Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00019-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00019-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00019-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00019-02 (2796-2022)
Demandantes: Ila Paola Ruíz Álvarez y Jairo Alfredo Fernández Quessep.
Demandado: Procuraduría General de la Nación.
Tema: Elementos de la responsabilidad disciplinaria. Caducidad de
la acción.
Decisión: Revocar la decisión de caducidad de la demanda en relación
con el señor Jairo Fernández Quessep – negar las
pretensiones de la demanda y confirmar en lo demás la
sentencia apelada.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia proferida el 6 de octubre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró probada
la excepción de caducidad respecto del señor Jairo Alfredo Fernández Quessep
y se negaron las pretensiones de la demanda frente a la señora Ila Paola Ruíz
Álvarez.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
i) El fallo de primera instancia de fecha 30 de septiembre de 20191, mediante el
cual la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública sancionó
disciplinariamente a los señores Jairo Alfredo Fernández Quessep e Ila Paola
Ruíz Álvarez con la medida de destitución del cargo e inhabilidad general para
ejercer funciones públicas por el término 11 y 12 años respectivamente.
ii) La decisión de segunda instancia del 7 de julio de 20202, por medio de la cual
la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación confirmó las
aludidas sanciones y;
iii) El Decreto nro. 000453 del 11 de septiembre de 20203, a través del cual se
1 Folios 46 a 87 del PDF «01. Demanda-Anexos contentivo de la carpeta 5ED_ONEDRIVE_2022603» del
expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción de «Gestionar documentos» de la plataforma
SAMAI.
2 Folios 88 a 159 ejusdem.
3 Folios 160 a 168 ibidem.
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Demandantes: Ila Paola Ruíz Álvarez y Jairo Alfredo Fernández Quessep
retiró del servicio activo a la señora Ruiz Álvarez.
3. Como restablecimiento del derecho exigieron:
i) El reintegro de la señora Illa Paola Ruiz Álvarez al cargo que desempeñaba en
la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba, con el reconocimiento
y pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de recibir desde el 11 de
septiembre de 2020 y hasta cuando se produzca su efectiva reincorporación y;
ii) La indemnización por pérdida de oportunidad a favor del señor Jairo Alfredo
Fernández Quessep.
4. Hechos. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se expusieron, en
síntesis, los siguientes:
5. El 10 de diciembre de 2013, el concejo municipal de Sincelejo (Sucre)
determinó la viabilidad del proyecto denominado «implementación de una
plataforma tecnológica WEB para establecimientos educativos oficiales del
municipio», el cual sería financiado con recursos del Sistema General de
Regalías.
6. Con fundamento en ello, la alcaldía municipal de Sincelejo suscribió el contrato
de prestación de servicios nro. 201 del 23 de enero de 2014 con la sociedad
Integral Ltda.
7. En las consideraciones del acuerdo de voluntades se justificó la contratación
directa con el argumento de que no existía pluralidad de oferentes, toda vez que
la contratista era titular de los derechos de autor del software Exducere —gestión
de la educación con calidad—.
8. A raíz de esa actuación, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública
inició investigación disciplinaria contra los demandantes y les atribuyó la comisión
de la falta gravísima prevista en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002, consistente en «[p]articipar en la etapa precontractual o en la actividad
contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa
contemplados en la Constitución y en la ley».
9. El 30 de septiembre de 2019 el ente de control profirió fallo de primera instancia
en el que sancionó a los accionantes con la medida de destitución del cargo e
inhabilidad general para ocupar empleos públicos por el término 11 y 12 años,
respectivamente. Esa decisión fue confirmada en sede de apelación el 7 de julio
de 2020 por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.
10. Finalmente, como consecuencia de la ejecutoria de la sanción disciplinaria,
la señora Ila Paola Ruíz Álvarez fue retirada del servicio activo el 11 de
septiembre de 2020.
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11. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: los artículos 80 del Decreto 1510 de 2013 y 23, 24 y 26 de la Ley
80 de 1993. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de los
demandantes sostuvo que los fallos disciplinarios fueron expedidos con
infracción de las normas en que debieron fundarse, sin competencia, en forma
irregular, con desconocimiento del derecho de defensa y mediante falsa
motivación.
12. En primer lugar, afirmó que la Procuraduría General de la Nación estructuró
la imputación con fundamento en un tipo disciplinario abierto —numeral 31 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002—, sin precisar de manera clara y concreta
cuáles fueron las disposiciones legales específicas presuntamente desconocidas
por los investigados, pues se limitó a señalar la supuesta vulneración de
principios de la contratación estatal sin desarrollar el contenido normativo que
permitía configurar adecuadamente la conducta reprochada. A juicio de la parte
actora, esa actuación vulneró los principios de tipicidad, legalidad y debido
proceso.
13. En segundo lugar, aseguró que la variación de la imputación subjetiva, al
pasar de dolo a culpa gravísima sin reformular adecuadamente los cargos ni
otorgar a los disciplinados la posibilidad de ejercer una defensa material frente a
dicha modificación, comportó una afectación directa al derecho de defensa y al
debido proceso.
14. En tercer lugar, sostuvo que la PGN interpretó erradamente el artículo 80 del
Decreto 1510 de 2013, al exigir que el contratista fuese el único proveedor
existente en el mercado, cuando la norma únicamente requería que ostentara la
titularidad de derechos de autor o la condición de proveedor exclusivo.
15. Concluyó que el contrato nro. 201 de 2014 sí cumplió los presupuestos
legales que habilitaban la contratación directa, habida consideración que el
software contratado se encontraba protegido por derechos de autor y constituía
una obra intelectual amparada por la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad
Andina, circunstancia que hacía jurídicamente viable la selección directa.
16. En cuarto lugar, alegó que la entidad demandada incurrió en errores de hecho
en la valoración probatoria, especialmente respecto del cuadro comparativo de
plataformas tecnológicas y de los estudios previos elaborados dentro del proceso
contractual, pues tergiversó el contenido de tales documentos y desconoció el
principio de indivisibilidad de la prueba documental, situación que conllevó a
conclusiones subjetivas y alejadas de la sana crítica.
17. Cuestionó el alcance probatorio otorgado al informe técnico elaborado por la
Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, toda vez que dicho documento
únicamente evaluó la razonabilidad de las exigencias técnicas del proceso
contractual, mas no la existencia o inexistencia de pluralidad de oferentes en el
mercado.
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18. En quinto lugar, advirtió que el operador disciplinario omitió valorar los
contratos celebrados por otras entidades territoriales, entre ellas —Maicao,
Hatonuevo, Buenaventura, Coveñas y Chalan—; en los que se acudió a la
modalidad de contratación directa para la implementación del mismo software
educativo, con fundamento en la titularidad de derechos de autor.
19. Expresó su inconformidad con relación a la competencia de la procuraduría
para imponer sanciones de destitución e inhabilidad a funcionarios de elección
popular, al estimar que ello desconoce los estándares convencionales fijados por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según los cuales la restricción
de derechos políticos únicamente puede ser adoptada por la autoridad judicial
competente. En consecuencia, los actos sancionatorios fueron expedidos por una
autoridad carente de competencia para limitar derechos políticos mediante
sanción disciplinaria.
20. Contestación de la demanda4. Dentro de la oportunidad prevista en la ley, la
PGN ejerció su derecho de defensa y contradicción en los siguientes términos:
21. Invocó la caducidad de la demanda presentada por el señor Jairo Alfredo
Fernández Quessep, quien no se encontraba vinculado al servicio para la fecha
en que se profirió la decisión disciplinaria de segunda instancia. Por ende, sostuvo
que el término extintivo debió contabilizarse a partir de la notificación de dicho
fallo, esto es, desde el 9 de julio de 2020, razón por la que el plazo para acudir a
la jurisdicción expiró el 9 de noviembre del mismo año.
22. Que ese tiempo fue suspendido entre el 13 de octubre —fecha de
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial— y el 16 de diciembre —
día en que se expidió la constancia de no acuerdo—, cuando restaban veintiocho
(28) días para su vencimiento, los cuales se extendieron hasta el 13 de enero de
2021. No obstante, como la demanda fue radicada el 18 de enero de esa
anualidad, fue extemporánea.
23. De otro lado, manifestó que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional
como del Consejo de Estado han reconocido la competencia de la PGN para
investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos de elección
popular, razón por lo que no era de recibo el cuestionamiento formulado por la
parte actora frente a dicho aspecto. Además, añadió que la señora Ruíz Álvarez
no ostentaba esa calidad para la época en que se adelantó la investigación.
24. En cuanto a la vulneración del debido proceso, advirtió que dentro de la
actuación disciplinaria se respetaron integralmente las garantías constitucionales
y legales de los investigados, toda vez que se agotaron todas las etapas previstas
en la ley, las decisiones fueron notificadas conforme a derecho y las pruebas
decretadas y practicadas fueron valoradas razonablemente.
4 PDF «21EscritoContestacionDda» contentivo en la carpeta «5ED_ONEDRIVE_2022603» del expediente
digital, el cual puede ser descargado en la opción de «Gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.
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25. Asimismo, indicó que con la suscripción del contrato nro. 201 de 2014 y de la
Resolución nro. 0124 del 22 de enero de 2014, mediante la cual se autorizó acudir
a la modalidad de contratación directa para la implementación de una plataforma
tecnológica web destinada a los establecimientos educativos oficiales del
municipio de Sincelejo, los disciplinados desconocieron las reglas que gobiernan
la selección objetiva y la modalidad contractual aplicable al caso concreto.
