República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00126-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00126-01 (6421-2023)
Demandante: William Ricardo Ramírez Rojas
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Tema: retiro del servicio. Subtema 1: retiro por llamamiento a calificar servicios.
Subtema 2: violación de normas superiores, falsa motivación y desviación de poder
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el señor William Ricardo Ramírez Rojas contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, el 30 de junio de 2023, que negó las pretensiones de la
demanda.
1. Síntesis del caso
El señor William Ricardo Ramírez Rojas solicitó la nulidad de la Resolución 5603 del
9 de octubre de 2019, por la cual se le retiró del servicio activo del Ejército Nacional,
por llamamiento a calificar servicios, en condición de mayor, por cuanto no podía ser
retirado debido a que se encontraba en curso de ascenso, motivo por el cual se
incurrió en violación de la norma que debía fundarse, violación de la norma superior,
falsa motivación y desviación de poder. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sub-Sección B, negó las pretensiones al considerar que esa
decisión fue el resultado del ejercicio de una facultad discrecional, por lo cual podía
no ordenarse el ascenso, aun cuando el aspirante hubiera cumplido la totalidad de los
requisitos previstos en el artículo 54 del Decreto 1790 de 2000.
El Consejo de Estado confirmará la sentencia de primera instancia, porque en efecto,
en esta oportunidad se cumplieron los requisitos objetivos previstos en el Decreto Ley
1790 de 2000 para determinar el llamamiento a calificar servicios, esto es, el tiempo
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Demandante: William Ricardo Ramírez Rojas
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
mínimo de servicio que habilita el acceso a la asignación de retiro y el concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. William Ricardo Ramírez Rojas, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1, en contra de
la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, de conformidad con las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan.
2.1.1. Pretensiones
2. El señor William Ricardo Ramírez Rojas solicitó que se declarara la nulidad de
la Resolución 5603 del 9 de octubre de 2019, a través de la cual el Ministerio de
Defensa Nacional lo retiró del servicio activo del Ejército Nacional, por llamamiento a
calificar servicios, en su calidad de mayor.
3. A título de restablecimiento del derecho, el señor William Ricardo Ramírez
Rojas pidió el reintegro al servicio activo, sin solución de continuidad, con el ascenso
al grado que le corresponda; pagarle todos los emolumentos laborales
correspondientes a cada grado una vez se realicen los ascensos; sufragarle los
perjuicios morales y materiales; lo anterior con la respectiva indexación y el pago de
las costas.
2.1.2. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
i) El señor William Ricardo Ramírez Rojas prestó los servicios al Ejército Nacional
y, como se encontraba en el grado de mayor, participó en el concurso de méritos para
integrar el Curso de Estado Mayor 2019, requisito para ascender al grado de teniente
coronel, por lo que fue seleccionado por el Comité de Evaluación para Curso de
Estado Mayor y Curso de Información Militar 2019, a través de Acta 151587 del 28 de
septiembre de 2018.
ii) Mediante Acta 10 del 03 de septiembre de 2019, la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa resolvió recomendar su retiro por llamamiento a calificar servicios.
iii) Entretanto, el señor William Ricardo Ramírez Rojas estaba en el curso de
ascenso y ya habían pasado 9 meses, por lo que le faltaban 2 materias para aprobar
la totalidad del programa. El 9 de octubre de 2019, el ministro de defensa nacional
dispuso su retiro del servicio activo por llamamiento a calificar servicios a través de la
1 Samai, índice 52, 41_01DEMANDA(.PDF)
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Demandante: William Ricardo Ramírez Rojas
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Resolución 5603, decisión que le fue comunicada el 11 de octubre de 2019, lo que le
impidió culminar el curso.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. En la demanda no se citan normas vulneradas; no obstante, del concepto de
violación se entienden las siguientes:
La Constitución Política, artículos 1, 4, 13, 29, 83, 209 y 217.
La Ley 1437 de 2011, artículo 44.
El Decreto 1790 de 2000, artículo 68.
El Decreto 1799 de 2000, artículos 2, 3, 4, 5, 28, 48, 52, 53, 54, 60, 61, 65 y 66.
6. Al explicar el concepto de violación, luego de hacer referencia a la sentencia
SU-237 de 2019 de la Corte Constitucional, así como a los artículos 2, 3, 4, 5, 28, 48,
52, 53, 54, 60, 61, 65, 66 del Decreto 1799 de 2000 y al artículo 68 del Decreto 1790
de 2000, el señor William Ricardo Ramírez Rojas sostuvo que, en su condición de
aspirante seleccionado por el Ejército Nacional para el curso CEM-2019, adquirió el
derecho a iniciarlo y culminarlo, con miras al ascenso al grado de teniente coronel,
previo cumplimiento del reglamento académico. En consecuencia, afirmó que no se
encontraba justificado prescindir de un oficial en curso de ascenso, pues previamente
se había demostrado la necesidad de mantenerlo en actividad.
7. Asimismo, indicó que, conforme se desprende del Acta 10 del 3 de septiembre
de 2019 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional y de la Resolución
5603 del 9 de octubre de 2019, dichas actuaciones desconocieron el artículo 44 de la
Ley 1437 de 2011, al haber sido expedidas con fundamento en información falsa, con
el propósito de cumplir los requisitos exigidos en la Directiva Permanente 22 de 2019
de este ministerio.
8. Lo anterior, por cuanto, contrario a lo señalado por la certificación suscrita por
el oficial de ascensos y retiros Diper, el actor sí se encontraba en proceso de ascenso,
conforme a la Resolución 008 del 16 de enero de 2019, situación que, a su juicio, lo
indujo en error.
9. Expresó que existe una violación del debido proceso, pues, aunque se indica
la asistencia de 47 generales que intervinieron en el acto de la junta asesora, no existe
constancia de dicha asistencia y, además, el Acta 10 del 3 de septiembre de 2019 no
fue firmada por todos.
2.2. Contestación de la demanda
10. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, a través de
apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que la Resolución
5603 del 9 de octubre de 2019 se encuentra ajustada a derecho. Señaló que, conforme
al Decreto 1790 de 2000, los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares pueden
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ser retirados por llamamiento a calificar servicios cuando hayan cumplido los
requisitos para acceder a la asignación de retiro.
