 años y 8 meses, convivieron bajo igual techo en el que
compartieron techo, mesa y lecho hasta el fallecimiento de aquel, que nunca se
separaron, procrearon 5 hijos y que la demandada no trabajaba y se dedicó al hogar
hasta el fallecimiento de su cónyuge, por lo que dependía económicamente de él 28.
33.3. El 20 de enero de 2018, ante la Notaría 73 del Bogotá, Cristina Gutiérrez de
Ortiz declaró que convivió con Jesús Eduardo Ortiz Agudelo «bajo el vínculo del
matrimonio católico, de manera permanente e ininterrumpida, compartiendo techo, lecho y
mesa desde 09 de febrero de 1963, con el(la) señor(a) JESUS EDUARDO ORTIZ
AGUDELO (q.e.p.d.) (…) el(la) cual falleció el día 30 de octubre de 2017; de cuya unión
procreamos cuatro (4) hijo(a,s) (…) que no estoy vinculado(a) laboralmente con entidad
pública o privada, no recibo ingresos de ninguna clase, dependía económicamente de mi
esposo(a) y convivimos juntos hasta la fecha de su fallecimiento. Así mismo manifiesto que
junto con mis hijos mencionados anteriormente somos los únicos herederos de mi esposo
y no conozco la existencia personas con mejor o igual derecho para reclama»29.
2.3.3. Respecto del trámite administrativo en relación con la solicitud de
sustitución pensional presentada por Cristina Gutiérrez de Ortiz
34. Por medio de la Resolución SUB 4678 del 11 de enero de 2018, Colpensiones
resolvió la solicitud del 23 de noviembre de 2017 presentada por Cristina Gutiérrez
Ortiz en calidad de cónyuge supérstite de Jesús Eduardo Ortiz Agudelo y le
reconoció el pago de la «pensión de sobrevivientes» en un 100% a partir del 30 de
26 Ibidem, documento GRP-RCN-HE-2013_702882-201801221
20544.p pdf
27 Índice 2 de samai, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 carpeta EXPDIG,
subcarpeta Nueva carpeta, 05Anexo2expediente administrativo, documento GEN-DOA-DA-
2019_10571920-20190806093456.pdf
28 Ibidem
29 Ibidem, documento GRF-DEX-HE-2018_702882-20180122120544.pdf
17
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00969-01 (5596-2023)
Demandante: Colpensiones
octubre de 2017 en cuantía de $1.761.819 y el pago de $3.039.711 por concepto de
retroactivo30.
35. Contra la anterior resolución Cristina Gutiérrez de Ortiz interpuso el recurso de
apelación31 para que se le incluyera en nómina la novedad de la sustitución
pensional, el cual fue resuelto a través de la Resolución SUB 39053 del 12 de
febrero de 201832 que rechazó el recurso por cuanto el reconocimiento efectuado
en la resolución recurrida expedida en el mes de enero se había pagado en febrero.
2.3.4. En torno a la solicitud de sustitución pensional presentada por Teresa
de Jesús Arroyave
36. El 3 de enero de 2018 ante la Notaría 4 de Medellín, María Elena Molina de
Jiménez y María Teresa Sánchez declararon que Jesús Eduardo Ortiz Agudelo de
estado civil casado, separado de hecho hacía 30 años, convivía en unión marital de
hecho con Teresa de Jesús Arroyave de forma ininterrumpida sin que procrearan
hijos por alrededor de 23 años desde el año 1994 hasta la fecha de su fallecimiento
y respondía económicamente por aquella33.
37. El 1° de marzo de 2018, ante la Notaría 4 de Medellín, Teresa de Jesús Arroyave
declaró que «[v]ivi[ó] bajo el mismo techo en unión libre, ininterrumpidamente,
compartiendo TECHO, LECHO y MESA, durante veintidós (22), con el señor JESUS
EDUARDO ORTIZ AGUDELO. Quien (…) fallecido el día 30 de octubre de 2017 en Bogotá.
De tal unión no procrea[ron] hijos, el fallecido por su parte procreó cinco hijos, mayores de
edad, (…) Los cuales se encuentran en perfecto estado de SALUD FÍSICA Y MENTAL. (…)
y me consta que el fallecido vivió conmigo hasta el momento en que falleció, agrego que el
fallecido, siempre respondió económicamente en todos los sentidos por mí, por lo tanto, no
conozco otros herederos con mayor o igual derecho» (sic)34.
