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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-01034-01

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-01034-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda radicada por la señora Beatriz Cotrino Trujillo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, por las razones indicadas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: RECONOCER al abogado Omar Trujillo Polanía, identificado con cédula de ciudadanía 1.117.507.855 de Florencia y tarjeta profesional 201.792 del C.S de la J., como apoderada judicial principal de Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, en los términos del poder general conferido. CUARTO: RECONOCER a la abogada María Camila Camargo Rueda, identificada con cédula de ciudadanía 1.090.492.389 de Cúcuta y tarjeta profesional 340.484 del C.S de la J., como apoderada judicial sustituta de Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, en los términos de la sustitución del poder otorgado. w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 26 Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 25000 23 42 000 2020 01034 01 Demandante: Beatriz Cotrino Trujillo QUINTO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-01034-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

18 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2020 01034 01 (3102-2022)
Demandante: Beatriz Cotrino Trujillo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP

Temas: Pensión gracia. Tipo de vinculación. Docente en interinidad y
provisionalidad. Ley 1437 de 2011.

Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada, contra la sentencia de 11 de marzo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las súplicas
de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda.

La señora Beatriz Cotrino Trujillo, por intermedio de apoderado judicial, solicitó
declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 042378 de 25 de octubre de 2018,
RDP 047110 de 15 de diciembre de 2018, , RDP 00511 de 10 de enero de 2019,
RDP 004551 de 14 de febrero de 2019, RDP 008857 de 18 de marzo de 2019 y
RDP 013247 de 26 abril de 2019, por medio de las cuales la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
• UGPP -, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

Como restablecimiento del derecho, solicitó lo siguiente:

«SEGUNDA: DECLARAR que la demandante tiene derecho a que la
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-
UGPP le reconozca y pague la PENSION GRACIA a partir del

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la

Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
– SAMAI.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2020 01034 01
Demandante: Beatriz Cotrino Trujillo

cumplimiento del status.
TERCERA: Se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP, a título de restablecimiento del derecho
a reconocer y pagar a la señora BEATRIZ COTRINO TRUJILLO,
identificada con C.C. […], una pensión gracia mensual vitalicia de
jubilación, a partir del día siguiente al de haber cumplido veinte (20) años
de servicio a la educación como docente oficial con vinculación
nacionalizada, territorial, distrital y cincuenta (50) años de edad,
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio del salario
percibido el último año anterior a fecha de la causación del derecho, en
donde se incluyan todos los factores salariales devengados durante el
último año de servicio inmediatamente anterior al cumplimiento de los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
CUARTA: Condenar a la entidad demandada a reconocer a favor de
BEATRIZ COTRINO TRUJILLO, las mesadas pensionales generadas de
la pensión gracia desde la fecha en que adquirió el status pensional,
hasta cuando se verifique la inclusión en nómina del nuevo valor que por
este medio de control se llegare a reconocer, así como fallar la presente
demanda de manera Extra y Ultra petita.
QUINTA: SE CONDENE a que las sumas resultantes de las condenas,
sean ajustadas conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 187
del CPACA, hasta la fecha de la ejecutoria de la Providencia.
SEXTA: Condenar a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTION
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCION SOCIAL - UGPP para que pague la indexación o
corrección monetaria sobre las sumas adeudadas al demandante desde
el momento en que se debió cancelar cada suma de dinero y hasta
cuando se verifique el pago total de las obligaciones.
SÉPTIMA: Condenar a la entidad demandada - UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP, a reconocer
sobre las mesadas adeudadas a mi mandante, los ajustes de valor de
dichas sumas, conforme al Índice de precios al consumidor y al por
mayor, tal como lo autoriza el artículo 195 del C.P.A.C.A.
OCTAVA: Condenar a la demandada, para que dé cumplimiento al fallo
conforme a los Art. 189, 192 y siguientes del C.P.A.C.A. junto con los
intereses moratorios.
NOVENA: Condenar en costas a la entidad demandada, conforme al art.
188 del C.P.A.C.A.» (sic)

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

Se explicó que la señora Beatriz Cotrino Trujillo nació el 21 de mayo de 1957, razón
por la cual el 21 de mayo de 2007 cumplió 50 años de edad. Así mismo, se señaló
que prestó servicio como docente nacionalizada y territorial, vinculándose al
magisterio oficial desde el 27 de enero de 1976 a través del Decreto 0022 de 1976.

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Demandante: Beatriz Cotrino Trujillo

Relató que el 2 de agosto de 2018 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión gracia ante la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - Ugpp, la cual fue resuelta de manera negativa
con la Resolución RDP 042378 de 25 de octubre de 2018, al determinar que no se
aportaron originales o copias auténticas de los actos de nombramiento y posesión
de los tiempos laborados. La interesada radicó recurso de reposición y en subsidio
de apelación, remitiendo los documentos exigidos, de ahí que, la autoridad
administrativa confirmó integralmente el referido acto administrativo mediante las
Resoluciones RDP 047110 de 15 de diciembre de 2018 y RDP 000511 de 10 de
enero de 2019.