11. En ese sentido, manifestó que al señor William Ricardo Ramírez Rojas le
resultaba aplicable dicha norma, toda vez que los requisitos para tener derecho a la
asignación de retiro se encuentran previstos en el artículo 163 del Decreto 1211 de
1990, el cual no exige condiciones adicionales distintas al cumplimiento de 15 años
de servicio para el caso del llamamiento a calificar servicios. Precisó que el
demandante registraba un tiempo de servicio de 20 años, 6 meses y 7 días.
12. Agregó que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, mediante Acta
10 del 3 de septiembre de 2019, recomendó el llamamiento a calificar servicios de
varios oficiales, entre ellos, el señor William Ricardo Ramírez Rojas.
13. En consecuencia, afirmó que el acto administrativo demandado se encuentra
amparado por la presunción de legalidad, la cual se evidencia de manera clara, en
tanto su expedición se ajustó a las normas vigentes que regulan el retiro de oficiales
de las Fuerzas Militares2.
2.3. Sentencia de primera instancia
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-Sección
B, en la sentencia del 30 de junio de 2023, negó las pretensiones de la demanda y
absolvió en costas3. Consideró que la entidad demandada puede hacer uso de su
facultad discrecional respecto al ejercicio del poder jerárquico en las Fuerzas Militares
y optar por no ordenar el ascenso del señor William Ricardo Ramírez Rojas, aun
cuando haya cumplido los requisitos previstos en el artículo 54 del Decreto 1790 de
2000, pues, de lo contrario, se haría imposible la materialización de la estructura
piramidal y esta facultad se convertiría en un simple protocolo, impidiendo seleccionar
a los mejores.
15. Arguyó que, el hecho de que se hubiese seleccionado al señor William Ricardo
Ramírez Rojas como aspirante al curso de Estado Mayor del año 2019 y que hubiese
ejecutado gran parte del curso de ascenso no implica, por sí solo, desgaste de la
administración, ya que la institución, en uso de facultad discrecional, escoge los
mejores que podrán ascender al siguiente grado.
16. Explicó que, la certificación expedida el 4 de septiembre de 2019 no determina
uno de los requisitos de ascenso, pues estos son única y exclusivamente los
contemplados en el artículo 54 del Decreto 1790 de 2000, y que la decisión de retirar
a los oficiales de las Fuerzas Militares por llamamiento a calificar servicio no está
condicionada al agotamiento previo de un proceso administrativo o judicial.
2
Samai, índice 71, 89_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION_REFORMA(.zip), WILLIAM RICARDO
RAMIREZ ROJAS- LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS - MAYOR.pdf
3 Samai, índice 94, 109_SENTENCIAQUENIEGALASPRETENSIONES(.pdf).
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17. Precisó que su uso está limitado a que el uniformado cuente con el tiempo de
servicio para hacerse beneficiario de una asignación de retiro y tenga la
recomendación previa de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, los
cuales se encuentran acreditados en este caso.
18. Expuso que en el proceso no está demostrado que hayan sido razones distintas
a la mejora del servicio y la renovación del personal las que motivaron el retiro del
servicio del señor William Ricardo Ramírez Rojas, pues más allá de su hoja de vida,
desempeño profesional, y que se encontraba en curso de ascenso, no se allegaron
elementos de juicio que generen la certeza de que el acto administrativo enjuiciado se
expidió con fines diferentes a los previstos por el legislador.
19. Señaló que la condición de estudio o curso en la que se encontraba el señor
William Ricardo Ramírez Rojas al momento en que se le notificó el retiro, no
demuestra estabilidad alguna para el uniformado ni la permanencia en el Ejército
Nacional, ni mucho menos imposibilita la materialización de la causal de llamamiento
a calificar servicios, en tanto esta obedece al cumplimiento de los años de servicio
previstos para hacerse acreedor a la asignación de retiro, acompañado del concepto
favorable de la junta asesora.
20. Destacó que al verificar el contenido del Acta 10 del 3 de septiembre de 2019,
se advierte que en ella se enlistan, con nombre e identificación del cargo y de la fuerza,
las personas que participaron en la sesión, con lo cual se evidencia que se cumple a
cabalidad con las disposiciones previstas en el artículo 57 del Decreto 1512 de 2000,
que señala que estas juntas se encuentran conformadas por el ministro de defensa,
el comandante general de las Fuerzas Militares y los comandantes del Ejército, la
Armada y la Fuerza Aérea, quienes fueron precisamente las personas que firmaron el
referido documento.
2.4. Recurso de apelación
21. El señor William Ricardo Ramírez Rojas, mediante su apoderado, interpuso
recurso de apelación4 para que se revocara la sentencia de primera instancia y se
accediera a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
22. A su juicio, el Tribunal: (i) omitió valorar pruebas documentales aportadas al
proceso, las cuales demuestran una presunta falsedad ideológica en documento
público y la configuración de un fraude procesal; (ii) incurrió en una vía de hecho; y
(iii) transgredió el debido proceso al no resolver el cargo por violación de una norma
superior.
23. En relación con el primer aspecto, adujo que no se valoró la Directiva
Permanente 22 del 29 de julio de 2019, proferida por el Ministerio de Defensa
4 Samai, índice 97, 112_RECIBEMEMORIALES_RECURSODEAPELACION(.pdf)
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Nacional, mediante la cual se establecieron los requisitos, certificaciones y
procedimientos para la expedición del acto administrativo de retiro por llamamiento a
calificar servicios. Indicó que dicha directiva exige, además del tiempo de servicio para
acceder a la asignación de retiro, que el funcionario no se encuentre en proceso de
ascenso ni en comisión en el exterior, entre otros requisitos.
24. Expresó que el Ejército Nacional adelantó de manera arbitraria el trámite de
retiro por llamamiento a calificar servicios, pese a que el demandante se encontraba
en proceso de ascenso y en comisión de estudios. En ese contexto, sostuvo que no
era procedente su retiro por dicha causal y que, para justificarlo, la entidad expidió una
certificación que no correspondía a la realidad de su situación administrativa,
circunstancia que, según afirmó, no fue valorada.
