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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00975-01

Fecha
9 de febrero de 2023
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00975-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Confírmase la sentencia de 16 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección D), que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Rosa Inés Moreno Vásquez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con la parte motiva. 2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00975-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

9 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2020-00975-01 (1280-2022)
Demandante : Rosa Inés Moreno Vásquez
Demandado : Nación – Ministerio de Defensa Nacional
Tema : Reajuste del ingreso base de cotización con inclusión
de las partidas previstas en el artículo 102 del Decreto
1214 de 1990 de personal civil del Ministerio de
Defensa Nacional vinculado con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante
contra la sentencia de 16 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección D), mediante la
cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 1 a 9). La señora Rosa Inés Moreno Vásquez,
mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional, para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se inaplique por inconstitucional el «Decreto Reglamentario
1158 de 1994, por vía de excepción con fundamento en el artículo 4º de la
Constitución Política […]»; y se declare la nulidad de los oficios «OFI19-67231
MDN-DSGDA-GTH Y OFI19-67178 MDN-DSGDA-GTH juntos del 23 de julio
del 2019 y el Oficio Nº OFI1-75744 MDN-DSGDA-GTH del 16 de agosto de
2019 […]», mediante los cuales se le negó a la accionante el reajuste del ingreso
base de cotización, con inclusión de los factores salariales establecidos en el
artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la accionada que «[…] reconozca y reajuste el Ingreso Base de
Cotización de la Seguridad Social (IBC) […] desde la fecha de ingreso […],

Expediente: 25000-23-42-000-2020-00975-01 (1280-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rosa Inés Moreno Vásquez contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional

debidamente actualizados conforme al cambio en el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) […], incluyendo para su cálculo […]» (sic) las partidas
computables previstas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990. Por último,
se le condene en costas procesales.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que «[…] ingresó a la planta global
del Ministerio de Defensa Nacional […] con un tiempo de servicio […] mayor
a quince (15) años» (sic).

Que «[…] el Ministerio de Defensa Nacional ha incumplido de forma flagrante
con el pago a los sistemas y subsistemas de Seguridad Social de los […]
factores salariales: Sueldo básico. Prima de servicio. Prima de alimentación.
Prima de actividad. Subsidio familiar. Prima de antigüedad. Las cuales
constituyen salario porque […] LOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVILES DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL […] han tenido un régimen salarial
especial, aún vigente y se deben tener en cuenta como ingreso base de
cotización para pensión» (sic), por lo que deprecó de la accionada el «[…]
reajuste [d]el ingreso base de cotización de la seguridad social», con inclusión
de los factores salariales establecidos en el artículo 102 del Decreto 1214 de
1990, negada a través de los actos administrativos acusados.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos demandados los artículos 13, 25, 29, 53 y 58 de la
Constitución Política; las Leyes 4ª de 1992 y 100 de 1993 y el Decreto 1214 de
1990.

Arguye que «[…] al no incluirse en la liquidación base de cotización ante el
sistema General de pensiones los factores salariales que los servidores públicos
del Ministerio han venido devengando desde su vinculación, se disminuiría
significativamente el monto de la mesada pensional, al no incluir estos factores
se desfigura completamente el concepto de “salario” para reducirlo en este
caso a la asignación básica, mientras que con la inclusión de todos los factores
establecidos en el Decreto 1214 de 1990, se siguen respetando dentro de los
factores establecidos en el artículo 102 del citado Decreto, los cuales entran a
compensar la brecha financiera que se genera entre el salario y el monto de la
pensión».

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Expediente: 25000-23-42-000-2020-00975-01 (1280-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rosa Inés Moreno Vásquez contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional

1.5 Contestación de la demanda1. La entidad accionada, a través de
apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda;
respecto de los hechos afirma que algunos son ciertos y otros carecen de esa
naturaleza; y opuso la excepción denominada prescripción.

