Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-01046-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2020-01046-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-01046-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-01046-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Ejecutivo
Radicación: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
Demandado: Nación, Rama Judicial
Tema: Excepción de pago. Intereses moratorios de acuerdo con el
CPACA.
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte ejecutada contra la
sentencia proferida el 31 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se declaró no probada la excepción de pago y,
en consecuencia, se ordenó seguir adelante con la ejecución.
I.- Antecedentes
1.1. La demanda
1. Jairo Enrique Alvarado Alfonso presentó demanda ejecutiva, en orden a que se
librara mandamiento de pago en contra de la Rama Judicial, en los siguientes
términos:
«1.1. Por la suma de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y
UN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($172´041.913,oo) POR
CONCEPTO DE LA DIFERENCIA DEJADA DE PAGAR POR LOS
INTERESES CAUSADOS Y NO PAGADOS, correspondientes a los valores
debidos y ordenados pagar en la Sentencia de 10 de abril de 2015, proferida
por la Sala de Conjueces, de la Sección Segunda Subsección A de esa
Corporación, dentro del proceso de acción de nulidad y restablecimiento del
derecho [...]» [sic].
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
2. En el acápite de hechos, narró lo siguiente:
2.1. En sentencia del 10 de abril de 2015, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A condenó a la Nación, Rama
Judicial a reconocer y pagar «el equivalente al diez por ciento (10%) mensual de lo que
por todo concepto devenga[ba] como salario mensual un Magistrado de una Alta Corte,
durante el periodo comprendido entre el día 14 de septiembre de 2001, hasta el mes de
enero de 2012, y hasta que permane[ciera] como titular del derecho consagrado en el
decreto 610 de 1998, con los correspondientes reajustes [...]».
2.2. El 4 de agosto de 2015, solicitó el cumplimiento de la sentencia y, el 9 de
septiembre de 2017, la entidad depositó en la cuenta de ahorros las cifras que
calculó para cumplir la sentencia en la Resolución 6541 de 2017; sin embargo, los
intereses no fueron liquidados y pagados correctamente, pues acudió al liquidador
disponible en la página web de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
«ejercicio que obviamente arrojó una cifra inferior a la que efectivamente proyecta esa labor
si la misma se lleva[ba] a cabo teniendo en cuenta lo sentenciado en el mencionado proceso
judicial».
2.3. De acuerdo con la sentencia, los datos que se debían atender para efectos de
liquidar los intereses moratorios eran los siguientes:
Concepto Fecha
Admisión de la demanda 13 de marzo de 2014
Ejecutoria de la sentencia 27 de abril de 2015
Solicitud de cumplimiento 4 de agosto de 2015
Resolución 6541 Octubre de 2017
Pago parcial 9 de noviembre de 2017
2.4. Es decir que los intereses debieron liquidarse a partir del día siguiente a la fecha
de ejecutoria de la sentencia, «por los seis (6) meses siguientes intereses comerciales,
es decir, desde el 27 de abril de 2015 al 26 de octubre de 2015» y, desde el 27 de octubre
de 2015 al 9 de noviembre de 2017, es decir, hasta cuando se pagó la obligación.
El resultado de este cálculo ascendía a $459.836.639 y la diferencia con lo pagado
por la entidad [$287.794.726] era de $172.041.913.
1.2. Mandamiento de pago y el recurso interpuesto
3. En auto proferido el 30 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca libró el mandamiento ejecutivo en los siguientes términos:
«1.- Librar mandamiento de pago a favor del señor JAIRO ENRIQUE
ALVARADO ALFONSO, [...] y en contra de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, a
fin de que proceda dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del presente auto, a pagar la cantidad de ciento setenta y dos
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
millones cuarenta y un mil novecientos trece pesos ($172´041.913), por
concepto de la diferencia dejada de pagar por los intereses causados y no
pagados, ordenados en la Sentencia de 10 de abril de 2015, proferida por este
Tribunal, [...]».
3.1. Para tal efecto, sostuvo que (i) la obligación era clara, expresa y exigible, en
razón a que se ordenó el pago del 80% de lo que por todo concepto devengaba un
magistrado de alta Corte desde el 14 de septiembre de 2001 a enero de 2012,
además, la sentencia quedó ejecutoriada el 4 de agosto de 2015, de manera que
era exigible cuando se presentó la demanda (27 de octubre de 2020), «por cuanto
además, no [habían] transcurrido 5 años desde la ejecutoria de la Resolución n° 6541 de
23 de octubre de 2017, por la cual hubo cumplimiento parcial de la obligación que se
ejecuta»; y (ii) en el acto de cumplimiento se podía observar que la entidad desacató
lo ordenado por el tribunal respecto del pago de los intereses moratorios.
3.2. Realizada la liquidación de los intereses, se podía establecer que ascendían a
$172.041.913, pues se debieron calcular a partir del día siguiente a la ejecutoria de
la sentencia por «los seis (6) meses siguientes intereses comerciales, es decir, desde el
27 de abril de 2015 al 26 de octubre de 2015» [sic] y los moratorios desde el día siguiente
al 9 de noviembre de 2017, fecha del pago.
4. La Rama Judicial presentó recurso de reposición contra la anterior decisión.
Argumentó, en síntesis, que se pagó la obligación en los términos del artículo 192
del CPACA sobre el capital causado que ascendía a $576.236.983; es decir que (i)
los intereses al DTF debían calcularse desde el 27 de abril de 2015 al 27 de febrero
de 2016 y, los moratorios, desde el 28 de febrero de 2016 al 10 de octubre de 2017,
fecha final de la liquidación; (ii) entre esta última y el pago de la obligación, 9 de
noviembre de 2017, se causaron los intereses por la suma de $8.721.525.
5. En auto del 15 de septiembre de 2021 se resolvió «[n]o reponer el auto de
mandamiento de pago», con fundamento en que la entidad aceptó que existía una
diferencia por pagar a favor del ejecutante, aunque no fuera la etapa en la que se
debía precisar el monto de la suma debida, «máxime si por una parte, éste prima facie,
se ajusta[ba] a lo ordenado en el título ejecutivo (sentencia), y por la otra parte, la figura
procedente para lo pedido [era] la excepción de pago de la obligación propuesta donde al
decidirse se [analizaría] con precisión y exactitud cuál [era] el verdadero monto de la
obligación insatisfecha».
1.3. Contestación de la demanda
6. La Nación, Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso
la excepción de «pago de la obligación» con sustento en que la interpretación del
actor, relacionada con que desde la ejecutoria se debían calcular los intereses a la
tasa comercial, era contraria a lo dispuesto en el CPACA.
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
7. El pago ordenado en la Resolución 6541 del 23 de octubre de 2017 daba cuenta
del cumplimiento total de la obligación, en razón a que se dio cumplimiento al
artículo 192 de dicho cuerpo normativo. Asimismo, «atendiendo la fecha final de la
liquidación -19/10/2017- y la fecha en que se realizó el pago efectivo de la obligación -
09/11/2017-, se encontró que exist[ía] una diferencia a favor de la parte demandante que
[ascendía] a la suma de $8.721.525,oo, respecto de la cual [...] se deb[ían] liquidar y pagar
intereses moratorios hasta la fecha en que se haga efectivo el pago».
1.4. Sentencia de primera instancia
8. En sentencia proferida el 31 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria1, resolvió (i) declarar «no
prospera» la excepción de pago de la obligación; (ii) seguir adelante con la ejecución
por la suma de $124.853.570.25, en razón de la diferencia dejada de pagar por los
intereses ordenados en la sentencia del 10 de abril de 2015; y (iii) no condenar en
costas.
9. Para tal efecto, se detuvo en el marco normativo y jurisprudencial de los
siguientes asuntos: (i) la acción ejecutiva; (ii) ejecución de sentencias judiciales de
condena que imponen al pago de sumas dinerarias; y (iii) procedencia del proceso
ejecutivo para obtener el pago de una condena económica que se reputa
parcialmente incumplida. A continuación, abordó lo relacionado con el título
ejecutivo y resolvió el caso concreto en los siguientes términos:
10. Respecto del método o fórmula empleada para calcular los intereses, la entidad
se distanció de lo ordenado en la sentencia objeto de recaudo, así como de los
artículos 192 y 195 del CPACA y de la sentencia C-604 de 2012, lo cual dio un
resultado adverso a los intereses del ejecutante y que, a su vez, dio lugar a un pago
parcial y no total «como debió ser, habida cuenta que estando configurada la mora en el
pago de lo ordenado, por más de 10 meses, contados desde la ejecutoria de la sentencia,
procedió [...] a liquidar ilegalmente los intereses moratorios» de 2 maneras:
10.1. Por 10 meses contados desde la ejecutoria de la sentencia —27 de abril de
2015— hasta el 27 de febrero de 2016 a la tasa equivalente al DTF, lo cual
desconoció que la mora en el pago ya superaba más de los 2 años y, por tanto, ya
no procedía esta forma de liquidación, «debiendo entonces liquidarse el interés
moratorio a esta tasa y no con la seleccionada del DTF que no debió utilizarse porque el
1 Con salvamento de voto del magistrado Carlos Enrique Berrocal Mora, en el cual sostuvo que «la
sanción o castigo para la entidad que no paga sus condenas monetarias dentro de los diez meses
establecidas en la norma del caso, es claramente la modificación de la tasa que se aplica a la
causación de los intereses moratorios y que la hace más gravosa para el condenado, pero de
ninguna manera la pérdida de la prerrogativa o trato especial que le permite pagar dentro de esos
primeros diez meses bajo la tasa DTF».
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
Estado incumplió el plazo para el pago ordenado», de conformidad con lo previsto en el
artículo 195 del CPACA. Ello, por cuanto esta norma solo se debía aplicar cuando
el Estado cumpliera con los plazos para el pago, en caso contrario, los intereses se
causaban a la tasa comercial desde la ejecutoria.
10.2.Los calculó desde el 28 de febrero de 2016 al 27 de octubre de 2017 a la tasa
comercial «por creer erradamente que esta clase de intereses se liquida[ba]n a partir del
vencimiento de los primeros 10 meses de mora, cuando como ya se dijo al superar la mora
los dos (2) años, lo procedente era liquidar la totalidad de los intereses moratorios a la tasa
comercial».
11. Por lo anterior, la entidad solo pagó por concepto de intereses la suma de
$28.794.726, aun cuando, al tenor de los artículos 192 y 195 del CPACA, debía
pagar la totalidad de los intereses con la tasa comercial, es decir, sin la división de
la tasa al DTF por los primeros 10 meses.
12. Si bien se libró mandamiento de pago por $172.041.913, era procedente
modificar la suma, en razón a que el cálculo se debía efectuar desde el día de la
presentación de la solicitud de pago, esto es el 4 de agosto de 2015, con sustento
en el inciso 5 del artículo 192 ibidem, hasta el 9 de noviembre de 2017 y con un
capital de $576.236.983.
13. La liquidación debía tener en cuenta los siguientes parámetros:
Fecha de admisión de la demanda 13 de marzo de 2014
Fecha de ejecutoria de la sentencia 27 de abril de 2015
Fecha de inicio de la mora 5 de agosto de 2015
Resolución 6541 del 19 de octubre de
Fecha de corte de intereses
2017
Fecha de pago 9 de noviembre de 2017
14. Los intereses moratorios comerciales se debían liquidar a partir del día siguiente
a la reclamación, esto es el 4 de agosto de 2015 hasta el 9 de noviembre de 2017,
suma que ascendía a $412.648.296.25, a la cual se debía deducir lo ya pagado. Por
ello, la suma adeudada era de $124.853.570.25.