25. Manifestó que, en su calidad de aspirante al grado de teniente coronel, fue
seleccionado por el Ejército Nacional para realizar el curso CEM-2019, en atención a
su excelente perfil, y que aprobó los exámenes de admisión a la Escuela Superior de
Guerra, adquiriendo por mérito propio el derecho a iniciar y culminar el curso de
ascenso.
26. Sostuvo que también se omitió valorar el oficio de respuesta con radicado
2021305001273391, de fecha 22 de junio de 2021, dentro del cual se observa una
certificación del 4 de septiembre de 2019 en la que consta que el señor William
Ricardo Ramírez Rojas no se encontraba en proceso de ascenso, lo que, a su juicio,
configura una presunta falsedad ideológica en documento público y un fraude
procesal.
27. Agregó que en el expediente administrativo se evidencian, en orden
cronológico, los actos que considera irregulares y que condujeron a su retiro del
servicio. Asimismo, solicitó que se estudiara el cargo por violación de norma superior.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
28. Mediante auto del 29 de febrero de 20245, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
29. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
5 Samai, índice 4.
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el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
30. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 6 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:
31. ¿Se encuentran acreditadas la infracción del Decreto Ley 1790 de 2000, la
violación de la norma superior, la falsa motivación y la desviación de poder alegadas
por el demandante, que se desvirtúe la presunción de legalidad de la Resolución 5603
del 9 de octubre de 2019, mediante la cual se dispuso su retiró del servicio activo del
Ejercito Nacional, por llamamiento a calificar servicios, en su condición de mayor?
32. Asimismo, ¿se incurrió en una omisión en la valoración probatoria al no analizar
el documento de respuesta al oficio con radicado terminado en 273391 del 22 de junio
de 2021, al cual se adjuntó la certificación del 4 de septiembre de 2019 que, según el
señor William Ricardo Rojas, acreditaba que no se encontraba en proceso de
ascenso?
33. En caso afirmativo ¿ello afecta la legalidad del acto acusado para sustentar los
señalamientos de falsa motivación?
34. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
el retiro por llamamiento a calificar servicios, (ii) los requisitos objetivos para la
procedencia de este tipo de retiro, (iii) la violación a la norma superior; (iv) la falsa
motivación y (v) la desviación de poder. A partir de las anteriores consideraciones (v)
se destacarán los hechos probados relevantes y (vi) en el acápite del caso concreto
se resolverá el problema jurídico planteado.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. El retiro por llamamiento a calificar servicios
35. El retiro del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares se
encuentra regulado en el Decreto Ley 1790 de 2000, que dispone la figura del
llamamiento a calificar servicios, como una modalidad de desvinculación basada en
razones institucionales y de servicio (artículo 100, literal a, numeral 3).
6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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36. En efecto, el artículo 103 del Decreto Ley 1790 de 2000, modificado por el
artículo 25 de la Ley 1104 de 2006, establece como causal de retiro el llamamiento a
calificar servicios, cuando el oficial o suboficial haya cumplido los requisitos para tener
derecho a la asignación de retiro.
37. Por su parte, el artículo 99 de dicha normativa prevé que el retiro de «los grados
de oficiales generales y de insignia, coronel o capitán de navío, se hará por decreto
del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución
ministerial, facultad que podrá delegarse en el comandante general o comandantes
de fuerza». Asimismo, «Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto
cuando se trate de oficiales generales o de insignia».
38. Conforme a estas disposiciones, el llamamiento a calificar servicios exige el
cumplimiento de dos requisitos objetivos: (a) tener el tiempo mínimo de servicio que
da lugar a la asignación de retiro; y (b) contar con el concepto previo de la junta
asesora, en caso de los oficiales, excepto para los del grado de general o de insignia.
39. El alcance de la facultad del Gobierno nacional y del Ministerio de Defensa para
retirar a los miembros de la fuerza pública por llamamiento a calificar servicios ha sido
objeto de desarrollo jurisprudencial por parte del Consejo de Estado7 y de la Corte
Constitucional8, dando lugar a lineamientos que delimitan, dentro del marco
constitucional y legal, el ejercicio de esta atribución. Dicha facultad se fundamenta en
la naturaleza constitucional de la fuerza pública como garante de la integridad, la
convivencia y la seguridad de la Nación, y ha sido entendida como un instrumento
institucional que permite el relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos
armados, facilitando el ascenso y la promoción de su personal, lo que corresponde a
la manera ordinaria de culminar la carrera oficial dentro de estas instituciones.
40. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado las características
principales de esta figura; por ejemplo, la sentencia C-072 de 1996 señaló que:
a) No consagra el retiro forzoso ni permanente del oficial por el simple hecho de
cumplir cierto número de años en la institución, toda vez que esta figura implica
el ejercicio de una facultad discrecional que, aunque conduce al cese de las
funciones del oficial, no significa una sanción, despido o exclusión deshonrosa.
b) Es un valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica
de la fuerza pública que busca permitir el ascenso y la promoción continua, lo
cual no es otra cosa que la normal renovación del personal en los cuerpos
armados y la manera corriente de culminar una carrera en la misma.
c) El llamamiento constituye una atribución inherente al ejercicio del poder de
7 Un buen resumen sobre la jurisprudencia contenciosa sobre la materia se puede ver en: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-
2016-00385-00(AC).
8 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.
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mando y conducción, en la medida en que las autoridades militares y policiales
deben contar con las facultades necesarias para sustituir de manera eficaz,
conforme a las necesidades y conveniencias del servicio, los mandos
superiores y medios de la institución, con fundamento en apreciaciones y
evaluaciones de carácter institucional.
41. La sentencia SU-091 de 2016, reiterada en los fallos SU-217 de 2016 y SU-237
de 2019, que revisó cuatro tutelas presentadas por el Ministerio de Defensa y por
oficiales retirados de la fuerza pública contra decisiones que los jueces administrativos
adoptaron en procesos de nulidad y restablecimiento de derechos contra actos
administrativos de retiro por voluntad del Gobierno o por llamamiento a calificar
servicios, unificó los criterios de motivación, control de legalidad y discrecionalidad de
los retiros en las Fuerzas Militares y la Policía.