Aduce que «[…] el demandante se vinculó al Ministerio de Defensa Nacional
a partir del año 2004; su liquidación salarial se ha venido efectuando con la
asignación básica mensual que anualmente Decreta el Gobierno Nacional de
conformidad con el grado que ostenta, siendo incrementado por las primas y
subsidios que establece el Decreto 1214/90 […]. En razón de lo anterior y como
quiera que el demandante hace parte del Sistema General de Seguridad Social,
por afiliación obligatoria dispuesta en el art. 15 de la Ley 100 de 1993, la
liquidación de aportes al Sistema General de Pensiones se efectúa de
conformidad con lo establecido en el art. 6 del Decreto 691 de 1994, modificado
por el art. 1 del Decreto 1158 de 1994. De ésta manera la actuación de la
administración en el pago de aportes a pensión del servidor público, se
encuentra ajustada a derecho en razón a i) la presunción de legalidad de los
citados Decretos reglamentarios y de conformidad con los pronunciamientos
judiciales enunciados frente a la libertad de configuración del legislador para
definir cuales partidas constituyen factor salarial y cuáles no; ii) la
inescindibilidad normativa para aplicar en su integralidad un sólo régimen, sin
pretender tomar apartes favorables de uno y otro; iii) el análisis de los aportes
al sistema general de pensiones donde se predica legal y jurisprudencialmente
que se deben liquidar sobre los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes y la correspondencia entre lo cotizado y lo liquidado,
acogiendo el principio de solidaridad para evitar una afectación a la
sostenibilidad fiscal del sistema pensional» (sic para toda la cita).

1.6 La providencia apelada (ff. 39 a 49). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (sección segunda, subsección D), a través de sentencia de 16 de
septiembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda (sin condena en
costas), al estimar que «[…] la señora Rosa Inés Moreno Vásquez, ingresó a la
Institución el cuatro (4) de febrero de 2004, lo que significa que para la fecha
de vinculación de la actora se encontraba en vigencia la Ley 100 de 1993. En
ese sentido, como la vinculación […] es con posterioridad a la vigencia la Ley
100 de 1993, considera la Sala, que debe someterse a la normatividad que
regula el Sistema Integral de Seguridad Social, comoquiera que en ningún

1
Memorial obrante en la herramienta electrónica denominada Samai.
3

Expediente: 25000-23-42-000-2020-00975-01 (1280-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rosa Inés Moreno Vásquez contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional

momento entró a formar parte del régimen especial del personal civil
exceptuado para efectos de pensión, por cuanto éste se aplica únicamente a
quienes hacían parte del mismo hasta antes de la entrada en vigencia el
régimen general en materia de pensiones. Así las cosas, para determinar el
ingreso base de cotización de quienes se les aplica el Sistema Integral de
Seguridad Social en pensión, debe acudir a lo previsto en el artículo 18 de la
Ley 100 de 1993, como al Decreto 1158 de 1994. Bajo las anteriores
consideraciones, no le asiste razón a la parte actora pretender que se dé
aplicación al régimen especial contemplado en el Decreto Ley 1214 de 1990
[…]» (sic).

1.7 El recurso de apelación2. La actora, por intermedio de apoderado,
interpone recurso de apelación, puesto que «[…] [e]l Despacho de Primera
Instancia, no comprendió que su teoría está perfecta, siempre y cuando se
hubiera tenido en cuenta las partidas salariales del régimen especial. Acá lo
que tenemos es una abierta desigualdad entre dos grupos de servidores
públicos de la rama ejecutiva (el general y el especial) […]» (sic).

Expresa que «[…] el Ministerio de Defensa Nacional, […] liquida el INGRESO
BASE DE COTIZACIÓN PARA PENSIÓN LEY 100 DE 1993 tomando en
cuenta exclusivamente las partidas salariales para la rama ejecutiva del sector
nacional (DECRETO REGLAMENTARIO 1158 DE 1994) […]» (sic).

Concluye que «[…] los EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL, al igual que cualquier trabajador de COLOMBIA tienen derecho
a que les tengan también en cuenta su REGIMEN SALARIAL ESPECIAL para
la liquidación de su INGRESO BASE DE COTIZACIÓN PARA LEY 100 DE
1993, no piden mucho solo la igualdad de sus derechos […]» (sic para toda la
cita).

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 26 de octubre de
2021 (ff. 50 y 51) y admitido por esta Corporación a través de auto de 23 de
agosto de 2022 (f. 57 y vuelto), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA3,
pero durante la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem los sujetos
procesales guardaron silencio.