1.5. Recurso de apelación
15. Contra la anterior decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de apelación y
lo sustentó en los siguientes términos:
16. Si la interpretación del artículo 195 del CPACA fuera la adoptada por el a quo,
desde el 2 de julio de 2012, todas las liquidaciones a nivel nacional y en todas las
entidades se habrían calculado en esos términos.
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
17. La interpretación correcta de dicha norma, a la luz de la sentencia C-604 de
2012, consistía en que en los primeros 10 meses, contados desde la ejecutoria del
título ejecutivo, se debían calcular a la tasa DTF y, vencido el término, a la tasa
comercial. Ello, por cuanto el objeto de la norma era garantizar las facilidades para
la aplicación de las reglas de presupuesto; «sin embargo, este beneficio se mant[enía]
hasta cumplido el plazo, vencido el cual, iniciará el cálculo de la tasa comercial de interés
moratorio», tal como se sostuvo en la Circular 10 del 13 de noviembre de 2014
expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
18. La interpretación que se le dio a la norma contenía una doble sanción, pues la
entidad ya había sido condenada y sobre ese valor no solo se reconocía y pagaba
la indexación, sino que a partir de la ejecutoria debían pagarse los intereses.
19. La liquidación que debía atenderse era la siguiente:
«[...]
LIQUIDACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 6541 DE OCTUBRE DE 2017
CAPITAL 576.236.983,00
INTERESES DE LA EJECUTORIA 27 DE ABRIL DE 287.794.726,00
2015 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017
TOTAL 864.031.709,00
RELIQUIDACIÓN INTERESES AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA
DE PAGO
CAPITAL 576.236.983,00
INTERESES DE LA EJECUTORIA 27 DE ABRIL DE 296.513.251,00
2015 A LA FECHA DE PAGO EL 9 DE NOVIEMBRE DE
2017
TOTAL 872.753.234,00
DIFERENCIA A RELIQUIDAR
DIFERENCIA 8.721.525,00
INTERESES DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA 8.233.100,00
DE PAGO 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LA FECHA
DE RELIQUIDACIÓN 24 DE MAYO DE 2022
TOTAL 16.954.625,00
[...]»
1.6. Trámite de segunda instancia
20. En auto del 1 de junio de 2023 se resolvió admitir el recurso de apelación
interpuesto por la entidad ejecutada contra la sentencia proferida el 31 de marzo de
2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los términos de la Ley
2080 de 2021.
21. En proveído del 17 de noviembre de 2023 se dispuso que no había pruebas por
practicar ni se consideraba necesario decretar alguna de oficio.
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
II. Consideraciones
2.1. Competencia
22. De conformidad con el artículo 442 del Código General del Proceso2, en el
proceso ejecutivo, cuando se trata del cobro de obligaciones contenidas en una
providencia, «solo podrán alegarse» las excepciones de pago, compensación,
confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, las cuales se resuelven
mediante sentencia.
23.En el caso concreto, el 31 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió -entre otras cosas- declarar no probada la excepción de
pago y seguir adelante con la ejecución, es decir, profirió una sentencia.
24. En consecuencia, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación
es competente para conocer del recurso de apelación presentado por las partes, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as
salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en
Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problemas jurídicos
25. Se circunscribe a resolver los siguientes interrogantes:
25.1. ¿Si la entidad que adeuda una suma de dinero no cumple con la obligación
dentro de los 10 meses previstos en el artículo 195 del CPACA debe pagar
los intereses a la tasa comercial desde la fecha de ejecutoria de la sentencia
que impuso la condena?
25.2. ¿La Rama Judicial cumplió con la obligación y, por lo tanto, debe declararse
probada la excepción de pago?
26. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se abordará el marco normativo y jurisprudencial del
proceso ejecutivo, la carga probatoria y la excepción de pago; segundo, se
reseñarán los hechos probados; y tercero, se resolverá el caso concreto.
2 En adelante CGP.
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. El proceso ejecutivo
27. El mandamiento de pago es la primera decisión en el proceso ejecutivo y «en
cierta forma equivale al auto admisorio de la demanda que se dicta en un proceso ordinario,
pero con notables diferencias»3. Esta Subsección la ha definido como «una orden
judicial provisional de cumplir perentoriamente con una obligación que reúna las
condiciones de un título ejecutivo [...]»4.
28. Conforme con el artículo 430 del CGP, radicada la demanda y acompañada del
documento que preste mérito ejecutivo que contenga una obligación clara, expresa
y exigible, el juez podrá inadmitir la demanda o librar el mandamiento de pago.
29. Cuando la demanda ejecutiva no contenga los requisitos previstos en los
artículos 162 [contenido de la demanda5], 166 [anexos de la demanda] del CPACA
y 906 del CGP, el juez deberá inadmitirla, pero únicamente por estas razones y no,
por ejemplo, cuando faltan los documentos necesarios para integrar el título
ejecutivo.
30.En caso contrario, si la demanda cumple con los requisitos antes mencionados,
se procederá a librar el mandamiento de pago. El artículo 298 del CPACA,
modificado por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021, estableció lo siguiente:
«Artículo 298. Procedimiento. Una vez transcurridos los términos previstos
en el artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido la condena
impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el
factor de conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas
en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa
solicitud del acreedor.
Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un
laudo arbitral en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento
ejecutivo se librará, previa solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis
3 Rodríguez Tamayo, Mauricio Fernando. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.
Edición 6, 2021, pág. 510.
4 Auto del 8 de agosto de 2017, radicación 68001-23-33-000-2016-01034-01 (1915-17).
5 Según este canon, la demanda deberá contener, entre otras cosas, lo siguiente: (i) la designación
de las partes y sus representantes; (ii) lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad; (iii)
los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados,
clasificados y numerados; (iv) los fundamentos de derecho de las pretensiones; (v) la petición de las
pruebas que el demandante pretende hacer, pero deberá aportar las documentales que se
encuentren en su poder; y (vi) el lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda
recibirán las notificaciones. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.
6 Conforme con el cual, la demanda será inadmitida cuando no reúna los requisitos formales, no se
acompañen los anexos ordenados por la ley, las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos
legales, quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo
proceso, entre otros.
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
(6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se
señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las
sentencias como título ejecutivo. En este caso, se observarán las reglas
establecidas en el Código General del Proceso para la ejecución de
providencias judiciales.
[...]» [se resalta]
31. A su turno, el artículo 430 del CGP estableció 2 opciones para librar el
mandamiento ejecutivo: (i) cuando fuere procedente, en la forma pedida por la parte
ejecutante; y (ii) en la que el juez considere legal. Respecto de esta última, esta
Sección ha señalado que el juez «debe sustentar su decisión en argumentos razonables
para lo cual puede apoyarse en cálculos y operaciones matemáticas»7. Adicionalmente,
en esta providencia se ordenará «al demandado que cumpla la obligación» y los
requisitos formales del título, «sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición
contra el mandamiento ejecutivo».
32. Además, si el proceso versa sobre el pago de sumas de dinero, el juez ordenará
el pago con los intereses desde la ejecutoria de la sentencia hasta la «cancelación»
de la deuda. En caso de prestaciones periódicas, «la orden de pago comprenderá,
además de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen», según el artículo 431
ibidem.
33. Ahora bien, de conformidad con el artículo 438 del CGP, «[e]l mandamiento
ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de
reposición lo revoque, lo será en el suspensivo». Idéntica disposición se plasmó en el
artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, pues
en el numeral 1 dispuso que será apelable el auto «que rechace la demanda o su
reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo», caso en el cual,
el recurso deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término
previsto para recurrir [parágrafo 2] y se concederá en el efecto suspensivo. De
conformidad con el literal g) del artículo 125 ibidem8, el conocimiento del recurso de
apelación será competencia de la Sala o Subsección.
34. Lo anterior significa que, cuando el juez libra dicha providencia en la forma
pedida por el ejecutante, la decisión no será apelable, mientras que si de los cálculos
concluye que la obligación es menor o que no se deben incluir aspectos que no
fueron ordenados en el título de recaudo, pero sí fueron solicitados o, simplemente,
7 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicación 17001-23-33-
000-2018-00112-01 (6127-19).
8 «Artículo 125. De la expedición de providencias. [...] 2. Las salas, secciones y subsecciones
dictarán las sentencias y las siguientes providencias: [...] g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3
del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra
estas». [se resalta]
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
que no hay lugar a librarlo [por citar un ejemplo], lo negará total o parcialmente,
según el caso y procederá el recurso de apelación.
35. En línea con lo anterior, si el mandamiento de pago se niega total o
parcialmente, la competencia radica en la Sala, Sección o Subsección al tenor del
literal g) del numeral segundo del artículo 125 del CPACA, modificado por el artículo
20 de la Ley 2080 de 2021, de cuyo tenor literal se extrae que será competencia de
las salas, secciones y subsecciones expedir los autos enunciados «en los numerales 1
a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de
apelación contra estas».
36.Por el contrario, si el mandamiento ejecutivo se libra en la forma pedida, se
deberá acudir a la regla prevista en el numeral 3 del artículo 125 del CPACA, esto
es que «será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias
interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelve
el recurso de queja».
37. Es del caso precisar que, si bien es cierto que el artículo 298 ibidem estableció
que vencidos los términos previstos en el artículo 192 del código, sin que se haya
cumplido la condena impuesta, «el juez o magistrado competente» adoptará la
decisión inicial, también lo es que se refiere al escenario en que se debe librar el
mandamiento ejecutivo, pero no es un referente normativo para determinar la
competencia de la Sala o el ponente, en razón a que no enunció expresamente las
3 alternativas que pueden ocurrir en esta etapa procesal: librarlo, no librarlo o librarlo
parcialmente.
38. En efecto, la norma citada (i) se refirió al magistrado competente, no al
magistrado ponente; y (ii) incluye el adjetivo competente para referirse al
conocimiento por factor de conexidad y las reglas que deben seguirse para iniciar
el proceso ejecutivo.
39. Ciertamente, la lectura armónica de cada una de las expresiones del artículo
298 citado, conllevan a concluir que en este no se determinó la competencia para
proferir el mandamiento ejecutivo, sino las reglas que debe seguir el magistrado
competente por el factor de conexidad. En ese orden de ideas, comoquiera que en
el CPACA se fijó una regla explícita para aquellos autos que lo nieguen total o
parcialmente, es esta la que debe atenderse.
40. Ahora bien, cuando se trata de ejecución de sentencias judiciales, dentro de los
10 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, la entidad
únicamente podrá proponer las excepciones previstas en el artículo 442 del CGP y
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
«su prosperidad pende, de que dichas circunstancias se hubiesen presentado con
posterioridad a la existencia de la providencia judicial constitutiva del título9»10. Estas son:
«Artículo 442. Excepciones. La formulación de excepciones se someterá a
las siguientes reglas:
[...]
