Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00995-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00995-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00995-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00995-01 (6594-2023)
Demandante: Asociación Sindical de Empleados del INPEC- ASEINPEC
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC y
Asociación Sindical Unitaria de Servidores Públicos del Sistema
Penitenciario y Carcelario Colombiano - UTP
Tema: Devolución de cuotas sindicales
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 25 de julio del 2023, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad del Oficio nro. 85103-
SUTAH-GALAB-2019EE0070468, por medio del cual el INPEC manifestó no
cumplir las recomendaciones de la OIT y por ende no entregar los dineros
correspondientes a los aportes recaudados por concepto de cuotas sindicales desde
el mes de mayo de 2012.
3. Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se exigió
condenar al INPEC y a la UTP pagar los dineros correspondientes al valor total
resultante de los aportes de cuotas ordinarias sindicales según listado adjunto
desde el mes de mayo de 2012 a la fecha, capitales que se causan mes a mes a
favor de ASEINPEC.
4. Como pretensiones subsidiarias, solicitó declarar la responsabilidad
administrativa de la Nación – INPEC por los daños antijurídicos ocasionados a
ASEINPEC, derivados del presunto traslado ilegal de las cuotas sindicales a otra
organización desde el 1.º de junio de 2012. En consecuencia, reclama condenar a
la entidad al pago de los perjuicios materiales estimados en la demanda,
debidamente actualizados e indexados, con el reconocimiento de los intereses
1 Archivo denominado «8Anexo notificación del 8_DEMANDADENULIDADY», el cual puede ser descargado de
la pestaña «visualizar expediente» de la plataforma SAMAI de primera instancia.
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Demandante: ASEINPEC
corrientes y moratorios previstos en el C.P.A.C.A., así como al pago de las costas y
agencias en derecho y el cumplimiento de la sentencia en los términos legales.
5. Igualmente, peticionó ordenar la entrega a ASEINPEC de las cuotas sindicales
ordinarias correspondientes a sus afiliados, incluyendo la totalidad de los
trabajadores reportados en la nómina del INPEC para el mes de mayo de 2012 y
los aportes posteriores, salvo que medie un retiro válido del afiliado conforme a los
estatutos de la organización sindical.
6. De otra parte, pide que se declare la responsabilidad administrativa del INPEC
por la afectación al buen nombre de ASEINPEC, al considerar que la entidad
difundió información que generó la percepción de que la organización carecía de
legalidad y legitimidad, ocasionándole un perjuicio reputacional susceptible de
reparación.
7. Finalmente, solicita que se declare la responsabilidad del INPEC por haber
privado a ASEINPEC del uso de la oficina que ocupaba en la sede principal de la
entidad, ordenando la restitución de dicho espacio, de los muebles y enseres que
allí se encontraban, así como el reconocimiento de los gastos en que incurrió la
organización sindical para disponer de un lugar adecuado para el desarrollo de sus
actividades sindicales.
8. Hechos. Que ASEINPEC, fue el primer sindicato constituido en el INPEC y que,
para el año 2012 contaba con aproximadamente 2.702 afiliados, consolidándose
como la principal organización sindical de la entidad.
9. A comienzos de ese año, surgió una iniciativa encaminada a reducir el número
de organizaciones sindicales existentes en el INPEC, mediante un proceso de
fusión, propuesta que fue promovida y respaldada por el Gobierno nacional y por la
administración del INPEC como una alternativa para evitar la eventual liquidación
de la entidad.
10. En desarrollo de dicha iniciativa se creó la UTP, cuya concepción contó con el
apoyo institucional del INPEC, quien facilitó sus instalaciones para la asamblea de
constitución, lo que se erigió en una indebida injerencia del empleador en asuntos
propios de la autonomía sindical.
11. Con fundamento en la supuesta existencia de una fusión entre ASEINPEC,
SIGGINPEC y la recién creada UTP, el INPEC decidió, a partir del mes de mayo de
2012, trasladar a esta última organización las cuotas sindicales que correspondían
a los afiliados de ASEINPEC, pese a que dicha fusión nunca llegó a perfeccionarse
conforme a la ley ni a los estatutos sindicales.
12. No existió decisión de la Asamblea Nacional de Delegados que autorizara la
fusión, tampoco se produjo la disolución y liquidación de las organizaciones
involucradas, ni los afiliados presentaron solicitudes individuales de desafiliación,
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Demandante: ASEINPEC
las cuales, de acuerdo con los estatutos de ASEINPEC, constituían un requisito
indispensable para cesar el descuento de las cuotas a favor del sindicato.
13. Tanto la Oficina Jurídica del INPEC como el Ministerio del Trabajo emitieron
conceptos en los que señalaron que el traslado de las cuotas sindicales solo era
jurídicamente procedente si previamente se acreditaba la disolución de los
sindicatos y el cumplimiento de los requisitos legales para la fusión, en especial los
previstos en los artículos 376 y 400 del Código Sustantivo del Trabajo. No obstante,
el INPEC desatendió dichos conceptos y continuó trasladando las cuotas sindicales
a la UTP.
14. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante recomendaciones
emitidas en 2014 reconoció la inexistencia de la fusión sindical, reiteró que cada
organización debía conservar su autonomía para administrar sus afiliados y
recursos, y exhortó al Estado colombiano a abstenerse de intervenir en la vida
interna de los sindicatos.
15. La nueva junta directiva de ASEINPEC, elegida en la Asamblea Nacional de
Delegados celebrada en el mes de abril de 2012 y debidamente registrada ante el
Ministerio del Trabajo, informó oportunamente al INPEC sobre su elección y
manifestó expresamente su oposición al traslado de las cuotas sindicales. Sin
embargo, la entidad continuó girando los aportes a la UTP con fundamento en
comunicaciones suscritas por antiguos directivos sindicales, desconociendo la
representación legal vigente de ASEINPEC y las decisiones adoptadas por su
Asamblea Nacional.
16. El INPEC nunca acreditó la existencia de solicitudes individuales de
desafiliación de los 2.702 afiliados de ASEINPEC ni demostró el cumplimiento del
procedimiento estatutario para el retiro de los asociados. Pese a ello, redujo
drásticamente los recursos económicos del sindicato, pues mientras en mayo de
2012 se recaudaron aproximadamente $29.319.467 por concepto de cuotas
sindicales, solo giró a ASEINPEC la suma de $27.663, transfiriendo el remanente a
la UTP. Posteriormente, realizó de manera parcial la entrega de aportes
correspondientes a 820 afiliados, para luego suspender nuevamente dichos pagos
bajo el argumento de que adelantaba una depuración de la nómina.
17. Las actuaciones del INPEC ocasionaron graves perjuicios patrimoniales e
institucionales a ASEINPEC, al privarla de su principal fuente de financiación,
afectar su capacidad para ejercer la actividad sindical, impedir el cumplimiento de
sus obligaciones económicas y contractuales, limitar la prestación de servicios de
asesoría y representación a sus afiliados, afectar su participación en escenarios
nacionales e internacionales de defensa de los derechos laborales y deteriorar su
buen nombre al difundir la idea de que el sindicato había desaparecido como
consecuencia de una supuesta fusión.
18. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 37, 38, 39, 53, 55, 56, 83, 84, 90, 91,
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92, 93, 94, 208, 209 de la Constitución Política; 16 de la Convención Interamericana
de Derechos Humanos; 400 del CST; 23 del Decreto 2351 de 1965.
19. Al exponer el concepto de violación indicó que el Oficio nro. 85103-SUTAH-
GALAB-2019EE0070468, mediante el cual el INPEC manifestó que no cumpliría las
recomendaciones de la OIT ni restituiría a ASEINPEC las cuotas sindicales
trasladadas a la UTP mientras no existiera una orden judicial, se encuentra viciado
de nulidad, por configurarse las causales de infracción de las normas en que debía
fundarse el acto, falsa motivación y desviación de poder.