42. Respecto al tiempo mínimo señalado por la ley para que se pueda aplicar la
figura de llamamiento a calificar servicios, la Corte Constitucional advirtió, en la
referida sentencia SU-091 de 2016, que este requisito constituye una garantía para el
servidor público en cuanto asegura que una vez sea desvinculado de la institución,
como mínimo, tenga derecho al pago de un porcentaje de las partidas computables
pertinentes equivalentes a una pensión de jubilación, así como a continuar con sus
derechos a la seguridad social, bienestar y recreación.
43. La Corte reiteró que esta causal constituye una facultad legítima para permitir
la renovación del personal uniformado, razón por la cual no puede ser ejercida con
otra finalidad; por ejemplo, pretender que sea una sanción encubierta para soslayar
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso o cualquier otro. En ese
sentido, la sentencia advirtió que:
Es importante llamar la atención que si no se puede llevar a cabo el retiro por
calificación de servicios, se originaría el ascenso automático de todos los miembros
de las fuerzas armadas hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible no sólo
por la estructura jerarquizada y piramidal a que se ha hecho referencia, sino desde el
punto de vista de la disponibilidad presupuestal y de la planta de personal que se
establece frente a estos organismos en la Constitución Política de Colombia.
44. De la misma manera, la sentencia señaló que no se le puede otorgar el mismo
tratamiento al llamamiento a calificar servicios y al retiro por voluntad del Gobierno o
de la dirección general, toda vez que sus finalidades y efectos son diferentes. De esta
manera, frente a la motivación de los dos tipos de actos precisó que:
En cuanto la exigencia de “motivación” frente a ambas figuras, en el caso del
llamamiento a calificar servicios está contenida en el acto de forma extra textual, pues
la misma está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se
configuren dos requisitos a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser
acreedor de la asignación de retiro. En lo concerniente al retiro por voluntad del
Gobierno o de la Dirección General […] dichos actos deben tener un estándar mínimo
de motivación, toda vez que “tal poder facultativo debe estar inspirado en los principios
de la sana crítica, atender necesariamente a criterios de objetividad, racionalidad,
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legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario,
la discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad, hipótesis en la cual se
configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la
providencia atacada.
45. Asimismo, en esa oportunidad la Corte Constitucional confirmó que la finalidad
del llamamiento a calificar servicios no es otra que la renovación de los cuerpos
armados y se convierte en un mecanismo que garantiza la dinámica de la carrera
militar o policial al ser una herramienta de relevo que consolida el mejoramiento y
excelencia institucional al permitir el ascenso de los más sobresalientes. Por eso, el
precedente constitucional fijado es explícito al indicar que:
Al exigir una motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios se
desnaturaliza la figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría
automáticamente el ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo
cual es imposible no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones
de la Fuerza Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de
personal.
46. No obstante, el precedente fijado por la Corte Constitucional, tal como lo ha
hecho el Consejo de Estado9, no desconoce que los actos de llamamiento están
sujetos a un eventual control judicial. De esta manera, la Corte explicó que los jueces
administrativos en estos casos no solo deben verificar que se cumplan con los
requisitos de tiempo y recomendación de la junta, que deben quedar expresamente
consignados en la resolución de retiro, sino también deben evitar que el instrumento
sea utilizado como una herramienta de persecución por razones de discriminación o
abuso de poder (comoquiera que se busca evitar que sea utilizado para desconocer
los derechos fundamentales de los oficiales).
47. Así, la sentencia de unificación, que constituye un precedente vinculante para
efectos de la presente providencia, señaló que:
En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a establecer que, si bien
no es exigible a la Fuerza Pública una motivación expresa del acto, pues ella está
claramente contenida en la Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el
llamamiento a calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder […] Para evitar estas
prácticas, quien considere haber sido víctima de un uso fraudulento de la figura de
llamamiento a calificar servicios, podrá presentar los recursos pertinentes ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, y tendrá a su carga la demostración
probatoria del uso de la herramienta para propósitos discriminatorios o fraudulentos.
De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza Pública la carga probatoria sobre la
motivación del acto de llamamiento a calificar servicios, que se presume responde a
la exigencia legal, pero en todo caso, deberá responder a los alegatos que sobre uso
fraudulento se presenten10.
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2016-00931-01 (5780-2022).
10 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00126-01 (6421-2023)
Demandante: William Ricardo Ramírez Rojas
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48. En conclusión, la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial
que determinó que los actos de retiro por llamamiento a calificar servicios, si bien están
sometidos a la eventualidad de un control judicial posterior, como todos los actos
administrativos, no requieren de una motivación más allá de la contemplada en las
normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la administración,
se promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la fuerza pública y
se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son
objeto de esta medida que constituye una manera decorosa de culminar la carrera
militar o policial.
3.3.2. Los requisitos objetivos para la procedencia del retiro por llamamiento a
calificar servicios
49. De acuerdo con el marco normativo vigente, el retiro por llamamiento a calificar
servicios exige el cumplimiento estricto de dos requisitos objetivos, cuya verificación
condiciona la legalidad del acto administrativo: (i) el tiempo mínimo de servicio para
acceder a la asignación de retiro y (ii) el concepto previo de la junta asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate de
oficiales generales o de insignia. Dicho concepto constituye un presupuesto habilitante
para la expedición del acto definitivo.
50. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la junta asesora cumple un papel técnico–institucional,
consistente en evaluar la situación administrativa del oficial y constatar que: (a) ha
consolidado los requisitos para acceder a la asignación de retiro y (b) se encuentra
dentro de los supuestos que permiten su desvinculación por esta causal11.
51. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-091 de 2016, precisó que «la
recomendación de la Junta Asesora constituye una actuación previa que integra el
procedimiento administrativo, pero que no exige una motivación sustantiva distinta a
la verificación de los requisitos legales, ni confiere al uniformado un derecho a
controvertir su contenido en sede administrativa».
52. De igual manera, en la sentencia SU-217 de 2016 se reiteró que la junta
asesora no está obligada a exponer razones adicionales al cumplimiento del tiempo
de servicio y demás requisitos legales, puesto que la motivación del retiro se encuentra
«extratextualmente prevista en la ley».