2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia,
conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional,
sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión,
novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en
hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida
representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la
cosa debida.» [se resalta]
41. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia señaló lo que a continuación se
transcribe11:
«Con respaldo en lo señalado, puede afirmarse que el legislador ha querido
que cuando el «título ejecutivo» sea una «providencia judicial» que haya
condenado a alguna de las partes o en la que fue provocada la terminación
del litigio por conciliación o transacción, las excepciones están limitadas a la
lista taxativa que fue referida en el párrafo precedente, con el propósito de
evitar dilaciones injustificadas en la materialización del derecho sustancial
reconocido.»
42. Estas excepciones tienen como único objeto desvirtuar o enervar las
pretensiones de la demanda y, de conformidad con el artículo 442 transcrito, solo
podrán ser alegadas cuando se trate de hechos posteriores al título de recaudo,
pero antes de que se profiera el mandamiento ejecutivo, pues con posterioridad a
este, en caso de expedirse un acto administrativo que lo acate, se comprenderá que
se trató del cumplimiento de la orden impartida en aquel, en razón a que el artículo
431 del CPACA prevé que, cuando se trata de sumas de dinero, «se ordenará su
pago en el término de cinco (5) días, con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta
la cancelación de la deuda».
43. Por ello, al momento de «contestar la demanda», la entidad ejecutada podrá optar
por lo siguiente: (i) guardar silencio; (ii) contestar la demanda y no proponer
excepciones; (iii) proponer excepciones de aquellas previstas en el artículo 442 y
9 Así lo reiteró la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sentencia del 27 de julio de 2005,
Expediente 23.565, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Criterio reiterado por la misma sección, en el
auto del 30 de enero de 2008, Expediente 30.240, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y por la Subsección
“C”, en la Sentencia del 7 de febrero de 2011, Expediente 35.822, C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
10 Al respecto, consultar: Rodríguez Tamayo. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.
6ª Ed., 2021, pág. 782.
11 Sentencia proferida el 18 de enero de 2018, STC136-2018, radicación 11001-22-10-000-2017-
00806-01.
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
otras que no lo estén; (iv) proponer exclusivamente las excepciones de ese mismo
artículo. La etapa subsiguiente, dependerá de la actuación de la ejecutada.
44. En primer lugar, si la entidad decide guardar silencio o no proponer excepciones
oportunamente, el juez ordenará «por auto que no admite recurso», el remate y el
avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si
fuere el caso, o seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las
obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del
crédito y condenar en costas al ejecutado; así lo prevé el artículo 440 del CGP.
45. En segundo lugar, si la entidad propone las excepciones previstas en el artículo
442, pero también otras que no lo están, procederá lo siguiente: (i) se rechazarán
de plano las excepciones improcedentes12 mediante auto [de ponente] que será
apelable, de conformidad con el numeral 4 del artículo 321 del CGP13; (ii) se correrá
traslado de las excepciones que sí estén contenidas en el artículo 442 para que el
ejecutante «se pronuncie sobre ellas, y adjunte o pida las pruebas que pretende hacer
valer»; y (iii) se proferirá la sentencia.
46. Y, en tercer lugar, si la ejecutada propone exclusivamente una o varias
excepciones señaladas por el artículo 442 citado, se procederá de la misma manera
que el punto (iii) del párrafo anterior, es decir, se dictará la sentencia.
47. Si la sentencia de excepciones es totalmente favorable al demandado se dará
por terminado el proceso, se ordenará el desembargo de los bienes «y se condenará
al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquél haya sufrido con ocasión de las
medidas cautelares y del proceso»; por el otro, si las excepciones «no prosperan o
prosperan parcialmente», «en la sentencia se ordenará seguir adelante la ejecución en
la forma que corresponda». Esta, la sentencia, hace tránsito a cosa juzgada.
48. Esta, la orden de seguir adelante con la ejecución se puede impartir mediante
auto o sentencia. En el primer caso, procederá cuando no se propongan las
excepciones indicadas por el artículo 442 del CGP y contra la decisión no
procederá recurso alguno, mientras que la sentencia que resuelva las que sí son
procedentes, expedida por la sala, sección o subsección, será susceptible del
recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 243 del CPACA.
49. Ciertamente, lo anterior fue previsto también por el CGP al regular la liquidación
del crédito cuando estableció que «[e]jecutoriado el auto que ordene seguir adelante
la ejecución o notificada la sentencia que resuelve sobre las excepciones siempre que
12 Al respecto, consultar: Rodríguez Tamayo. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.
6ª Ed., 2021, pág. 782.
13 «Artículo 321. [...] También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:
[...] 4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las
excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.» [se resalta]
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
no sea totalmente favorable al ejecutado, cualquiera de las partes podrá presentar la
liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la
fecha de su presentación [...]», e, igualmente, por el parágrafo del artículo 298 del
CPACA, según el cual «[l]os defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por
el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según
fuere el caso».
50. En este punto, es preciso señalar que, cuando se trate de recursos de apelación
presentados contra sentencias en vigencia de la Ley 2080 de 2021, el trámite de la
segunda instancia deberá ser adelantado conforme con los mandatos del CPACA,
pues así lo interpretó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en el auto de
unificación proferido el 12 de septiembre de 202314, en el cual se fijó la siguiente
regla:
«PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA, estableciendo que el régimen
aplicable para la procedencia y trámite del recurso de apelación interpuesto
en vigencia de la Ley 2080 de 2021 contra una sentencia proferida en un
proceso ejecutivo es el previsto en el artículo 247 del CPACA. Esta regla no
se hace extensiva a la ejecución en materia de contratos de que trata el
artículo 299 ibidem.»
2.3.2. La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago
51. De acuerdo con lo señalado en el acápite anterior, del ejercicio probatorio que
realice la entidad para sustentar las excepciones y, por consiguiente, desvirtuar las
pretensiones, dependerá si se declaran probadas o no aquellas previstas en el
artículo 442 del CGP. Es recurrente que el Estado, cuando actúa como deudor en
procesos de esta naturaleza, acuda a la excepción de pago, en razón a la obligación
contenida en el título [entregar sumas de dinero].
52. En efecto, el pago es una forma de extinción de las obligaciones, de conformidad
con el numeral 1 del artículo 1625 del Código Civil que dispuso:
«Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en
que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo,
consientan en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1° Por la solución o pago efectivo;
[...]»
14 Radicación 11001-03-15-000-2023-00857-00.
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
53. A su vez, los artículos 1626 y 1627 ibidem prevén que el pago efectivo «es la
prestación de lo que se debe» y que se hará «bajo todos los respectos en conformidad al
tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes».
54. Es decir que este tiene como objeto que el deudor satisfaga la obligación y, por
consiguiente, que deje de existir. Del mismo modo, desaparece el derecho del
acreedor a exigirla, pero para ello, aquel [el deudor] tendrá la carga de demostrar
que, efectivamente, se entregó la acreencia.
55. Al respecto, en la sentencia del 18 de noviembre de 1991, la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo lo siguiente:
«De hecho, el artículo 1626 del C. c. define el pago como la “prestación
efectiva de lo que se debe”. Y el artículo 1627 ib. prescribe que “el pago se
hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación...”.
En el anterior orden de ideas, si, como ha sido dicho, la prestación a cargo
del deudor es dineraria, lo debido será dinero. De modo que solo entregando
la cantidad de signos monetarios que, con referencia a determinada unidad
de cuenta, constituyan el objeto de la prestación, el deudor quedará liberado
de la obligación. O para expresarlo con una fórmula del derecho de
obligaciones, el dinero se encontrará no solo “in solutione”, sino también “in
obligatione”». [se resalta]
56. Igualmente, la doctrina se ha pronunciado respecto del pago como forma de
extinguir las obligaciones, así15:
«Indistintamente, tanto en el lenguaje como en el corriente, se dice pagar,
solucionar, cumplir, cancelar, satisfacer una obligación, para significar la
ejecución de la prestación por parte del deudor y, más ampliamente, la
satisfacción del acreedor. Pago (de pacare = satisfacer, pacificar, aplacar) o
solución es la ejecución de la prestación debida, cualquiera que sea la clase
de la obligación, aun cuando en el habla usual el pago se refiere más a las
obligaciones de entregar y, dentro de ellas, más concretamente, a las
pecuniarias: pago = cancelar una deuda, usualmente, una obligación de
dinero.»
57. Es así, entonces, que la obligación se extinguirá únicamente cuando se cumpla
en su totalidad, esto es se pague al acreedor no solo el capital, sino también los
intereses cuando exista retardo, tal como lo prevé el artículo 1649 del Código Civil16.
15 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. 3ª Ed. I, Universidad Externado de Colombia,
2002, pág. 571.
16 «Artículo 1649. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba,
salvo el caso de convención contraria; i sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos
especiales. El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se
deban.»
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
58. Por consiguiente, para que el juez pueda dar por acreditado el pago, el deudor
debe aportar el documento que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tesis
que ha prohijado esta corporación, por ejemplo, en la sentencia proferida el 9 de
septiembre de 2021, en la cual se consideró lo siguiente17:
«De lo expuesto la Sala no puede concluir nada distinto a que la deuda sigue
pendiente del pago total puesto que si bien se emitieron los aludidos actos
administrativos con el fin de cumplir con lo ordenado en los fallos judiciales,
no es menos cierto que la entidad ejecutada no demostró haber realizado el
pago total, pues de los argumentos de su apelación no se puede extraer que
la obligación esté plenamente satisfecha ante la liquidación efectuada por el a
quo.»
59. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la
obligación recae exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103 del
CPACA y 167 del Código General del Proceso, establecen que «[q]uien acuda ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional
de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la
obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código» y,
también que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
60. Asimismo, la doctrina18 ha señalado que, en los procesos ejecutivos, «[a]l
demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuesto a las
normas legales en que fundamenta sus excepciones», consideración que encuentra
razón, precisamente, en el artículo 1757 del Código Civil, conforme con el cual
«[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».
61. En el mismo sentido, esta Sección, en sentencia de tutela del 28 de febrero de
201619, consideró lo siguiente:
«Nótese que cuando el título ejecutivo es una sentencia judicial, la norma es
enfática al limitar las excepciones que se pueden proponer, entre las que se
encuentra “el pago”.
De acuerdo con lo anterior, el medio de defensa idóneo, en caso de que se
libre mandamiento ejecutivo en contra de una entidad de derecho público, es
la proposición de excepciones de mérito. En este caso, la excepción de pago,
para lo cual tendrá la carga probatoria de acompañar los documentos o actos
administrativos que demuestren el pago, o en su defecto, pedir las pruebas
que pretenda hacer valer para demostrarlo.
[...]
17 Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2017-03557-01 (0341-20).
18 Devis Echandía Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Tomo II, Ed. 5ª, Temis, pág. 482.
19 Subsección A, radicación 11001-03-15-000-2016-00153-00 (AC).
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
Así mismo, la entidad que pretenda librarse de la obligación de pagar una
condena impuesta en una sentencia proferida por un juez de lo contencioso
administrativo, deberá, una vez librado el mandamiento ejecutivo, alegar las
excepciones enlistadas en el inciso 2º del artículo 509 del C.P.C., o el artículo
442 del CGP – según la norma aplicable a cada caso-.