20. En cuanto a la infracción de las normas en que debía fundarse esa decisión,
afirmó que el INPEC desconoció el artículo 400 del Código Sustantivo del Trabajo,
que le imponía la obligación de descontar y entregar las cuotas sindicales a la
organización titular, esto es, ASEINPEC. Asimismo, que la entidad omitió exigir la
autorización expresa e individual de los trabajadores para trasladar los descuentos
a favor de la UTP, así como acreditar la disolución y liquidación de ASEINPEC y
SIGGINPEC o el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para una
eventual fusión sindical, previstos en los artículos 376, 377, 401 y 402 del Código
Sustantivo del Trabajo.
21. Agregó que tales exigencias habían sido advertidas por la propia Oficina
Jurídica del INPEC, por lo que la actuación administrativa desconoció el principio de
legalidad que rige el ejercicio de la función administrativa.
22. Respecto de la falsa motivación, sostuvo que las razones invocadas por el
INPEC para negar la devolución de las cuotas sindicales carecen de sustento fáctico
y jurídico, pues se fundamentan en la supuesta existencia de una fusión sindical
que nunca se perfeccionó conforme a la ley. En consecuencia, considera que los
motivos expuestos en el acto administrativo no guardan correspondencia con la
decisión adoptada y encubren las verdaderas razones que condujeron a mantener
el traslado de las cuotas sindicales a la UTP.
23. Finalmente, señaló que el acto administrativo incurrió en desviación de poder,
al estimar que el funcionario que lo expidió ejerció las competencias conferidas por
la ley con una finalidad distinta de aquella para la cual fueron otorgadas. En su
criterio, el INPEC actuó de manera arbitraria al apartarse de las normas que regulan
la autonomía sindical y el recaudo de las cuotas sindicales, persiguiendo un
propósito diferente al previsto por el ordenamiento jurídico y desconociendo las
recomendaciones emitidas por la OIT y los conceptos del Ministerio del Trabajo.
24. Contestaciones de la demanda. El INPEC2 se opuso a las pretensiones de la
demanda. Como fundamento, sostuvo que el traslado de las cuotas sindicales a la
UTP no obedeció a una decisión unilateral de la entidad, sino a la voluntad expresa
de los trabajadores afiliados y de los dirigentes sindicales de ASEINPEC y
SIGGINPEC, quienes promovieron un proceso de unificación sindical. En ese
2 Archivo denominado «55_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACIONDEMANDA_Indice_36», ibidem.
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sentido, precisó que el sindicato UTP recibió a los afiliados provenientes de dichas
organizaciones y, por ello, el INPEC procedió a remitirle las cuotas sindicales,
conforme a las certificaciones y comunicaciones suscritas por los representantes de
los sindicatos involucrados.
25. Indicó que no existió una fusión entre ASEINPEC y la UTP, sino un proceso de
adhesión voluntaria de los trabajadores a una nueva organización sindical. Explicó
que dicho proceso surgió en el contexto de la reestructuración del INPEC autorizada
por la Ley 1444 de 2011, frente al elevado número de organizaciones sindicales
existentes en la entidad, circunstancia que motivó la búsqueda de una unificación
sindical con el acompañamiento del Gobierno nacional. En desarrollo de esa
iniciativa, los representantes de varias organizaciones sindicales acordaron la
creación de la UTP, aprobaron sus estatutos y definieron la incorporación de los
afiliados de los sindicatos participantes.
26. Señaló que, mediante diversas solicitudes presentadas entre enero y junio de
2012, la UTP allegó al INPEC listados de afiliados, planillas de afiliación y
certificaciones suscritas por sus directivos y por representantes de ASEINPEC en
las que se informaba que los trabajadores se habían vinculado a la nueva
organización y se solicitaba trasladar los descuentos por nómina a favor de la UTP.
27. Añadió que tales actuaciones fueron respaldadas por el concepto emitido por el
Ministerio del Trabajo el 17 de mayo de 2012, según el cual el empleador debía
descontar y entregar las cuotas sindicales de conformidad con los listados de
afiliados remitidos por la respectiva organización sindical.
28. Con fundamento en esa documentación, afirmó que el INPEC actuó conforme
al artículo 400 del CST al entregar a la UTP las cuotas sindicales correspondientes
al mes de mayo de 2012 y efectuar, desde junio del mismo año, los descuentos a
favor de dicha organización. Añadió que, cuando algunos trabajadores manifestaron
posteriormente su intención de regresar a ASEINPEC, la administración respetó esa
decisión y efectuó los cambios correspondientes.
29. Finalmente, sostuvo que la demanda desconoce la libertad de asociación
sindical de los trabajadores, quienes pueden afiliarse o desafiliarse libremente de
una organización sindical. Afirmó que, desde la creación de la UTP, los antiguos
afiliados de ASEINPEC no han solicitado de manera masiva regresar a ese
sindicato, lo que demuestra que su permanencia en la nueva organización responde
a una decisión libre y voluntaria. Por ello, concluyó que el acto administrativo
demandado fue expedido por autoridad competente, debidamente motivado y
conforme a la normativa aplicable, razón por la cual no incurre en los vicios de
nulidad alegados por la parte demandante.
30. Por su parte, Asociación Sindical Unitaria de Servidores Públicos del
Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano- UTP3 se opuso a las
3 Índice 53 de la plataforma SAMAI, ib.
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pretensiones de la demanda y sostuvo que su creación obedeció al proceso de
reorganización sindical promovido ante la inminente reestructuración del INPEC,
motivada por el elevado número de organizaciones sindicales y el impacto que ello
generaba en la prestación del servicio.
31. En desarrollo de ese proceso, el 27 de octubre de 2011 los representantes de
varios sindicatos acordaron la constitución de una organización sindical unificada,
decisión que posteriormente fue respaldada mediante asambleas realizadas en
distintos establecimientos penitenciarios y culminó con el registro legal de la UTP el
10 de noviembre de 2011.
32. La mayoría de los directivos y aproximadamente el 98% de los afiliados de
ASEINPEC decidieron voluntariamente incorporarse a la UTP. No obstante, un
reducido grupo de trabajadores y dirigentes, principalmente aforados sindicales,
optó por permanecer en ASEINPEC, razón por la cual nunca se formalizó una fusión
sindical en los términos del artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo, ni
desapareció jurídicamente dicha organización.
33. Precisó que la controversia no versa sobre una fusión sindical, sino sobre el
ejercicio del derecho de libre asociación, pues los trabajadores decidieron afiliarse
a la UTP y autorizar el traslado de sus cuotas sindicales. En consecuencia, sostuvo
que no es jurídicamente viable ordenar el retorno de los afiliados o de las cuotas
sindicales a ASEINPEC después de más de diez años, sin que los propios
trabajadores hayan manifestado su voluntad de desafiliarse de la UTP y
reincorporarse a la organización demandante, ya que ello vulneraría la libertad
sindical y el derecho de asociación.
34. Finalmente, afirmó que las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de
la OIT no tienen carácter vinculante y que, además, fueron emitidas con base en el
supuesto de una fusión sindical que, según insiste, nunca llegó a materializarse.
Con fundamento en ello, solicitó negar las pretensiones de la demanda y propuso
las excepciones de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de
pretensiones y caducidad.
35. Sentencia de primera instancia4. Es la dictada el 25 de julio de 2023, mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda. Para ello, precisó:
36. Que se acreditó que, ante el riesgo de reestructuración o eventual liquidación
de la entidad, distintas organizaciones sindicales promovieron un proceso de unidad
sindical que culminó con la creación de la UTP. En dicho proceso participaron
dirigentes de ASEINPEC y de otros sindicatos, quienes suscribieron acuerdos de
voluntad, actas de constitución y documentos encaminados a consolidar una
organización sindical unitaria. Asimismo, se aportaron planillas de afiliación y
adhesión de trabajadores a la nueva organización sindical.
4 Índice 79, Ib.