2.3.4. En relación con el trámite administrativo frente a la solicitud de
sustitucional pensional presentada por Teresa de Jesús Arroyave
38. Con ocasión de la presentación de la solicitud de sustitución pensional
presentada por Teresa de Jesús Arroyave se inició una verificación preliminar con
fundamento en que «la persona que solicita en calidad de cónyuge o compañera(o)
30 Índice 2 de samai, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 carpeta EXPDIG,
subcarpeta Nueva carpeta, documento 04Anexo1HistoriaLaboral.pdf
31 Ibidem, documento GRF-REP-AF-2018_1348679-20180206100457.pdf
32 Índice 2 de samai, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 carpeta EXPDIG,
subcarpeta Nueva carpeta, 05Anexo2expediente administrativo, documento GRF-AAT-RP-
2018_1835618-20180216110249.pdf
33 Ibidem, documento GRP-MCC-TE-2018_2631609-20180305035638.pdf
34 Ibidem, documento GEN-RCM-CO-2018_2631609-20180305035638.pdf
18
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00969-01 (5596-2023)
Demandante: Colpensiones
permanente esta domiciliada en una ciudad o municipio distinto a aquel donde residió y/o
falleció el causante. Es de anotar que la prestación fue reconocida a cónyuge, por lo cual
se hace necesario establecer los extremos de convivencia de ambas solicitantes»35.
39. Mediante informe técnico de investigación COLCO 98708 del 8 de mayo de
201836 se concluyó que «NO SE ACREDITÓ el contenido y la veracidad de la solicitud
presentada por Cristina Gutiérrez de Ortiz, una vez analizadas y revisadas cada una de las
pruebas aportadas en la presente investigación administrativa. No se acredita, ya que no
fue posible confirmar la convivencia entre el señor Jesús Eduardo Ortiz y la señora Cristina
Gutiérrez de Ortiz, pues no accedió a dar su testimonio ni aportar pruebas para corroborar
la convivencia permanente entre ellos hasta el 30 de octubre de 2017, fecha que fallece el
causante» y que «[d]e acuerdo a la información verificada, cotejo de documentación,
entrevistas y trabajo de campo, se logró confirmar que el señor Jesús Eduardo Ortiz
Agudelo y la señora Teresa de Jesús Arroyave, convivieron en unión libre por espacio de
23 años desde el año 1995 hasta enero de 2017, fecha en el cual se separan y el causante
se traslada para la ciudad de Bogotá lugar donde fallece el 30 de octubre de 2017». A
través del auto de pruebas APSUB 1713 del 12 de mayo de 2018 se dio apertura a
la etapa probatoria37; posteriormente, la administradora requirió la ampliación del
informe técnico y el 13 de junio de 2018 se llegó a igual conclusión38.
40. Obra informe de verificación preliminar (sin fecha) en el que de acuerdo con las
pruebas recolectadas se sugirió iniciar el procedimiento administrativo especial39.
41. Por medio de la Resolución SUB 177083 del 29 de junio de 2018, Colpensiones
no accedió a la solicitud de reconocimiento de la sustitución pensional a favor de
Teresa de Jesús Arroyave y, además, señaló que la Gerencia de Prevención del
Fraude iniciaría investigación administrativa especial, comoquiera que al verificarse
que existía un reconocimiento de sustitución pensional a favor de Cristina Gutiérrez
de Ortiz, en calidad de cónyuge, y que Teresa de Jesús Arroyave también había
reclamado el derecho era procedente efectuar validaciones preliminares que
permitieran establecer la existencia de un hecho de fraude y/o corrupción por parte
de la cónyuge para obtener el reconocimiento prestacional, según las pruebas
recaudades y las conclusiones a las que se había llegado en la investigación40.
35 Ibidem, documento GEN-COM-CO-2018_5199021-20180508091808.pdf
36 Ibidem
37 Ibidem, documento GCE-AUT-AP-2018_2631609-20180512110342.pdf
38 Ibidem, documento GEN-DOA-DA-2019_10571920-20190806093505.pdf
39 Ibidem, documentos GEN-DOA-DA-2019_10571920-20190806093508.pdf; GEN-DOA-DA-
2019_10571920-20190806093515.pdf y GEN-DOA-DA-2019_10571920-20190806093517.pdf
40 Índice 2 de samai, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 carpeta EXPDIG,
subcarpeta Nueva carpeta, documento 04Anexo1HistoriaLaboral.pdf
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Demandante: Colpensiones
2.3.5. Investigación administrativa especial
42. A través de auto 1168 del 31 de julio de 2019 se dio apertura a la investigación
administrativa especial para la eventual revocatoria del acto administrativo de
reconocimiento de la sustitución pensional41, No obra notificación de la actuación.
43. PorAuto 2185-19 del 27 de diciembre de 2019 se cerró la investigación
administrativa especial 188-19 con fundamento en lo siguiente:
«Una vez valorados los hechos del caso, los informes generados, documentos
incorporados y realizado el análisis objetivo de las pruebas que se encuentran en el
expediente de la señora CRISTINA GUTIÉRREZ DE ORTIZ, se logró determinar que el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor
JESÚS EDUARDO ORTIZ AGUDELO (Q.E.P.D.), realizado mediante la Resolución No.
SUB 4678 del 11 de enero de 2018, se precipitó bajo hechos que dan cuenta de fraude,
así se pudo engañar a Colpensiones y a otras entidades para obtener tales beneficios.