En esa medida, no se hace obligatorio para quien inicia un proceso ejecutivo
arrimar copia auténtica de los actos administrativos que cumplieron parcial o
totalmente la condena contenida en la sentencia, porque la carga de la prueba
de quien alega el pago, es quien se pretende beneficiar con la declaratoria del
mismo.» [se resalta]
62. Súmese a lo expuesto que esta Subsección, respecto de la orden de seguir
adelante con la ejecución, ha señalado lo que se transcribe a continuación 20:
«La orden de seguir adelante, significa que el juez encuentra que el título
ejecutivo se ajusta por completo a la legalidad y que, por tanto, el deudor debe
proceder a honrar la obligación insatisfecha. En esta etapa, queda agotada la
defensa del ejecutado y lo que queda por resolver, es únicamente la
satisfacción definitiva y completa del crédito cobrado judicialmente. De ahí
que las acciones que debe desplegar la justicia a partir de la ejecutoria de la
orden de seguir adelante con la ejecución, estarán entonces encaminadas
exclusivamente a obtener el pago a favor del acreedor y una vez ese hecho
se produzca, se deberá disponer la terminación del proceso ejecutivo.»
63. Entonces, la naturaleza de esta decisión se circunscribe a verificar que el título
ejecutivo se ajuste a la legalidad y a determinar si subsiste o no la obligación a cargo
del deudor; es en la etapa siguiente, esto es la liquidación del crédito, que se
determinará con exactitud el monto de la deuda y se podrán tener en cuenta los
abonos o pagos efectuados. Así lo comprendió la Corte Constitucional21 cuando
indicó que, en ese momento procesal «(i) ya se ha proferido un mandamiento de pago
en el que se ha señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme que decide
en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando se hizo
exigible; y (iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad
monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Así las cosas, las operaciones que
restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a pagar en moneda nacional,
si es el caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se establece a partir del tiempo
trascurrido desde que la obligación se hizo exigible [...]» [se resalta].
64. Igualmente, esta Subsección ha señalado que la liquidación del crédito «es un
acto procesal encaminado a precisar y concretar el valor de la ejecución, con la previa
realización de las operaciones matemáticas que se requieran e incluyendo los distintos
ítems o componentes por los cuales se libró el mandamiento de pago y luego se ordenó
seguir adelante con la ejecución -capital, intereses, costas, etc.-»; también se puntualizó
20 Auto del 18 de mayo de 2017, radicación 15001-23-33-000-2013-00870-02 (0577-17).
21 Sentencia C-814 de 2009.
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
que en esta oportunidad «deberá incluirse cualquier abono o pago parcial que haya
sido efectuado por el deudor luego de ser notificado del mandamiento ejecutivo»22.
65. Esto, en consonancia con lo expuesto en párrafos anteriores: las excepciones
señaladas en el artículo 442 del CGP solo se alegarán cuando se trate de hechos
posteriores a la sentencia condenatoria pero antes de que se profiera el
mandamiento ejecutivo. Si el acto administrativo y la liquidación se expiden después
de este momento procesal, se tendrá como el cumplimiento a aquel [el
mandamiento] y, por consiguiente, como un abono a la deuda que deberá ser tenida
en cuenta al momento de liquidar el crédito.
66. El artículo 446 del estatuto procesal general prevé que, después de seguir
adelante con la ejecución, «cualquiera de las partes» podrá presentar la liquidación
del crédito con los documentos que la sustenten y, de esta, se dará traslado a la
otra parte, quien «solo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo
trámite deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se
precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada», disposición que,
sin asomo de duda, garantiza los derechos al debido proceso de las partes, pues,
si es del caso, la entidad podrá objetar los cálculos del demandante, en el sentido
de descontar los abonos que hubiera efectuado.
67. Incluso, esa garantía se extiende en la etapa que le sigue, pues el artículo citado
también dispuso que de la misma manera se procederá cuando se trate de
actualizarla en los casos previstos en la ley, «para lo cual se tomará como base la
liquidación que esté en firme».
68. Las consideraciones anotadas anteriormente permiten corroborar que (i) la
excepción de pago procederá cuando la obligación se cumplió después de haberse
proferido la sentencia objeto de recaudo y antes de la presentación de la demanda;
(ii) cuando se trate de pagos realizados después de esa etapa procesal, se deberá
tomar como un abono; y (iii) nada impide que en la liquidación del crédito se puedan
efectuar los descuentos correspondientes [por pagos parciales].
2.4. Hechos probados
69. En el expediente está demostrado lo siguiente:
69.1.En la sentencia proferida el 10 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, se resolvió -entre otras cosas- que «[l]os valores a pagar
devengar[ían] intereses a partir de la ejecutoria de [la] sentencia y hasta cuando [hubiera]
pago efectivo, en los términos de los artículos 192 y 195 ibídem» [sic]. En la parte
considerativa se expuso lo siguiente:
22 Óp. Cit. 14.
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
«En consecuencia, atendiendo la cosa juzgada constitucional se reconocerán
intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, siempre que se
den los supuestos de hecho y de derecho consagrados en los artículos 192 y
195 del C.P.A.C.A.
Por tal razón, la Sala ordena que no se incurra en mora en el pago respectivo,
pues ello perjudicaría no solo al actor sino también al erario público y en
últimas al contribuyente, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional, que
insiste en que se cumplan las sentencias en el menor tiempo posible:
“Primera.- Según el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo,
“Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia
dictarán, dentro del término de treinta (39) días contados desde su
comunicación, la resolución correspondiente, en la que se adoptarán las
medidas necesarias para su cumplimiento”. Lo anterior implica que tales
autoridades deben hacer cuanto esté a su alcance para cumplir las
sentencias en el menor tiempo posible. Esto, con el fin de evitar que se
causen, en perjuicio del tesoro público, los intereses comerciales y de
mora consagrados en el inciso final del mismo artículo 177. El dilatar
injustificadamente el cumplimiento de esta clase de fallos no sólo
perjudica a los beneficiarios de los mismos, sino que representa una
carga exagerada para el erario, y en últimas, para el contribuyente”23
Debe dársele cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 192 y 195 del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Por tal razón, se ordenará que ejecutoriado este fallo, sea cumplido
oportunamente a efectos de garantizarle al actor su derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia en cuanto al debido cumplimiento de las
providencias judiciales, invocando la sentencia C-188 de 1999, de la Corte
Constitucional.»
69.2. El 4 de agosto de 2015, el actor solicitó el pago de la condena impuesta.
69.3. Mediante la Resolución 6541 del 23 de octubre de 2017 expedida por el
director ejecutivo de administración judicial, se dio cumplimiento a la sentencia, en
el sentido de reconocer la suma de $864.031.709, a la cual se le dedujeron
$113.169.295 por concepto de retención en la fuente. En la parte considerativa del
acto administrativo se anotó lo siguiente:
«8.) De conformidad con la Certificación del Sistema de Recursos Humanos
y Nómina denominado KACTUS y la certificación expedida por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Bogotá, se establece que, para el periodo
que ordena liquidar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección A, el doctor JAIRO ENRIQUE ALVARADO ALFONSO
prestó sus servicios en la Rama Judicial en la Corte Suprema de Justicia Sala
de Casación Civil, de acuerdo a la certificación que reposa en el expediente.
23 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-103 de 1994. M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
9.) Que teniendo en cuenta todo lo anterior y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005, a continuación se
procede a efectuar la correspondiente liquidación de acuerdo con fallo del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
A, mediante sentencia de fecha 10 de abril de 2015, debidamente ejecutoriado
el 27 de abril de dos mil quince 2015, así:
[...]
10.) Que atendiendo la Sentencia de la Corte Constitucional C-604 del 1º de
agosto de 2012, el concepto emitido por el Consejo de Estado de fecha 29 de
abril de 2014 Radicación Interna No 11001-03-06-000-2013-00517-00, las
directrices establecidas en la Circular Externa número 10 del 13 de Noviembre
de 2014 emitida por la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado y
lo dispuesto en el Decreto 1342 del 19 de agosto de 2016, existen tres (3)
escenarios para la liquidación de intereses así:
“A) Procesos que iniciaron y finalizaron con sentencia condenatoria,
quedaron debidamente ejecutoriados antes de la entrada en vigencia
de la Ley 1437 de 2011 y que aún no han sido pagados por la Nación.
B) Procesos que iniciaron antes de la entrada en vigencia de la Ley
1437 de 2011, pero cuya ejecutoria fue posterior a la vigencia de dicha
Ley.
C) Procesos que iniciaron y terminaron con sentencia condenatoria
posterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011.”
Conforme a lo anterior, se procede a analizar el caso en particular del
beneficiario de la sentencia objeto de liquidación:
BENEFICIARIO: JAIRO ENRIQUE ALVARADO ALFONSO
FECHA DE ADMISIÓN: 13 DE MARZO DE 2014
RADICADO: 250002342000201300472 - 01
FECHA DE EJECUTORIA: 27 DE ABRIL DE 2015
FECHA DE RADICACIÓN SOLICITUD DE PAGO: 4 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE PAGO: 19 DE OCTUBRE DE 2017
11.) Que para obtener la suma a pagar por concepto de intereses, DTF – e
INTERESES MORATORIOS, se aplica el liquidador disponible en la página
de la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO [...] y
cuyo resumen arrojó:
LIQUIDACIÓN DE INTERESES A LA FECHA DE EJECUTORIA DE LA
SENTENCIA
RESUMEN CAPITAL INDEXADO DEL SEPTIEMBRE 14 DE 2001 A 30 DE ABRIL
DE 2015, PARA LIQUIDAR DTF Y MORATORIOS
CONCEPTOS VALOR
CAPITAL E INDEXACIÓN AÑO 2004 168.642.753
CAPITAL INDEXADO AÑO 2005 48.791.872
CAPITAL INDEXADO AÑO 2006 49.342.780
CAPITAL INDEXADO AÑO 2007 49.132.590
CAPITAL INDEXADO AÑO 2008 48.541.511
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
CAPITAL INDEXADO AÑO 2009 50.139.736
CAPITAL INDEXADO AÑO 2010 50.007.436
CAPITAL INDEXADO AÑO 2011 49.889.987
CAPITAL INDEXADO AÑO 2012 18.948.388
CAPITAL INDEXADO AÑO 2013 16.667.742
CAPITAL INDEXADO AÑO 2014 16.677.004
CAPITAL INDEXADO 1 ENERO A ABRIL 2015 5.639.336
TOTAL 572.421.135
Beneficiario: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
Fecha de Admisión: jueves, 13 de marzo de 2014
Fecha de Ejecutoria: lunes, 27 de abril de 2015
Fecha de Solicitud de Pago: martes, 4 de agosto de 2015
Valor del Crédito Judicial: 572.421.135,00 COP$
Intereses Acumulados: 286.033.780,00 COP$
Valor Total (Crédito + Intereses): 858.454.915,00 COP$
RESUMEN INTERESES DTF Y MORATORIOS
INTERESES TOTAL
INTERESES DTF
MORATORIOS INTERES
CONCEPTO CAPITAL
FECHA FECHA FECHA FECHA ES DTF Y
INICIAL FINAL INICIAL FINAL MORATO
DIFERENCIA 27/04/2015 27/02/2016 28/02/2016 19/10//2017 RIOS
BONIFICACIÓN
COMPENSACIÓN
Y REAJUSTE BONI
COMPENS 572.421.135 286.033.78
21.839.926 264.193.854
APLICACIÓN 0
JURISPRUDENCIA
L ART. 15 LEY 4
DE 1992
SALARIOS CAUSADOS CON POSTERIORIDAD A LA EJECUTORIA
TOTAL
INTERESES INTERESES INTERESES
PERIODO CAPITAL
DTF MORATORIOS DTF Y
MORATORIOS
MAYO DE 2015 1.396.042 56.397 611.666 668.063
JUNIO DE 2015 1.396.042 58.481 580.838 639.319
JULIO DE 2015 1.023.764 44.195 409.369 453.564
TOTAL INTERESES POSTERIOR
159.073 1.601.873 1.760.946
A LA EJECUTORIA
TOTAL INTERESES DTF Y
21.998.999 265.795.727 287.794.726
MORATORIOS
CAPITAL INDEXADO (BONIFICACIÓN) MÁS DTF Y MORATORIOS
PAGOS VALOR
TOTAL DIFERENCIA BONIFICACION CON INDEXACIONES 575.236.983
INTERESES DTF Y MORATORIOS 287.794.726
TOTAL 864.031.709
[...]