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37. El Tribunal desarrolló un amplio análisis sobre el derecho fundamental de
asociación sindical. Recordó que el artículo 39 de la Constitución Política, el
Convenio 87 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional garantizan a
los trabajadores la libertad de constituir sindicatos, afiliarse a ellos y retirarse cuando
así lo decidan. Señaló que la libertad sindical comprende no solo el derecho de
ingresar a una organización sindical sino también la facultad de abandonarla o
afiliarse a una diferente, sin intervención indebida del Estado ni de terceros. Por ello,
la decisión de un trabajador de trasladarse de un sindicato a otro constituye una
manifestación legítima de su autonomía y de su libertad individual.
38. También examinó el alcance jurídico de las recomendaciones emitidas por el
Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, explicó
que, aunque las recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración de
la OIT poseen relevancia jurídica y orientan la interpretación de los convenios
internacionales sobre libertad sindical, su aplicación debe ser analizada a la luz de
cada caso concreto.
39. De igual manera, destacó que las recomendaciones emitidas en el caso
estudiado se relacionaban principalmente con las organizaciones sindicales
FECOSPEC y SIGGINPEC, y no con ASEINPEC de manera específica. Por ello,
consideró que no era posible concluir automáticamente que el INPEC hubiera
desconocido dichas recomendaciones frente a la situación particular planteada por
la organización demandante.
40. Al estudiar los hechos acreditados, el a quo concluyó que no existió una
verdadera fusión entre ASEINPEC y la UTP. Según la valoración probatoria
efectuada, lo que ocurrió fue la creación de una nueva organización sindical a la
cual decidieron adherirse o afiliarse numerosos trabajadores que anteriormente
pertenecían a ASEINPEC. Por esa razón, ASEINPEC nunca desapareció
jurídicamente, no fue disuelta ni liquidada y continuó existiendo como organización
sindical independiente. La circunstancia de que muchos de sus afiliados hubieran
optado por vincularse a la UTP no significaba que el sindicato hubiera perdido su
existencia legal.
41. En la sentencia se otorgó especial importancia a las planillas de afiliación y
adhesión obrantes en el expediente. Destacó que estos documentos contenían
nombres, identificaciones y firmas de los trabajadores que manifestaron su voluntad
de integrarse a la UTP. Además, observó que durante el proceso no se demostró
que tales documentos fueran falsos ni que los trabajadores hubieran sido obligados
o inducidos ilegítimamente a firmarlos. En consecuencia, consideró que dichas
pruebas acreditaban de manera suficiente la decisión libre y voluntaria de los
empleados de pertenecer a la nueva organización sindical.
42. Otro aspecto central de la decisión fue el estudio del artículo 400 del Código
Sustantivo del Trabajo, norma que regula la retención y entrega de cuotas sindicales
por parte del empleador. El tribunal señaló que esta disposición impone al
empleador la obligación de descontar las cuotas sindicales y entregarlas a la
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organización correspondiente cuando exista comunicación de los representantes
sindicales y relación de afiliados.
43. Encontró que el INPEC, antes de efectuar los descuentos, solicitó conceptos
jurídicos tanto a su Oficina Asesora Jurídica como al Ministerio del Trabajo, y que
finalmente actuó con fundamento en la información suministrada por los sindicatos
y en el concepto emitido por la autoridad laboral. Por ello concluyó que la entidad
actuó dentro del marco legal aplicable.
44. Respecto de las afirmaciones de ASEINPEC relacionadas con una supuesta
falsedad documental o con la falta de legitimidad de quienes suscribieron ciertas
certificaciones, indicó que no se aportó prueba suficiente para demostrar tales
irregularidades. Además, observó que los cambios en la junta directiva de
ASEINPEC fueron depositados ante la autoridad laboral con posterioridad a las
certificaciones cuestionadas, circunstancia que impedía desconocer los efectos que
esos documentos produjeron frente al INPEC al momento de adoptar sus
decisiones.
45. Finalmente, concluyó que la actuación administrativa demandada no infringió
las normas en que debió fundarse, ni tampoco en incurrió falsa motivación y
desviación de poder. Consideró plenamente demostrado que la afiliación de los
trabajadores a la UTP obedeció al ejercicio legítimo de la libertad sindical, que el
INPEC actuó conforme a lo previsto en el artículo 400 del CST y que no existían
elementos que permitieran ordenar la devolución de las cuotas sindicales
reclamadas por ASEINPEC.
46. Recurso de apelación5. La parte demandante manifestó que tribunal realizó
una valoración errónea de las pruebas y una aplicación incorrecta de las normas
que regulan la libertad sindical, la autonomía de las organizaciones sindicales y el
recaudo de las cuotas sindicales. Lo anterior, dado que concluyó equivocadamente
que la constitución de la UTP y el traslado de afiliados desde ASEINPEC fueron el
resultado de una decisión libre, voluntaria y consensuada de los trabajadores, sin
tener en cuenta las circunstancias de presión e intervención estatal que rodearon
dichos hechos.
47. Sostuvo que en el proceso quedó demostrado que el Gobierno nacional y las
directivas del INPEC promovieron la creación de una organización sindical única
bajo el argumento de evitar la liquidación del Instituto, situación que generó temor
entre los trabajadores respecto de la pérdida de sus empleos. Estas circunstancias
evidencian injerencia estatal en la actividad sindical y afectan la libertad de decisión
de los empleados, por lo que no puede afirmarse válidamente que las afiliaciones a
la UTP obedecieron exclusivamente a la voluntad libre y espontánea de los
trabajadores.
5 Índice 81, Ib.
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48. Asimismo, cuestionó que el tribunal haya considerado ajustado a derecho el
traslado de las cuotas sindicales que correspondían a ASEINPEC hacia la UTP. El
artículo 400 del CST obliga al empleador a recaudar y transferir las cuotas al
sindicato al cual pertenece el trabajador, sin que exista facultad para
redireccionarlas a una organización diferente. Además, la propia Oficina Jurídica del
INPEC había advertido previamente que dicho traslado no podía efectuarse sin que
mediaran los procedimientos legales y judiciales correspondientes, por lo que la
actuación de la entidad fue contraria al ordenamiento jurídico.
49. Por otro lado, no existe prueba suficiente que demuestre la desafiliación
individual de los trabajadores de ASEINPEC ni su posterior afiliación a la UTP.
Señaló que la jurisprudencia y las recomendaciones de la OIT exigen que tanto la
afiliación como la desafiliación sindical sean actos personales, libres, expresos y
voluntarios. Sin embargo, en el expediente no reposan las manifestaciones
individuales de todos los trabajadores, sino que la validación de los afiliados se
realizó principalmente mediante cruces de bases de datos entre la información
suministrada por la UTP y la nómina del INPEC.
50. Igualmente, el tribunal otorgó un alcance probatorio indebido a unas planillas de
adherentes que no contienen la totalidad de los afiliados presuntamente trasladados
a la UTP, documentos que resultan insuficientes para acreditar que todos los
trabajadores manifestaron de manera expresa su voluntad de abandonar
ASEINPEC e ingresar a la nueva organización sindical, por lo que el fallo terminó
basándose en presunciones que no encuentran respaldo en las pruebas que
reposan en el expediente.
51. Sostuvo que el a quo confundió una supuesta adhesión de afiliados con una
verdadera fusión sindical. Según el recurrente, al afirmar que los sindicatos
decidieron integrarse en una nueva organización, la sentencia terminó reconociendo
los efectos propios de una fusión sin exigir el cumplimiento de las formalidades
previstas en el artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese sentido,
argumentó que la decisión de fusionar sindicatos es una competencia exclusiva de
las asambleas generales de cada organización y no puede ser reemplazada por
acuerdos informales entre dirigentes sindicales.
52. Relacionado con lo anterior, ASEINPEC afirmó que su existencia jurídica nunca
cesó, pues no existe decisión judicial que hubiera ordenado la suspensión o
cancelación de su personería jurídica. La Constitución Política establece que la
cancelación o suspensión de la personería de una organización sindical solo puede
producirse por vía judicial, razón por la cual el INPEC no podía actuar como si
ASEINPEC hubiera desaparecido ni trasladar sus afiliados y recursos a otra
organización sindical.