2
Obrante en la herramienta electrónica Samai.
3
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
4

Expediente: 25000-23-42-000-2020-00975-01 (1280-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rosa Inés Moreno Vásquez contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación4, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste derecho al
reajuste del ingreso base de cotización con inclusión de las partidas previstas en
el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990; o, por el contrario, le es aplicable la
Ley 100 de 1993, al haberse vinculado como personal civil del Ministerio de
Defensa Nacional, con posterioridad al 1° de abril de 1994, tal como lo concluyó
el a quo.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

3.3.1 Del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional. Lo primero que
ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993 fue expedida con la finalidad, entre
otras, de acabar la diversidad de regímenes pensionales existentes; no obstante,
con el objetivo de evitar menoscabar derechos de personas que se encontraban
próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicios, se previó el
régimen de transición y se establecieron excepciones al sistema integral de
seguridad social como en su artículo 279, que preceptúa:

El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley
no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con
excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la
presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones
Públicas. [...] (resalta y subraya la Sala).

Por su parte, el Decreto ley 1214 de 19905, «que reguló la administración del
personal civil que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa, la Policía
4
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
5
«Por el cual se reforma el Estatuto y el Régimen Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y
la Policía Nacional».
5

Expediente: 25000-23-42-000-2020-00975-01 (1280-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rosa Inés Moreno Vásquez contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional

Nacional y en la Justicia Penal Militar y su Ministerio Público», en su artículo
2º, previó que «integran el personal civil del Ministerio de Defensa y de la
Policía Nacional, las personas naturales que presten sus servicios en el
Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas Militares o en
la Policía Nacional […]».

Ahora bien, sobre la excepción contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993 relativa al referido personal y la aplicación del Decreto ley 1214 de 1990,
la Corte Constitucional, en sentencia C-665 de 19966, se pronunció así:

Lo anterior no se opone a que como claramente se dispone en el
aparte acusado, contenido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993,
pueda el legislador señalar que en tratándose del personal de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como del regido por
el Decreto 1214 de 1990, vinculado a partir de la vigencia de la
misma ley pueda aplicársele a estos el Sistema Integral de Seguridad
Social que rige por regla general para todos los habitantes del
territorio nacional.

En este sentido, cabe advertir que el artículo 11 de la misma ley
señala que el Sistema General de Pensiones, con las excepciones
previstas en el artículo 279 ibídem, se aplica sin distingo alguno a
todos los habitantes del territorio nacional. Desde luego que la
normatividad en referencia, respeta los derechos adquiridos
conforme a las disposiciones anteriores para quienes a la fecha de la
vigencia de la ley hubieren cumplido los requisitos para acceder a la
pensión o ya estuvieren pensionados por jubilación, vejez, invalidez,
sustitución o sobrevivientes tanto del sector público como del
Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en general.

En esta forma, cabe señalar lo que la norma acusada protege son
los derechos adquiridos y regulados por disposiciones especiales
para quienes al momento de la vigencia de la ley se encontraban
vinculados a las Fuerzas Militares, Policía Nacional y personal
regido por el Decreto 1214 de 1990. En tal sentido, con respecto
a los nuevos servidores, es decir, aquellos vinculados en el mismo
ramo dentro de la vigencia de la norma en referencia, no se
desconocen derechos adquiridos salvo lo estipulado en el artículo
11 de la Ley 100 de 1993.

Por lo tanto, el precepto impugnado, contrario a lo que sostiene el
actor, no hace cosa distinta que reconocer la voluntad del
6
M. P. Hernando Herrera Vergara.
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Expediente: 25000-23-42-000-2020-00975-01 (1280-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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Defensa Nacional

constituyente, diferenciando dos situaciones, que no constituyen en
manera alguna discriminación: de una parte, la del personal que se
había vinculado al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la
Justicia Penal Militar antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993,
para quienes se mantendrán las disposiciones especiales en materia
de seguridad social y en especial, el previsto en el Decreto-Ley 1214
de 1990, cuyos derechos adquiridos deben ser respetados y
garantizados, y de la otra, el personal de las mismas instituciones que
se vinculó a partir de la vigencia de la citada ley, a quienes se les
aplica el Sistema Integral de Seguridad Social consagrado en la Ley
100 de 1993, y que por consiguiente no gozan de derechos
adquiridos, razón por la cual es procedente, dada la fecha de su
vinculación, aplicarles el Sistema Integral de Seguridad Social
consagrado en la Ley 100 de 1993 [destaca la Sala].