Señaló que la entidad pública asumió que la nueva documentación aportada en el
recurso de reposición y en subsidio de apelación era una nueva reclamación, por lo
que expidió la Resolución RDP 004551 de 14 de febrero de 2019, y las decisiones
RDP 008857 de 18 de marzo de 2019 y RDP 013247 de 26 de abril de 2019 que
resolvieron unos recursos de reposición y de apelación, respectivamente.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió los
artículos 2°, 4°, 13, 25, 46, 48, 53 y 58 de la Constitución Política, y las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.

Como concepto de violación, argumentó que según la sentencia de unificación CE-
SUJ-SII-112018 de 21 de junio de 2018 los requisitos para obtener el
reconocimiento de la prestación periódica son tener 20 años de servicios en
planteles departamentales, municipales o distritales, haber sido vinculado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, cumplir 50 años de edad y desempeñar la
labor con honradez, consagración y buena conducta.

Describió que fue errónea la interpretación de la autoridad administrativa de que
para ser beneficiario de la pensión gracia es requisito indispensable haber cumplido
todos los requisitos antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, esto es,
con anterioridad al 29 de diciembre de 1989, toda vez que lo relevante es la
vinculación como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de
1980, a pesar de que las demás exigencias se cumplan con posterioridad a la Ley
91 de 1989.

1.4. Contestación de la demanda

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP, presentó escrito con el que se opuso
a las pretensiones de la demanda; señaló que la demandante no tiene derecho a la
pensión gracia, ya que, serán beneficiarios de ésta los docentes territoriales y
nacionalizados que hubieren causado el derecho y acreditado todos los requisitos
antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, en tal sentido, para el día 29
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de diciembre de 1989 tan sólo demostró 32 años de edad y 13 años y 4 días de
servicio.

Formuló como excepciones las siguientes: i) inexistencia de la obligación por no
cumplimiento de requisitos legales; ii) ausencia de fundamentos jurídicos; iii)
prescripción; iv) buena fe y v) innominada.
1.5. Sentencia de primera instancia

En sentencia de 11 de marzo de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
accedió a las pretensiones de la demanda y resolvió lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 042378 de
25 de octubre de 2018, RDP 047110 de 15 de diciembre de 2018, RDP
000511 de 10 de enero de 2019, RDP 004551 de 14 de febrero de 2019,
RDP 008857 de 18 de marzo de 2019 y RDP 013247 de 26 de abril de
2019 expedidas por la UGPP, que negaron el reconocimiento y pago de
la pensión gracia a la señora Beatriz Cotrino Trujillo.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción de las
mesadas pensionales formulada por la apoderada de la demandada, por
las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP- a reconocer la pensión de jubilación gracia de
la señora Beatriz Cotrino Trujillo, identificada con la cédula No.
36.271.014, efectiva a partir del 4 de septiembre de 2015, por contar con
más de 20 años de servicio territorial y/o nacionalizado y 50 años de
edad, teniendo en cuenta los factores devengados en el año anterior a la
adquisición del estatus pensional (4 de septiembre de 2014 y el 3 de
septiembre de 2015) estos son: (i) sueldo, (ii) 1/12 prima de servicios, (iii)
bonificación decreto, (iv) 1/12 prima de vacaciones y (v) 1/12 prima de
navidad.

CUARTO: Las sumas a reconocer y pagar por parte de la UGPP, deberán
ser reajustadas y actualizadas en la forma indicada en la parte motiva,
aplicando para tal fin la fórmula allí señalada.

QUINTO: Se debe dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

SEXTO: Se NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: De acuerdo con el artículo 365 del Código General del
Proceso, se condena en costas en esta instancia a la parte demandada
según lo señalado en precedencia; para tales efectos se fija como
agencias en derecho el valor de quinientos mil pesos moneda legal ($
500.000 M/L). Por la secretaría liquídense.

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OCTAVO: Para los efectos consagrados en el artículo 203 el CPACA, por
la Secretaría líbrense los oficios correspondientes; igualmente, se
autoriza la expedición de las copias que correspondan, de acuerdo con
previsto en el artículo 114 del CGP. Las copias destinadas a la parte
actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

NOVENO: Ejecutoriada esta providencia, la Secretaría deberá
LIQUIDAR Y DEVOLVER los remanentes de los gastos del proceso a la
parte actora si los hubiere y luego deberá ARCHIVARSE el expediente
dejando las constancias del caso.» (sic)

Como sustento de lo anterior, el a quo analizó el material probatorio anexado al
expediente, y luego de referirse a las sentencias C-084 de 1999 y C-489 de 2000
indicó: i) a pesar de la derogatoria de la Ley 114 de 1913 con el artículo 15 de la
Ley 91 de 1989, la disposición continuó produciendo efectos a todo aquel que se
hubiere vinculado antes de 31 de diciembre de 1980 y que pudiere llegar a causar
el derecho en vigencia de la Ley 91 de 1989 con la acreditación de la totalidad de
los requisitos; y ii) Los maestros que habían adquirido el status pensional a la
entrada en vigencia de la referida ley contaban con una mera expectativa, lo cual
no supuso su no reconocimiento, sino estar sometidos a las cambios normativos
que dispusiera el legislador.