53. Sostuvo que para la época en que se efectuó el traslado de las cuotas sindicales
el presidente legítimo era Alonso Caicedo Montaño, situación que había sido
debidamente informada al INPEC. Por ello consideró errónea la valoración judicial
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que otorgó reconocimiento a actuaciones promovidas por dirigentes que ya no
ostentaban válidamente la representación del sindicato.
54. De otro lado, criticó que la sentencia hubiera reconocido relevancia jurídica a
una denominada “asamblea de presidentes”, figura que no existe ni en la legislación
laboral ni en los estatutos sindicales. En consecuencia, las decisiones adoptadas
en ese escenario no podían producir efectos jurídicos ni reemplazar las
competencias que legalmente corresponden a las asambleas generales de
afiliados.
55. Finalmente, argumentó que el tribunal dejó de pronunciarse de manera
suficiente sobre algunas de las pretensiones y pruebas planteadas en la demanda,
especialmente aquellas relacionadas con la pérdida de oficinas, espacios físicos,
muebles y enseres que utilizaba ASEINPEC para el desarrollo de su actividad
sindical, así como los perjuicios económicos derivados de dicha situación.
56. En conclusión, la parte recurrente considera que el acto administrativo
demandado se encuentra viciado por infracción de las normas en que debía
fundarse, falsa motivación y desviación de poder, toda vez que el traslado de
afiliados y de cuotas sindicales a la UTP se produjo en contravía del derecho de
asociación, de la libertad sindical, de las normas laborales colombianas y de las
recomendaciones de la OIT. Por estas razones solicitó la revocatoria de la sentencia
y el reconocimiento de las pretensiones formuladas en la demanda.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
57. La admisión del recurso de apelación. Mediante auto de 13 de febrero de
20246 se admitió la alzada. Dentro de la oportunidad legal solo intervino la UTP7,
quien ratificó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia y sostuvo que el recurso de ASEINPEC
no aporta argumentos nuevos, sino que repite los ya descartados por el tribunal.
Afirmó que no hubo injerencia indebida del Estado en la creación de la UTP y que
esta surgió por iniciativa de los trabajadores y dirigentes sindicales frente a la crisis
institucional que atravesaba el INPEC.
58. Control de legalidad8. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
6 Actuación visible en el índice 6 de la plataforma SAMAI.
7 Ver índice 11, ib.
8 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «[a]gotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
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II. CONSIDERACIONES
59. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9, esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de la referencia.
60. Problemas jurídicos. Le corresponde a la Sala establecer si ¿el Oficio nro.
85103-SUTAHGALAB-2019EE0070468, infringió las normas en que debió
fundarse, contiene una falsa motivación y fue emitido con desviación de poder por
haber autorizado el traslado de afiliados y de cuotas sindicales de ASEINPEC a la
UTP, sin que existieran pruebas suficientes de la voluntad libre e individual de los
trabajadores y del cumplimiento de los procedimientos legales y constitucionales
que regulan la libertad sindical y la organización de los sindicatos?
Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
61. De la libertad y asociación sindical.
62. El artículo 39 de la Constitución Política de 1991 consagró el derecho de los
trabajadores y empleadores a constituir sindicatos o asociaciones sin injerencia del
Estado. Por ende, su reconocimiento jurídico se produce con la simple inscripción
del acta de constitución, sin necesidad de autorización previa.
63. La proscripción de la intervención estatal en los asuntos internos de las
organizaciones sindicales dio lugar al denominado principio de autonomía sindical,
en virtud del cual estas gozan de plena facultad para autodeterminarse en aspectos
como su constitución, la adopción y modificación de sus estatutos, su organización
interna, su funcionamiento y el desarrollo de sus fines y objetivos. En consecuencia,
no resulta admisible la intervención de autoridades externas ni la imposición de
requisitos de autorización previa para el ejercicio de tales facultades. En estos
términos, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la autonomía sindical
constituye una manifestación esencial de la libertad sindical y, por tanto, integra el
núcleo esencial del derecho de asociación.
64. No obstante, la autonomía y la libertad sindical no revisten un carácter absoluto.
La propia Constitución establece como límites el respeto por el ordenamiento
jurídico y por los principios democráticos. En ese contexto, el legislador se
encuentra habilitado para regular su ejercicio de manera razonable e imponer
restricciones cuando estas respondan a una finalidad constitucionalmente legítima
y satisfagan los principios de necesidad y proporcionalidad10.
65. De igual manera, es pertinente señalar que el artículo 39 ibidem dispuso que la
cancelación o suspensión de la personería jurídica de los sindicatos sería viable
únicamente previa declaratoria judicial; así como reconoció la condición de aforados
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
10 Sobre el particular puede consultarse la sentencia C-797 de 2000.
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a sus representantes y demás garantías requeridas para el desarrollo de sus
funciones y excluyó de esta prerrogativa de asociación a la Fuerza Pública.
66. Este derecho fundamental también ha sido reconocido en diversos instrumentos
internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano a través del
bloque de constitucionalidad. Tal es el caso de los Convenios 87 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), «sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación», y 98 «sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva». En lo que concierne a la libertad y autonomía sindical, el Convenio 87
consagra, entre otras, las siguientes garantías:
«Artículo 2. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin
autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen
convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición
de observar los estatutos de las mismas.
Artículo 3.
1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de
redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus
representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular
su programa de acción.
2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a
limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.
Artículo 4. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a
disolución o suspensión por vía administrativa […]».
67. En el mismo sentido tenemos el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el cual impone a los Estados parte el deber de
garantizar el ejercicio de la libertad sindical y proteger la autonomía de las
organizaciones de trabajadores. Para tal efecto, reconoce, entre otros, los
siguientes derechos:
«[…] a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección,
con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para
promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse
otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que
sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o
del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;
[…]
c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones
que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en
interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los
derechos y libertades ajenos […]».
68. Otras normas convencionales que reconocen el derecho de sindicalización son
el artículo 2311 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 1612
11 En su numeral 4 prevé que «[…]Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa
de sus intereses […]».
12 «Artículo 16. Libertad de Asociación. 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines
ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra
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de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 22 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos13.
69. Los instrumentos internacionales antes referidos coinciden en establecer que la
facultad de los Estados para imponer restricciones al ejercicio de la libertad sindical
es de carácter excepcional y se encuentra sometida a estrictos criterios de legalidad,
necesidad y proporcionalidad. En consecuencia, tales limitaciones no pueden
traducirse en medidas que desconozcan o menoscaben las garantías consagradas
en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, ni vaciar de
contenido el núcleo esencial de este derecho fundamental.
70. En el ámbito interno, el desarrollo legislativo de la libertad sindical se encuentra
previsto, entre otras disposiciones, en el artículo 358 del Código Sustantivo del
Trabajo, denominado «Libertad de afiliación», conforme al cual: «[l]os sindicatos son
organizaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores. En los estatutos se
reglamentará la coparticipación en instituciones de beneficio mutuo que hubiere
establecido el sindicato con aportes de sus miembros».
71. Por su parte, la Corte Constitucional, al precisar el contenido y alcance del
núcleo esencial del derecho fundamental a la libertad sindical, ha señalado de
manera reiterada que este comprende, en síntesis, las siguientes garantías:
i) El derecho de todos los trabajadores, sin discriminación alguna, a constituir
organizaciones sindicales para la defensa de sus intereses comunes, así como la
libertad de afiliarse a ellas o retirarse voluntariamente.
ii) La facultad de constituir y organizar dichas asociaciones desde el punto de vista
estructural y funcional, adquiriendo personalidad jurídica sin injerencias,
intervenciones o restricciones indebidas por parte del Estado.
iii) La potestad de las organizaciones sindicales para definir libremente su objeto,
las condiciones de admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus afiliados, el
régimen disciplinario interno, los órganos de dirección y representación, la
administración de su patrimonio, las causales de disolución y liquidación, el
procedimiento correspondiente y, en general, todos aquellos aspectos relativos a su
estructura, organización y funcionamiento, con sujeción únicamente a las
limitaciones constitucional y legalmente admisibles.