15.) Que el presente valor se cancela con fundamento en el Certificado de
Disponibilidad número 13017 del 7 de febrero de 2017 para atender el gasto
por el rubro de sentencias, expedido por el Director Administrativo de la
División de Ejecución Presupuestal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, certificado que se afecta parcialmente por un valor de
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL
SETECIENTOS NUEVE PESOS ML. ($864.031.709), así:
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
RESUMEN SENTENCIA
PAGOS VALOR
CAPITAL BONIFICACION DECRETO 610/1998 864.031.709
TOTAL DEVENGADO POR EL BENEFICIARIO 864.031.709
DEDUCCIONES DE LEY VALOR
[...] [...]
TOTAL A PAGAR BENEFICIARIO 750.862.414
[...]»
2.5. Análisis de la Sala
70. En el recurso de apelación, la Rama Judicial sostuvo que (i) la interpretación
que hizo el a quo del artículo 195.4 del CPACA conllevaba a una doble sanción; y
(ii) la correcta consistía en que, en los primeros 10 meses, contados desde la
ejecutoria del título ejecutivo, se debían calcular los intereses a la tasa DTF y,
vencido este término, a la tasa comercial.
71. Pues bien, los intereses son aquellos «que se pagan para el resarcimiento tarifado
o indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en
la oportunidad debida24»25. En otros términos, tienen una naturaleza sancionatoria y
representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en el cumplimiento de la
obligación; así lo comprendió esta Subsección al señalar que son sumas de dinero
«que debe pagar el deudor desde la fecha en la que se constituye en mora»26 y «cesan
solo en el momento de cancelar la obligación contraída»27.
72. Sobre el particular, en la sentencia proferida el 7 de julio de 202228 esta Sección
sostuvo lo que sigue:
«Los intereses moratorios tienen un carácter eminentemente punitivo y
resarcitorio, por lo que representan la indemnización de perjuicios por la mora
en el cumplimiento de la obligación principal, además, que se causan en virtud
de la ley, sin que sea menester pacto alguno y no requieren prueba más que
el mero retardo. También los caracteriza el hecho de que son exigibles junto
con la obligación principal y de que se deben mientras no se cumpla lo debido.
En consecuencia, cumplen una función compensatoria del daño causado al
acreedor mediante la fijación de una tasa tarifada por el legislador.»
24 PLANIOL, Marcel, Ripert, Geoger: Derecho Civil, V. 8, Harla, México, 1997, pág. 632;
HINESTROSA FORERO, Fernando: Tratado de las Obligaciones, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, 2002, pág. 165. PADILLA, René: La mora en las obligaciones, Astrea, Buenos
Aires, 1983, pág. 225; ALBALADERO, Manuel: Derecho Civil, T. II, Derecho de obligaciones,
Edisofer, Madrid, 2004, pág. 70.
25 Corte Constitucional, sentencia C-604 de 2012.
26 Subsección B, sentencia del 16 de septiembre de 2021, expediente 5967-19.
27 Ibidem.
28 Radicación 25000-23-42-000-2016-04077-01 (1968-2019).
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
73. Cuando se trata de procesos adelantados en la Jurisdicción de lo contencioso
– administrativo que culminan con una sentencia condenatoria al Estado, se causan
por orden legal a partir de la ejecutoria de la sentencia y cesará su pago cuando (i)
la solicitud de cumplimiento de la sentencia objeto de recaudo no se presente dentro
del término ordenado; o (ii) cuando se pague totalmente la obligación.
74. Puede ocurrir que en la sentencia que constituye título ejecutivo se disponga
expresamente el pago de intereses en los términos del CCA o del CPACA o se
guarde silencio. En el segundo evento, aun con la ausencia de la orden en la parte
resolutiva, se causan los intereses moratorios por su naturaleza misma: sancionar
el incumplimiento de la obligación. Este criterio fue explicado por la Sala de Consulta
y Servicio Civil en el concepto del 9 de agosto de 201229 de la siguiente manera30:
«Por lo tanto, en aplicación del artículo 177 del C.C.A. y del artículo 16 de la
ley 446 de 1998 se impone que se deban intereses moratorios a partir de la
ejecutoria de la sentencia condenatoria, así no se haya dispuesto
explícitamente en el texto de la sentencia, pues “operan de pleno derecho y
el deber de indemnizar lo impone la ley”31; una conclusión contraria sería en
perjuicio del accionante, quien vería deteriorado el poder adquisitivo de su
dinero.»
75.Criterio que también adoptó esta Subsección en la sentencia proferida el 14 de
marzo de 201932:
«Por lo tanto, en aplicación del citado artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo, es viable colegir que se deban intereses moratorios a partir de
la ejecutoria de la sentencia condenatoria, así no se haya dispuesto
explícitamente en el texto de la sentencia, pues operan de pleno derecho y el
deber de indemnizar lo impone la ley, una conclusión contraria sería en
perjuicio de la accionante, quien vería deteriorado el poder adquisitivo de su
dinero; tanto es así que en palabras de la Corte Constitucional, no se justifica
un trato desigual entre el pago de intereses moratorios que le compete a los
particulares y al Estado, pues el daño económico que sufre el acreedor por
causa de la mora es idéntico; y las obligaciones asumidas por las entidades
públicas no tienen alcance jurídico diverso de las que están a cargo de las
personas privadas.»
76. De ese modo, los intereses moratorios operan de pleno derecho y por ministerio
de la ley a partir de la ejecutoria de la sentencia, pero para su cálculo se deberá
tener en cuenta la norma aplicable.
29 Radicación 11001-03-06-000-2012-00048-00 (2106).
30 Criterio que también adoptó esta Subsección en la sentencia proferida el 14 de marzo de 2019
(radicación 25000-23-42-000-2015-02729-01 y número interno 1507-18):
31 Cammarota Antonio en: Betancur Jaramillo Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Señal
Editora. Séptima Edición 2009. Página 538.
32
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
77. En primer lugar, si el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho inició y
finalizó conforme con las disposiciones del Decreto 01 de 1984 [CCA], se deberá
dar aplicación a su artículo 177, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando
se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o
devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente
copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del
ministerio público frente a la entidad condenada.
[...]
Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán
intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y
moratorios después de este término.
Cumplidos seis meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o
liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los
beneficiarios hayan acudido a la entidad responsable para hacerla efectiva,
acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación
de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la
solicitud en legal forma.»33
78. Pero si la condena se impuso a la luz del CPACA, serán los artículos 192 y 195
los aplicables para el cálculo de los intereses. El tenor literal de las normas en cita
es el siguiente:
«Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las
entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no
implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad
a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días
contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su
cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o
devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de
diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.
Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago
correspondiente a la entidad obligada.
Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden
una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses
moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según
lo previsto en este Código.
33 Las expresiones tachadas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la
sentencia C-188 de 1999, con fundamento en que «a menos que en la sentencia que impone la
condena señale un plazo para el pago -evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses
comerciales-, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia,
sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para
que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria».
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga
o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los
beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla
efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se
presente la solicitud.
[...]
Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite
de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:
[...]
4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden
una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses
moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante,
una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso
segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos
en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada
hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las
cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa
comercial.
[...]»
79. Es menester precisar que la tasa de interés DTF34 «es el promedio ponderado de
las tasas efectivas de captación de los CDT a 90 días que reconoce el sistema financiero a
sus clientes y sirve como indicador de referencia relacionado con el costo del dinero en el
tiempo»35, el cual «no solamente tiene un componente inflacionario que reconoce la
pérdida del poder adquisitivo del dinero, sino que también incluye un valor adicional que
busca fomentar el ahorro en el mercado financiero y que satisface el contenido
indemnizatorio que debe contemplar toda tasa moratoria»36. Ciertamente, en la sentencia
C-604 de 2012 [al examinar el numeral 4 del artículo 195 del CPACA], la Corte
Constitucional señaló que esta «permite reconocer la pérdida del poder adquisitivo del
dinero, pero además contempla un valor adicional establecido por el mercado financiero,
pues los Certificados de Depósito a Término superan siempre el valor de la inflación».
80. Entonces, aunque en el CCA y en el CPACA los intereses se calculan desde la
ejecutoria de la sentencia que impone la condena, debe tenerse en cuenta que, en
el primer caso, se causarán los intereses moratorios y la obligación será exigible
vencidos los 18 meses y, en el segundo, la entidad tendrá 10 meses para cumplir
con la obligación; durante este periodo, se liquidarán a la tasa DTF y, una vez
vencido, a la tasa comercial.
34 Son las iniciales de depósitos a término fijo. Enlace de consulta:
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Dep%C3%B3sitos_a_t%C3%A9rmino_fijo
35 Enlace de consulta: https://www.banrep.gov.co/es/glosario/tasa-interes-dtf
36 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 29 de abril de 2014, radicación
11001-03-06-000-2013-00517-00 (2184).
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
81. Sin embargo, esta no fue la interpretación que el a quo le dio al numeral 4 del
artículo 195 del CPACA, pues sustentó la orden de seguir adelante con la ejecución
en los términos que se transcriben a continuación:
«Primero, liquidó los intereses moratorios por 10 meses contados desde la
ejecutoria de la sentencia (27 de abril de 2015 y hasta el 27 de febrero de
2016, a una tasa equivalente al DTF, desconociendo que la mora en el pago
ya superaba más de los dos (2) años, y por tanto, ya no procedía esta forma
de liquidación, pues la norma citada (Art. 195 núm. 4) establece que [...],
debiendo entonces liquidarse el interés moratorio a esta tasa [comercial] y no
con la seleccionada del DTF que no debió utilizarse porque el estado
incumplió el plazo para el pago ordenado.