53. La Sección Segunda también ha señalado que la aprobación de las actas que
se elaboran con ocasión de las sesiones de la junta asesora del Ministerio de Defensa
no condiciona la validez de las decisiones adoptadas en desarrollo de la citada junta,
dado que las consideraciones de los comandantes de las distintas fuerzas en relación
con su personal son de inmediato cumplimiento. En este punto, debe precisarse que
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado
05001-23-31-000-2001-03004-01(0357-12).
11
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la aprobación posterior de las actas de la junta asesora constituye una formalidad, lo
que se explica en el hecho de que solo hasta que culmine la sesión de la junta es
posible confeccionar el acta, esto es, el documento físico, el cual se suscribe por
quienes intervinieron en su expedición, una vez concurran al desarrollo de una nueva
junta12.
3.3.3. La violación a la norma superior
54. Frente a la alegada violación de normas superiores, en particular del principio
de buena fe, resulta pertinente traer a colación el artículo 83 de la Constitución Política,
el cual dispone que «las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante estas».
55. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la presunción de buena
fe consagrada en la Constitución Política, en relación con las actuaciones de los
servidores públicos, implica que:
En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni mucho menos, la
mala fe. Sencillamente, que el margen de la presunción que favorece a los
particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y el principio de legalidad que
nutre la producción de los actos administrativos. Por consiguiente, podría
decirse entonces que la presunción de buena fe que milita a favor de los
particulares, en la balanza Estado-administración hace las veces de contrapeso
institucional de cara a los principios de constitucionalidad y legalidad que
amparan en su orden a la ley y a los actos administrativos13.
3.3.4. La falsa motivación
56. El artículo 137 del CPACA estableció como causal de nulidad de los actos
administrativos, entre otras, la falsa motivación, vicio que afecta el elemento causal
del acto administrativo, referido a los fundamentos de hecho y de derecho que se
tienen en cuenta para su expedición14. Su contenido permite conocer las causas que
impulsaron la exteriorización de la voluntad de la administración.
57. La Corte Constitucional la ha definido como «la fundamentación fáctica y
jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la
decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad» 15.
En ese orden, lo actos administrativos al expedirse deben cumplir ciertos
presupuestos entre los que se encuentran los siguientes: (a) tener su origen en hechos
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado
05001-23-31-000-2001-03004-01 (0357-12).
13 Corte Constitucional, sentencia C-840 de 2001
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de julio de 2018, proceso con radicado 11001-
03-25-000-2016-00089-00 (461-2016).
15 Corte Constitucional, sentencia SU-250 de 1998.
12
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veraces que los soporten y (b) estar sustentados en normas constitucionales, legales
o reglamentarias, según sea el caso.
58. La falsa motivación, entonces, ocurre cuando no existe concordancia entre la
realidad fáctica y jurídica en la que debió fundamentarse el acto administrativo y las
razones de esta índole que quedaron consignados en la decisión16. En otros términos,
esta causal de nulidad tiene su origen en la falta de veracidad de las razones de hecho
y de derecho que sustentaron el acto y que contradicen las que sí corresponden con
la realidad17. Jurisprudencialmente se afirma que esta se configura cuando concurren
los siguientes elementos18:
Además también se puede afirmar que los elementos indispensables para que se
configure la falsa motivación son: i) la existencia de un acto administrativo motivado
total o parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación
distinta; ii) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica
que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por
la administración pública o la calificación de los hechos, y iii) la efectiva demostración
por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra
falsamente motivado.
59. Así las cosas, para la configuración de este vicio es preciso que se cumplan los
presupuestos enunciados. Por otro lado, quien alega la existencia de esta causal de
nulidad tiene la carga probatoria de demostrarla, en tanto que los actos administrativos
gozan de presunción de legalidad (artículo 88 del CPACA)19.
60. En lo que respecta al acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar
servicios, conforme a lo expuesto, este no requiere motivación expresa por parte de
la administración, en la medida en que dicha motivación se encuentra contenida en la
ley y consiste en la acreditación de que el militar o miembro de la Policía retirado
cumple los requisitos para acceder a la asignación de retiro y, cuando ella sea
procedente, en la existencia de un concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa para las Fuerzas Militares, exigencia aplicable a los oficiales, con
excepción de aquellos que ostenten el grado de general o de insignia, según lo
dispuesto en el 99 del Decreto 1790 de 2000.
61. Bajo este supuesto, cuando se alegue que no es cierto que se cumplieron los
requisitos señalados en el Decreto 1790 de 2000, para la procedencia del llamamiento
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo de
2017, procesos acumulados con los siguientes radicados: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034- 2016),11001-
03-25-000-2016-00025-00 (0052-2016), 11001-03-25-000-2016-00048-00 (0156-2016), 11001-03-25-000-2016-
00064-00 (0271-2016), 11001-03-25-000-2016-00052-00 (0184-2016), 11001-03-25-000-2016-00047-00 (0155-
2016), 11001-03-25-000-2016-00026-00 (0053-2016) y 11001-03-24-000-2016-00002-01 (0310-2016).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de junio de 2012,
proceso con radicado 2006-00348.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de
septiembre de 2017, proceso con radicado 54001-23-31-000-2009-00182-01(3555-14).
19 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443. En la providencia
se indicó «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita
o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que
se hallan revestidos los actos administrativos».
13
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a calificar servicios, pese a que en el acto se indicó ello, o en el evento en que se citan
otros motivos distintos a aquellos, es viable el estudio de la causal de nulidad de falsa
motivación. Lo contrario, significaría dejar sin defensa a quien pretende desvirtuar la
legalidad del acto por estas razones y, por ende, se vulneraría su derecho al debido
proceso.
3.3.5. La desviación de poder
62. Uno de los elementos del acto administrativo es el elemento teleológico que
hace referencia a los fines que se persiguen con su expedición, en tanto que el
propósito de aquel no lo fija la administración, sino el constituyente y el legislador,
quienes lo entienden emitido para cumplir los fines previstos en los artículos 2
constitucional y 1 del CPACA, esto es, el buen servicio público, la buena marcha de
la administración y el interés general20.