índole. 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden
públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 3. Lo dispuesto
en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de
asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.».
13 «Artículo 22. 1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar
sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar
sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de
la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas
o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales
al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía […]».
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iv) La facultad de establecer las reglas relativas a su organización administrativa y
de definir las políticas, planes y programas de acción que mejor respondan a la
consecución de sus fines.
v) La garantía de que la suspensión o cancelación de la personería jurídica de las
organizaciones sindicales solo puede ser decretada por autoridad judicial y no
mediante decisión administrativa.
vi) El derecho de constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones, tanto
nacionales como internacionales.
vii) La prohibición para las autoridades públicas, incluido el legislador, de adoptar
regulaciones, decisiones o actuaciones que obstaculicen el ejercicio efectivo de la
libertad sindical.
72. De conformidad con este marco constitucional, internacional y legal, la Sala
concluye que el derecho fundamental a la libertad sindical comprende,
esencialmente, la facultad de constituir organizaciones sindicales y de afiliarse o
desafiliarse de ellas de manera libre y voluntaria, así como la autonomía de dichas
organizaciones para definir su estructura, funcionamiento y gobierno interno, sin
injerencias o intervenciones injustificadas del Estado. Lo anterior, desde luego, sin
perjuicio de las limitaciones que, de manera excepcional, impongan el ordenamiento
jurídico y los principios democráticos, siempre que resulten compatibles con el
núcleo esencial de este derecho fundamental.
73. De la constitución de las organizaciones sindicales.
74. Si bien el derecho de asociación sindical goza de una amplia protección
constitucional y convencional frente a injerencias estatales, ello no significa que
tenga carácter absoluto. Su ejercicio debe desarrollarse con observancia de los
requisitos, límites y condiciones previstos en el ordenamiento jurídico, en la medida
en que tales exigencias buscan garantizar el adecuado funcionamiento de las
organizaciones sindicales y la protección de los derechos de sus afiliados. En
consecuencia, no puede quedar al arbitrio de los asociados la definición de las
condiciones para el ejercicio de este derecho, desconociendo las exigencias
mínimas establecidas por la ley, pues ello implicaría supeditar su ejercicio a
decisiones discrecionales o arbitrarias14.
75. En ese sentido, el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que
las asociaciones profesionales o sindicatos, en el ejercicio de sus derechos y en el
cumplimiento de sus deberes, deben sujetarse a las disposiciones que regulan el
derecho colectivo del trabajo contenidas en dicho estatuto. Asimismo, establece que
estas organizaciones se encuentran sometidas a la inspección y vigilancia del
14 En este sentido se pronunció la Subsección “B” de la Sección Segunda de esta corporación dentro del
expediente nro. 11001-03-25- 000-2003-00356-01 (3846-2003).
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Gobierno nacional, atribución que debe ejercerse sin desconocer la autonomía y la
libertad sindical garantizadas por la Constitución y los instrumentos internacionales.
76. A su vez, una de las principales manifestaciones de la garantía de no injerencia
estatal en la libertad sindical se refleja en el reconocimiento de la personería jurídica
de las organizaciones sindicales. En efecto, conforme al artículo 364 del Código
Sustantivo del Trabajo, «toda organización sindical de trabajadores, por el solo
hecho de su fundación y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de
personería jurídica». De esta manera, el ordenamiento jurídico descarta cualquier
sistema de autorización o reconocimiento previo por parte de la administración como
requisito para la existencia de la organización sindical, en armonía con los principios
de libertad y autonomía sindical consagrados en la Constitución Política y en el
Convenio 87 de la OIT15.
77. En este sentido, para la constitución del sindicato se requiere de una reunión
inicial en la cual sus miembros deben suscribir un acta donde «se expresen los
nombres de todos ellos, sus documentos de identificación, la actividad que ejerzan
y que los vincule, el nombre y objeto de la asociación»16 e igualmente deben discutir
y aprobar los estatutos de la organización y designar al personal directivo17.
78. Al respecto en sentencia del 15 de noviembre de 2012, esta corporación18
señaló que, si bien desde la asamblea de constitución el sindicato goza de
personería, es necesaria su inscripción en el registro sindical del Ministerio del
Trabajo, para efectos de publicidad y oposición frente a terceros.
79. Así, el legislador exige que se debe efectuar la solicitud de inscripción en el
registro sindical ante el Ministerio del Trabajo19, siendo este el momento en que el
Estado verifica que la organización cumpla con unos requisitos mínimos
establecidos en orden jurídico, por ende «en el evento que los estatutos de la
organización sindical sean contrarios a la constitución o si su constitución aconteció
con un número de miembros inferior al exigido por ley, se procederá a negar la
inscripción del registro.»20
80. A partir de lo anterior es que el ministerio está facultado para objetar la
inscripción y plantear las inconsistencias en la constitución, con el fin de que la
organización sindical subsane y/o explique las inconsistencias y proceda o no a su
posterior inscripción.
81. De la posibilidad de los trabajadores de afiliarse a varios sindicatos.
82. La libertad sindical comprende no solo el derecho de los trabajadores a
constituir organizaciones sindicales, sino también la facultad de afiliarse libremente
15 Artículo 364 del CST, modificado por el artículo 44 de la Ley 50 de 1990.
16 Numeral 1.°, artículo 361 del CST.
17 Numeral 2.°, ídem.
18 Sección Segunda, Subsección “B”, expediente nro. 11001-03-25-000-2007-00021-00 (0320-2007).
19 Artículo 365 del CST.
20 Ídem.
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a aquellas que estimen convenientes. En ese contexto, la Corte Constitucional, al
declarar inexequibles los numerales 1 y 3 del artículo 26 del Decreto Legislativo
2351 de 1965, reconoció la posibilidad de que en una misma empresa coexistan
dos o más sindicatos de base. En consecuencia, un trabajador puede afiliarse a
cualquiera de las organizaciones sindicales existentes en la empresa y, de igual
forma, cuando mantenga vínculos laborales concurrentes con distintos
empleadores, podrá ejercer ese derecho respecto de las organizaciones sindicales
que correspondan a cada una de ellas.
83. En desarrollo de esa misma línea jurisprudencial, la Corte Constitucional,
mediante la Sentencia C-797 de 2000, declaró inexequible el artículo 360 del Código
Sustantivo del Trabajo, que prohibía la afiliación simultánea a varios sindicatos. Al
respecto, precisó:
«La prohibición mencionada no tiene justificación constitucional por las razones que
se explican a continuación:
• En consideración a las clases de sindicatos que pueden organizarse según el art.
356, la norma indicaría que una persona no puede al mismo tiempo ser miembro de
dos sindicatos de base, gremiales, de industria o de oficios varios.
[…]
• En el evento de dos sindicatos gremiales o de industria, en principio, no existe
impedimento para que el trabajador haga parte de ellos, en el evento de que el
trabajador pertenezca al gremio o industria correspondientes.
• En el caso de los sindicatos de oficios varios, los requisitos señalados para su
existencia excluyen per se la existencia de éstos en un mismo lugar, pues la letra d)
del art. 356 dice que esta clase de sindicatos "sólo pueden formarse en los lugares
en donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio en número
mínimo requeridos para formar uno gremial, y sólo mientras subsista dicha
circunstancia", lo cual es explicable.
• Por lo demás, la restricción carece de efectos jurídicos prácticos, en la medida
en que no existe ningún tipo de consecuencia jurídica o sanción, toda vez que la
preceptiva demandada ni ninguna otra establecen sanción al trabajador que la
desconoce. Aparte de lo expresado, considera la Corte que, según el Convenio 87
de la OIT y lo establecido en el artículo 39 de la Constitución, una restricción de esta
naturaleza vulnera el derecho a la libertad sindical, por cuanto no existe una razón
objetiva, seria y constitucionalmente legítima que la justifique.