26. En efecto, dentro del proceso disciplinario quedó suficientemente acreditado
que los demandantes, tanto en la etapa precontractual como en la celebración del
contrato nro. 201-2014, afectaron sustancialmente los principios de transparencia
y responsabilidad que rigen la contratación estatal, así como los principios de
moralidad y responsabilidad propios de la función administrativa.
27. En conclusión, el procedimiento contractual adelantado por la administración
municipal no era el jurídicamente procedente, puesto que en el mercado existían
diversas empresas dedicadas al desarrollo de plataformas tecnológicas web para
establecimientos educativos, razón por la cual, en aplicación de los principios de
transparencia (selección objetiva) y responsabilidad, debía acudirse a un proceso
de convocatoria pública y no a la modalidad de contratación directa.
28. Sentencia de primera instancia5. Es la dictada el 6 de octubre de 2021, a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la
excepción de caducidad de la demanda respecto del señor Jairo Alfredo
Fernández Quessep y negó las pretensiones invocadas por la señora Ila Paola
Ruíz Álvarez. Para sustentar su decisión, expuso las siguientes consideraciones:
29. Competencia de la PGN para adelantar investigaciones y sancionar
disciplinariamente a los servidores de elección popular. Tanto el Consejo de
Estado como la Corte Constitucional han determinado que la PGN es competente
para destituir, suspender e inhabilitar a los servidores públicos de elección
popular.
30. Caducidad de la acción presentada por Jairo Alfredo Fernández
Quessep. La jurisprudencia ha señalado que cuando la sanción disciplinaria
implica el retiro del servicio, el término de caducidad se contabiliza a partir del día
siguiente a aquel en que se hace efectiva la desvinculación; sin embargo, cuando
el disciplinado ya no se encuentra vinculado al servicio público, el término debe
contarse desde el día siguiente a la notificación del acto definitivo, conforme al
artículo 164 del CPACA.
31. Bajo ese entendido, comoquiera que el señor Jairo Alfredo Fernández
Quessep no estaba vinculado al sector público para la fecha en que se ejecutó la
sanción disciplinaria, concluyó que el término de caducidad comenzó a
contabilizarse desde el 9 de julio de 2020 y, en principio, vencía el 9 de noviembre
de la misma anualidad.
5 Ver PDF «30SentenciaPrimeraInstancia», ib.
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32. No obstante, dicho plazo fue suspendido con la presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial el 13 de octubre de 2020 y se reanudó el 16 de diciembre
siguiente, fecha en la que se expidió la constancia de no acuerdo.
33. En consecuencia, el actor contaba hasta el 13 de enero de 2021 para radicar
la demanda; sin embargo, como esta fue presentada el 18 de enero del mismo
año, se configuró el fenómeno extintivo.
34. Así las cosas, los siguientes acápites fueron analizados solamente en relación
con la señora Ila Paola Ruíz Álvarez.
35. Elementos de la responsabilidad disciplinaria. El juicio de adecuación
típica realizado por el ente de control se ajustó a la ley, en tanto que se determinó
que la accionante quebrantó los principios de transparencia y responsabilidad que
regulan la contratación administrativa. Lo anterior, debido a que la modalidad
contractual escogida para satisfacer la necesidad relacionada con la
implementación de la plataforma tecnológica educativa en el municipio de
Sincelejo no era jurídicamente procedente.
36. Con fundamento en la sentencia C-818 de 2005 de la Corte Constitucional,
precisó que la infracción basada en el desconocimiento de los principios exige
que estos se integren con la regla que delimite su contenido y alcance, de manera
que permita identificar con claridad el mandato, deber o prohibición que fue
desconocido, lo cual fue cumplido a cabalidad.
37. Agregó que la conducta desplegada por la demandante resultó
sustancialmente ilícita, por cuanto al suscribir los estudios previos la señora Ruíz
Álvarez avaló la utilización de la modalidad de contratación directa prevista en el
artículo 80 del Decreto 1510 de 2013, bajo el supuesto de inexistencia de
pluralidad de oferentes; no obstante, dentro del proceso se acreditó la existencia
de otras empresas cuya actividad económica guardaba relación con el objeto
contractual.
38. Frente al argumento relativo a que la tipicidad y la ilicitud sustancial fueron
confundidas dentro de las decisiones disciplinarias, el tribunal consideró que
dicho reproche no estaba llamado a prosperar, por cuanto en el fallo de primera
instancia ambas categorías fueron estudiadas en acápites independientes y,
aunque en segunda instancia se analizaron de manera conjunta, ello obedeció a
que la acreditación de la tipicidad permitía verificar simultáneamente la ilicitud
sustancial, al no existir causal alguna de exclusión de responsabilidad.
39. Por otra parte, en lo concerniente a la variación del grado de culpabilidad de
dolo a culpa gravísima, estimó que dicha modificación no vulneró el debido
proceso, toda vez que obedeció al análisis integral del acervo probatorio y resultó
favorable para los disciplinados, al implicar una sanción menos gravosa.
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40. Valoración probatoria del cuadro comparativo de las funcionalidades de
soluciones informáticas y del informe técnico.
41. Para los demandantes, la suscripción del contrato nro. 201 de 2014 se ajustó
a la ley, debido a que solo existía una persona que podía proveer el software que
necesitaban. Pese a ello, el tribunal manifestó que la administración municipal no
justificó adecuadamente las razones por las cuales el software finalmente
contratado era el único que satisfizo las necesidades de la entidad territorial.
42. Precisó que el referido cuadro comparativo únicamente contenía marcas
identificadas con una «X» respecto del cumplimiento de determinadas
funcionalidades, sin explicar las razones técnicas de la evaluación, los
porcentajes asignados ni la forma en que cada software satisfizo las necesidades
institucionales, lo que impidió corroborar objetivamente la inexistencia de
pluralidad de oferentes, tal como lo exige el artículo 80 del Decreto 1510 de 2013.
43. Asimismo, concluyó que el informe técnico obrante en el expediente acreditó
que diversas casas de software en el país podían satisfacer las exigencias
requeridas por el municipio de Sincelejo, razón por la que la contratación directa
no era procedente. Añadió que, si la parte disciplinada no compartía el contenido
de dicho informe, debió ejercer oportunamente los mecanismos procesales de
contradicción.
44. En cuanto al reproche relacionado con la supuesta omisión en la valoración
de los contratos celebrados por otras entidades territoriales —Maicao,
Hatonuevo, Buenaventura, Coveñas y Chalan, y otros—, el a quo indicó que la
parte demandante no realizó ningún esfuerzo argumentativo para explicar de qué
manera dichos contratos incidían en la legalidad de los actos acusados ni cómo
su falta de valoración afectó el debido proceso, circunstancia por la que no era
posible emitir un pronunciamiento favorable sobre ese punto.
45. Respecto al cuestionamiento relacionado con la valoración del Registro Único
Empresarial y Social (RUES), advirtió que la propia autoridad disciplinaria excluyó
expresamente dicha información del análisis probatorio, motivo por el cual no
podía afirmarse que hubiese servido de fundamento para la sanción impuesta.
46. Finalmente, sobre el reparo consistente en que el profesional que rindió el
informe técnico debía comparecer como perito dentro de la actuación
disciplinaria, el tribunal expuso que dicho documento tenía la naturaleza de
informe técnico rendido bajo las reglas de la Ley 600 de 2000 y que la parte
investigada contó con la oportunidad procesal para solicitar aclaraciones o
complementaciones dentro del traslado correspondiente, sin que hubiese
ejercido tal facultad.
47. En síntesis, no le era posible a la administración municipal proceder con la
contratación directa para proveer el servicio educativo tecnológico en Sincelejo,
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debido a que en el territorio nacional existían múltiples oferentes capaces de
suministrar un software con las características requeridas por la entidad territorial.
48. Recurso de apelación6. Inconforme con la decisión adoptada en primera
instancia, el apoderado judicial de los demandantes la recurrió en los siguientes
términos:
49. No es cierto que la demanda hubiese sido presentada el 18 de enero de 2021,
toda vez que esta fue remitida al correo electrónico
radesec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, el día 12 de enero, esto es,
dentro del término legalmente previsto para ejercer el medio de control. Por
consiguiente, solicitó revocar la decisión que declaró probada la excepción de
caducidad respecto del señor Jairo Alfredo Fernández Quessep y, en su lugar,
efectuar un pronunciamiento de fondo frente a sus pretensiones.
50. De otra parte, reiteró, en esencia, los mismos argumentos expuestos en el
concepto de violación, relacionados con: i) la atipicidad de la conducta; ii) la
ilicitud sustancial; iii) la culpabilidad; iv) la legalidad del contrato por estar
sometido a derechos de autor y; v) la violación al debido proceso por la indebida
apreciación del documento denominado «evaluación de plataformas de gestión
educativa» y del informe técnico rendido por la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales de la PGN.
51. Por último, insistió en que los actos administrativos demandados ocasionaron
perjuicios a los accionantes, razón por la que pidió acceder a las pretensiones
indemnizatorias formuladas en la demanda.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
52. La admisión del recurso. Mediante auto de fecha 16 de agosto de 20227 se
admitió el citado recurso de apelación. Dentro de la oportunidad de ley se
presentaron las siguientes intervenciones:
53. Apoderado de la parte demandada8. Reiteró la configuración del fenómeno
de la caducidad de la demanda presentada por el señor Jairo Fernández
Quessep y, además, que no se concretó ninguna de las causales de nulidad
invocadas por la señora Ruiz Álvarez, razones por las cuales solicitó confirmar la
sentencia impugnada.