Citó la sentencia de unificación SUJ-SII-11-2018 en la que, entre otras reglas
fijadas, se verificó lo analizado por la instancia de cierre de la Jurisdicción
Constitucional en el fallo C-489/00, concluyendo que la Ugpp en el caso concreto
se apartó de un precedente judicial establecido en la citada providencia.

Señaló que la demandante acreditó los requisitos establecidos para ser beneficiaria
de la pensión gracia, en especial, la vinculación territorial con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, la cual correspondió, a un nombramiento a través del Decreto
22 de 14 de enero de 1976 como docente nacionalizada entre el 27 de enero de
1976 y el 28 de febrero de 1983.

De manera que el estatus pensional se configuró el 4 de septiembre de 2015, fecha
en la que cumplió 20 años de servicio, y que presentó la reclamación ante la
administración el 2 de agosto de 2018, motivo por el que declaró no probada la
excepción de prescripción.

1.6. Recurso de apelación

1.6.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, a través de
apoderada, allegó escrito en el que manifestó su inconformidad con la sentencia de
primera instancia. Por lo tanto, manifestó que:

i) La demandante no acreditó la totalidad de los requisitos de reconocimiento de
la pensión gracia antes del 29 de diciembre de 1989, pues, únicamente contaba

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con 32 años de edad y 13 años y 4 días de servicio, en ese orden de ideas, la
Corte Constitucional en la sentencia C489 de 2000 señaló que solamente serán
acreedores del beneficio pensional, quienes hubieren cumplido todos los
requisitos antes de la vigencia de la Ley 91 de 1989.
ii) La decisión judicial se fundamentó en documentos sin idoneidad suficiente para
acreditar la vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, dado que, en la sede
administrativa y en la demanda no se allegaron la totalidad de los decretos de
nombramiento y actas de posesión realizados a la demandante.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

El 14 de septiembre de 2022 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el expediente regresaría al
despacho para fallo2.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo3, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso4, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, solamente apeló la entidad demandada, el análisis se
limitará a los argumentos de la alzada.

2.2. Del problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Beatriz Cotrino
Trujillo, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación con
anterioridad al 1° de enero de 1981, y los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para dicho

2 Conforme al informe secretarial visto en el índice 10 de SAMAI, no se presentaron solicitudes de

pruebas.
3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
4 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»
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reconocimiento.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los
vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento
del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[Negrillas fuera de texto].

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El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al
1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no
quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber
estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren
a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan
con la totalidad de requisitos”. […].»5

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20186
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación
a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta
cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991,
no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los
presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los
referidos entes en calidad de rentas exógenas.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de

agosto de 1997.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los
recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de
participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta
Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para
atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29
del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo
propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas
por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los
recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado
fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro
caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los
entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el
acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la
entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se
pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de
vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por
la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —
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Demandante: Beatriz Cotrino Trujillo

situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en
los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.»

Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del
29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y
cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».7

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4. Actuación administrativa

Está acreditado que la señora Beatriz Cotrino Trujillo radicó el 2 de agosto de 2018
solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, entidad que mediante el oficio NOR 117427 de 6 de
septiembre de 20188 le solicitó allegar declaración juramentada de buena conducta,
acto administrativo de nombramiento, acto administrativo de posesión, certificado
de factores salariales y certificado de información laboral, teniendo en cuenta que
no contaba con la totalidad de los documentos, seguidamente, el 6 de octubre9 de
la misma anualidad, la demandante solicitó prórroga para presentarlos, ante lo
anterior, con oficio signado el 18 de octubre se concedió el término de 1 mes.

7 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

8 Documento disponible en el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
9 Ibidem.

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El 22 de octubre de 201810, la ciudadana radicó: i) declaración bajo la gravedad de
juramento de honradez consagración y buena conducta; ii) decreto de
nombramiento 0022 de 1976; iii) acta de posesión de 27 de enero de 1976 y iv)
certificados de factores salariales e historia laboral expedidos por la Alcaldía Mayor
de Bogotá.