En razón de las consideraciones precedentes, el artículo 360 será declarado
inexequible. […]».
78. En armonía con ese precedente, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que,
como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 357 y 360
del Código Sustantivo del Trabajo, el ordenamiento jurídico colombiano admite la
afiliación simultánea de un trabajador a varias organizaciones sindicales. Ello
obedece a que en una misma empresa pueden coexistir válidamente diferentes
sindicatos, de base o de industria, cada uno con plena capacidad para representar
los intereses de sus respectivos afiliados.
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79. En ese orden de ideas, el régimen jurídico colombiano no establece prohibición
alguna frente a la multiafiliación sindical. Por el contrario, esta constituye una
manifestación del derecho fundamental de libertad sindical, en cuanto garantiza a
los trabajadores la posibilidad de afiliarse a una o varias organizaciones sindicales,
sin que el Estado pueda imponer restricciones que carezcan de justificación
constitucional o legal y que interfieran indebidamente en el ejercicio de ese derecho.
80. Precisado el alcance de la libertad sindical, de la autonomía de las
organizaciones sindicales y de la posibilidad de la multiafiliación, procede la Sala a
examinar los argumentos expuestos en la alzada, a fin de establecer si las
actuaciones atribuidas al INPEC resultaron compatibles con el marco constitucional,
legal y jurisprudencial previamente expuesto.
84. Caso concreto.
85. Interrogante único: ¿el Oficio nro. 85103-SUTAHGALAB-2019EE0070468,
infringió las normas en que debió fundarse, contiene una falsa motivación y fue
emitido con desviación de poder por haber autorizado el traslado de afiliados y de
cuotas sindicales de ASEINPEC a la UTP, sin que existieran pruebas suficientes de
la voluntad libre e individual de los trabajadores y del cumplimiento de los
procedimientos legales y constitucionales que regulan la libertad sindical y la
organización de los sindicatos?
86. Dentro del proceso se encuentra probado lo siguiente:
87. 12 de octubre de 2011. Mediante oficio suscrito por el entonces presidente
nacional de ASEINPEC, señor Fredy Antonio Mayorga Meléndez y dirigido al
presidente de la Federación Colombiana del Sistema Penitenciario y Carcelario
(FECOSPEC), se convocó a la Asamblea Nacional de Sindicatos del INPEC para el
18 de octubre siguiente en las instalaciones del Instituto. La convocatoria tuvo como
propósito analizar y adoptar una posición conjunta frente a la propuesta de
liquidación del INPEC anunciada por el presidente de la República en desarrollo de
las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 1444 de 2011. (Fol. 511 del
expediente físico).
88. 18 de octubre de 2011. Se celebró en el auditorio Defensores de la Justicia del
INPEC la reunión intersindical denominada "Acuerdo de voluntades de los
sindicatos del INPEC", con la participación de representantes de las distintas
organizaciones sindicales de la entidad y delegados del entonces Ministerio de la
Protección Social, estos últimos en calidad de observadores. El objetivo fue definir
una estrategia conjunta frente al proceso de reestructuración institucional impulsado
por el Gobierno nacional.
89. Durante esa reunión se destacó la necesidad de fortalecer la unidad sindical
para proteger la estabilidad laboral, la carrera administrativa y la permanencia del
INPEC. Los asistentes debatieron tres alternativas:
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• Mantener un modelo federativo mediante la creación de una federación de
segundo grado;
• Promover la modificación del artículo 18 del Decreto 407 de 1994 para limitar
la proliferación de organizaciones sindicales; y
• Constituir un único sindicato nacional de primer grado y de base, previa
liquidación de las organizaciones sindicales existentes.
90. Tras un amplio debate, la mayoría respaldó la tercera propuesta, consistente en
crear un solo sindicato nacional que agrupara a los trabajadores del INPEC.
Igualmente se acordó solicitar al Gobierno nacional la modificación del artículo 18
del Decreto 407 de 1994, gestionar garantías para quienes perdieran el fuero
sindical con ocasión del proceso de unificación y convocar una Asamblea Nacional
Conjunta para formalizar las decisiones antes del vencimiento de las facultades
extraordinarias otorgadas al Gobierno nacional. En el acta también quedó
consignado que el entonces vicepresidente de la República manifestó su respaldo
al proceso de unificación sindical. (Fols. 520-522, ib.).
91. 20 de octubre de 2011. Se aportaron las planillas de adhesión al proceso de
constitución del sindicato unitario, mediante las cuales afiliados de ASEINPEC
manifestaron su voluntad de someter la organización a un proceso de disolución y
liquidación y autorizaron, conforme al artículo 70 de los estatutos proyectados, el
descuento de la cuota sindical a favor de la UTP. Dichas planillas fueron suscritas
por trabajadores de diferentes establecimientos penitenciarios del país, entre ellos
Aguachica, Armenia, Barranquilla, Bello, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cali,
Caucasia, Calarcá, Cómbita, Tolima, Cúcuta, Florencia, Itagüí, Riohacha, San
Andrés Isla, Santa Rosa de Viterbo, San Gil, Santa Marta, Sogamoso, Valledupar,
Villavicencio, Tumaco, Vélez, Zipaquirá, Palmira, Pamplona, Popayán, Puerto
Berrío, Puerto Triunfo y Pereira. (Archivos
41_RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS15PLANILLA,
43_RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS16PLANILLA,
45_RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS17PLANILLA,
47_RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS18PLANILLA,
49_RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS19PLANILLA,
51_RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS20PLANILLA y
53_RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS21PLANILLA, pueden ser descargado de la
pestaña visualizar expediente de la plataforma SAMAI de primera instancia).
92. 27 de octubre de 2011. Se levantó el Acta de Constitución de la Asociación
Sindical Unitaria de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario
Colombiano (UTP), en la que quedó formalizada la creación de la nueva
organización sindical como resultado del proceso de unificación adelantado por
diversas organizaciones sindicales del INPEC. (Fols. 526 vto.-528 expediente
físico).
93. 10 de noviembre de 2011. La UTP registró ante el Ministerio del Trabajo el acta
de constitución de la organización sindical y efectuó el depósito de sus estatutos y
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de la junta directiva, obteniendo el correspondiente registro sindical. (Fols. 525-526,
ib.).
94. 7 de marzo de 2012. La UTP informó al INPEC que el 2 de noviembre de 2011
se había celebrado la Asamblea General de Delegados de varias organizaciones
sindicales, entre ellas ASEINPEC y SIGGINPEC, en la que se decidió culminar el
proceso de unificación sindical mediante la constitución de la UTP. Señaló que dicha
decisión obedeció al ejercicio de la autonomía sindical y fue respaldada
posteriormente por un número significativo de trabajadores. En consecuencia,
solicitó unificar a nombre de la UTP la nómina de afiliados y los mnemónicos de
ASEINPEC y SIGGINPEC, respetando el derecho de quienes manifestaran
expresamente no pertenecer a la nueva organización, y pidió que desde la nómina
de marzo de 2012 cesaran los descuentos de cuotas sindicales a favor de dichas
organizaciones y fueran trasladados a la UTP respecto de los trabajadores
adherentes. El oficio fue suscrito por los presidentes de ASEINPEC y SIGGINPEC.
(Fol. 536, ib.).
95. 23 de abril de 2012. La UTP reiteró al INPEC la solicitud de efectuar los
descuentos de cuotas sindicales correspondientes a los trabajadores que habían
manifestado su adhesión a la organización. Indicó que, pese a haber entregado las
planillas de afiliación, habían transcurrido más de tres meses sin que la entidad
efectuara los descuentos, razón por la cual solicitó que, a partir de la nómina de
mayo de 2012, se aplicara la figura de la adhesión sindical respecto de todos los
trabajadores relacionados en los listados previamente remitidos. (Fols. 528 vto.-
530).