Por este error, la Administración consideró que solo debía pagar intereses por
los primeros 10 meses de mora, por la cantidad de $21’839.926, obviamente,
liquidados con el DTF., desconociendo la jurisprudencia constitucional
brotada de la Sentencia C – 604 de 2012, donde taxativamente la Corte
Constitucional, al analizar el artículo 195 del C.P.A.C.A., dijo que “De esta
manera la Ley 1437 de 2011 le otorga un plazo al Estado para el
cumplimiento de las sentencias y conciliaciones para garantizar que pueda
dar aplicación a las reglas del presupuesto y a los principios de legalidad y
planeación, por lo cual sería completamente contradictorio que de un lado se
establezcan estas reglas y de otro se apliquen al Estado los máximos
intereses legales cuando se cumplen estos plazos”, con lo cual queda claro,
que la diferenciación en el pago de los intereses, es decir, al DTF y moratorios,
solo es posible cuando el Estado cumpla los plazos para el pago, de tal
manera, que si no los cumple, ya no se podrá beneficiar de esta prerrogativa,
y deberá pagar aquellos desde la ejecutoria de la providencia, pero ya no al
DTF durante los primeros 10 meses, sino comerciales desde aquella fecha,
pues, se reitera, ese es el espíritu de la norma citada al decir que “...No
obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses [...], sin que la
entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente
reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés
moratorio a la tasa comercial”, ya no al DTF., lo cual está en conformidad
con lo sentenciado por este tribunal el 10 de abril de 2015.
Segundo, liquidó los intereses moratorios, por el periodo comprendido del 28
de febrero de 2016 y hasta el 27 de octubre de 2017, aquí sí, a la tasa
comercial, claro está, por creer erradamente que esta clase de intereses se
liquidan a partir del vencimiento de los primeros 10 meses de mora, cuando
como ya se dijo al superar la mora los dos (2) años, lo procedente era liquidar
la totalidad de los intereses moratorios a la tasa comercial, siendo esto acorde
con lo indicado por la Corte en la sentencia citada [...].» [sic] [resaltado del
original]
82. En criterio de la Sala, esta interpretación no se acompasa con el tenor literal del
artículo 195.4 del CPACA ni con lo sostenido por la Corte Constitucional en la
sentencia C-604 de 2012, por las siguientes razones:
83. El numeral 4 del artículo 195 del CPACA estableció lo siguiente:
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
«4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o
liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses
moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante,
una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso
segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos
en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada
hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las
cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa
comercial.»
84. El primer apartado establece una consecuencia jurídica para un supuesto de
hecho: este es la existencia de sumas de dinero reconocidas en providencias que
impongan una condena o que aprueben una conciliación y aquella consiste en que
devengarán intereses moratorios a la tasa DTF desde la ejecutoria de la sentencia.
Nótese que se incluyó el verbo «devengarán» sin condición alguna como, por
ejemplo, que el pago tuviera que efectuarse dentro de los 10 meses siguientes a la
ejecutoria para que procediera la liquidación en estos términos.
85. A más de lo anterior, este enunciado termina con un punto y seguido y le sigue
la locución adverbial de sentido adversativo «no obstante» —que equivale a sin
embargo37—, la cual modifica la tasa para liquidar los intereses, pues establece que
las cantidades líquidas adeudadas causan un interés moratorio a la tasa comercial
si se cumplen con los 2 supuestos que son: (i) que la entidad no realice el pago
efectivo del crédito reconocido; y (ii) se venzan los 10 meses previstos en el artículo
192 ibidem [para el caso].
86. En otros términos, cuando se trate de una condena impuesta a una entidad, los
intereses moratorios se calcularán con la tasa DTF desde la ejecutoria de la
sentencia por el término de 10 meses otorgados para el cumplimiento de la
obligación; sin embargo, fenecido ese término sin que la entidad cumpla con la
obligación, se deberán liquidar con la tasa comercial sobre la suma adeudada.
87. Lo anterior descarta la interpretación del a quo, en razón a que erigió su aserto
en que la liquidación de los intereses con la tasa DTF era una prerrogativa aun
cuando de la norma deviene claro que se trata de un imperativo o mandato que nace
el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y que tan solo se modifica cuando se
vence la condición para su aplicación, esto es el plazo indicado por el artículo 192
ibidem.
88. Agregase a lo anterior que en ninguna línea del numeral transcrito se estableció
expresamente la consecuencia que adujo el tribunal, esto es que, en caso de no
pagarse la obligación dentro del término otorgado [10 meses], se descartará la
liquidación con la tasa DTF y se procederá a calcular los intereses con la tasa
comercial desde la ejecutoria.
37 Real Academia Española. Enlace de consulta: https://www.rae.es/dpd/obstante
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
89. Ahora bien, en lo que concierne a lo sostenido en la sentencia C-604 de 2012
proferida por la Corte Constitucional, el a quo citó los siguientes párrafos:
«El respeto de los principios del presupuesto exige que no se pueda obligar a
una entidad a cumplir inmediatamente con una sentencia o acuerdo
conciliatorio, sin atender a los trámites y procedimientos internos para
efectuar el pago, pues se correría el riesgo de que al hacerlo se tengan que
desconocer las normas del presupuesto y de las actuaciones administrativas,
reglas a las cuales no está sometido un particular a quien por tanto sí le es
exigible que cumpla inmediatamente con un fallo o acuerdo.
El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo contempla en su artículo 192 un procedimiento expresamente
dirigido al cumplimiento de las sentencias o conciliaciones por parte de las
entidades públicas, el cual establece expresamente que las condenas
impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una
suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses [...].
[...]
Esta norma se refiere textualmente al cumplimiento de las sentencias y
acuerdos conciliatorios, no al incumplimiento de los mismos, por lo cual el
plazo de diez meses señalado en esta norma no es la primera fase del
incumplimiento de la entidad, sino un plazo para el cumplimiento en el cual
las reglas aplicables al pago de intereses no pueden ser las mismas que las
que empleaban frente al incumplimiento de una obligación por parte del
Estado38.
[...]
De esta manera la Ley 1437 de 2011 le otorga un plazo al Estado para el
cumplimiento de las sentencias y conciliaciones para garantizar que pueda
38 En este sentido, mientras que las sentencias C - 188 de 1999 y C – 428 de 2002 se referían a
eventos en los cuales el Estado incumple con sus obligaciones, en el artículo 195 de la ley 1437 de
2011 se analizan los intereses que se devengan durante el tiempo que el propio artículo 192 le otorga
al Estado para el cumplimiento de las sentencias o autos que aprueban el cumplimiento de acuerdos
conciliatorios.
En la sentencia C-188 de 1999, la disposición acusada era el artículo 72 de la ley 446, el cual se
refería al pago de intereses por incumplimiento del término fijado en el acuerdo conciliatorio para
pagar. En esa disposición, el legislador asumía que el incumplimiento se producía una vez vencido
el término fijado por las partes para el efecto en ejercicio de la autonomía de la voluntad, de modo
que resultaba contrario a la igualdad que ante la misma hipótesis –incumplimiento- el Estado no
tuviera que pagar intereses y el particular sí. Recuérdese que en este caso el artículo 192 de la ley
1437 introdujo otra regla, esta es que el Estado tiene un término de 10 meses para cumplir sus
acuerdos conciliatorios, de manera que la hipótesis de incumplimiento solamente se presenta al
cabo de los 10 meses.
La misma diferencia se presenta entre el artículo 60 de la ley 446 –examinado en la sentencia C-
428 de 2002- y el precepto bajo estudio. Ciertamente, antes de la expedición de la ley 1437 la regla
general era que las entidades estatales tenían que cumplir las sentencias a más tardar dentro del
término de ejecutoria, de modo que existía incumplimiento una vez venciera dicho término.
Las diferencias son mayores entre el numeral 4 del artículo 195 de la ley 1437 y el artículo 6 de la
ley 598, examinado en la sentencia C-892 de 2001, pues este último versa sobre el cumplimiento
de obligaciones contractuales y no de sentencias judiciales.
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
dar aplicación a las reglas del presupuesto y a los principios de legalidad y
planeación, por lo cual sería completamente contradictorio que de un lado se
establezcan estas reglas y de otro se apliquen al Estado los máximos
intereses legales cuando se cumplen estos plazos.»
90. No obstante, de estos no puede extraerse la conclusión expuesta por el tribunal
porque el pronunciamiento versó exclusivamente sobre el cargo relativo al
«tratamiento desigual que otorgaría la norma a las entidades públicas respecto de los
particulares en el pago de intereses moratorios». Para resolver el problema jurídico, la
Corte precisó que el plazo [10 meses] y la tasa aplicable [DTF] se acompasaban
con las normas presupuestales y administrativas a las que debía sujetarse cualquier
entidad pública, pero de ello, ni por asomo, se infiere que el incumplimiento
modifique automáticamente la liquidación de los intereses desde la ejecutoria de la
sentencia condenatoria, tan es así que en los párrafos transcritos se limitó a
manifestar que sería contradictorio que se otorgara un plazo para cumplir, pero a su
vez se impusieran los máximos intereses legales, a lo que agregó que, de cualquier
manera, el DTF no solo tenía un componente inflacionario, sino también un valor
adicional indemnizatorio.
91. Inclusive, en la sentencia C-208 de 2023, dicha corporación expuso la
interpretación que aquí se adopta, pues al examinar los antecedentes
jurisprudenciales, concretamente la sentencia C-604 de 2012, señaló que esta
había establecido «que las sumas de dinero reconocidas en la sentencia contenciosa
devenga intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria y por los
siguientes diez (10) meses, vencido este periodo, las cantidades liquidas adeudadas
causan intereses moratorios a la tasa comercial». Más adelante, al resolver los cargos
propuestos en contra del artículo 192 del CPACA, sostuvo lo que se transcribe a
continuación:
«133. Ahora bien, la disposición acusada prevé un plazo de diez (10) meses
durante el cual la entidad pública condenada puede pagar la condena sin ser
ejecutada judicialmente. Al ser leído en concordancia con lo previsto en el
artículo 195 del CPACA, se tiene que, aunque durante el plazo de diez (10)
meses previsto en el inciso 2 del artículo 192 del mismo estatuto no se puede
adelantar la ejecución judicial de la condena, las sumas en esta ordenada
causan intereses a una tasa equivalente al DTF siempre que los beneficiarios
de la sentencia hayan acudido a la entidad responsable para hacerla efectiva
dentro de los tres meses a su ejecutoria. De no solicitar el cumplimiento en
ese periodo de tres meses, cesa la causación de intereses desde entonces
hasta cuando se presente la solicitud. Cumplido el plazo de diez meses, si la
entidad no ha cumplido la condena, se producen dos consecuencias: (i) el
acreedor puede solicitar su ejecución por la vía judicial y, (ii) se causan
intereses moratorios a la tasa comercial sobre las sumas adeudadas.
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
Periodo
comprendido
entre los diez
meses
Periodo comprendido entre la
Supuesto de siguientes a la
ejecutoria y los siguientes diez
hecho ejecutoria de
meses
la sentencia y
hasta cuando
cumpla la
condena
La sentencia no se puede ejecutar
El beneficiario
judicialmente.
solicitó el
La sentencia es
cumplimiento
Se causan intereses a una tasa susceptible de
dentro de los
equivalente al DTF entre la fecha de ejecución
tres meses
ejecutoria de la sentencia y los diez judicial.
posteriores a la
meses siguientes, o la fecha en la
ejecutoria de la
que se cumpla efectivamente la Se causan
sentencia
condena, lo que ocurra primero. intereses
La sentencia no se puede ejecutar moratorios a la
judicialmente. tasa comercial
a partir del día
Se causan intereses a una tasa siguiente al
El beneficiario
equivalente al DTF entre la fecha de vencimiento del
solicitó el
ejecutoria de la sentencia y los tres plazo de 10
cumplimiento
meses siguientes. meses
vencido el plazo
posteriores a la
de tres meses
La causación de intereses a la tasa ejecutoria de la
posteriores a la
del DTF se vuelve a activar a partir decisión y hasta
ejecutoria de la
del momento en que se solicite el que se cumpla
sentencia
cumplimiento de la sentencia y hasta la condena.
que se cumpla el término de diez
meses o se cumpla la condena, lo
que ocurra primero.