Asimismo, en sentencia C-1143 de 20047, dicho tribunal constitucional señaló:

La Corte al examinar las exclusiones al régimen general de seguridad
social a que se refiere el artículo 279 de la Ley 100, concretamente
la inaplicabilidad del Sistema de Seguridad Social a los miembros de
la Fuerza Pública, concluyó que dicha exclusión encuentra un doble
sustento constitucional, pues por una parte se pretende el amparo de
los derechos adquiridos de los miembros de las Fuerzas Militares,
Policía Nacional y personal civil, contemplados en los Decretos
1211, 1212 y 1214 de 1990; y, por la otra, porque los regímenes
especiales encuentran expreso sustento constitucional no sólo en los
artículos 217 y 218 del Estatuto Fundamental, sino también en el
artículo 123 Superior que establece la diversidad de vínculos
jurídicos que se presentan en el desarrollo de la función pública,
como por ejemplo, los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado, y que, como lo señaló la Corte
“[e]n mayor o menor medida, con sujeción a lo previsto en el artículo
150-19 del mismo estatuto Superior, permite al legislador regular de
diversa manera el régimen salarial, prestacional y de seguridad social
de dichos servidores”.

4.3. Para la Corte es claro entonces que los regímenes prestacionales
especiales, como lo ha establecido la jurisprudencia de esta
Corporación no violan per se el principio de igualdad, pues “[P]or el
contrario cuando existen situaciones fácticas diferentes que ameritan
tratamientos diferenciados, el legislador puede razonablemente
regularlas de manera diferente”.

7
M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
7

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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Defensa Nacional

[…]

[…] Para desvirtuar la acusación que se examina en esta oportunidad,
la Corte reiterará su doctrina constitucional sobre el tema en cuestión
y, para ello, traerá a colación la sentencia C-888 de 2002, Magistrado
Ponente Manuel José Cepeda Espinosa, en la cual la Sala Plena
encontró que el tratamiento diferente entre el régimen prestacional
de los miembros civiles al servicio del Ministerio de Defensa y la
Policía Nacional, contemplado en el Decreto 1214 de 1990, y el
régimen de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, no
constituyen una discriminación pues regulan situaciones de hecho
distintas que ameritan constitucionalmente un tratamiento legislativo
diferente.

[…]

4.5. Por lo tanto, es preciso concluir que los tratos diferenciales que
establezcan entre sí el régimen prestacional de los miembros civiles
del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional contemplado en el
Decreto Ley 1214 de 1990, por un lado, y el régimen de oficiales y
suboficiales de la Fuerzas Militares contemplado en el Decreto Ley
1211 de 1990, por otro lado, no constituyen tratos discriminatorios,
por cuanto regulan situaciones de hecho claramente diferentes que
ameritan tratos distintos. No se trata pues, de grupos de personas
semejantes, sino evidentemente diversas. Por lo tanto, el legislador
podía legítimamente darles un tratamiento diferente. Por
consiguiente la Corte declarará exequibles los artículos 159 del
decreto Ley 1211 de 1990 y 46 del Decreto Ley 1214 de 1990”.

4.6. Finalmente, el Decreto 1214 de 1990 consagra en las normas
demandadas la pensión de jubilación y la pensión por aportes para el
personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, una
vez cumplan los requisitos a que se refieren los artículos 98 y 100
acusados, pero solamente cobija a aquellas personas que se
incorporaron con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993,
como lo dispone el artículo 279 de esa normatividad, artículo éste
que fue declarado exequible por esta Corte, en aras de proteger los
derechos adquiridos de quienes se encontraban en esa particular
situación, como quedó visto en esta sentencia. Ello se traduce en que
los civiles que laboran para el servicio de esas entidades, vinculados
con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 no cuentan con
un régimen especial, sino que por el contrario, se encuentran sujetos
a la normatividad general del régimen de seguridad social, aplicable
a todos los servidores del Estado.