54. Agente del Ministerio Público Delegado ante esta corporación9. Pidió
confirmar la sentencia apelada, puesto que: i) se configuró el fenómeno de la
caducidad de la demanda; ii) la PGN sí tiene competencia para investigar y
sancionar disciplinariamente a los servidores de elección popular y; iii) las
6 Ver PDF «32RecursoApelacionDemandante» ibid.
7 Índice 4 de la plataforma SAMAI.
8 Índice 10 de la plataforma SAMAI.
9 Índice 12 de la plataforma SAMAI.
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conductas endilgadas guardaron identidad con las que sirvieron de sustento al
fallo de instancia, toda vez que no incluyó comportamientos distintos a los
inicialmente endilgados. Que en el pliego se describieron las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que ocurrió la falta y se logró demostrar la infracción del
deber funcional; situación distinta es que en la decisión final se citaron aquellos
casos donde se enmarcó el injusto disciplinario, aspecto que en nada vulneró el
debido proceso ni el derecho de defensa, por cuanto conservó el núcleo de la
acusación atribuida en el cargo disciplinario.
55. Auto para mejor proveer. El 1.° de agosto de 202410 se profirió auto con la
finalidad de que la Secretaría General del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca certificara si al correo electrónico institucional
radesec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co o en cualquier otra dirección
asignada por esa corporación, se recibió el día 12 de enero de 2021 la demanda
promovida por los señores Ila Paola Ruíz Álvarez y Jairo Alfredo Fernández
Quessep en contra la Procuraduría General de la Nación, proveniente del correo
electrónico adosconsultores52@gmail.com .
56. Como respuesta a lo solicitado, la Secretaría de la Sección Primera de esa
corporación11 aportó la trazabilidad del mensaje, en la que se evidencia que la
demanda efectivamente fue presentada el día 12 de enero de 2021 al correo
electrónico de esa Sección.
II. CONSIDERACIONES
57. Competencia. Esta Sala de Subsección es competente para resolver el
aludido recurso de apelación, pues así lo establece el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo12.
58. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados por
los recurrentes, se debe establecer sí:
59. ¿Se configuró la caducidad frente a la demanda presentada por el señor Jairo
Alfredo Fernández Quessep?
60. En caso de que la respuesta al anterior cuestionamiento sea negativa, se
determinará si ¿La Procuraduría General de la Nación tenía competencia para
investigar y sancionar disciplinariamente al señor Fernández Quessep en su
otrora condición de servidor de elección popular?
61. ¿La falta disciplinaria endilgada a los accionantes obedeció a un adecuado
juicio de tipicidad, a una correcta determinación de la ilicitud sustancial y a una
debida valoración de la culpabilidad, conforme a los presupuestos exigidos por el
10 Índice 15 de la plataforma SAMAI.
11 Índice 23 de la plataforma SAMAI.
12 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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derecho disciplinario?
62. ¿En la actuación sancionatoria se vulneró el derecho al debido proceso por
la valoración incorrecta del informe técnico y del documento denominado
«evaluación de plataformas de gestión educativa»?
El caso concreto. La resolución de los interrogantes planteados.
63. Primer interrogante: ¿Se configuró la caducidad frente a la demanda
presentada por el señor Jairo Alfredo Fernández Quessep?
64. De entrada, advierte la Sala que le asiste razón al recurrente en cuanto a la
no configuración del fenómeno de la caducidad de la demanda presentada por el
señor Jairo Alfredo Fernández Quessep.
65. Al verificarse el término legal aplicable, la suspensión derivada de la solicitud
de conciliación extrajudicial y la fecha real de presentación de la demanda, se
evidencia que aquella se radicó oportunamente ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, como pasa a explicarse:
66. En primer lugar, debe precisarse que el término extintivo empezó a
contabilizarse a partir del día siguiente a la notificación del fallo disciplinario de
segunda instancia. Lo anterior, dado que el señor Jairo Alfredo Fernández
Quessep no se encontraba vinculado con el Estado para la fecha de expedición
de los actos administrativos sancionatorios.
67. En segundo lugar, observa la Subsección que el fallo disciplinario de segunda
instancia fue notificado el día 9 de julio de 202013, por lo que la caducidad empezó
a contarse el día siguiente, esto es, el 10 de julio. En consecuencia, el plazo para
acudir ante la jurisdicción vencía, en principio, el 10 de noviembre de ese año.
68. No obstante, el señor Jairo Alfredo Fernández Quessep radicó solicitud de
conciliación extrajudicial el 13 de octubre de 202014, actuación que suspendió el
aludido plazo, de conformidad con las normas que regulan ese requisito de
procedibilidad. Para entonces, habían transcurrido 3 meses y 3 días.
69. Posteriormente, el procurador judicial emitió la constancia de no acuerdo el
16 de diciembre de 2020, fecha a partir de la cual se reanudó el conteo del
término restante. Así las cosas, al quedar pendientes 29 días, el plazo para
presentar la demanda se extendió hasta el 14 de enero de 2021.
70. Ahora bien, aunque en el acta de reparto aparece registrado que la demanda
fue presentada el 18 de enero de 202115, lo cierto es que en el expediente obra
13 Folio 719 del PDF «22.AnexosContestaciónDda» del expediente digital, el cual puede ser descargado en
la opción de «Gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.
14 Folio 163 del PDF «01.Demanda-Anexos», ejusdem.
15 Ver PDF «02.ActaRepartoTAC» de la carpeta «5ED_ONEDRIVE_2022603» contentiva del expediente
digital.
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acreditado que la misma fue enviada desde el 12 de enero de 2021 16 al correo
electrónico «radesec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co», con la siguiente
leyenda:
«Me permito radicar demanda y solicitud de suspensión provisional en contra de
del fallo de primera instancia del proceso Radicado No. (sic) IUS-2014-193044 /
Iuc-D-2014-878-694505 de fecha 30 de septiembre de 2019, expedido por la
Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública y el fallo de segunda instancia
expedido el día 7 de julio de 2020, expedido por la Sala Disciplinaria radicado
(161-7552) y en consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto el Decreto No. (sic)
0453 de fecha 11 de septiembre de 2020, mediante el cual se desvinculo (sic) del
servicio a ILA PAOLA RUIZ ALVAREZ.
Demandante: ILA PAOLA RUIZALVAREZ, mayor de edad, con domicilio en la
ciudad de Sincelejo, identificada con la cédula de ciudadanía No. (sic) C.C.
64.742.167 de Corozal y JAIRO ALFREDO FERNANDEZ QUESSEP, mayor de
edad, domiciliado en Sincelejo - Sucre, identificado con la cedula de ciudadanía
número 92.495.010 expedida en la ciudad de Sincelejo – Sucre.
Demandado: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, representada
legalmente por el señor Procurador General Dr. FERNANDO CARRILLO
FLOREZ.
Correo electrónico demandante: adosconsultores52@gmail.com.
Correo electrónico demandado: procesosjudiciales@procuraduria.gov.co.
Cordialmente
Leonardo Álvarez Casallas».
71. De lo anterior se aprecia que el mensaje fue entregado al destinatario
«Sección 01 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca», lo que quiere decir
que no fue enviado al canal dispuesto por la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para la presentación de demandas.
72. Sobre el particular, esta corporación17, al resolver un recurso de queja en
contra del auto que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación formulado
en contra de una sentencia, declaró mal denegada la alzada, bajo el entendido
de que la parte demandada, haciendo uso de los canales digitales, remitió el
escrito impugnatorio a un correo electrónico que no correspondía al de la
corporación que profirió la decisión; pero no por esto se podía tener por
extemporáneo el recurso, pues fue radicado dentro de la oportunidad de ley.
73. En la referida providencia también se dijo que las herramientas tecnológicas
se implementaron con la finalidad de garantizar y facilitar el derecho de acceso a
la administración de justicia y no para obstaculizarlo.
74. Finalmente, se concluyó que «la remisión de un escrito a un canal digital
diferente al dispuesto para la recepción de memoriales, no puede ser un
16 Ver PDF «021RECIBEMEMORIAL_27962022RESPUESTAAOF» del expediente digital, el cual puede ser
descargado en la opción de «Gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.
17 Sección Segunda, Subsección “B”, C.P. César Palomino Cortés, Auto del 23 de febrero de 2023,
expediente nro. 20001-23-39-000-2017-00477-01.
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obstáculo para la efectividad de los derechos subjetivos, puesto que, de ser así
se estaría incurriendo en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
circunstancia con la que a todas luces se vulneraron las garantías
constitucionales tales como el acceso a la administración de justicia y debido
proceso».
75. En ese escenario, para la Sala, el hecho de que el apoderado de los
demandantes haya enviado en tiempo la demanda a un canal diferente al
dispuesto por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
para la recepción de escritos y memoriales, no puede significar que la
misma no haya sido presentada en tiempo, pues de ser así, se estaría poniendo
en primer plano lo formal antes que lo sustancial, lo cual no se compagina con el
objeto y principio de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y mucho
menos con los lineamientos del artículo 228 de la Constitución Política.
76. Por consiguiente, al haberse acreditado que la demanda fue remitida el 12 de
enero de 2021 al correo electrónico de la Sección Primera del tribunal de primer
grado, esto es, antes del vencimiento del término de caducidad que fenecía el 14
de enero de 2021, se concluye que en el presente asunto no operó el fenómeno
de la caducidad de la acción.