Posteriormente, la entidad resolvió la petición de manera negativa a través de la
Resolución RDP 042378 de 25 de octubre de 201811, así:

«Que una vez se procede a resolver la solicitud de reconocimiento de la
pensión gracia se observa que la interesada aportó certificados de
información de tiempos laborados como Docente Oficial del 27 de enero
de 1976 al 28 de febrero de 1983, 21 de febrero de 1983 al 31 de enero
de 1984, del 12 de febrero de 1985 al 31 de enero de 1989 y por último
del 27 de enero de 2003 con vinculación activa.

Que para que esta Entidad pueda corroborar el tipo de vinculación de la
docente, es pertinente que aporte en original o copia autentica los actos
administrativos de nombramiento y las respectivas actas de posesión de
todos los tiempos laborados; es preciso aclarar que en el cuaderno
administrativo solamente se cuenta con el Decreto 063 de 1985.

Así las cosas, para el estudio de la prestación, dicha prueba documental,
se encuentra en cabeza del titular del derecho, toda vez que él es el único
que posee la facultad de desvirtuar los hechos y/o documentos base para
la reliquidación de la prestación solicitada; lo anterior al tenor de lo
dispuesto en el Artículo 167 del Código General del Proceso, por remisión
del Artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo […]

En este orden de idea, se niega la solicitud».

Inconforme con la precitada decisión, la peticionaria interpuso recurso de reposición
y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto con la Resolución RDP 047110
de 15 de diciembre de 2018, precisándose:

«De acuerdo con lo anterior y conforme a los tiempos de servicio
aportados se puede observar que el señor BEATRIZ COTRINO
TRUJILLO al 29 de diciembre de 1989, fecha de expedición de la Ley 91
de 1989, solo acreditó 13 años y 4 días de servicios, y para la misma
fecha solo contaba con 32 años de edad, en consecuencia no hay lugar
al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada por no
haber cumplido TODOS los requisitos para acceder a la pensión gracia
de jubilación antes del 29 de diciembre de 1989 (fecha de entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989-Cfr- Sentencias C-084/99 y C-489/00).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y una vez revisado el

10 Ibidem.
11 Documento visible en el folio 72 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2 del

expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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cuaderno administrativo, no se allegaron nuevos elementos de juicio que
hagan variar la decisión tomada en la Resolución No. RDP 042378 del
25 de octubre de 2018, la UGPP procede a confirmar la resolución
objetada».

En idéntico sentido, se resolvió el recurso de apelación mediante la Resolución RDP
00511 de 10 de enero de 201912.

No obstante, la entidad de previsión social interpretó como una nueva petición de
reclamación pensional, el escrito de 22 de octubre de 2018 en el que fueron
allegados documentos adicionales, por lo anterior, se suscribió la Resolución RDP
004451 de 14 de febrero de 2019 que negó de nuevo el reconocimiento de la
prestación periódica, en la que se señaló:

«Que el (a) señor (a) COTRINO TRUJILLO BEATRIZ, identificado (a) con
CC [...], solicita el 22 de octubre de 2018 el reconocimiento y pago de
una pensión mensual vitalicia de jubilación Gracia, radicada bajo el No
SOP201801039180, aportando para el efecto los documentos requeridos
por ley.

Que el(a) peticionario (a) ha prestado los siguientes servicios:

ENTIDAD
DESDE HASTA NOVEDAD CARGO VINCULACION MODALIDAD
LABORO
DTO TIEMPO
19760127 19830228 DOCENTE N/LIZADO PRIMARIA
HUILA SERVICIO
DTO TIEMPO
19850212 19890130 DOCENTE N/LIZADO PRIMARIA
HUILA SERVICIO
BGTA
TIEMPO
DSTO 20030127 20170903 DOCENTE DTAL PRIMARIA
SERVICIO
CAPITAL

De acuerdo con lo anterior y conforme a los tiempos de servicio
aportados se puede observar que el señora BEATRIZ COTRINO
TRUJILLO al 29 de diciembre de 1989 fecha de expedición de la Ley 91
de 1989 solo acreditó 10 años de servicios, y para la misma fecha solo
contaba con 32 años de edad, en consecuencia no hay lugar al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada por NO
haber cumplido TODOS los requisitos para acceder a la pensión gracia
de jubilación antes del 29 de diciembre de 1989 (fecha de entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989-Cfr. Sentencias C-084/99 y C- 489/00).

Inconforme con la mencionada decisión, la interesada interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos negativamente con
las Resoluciones RDP 008857 de 18 de marzo de 201913 y RDP 013247 de 26 de
abril de 201914, respectivamente.

12 Documento disponible en el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
13 Documento disponible en el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
14 Ibidem.

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2.5. Caso concreto

A efectos de desatar la alzada estima la Sala que se deberá verificar si la
demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114 de 1913, demás
normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de Estado para el
reconocimiento de la acreencia pensional en discusión, especialmente lo
relacionado con el requisito del tiempo de servicio como docente nacionalizado o
territorial, como a continuación se procede.