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Expediente: 25000-23-42-000-2020-00975-01 (1280-2022)
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Defensa Nacional

Sobre el particular, la sala de consulta y servicio civil de esta Corporación, en
concepto de 12 de agosto de 20038, concluyó que «[e]l personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional que ingresó a la Institución con anterioridad a
la vigencia de la Ley 100 de 1993 continúa regido por el régimen pensional
exceptuado, contenido en el Decreto Ley 1214 de 1990, en razón a que la Ley
797 de 2003 no modificó ni derogó la excepción contenida en el artículo 279
de la ley 100 respecto de estos servidores». Igualmente, en concepto emitido el
22 de febrero de 20119, sostuvo:

Como corolario de lo anterior se tiene que el Sistema de Seguridad
Social integral de que trata la ley 100 de 1993 no se aplica a los
miembros activos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
independientemente de la fecha de su vinculación, ni al personal
regulado por el decreto ley 1214 de 1990, esto es, al personal Civil
del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, que había sido
vinculado antes de entrar en vigencia la ley 100 de 1993. Por el
contrario, al personal Civil de estas instituciones cuya vinculación
fue posterior a la vigencia la ley 100, se le aplica en su totalidad el
referido Sistema.

Por consiguiente, quienes con posterioridad al 1° de abril de 1994 se vincularon
como personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y
su Ministerio Público, se encuentran sujetos a las disposiciones del sistema de
seguridad social de que trata la Ley 100 de 1993.

3.3.2 Sistema de seguridad social en pensiones. Como se anotó en
precedencia, la Ley 100 de 1993 fue expedida por el Congreso de la República
con el fin, entre otros, de unificar la normativa en cuanto a la diversidad de
regímenes pensionales especiales existentes.

No obstante lo anterior y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a
personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto
tiempo de servicio, se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo
36 de la referida Ley 100 de 1993.

En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar
en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994) contaran
con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más
8
C. P. Jorge Murgueitio Cabrera.
9
Consejo de Estado (sala de consulta y servicio civil); expediente 11001-03-06-000-2010-00081-00 (2020); C.
P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
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Expediente: 25000-23-42-000-2020-00975-01 (1280-2022)
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años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se
les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al
cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la
edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el régimen anterior.

Por otro lado, en lo concerniente al ingreso base de cotización, el artículo 18 de
la referida Ley preceptuó:

ARTICULO 18. Base de Cotización de los trabajadores
dependientes de los sectores privado y publico. La base para calcular
las cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior, será el
salario mensual.

El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será
el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del
Trabajo.

El salario mensual base de cotización para los servidores del sector
público, será el que señale el Gobierno, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 4º de 1992.

[…]

Ahora bien, para efectos de determinar los factores sobre los cuales se debieron
efectuar cotizaciones, cabe anotar que con el Decreto 691 de 1994,
reglamentario de la Ley 100 de 1993, se incorporaron al sistema general de
pensiones a los servidores públicos (i) de la rama ejecutiva del orden nacional,
departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas;
y (ii) del Congreso de la República, de la rama judicial, el Ministerio Público,
la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría
General de la República; en cuyo artículo 6° se estableció el salario mensual
base para calcular las cotizaciones al sistema de tales servidores, modificado
por el Decreto 1158 de 1994, que previó los siguientes emolumentos sobre los
que se debe efectuar aportes: a) asignación básica mensual, b) gastos de
representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e)
remuneración por trabajo dominical o festivo; f) remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y g)
bonificación por servicios prestados.

3.3.3 Constitucionalidad de los artículos 1º del Decreto 1158 de 1994 y 6º
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Expediente: 25000-23-42-000-2020-00975-01 (1280-2022)
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del Decreto 691 de la misma anualidad. Esta Corporación, en sentencia de 28
de febrero de 201310, se pronunció, a través de la acción de nulidad por
inconstitucionalidad, de las normas en comento, en la que precisó:

[…]
El demandante […] Fundamentó el concepto de violación así:

[…] consideró que el límite de la potestad reglamentaria es la ley objeto
de ejecución, y, en las normas acusadas hay exceso del Presidente de la
República en el ejercicio de la potestad reglamentaria, por cuanto, la base
de cotización para la seguridad social respecto de los servidores públicos
fue establecida por el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 5° de la Ley 797 de 2003.