92. Esta interpretación también ha sido expuesta por esta Sección, por ejemplo, en
la sentencia proferida el 7 de julio de 2022, en la que se puntualizó lo que sigue39:
«Ahora, en cuanto a la forma de liquidar los intereses, el artículo 195 numeral
4 del CPACA previó que las sumas reconocidas en sentencias condenatorias
o conciliaciones aprobadas judicialmente devengan intereses moratorios a
una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria y hasta los 10 meses de que
trata el artículo 192 ibídem, siempre que la providencia no haya sido
provisionada a través del Fondo de Contingencias, de modo que a partir del
día siguiente al vencimiento del término anterior, la norma reguló que las
cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa
comercial.» [se resalta]
93. En ese hilo argumentativo, la ley fue clara en establecer que la tasa comercial
se calculará después de vencidos los 10 meses otorgados para cumplir con la
39 Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2016-04077-01 (1968-2019).
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
obligación sin que el retardo conlleve a la variación automática en la forma de
liquidar los intereses desde la ejecutoria de la sentencia.
94. En línea con lo expuesto, para el cálculo de los intereses moratorios debían
tenerse en cuenta los siguientes datos:
Concepto Fecha
Norma que rigió el proceso de nulidad y restablecimiento
Ley 1437 de 2011
del derecho
Ejecutoria de la sentencia proferida el 10 de abril de 2015
27 de abril de 2015
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicación de la petición de cumplimiento de la sentencia 4 de agosto de 2015
Resolución 6541, por la cual se dio cumplimiento a la
23 de octubre de 2017
sentencia
Fecha de corte de la liquidación de intereses realizada por
19 de octubre de 2017
la Rama Judicial
Fecha del pago 9 de noviembre de 2017
95. El artículo 192 del CPACA estableció que «[c]umplidos tres (3) meses desde la
ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una
conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para
hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se
presente la solicitud».
96. En el sub examine, como la sentencia cobró ejecutoria el 27 de abril de 2015,
el ejecutante tenía plazo para presentar la solicitud hasta el 27 de julio del mismo
año; sin embargo, como la petición se radicó el 4 de agosto siguiente, los intereses
cesaron desde el 28 de julio al 3 de agosto de 2015.
97. Ahora bien, los 10 meses para el cumplimiento de la sentencia y cálculo de los
intereses con la tasa DTF transcurrieron del 28 de abril de 2015 al 28 de febrero de
2016 -con la suspensión antes mencionada-.
98. Para esta operación, la Sala acudió a un doble ejercicio: (i) se calcularon los
intereses en el aplicativo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
[ANDJE] y, (ii) a su vez, se verificaron los valores con una liquidación adicional, en
razón a que, en la página web de la entidad se lee lo siguiente: «[l]a calculadora de
intereses moratorios derivados de sentencias o conciliaciones tiene como objeto servir de
guía para las entidades en sus trámites internos. Se recomienda verificar el cálculo de
manera independiente, por parte de los responsables del área encargada de realizar estos
trámites, antes de ser utilizado de manera oficial. En consecuencia, la Agencia no se hace
responsable por errores en el cálculo o reclamaciones derivadas del uso de esta
herramienta en liquidaciones oficiales».
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
99. Entonces, en el primer caso [liquidador de la ANDJE], los intereses causados
desde la ejecutoria hasta el 28 de febrero de 2016 ascendieron a $22.521.361,04 y,
en el segundo, el resultado fue de $22.520.611, para una diferencia de $750. La
tabla que ilustra la liquidación de este periodo es la siguiente:
Liquidación de intereses DTF desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia en los términos de
los artículos 192 y 195 del CPACA
Tasa
Tasa interés
Desde Hasta Capital interés No días Valor interés
dtf
diario
28/04/2015 30/04/2015 $ 572.421.135 4,51% 0,0121% 3 $ 207.555
01/05/2015 31/05/2015 $ 572.421.135 4,42% 0,0119% 31 $ 2.102.843
01/06/2015 30/06/2015 $ 572.421.135 4,40% 0,0118% 30 $ 2.025.996
01/07/2015 27/07/201540 $ 572.421.135 4,52% 0,0121% 27 $ 1.872.045
04/08/201541 31/08/2015 $ 572.421.135 4,47% 0,0120% 28 $ 1.920.366
01/09/2015 30/09/2015 $ 572.421.135 4,41% 0,0118% 30 $ 2.030.503
01/10/2015 31/10/2015 $ 572.421.135 4,72% 0,0126% 31 $ 2.242.336
01/11/2015 30/11/2015 $ 572.421.135 4,92% 0,0132% 30 $ 2.259.784
01/12/2015 31/12/2015 $ 572.421.135 5,24% 0,0140% 31 $ 2.483.182
01/01/2016 31/01/2016 $ 572.421.135 5,74% 0,0153% 31 $ 2.713.648
01/02/2016 28/02/2016 $ 572.421.135 6,25% 0,0166% 28 $ 2.662.355
TOTAL INTERÉS MORATORIO A 27/02/2016 (Término de 10 meses) $ 22.520.611
100. Vencido el término de los 10 meses, los intereses se deben calcular a la tasa
comercial, tal como lo prevé el numeral 4 del artículo 195 del CPACA. Según el
aplicativo de la ANDJE, el valor total de estos asciende a $263.522.294,81, mientras
que en esta liquidación arroja el valor de $263.688.264 como se observa a
continuación:
Intereses moratorios causados desde el 28/02/2016 al 19/10/2017 (Fecha de liquidación Rama
Judicial)
Tasa de
Tasa Tasa de
interés
Desde Hasta Capital interés interés No. Días Valor interés
corriente
mora diario
bancaria
29/02/2016 29/02/2016 $ 572.421.135 19,68% 29,52% 0,0709% 1 $ 405.802
01/03/2016 31/03/2016 $ 572.421.135 19,68% 29,52% 0,0709% 31 $ 12.579.873
01/04/2016 30/04/2016 $ 572.421.135 20,54% 30,81% 0,0736% 30 $ 12.640.684
01/05/2016 31/05/2016 $ 572.421.135 20,54% 30,81% 0,0736% 31 $ 13.062.040
01/06/2016 30/06/2016 $ 572.421.135 20,54% 30,81% 0,0736% 30 $ 12.640.684
01/07/2016 31/07/2016 $ 572.421.135 21,34% 32,01% 0,0761% 31 $ 13.506.329
01/08/2016 31/08/2016 $ 572.421.135 21,34% 32,01% 0,0761% 31 $ 13.506.329
01/09/2016 30/09/2016 $ 572.421.135 21,34% 32,01% 0,0761% 30 $ 13.070.641
01/10/2016 31/10/2016 $ 572.421.135 21,99% 32,99% 0,0781% 31 $ 13.864.358
01/11/2016 30/11/2016 $ 572.421.135 21,99% 32,99% 0,0781% 30 $ 13.417.120
01/12/2016 31/12/2016 $ 572.421.135 21,99% 32,99% 0,0781% 31 $ 13.864.358
40 Inicio de interrupción por el vencimiento de los 3 meses para radicar la solicitud.
41 Finaliza término de interrupción.
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
01/01/2017 31/01/2017 $ 572.421.135 22,34% 33,51% 0,0792% 31 $ 14.056.060
01/02/2017 28/02/2017 $ 572.421.135 22,34% 33,51% 0,0792% 28 $ 12.695.796
01/03/2017 31/03/2017 $ 572.421.135 22,34% 33,51% 0,0792% 31 $ 14.056.060
01/04/2017 30/04/2017 $ 572.421.135 22,33% 33,50% 0,0792% 30 $ 13.597.348
01/05/2017 31/05/2017 $ 572.421.135 22,33% 33,50% 0,0792% 31 $ 14.050.593
01/06/2017 30/06/2017 $ 572.421.135 22,33% 33,50% 0,0792% 30 $ 13.597.348
01/07/2017 31/07/2017 $ 572.421.135 21,98% 32,97% 0,0781% 31 $ 13.858.869
01/08/2017 31/08/2017 $ 572.421.135 21,98% 32,97% 0,0781% 31 $ 13.858.869
01/09/2017 30/09/2017 $ 572.421.135 21,48% 32,22% 0,0765% 30 $ 13.145.482
01/10/2017 19/10/2017 $ 572.421.135 21,15% 31,73% 0,0755% 19 $ 8.213.624
Total interés moratorio al 19/10/2017 $ 263.688.264
101. Es menester precisar que, en el acto administrativo de cumplimiento, la Rama
Judicial consignó que el valor de los intereses al DTF era de $21.839.926 y a la tasa
comercial de $264.193.854, para un total de $286.033.780, lo cual difiere -incluso-
del aplicativo de la ANDJE porque, según este, el total corresponde a
$286.043.656,06, lo que arroja una diferencia de $9.876.
102. Sin embargo, como el pago de la deuda se efectuó el 9 de noviembre de 2017,
los intereses se debían pagar hasta esta fecha. De ese modo, el cálculo sería el
siguiente:
Intereses moratorios causados desde el 20/10/2017 hasta el 09/11/2017 (fecha de pago)
Tasa de
Tasa Tasa
interés Valor
Desde Hasta Capital interés interés No días
corriente interés
mora diario
bancaria
20/10/2017 31/10/2017 $ 572.421.135 21,15% 31,73% 0,0755% 12 $ 5.187.552
01/11/2017 09/11/2017 $ 572.421.135 20,96% 31,44% 0,0749% 9 $ 3.860.070
Total interés moratorio a 09/11/2017 $ 9.047.622
103. Al acudir al aplicativo de la ANDJE y calcular los intereses hasta el 9 de
noviembre de 2017, el total adeudado por intereses es de $295.094.677,07 y si se
restan los $286.043.656,06 [correspondiente a la liquidación con corte a octubre de
2017], arroja un resultado de $9.050.897,07. Es decir, solo existe una diferencia de
$3.275 con la liquidación que realizó la Sala.
104. Ello, sin descartar que la Rama Judicial también calculó intereses sobre los
salarios causados en mayo, junio y julio de 2015, respecto de los cuales no se ha
planteado objeción alguna.
105. De otro lado, según el dicho de la parte ejecutante, «la administración judicial, el
9 de noviembre de 2017, depósito, en la cuenta de ahorros de la entidad financiera que se
reportó, las cifras que, en los términos de la Resolución No. 6541 de 2017, tasó o fijó para
cumplir lo resuelto a favor de la parte actora» [sic]. Es decir que el pago se efectuó de
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
acuerdo con la liquidación que tuvo como corte el 19 de octubre de 2017, tal como
lo aceptó la entidad en la apelación al incluir la siguiente tabla:
«[...]