77. En consecuencia, se revocará el numeral primero de la sentencia apelada y,
en su lugar, se estudiarán de fondo los argumentos de la demanda presentada
por el señor Fernández Quessep.
78. Segundo interrogante: ¿La Procuraduría General de la Nación tenía
competencia para investigar y sancionar disciplinariamente al señor Fernández
Quessep en su otrora condición de servidor de elección popular?
79. En sentencia C-028 de 2006, la Corte Constitucional estudió la demanda de
inconstitucionalidad presentada en contra del numeral 1.° del artículo 44, el literal
d) del artículo 45 y el inciso 1.° del artículo 46 de la Ley 734 de 2002. En aquella
oportunidad, ese tribunal indicó que la facultad otorgada a la PGN para sancionar
a los servidores públicos de elección popular no contrariaba los artículos 93 de
la carta magna y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos
(CADH).
80. Después de esta decisión, al interior de dicha Corte se consolidó una línea
jurisprudencial —SU-712 de 2013, C-086 de 2019, C-111 de 2019, C-030 de
2023, SU-381 de 2024 y SU-382 de 2024— que ratificó la competencia del ente
de control para sancionar a tales servidores.
81. Por su parte, la Subsección “B” de la Sección Tercera18 de
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B., magistrado
ponente: Alberto Montaña Plata, sentencia del 24 de febrero de 2025 expedida al interior de los procesos:
11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado con los siguientes) 11001-03-15-000-2024-03980-00, 11001-
03-15-000-2024-04285-00 y 11001-03-15-000-2024-05727-00.
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esta corporación, al resolver una acción de tutela presentada por la Procuraduría
General de la Nación contra las Subsecciones «A» y «B» de esta Sección,
amparó los derechos fundamentales de la entidad accionante, al considerar que
se había desconocido el precedente antes expuesto.
82. Además, en esta última providencia se reafirmó el principio de cosa juzgada
constitucional al exponer que, en el Auto de Unificación del 3 de diciembre de
202419, la Sala Plena de esta corporación reiteró que las sentencias de
constitucionalidad signadas por la Corte —entre ellas, la C-030 de 2023— son
vinculantes y no admiten reinterpretaciones basadas en estándares
convencionales posteriores.
83. Por lo que sigue, esta Sala considera que la PGN si tiene competencia para
investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores de elección popular,
razón por la que se resolverán los demás cargos formulados en el recurso de
apelación.
84. Tercer interrogante: ¿La falta disciplinaria endilgada a los accionantes
obedeció a un adecuado juicio de tipicidad, a una correcta determinación de la
ilicitud sustancial y a una debida valoración de la culpabilidad, conforme a los
presupuestos exigidos por el derecho disciplinario?
85. La tipicidad. Conforme al artículo 16 de la Ley 734 de 2002, el derecho
disciplinario cumple una doble función: preventiva y correctiva. En esa medida,
no solo busca evitar comportamientos contrarios al orden jurídico, sino también
corregir aquellos que afectan la buena marcha de la administración y
comprometen la efectividad de los fines estatales y de los principios que orientan
la función pública 20.
86. Para alcanzar esos fines, el artículo 23 ibidem concibió la falta disciplinaria
como la incursión en cualquiera de las conductas previstas en ese código que
conlleve el incumplimiento de los deberes, la extralimitación en el ejercicio de los
derechos o las funciones, el desconocimiento de régimen de prohibiciones o la
vulneración del sistema de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y/o
de los conflictos de intereses, siempre que no medie una causal de exclusión de
responsabilidad.
87. A esta exigencia previa, derivada del debido proceso y del principio de
19 Expediente nro. 11001-03-15-000-2023-00871-00, demandante: Esther María Jalilie García.
20 En sentencia C-030 de 2012, la Corte Constitucional expresó «En cuanto al objetivo del derecho
disciplinario, la jurisprudencia constitucional ha destacado que es el de controlar y vigilar el buen desempeño
de los servidores públicos en el ejercicio de la función pública, a través de la regulación de su
comportamiento en lo referente al ejercicio de su cargo o función, “…fijando los deberes y obligaciones
de quienes lo integran, limitando el alcance de sus derechos y funciones, consagrando prohibiciones
y previendo un estricto régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de
intereses, que al ser desconocidos, involucran, si es del caso, la existencia de una falta disciplinaria, de sus
correspondientes sanciones y de los procedimientos constituidos para aplicarlas”» (Resalta la Sala)
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legalidad, se le denomina «tipicidad»21, la cual demanda que el legislador
describa de manera completa, clara e inequívoca los comportamientos
sancionables, de modo que se les permita a sus destinatarios conocer con
anterioridad las acciones y omisiones prohibidas y, además, las sanciones que
ameritan su realización. En sentencia C-030 de 201222, la Corte Constitucional
expresó:
«[…] En relación con este principio, la jurisprudencia constitucional ha precisado
que hace parte esencial del principio ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’, de
manera que se exige que “la abstracta descripción que tipifica el legislador con
su correspondiente sanción, debe ser de tal claridad que permita que su
destinatario conozca exactamente la conducta punitiva; en principio se debe
evitar pues la indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria”.
Así mismo, ha expresado que con base en este principio “el legislador no solo
esta obligado a describir las conductas que califica como hechos punibles o
infracciones disciplinarias, sino además a hacerlo de forma completa, clara e
inequívoca, de manera que permita a sus destinatarios tener certidumbre o
certeza sobre los comportamientos ilícitos, es decir, de saber con exactitud hasta
donde llega la protección jurídica de sus propios actos o actuaciones […]».
88. En consecuencia, este elemento, además de exigir del legislador su
determinación completa, clara y concreta, también requiere del operador
disciplinario un juicio lógico – jurídico riguroso, en orden a precisar si la conducta
investigada se subsume íntegramente en la descripción legal concebida como
falta.
89. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el que las
conductas delictivas están taxativamente fijadas por el legislador, en el derecho
disciplinario ha sido imposible catalogar todos los comportamientos constitutivos
de falta. Por tanto, se ha autorizado y validado el uso de tipos abiertos y/o en
blanco, en orden a garantizar la precisión típica frente al proceder del servidor
público, mediante la remisión a un conjunto sistemático de normas que regulan
la función pública y, además, establecen los deberes y prohibiciones que deben
ser respetados durante su ejercicio, so pena de las sanciones dimanadas de su
incumplimiento.
90. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la providencia que se viene
citando, expresó:
«[…] 5.5 En relación con la primera de las diferencias mencionadas, esta
Corporación ha admitido la validez, desde el punto de vista constitucional, de que
las normas que fijen deberes o faltas disciplinarias constituyan “tipos abiertos” o
“conceptos jurídicos indeterminados”.
(i) El concepto jurídico de “tipos abiertos” hace referencia a “aquellas infracciones
disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado
detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un
21 En el artículo 4 del CDU se establece «El servidor público y el particular en los casos previstos en este
código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos
como falta en la ley vigente al momento de su realización.»
22 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
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complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se
consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los
servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se
determina por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la
orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el
incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una
infracción disciplinaria”23».
91. En consecuencia, el concepto jurídico de tipos abiertos en materia
disciplinaria hace referencia a una regulación genérica con una textura normativa
abierta que, por tanto, amerita un complemento legal para su interpretación y
aplicación, y en consecuencia remite, para su determinación en concreto, a
aquellas disposiciones que consagran los deberes, las obligaciones, los
mandatos y/o las prohibiciones para los diferentes servidores públicos.
92. Por su parte, frente a los llamados «tipos en blanco», ha considerado la Corte
que se ajustan al principio de tipicidad y son admisibles constitucionalmente, en
los casos en que el correspondiente reenvío normativo permita al operador
jurídico establecer y determinar inequívocamente el alcance de la conducta
reprochable y de la sanción correspondiente. Así, en principio, es válido el
establecimiento de tipos disciplinarios que ostentan un grado de determinación
menor que los tipos penales, sin que ello signifique que la imprecisión en la
descripción de la conducta sancionable conduzca a la violación del principio de
tipicidad24.
93. Así mismo, ha sostenido la jurisprudencia de esa Corte que las razones
constitucionales que justifican la validez de los tipos en blanco o abiertos en el
derecho disciplinario se encuentran en la necesidad de salvaguardar el principio
de eficiencia de la función pública consagrado en el artículo 209 Superior. En
este sentido, esa corporación ha reconocido que:
«[…] se justifica este menor requerimiento de precisión en la definición del tipo
disciplinario por el hecho que de asumir una posición estricta frente a la aplicación
del principio de tipicidad en este campo llevaría simplemente a transcribir, dentro
de la descripción del tipo disciplinario, las normas que consagran los deberes,
mandatos y prohibiciones aplicables a los servidores públicos”,20 y que “exigir
una descripción detallada en la ley disciplinaria de todos los comportamientos
susceptibles de sanción, conduciría en la práctica a tener que transcribir todo el
catálogo de deberes, mandatos y prohibiciones que se imponen a los servidores
públicos en las distintas normas jurídicas, traduciéndose dicha exigencia en un
obstáculo para la realización coherente, ordenada y sistemática de la función
disciplinaria y de las finalidades que mediante ella se pretenden, cuales son, “la
prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del
cumplimiento de los fines y funciones del Estado” […]25».