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos

A. Edad

Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado,
la Sala encuentra probado que Beatriz Cotrino Trujillo nació el 21 de mayo de
195715, razón por la cual, el 21 de mayo de 2007 cumplió 50 años de edad.

B. Buena conducta

En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.

C. Tiempo de servicio

• Del 27 de enero de 1976 al 20 de febrero de 1983.

En primer lugar, se observa que a través del Decreto 022 de 14 de enero de 197616
el gobernador del Huila nombró a la señora Beatriz Cotrino Trujillo como profesora
en la Institución Educativa Camberos de Pitalito; el acto administrativo anexado al
expediente da cuenta de lo siguiente:

«DECRETO No. 022 de 1976

Por el cual se hacen unos nombramientos en el Personal de Enseñanza
Primaria.
El GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO
en uso de sus atribuciones legales,
DECRETA:

ARTICULO UNICO. HACENSE LOS SIGUIENTES NOMBRAMIENTOS
DE PERSONAL ESCALAFONADO EN ENSEÑANZA DE PRIMARIA, A
PARTIR DE LA FECHA DE POSESION:
[…]

15 Fotocopias de la cédula de ciudadanía y del certificado de registro civil de nacimiento, visibles en

el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
16 Documento disponible en el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.

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PITALITO
[…]

BEATRIZ COTRINO TRUJILLO, Secc.E.R.M. CAMBEROS, en Segunda
Categoría.
[…]
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Gobernador
Secretario de educación
Delegado FER Huila
[…]

En cumplimiento del Decreto 022 de 1976, la señora Cotrino Trujillo tomó posesión
ante el secretario de educación municipal del departamento del Huila el día 27 de
enero de 197617.

Así mismo, la Fiduciaria la Previsora S.A. - FIDUPREVISORA - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG - Secretaría de Educación del Huila
en certificación expedida el 18 de septiembre de 201818, indicó que dicha
vinculación se mantuvo vigente hasta el 28 de febrero de 1983 por retiro voluntario,
a saber:

De lo anterior, se observa que la docente Beatriz Cotrino Trujillo en efecto fue
nombrada en propiedad para prestar servicio docente en la institución educativa

17 Documento visible en el índice 42 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
18 Ibidem.

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Camberos de Pitalito, además, que dicha vinculación inició con el Decreto 022 de
14 de enero de 1976 y se mantuvo vigente hasta su retiro voluntario, acaecido el 28
de febrero de 1983, empero como más adelante se indicará, la demandante fue
vinculada mediante decreto de nombramiento y posesión el 21 de febrero de 1983,
razón por la cual, la Sala considera que la certificación puede tener un yerro en la
fecha de culminación y por lo tanto, se entenderá que este vínculo finalizó el 20 de
febrero de 1983.

Probanzas con las que se demuestra que la señora Beatriz Cotrino Trujillo prestó
servicio docente nacionalizado si se tiene en cuenta que se efectuó después de la
entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975 e intervino el Ministerio de Educación
Nacional - FER con fundamento en el artículo 10 de la Ley 91 de 1989.

• Del 21 de febrero de 1983 al 31 de enero de 1984 y del 12 de febrero de
1985 al 31 de enero de 1989

A través del Decreto 011 de 21 de febrero de 1983 se designó como maestra de
educación de básica primaria del departamento del Guaviare y tomó posesión a
partir de la misma fecha de nombramiento, y aunque en el expediente no obra copia
del acto de nombramiento y de la posesión, se allegó certificación expedida por el
Archivo Departamental del Guaviare19, en la que se especificó que hasta el día 31
de enero de 1984 la demandante prestó los servicios y que laboró al servicio del
Fondo Educativo Regional del Departamento. Al respecto, se observa lo siguiente:

19 Documento disponible en el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.

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Así mismo, se observa que a través del Decreto 063 de 6 de febrero de 198520 el
gobernador del Huila nombró a la demandante como profesora de la C.D.R. San
Francisco de Pitalito; el acto administrativo anexado al expediente da cuenta de lo
siguiente:

«DECRETO No. 063 de 1985

Por el cual se hacen unos nombramientos en el Personal Docente de
Educación Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional.
El GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO
EDUCARIVO REGIONAL DEL HUILA “FER”, en uso de sus facultades
legales y en especial las que le confieren los Decretos Nos. 102 y 378
de 1976 y el Otrosí No. 4 de 1977 al Contrato firmado entre la Nación y
el Departamento del Huila sobre el Fondo Educativo Regional del Huila
“FER”

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. - HACENSE LOS SIGUIENTES
NOMBRAMIENTOS EN EL PERSONAL DOCENTE DE EDUCACION
BASICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL, A
PARTIR DE LA FECHA DE POSESION, ASI:

[…]

A.-BEATRIZ COTRINO TRUJILLO, COMO Secc. C.D.R. SAN
FRANCISCO – PITALITO, - en PRIMER (1er.) Grado.