Por tanto, la investigada recibió de forma irregular una pensión de sobreviviente con
fundamento en una convivencia alegada por la investigada, convivencia que nunca
existió durante los últimos cinco años anteriores a la fecha del causante, tal y como
se evidencio en las diferentes etapas de la Investigación Administrativa Especial.
Adicionalmente, todo lo explicado en el presente Auto, permite reafirmar que la señora
CRISTINA GUTIÉRREZ DE ORTIZ, no convivió con el causante durante los últimos
cinco años de vida de este, en razón a que, tal como se pudo establecer los implicados
se encontraban separados de cuerpos, y que el causante y la investigada residían en
ciudades diferentes, encontrando contradicciones en la entrevista realizada a la
investigada, e inconsistencias entre las declaraciones aportadas y las entrevistas
realizadas a sus testigos durante la Investigación preliminar, razón por la cual se puedo
concluir acerca de la falta de veracidad del contenido de dichas declaraciones aportadas
por la investigada con el formato de solitud de prestaciones económicas, las cuales
fueron determinantes para el reconocimiento de la prestación económica. Lo anterior,
podría configurar los delitos de estafa agravada, uso de documento falso, fraude
procesal y obtención de documento público falso por parte del señor CRISTINA
GUTIÉRREZ DE ORTIZ, hechos que afectan de manera directa a Colpensiones, toda
vez que se genera un detrimento patrimonial referente a recursos públicos de la
Seguridad Social, lo cual será puesto en conocimiento de la fiscalía general de la Nación,
para que se adelanten las investigaciones pertinentes» (sic). [Se resalta].
44. Además, se resolvió «PRIMERO: Cerrar la presente Investigación Administrativa
Especial No. 188-19, con base en las consideraciones expuestas en el presente Auto.
SEGUNDO: Remitir esta decisión junto con los soportes probatorios aquí mencionados a la
Dirección de Prestaciones Económicas para que, dentro del ámbito de sus competencias
proceda a tomar la decisión que corresponda frente al Acto Administrativo No. SUB 4678
del 11 de enero de 2018. TERCERO: Remitir lo pertinente a la fiscalía general de la Nación,
en la relacionado a los actos que pueden constituir conductas punibles tales como estafa
agravada, fraude procesal y obtención de documento público falso, entre otros, que se
41Índice 2 de samai, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 carpeta EXPDIG,
subcarpeta Nueva carpeta, 05Anexo2expediente administrativo, documento GEN-DOA-DA-
2019_10571920-20190806093454.pdf,
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00969-01 (5596-2023)
Demandante: Colpensiones
pudiesen establecer en el curso de la investigación pertinente»42.
2.3.7. Revocatoria directa
45. Por medio de la Resolución SUB 28268 del 30 de enero de 2020, Colpensiones
revocó la Resolución SUB 4678 del 11 de enero de 2018 por medio de la cual se
reconoció sustitución de la pensión de vejez a Cristina Gutiérrez de Ortiz por cuanto
no convivió con el causante en los últimos 5 años de vida de aquel, en aplicación
de lo previsto en el artículo 243 de la Ley 1450 de 2011 y la Resolución 555 del
2015, y negó la sustitución de la prestación43.
46. Mediante la Resolución SUB 51374 del 24 de febrero de 2020, la administradora
informó que el valor girado a favor de Cristina Gutiérrez de Ortiz a título de mesadas,
retroactivo, y aportes a salud, con ocasión del reconocimiento de la sustitución
pensional fue de $53.694.811, respecto del periodo comprendido entre el 1 de
diciembre de 2017 y el 31 de enero de 202044.
47. A través de la Resolución SUB 102817 del 4 de mayo de 2020, la citada entidad
resolvió el recurso de reposición interpuesto por Cristina Gutiérrez de Ortiz contra
la anterior decisión en el sentido de confirmarla45.
2.3.8. Interrogatorio de parte
48. Dentro del trámite del proceso judicial se decretó y practicó en audiencia del 15
de diciembre de 2022 el interrogatorio de parte a Cristina Gutiérrez de Ortiz quien
señaló que46:
48.1. No es pensionada. Contrajo matrimonio con Jesús Eduardo Ortiz Agudelo el 9
de febrero de 1963, tuvieron 6 hijos y el ultimo murió al nacer, «duró toda la vida» con
el causante. Vivieron en Santa Marta y luego la empresa en la que trabajaba Jesús
Eduardo Ortiz Agudelo como auxiliar de ingeniería le dio una casa en el barrio
Bochica en Bogotá, en la que vive hace «40 años».
48.2. Él nunca vivió con otra persona. No conoce a Teresa de Jesús Arroyave.