Conforme a la norma superior, sería lícito que únicamente se
contabilizaran como elementos para aquella base salarial los definidos por
el respectivo decreto de salarios de cada sector de servidores públicos. Sin
embargo el actor observa una incongruencia en este caso que consiste en
que “no todos los servidores públicos devengan, por ejemplo; gastos de
representación, prima técnica o remuneración por trabajo dominical o
festivo, en cambio devengan otros elementos salariales, tales como, prima
de navidad, prima de vida cara, prima de clima, prima de licenciado,
auxilio de transporte, auxilio o prima de alimentación, auxilio de
movilización, bonificación o prima de ruralidad, de difícil acceso, prima
de dedicación exclusiva, prima especial, entre otras”.

Todos esos elementos constituyen factor salarial en los términos
establecidos en la jurisprudencia sobre la materia, ya que no han sido
excluidos de la norma superior, que en este caso es el artículo 18 de la Ley
100 de 1993, con las modificaciones señaladas ni por las normas que
regulan los salarios de los diversos sectores de servidores públicos.

[…]

En este caso, la Ley 100 de 1993, en su artículo 18, con las modificaciones
introducidas por la Ley 797 de 2003, no ofrece un texto legal que
permitiera al Presidente de la República determinar los elementos de la
base de cotización, porque la misma ley 100 declara que se deberá hacer
con base en las facultades establecidas en la Ley 4ª de 1992.
[…]

En conclusión para el actor las normas antes mencionadas continúan
produciendo efectos jurídicos, y en el evento que el Decreto 1158 de 1994,
fuera declarado nulo, el Decreto 691 de 1991 retornaría a la vida jurídica,
el cual adolece de idénticos vicios jurídicos, por esta razón consideró que
es conveniente estudiar ambas normas bajo el mismo proceso.
10
Expediente 11001-03-25-000-2008-00125-00 (2739-08).
11

Expediente: 25000-23-42-000-2020-00975-01 (1280-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rosa Inés Moreno Vásquez contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional

[…]

1. Problema jurídico

Se trata de establecer si las normas contenidas en los artículos 6° del
Decreto 691 de 1994 y 1° del Decreto 1158 del mismo año, exceden la
potestad reglamentaria del Presidente de la República en materia salarial
conforme a lo dispuesto por la Ley 4ª de 1992, la cual había sido vulnerada
con la expedición de los Decretos mencionados que son reglamentarios
del artículo 18 de la Ley 100 de 1994, como lo sostiene el actor; o si, por
el contrario las normas acusadas se ajustan al ordenamiento jurídico.

3.2. Bajo la nueva ordenación de la Constitución en esta materia el
Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992 y, en su desarrollo, el
Gobierno Nacional anualmente dicta los Decretos atinentes a la fijación
de los salarios de los empleados públicos, los cuales deben sujeción a las
normas criterios y objetivos fijados de antemano por el Congreso de la
República en la Ley aludida.

3.3. Mediante la Ley 100 de 1993 cuya vigencia se inició el 1 de abril de
1994, el Congreso de la República creó el Sistema de Seguridad Social
Integral. Es decir, que esa Ley por su propio contenido es diferente de la
Ley 4ª de 1992, pues mientras ésta es una Ley Marco, para definir las
normas criterios y objetivos a los cuales debe sujetarse el Gobierno en
materia salarial y prestacional cuando ejerza su competencia como
suprema autoridad administrativa, la Ley 100 de 1993 es una ley ordinaria
diferente a las Leyes Marco, a las Leyes orgánicas y, a las Leyes
estatutarias, como se precisó por la Corte Constitucional en sentencia C-
408 de septiembre 15 de 1994, M. P. Fabio Morón Díaz.