[…]

ARTICULO SEGUNDO. – El presente Decreto rige a partir fecha de
expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Gobernador
Secretario de educación

Dado en Neiva el 6 de febrero de 1985
[…]

En cumplimiento del Decreto 022 de 1985, la señora Cotrino Trujillo tomó posesión
ante el secretario de educación municipal del departamento del Huila el día 12 de
febrero de 198521.

20 Documento disponible en el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
21 Ibídem.

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Así mismo, la Fiduciaria la Previsora S.A. - FIDUPREVISORA - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG - Secretaría de Educación del Huila
en certificación expedida el 18 de septiembre de 201822, indicó que dicha
vinculación se mantuvo vigente hasta el 31 de enero de 1989 por retiro voluntario,
a saber:

De lo anterior, se determina que la señora Beatriz Cotrino Trujillo prestó servicio
docente en tres períodos; primero, desde el 27 de enero de 1976 al 20 de febrero
de 1983 en la Institución Educativa Camberos de Pitalito; el segundo, desde el 21
de febrero de 1983 al 31 de enero de 1984 al servicio del Fondo Educativo Regional
del Departamento del Guaviare, y luego del 12 de febrero de 1985 al 31 de enero
de 1989 en la C.D.R. San Francisco de Pitalito.

Ello permite concluir que no hubo ninguna novedad laboral que rodeara la
prestación del servicio, tampoco se observó la intervención u orden de la Nación-

22 Ibidem.

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Ministerio de Educación Nacional; además, teniendo en cuenta que las
designaciones de la actora se dieron con posterioridad a la nacionalización de la
educación, de acuerdo con la Ley 43 de 1975 y el artículo 1 .° de la Ley 91 de 1989,
se entiende que los vínculos producidos son de naturaleza nacionalizada, pues no
se evidencia que los nombramientos se hubiesen efectuado en plazas exclusivas
de los entes territoriales y , contrario a ello, se certificó que el primer y tercer período
correspondieron al orden nacionalizado.

En efecto, esta Sala ha precisado que «El carácter nacionalizado de la designación
[…] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que
son nacionalizados aquellos “docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975”». En similar sentido, la Corte
Constitucional, mediante sentencia C-085 de 2002, indicó que los «docentes
nacionalizados» son «los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las
entidades territoriales».

En cuanto a dicha diferencia esta Corporación en la citada sentencia de unificación
CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, concluyó:

«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo
territorial antes del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso de
nacionalización iniciado con la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que
a partir de esa fecha se hayan vinculado a una plaza de aquellas que fueron
nacionalizadas en virtud, también, del aludido proceso adelantado por la
norma en cuestión (Ley 43 de 1975).

Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por
entidades de ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento
del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la
plaza a ocupar haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los
gastos que esta genere se cubran con cargo a su propio presupuesto.»

Adviértase que dichas reglas jurisprudenciales deben analizarse en cada caso
particular en conjunto con los todos elementos de juicio para concluir sin lugar a
equívoco el tipo de vinculación del respectivo docente.

En ese sentido, en el asunto bajo análisis la docente tuvo un vínculo laboral de
naturaleza jurídica nacionalizada.

En cuanto a la participación del Fondo Educativo Regional, la Sala se permite
aclarar que ello no significa que se actuara por directriz del Gobierno nacional,
comoquiera que el nominador del ente territorial actuó acorde con los parámetros
del artículo 10 de Ley 43 de 1975 con la que se nacionalizó la educación.

Sobre lo anterior, se debe tener presente que en la sentencia de unificación de 21
de junio de 2018 se señaló que «no es dable inferir que los docentes territoriales y/o

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nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su
vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la
junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal [...]».

En ese sentido, no hay duda alguna de que la docente fue nombrada por una entidad
territorial en una plaza nacionalizada y, por lo tanto, los períodos del 27 de enero de
1976 al 28 de febrero de 1983; del 21 de febrero de 1983 al 31 de enero de 1984, y
luego del 12 de febrero de 1985 al 31 de enero de 1989, es decir, 11 años, 11
meses y 20 días23, resulta válido para el cómputo para la pensión gracia, siendo,
además, prueba de la vinculación previa al 31 de diciembre de 1980.

En consecuencia, no es cierto lo afirmado por la autoridad administrativa en el
segundo cargo de la apelación, ya que, en el cuaderno de antecedentes
administrativos y en los anexos de la demanda se aportaron el Decreto 022 de 14
de enero de 1976 y el acta de posesión con calenda del 27 de enero de 1976 que
acreditaron la vinculación nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, tan es
así que, la misma entidad pública en el considerando segundo de la Resolución
004451 de 14 de febrero de 2019 aseguró que la señora Beatriz Cotrino Trujillo
ostentó una vinculación docente de carácter nacionalizada en el lapso de 27 de
enero de 1976 al 28 de febrero de 1978.