42 Ibidem, documentos GEN-REQ-IN-2020_506896-20200114123027.pdf y GEN-REQ-IN-
2020_506896-20200114123029.pdf
43 Índice 2 de samai, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 carpeta EXPDIG,
subcarpeta Nueva carpeta, documento 04Anexo1HistoriaLaboral.pdf
44 carpeta EXPDIG, subcarpeta Nueva carpeta, 05Anexo2expediente administrativo, documento
GEN-REQ-IN-2020_1236047_9-20200826030025.pdf
45 Ibidem, documento GEN-REQ-IN-2020_1236047_9-20200826030026.pdf
46 Algunas respuestas entregadas por la declarante fueron inaudibles.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00969-01 (5596-2023)
Demandante: Colpensiones
48.3. Aun percibe el dinero proveniente de la sustitución pensional. No demandó la
Resolución 51374 del 24 de febrero de 2020 que le ordenó devolver los dineros de
la pensión que le había sido reconocida.
48.4. Primero le informaron que la causa de la muerte fue por problemas en la
próstata y luego por una masa en el páncreas y él se puso amarillo. Al fallecer tenía
igual edad que ella. No fue a la clínica donde estaba internado porque tenía
problemas de Salud y Rosalía Buitrago Saavedra aseguró que sí pero ya ella era
muy «viejita».
48.5. Vivieron en Santa Marta, cuando estuvo trabajando en la construcción de la
troncal del caribe, lugar donde nacieron 2 de sus hijos, y luego en el barrio Bochica.
48.6. El 8 de abril cumplía años [en semana santa].
48.7. La dirección del barrio Normandía corresponde a la de su cuñado, hermano del
causante.
48.8. Los actos fúnebres se celebraron en el barrio La Candelaria, en la iglesia San
Juan de Dios y en el cementerio El Paraíso.
48.9. Viajaba mucho por temas de trabajo como, por ejemplo, a Florencia, así como
a Medellín a donde su hija Rocío.
48.10. Compartían habitación. Su cónyuge aportaba para la comida, los recibos y los
gastos del hogar.
48.11. Tenía un hermano en Normandía y tenía una habitación allá para «pasar la
borrachera» pero se bañaba y llegaba a la casa que compartían.
48.12. Sus hijos la tienen afiliada a la salud, porque Jesús Eduardo Ortiz Agudelo
decía que le descontaban mucha plata.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Control jurisdiccional de legalidad sobre un acto revocado
49. Tal y como se advirtió en el recuento de los hechos probados, mediante la
Resolución SUB 4678 del 11 de enero de 2018, Colpensiones reconoció y ordenó
el pago de una sustitución pensional a favor de Cristina Gutiérrez de Ortiz. Sin
embargo, a través de la Resolución SUB 28268 del 30 de enero de 2020, la entidad
revocó el acto de reconocimiento y, en su lugar, lo negó.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00969-01 (5596-2023)
Demandante: Colpensiones
50. Colpensiones presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la que pretendió la declaratoria de nulidad de la
Resolución SUB 4678 del 11 de enero de 2018, a través de la cual se reconoció la
prestación.
51. La situación descrita podría implicar un análisis adicional en torno a la
ejecutividad del acto acusado como consecuencia de la revocatoria de esa decisión
por virtud de lo señalado en la Resolución SUB 28268 del 30 de enero de 2020; no
obstante, de acuerdo con lo que se expondrá a continuación, esas situaciones no
impiden un análisis de legalidad de estas decisiones, comoquiera que surtieron
efectos jurídicos mientras se encontraban vigentes.
52. En efecto, esta Corporación ha previsto que «la circunstancia [de] que el acto
administrativo demandado haya sido derogado o hubiere operado la figura del decaimiento,
no impide el juicio de legalidad del mismo, en tanto este debe realizarse según las
circunstancias vigentes al momento de su expedición»47. A dicha conclusión se llega,
comoquiera que i) los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, la
cual solo puede ser desvirtuada por el juez competente, y ii) el decaimiento, la
derogatoria y la pérdida de ejecutoria del acto administrativo tiene efectos
ultractivos.
53. En efecto, pese a que un acto administrativo que crea, extingue o modifica una
situación jurídica particular sea retirado del ordenamiento jurídico, comoquiera que
las repercusiones de dicho acto tienen efectos únicamente hacia el futuro, esto es,
ex nunc los efectos de su revocatoria directa, decaimiento, o pérdida de fuerza
ejecutoria no pueden proyectarse de manera retroactiva, esto es, hacia el pasado o
ex tunc, pues esta decisión produce nuevas situaciones jurídicas pero solo a partir
de su existencia. Sobre el particular, esta Corporación, en sentencia del 15 de
agosto de 2013, señaló lo siguiente48:
«Lo anterior, esto es en relación con los efectos de la revocatoria de un acto
administrativo, no puede ser entendido de otra manera, toda vez que el acto
administrativo revocado ha producido sus efectos durante el tiempo en que se encontró
vigente, en virtud al principio de legalidad y a la ejecutividad y ejecutoriedad, estas
últimas características intrínsecas al acto administrativo. Así las cosas, resulta innegable
entonces la obligación a la que se enfrenta la administración y el administrado de cumplir
lo dispuesto en un acto administrativo, en tanto conserve la presunción de legalidad, la
47 Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, radicado 25000-23-26-
000-1999-00482-01 (21051) M.P. Ruth Estella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección
Segunda, sentencia del 17 de diciembre de 2016, radicado 11001-03-25-000-2012-00571-00 (2139-
2012) M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, entre otras.