96. 30 de mayo de 2012. El secretario y el fiscal de la Junta Directiva Nacional de
ASEINPEC certificaron que los funcionarios relacionados en el listado anexo habían
solicitado su retiro de dicha organización y su afiliación a la UTP. En consecuencia,
solicitaron al INPEC cesar inmediatamente los descuentos de cuotas sindicales a
favor de ASEINPEC y consignar dichos aportes, incluidos los correspondientes al
mes de mayo de 2012, a favor de la UTP. La certificación fue expedida a solicitud
de la Dirección General del INPEC. (Archivo
15_RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS1 pueden ser descargado de la pestaña
visualizar expediente de la plataforma SAMAI de primera instancia).
97. 1 de junio de 2012. La UTP remitió al Director General del INPEC una
certificación mediante la cual manifestó aceptar como afiliados a los trabajadores
provenientes de ASEINPEC y SIGGINPEC y solicitó que fueran incorporados a la
nómina de la organización para efectos del descuento de las cuotas sindicales.
(Archivo 15_RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS1, hoja 18, ib.).
98. 1 de junio de 2012. En la misma fecha, ASEINPEC remitió al director general
del INPEC la certificación expedida el 30 de mayo de 2012, mediante la cual reiteró
que los funcionarios allí relacionados habían solicitado su desvinculación de esa
organización y su afiliación a la UTP, solicitando que cesaran los descuentos
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sindicales a favor de ASEINPEC y fueran trasladados a la nueva organización
sindical. (Archivo 21_RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS3, ib.).
99. 19 de julio de 2013. El Ministerio del Trabajo emitió concepto jurídico sobre la
situación de ASEINPEC, SIGGINPEC y UTP, precisando que, al no haberse
formalizado jurídicamente la fusión entre las dos primeras organizaciones
sindicales, las tres conservaban personalidad jurídica independiente. En
consecuencia, las cuotas sindicales debían seguir descontándose conforme a la
afiliación vigente y a las reglas previstas en el artículo 400 del Código Sustantivo
del Trabajo. Asimismo, recordó los requisitos para el descuento de cuotas ordinarias
y extraordinarias, indicó que el descuento debía cesar cuando se comunicara la
renuncia o expulsión del afiliado y concluyó que la legalidad de las actuaciones
correspondía definirla exclusivamente a los jueces de la República, por tratarse de
un concepto de carácter orientador y no vinculante. (Fols. 531 vto.-534 expediente
físico).
100. Se allegó igualmente certificación suscrita por el secretario y el fiscal de la
Junta Directiva de la UTP, en la que consta que los funcionarios del INPEC
relacionados en el listado anexo fueron admitidos como afiliados provenientes de
ASEINPEC y SIGGINPEC, solicitando que los descuentos por concepto de cuotas
sindicales fueran girados a favor de la UTP, incluyendo los correspondientes al mes
de mayo de 2012. (Fol. 531, ib.).
101. 30 de abril de 2013. El Ministerio del Trabajo archivó la averiguación
preliminar promovida por directivos de SIGGINPEC contra el INPEC y varios de sus
funcionarios, quienes alegaban la vulneración del derecho de asociación sindical
por el traslado de las cuotas sindicales a la UTP. En la actuación administrativa se
constató que los principales sindicatos del INPEC participaron voluntariamente en
el proceso de unidad sindical y que el INPEC había solicitado previamente
conceptos jurídicos antes de efectuar los traslados de cuotas.
102. Igualmente, se verificó que la entidad contaba con certificaciones expedidas
por los secretarios y fiscales de ASEINPEC y SIGGINPEC informando el retiro de
afiliados y su ingreso a la UTP. El ministerio concluyó que tales documentos
gozaban de presunción de autenticidad, que cualquier discusión sobre su eventual
falsedad debía ventilarse ante la jurisdicción penal y que no existían elementos
suficientes para acreditar actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical
previstos en el artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo. En consecuencia,
decidió no iniciar proceso sancionatorio y ordenó el archivo definitivo de la actuación
administrativa. (Archivo 15_RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS1, hojas 19-25,
SAMAI Tribunal pueden ser descargado de la pestaña visualizar expediente de la
plataforma SAMAI de primera instancia).
103. Finalmente, obra en el expediente la reclamación administrativa y su
respectiva respuesta. (Archivo
39_RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS12RECLAMAC, ib.).
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104. Del acervo probatorio que reposa en el expediente, la Sala concluye que no
se encuentra acreditado que el acto administrativo demandado se encuentre incurso
en las causales de nulidad invocadas por la parte demandante, esto es, infracción
de las normas en que debía fundarse, falsa motivación o desviación de poder.
105. En efecto, se encuentra demostrado que, antes de proceder al traslado de
las cuotas sindicales correspondientes a los trabajadores que anteriormente
figuraban como afiliados de ASEINPEC y SIGGINPEC, el INPEC recibió
comunicaciones y certificaciones expedidas por quienes para ese momento
ostentaban la calidad de presidente, secretario y fiscal de dichas organizaciones
sindicales, mediante las cuales se informó que los trabajadores relacionados en las
planillas anexas habían solicitado su desafiliación de esos sindicatos y su afiliación
a la Asociación Sindical Unitaria de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y
Carcelario Colombiano (UTP), requiriéndose expresamente que los descuentos por
concepto de cuotas sindicales fueran consignados a favor de esta última
organización.
106. De igual manera, se acreditó que la UTP manifestó formalmente su
aceptación respecto de dichos trabajadores como nuevos afiliados y solicitó al
INPEC su incorporación a la nómina de la organización para efectos del recaudo de
las cuotas sindicales. Asimismo, obran en el expediente las planillas de adhesión
suscritas por un número significativo de funcionarios del INPEC, en las cuales estos
manifestaron su voluntad de adherirse al proceso de unificación sindical y
autorizaron el descuento de la cuota sindical a favor de la UTP, en los términos
previstos en los estatutos de dicha organización.
107. Por consiguiente, no resulta acertada la afirmación de la parte demandante
según la cual no existió manifestación expresa de voluntad por parte de los
trabajadores para autorizar el traslado de las cuotas sindicales. Por el contrario, las
pruebas documentales permiten establecer que dicha voluntad sí fue exteriorizada
mediante las planillas de adhesión y los documentos remitidos al INPEC por las
organizaciones sindicales involucradas.
108. Adicionalmente, las pruebas documentales desvirtúan cualquier afirmación
relacionada con una eventual multiafiliación sindical. En efecto, las planillas de
adhesión, las certificaciones expedidas por los secretarios y fiscales de ASEINPEC
y SIGGINPEC, así como las comunicaciones dirigidas al INPEC, evidencian que la
voluntad manifestada por los trabajadores no consistía en pertenecer
simultáneamente a varias organizaciones sindicales, sino, precisamente, en
retirarse de los sindicatos a los que se encontraban afiliados para adherirse a la
Asociación Sindical Unitaria de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y
Carcelario Colombiano (UTP).
109. De hecho, en tales documentos se solicitó expresamente el cese de los
descuentos de cuotas sindicales a favor de ASEINPEC y SIGGINPEC y su
consignación a la UTP respecto de los trabajadores relacionados en las planillas, lo
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que demuestra que el propósito perseguido era la sustitución de la afiliación sindical
y no la coexistencia de múltiples afiliaciones.
110. Igualmente, se encuentra acreditado que la actuación adelantada por el
INPEC se ajustó a lo dispuesto en el artículo 400 del Código Sustantivo del Trabajo,
toda vez que la entidad contó con las certificaciones expedidas por el secretario y
el fiscal de las respectivas organizaciones sindicales, así como con la relación de
afiliados respecto de los cuales debía efectuarse el descuento de las cuotas
sindicales.