• Del 27 de enero de 2003 al 3 de septiembre de 2017

En este período la señora Beatriz Cotrino Trujillo prestó servicios mediante
designaciones en interinidad y nombramientos en provisionalidad en el Distrito
Capital de Bogotá, se observa lo siguiente:

Tipo de
inicio Final Total
vinculación
1 Interinidad 27 de enero de 2003 27 de agosto de 2003 7 meses
2 Interinidad 14 de julio de 2003 12 de diciembre de 2003 4 meses y 28 días
3 Provisional 16 de enero de 2004 25 de abril de 2005 1 año, 4 meses y 9 días
4 Provisional 23 de julio de 2007 17 de diciembre de 2007 4 meses y 24 días
2 años, 5 meses y 19
5 Provisional 23 de enero de 2008 12 de julio de 2010
días
21 de octubre de
6 Provisional 11 de diciembre de 2011 1 mes y 20 días
2011
28 de febrero de
7 Provisional 15 de mayo de 2012 2 meses y 17 días
2012
8 Provisional 9 de julio de 2012 7 de diciembre de 2012 4 meses y 28 días
18 de septiembre de 2 años, 3 meses y 19
9 Provisional 30 de mayo de 2013
2015 días

23 No se contabilizaron los días en que hubo simultaneidad en la prestación del servicio en el cargo

desempeñado en el departamento del Guaviare, lo cual sucedió en el interregno de 21 de febrero de
1983 al 28 de febrero de 1983.
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10 Provisional 4 de marzo de 2016 18 de marzo de 201624 10 días
29 de septiembre de
11 Provisional 22 de abril de 2016 1 año, 5 meses y 7 días
2017
24 de octubre de
12 Provisional 1° de diciembre de 2017 1 mes y 7 días
2017
19 de septiembre de
13 Provisional 7 de mayo de 2018 1 año, 4 meses y 12 días
2018

Es claro que en el expediente no reposan copias de los decretos de nombramiento
ni de actas de posesión de las designaciones en interinidad y provisionalidad, sin
embargo, la UGPP en las consideraciones de la Resolución 013247 de 26 de abril
de 2019 señaló que en el expediente pensional se allegó certificado de información
laboral de 16 de octubre de 2018 en el cual se determinó que la demandante ostentó
unos nombramientos como docente distrital. Sobre el particular dicho acto
menciona:

Así mismo, de acuerdo con el formato único para la expedición de certificado de
historia laboral, emitido por la Secretaría de Educación de Bogotá, el 16 de octubre
de 2018, se señaló que el «TIPO DE VINCULACIÓN» es «Distrital» y ratificó la

24 Hubo interrupción laboral de 4 días del servicio.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2020 01034 01
Demandante: Beatriz Cotrino Trujillo

prestación del servicio docente en los períodos de tiempo mencionados previamente
en interinidad y provisionalidad, veamos:

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Demandante: Beatriz Cotrino Trujillo

De acuerdo a la regla fijada en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018
para probar la calidad de docente territorial «se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial. […]»

No obstante, como quiera que además de los decretos de nombramiento y actas de
posesión, la calidad de docente territorial también se puede acreditar con la
certificación de la entidad territorial nominadora, que, para el caso en cuestión, lo es
la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá que vinculó en interinidad y
provisionalidad a la demandante, por lo tanto se le otorga valor probatorio al formato
único para expedición de certificado de historia laboral, más aún, tal como se señaló
anteriormente, en las consideraciones de la Resolución 013247 de 26 de abril de
2019 la UGPP no discutió la prestación del servicio en el tiempo certificado con esa
calidad.

En línea con lo anterior, el tiempo que puede ser objeto para el reconocimiento de
la prestación periódica, no solamente es el causado por relaciones ordinarias,
reglamentarias y en titularidad, también las vinculaciones en interinidad, en
provisionalidad o mediante el ejercicio de horas cátedra, u órdenes de prestación
de servicios y contratos de prestación de servicios, ya que, lo relevante es que se
realicen labores de educador de índole territorial o nacionalizado.

Así las cosas, los nombramientos en interinidad y en provisionalidad acreditadas en
el plenario son las siguientes: i) 27 de enero de 2003 al 27 de agosto de 2003; ii) 14
de julio de 2003 al 12 de diciembre de 2003; iii) 16 de enero de 2004 al 25 de abril
de 2005; iv) 23 de julio de 2007 al 17 de diciembre de 2007; v) 23 de enero de 2008
al 12 de julio de 2010; vi) 21 de octubre de 2011 al 11 de diciembre de 2011; vii) 28
de febrero de 2012 al 15 de mayo de 2012; viii) 9 de julio de 2012 al 7 de diciembre
de 2012; ix) 30 de mayo de 2013 al 18 de septiembre de 2015; x) 4 de marzo de
2016 al 18 de marzo de 2016 (con interrupción laboral de 4 días del servicio); xi) 22
de abril de 2016 al 29 de septiembre de 2017; xii) 24 de octubre de 2017 al 1° de
diciembre de 2017 y xiii) 7 de mayo de 2018 al 19 de septiembre de 2018, deben
ser entendidas como ejercicio de funciones propias e inherentes a la labor docente
al servicio del Estado que permiten beneficiarse de la pensión objeto de estudio.