48 Ver fallo de 15 de agosto de 2013, Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, radicación 25000-23-25-
000-2006-00464-01 (2166-07).
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Demandante: Colpensiones
cual únicamente desaparece con ocasión de su revocatoria directa o en virtud de una
decisión judicial.
Tal como lo sostiene, en forma mayoritaria, la doctrina y la jurisprudencia, la revocatoria
directa de un acto administrativo no puede proyectar sus efectos de manera retroactiva,
esto es, hacia el pasado, ex tunc, en primer lugar, porque el acto revocatorio, o a través
del cual se revoca, tiene el carácter constitutivo de nuevas situaciones jurídicas, lo que
implica que sus efectos se producen a partir de su existencia, esto es, hacía el futuro y,
en segundo lugar, porque en virtud del principio de legalidad no hay duda de que el acto
administrativo ha cumplido sus efectos, a lo que se suma su ejecutividad y ejecutoriedad,
entendidas éstas como la eficacia que el acto comporta de cara a su cumplimiento, así
como la capacidad que tiene la administración para hacerlo cumplir sin necesidad de la
intervención de autoridad distinta».
54. Por lo expuesto, esta Subsección ha señalado que la revocación, el decaimiento,
o pérdida de fuerza ejecutoria del acto es una decisión administrativa que rige hacia
el futuro, por lo que el juez contencioso-administrativo es el competente para definir
sobre la procedencia o no de las causales de nulidad alegadas en contra de estas
decisiones y el que podrá pronunciarse en torno al restablecimiento del derecho
invocado, cuya decisión comporta efectos retroactivos al ordenar volver las cosas
al estado en el que inicialmente se encontraban .
55. Así las cosas, en el marco de lo expuesto en párrafos anteriores, se recuerda
que, los efectos jurídicos de la resolución a través de la cual Colpensiones reconoció
la sustitución de la pensión a la demandada se extendieron en el tiempo, en la
medida en que causaron una erogación económica, la cual es reclamada por la
entidad demandante como pretensión de restablecimiento del derecho.
56. En tal virtud, para la Sala es innegable que las disposiciones contenidas en el
acto acusado consolidaron una situación jurídica que se encuentra vigente pese a
que la prestación reconocida fuera revocada.
2.4.2. Sobre la situación litigiosa planteada
57. En el presente asunto el a quo negó las pretensiones de la demanda, toda vez
que del material probatorio advirtió que Jesús Eduardo Ortiz Agudelo contrajo
matrimonio con Cristina Gutiérrez de Ortiz el 9 de febrero de 1963, vínculo que
permaneció vigente hasta el fallecimiento del causante el 30 de octubre de 2017,
sin pruebas de disolución. Y que, si bien Colpensiones en el trámite de verificación
preliminar y posterior investigación administrativa especial concluyó que el
pensionado había vivido con Teresa de Jesús Arroyave en Medellín «entre inicios del
año 1995 hasta el año 2005» y luego estuvo solo en Bogotá en sus últimos 5 años, lo
cierto era que la administradora no había tenido en cuenta que la jurisprudencia
permitía acreditar la convivencia de 5 años en cualquier periodo para el caso de la
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Demandante: Colpensiones
cónyuge con sociedad conyugal vigente. Así pues, comoquiera que desde la fecha
en la que Jesús Eduardo Ortiz Agudelo y Cristina Gutiérrez de Ortiz contrajeron
matrimonio y por lo menos hasta el año 1977 [fecha en la que nació su último hijo]
existió una convivencia, la demandada había cumplido con tal requisito. Además, la
presunta relación con Teresa de Jesús Arroyave no excluía el derecho de la
cónyuge supérstite.
58. En el recurso de apelación Colpensiones manifestó que el acto administrativo
cuestionado se basó en pruebas insuficientes e improcedentes, ya que Cristina
Gutiérrez de Ortiz había obtenido el reconocimiento pensional con declaraciones
extrajuicio contrarias a la realidad, en las que se afirmó una convivencia
ininterrumpida hasta la fecha del fallecimiento del pensionado. Lo anterior, según la
investigación administrativa en la que se determinó que el pensionado vivió solo en
sus últimos años. Por lo que hubo «un criterio sospechoso al tener una separación
acreditada en plenario» y, por ende, no se probó el cumplimiento del requisito de
convivencia ininterrumpida en los últimos 5 años, exigido por la Corte Suprema de
Justicia. Además, la demandada recibió pagos sin derecho legítimo, lo que
representó un perjuicio económico y su negativa para autorizar la revocatoria de la
decisión de reconocimiento pensional evidenció una actuación de mala fe.