94. Todo lo anterior exige por parte del operador disciplinario el despliegue de un
juicio de adecuación típica enmarcado dentro del principio de razonabilidad, en
23 Sentencias C-404 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y; C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
24 Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
25 Sentencia C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis y Sentencia C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar
Gil, reiterado en la Sentencia C-762 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
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el que se empleen criterios lógico-jurídicos que le permitan determinar con
claridad y certeza y a partir de las remisiones normativas pertinentes, la
existencia de la falta censurada.
95. En el caso concreto, el reproche de los demandantes consiste en afirmar que
el operador disciplinario no concretó de manera precisa el núcleo fundamental de
la conducta reprochada, dado que citó en bloque el artículo 48, numeral 31 de la
Ley 734 de 2002, pero no especificó cual de las dos hipótesis que trae la norma
se materializó, es decir, si fue en detrimento del patrimonio público o se actuó
con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la
función administrativa.
96. Para resolver este planteamiento, la Sala estima necesario remitirse al pliego
de cargos formulado el 16 de mayo de 201826 por la Procuraduría Delegada para
la Moralidad Pública, el cual quedó plasmado de la siguiente manera:
«5. CARGOS
5.1 Cargo único formulado a JAIRO ALFREDO FERNÁNDEZ QUESSEP, en
su condición de Alcalde del municipio de Sincelejo - Sucre:
5.1.1 Descripción de la conducta irregular.-
El disciplinado puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria por
incursión en la falta descrita en el numeral 31) del Artículo 48 de la Ley 734 de
2002, al intervenir en la etapa precontractual y contractual, al expedir la
Resolución No. (sic) 124 de Enero (sic) 22 de 2014 y con la celebración del
contrato de prestación de servicios No. (sic) 201 del 23 de enero de 2014,
suscrito con la firma INTEGRAL LIMITADA; con desconocimiento de los
principios de transparencia y responsabilidad que gobiernan la actividad
contractual y los de responsabilidad y moralidad que rigen la función
administrativa. El disciplinado viabilizó la celebración directa del negocio jurídico,
pese a que su naturaleza y el objetivo convenido no permitían acudir a tal
modalidad contractual, con lo que dio lugar a la elusión del trámite de pública
convocatoria de proponentes y selección objetiva del contratista.
5.1.3. Normatividad Vulnerada
Con arreglo al artículo 6° superior, en concordancia con los artículos 23, 26 y 27
de la Ley 734 de 2002, y en armonía con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley
80 de 1992, la conducta atribuida al disciplinado puede generar la deducción de
responsabilidad disciplinaria en su contra por violación de las siguientes normas
jurídicas:
De la Constitución Política.-
ARTÍCULO 123.-
[..]
ARTÍCULO 209.-
26 Folios 234 a 253 del PDF 22AnexosContestaciónDda del expediente digital, el cual puede ser descargado
en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI.
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[..]
De la Ley 734 de 2002.-
ARTÍCULO 48.-
[…]
ARTÍCULO 34.
[…]
De la Ley 80 de 1993.-
ARTÍCULO 23.-
[…]
ARTÍCULO 24, subrogado por el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
[…]
ARTÍCULO 26.-
[…]
De la Ley 1437 de 2011
ARTÍCULO 3.-
[…]
Concepto de Vulneración.
El disciplinado puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria en la
forma prevista por el artículo 27 del estatuto disciplinario en virtud del cual, las
faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los
deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación
de sus funciones.
El alcalde de Sincelejo debió advertir que la contratación celebrada con la
empresa INTEGRAL LTDA., estaba por fuera de los parámetros de ley, toda vez
que el contrato No. 201 celebrado el 23 de enero de 2014, se suscribió invocando
la modalidad de contratación directa, según el artículo 80 del Decreto 1510 de
2013, pero la administración no tuvo en cuenta que el objeto del contrato:
“implementación de una plataforma tecnológica web para establecimientos
educativos oficiales del municipio de Sincelejo”, no debía suscribirse de manera
directa, lo que conllevó a una celebración de forma irregular, eludiendo los
procedimientos contractuales de pública convocatoria.
Lo anterior evidencia que el alcalde investigado procedió con desconocimiento
del régimen legal que le era exigible en su condición de ordenador del gasto y de
representante legal del municipio, tal como le correspondía en la dirección de los
procesos contractuales del ente territorial, lo cual implicaba el deber ineludible de
verificar, previo a la suscripción del contrato cuestionado, el cumplimiento de los
requisitos exigidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.
En el estudio previo efectuado para justificar la celebración del contrato de
prestación de servicio, se explicita la necesidad de contratar la implementación
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de una plataforma tecnológica web para establecimientos educativos oficiales del
municipio de Sincelejo, que integre la información relacionada con los sistemas
de evaluación, promoción estudiantil, gestión administrativa y financiera.
Vale la pena traer a colación un aparte de los estudios previos del acuerdo de
voluntades cuestionado; en la modalidad de selección del contratista y su
justificación, el ente territorial dispuso: "En virtud del objeto contractual y del valor
expresado en el presupuesto oficial de la contratación a que hace referencia el
presente estudio, la modalidad de selección a utilizar para la escogencia del
contratista será la CONTRATACIÓN DIRECTA, ARTICULO 80 del Decreto 1510
de 2013.
Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que
no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que
puede proveer el bien o servicio por ser titular de los derechos de propiedad
industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio
nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio precio que soporta la
contratación...
En el mismo folio se observa que los criterios para selección de la oferta más
favorable, la entidad señaló lo siguiente: "Por tratarse de un contrato intuito
personae, y por ser una de las causales de contratación directa, no es necesario
establecer factores de selección, más sin embargo para proceder a la
contratación se tendrán en cuenta las calidades académicas y experiencia del
contratista. (Subrayado por fuera del texto original).
Estima el despacho que la Alcaldía de Sincelejo debió agotar la escogencia del
contratista mediante la modalidad de proceso de selección, así mismo, se infiere
que el ente territorial al parecer no realizó estudios de mercado, tampoco se halló
ningún sustento técnico ni económico del estudio previo realizado, y no obran las
propuestas presentadas y requeridas para la selección del contratista. Aparece
solo una, la de la firma contratada; y al no existir otras propuestas, no es posible
establecer una relación comparativa de precios, ni un proceso de pública
convocatoria. En consecuencia, no es posible afirmar que la entidad escogió la
oferta más favorable.
Adicionalmente, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales rindió
informe técnico el 18 de julio de 2016, en el mismo señaló, entre otros aspectos,
los siguientes:
[…]
De conformidad a lo solicitado en este punto: numeral 2.0., del Estudio de
Oportunidad y Conveniencia presentado por la Alcaldía de Sincelejo; la
necesidad plasmada en dicho documento (implementación de una plataforma
tecnológica WEB que administre los procesos académicos, administrativos y
financieros en las instituciones y centros educativos oficiales), corresponde a
construir un software que a través de un portal web que brinde los servicios
básicos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional lo cual hace que
para el mercado de software, cualquier casa desarrolladora que tenga un
producto web educativo pueda presentarse como posible oferente.
[…]
En virtud de lo anterior, para este despacho es claro que las razones consignadas
en el estudio no eran suficientes para eludir los procesos de pública convocatoria
de oferentes, habida cuenta de la considerable existencia de firmas y/o empresas
en el mercado a nivel nacional, que realizaban la implementación de plataformas
tecnológicas web.
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La selección del contratista no puede ser arbitraria, subjetiva, caprichosa ni
discrecional. Debe apegarse al principio de transparencia a que se refiere el
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que busca garantizar primordialmente la
imparcialidad, la concurrencia, la igualdad de oportunidades y la escogencia
objetiva del contratista.
[…]
Así las cosas, del material probatorio allegado se desprende que el disciplinado
en su condición de alcalde del municipio de Sincelejo suscribió en forma irregular
el acuerdo de voluntades No. 201 del 23 de enero de 2014, evadiendo el proceso
de selección de contratista y los principios de transparencia y responsabilidad
contractuales. Adicionalmente, los principios de responsabilidad y moralidad que
gobiernan la función administrativa.
[…]
5.1 Cargo único formulado a ILA PAOLA RUÍZ ÁLVAREZ, secretaria de
Educación y Cultura del municipio de Sincelejo:
5.1.1 Descripción de la conducta irregular.-
La disciplinada puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria por
incursión en la falta descrita en el numeral 31) del Artículo 48 de la Ley 734 de
2002, al intervenir en la etapa precontractual y contractual, al suscribir los
estudios previos que soportaron el contrato de prestación de servicios No. 201
del 23 de enero de 2014, suscrito con la firma INTEGRAL LIMITADA; con
desconocimiento de los principios de transparencia y responsabilidad que
gobiernan la actividad contractual y los de responsabilidad y moralidad que rigen
la función administrativa. La disciplinada viabilizó la celebración directa del
negocio jurídico, pese a que su naturaleza y el objetivo convenido no permitían
acudir a tal modalidad contractual, con lo que dio lugar a la elusión del trámite de
pública convocatoria de proponentes y selección objetiva del contratista.
5.1.3. Normatividad Vulnerada
Con arreglo al artículo 6° superior, en concordancia con los artículos 23, 26 y 27
de la Ley 734 de 2002, y en armonía con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley
80 de 1992, la conducta atribuida al disciplinado puede generar la deducción de
responsabilidad disciplinaria en su contra por violación de las siguientes normas
jurídicas:
De la Constitución Política.-
ARTÍCULO 123.-
[..]
ARTÍCULO 209.-
[..]
De la Ley 734 de 2002.-
ARTÍCULO 48.-
[…]
ARTÍCULO 34.