3.4. En este orden de ideas, el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 no tiene
la finalidad de determinar ni fijar el salario de los empleados públicos sino,
de manera exclusiva establecer la base de cotización para la Seguridad
Social, la que debe realizarse desde luego de manera armónica con el
salario mensual que estos devenguen, así como para los particulares
constituirá la base para la cotización el salario que devenguen conforme a
lo expuesto en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es decir, las normas contenidas en la Ley 100 de 1993 no tienen como
fundamento constitucional lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19
literales e) y f) de la Carta Política, sino el artículo 48 de la Constitución
para regular el régimen atinente a la Seguridad Social conforme a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que
establezca la ley.

3.5. Con apoyo en la distinción anterior queda entonces claramente
establecido que tanto el Decreto 691 de 1994, en cuyo artículo 6° se
dispone que para calcular la base de cotización al Sistema General de
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Expediente: 25000-23-42-000-2020-00975-01 (1280-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rosa Inés Moreno Vásquez contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional

Pensiones de los servidores públicos se tendrán en cuenta la asignación
básica mensual, los gastos de representación, la prima técnica, las primas
de antigüedad, cuando sean factor de salario, la bonificación por servicios
prestados, la remuneración por dominicales y trabajo suplementario
cuando sea del caso, así como el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994 que
lo modificó, son normas administrativas de naturaleza reglamentaria, para
la cumplida ejecución de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 5° de la Ley 797 de 2003. No son normas
entonces de desarrollo de la Ley 4ª de 1992, Ley Marco que en materia
salarial expidió el Congreso de la República.

Por ello es evidente entonces que contrario a lo afirmado por el actor, las
normas acusadas no le introducen ninguna modificación a la Ley 4ª de
1992, sino que simplemente se contraen a precisar y facilitar la ejecución
de las normas legales establecidas en la Ley 100 de 1993 en materia de
seguridad social, para hacer efectivo el principio de solidaridad y de
universalidad mediante la cotización de los empleados públicos, tanto en
materia de pensiones como en lo atiente a la salud.

De conformidad con el citado fallo, comoquiera que los artículos 6º del Decreto
691 de 1994 y 1º del Decreto 1158 del mismo año fueron expedidos con
fundamento en el artículo 189 superior, es claro que comportan naturaleza
reglamentaria, pues su objeto es el de regular las normas en materia de seguridad
social en pensiones establecidas en la Ley 100 de 1993, por tal razón se
determinó que aquellas disposiciones no exceden la potestad reglamentaria en
esa materia ni mucho menos modifican las disposiciones previstas en la Ley 4ª
de 1992.

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Certificación emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, en la que se
evidencia que la accionante se vinculó como personal civil a esa institución
desde el 4 de febrero de 2004 y se encontraba activa para el 26 de julio de 2019
como profesional de defensa código 3-1, grado 14, en el grupo de
reconocimiento de obligaciones litigiosas, con 15 años, 5 meses y 22 días de
servicio (f. 22).

b) Certificado expedido por la mencionada cartera, que da cuenta de los
haberes recibidos por la actora desde junio hasta diciembre de 2004 y de mayo
de 2018 a enero de 2019 (ff. 23 a 25 vuelto).

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Rosa Inés Moreno Vásquez contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional

c) Escrito de 12 de julio de 2019, por medio del cual la demandante pidió del
Ministerio de Defensa Nacional el reajuste «[d]el ingreso base de cotización de
la seguridad social […] con base en los factores salariales establecidos en el
Decreto Ley 1214 de 1990» (ff. 13 a 16).

d) Oficios OFI19-67231 MDN-DSGDA-GTH y OFI19-67178 MDN-
DSGDA-GTH de 23 de julio de 2019, a través de los cuales la accionada niega
la anterior solicitud, al considerar que «[…] el artículo 1 del Decreto 1158 de
1994 […] enumera taxativamente el salario mensual base para calcular las
cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos del
Ministerio de Defensa Nacional, ahora bien, es necesario indicarle que los
factores salariales a los que […] hace referencia […] son las partidas que se
toman para la liquidación de las prestaciones sociales, y que de acuerdo al
concepto 87611 emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, enuncia
que “las prestaciones sociales de los trabajadores del sector público no forman
parte de la base para liquidar aportes a la seguridad social […]» (sic) [ff. 17
a 19].

e) Contra la anterior determinación la actora formuló recursos de reposición y
en subsidio de apelación, desatados de manera desfavorable mediante oficio
OFI19-75744 MDN-DSGDA-GTH de 16 de agosto de 2019 (f. 21 y vuelto).