59. De acuerdo con lo expuesto, se tiene que la controversia en este proceso gira en
torno a establecer si Cristina Gutiérrez de Ortiz, en calidad de cónyuge supérstite,
tenía derecho a que se le reconociera la sustitución de la pensión por
presuntamente haber accedido al beneficio con declaraciones que carecían de
veracidad y no haber acreditado 5 años de convivencia con el causante anteriores
a su fallecimiento, y de no ser así, si debía reintegrar todas las sumas de dinero
pagadas como consecuencia de tal reconocimiento.
60. Lo primero que advierte la Sala es que los fenómenos jurídicos de la disolución
del vínculo matrimonial, la liquidación de la sociedad conyugal y la separación de
hecho son situaciones con connotaciones jurídicas diferentes. En efecto, tal y como
se advirtió en el marco normativo de esta decisión ni la liquidación ni la separación
de hecho tienen la fuerza suficiente para enervar el derecho a que la pensión le sea
sustituida, y solo la disolución hace que desaparezca el vínculo y genera la pérdida
del beneficio prestacional, evento en el cual podría accederse a él de acreditarse la
convivencia durante los últimos 5 años.
61. En efecto, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 alude a las situaciones en las que
un pensionado que tuviese un compañero o compañera permanente, con sociedad
anterior conyugal no disuelta, y sobre la disolución de la sociedad conyugal el
artículo 1820 del Código Civil precisa que esto ocurre por las siguientes 5
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00969-01 (5596-2023)
Demandante: Colpensiones
circunstancias: i) por la disolución del matrimonio; ii) por la separación judicial de
cuerpos, salvo que fundándose en el mutuo consentimiento de los cónyuges y
siendo temporal, ellos manifiesten su voluntad de mantenerla; iii) por la sentencia
de separación de bienes; iv) por la declaración de nulidad del matrimonio, salvo en
el caso de que la nulidad haya sido declarada con fundamento en lo dispuesto por
el numeral 12 del artículo 140 del CC; y v) por mutuo acuerdo de los cónyuges
capaces, elevado a escritura pública. Es decir, la separación de cuerpos no implica
la disolución de la sociedad.
62. Así las cosas, tal y como lo advirtió el a quo la sociedad conyugal existente entre
Cristina Gutiérrez de Ortiz y Jesús Eduardo Ortiz Agudelo no se disolvió, de manera
que el vínculo matrimonial seguía vigente, lo que la ubica en el supuesto contenido
en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, por tratarse de la cónyuge
supérstite, quien se encuentra exceptuada de probar la convivencia con el causante
durante los últimos 5 años anteriores a su fallecimiento, pues la convivencia válida
para reclamar el derecho pudo haber ocurrido en cualquier tiempo.
63. En este caso, se acreditó que Cristina Gutiérrez de Ortiz contrajo matrimonio
católico con Jesús Eduardo Ortiz Agudelo el 7 de febrero de 1963 y convivieron al
menos hasta el año 1977, fecha en la que nació su último hijo; es decir por alrededor
de 14 años, lo que permite concluir que tiene derecho a la sustitución reclamada.
64. En ese sentido, el inciso 3 del artículo analizado, señala que «[s]i respecto de un
pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior
conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a)
y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo
de convivencia con el fallecido» y el inciso 4 establece que «[s]i no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente», disposiciones que no fueron atendidas por
Colpensiones.
65. Así pues, Colpensiones centró los argumentos de su apelación en reiterar que
Cristina Gutiérrez de Ortiz debió acreditar 5 años de convivencia con el causante
anteriores a su fallecimiento, lo que como se expuso con anterioridad no era exigible
a la cónyuge con sociedad conyugal vigente.
66. Además, la administradora sostuvo que el reconocimiento de la prestación estuvo
fundado en documentos falsos. Al respecto, se advierte que si bien allegó
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Demandante: Colpensiones
documentación del expediente en el cual se tramitó la investigación administrativa,
lo cierto es que no se aportó la denuncia penal ni la decisión proferida por esa
jurisdicción por la presunta comisión de delitos, ni cualquier otro documento que
permitieran desvirtuar los postulados de la buena fe con los que la demandada
accedió a la sustitución pensional.
67. Con todo, aun cuando se hubiera aportado tal documentación, la presunta
falsedad alegada giraba en torno a la convivencia durante los últimos 5 años, y lo
cierto es que, como se explicó con suficiencia, no era necesario acreditar tal
situación, pues como consecuencia de la sociedad conyugal vigente, esa
convivencia podía haberse desarrollado en cualquier tiempo.