63. En atención a estos postulados, se deduce que el vicio de desviación de poder
ocurre cuando la intención del empleado público, al expedir el acto, se aleja del interés
general y del contenido de las normas que autorizan proferirlo 21. De este modo, se
afecta el elemento teleológico del acto administrativo, ya que su propósito siempre ha
de ser el previsto por el ordenamiento jurídico: el interés general. En ese sentido, la
doctrina22 ha señalado que «Hay desviación de poder cuando la administración utiliza
una facultad otorgada por la ley, persiguiendo un fin distinto de aquél que se pretendía
obtener cuando aquella atribuyó la competencia al órgano o funcionario público»23.
64. En consecuencia, para que pueda hablarse de la configuración de este vicio es
necesario que se demuestre que su propósito no era el buen servicio público. En
efecto, «su declaración precisa acreditar tanto (i) la competencia del ente que expide
el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas, y en
especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión
cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso concreto»24.
65. Para ello, la carga de probar la desviación de poder es de la parte que la alega,
por lo que le incumbe acreditar que la voluntad de la administración se desvió a fines
20
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443.
21 Corte Constitucional, sentencia C- 452 de 1998. «El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto
administrativo se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su
competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes
o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o
los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia».
22 Younes Moreno, Diego. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Temis, 2016.
23 El tratadista italiano Guido Zanobini alude, además, como móviles característicos de la desviación de poder, los
siguientes «Móvil personal: cuando el agente profiere el acto con un propósito egoísta, bien de carácter privado
(una venganza) o bien de carácter político (favorecer o eliminar un candidato en una elección, etc.). - Cuando el
acto se profiere con el propósito de perjudicar a un tercero y favorecer a otro. - Cuando se pretende favorecer un
interés general, pero diferente el perseguido por la ley en que se fundamenta el acto».
24
Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 3 de diciembre de 2018, proceso con radicado 11001-03-
24-000-2013-00328-00. // En otra providencia se señaló que «La desviación de poder supone el ejercicio de unas
atribuciones válidamente conferidas, pero en forma desviada, incardinada al logro de fines que son diferentes de
aquellos para cuya realización esas atribuciones fueron concebidas. Entraña, entonces, una traición al interés
general que justifica la atribución de competencias»: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 28 de junio de 2019, proceso con radicado 66001-23-31-000-2003-00588-02(44009).
14
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distintos a los que la norma preveía. Así lo precisó esta corporación al señalar que «la
definición de la existencia de un vicio de poder pasa por llegar al convencimiento de
la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en
el mayor de los casos, no exime ni aligera la carga que tiene el interesado consistente
en acreditar suficientemente su configuración»25.
3.4. Hechos probados
66. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:
67. Conforme a la Resolución 008 del 16 de enero de 2019, el Comando de las
Fuerzas Militares destinó, en comisión colectiva permanente de estudios en la Escuela
Superior de Guerra, al señor William Ricardo Ramírez Rojas, entre otros, con el fin de
adelantar el Curso de Estado Mayor26.
68. Según la hoja de vida emitida por el Ejército Nacional el 11 de julio de 201927,
el señor William Ricardo Ramírez Rojas prestó sus servicios desde el 28 de febrero
de 1999, para un total de 20 años, 6 meses y 7 días. Su último grado fue el de mayor,
el cual ejerció desde el 10 de junio de 2015, y el último cargo que desempeñó, antes
de ingresar a la Escuela Superior de Guerra, fue el de comandante del Distrito Militar
# 9. Asimismo, se indicó que tuvo comisiones en el exterior y que recibió
condecoraciones y reconocimientos institucionales, para un total de 84 felicitaciones.
69. El Ministerio de Defensa Nacional expidió, el 29 de julio de 2019, una directiva
permanente para la actualización de requisitos, procedimientos y responsabilidades
en la elaboración y trámite de los actos administrativos y demás actos de
administración de competencia del presidente de la República y del ministro de
defensa nacional28.
70. A través del Acta 10 del 3 de septiembre de 2019, la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional dejó constancia de la reunión en la que consideró y
aprobó la propuesta de retiro del servicio activo, por llamamiento a calificar servicios,
de varios oficiales, entre los cuales se encontraba el señor William Ricardo Ramírez
Rojas29.
71. El oficial de ascensos y retiros de la Dirección de Personal del Ejército Nacional
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2020-00294-01 (4106-2023). // También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 15 de febrero de 2018, proceso con radicado interno 1615-16. En la sentencia se citó otra providencia
que indicaba que «demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de
que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los
previstos por la norma». El texto corresponde a la sentencia del 23 de febrero de 2011 de la Sección Segunda,
Subsección B, proceso con radicado 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10).
26 Samai, índice 52, 40_02ANEXOS(.PDF), pp. 23 a 29
27
Samai, índice 52, 40_02ANEXOS(.PDF), pp. 6 a 22.
28 Samai, índice 55, 58_RECIBEMEMORIALES_DIRECTIVAPERMANENTE(.pdf)
29 Samai, índice 52, 40_02ANEXOS(.PDF), pp. 44 a 50
15
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certificó, el 4 de septiembre de 2018, que los oficiales, en los que se encuentra el
señor William Ricardo Ramírez Rojas, no tienen obligaciones pendientes relacionadas
con la prestación del servicio al término de una comisión de estudios, que no se
encuentran en proceso de ascenso, entre otros aspectos; asimismo, se adjuntó un
cuadro en el que se relaciona el estado del demandante en «comisión» 30.
72. Mediante la Resolución 5603 del 9 de octubre de 2019, el ministro de defensa
nacional retiró del servicio activo del Ejército Nacional al mayor William Ricardo
Ramírez Rojas, por llamamiento a calificar servicios, en atención a que la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares así lo recomendó por
unanimidad.31.
73. La citada resolución fue notificada el 11 de octubre de 2019 al señor William
Ricardo Ramírez Rojas32.
3.5. Caso concreto
74. El señor William Ricardo Ramírez Rojas controvierte la legalidad de la
Resolución 5603 del 9 de octubre de 2019, mediante la cual fue retirado del servicio
activo por llamamiento a calificar servicios. En síntesis, sostiene que el acto fue
expedido con desconocimiento de la norma superior, con motivos fraudulentos y con
abuso de poder, máxime cuando el oficial de ascensos y retiros de la Dirección de
Personal del Ejército Nacional expidió certificación el 4 de septiembre, en la que consta
que no se encontraba en comisión de estudios ni en proceso de ascenso, lo cual se
aparta de su realidad administrativa.