111. Debe resaltarse, además, que al momento en que fueron expedidas las
certificaciones y presentadas las solicitudes de traslado de cuotas sindicales,
quienes las suscribieron continuaban ejerciendo válidamente los cargos directivos
dentro de ASEINPEC y SIGGINPEC. En el proceso no se acreditó que para esa
época hubieran perdido dicha calidad, que existiera decisión judicial o administrativa
que desvirtuara su representación, ni que cursara actuación alguna que les
impidiera ejercer las funciones propias de sus cargos. En consecuencia, el INPEC
podía legítimamente otorgar plena validez a las certificaciones y solicitudes
suscritas por quienes ostentaban la representación de esas organizaciones
sindicales.
112. De otro lado, la parte demandante tampoco logró desvirtuar el contenido de
las planillas de adhesión allegadas al proceso. Si bien cuestionó en términos
generales la legalidad del procedimiento de unificación sindical y del traslado de las
cuotas, no identificó de manera concreta cuáles trabajadores habrían sido incluidos
sin su consentimiento, ni aportó prueba alguna de reclamaciones individuales
formuladas por funcionarios que manifestaran no haber suscrito las planillas,
desconocieran las autorizaciones allí contenidas o afirmaran que las cuotas
sindicales hubiesen sido consignadas a una organización distinta de aquella a la
que libremente decidieron afiliarse.
113. En ese contexto, las afirmaciones formuladas por la demandante carecen de
respaldo probatorio suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad que
ampara el acto administrativo acusado. Por el contrario, tales evidencias
demuestran que el INPEC actuó con fundamento en los documentos y
certificaciones que obraban en su poder, expedidos por quienes para ese momento
representaban válidamente a las organizaciones sindicales involucradas, sin que se
refleje que hubiera actuado al margen del ordenamiento jurídico o perseguido una
finalidad distinta a la prevista en la ley.
114. Frente a los restantes reparos formulados por la parte demandante en el
recurso de apelación, la Sala considera lo siguiente:
115. En cuanto al cuestionamiento consistente en que el INPEC habría
considerado válidamente el ingreso de afiliados de ASEINPEC a la UTP únicamente
con fundamento en cruces de bases de datos y sin manifestaciones individuales de
voluntad, el argumento no prospera. En efecto, de las pruebas obrantes en el
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expediente no se desprende que el INPEC hubiera realizado un traslado automático
de afiliados mediante un simple cruce de información entre bases de datos. Por el
contrario, se encuentra acreditado que la entidad manifestó que efectuaría los
respectivos traslados únicamente después de confrontar la información contenida
en sus registros con las planillas y certificaciones allegadas por la UTP y por los
directivos de ASEINPEC y SIGGINPEC.
116. Además, como quedó expuesto en el análisis precedente, obran en el
expediente planillas de adhesión suscritas por los trabajadores, certificaciones
expedidas por los secretarios y fiscales de las organizaciones sindicales y
comunicaciones mediante las cuales se solicitó expresamente el traslado de las
cuotas sindicales, elementos que desvirtúan la afirmación de que el INPEC hubiera
actuado sin contar con manifestaciones de voluntad de los afiliados.
117. Respecto del argumento según el cual la creación de la UTP equivalía a una
fusión sindical y, por tanto, debían cumplirse los requisitos legales y estatutarios
previstos para la fusión, disolución o liquidación de organizaciones sindicales, la
Sala advierte que dicho supuesto no corresponde a los hechos acreditados en el
proceso. En ningún momento se demostró que hubiera existido una fusión jurídica
entre ASEINPEC, SIGGINPEC y la UTP. Si bien inicialmente existió un propósito de
unificación de la representación sindical alrededor de una nueva organización, las
pruebas evidencian que, una vez constituida la UTP, un número de trabajadores
decidió afiliarse a esta, mientras que otros optaron por permanecer en las
organizaciones sindicales preexistentes. En consecuencia, ASEINPEC y
SIGGINPEC continuaron existiendo jurídicamente, sin que hubieran sido disueltas,
liquidadas o canceladas, circunstancia conocida y reconocida por las partes durante
todo el proceso.
118. Por esa misma razón, tampoco prospera el reproche según el cual el tribunal
desconoció las normas que atribuyen exclusivamente a las asambleas generales la
decisión de fusionar organizaciones sindicales. Ello, por cuanto la sentencia apelada
no partió de la existencia de una fusión sindical ni fundamentó su decisión en ese
supuesto jurídico, sino en la afiliación voluntaria de trabajadores a una nueva
organización sindical y en el traslado de las cuotas sindicales de quienes
manifestaron dicha voluntad.
119. Tampoco resulta acertada la afirmación de que el INPEC hubiera tratado a
ASEINPEC como una organización carente de capacidad para recibir cuotas
sindicales o ejercer sus derechos. Por el contrario, el material probatorio demuestra
que la entidad únicamente dejó de efectuar los descuentos a favor de dicha
organización respecto de los trabajadores que recibió las certificaciones y
solicitudes correspondientes, una vez verificó el cumplimiento de los requisitos
previstos en el artículo 400 del Código Sustantivo del Trabajo. En ningún momento
desconoció la existencia jurídica de ASEINPEC ni asumió que esta hubiera
desaparecido.
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120. En relación con el cargo de falsa valoración probatoria, mediante el cual la
apelante sostuvo que el tribunal de primer grado ignoró supuestas presiones
institucionales, la ausencia de autorizaciones individuales y el traslado de afiliados
mediante cruces de información, la Sala encuentra que tales afirmaciones carecen
de respaldo probatorio.
121. Durante el proceso no se acreditó la existencia de presiones ejercidas por el
INPEC o por otra autoridad pública para inducir la afiliación a la UTP, ni se
demostraron irregularidades en las planillas aportadas o la inexistencia de la
voluntad de los trabajadores que suscribieron tales documentos. En consecuencia,
no se evidencia error en la valoración probatoria efectuada por el juez de primera
instancia.
122. En cuanto al reproche relacionado con la supuesta omisión de pronunciarse
sobre las pretensiones referentes a espacios físicos, oficinas, muebles y demás
perjuicios reclamados por ASEINPEC, tampoco encuentra la Sala fundamento para
revocar la decisión apelada.
123. En primer lugar, porque la parte demandante no acreditó la existencia de un
perjuicio cierto derivado de tales hechos. En segundo lugar, porque los espacios
físicos destinados al funcionamiento de las organizaciones sindicales hacen parte
de los bienes de propiedad del INPEC, entidad que conserva la facultad de
administrarlos y asignarlos conforme a las necesidades del servicio y al marco
jurídico aplicable. Finalmente, tampoco obra prueba que permita establecer la
existencia, propiedad o afectación de los muebles o enseres cuya pérdida se afirma.
124. Finalmente, en relación con el argumento según el cual existió una injerencia
del Estado o del INPEC en la promoción de la afiliación de trabajadores a la UTP,
con vulneración de la libertad sindical protegida por la Constitución Política y los
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la Sala se abstendrá de
efectuar un pronunciamiento de fondo.
125. Ello obedece a que el acto administrativo demandado en este proceso no
corresponde al acto de constitución ni de inscripción de la UTP como organización
sindical. En consecuencia, si la finalidad de la parte demandante es controvertir la
legalidad de dicho acto o del procedimiento mediante el cual se constituyó esa
organización sindical, esa discusión excede el objeto del presente litigio y deberá
plantearse, de ser el caso, a través del medio de control y frente al acto
administrativo correspondiente.
126. En consecuencia, al no encontrarse acreditadas las causales de nulidad
invocadas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, por cuanto el acto administrativo demandado conserva
incólume su presunción de legalidad.
127. Condena en costas en segunda instancia. La modificación del artículo 188
del C.P.A.C.A., efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en
diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la
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condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o
alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
128. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la
demanda carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo
188 del C.P.A.C.A., se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá
imponer costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se
regirá por las normas del C.G.P.21
129. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P. teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.
130. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 25 de julio del 2023, a través de la
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó la Asociación Sindical de Empleados del INPEC - ASEINPEC
contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y la Asociación
Sindical Unitaria de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario
Colombiano - UTP.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
21 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad
corresponde al Código General del Proceso.
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Demandante: ASEINPEC
TERCERO: EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley y el art. 186 del CPACA.
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