68. Precisado lo anterior y en atención al marco de competencia de esta instancia,
la Sala, luego de confrontar los argumentos del recurso respecto de lo decidido por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, observa que no existen nuevos reparos
al tema de fondo que decidió el a quo, ni se ofrecen argumentos adicionales a los
señalados por la autoridad judicial de primera instancia, toda vez que se insiste no
fueron elementos que permitieran desvirtuar los postulados de la buena fe con los
que la demandada accedió a la sustitución de la pensión de su cónyuge.
69. Al respecto, esta Sala encuentra necesario reiterar que de acuerdo con lo
previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso49 es a las partes a
quienes les corresponde probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen, y en el caso concreto el material probatorio
allegado no demostró fehacientemente que la demandada hubiese reclamado el
beneficio pensional valida de declaraciones extrajuicio que carecían de veracidad,
y aun de no haber convivido con Jesús Eduardo Ortiz Agudelo hasta la fecha de su
fallecimiento el 30 de octubre de 2017, lo cierto es que mantuvieron la sociedad
49 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso
antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación
más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por
tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad
en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se
someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba».
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Demandante: Colpensiones
conyugal vigente y, por lo tanto, tenía derecho al reconocimiento pensional.
70. Con fundamento en lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 9 de mayo
de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
71. Ahora bien, esta Sala encuentra necesario efectuar un pronunciamiento en torno
a la situación particular derivada de la revocatoria del acto de reconocimiento
pensional, esto es la Resolución SUB 4678 del 11 de enero de 2018.
72. Si bien en el sub judice el problema jurídico no se circunscribió a la legalidad de
las resoluciones SUB 28268 del 30 de enero de 2020 [que revocó el acto de
reconocimiento], SUB 51374 del 24 de febrero de 2020 [por el cual informó sobre el
valor de las mesadas presuntamente adeudadas] y SUB 102817 del 4 de mayo de
2020 [que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del acto anterior];
lo cierto es que sí se abordó el análisis del acto de reconocimiento de la pensión y
se llegó a la conclusión de que este no está viciado de nulidad alguna.
73. Tal conclusión implica considerar que Cristina Gutiérrez de Ortiz sí es beneficiaria
de la prestación que le fue sustituida, pues aquí se concluyó que no se desvirtuó la
presunción de legalidad del acto y como consecuencia de esa presunción de la que
aun goza, mantiene esos atributos de ejecutividad, obligatoriedad, y ejecutoriedad.
74. De manera que los supuestos sobre los cuales se fundó el acto de revocatoria
perdieron ejecutoriedad, pues desaparecieron los supuestos que fundamentaron
aquella decisión, en tanto es la consecuencia de declarar ajustado a la legalidad el
acto acusado que reconoce la prestación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
91 CPACA. Esta norma señala lo siguiente:
«Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido
anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad
y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los
actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia».
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00969-01 (5596-2023)
Demandante: Colpensiones
75. De acuerdo con la norma transcrita cuando desaparecen los fundamentos de
hecho o de derecho del acto administrativo, esto es que dejan de existir los motivos
que dieron lugar a la expedición del acto, este pierde obligatoriedad y no puede ser
ejecutado, lo que se conoce como el decaimiento del acto.
76. Sobre el particular, esta Subsección señaló que el decaimiento opera en forma
automática sin necesidad de declaración administrativa o judicial50:
«Ahora, la pérdida de ejecutoria opera automáticamente y hacia el futuro; no se requiere
declaración judicial; basta el desaparecimiento de las circunstancias de hecho o los
presupuestos de derecho en que se basaron los actos administrativos, y que se
requerían para su existencia para que dejen de surtir efectos. Al respecto, la Corte
Constitucional ha expresado: «[…] en relación con la pérdida de fuerza ejecutoria del
acto administrativo por desaparición de los fundamentos de derecho que lo sustentaban,
la jurisprudencia51 y la doctrina especializada52 han dicho reiteradamente que opera ipso
iure, esto es, que no requiere ser declarada ni en sede administrativa ni mucho menos
en sede judicial, pues, incluso, no puede solicitarse al juez contencioso administrativo
porque no existe una acción autónoma que lo permita (recuérdese que el decaimiento
del acto administrativo no constituye causal de nulidad del mismo53). Su análisis puede
hacerse en la vía judicial, de manera excepcional, cuando, por ejemplo, para evitar la
ejecución forzosa se interpone la excepción de pérdida de fuerza ejecutoria» (sentencia
T-152 de 2009).
De lo anterior concluye la Sala que la anulación del acto administrativo que sirvió de
fundamento a los aquí acusados hizo que estos perdieran automáticamente su sustento
jurídico y, por consiguiente, dejaran de ser aplicables»
77. Así las cosas, decayó la Resolución SUB 28268 del 30 de enero de 2020 por la
cual Colpensiones revocó la Resolución SUB 4678 del 11 de enero de 2018 que
reconoció sustitución de la pensión de vejez a Cristina Gutiérrez de Ortiz por cuanto
no convivió con el causante en los últimos 5 años de vida de aquel, en aplicación
de lo previsto en el artículo 243 de la Ley 1450 de 2011 y la Resolución 555 del
2015, y negó la sustitución de la prestación. Esto, en la medida en que se corroboró
que aquella sí tenía derecho a la sustitución reclamada y a la postre revocada por
la administración.