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[…]
De la Ley 80 de 1993.-
ARTÍCULO 23.-
[…]
ARTÍCULO 24, subrogado por el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
[…]
ARTÍCULO 26.-
[…]
De la Ley 1437 de 2011
ARTÍCULO 3.-
[…]
Concepto de Vulneración.
La disciplinada puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria en la
forma prevista por el artículo 27 del estatuto disciplinario en virtud del cual, las
faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los
deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación
de sus funciones.
La señora ILA PAOLA RUÍZ contravino el mandato imperativo contemplado en la
Ley 1150 de 2007, al avalar a través de los estudios previos, la contratación con
la firma INTEGRAL LIMITADA, a través de la modalidad de prestación de
servicio, lo cual estaba fuera de la ley, toda vez que se realizó de manera directa
señalando el artículo 80 del Decreto 1510 de 2013. Vulnerando los principios de
la contratación consagrados por los artículos 23, 24 y 26 de la Ley 80 de 1993.
La Secretaria de Educación y Cultura debió advertir al alcalde de Sincelejo que
la contratación celebrada con la empresa INTEGRAL LIMITADA, estaba por fuera
los parámetros de la ley, toda vez que el contrato No. 201 del 23 de enero de
2014 se suscribió invocando la modalidad de contratación por directa, citando el
artículo 80 del Decreto 1510 de 2013.
En el estudio previo efectuado para justificar la celebración del contrato de
prestación de servicio, se explicita la necesidad de contratar la implementación
de una plataforma tecnológica web para establecimientos educativos oficiales del
municipio de Sincelejo, que integre la información relacionada con los sistemas
de evaluación, promoción estudiantil, gestión administrativa y financiera.
Vale la pena traer a colación un aparte de los estudios previos del acuerdo de
voluntades cuestionado; en la modalidad de selección del contratista y su
justificación33, el ente territorial dispuso: "En virtud del objeto contractual y del
valor expresado en el presupuesto oficial de la contratación a que hace referencia
el presente estudio, la modalidad de selección a utilizar para la escogencia del
contratista será la CONTRATACION DIRECTA, ARTICULO 80 del Decreto 1510
de 2013.
Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que
no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que
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puede proveer el bien o servicio por ser titular de los derechos de propiedad
industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio
nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio precio que soporta la
contratación..."
En el mismo folio se observa que los criterios para selección de la oferta más
favorable, la entidad señaló lo siguiente: "Por tratarse de un contrato intuito
personae, y por ser una de las causales de contratación directa, no es necesario
establecer factores de selección, más sin embargo para proceder a la
contratación se tendrán en cuenta las calidades académicas y experiencia del
contratista. (Subrayado por fuera del texto original).
Estima el despacho que la Alcaldia de Sincelejo debió agotar la escogencia del
contratista mediante la modalidad del proceso de selección adecuado, así mismo,
se infiere que el ente territorial al parecer no realizó estudios de precios de
mercado, tampoco se halló ningún sustento técnico ni económico del estudio
previo realizado, y no obran las propuestas presentadas y requeridas para la
selección del contratista.
Aparece solo una, la de la firma contratada; y al no existir otras propuestas, no
es posible establecer una relación comparativa de precios, ni un proceso de
pública convocatoria. En consecuencia, no es posible afirmar que la entidad
escogió la oferta más favorable.
Adicionalmente, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales rindió
informe técnico el 18 de julio de 2016, en el mismo señaló, entre otros aspectos,
los siguientes:
[…]
De conformidad a lo solicitado en este punto: numeral 2.0., del Estudio de
Oportunidad y Conveniencia presentado por la Alcaldía de Sincelejo; la
necesidad plasmada en dicho documento (implementación de una plataforma
tecnológica WEB que administre los procesos académicos, administrativos y
financieros en las instituciones y centros educativos oficiales), corresponde a
construir un software que a través de un portal web que brinde los servicios
básicos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional lo cual hace que
para el mercado de software, cualquier casa desarrolladora que tenga un
producto web educativo pueda presentarse como posible oferente.
[…]
Lo anterior evidencia que la investigada, al signar los estudios previos, permitió
que la administración de la que formaba parte procediera con desconocimiento
del régimen legal, pues teniendo el deber ineludible de verificar, previo a la
celebración del contrato, el cumplimiento de los requisitos del orden legal para
contratar directamente con la firma plurimencionada, optó por suscribir los
estudios previos, invocando la contratación directa.
La disciplinada debió poner de presente que la contratación entonces proyectada
representaba una evidente evasión a los procesos de selección reglados-, quien
estaba en condiciones de impedir que se llevara a cabo dicho proceso
contractual, al tener la profesión de abogada, incurrió en violación de los
principios de transparencia y responsabilidad, con desconocimiento del
procedimiento de selección objetiva, de manera que siendo la responsable de
prestar apoyo jurídico al alcalde, a la secretaría que representaba, de analizar y
conceptuar de acuerdo con las normas legales vigentes, no lo hizo. Esta clase de
conducta supone e quebrantamiento sustancial de los deberes funcionales de la
investigada, que al quedar investido con las atribuciones de Secretaria de
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Educación y Cultura, estaba obligada a cumplir y hacer cumplir el ordenamiento
jurídico.
La selección del contratista no puede ser arbitraria, subjetiva, caprichosa ni
discrecional. Debe apegarse al principio de transparencia a que se refiere el
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que busca garantizar primordialmente la
imparcialidad, la concurrencia, la igualdad de oportunidades y la escogencia
objetiva del contratista.27».
97. A partir de lo anterior, considera la Sala que el juicio de adecuación típica
adelantado por la autoridad disciplinaria fue acertado y concreto, pues subsumió
la conducta reprochada a los demandantes en las disposiciones que consagran
los deberes y principios que rigen la contratación pública.
98. Véase que la entidad demandada identificó y explicó las razones por las
cuales consideró que las conductas desplegadas por los demandantes —cada
uno en su área— comprometieron los principios de transparencia,
responsabilidad y selección objetiva.
99. En ese contexto, la Subsección advierte que la conducta atribuida fue
debidamente delimitada mediante la referencia expresa a los principios
antedichos, los cuales constituyen ejes estructurales de la contratación estatal y
parámetros claros de comportamiento para los servidores públicos. En tal
sentido, la integración normativa realizada en el pliego de cargos permitió
establecer, con suficiente certeza, el contenido de los deberes infringidos y la
forma en que estos fueron desconocidos por los disciplinados.
100. Así las cosas, este cargo no prospera.
101. La ilicitud sustancial. Según lo establecido en el artículo 16 de la Ley 734
de 200228, el derecho disciplinario detenta una doble función, pues no solo
busca prevenir sino también corregir todas aquellas conductas que afectan la
buena marcha de la administración pública y, de contera, garantizar la efectividad
de los fines y principios previstos en la Constitución Política, la ley y demás
instrumentos que integran el ordenamiento jurídico29.
102. De ahí que, para el cumplimiento de esos propósitos surja como deber de
todos los servidores públicos y particulares en ejercicio de funciones oficiales, el
avenimiento a las obligaciones que sus empleos demandan y el respeto de los
pilares que irrigan la función administrativa.
27 Transcripción con posibles errores incluidos.
28 Que a la letra dice «[l]a sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la
efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se
deben observar en el ejercicio de la función pública.»
29 En sentencia C-030 de 2012, la Corte Constitucional expresó «En cuanto al objetivo del derecho
disciplinario, la jurisprudencia constitucional ha destacado que es el de controlar y vigilar el buen
desempeño de los servidores públicos en el ejercicio de la función pública, a través de la regulación de su
comportamiento en lo referente al ejercicio de su cargo o función, “…fijando los deberes y obligaciones
de quienes lo integran, limitando el alcance de sus derechos y funciones, consagrando prohibiciones
y previendo un estricto régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de
intereses, que al ser desconocidos, involucran, si es del caso, la existencia de una falta disciplinaria, de sus
correspondientes sanciones y de los procedimientos constituidos para aplicarlas”» (Resalta la Sala)
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103. No en vano la Constitución Política prescribe que «[n]o habrá empleo
público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento» y que
«[n]ingún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de
cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben»30.
104. Así entonces, cuando se evidencia el incumplimiento de esas obligaciones
y/o la realización de una conducta u omisión que interfiere con el ejercicio
adecuado de la función pública, nace la infracción del deber funcional que
reprocha la ley disciplinaria. Por eso, en el artículo 6.° de la Ley 734 de 2002 se
establece que «La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin
justificación alguna».
105. En este escenario, resulta oportuno precisar que la ilicitud sustancial no
requiere para su configuración la vulneración de un bien jurídico tutelado como
sucede en el derecho penal o, lo que es lo mismo, que la conducta reprochada
produzca en el plano material un resultado nocivo o dañino frente a ese bien, por
cuanto, en palabras de la Corte Constitucional:
«Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la
falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada,
es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen
funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al
origen de la antijuricidad de la conducta»31.
106. En otras palabras, y a diferencia de lo que sucede en el campo del derecho
penal, en el área disciplinaria solo basta acreditar que con la conducta
reprochada se afectó injustificadamente el ejercicio de la función que
constitucional y legalmente le fue asignada al servidor público y, junto con ella, la
buena marcha de la administración.
107. En consecuencia, la ilicitud sustancial se erige como límite a este derecho
sancionador y, a la vez, como justificante de la falta. Por ejemplo, si la conducta
reprochada no guarda relación con el deber funcional propio del servidor público,
habrá que pregonarse la inexistencia del ilícito disciplinario. En cambio, si se
prueba la infracción de los deberes y obligaciones que funcionalmente se
encuentran a cargo del funcionario, contrariando el buen funcionamiento de la
administración pública, se configurará el aludido elemento.