RELIQUIDACIÓN DE INTERESES EJECUTIVO A
FAVOR DE JAIRO ENRIQUE ALVARADO
ALFONSO [...] CON EL ART. 192 COMO LO
ORDENA LA SENTENCIA
LIQUIDACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 6541 DE OCTUBRE DE 2017
CAPITAL 576.236.983,00
INTERESES DE LA EJECUTORIA 27 DE ABRIL DE 287.794.726,00
2015 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017
TOTAL 864.031.709,00
RELIQUIDCIÓN INTERESES AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA
DE PAGO
CAPITAL 576.236.983,00
INTERESES DE LA EJECUTORIA 27 DE ABRIL DE 296.516.251,00
2015 A LA FECHA DE PAGO EL 9 DE NOVIEMBRE
DE 2017
TOTAL 872.753.234,00
DIFERENCIA A RELIQUIDAR
DIFERENCIA 8.721.525,00
INTERESES DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA 8.233.100,00
FECHA DE PAGO 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 A
LA FECHA DE RELIQUIDACIÓN 24 DE MAYO DE
2022
TOTAL 16.954.625,00
[...]»
106. En criterio de la entidad, la diferencia entre la fecha de liquidación, esto es el 19
de octubre de 2017 y el pago efectivo, 19 de noviembre del mismo año, ascendía a
$8.721.525; sin embargo, de la liquidación realizada por la Sala se extrae que
corresponde a $9.047.622, suma que, a la fecha, no ha sido pagada.
107. Ahora bien, en la apelación, la entidad también manifestó lo siguiente:
«Como consecuencia de lo anterior, y dado que la Resolución de pago se
hiciere en fecha 19 de octubre de 2017 y el pago efectivo se realizó en fecha
09 de noviembre de 2017, la actualización de la liquidación, es la que con este
escrito se acompaña, es decir, que al analizar el caso del evento, lo cierto es,
que se le adeuda al demandante, únicamente la suma de $16.954.625.»
108. No obstante, al revisar el cuadro incluido en el recurso de apelación, se observa
que la entidad calculó intereses sobre la «diferencia» causada por el periodo
comprendido entre el 19 de octubre y el 9 de noviembre de 2017; sin embargo, la
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
Sala precisa que es improcedente esta operación matemática, comoquiera que el
valor «base» también corresponde a intereses moratorios, lo cual conllevaría a que
se configurara el anatocismo proscrito en el artículo 2235 del Código Civil, conforme
con el cual «[s]e prohíbe estipular intereses de intereses» y que fue declarado exequible
por la Corte Constitucional en la sentencia C-364 de 2000 con sustento en lo que
sigue:
«Así, el anatocismo constituye un cobro de intereses sobre intereses por un
mismo capital adeudado, durante el mismo plazo. El caso típico del
anatocismo es aquel en donde el deudor paga por anticipado el valor de los
intereses del capital por el periodo pactado y sobre el saldo entregado se le
cobran unos nuevos intereses, o, cuando existe el cobro de intereses sobre
intereses exigibles, es decir, aquellos no cancelados a tiempo.
[...]
Así, en virtud de esa decisión, el anatocismo implica un cobro de intereses,
sobre intereses “atrasados”, es decir, aquellos que no fueron cubiertos en el
tiempo u oportunidad señalados para ello, en el respectivo negocio jurídico.
En efecto, “son los intereses colocados en condiciones moratorias los que no
permiten, de conformidad con las normas reglamentadas en el Código Civil el
cobro de nuevos intereses”.»
109. Entonces, aunque no proceden los intereses respecto de ese «remanente», sí
debe tenerse en cuenta que el valor neto de $9.047.622 corresponde a aquellos
causados desde el 19 de octubre al 9 de noviembre de 2017, lo que quiere decir
que debe ser traído a valor presente para establecer el monto real de la deuda a
través de la fórmula neto de intereses x IPC final / IPC inicial. Si se realiza la
actualización a la fecha de esta sentencia, la suma adeudada sería de $13.521.205
como se muestra a continuación:
INDEXACION
Formula: R.H*(I.F/I.I)
Índice
Fecha Capital Índice final Valor indexado
inicial
9/11/2017 Fecha de pago 96,37
$ 9.047.622 $ 13.521.205
Fecha de la
10/10/2024 144,02
sentencia
110. Lo anterior, por cuanto si el capital fue pagado en su totalidad en noviembre de
2017, en esta fecha cesaron los intereses moratorios, es decir, se trata de un valor
insoluto que, como supra se indicó, no genera la causación de otros [anatocismo],
de manera que, al no existir incompatibilidad de ninguna clase, deben actualizarse.
Es así porque la figura de la indexación «no tiene por finalidad incrementar o aumentar
el valor nominal de las sumas económicas, sino actualizarlo, es decir, traerlo a valor
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
presente» y, si se trata de hacer la imputación a un pago en una fecha determinada,
deberá atenderse el valor real [no devaluado] de la deuda.
111. Lo anterior encuentra respaldo en la sentencia proferida por esta Subsección el
30 de mayo de 202442, así como en el auto proferido el 26 de septiembre de 202443,
en el cual se indicó que:
«De acuerdo con la reseña jurisprudencial hecha en el acápite anterior sobre
el punto en cuestión, en lo que concierne específicamente a la indexación de
intereses moratorios no pagados por las entidades condenadas junto con el
capital por concepto de mesadas pensionales, liquidados desde la fecha de
ejecutoria de la sentencia y hasta la fecha del pago del capital de la obligación,
las decisiones más recientes referidas de las Subsecciones A y B de esta
Sección Segunda44 se orientan a favor de la tesis que considera procedente
la indexación de intereses moratorios, por las siguientes razones:
-Porque que no existe incompatibilidad de ninguna clase porque la figura de
la indexación no tiene por finalidad incrementar o aumentar el valor nominal
de las sumas económicas, sino actualizarlo, es decir, traerlo a valor presente,
esto es el ajuste solicitado sólo procura mantener el valor económico real de
los intereses moratorios y así evitar la depreciación de las sumas desde la
fecha que dejaron de causarse por el pago del capital de la obligación y hasta
la fecha en que se verifique el pago total.
-Porque es un hecho notorio la permanente devaluación de la moneda de
curso legal en Colombia.
-Porque siguiendo el principio de equidad y los derechos a la dignidad humana
y al trabajo, es procedente indexar las sumas que hayan sido reconocidas a
los servidores públicos y trabajadores.
-Porque la Constitución Política consagra el principio de la equidad como
criterio auxiliar en la actividad judicial.
-Porque existen en el ordenamiento jurídico, disposiciones de orden legal que
autorizan la indexación o revalorización de las condenas impuestas por esta
jurisdicción.
-Porque el reajuste que implica la indexación no hace la deuda más onerosa,
ya que solo mantiene su valor económico real frente a la progresiva
devaluación de la moneda.
-Porque no es justo que el trabajador reciba un valor devaluado con respecto
a lo que tenía el derecho a percibir, pues ello traslada el riesgo de la
depreciación al trabajador.
[...]
42 Radicación 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022).
43 Radicación 25000-23-42-000-2018-02546-01 (4321-2022).
44
Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B sentencia del 30 de mayo de 2024 Proceso Ejecutivo Radicado
25000234200020160268801 (0230-2022). Consejo de Estado Sección Segunda auto del 14 de abril de 2021 Proceso
Ejecutivo Radicado 25000-23-25-000-2004-03995-02 (0798-2018).
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
Pues bien, con miras a dar respuesta al problema jurídico definido para el sub
examine, a saber, si ¿es procedente la actualización de las sumas adeudadas
por concepto de intereses moratorios, desde la fecha del pago del capital que
los causó y hasta que se verifique su pago, por el hecho notorio de la
permanente devaluación de la moneda? la Subsección adopta el criterio que
corresponde a la tesis descrita en el acápite 2.5 de esta providencia como
tesis 1, y se aparta del que corresponde a la descrita como tesis 2 en el mismo
acápite, por las siguientes razones:
En primer lugar, porque tal como se puso de presente en esta providencia en
la reseña de la jurisprudencia sobre el tema, esta Corporación ha venido
sosteniendo desde tiempo atrás que es improcedente el reconocimiento de
indexación e intereses moratorios en forma simultánea, ya que así se estaría
condenando a la entidad a un doble pago por la misma causa, en la medida
que el interés por mora ya tiene incorporado el factor inflacionario. Lo anterior
resulta relevante para el caso concreto, porque permite poner en evidencia
que para la jurisprudencia lo improcedente es el reconocimiento de intereses
por mora, de manera concomitante con la indexación, es decir, que sobre el
mismo capital adeudado por concepto del pago de una suma de dinero
ordenado en una sentencia de esta jurisdicción, se liquiden intereses
moratorios e indexación, precisamente porque en el presente asunto la
situación no corresponde a un escenario en el que se pretenda el
reconocimiento de indexación e intereses moratorios sobre el mismo
concepto en forma simultánea, sino el reconocimiento de la indexación de los
intereses moratorios que la entidad omitió pagar junto con el capital pagado
en cumplimiento de la sentencia, intereses que dejaron de causarse y se
convierten en una suma fija a partir del momento en que la entidad realizó el
pago del capital base de su liquidación, susceptible de ser actualizada
mediante la indexación para evitar su devaluación, y que no conlleva la
aplicación simultánea de liquidación de intereses moratorios e indexación
sobre una misma cantidad.» [se resalta]
112. En consecuencia, aunque la entidad liquidó los intereses en los términos de la
sentencia objeto de recaudo, es decir, en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA, pero no fueron pagados en su totalidad, se modificarán los ordinales
primero y segundo de la sentencia de primera instancia para (i) declarar
parcialmente probada la excepción de pago; y (ii) ordenar seguir adelante con la
ejecución en los términos de esta sentencia.
2.6. Costas de la segunda instancia
113. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso.
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
114. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201645, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:
«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar,
mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre
la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se
aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»
115. De acuerdo con lo transcrito, la condena en costas no se impone por el hecho
de haber sido vencido en juicio, sino que se debe examinar si existió alguna
maniobra dilatoria o temeraria que trastocara las etapas del proceso.
116. En esta instancia, no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de imponer condena en costas.
2.7. Conclusión
117. Por las razones anotadas en precedencia, se modificarán los ordinales primero
y segundo de la sentencia de primera instancia pues, aunque los intereses se
liquidaron en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA, lo cierto es que la
fecha límite fue el 19 de octubre de 2017 y no el 9 de noviembre del mismo año
cuando se efectuó el pago de la obligación.
45 Subsección B, expediente 1908-2014.
Radicado: 25000-23-42-000-2020-01046-02 (6049-2022)
Demandante: Jairo Enrique Alvarado Alfonso
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar los ordinales 1) y 2) de la sentencia proferida el 31 de marzo de
2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar se dispone:
«1.- Declarar parcialmente probada la excepción de pago propuesta por la
Nación, Rama Judicial.
2.- Ordenar seguir adelante con la ejecución en contra de la Nación, Rama
Judicial, en los términos expuestos en la parte considerativa de esta
sentencia.»
Segundo. En lo demás, confirmar la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones de
rigor en el aplicativo SAMAI.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
(Ausente con excusa)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.