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 11 de abril de 2018, radicado 11001-03-25-
000-2012-00209-00(0828-12), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
51 Al respecto: Sentencias del 8 de mayo de 2008, expediente 00487-01. C.P. Camilo Arciniegas, del
3 de agosto de 2000, expediente 5722, C.P. Olga Inés Navarrete y 22 de noviembre de 2007,
expediente 7430-05 Jaime Moreno García.
52 Pueden consultarse, entre otros, Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Parte
Especial. 1ª edición colombiana 1998. Editorial Biblioteca Jurídica Dike.1998; Bielsa, Rafael.
Derecho Administrativo. Tomo II. Sexta Edición. Editorial La ley. Buenos Aires. 1980.
53 En este sentido, pueden consultarse las sentencias del 30 de enero de 2004, expediente 7397,
C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y del 5 de julio de 2006, expediente 21051, C.P. Ruth Stella
Correa Palacios.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00969-01 (5596-2023)
Demandante: Colpensiones
78. Lo anterior, implica considerar entonces que la disposición contenida en la
Resolución SUB 28268 del 30 de enero de 2020 deja de ser aplicable como
consecuencia de esta decisión, por lo que se debe concluir entonces que la
Resolución SUB 4678 del 11 de enero de 2018 retornó al mundo jurídico con plenos
efectos de los derechos allí reconocidos, los que operarán a partir de esta decisión,
tal y como lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación, comoquiera que la
pérdida de ejecutoria del acto además de tener efectos automáticos, estos son a
futuro54.
79. Sobre el particular se pronunció esta Subsección en sentencia de 5 de diciembre
de 202455 en la que concluyó que comoquiera que en esa decisión se estaba
declarando la nulidad del acto administrativo que reconoció la pensión de jubilación
al causante, y que este derecho prestacional se había sustituido a otra persona,
éste último había decaído o perdido fuerza ejecutoria por haber desaparecido el
fundamento de hecho y de derecho que justificó dicha determinación, lo que
implicaba considerar que dejaba de ser aplicable al asunto.
80. Lo anterior, impone considerar que, a partir de la ejecutoria de esta decisión
Colpensiones debe seguir pagando la prestación a la demandada en iguales
condiciones a las reconocidas en la Resolución SUB 4678 del 11 de enero de 2018.
81. Valga recordar que Cristina Gutiérrez de Ortiz tiene 61 años, de manera que se
trata de una persona de la tercera edad56, por lo que de acuerdo con su expectativa
de vida las autoridades judiciales y administrativas no pueden someterla a un
proceso largo y dispendioso a efectos de otorgarle una prestación ya reconocida,
en tanto desde ya se advierte la vulneración a un derecho fundamental irrenunciable
y por cuanto decayó la Resolución SUB 28268 del 30 de enero de 2020 por la cual
Colpensiones revocó la Resolución SUB 4678 del 11 de enero de 2018 que le
reconoció sustitución de la prestación cuyo fenómeno opera en forma automática
sin necesidad de declaración administrativa o judicial.
82. Así las cosas, esta corporación ordenará a Colpensiones que en ejercicio del
principio de autotutela ingrese en nómina nuevamente la prestación sin menoscabar
54
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2018, radicado
11001-03-25-000-2012-00209-00(0828-2012), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; y Subsección A,
sentencia del 12 de noviembre de 2020, radicado 63001-23-33-000-2014-00244-01 (2991-2016),
M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2024,
radicado 13001-23-33-000-2015-00494-01(2818-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
56 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1251 de 2008 «[p]or la cual se dictan normas
tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores»
adulto mayor «[e]s aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más».
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Demandante: Colpensiones
los derechos de la pensionada, a partir de la ejecutoria de esta decisión.
2.4. Costas
83. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
84. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
85. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma57.
86. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
87. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
3. Conclusión
88. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que es improcedente la
anulación del acto administrativo que reconoció la sustitución pensional a favor de
Cristina Gutiérrez de Ortiz, toda vez que la sociedad conyugal se encontraba
57En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Colpensiones
vigente, lo que le permitía acceder a la prestación luego de acreditar una
convivencia de 5 años en cualquier tiempo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 9 de mayo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F que
negó las pretensiones de la demanda presentada por Colpensiones contra Cristina
Gutiérrez de Ortiz conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Ordenar a Colpensiones que a adelante los trámites pertinentes para que,
a partir de la ejecutoria de esta decisión, ingrese en nómina la prestación reconocida
a través de la Resolución SUB 4678 del 11 de enero de 2018.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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