75. Sobre el particular, es preciso señalar, en primer lugar, que si bien las actas de
la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares33 y las
certificaciones expedidas en el curso del procedimiento administrativo comportan actos
preparatorios, al servir de fundamento del acto administrativo de retiro del servicio,
pueden valorarse por parte del juez para establecer la legalidad de dicha decisión34.
76. Ahora bien, la Resolución 5603 del 9 de octubre de 2019, objeto de demanda,
tuvo como sustento la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
para las Fuerzas Militares acerca del retiro del servicio activo del mayor William Ricardo
Ramírez Rojas por llamamiento a calificar servicios, así como la certificación del 4 de
septiembre de 2019, suscrita por el oficial de ascensos y retiros de la Inspección de
Personal del Ejército Nacional, en la que consta que el mencionado oficial cuenta con
un tiempo de servicio superior a 15 años.
30 Samai, índice 55, 55_RECIBEMEMORIALES_PROYECTORESOLUCION,(.pdf), p. 4
31 Samai, índice 52, 40_02ANEXOS(.PDF), pp. 1 a 4
32
Samai, índice 52, 40_02ANEXOS(.PDF), p. 5
33 Aquellos que se producen en el curso del procedimiento administrativo y conducen al acto definitivo. Al respecto,
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de agosto de 2020, proceso con radicado 25000-23-42-
000-2014-00109-01.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2025, proceso con radicado
76001-23-33-000-2016-00668-01 (0967-2024).
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77. La sesión de dicha junta se realizó el 3 de septiembre de 2019 (acta 10), en la
que se advirtió que las disposiciones normativas aplicables, en particular las del
Decreto 1790 de 2000, autorizaban que el Gobierno nacional adoptara este tipo de
decisiones cuando el personal cumplía con el tiempo necesario para obtener una
asignación de retiro, al ser un instrumento que permitía reestructurar el poder jerárquico
de mando y conducción de la fuerza pública, que lo facultaba para sustituir a los
mandos de diferentes niveles con celeridad, cuando así las necesidades y
conveniencias lo recomendaban, como lo ha precisado la Corte Constitucional en los
fallos SU -091 y T-107 de 2016.
78. Por ende, en tal acta se anotó que, al contar el mayor William Ricardo Ramírez
Rojas con más de 15 años de servicios, conforme lo indican las certificaciones de fecha
4 de septiembre de 2019, lo hacía acreedor de la asignación de retiro, y luego de
estudiar la propuesta de retiro, se decidió por unanimidad que era procedente por la
aludida causal.
79. Así las cosas, la motivación del acto demandado resulta coherente con los fines
de la figura del llamamiento a calificar servicios descritos en la sentencia SU-091 de
2016 de la Corte Constitucional, reiterada en la SU-237 de 2019, en la que se
argumentó que:
Constituye […] una de las formas normales de terminación de la carrera activa, y a su
vez, bajo el entendido de que corresponde a la necesidad de las Fuerzas Militares de
mantener una estructura piramidal en la que solo unas pocas excepciones van a lograr
llegar a los escaños más altos de la pirámide jerárquica. Esta herramienta permite, con
el mayor respeto a los derechos de los oficiales y suboficiales - pues solo opera cuando
se han cumplido los requisitos para la asignación de retiro, - y dentro de la dignidad
propia de la milicia – pues se mantiene el rango y los honores – que la institución
disponga de una herramienta que le permita pasar a la reserva activa a los miembros
de la institución, sin tener que buscar motivaciones distintas a la recomendación de la
Junta Asesora que corresponda.
80. En consecuencia, se colmaron los requisitos previstos en los artículos 99 y 103
del Decreto Ley 1790 de 2000, esto es, el concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares y la consolidación del
derecho a la asignación de retiro, por lo que no se advierte falsa motivación del acto
administrativo acusado. Igualmente, cabe precisar que la recomendación de dicha
junta tiene carácter discrecional en relación con la determinación sobre la
permanencia o no en el servicio del uniformado sin que sea necesario que dejen
anotadas las razones de desempeño laboral, en armonía con lo indicado por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-091 y SU-217 de 2016, reiteradas en la SU-237
de 2019.
81. Al respecto, la Sala recuerda que, en criterio de la Corte Constitucional, exigir
una motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios, «desnaturaliza
la figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría automáticamente el
ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible
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no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones de la Fuerza
Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de personal»35.
82. En ese sentido, la Corte Constitucional aclaró que el retiro por llamamiento a
calificar servicios tiene como finalidad la renovación de personal, busca garantizar la
dinámica de la carrera de los uniformados y se constituye como una herramienta de
relevo y permeabilización en pro del mejoramiento y excelencia institucional. Por ende,
tampoco es exigible la posibilidad de darle a conocer al interesado los fundamentos o
soportes de la recomendación de la junta asesora, al ser un instrumento indispensable
para la renovación de los cuadros de mando de la fuerza pública, precedida por
razones de conveniencia institucional. Igualmente, el retiro por llamamiento a calificar
servicios no es absoluto y, en consecuencia, quien es retirado de la institución puede
volver a ser reincorporado.
83. En línea con lo anterior, si bien el señor William Ricardo Ramírez Rojas se
encontraba en comisión de estudios y pendiente de ascenso, estas circunstancias no
le otorgaban un fuero de estabilidad absoluta que impidiera su desvinculación ni
generaban un impedimento para hacer uso de la facultad discrecional que tiene el
Gobierno nacional de retirar al personal por llamamiento a calificar servicios
84. En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta que la estructura jerárquica de
la fuerza pública es piramidal, es decir, que en la medida en que se asciende se
restringe progresivamente el número de cupos, por lo tanto, no todos los oficiales que
tengan una buena hoja de vida pueden llegar a los más altos rangos o niveles36.
85. Como se anotó, en el asunto examinado se observa que, en la sesión del 3 de
septiembre de 2019, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional procedió a
adoptar la recomendación de su desvinculación por llamamiento a calificar servicios,
al establecer que había completado los requisitos para recibir la asignación de retiro;
no obstante, el demandante reprochó que se encontraba en comisión de estudios y
pendiente de ascenso.