108. En relación con este aspecto, los actores afirmaron que en ninguno de los
dos casos se demostró como ocurrió la conducta, es más, la PGN dio a entender
que la ilicitud sustancial es lo mismo que la tipicidad.
109. La Sala no comparte este argumento, por cuanto en el Auto contentivo del
pliego de cargos, la autoridad disciplinaria explicó lo siguiente:
«5.1.6 Ilicitud Sustancial Jairo Alfredo Fernández Quessep
30 Artículo 122.
31 Sentencia C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 5.° de la Ley 734 de 2002, la falta
será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. Al
participar en la actividad contractual del contrato de prestación de servicios No.
(sic) 201 de 2014, en las circunstancias analizadas ut supra (sic), JAIRO
ALFREDO FERNÁNDEZ QUESEP, pudo incurrir en falta disciplinaria sin
justificación alguna y con ello afectó sustancialmente los principios de moralidad
y responsabilidad que regulan la función administrativa.
La ilicitud sustancial es un principio rector y su consagración legal es la base para
endilgar responsabilidad al funcionario público, que afecta a quienes han
establecido con el Estado una relación especial de sujeción, como los servidores
públicos descritos en el artículo 123 de la Constitución Política.
La inobservancia de los preceptos señalados en el acápite de normas violadas
configura incumplimiento del deber de acatar la ley y en términos de la imputación
hecha al señor FERNÁNDEZ QUESSEP trascendió a la afectación sustancial de
la función administrativa que le fuera confiada como alcalde del municipio de
Sincelejo, sin razón que hasta ahora lo justifique, por quebrantamiento de los
principios de moralidad y responsabilidad desarrollados por el artículo 3.° del
CPACA, toda vez que, como responsable de la contratación en la oficina en la
que se originó el negocio jurídico cuestionado, debe asumir las consecuencias
por el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los
reglamentos (principio de responsabilidad No. 7) y estaba obligado a actuar con
rectitud, lealtad y honestidad en todas las actuaciones relacionadas con la
contratación que aquí se cuestiona (principio de moralidad No. 7).
5.2.6 Ilicitud Sustancial Ila Paola Ruíz Álvarez
De conformidad con lo previsto en el artículo 5.° de la Ley 734 de 2002, la falta
será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. En el
comportamiento desplegado por la señora ILA PAOLA RUIZ ÁLVAREZ, al no
cumplir con rigor la función asignada a través del Decreto 705 del 27 de
noviembre de 2013, relativa a asesorar al alcalde en los aspectos jurídicos de los
negocios en que tenga parte el municipio, a la administración central municipal y
las distintas dependencias que la conforman, de acuerdo con las políticas y las
disposiciones vigentes sobre la materia, conducta con la que pudo incurrir en la
comisión de una falta sin justificación alguna y con ello afectó sustancialmente el
principio de responsabilidad que regula la función administrativa desarrollado por
el artículo 3.° del CPACA.
Lo anterior porque la disciplinable era titular de la Secretaría de Educación y
Cultura en el municipio de Sincelejo, por ello debe asumir las consecuencias por
el cumplimiento deficiente de la misma de acuerdo con las previsiones
constitucionales, legales y reglamentarias internas (principio de responsabilidad
No. 7) y estaba obligada a buscar que el procedimiento contractual lograra su
finalidad, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación
administrativa, cual fuera la selección objetiva del contratista a través del
agotamiento de un procedimiento transparente en términos de las regulaciones
contenidas en la Ley 80 de 1993.
La funcionaria investigada pudo incurrir en la conducta descrita contraviniendo el
orden administrativo de manera sustancial al desconocer el citado principio que
rige la función administrativa, toda vez que sin razón que hasta ahora lo justifique,
no ejerció en debida forma la función asignada por el manual de funciones
municipal en el marco del contrato de prestación de servicios No. 201 de 2014,
en virtud de lo cual debe asumir las consecuencias generadas por su conducta».
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110. En este escenario, la Sala no acompaña la tesis de los demandantes, en
tanto que no existe confusión entre los elementos de tipicidad e ilicitud sustancial.
Ello es así, porque el primer elemento se configura cuando se subsume la
conducta realizada en una o varias normas previamente determinadas, y en el
segundo, como arriba fue dicho, se materializa en la medida en que con la
actuación reprochada se incumplan injustificadamente los deberes y obligaciones
que el ordenamiento jurídico vigente demanda de los servidores públicos y que,
además, atente, impacte o afecte el buen funcionamiento de la administración.
111. Sobre el particular, esta Subsección destaca que el comportamiento
castigado sí incurrió en ilicitud sustancial, pues al viabilizar y suscribir el contrato
a través de la modalidad de contratación directa, los demandantes desatendieron
los principios de la contratación pública (transparencia, economía y
responsabilidad) y, junto con él, afectaron el servicio público que le fue
encomendado, pues sin razón alguna eludieron los procedimientos de selección
objetiva para proveer una plataforma educativa web en el territorio sucreño.
112. Ahora bien, que en el fallo de segunda instancia se hayan estudiado de
manera conjunta dichos elementos no significa que ambas categorías sean
equivalentes, pues cada una responde a presupuestos dogmáticos autónomos
dentro de la estructura de la responsabilidad disciplinaria.
113. La culpabilidad. En la decisión de primera instancia se estudió el elemento
de la culpabilidad respecto del señor Jairo Alfredo Fernández Quessep, de la
siguiente manera:
«Al tenor de lo previsto en el artículo 13 del C.D.U en materia disciplinaria está
proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo pueden ser
sancionables a título de dolo o culpa.
La falta disciplinaria calificada provisionalmente como gravísima en el pliego de
cargos se imputó al disciplinado a título de DOLO.
Al analizar el acervo probatorio, la declaración del señor Ricardo Elías Prado, el
objeto del contrato No. (sic) 201 de 2014, el informe técnico rendido por la
Dirección Nacional de Investigaciones Especiales y las explicaciones rendidas
por la defensa del disciplinado, esta Delegada advierte que los argumentos de la
defensa no tienen identidad jurídica para desvirtuar la irregularidad de la conducta
examinada, pero si están llamadas a incidir en la responsabilidad subjetiva del
inculpado, por cuanto los estudios previos fueron elaborados por la Secretario de
educación y Cultura lo cual necesariamente tendrá efecto en la graduación de la
sanción a imponer por parte de este despacho. Por lo anterior, esta Delegada
procede a modificar el título de imputación atribuido de dolo a CULPA
GRAVÍSIMA por desatención elemental de reglas de obligatorio cumplimiento.
Así las cosas, la imputación subjetiva a título de culpa gravísima por desatención
elemental, funda el reproche de la conducta en el desconocimiento de aquello
que en razón del cargo y/o función, está obligado a conocer y aplicar el servidor
público, dado el conocimiento que el disciplinado tenía de las funciones que debía
cumplir. Es decir se presenta cuando la persona no cumple a cabalidad aquello
que es de la esencia de la función, el agente se aparta del núcleo básico del
deber que le corresponde en el ejercicio de la función; la desatención elemental
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es la violación al deber objetivo de cuidado que se suscita cuando el servidor no
realiza lo que resulta obvio, imprescindible hacer, es aquello que evidentemente
la persona debió hacer y la violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento, tiene como soporte que el deber objetivo de cuidado es reglado y
el servidor público desatiende el cumplimiento de una norma que impone ese
deber.
Concordante con lo anterior, el parágrafo del artículo 44 ibidem, al establecer las
clases de sanciones en materia disciplinaria, dispone:
“Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por
ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas
de obligatorio cumplimiento”.
En efecto, se espera que una persona diligente, a quien se le ha otorgado la
ordenación del gasto del Municipio de Sincelejo, durante cuatro (4) años (periodo
constitucional 2012 a 2015), en ejercicio de deberes propios de su cargo como
es la responsabilidad de la actividad contractual y la ordenación del gasto,
advierta las irregularidades en las que estaba incurriendo al expedir la Resolución
No. 124 del 22 de enero de 2014 y suscribir el contrato No. 201 de 2014 de forma
directa, dando lugar a la elusión del proceso e pública convocatoria de
proponentes y selección objetiva del contratista, como quiera que debía verificar
que tanto la etapa precontractual como la suscripción del acuerdo de voluntades
se sujetaran a los principios que rigen la contratación estatal y la función
administrativa.
El alcalde de Sincelejo viabilizó la contratación directa, en el sentido que la hizo
viable al expedir la Resolución No. (sic) 124 de 22 de enero de 2014, en la que
se indicaba que la modalidad de contratación sería la dispuesta en el artículo 80
del Decreto 1510 de 2013 y segundo, finalmente suscribiendo el contrato,
actuación con la que perfeccionó el acuerdo de voluntades. Con la suscripción
de esos dos documentos mencionados ratificó que se escogiera de manera
directa al contratista, conducta, que como se ha señalado, encuadra en la
descripción típica de participar en la etapa precontractual y contractual con
desconocimiento de los principios que reglan la contratación estatal. Como quiera
que se trató de una conducta por acción».