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) la demandante se
vinculó como personal civil del Ministerio de Defensa Nacional desde el 4 de
febrero de 2004 y se encontraba activa para el 26 de julio de 2019 como
profesional de defensa código 3-1, grado 14, en el grupo de reconocimiento de
obligaciones litigiosas, con 15 años, 5 meses y 22 días de servicio; y (ii) el 12
de julio de 2019 reclamó de la accionada el reajuste «[d]el ingreso base de
cotización de la seguridad social […] con base en los factores salariales
establecidos en el Decreto Ley 1214 de 1990», negado mediante oficios OFI19-
67231 y OFI19-67178 de 23 de julio de 2019, al considerar que «[…] el artículo
1 del Decreto 1158 de 1994 […] enumera taxativamente el salario mensual
base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los
servidores públicos del Ministerio de Defensa Nacional, ahora bien, es
necesario indicarle que los factores salariales a los que […] hace referencia
[…] son las partidas que se toman para la liquidación de las prestaciones
sociales, y que de acuerdo al concepto 87611 emitido por el Ministerio de Salud
y Protección Social, enuncia que “las prestaciones sociales de los trabajadores
del sector público no forman parte de la base para liquidar aportes a la
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Expediente: 25000-23-42-000-2020-00975-01 (1280-2022)
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Defensa Nacional

seguridad social […]» (sic), contra los cuales interpuso recursos de reposición
y en subsidio de apelación, resueltos de manera desfavorable a través de oficio
OFI19-75744 de 16 de agosto de la misma anualidad.

De acuerdo con lo anotado en el acápite precedente, aquellos integrantes del
personal civil de la cartera demandada que se hayan vinculado con posterioridad
a la entrada en vigor del sistema general de seguridad social (1º de abril de 1994),
se sujetarán a las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, en el sub lite se tiene que la vinculación de la demandante, como
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, fue posterior a la entrada en
vigor de la Ley 100 de 1993 (4 de febrero de 2004); por ende, no resulta
procedente acceder al reajuste pretendido, toda vez que, como se dijo, del
artículo 279 (inciso primero) ibidem se infiere que la aplicación de esta última es
para quienes se vincularon como empleados integrantes del personal civil durante
su vigencia, como es el caso de la actora.

Por tanto, se itera que los servidores públicos incorporados al sistema general
de seguridad social en pensiones deberán efectuar cotizaciones sobre los
factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994, sin perjuicio de aquellas
normas que dispongan otros emolumentos que comporten base para aportes
pensionales11.

En lo atañedero a la pretensión de inaplicación por inconstitucionalidad del
mencionado Decreto 1158 de 1994, se precisa que carece de sustento, pues si
bien es cierto que el régimen especial, previsto en el Decreto 1214 de 1990 y en
lo que a los factores salariales para el ingreso base de cotización concierne,
establece otros a los señalados en el aludido Decreto 1158, también lo es que, en
virtud del principio de inescindibilidad normativa, no es dable aplicar
disposiciones de uno y otro régimen, como lo pretende la actora, sino que debe
atenderse de manera íntegra el que la gobierna, dadas las prerrogativas
contempladas en este; por tanto, comoquiera que la norma aplicable al caso
concreto es la Ley 100 de 1993, no se podría por razones de favorabilidad inaplicar
una normativa general para dar paso a una especial, que siquiera rige su situación.

Se destaca que el principio de favorabilidad en materia laboral es aplicable en
aquellos eventos en los que existan dos normas o una con diferentes

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Como sucede con algunos servidores de la Rama Judicial.
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Expediente: 25000-23-42-000-2020-00975-01 (1280-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rosa Inés Moreno Vásquez contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional

interpretaciones, para lo cual deberá recurrirse a la más favorable, no obstante, al
no regirse la accionante por el Decreto 1214 de 1990, dada la fecha de su
vinculación, no hay lugar a un análisis en virtud de ese principio.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó
las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°. Confírmase la sentencia de 16 de septiembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección D),
que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Rosa
Inés Moreno Vásquez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, de
conformidad con la parte motiva.

2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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