86. Sobre este último aspecto, resulta oportuno aclarar que, de conformidad con el
numeral 3 del artículo 57 del Decreto 1512 de 2000, la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional tiene, entre otras, la función de recomendar el ascenso y el
llamamiento a calificar servicios de los oficiales de las Fuerzas Militares37. Asimismo,
mientras que los requisitos para obtener el primero encuentran su regulación en los
artículos 51, 53 y 55 del Decreto 1790 de 2000, el segundo en los artículos 100 y 103
del Decreto 1790 de 2000, el cual, como se explicó, exige la consolidación del tiempo
para obtener asignación de retiro.
87. En el expediente está demostrado que, al amparo del Decreto 1790 de 2000,
35 Corte Constitucional, SU-091 de 2016.
36 En el mismo sentido se pronunció la Subsección A de esta Sección en sentencia del 12 de octubre de 2017,
proferida en el expediente 25000-23-25-000-2010-01134-01(0866-14).
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de 2025, proceso con radicado
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Demandante: William Ricardo Ramírez Rojas
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
la Junta Asesora del Ministerio de Defensa sustentó la recomendación de la
desvinculación del mayor William Ricardo Ramírez Rojas por llamamiento a calificar
servicios en el cumplimiento de los requisitos para obtener la asignación de retiro y en
la necesidad de reestructurar el poder jerárquico de mando. No obstante, también se
evidencia la directiva permanente del 22 de julio de 2019, en la que se establecen los
requisitos para la elaboración de actos administrativos; sin embargo, esta no puede
limitar el carácter discrecional de las Fuerzas Militares para el retiro del personal por
dicha causal.
88. Ahora bien, de la constancia expedida el 4 de septiembre se extrae que se
reconoce que el estado del señor William Ricardo Ramírez Rojas era en «comisión»
y que, además, para la expedición de la Resolución 5603 del 9 de octubre solo se tuvo
en cuenta de dicha constancia el tiempo de servicio.
89. Por consiguiente, tal como lo sostuvo esta Subsección, en la sentencia del 27
de junio de 202538, «que un uniformado cumpla con todos los requisitos legales para
ser ascendido no es garantía de que ello ocurra, puesto que en todo caso es una
decisión discrecional del gobierno nacional en atención a los criterios indicados», por
lo que encontrarse en comisión de estudios no constituye condición para la selección
discrecional a cargo del Gobierno nacional de ascenderlo al grado de teniente coronel,
en el que confluyen el mayor nivel de mando y una responsabilidad superior, ni para
el llamamiento a calificar servicios.
90. Así las cosas, como lo ha precisado esta Subsección, i) «aunque hubiese
logrado este requisito y todos los demás que exigía la norma referida [Decreto 1799 de
2000], no era obligatorio para el gobierno nacional decretar su promoción; y ii) el retiro
por llamamiento a calificar servicios ocurrió al comprobarse el cumplimiento de los
requisitos para acceder a la asignación de retiro y previo concepto de la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa»39. Por lo tanto, el acto administrativo censurado se
encuentra ajustado a los parámetros legales y jurisprudenciales, sin que se evidencie
mala fe.
91. Por otro lado, en cuanto a la desviación de poder, en el expediente no existe
evidencia que permita concluir que la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares respondió a motivos ajenos a los fines
constitucionales del servicio, máxime cuando no hay prueba que lo demuestre.
92. En esa medida, la Sala considera que en esta oportunidad la existencia del
tiempo de servicio requerido y del concepto previo de esa junta impide inferir un
propósito diferente al que la ley establece.
93. Lo anterior, porque la desviación de poder debe tener un definido respaldo
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2021-00364-02 (7300-2023).
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2021-00364-02 (7300-2023).
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00126-01 (6421-2023)
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probatorio que lleve al juzgador a la certeza incontrovertible de que los motivos que la
administración tuvo para expedir el acto enjuiciado son ajenos a los que la ley señala
para tal efecto.
94. En este punto, la Sala reitera que encontrarse en curso de ascenso no se
traduce en una estabilidad laboral absoluta que limite las competencias legales de la
Fuerza Pública para acudir a la facultad de retiro por llamamiento a calificar servicios.
De manera que las circunstancias relativas a que únicamente le faltaban dos materias
para culminar dicho curso no generan, por sí solas, un fuero de estabilidad en el
empleo. En efecto, el hecho de estar en curso de ascenso no otorga a su titular la
prerrogativa de que este deba culminarse ni impide que pueda ser llamado a calificar
servicios.
95. Por lo tanto, de las pruebas documentales obrantes en el expediente, no se
encuentra probado que la expedición del acto administrativo censurado hubiese
obedecido a razones diferentes a las del mejoramiento del servicio; de tal suerte que
tampoco se acreditaron los vicios de falsa motivación y desviación de poder alegados
por el señor William Ricardo Ramírez Rojas; por el contrario, se concluye que fue
expedido con apego a las condiciones exigidas en el Decreto Ley 1790 de 2000 para
el ejercicio de la facultad discrecional de retiro por llamamiento a calificar servicios.
3.6. Costas
96. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario40 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.
97. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de imponer costas en esta instancia, dado
que no se advierte que el señor William Ricardo Ramírez Rojas haya incurrido en las
anteriores conductas.
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La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00126-01 (6421-2023)
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3.7. Conclusión
98. La Subsección concluye que el retiro del entonces mayor William Ricardo
Ramírez Rojas por la causal de llamamiento a calificar servicios se ajustó al Decreto
Ley 1790 de 2000, por cuanto se acreditó que el oficial contaba con el tiempo mínimo
de servicio requerido para acceder a la asignación de retiro y medió concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares,
presupuestos habilitantes para la expedición del acto, sin que sea exigible no
encontrarse en comisión de servicios o pendiente de ascenso; además de que no se
comprobó que esa decisión obedeció a hechos inexistentes, erróneos o ajenos a los
fines previstos por la ley.
99. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, en cuanto negó las
pretensiones de la demanda.
4. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, del 30 de junio de 2023, que negó
las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva.
Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00126-01 (6421-2023)
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JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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