Igualmente, se determina que las citadas vinculaciones con el Distrito Capital de
Bogotá, son del orden territorial, ya que, así lo certificó la Secretaría de Educación
de la entidad territorial y la autoridad administrativa demandada lo confirmó en la
Resolución RDP 004551 de 14 de febrero de 2019, para mayor claridad se observa:

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Por lo tanto, esos períodos son computables para el derecho prestacional
reclamado, los cuales equivalen a 11 años, 4 meses y 20 días.

Ahora, la entidad pública en su alzada fundamentó las decisiones contenidas en los
actos administrativos acusados, en que la señora Beatriz Cotrino Trujillo no acreditó
los requisitos de las disposiciones legales para ser acreedora de la prestación,
debido a que para el 29 de diciembre de 1989 solo sumaba 13 años y 4 días,
aproximadamente, de servicios docentes y contaba con 32 años de edad
únicamente, lo cual no era suficiente, pues de conformidad con lo dispuesto en la
sentencia C-084 de 1999 y C-489 de 2000 de la Corte Constitucional, para la
entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 (29 de diciembre de 1989) era necesario
tener cumplidos todos los requisitos para ser beneficiario de la pensión gracia, es
decir, consolidado el derecho.

La Sala considera tal como se explicó en el acápite de normas y jurisprudencia
aplicable al caso, que la sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2- 2022 del 11 de
agosto de 2022, determinó que tienen derecho al reconocimiento de la pensión
gracia aquellos docentes que hayan tenido una vinculación en una plaza
nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumplan con las
exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar
el momento en que logren colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es
decir, que lo haga antes o después del 29 de diciembre de 1989.

De ahí que, fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo
15, numeral 2.º, literal a), de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de

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la pensión gracia, así:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del
29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y
cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento. 25

Por lo tanto, la decisión de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, no se ajustó a la
interpretación para el estudio de la pensión gracia.

Así, con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y
apreciados en conjunto, conforme a las reglas de la sana crítica, a esta Sala no le
queda duda que la accionante acreditó el requisito de 20 años de prestación de
servicios de la siguiente forma: lapso de 27 de enero de 1976 al 20 de febrero de
1983, 21 de febrero de 1983 al 31 de enero de 1984 y del 12 de febrero de 1985 al
31 de enero de 1989 y del 27 de enero de 2003 al 3 de septiembre de 2017, los
cuales corresponden a 23 años, 4 meses y 10 días, adquiriendo el status el 24 de
junio de 2014, empero se atenderá la fecha indicada por la primera instancia de 4
de septiembre de 2015, en aplicación del principio de no reformatio in pejus.

2.6. Conclusión

Teniendo en cuenta lo descrito previamente, la Sala considera que la sentencia de
primera instancia deberá ser confirmada íntegramente, toda vez que la docente
Beatriz Cotrino Trujillo cumplió con todos los requisitos exigidos por las normas que
regulan la pensión gracia, y por tanto es beneficiario de dicha prestación legal. Así
mismo, se observa que las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la sentencia de 11 de marzo de 2022 se ajustan a los preceptos
legales y jurisprudenciales que aplican para el caso concreto tal y como se analizó
en esta providencia.

2.7. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí

25 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales
trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.

2.8. Otras órdenes

Finalmente, en el índice 15 de las actuaciones registradas en el Sistema de Gestión
Judicial-Samai, se vislumbra que el profesional del derecho Omar Trujillo Polanía
radicó poder general conferido por la Ugpp y sustitución que realizó a la abogada
María Camila Camargo Rueda, por consiguiente, se efectuará el respectivo
reconocimiento de personería adjetiva como apoderado principal y apoderada
sustituta, respectivamente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de marzo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda radicada por la señora Beatriz Cotrino
Trujillo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, por las razones
indicadas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: RECONOCER al abogado Omar Trujillo Polanía, identificado con
cédula de ciudadanía 1.117.507.855 de Florencia y tarjeta profesional 201.792 del
C.S de la J., como apoderada judicial principal de Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP,
en los términos del poder general conferido.

CUARTO: RECONOCER a la abogada María Camila Camargo Rueda, identificada
con cédula de ciudadanía 1.090.492.389 de Cúcuta y tarjeta profesional 340.484
del C.S de la J., como apoderada judicial sustituta de Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP,
en los términos de la sustitución del poder otorgado.

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QUINTO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen y
efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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