114. A juicio de la Sala, la conclusión anterior es acertada, pues la conducta del
demandante no fue realizada a título de dolo -como lo pregonaron los operadores
disciplinarios de primer y segundo grado-, dado que no se acreditó que su
propósito hubiera sido eludir deliberadamente la modalidad de selección objetiva
ni favorecer indebidamente los intereses de un contratista. Así entonces, como
bien lo afirmó la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, aquel
comportamiento fue ejecutado con culpa gravísima, en tanto que los estudios
previos fueron elaborados por otro servidor.
115. A esa determinación se llega porque efectivamente el alcalde actuó
precedido de las consideraciones de la secretaria de educación, quien fue la que
viabilizó la contratación directa en vez de los procesos de selección objetiva.
116. En ese orden de ideas, estima la Sala que la variación en la modalidad de
culpabilidad (de dolo a culpa gravísima) no comporta, per se, la nulidad del acto
sancionatorio, en la medida en que dicha variación no introdujo hechos nuevos
ni alteró el núcleo fáctico de la imputación inicialmente formulada. Por el contrario,
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se trata de una recalificación jurídica más favorable al disciplinado, que se
inscribe dentro del mismo marco fáctico y normativo previamente delimitado, sin
afectar su derecho de defensa ni el principio de congruencia.
117. En consecuencia, este cargo tampoco prospera.
118. Este elemento no se analizará con relación a la señora Ila Paola Ruíz
Álvarez, en tanto que en ella no ocurrió la variación de la culpabilidad, ya que
siempre se catalogó que su conducta fue a título de dolo.
119. Cuarto interrogante: ¿En la actuación sancionatoria se vulneró el derecho
al debido proceso por la valoración incorrecta del informe técnico y del documento
denominado «evaluación de plataformas de gestión educativa»?
120. Aunque la entidad territorial sostuvo que en el documento denominado
«evaluación de plataformas de gestión educativa» y en los estudios previos se
efectuó un análisis comparativo de las empresas que prestaban el servicio
requerido, lo cierto es que, aun cuando dicho documento contiene una serie de
parámetros técnicos que aparentemente solo podían ser satisfechos por una
única empresa, nunca se explicaron de manera clara, objetiva y verificable las
razones por las cuales las demás compañías del mercado no estaban en
capacidad de cumplir integralmente con las necesidades planteadas por el
municipio de Sincelejo.
121. Por ejemplo, se advierte que en el referido cuadro comparativo se marcaron
con una «X» determinadas funcionalidades únicamente respecto de la plataforma
PGE 1 —correspondiente al software de Integral Ltda.—, dando a entender que
solo esta empresa podía satisfacer aspectos elementales como el ítem
denominado «datos básicos32».
122. Sin embargo, para la Sala resulta evidente que este tipo de funcionalidades
constituyen componentes mínimos y ordinarios de cualquier plataforma de
gestión educativa, de modo que no se justificó técnica ni funcionalmente por qué
las demás soluciones informáticas carecían de dichas características.
123. Así las cosas, a juicio de la Sala no se está en presencia de una indebida
valoración documental.
124. En consonancia con lo expuesto, para la Sala, el documento de estudios
previos incumplió lo dispuesto en el numeral 3.° del artículo 2033 del Decreto 1510
32 Entre ellos, las instituciones educativas y sus sedes, los estudiantes, los cargos, las áreas del
conocimiento, los horarios, etc.
33 «Artículo 20. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para
elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición
del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además
de los indicados para cada modalidad de selección:
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.
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de 2013, toda vez que, si bien indicó formalmente que la modalidad de selección
aplicable era la contratación directa, no se desarrolló una justificación objetiva y
razonable que permitiera concluir válidamente la inexistencia de pluralidad de
oferentes. Véase que en el acápite denominado «modalidad de selección del
contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos» únicamente
se consignó lo siguiente:
«En virtud del objeto contractual y del valor expresado en el presupuesto oficial
de la contratación a que hace referencia el presente estudio, la modalidad de
selección a utilizar para la escogencia del contratista será la contratación directa,
artículo 80 del Decreto 1510 de 2013.
Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes, se considera que
no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que
puede proveer el bien o servicio por ser titular de los derechos de propiedad
industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio
nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la
contratación».
125. De la anterior transcripción se desprende que la administración municipal se
limitó a reproducir el contenido normativo del artículo 80 del Decreto 1510 de
201334, sin efectuar un verdadero ejercicio de motivación encaminado a
demostrar por qué, en el caso concreto, únicamente la sociedad Integral Ltda.
podía satisfacer las necesidades del municipio.
126. Bajo esa perspectiva, y teniendo en cuenta que el objeto contractual
consistía en la «implementación de una plataforma tecnológica web para
establecimientos educativos oficiales del municipio de Sincelejo», considera la
Sala que la simple existencia de derechos de autor o de propiedad intelectual
sobre un determinado software no constituía, por sí sola, una razón suficiente
para excluir la aplicación de los principios de transparencia y selección objetiva
que gobiernan la contratación estatal.
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licen-cias requeridos para
su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo
del proyecto.
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los funda-mentos
jurídicos.
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado
por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de
presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para
calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de
méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en
su estructuración.
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.
6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.
El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía». (Énfasis de la Sala).
34 «Artículo 80. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no
existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio
por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor
exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la
contratación».
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127. En otras palabras, el hecho de que el software estuviera protegido por
derechos de autor no otorgaba automáticamente un privilegio excluyente que
impidiera acudir a un proceso competitivo de selección, máxime cuando del
análisis técnico adelantado por la PGN se desprendió que existían diversas
empresas en el territorio nacional con capacidad de proveer plataformas
tecnológicas que también podían satisfacer las necesidades funcionales
requeridas por la entidad territorial35.
128. El componente intelectual podía constituir un factor determinante a la hora
de la escogencia del contratista, pero no, una barrera previa que inhabilitara los
principios rectores de la contratación en Colombia.
129. Por otra parte, en lo que respecta al informe técnico elaborado por la
Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la PGN, la Sala advierte que
que en dicho documento se concluyó expresamente que los requerimientos
funcionales y técnicos contenidos en los estudios previos podían ser satisfechos
por múltiples casas de software existentes en el territorio nacional.
130. Ahora bien, aunque el apoderado de los demandantes afirmó que el
operador disciplinario otorgó un alcance equivocado a dicho informe técnico, la
Sala no comparte esa apreciación, dado que la finalidad de la prueba consistía
precisamente en verificar si las especificaciones técnicas descritas por el
municipio de Sincelejo podían ser desarrolladas exclusivamente por la sociedad
Integral Ltda. o, por el contrario, lograban ser satisfechas por otros proveedores
del mercado. Al final, dicho informe validó la ultima afirmación realizada, esto es,
que en el mercado nacional existían otros proveedores que podían satisfacer los
requerimientos de la alcaldía municipal de Sincelejo.
131. Adicionalmente, no puede perderse de vista que del referido informe técnico
se corrió traslado a los disciplinados, quienes guardaron silencio y no solicitaron
aclaraciones, complementaciones ni ejercieron contradicción alguna frente a sus
conclusiones.
132. Frente a la imparcialidad alegada por el apoderado de los recurrentes, debe
ponerse de presente que una de las funciones de la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales, consiste en prestar la asesoría y la colaboración
técnico-científica que requieran las diferentes dependencias de la PGN, razón
por la que se descarta de tajo el reparo.
35 Colombia Compra Eficiente en sus múltiples conceptos, entre ellos, el C-265 del 4 de marzo de 2026,
precisó que «Sobre esta base, es posible la existencia de guías o materiales de estudio de varios autores
que se refieren a un mismo tema. Aunque cada obra tiene derechos de autor, la existencia de la propiedad
intelectual no sería incompatible con la pluralidad de oferentes. Por ello, si la entidad estima que existen
varias guías o materiales de estudio que pueden satisfacer su necesidad, deben privilegiarse los
procedimientos de selección competitivos sobre la contratación directa. En este caso, no existe una única
persona que pueda proveer el bien o servicio en los términos del 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015».
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133. Por lo anterior y conforme al análisis normativo, jurisprudencial y probatorio
expuesto, no encuentra la Sala mérito para concluir que a los demandantes se
les vulneró el debido proceso.
134. Finalmente, no observa la Subsección que se hayan aportado los
documentos respectivos de los distintos municipios que suscribieron contratos
con la empresa Integral Limitada, que permitieran realizar un juicio comparativo
y determinar posible violación al derecho de igualdad. Con todo, se reitera que la
responsabilidad disciplinaria es individual y, por ende, no depende de las
actuaciones desplegadas u omitidas por la autoridad de control frente a
situaciones similares, por lo que este cargo tampoco prospera.
135. Dilucidados todos los puntos de la apelación, la Sala revocará el ordinal
primero de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
el día 6 de octubre de 2021 para, en su lugar, denegar las pretensiones de la
demanda promovida por el señor Jairo Alfredo Fernández Quessep.
136. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A
pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la
aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.
137. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
138. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
139. En consecuencia, se condenará a la parte demandante a pagar las costas
en esta instancia, por cuanto si bien prosperó el reparo relacionado con la
caducidad de la acción, no se acogen los demás puntos de la apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR el ordinal primero de la sentencia proferida el 6 de octubre
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovieron los señores Ila Paola Ruíz Álvarez y Jairo Alfredo Fernández
Quessep en contra de la Procuraduría General de la Nación. En su lugar, denegar
las pretensiones de la demanda promovida por el señor Jairo Alfredo Fernández
Quessep.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la providencia de primera instancia, de
acuerdo con las consideraciones antedichas.
TERCERO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
sentencia DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
(Con aclaración de voto)
Constancia. La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo
de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes
del Código General del Proceso.
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